jueves, 31 de diciembre de 2009

APUNTES PETROLEROS - Julio 1998

El petróleo venezolano: entre la ignorancia generalizada
 y las manipulaciones del poder


Carlos Mendoza Pottellá
2 de julio de 1997

La actualidad y la urgencia del debate petrolero obligan, aparentemente, a sacrificar las pretensiones didácticas de estas notas. Deberíamos dejar atrás el “ABC” para adentrarnos en cuestiones más complejas. Sin embargo, cuando revisamos algunos de los elementos de la discusión que se ha generado después de la licitación de los 20 campos de la “Tercera Ronda”, descubrimos que en algunos aspectos no salimos de ese entorno elemental y que muchas de la “movidas” petroleras que se adelantan actualmente dentro del marco de la apertura, se apoyan, simplemente, en la ignorancia generalizada. Sólo así se explica que puedan ser presentadas como la única salida que le queda a Venezuela para encontrar el rumbo del progreso y la modernidad.

En la euforia de su éxito, algunos de los líderes de la actual política petrolera dejan ver sus cartas marcadas. Ese ha sido el caso cuando se ha tratado de explicar la inesperada magnitud de los bonos ofrecidos por los ganadores de la referida licitación de campos maduros y semiabandonados.

Terminada la ronda, el inefable Alberto Quirós Corradi hace una extensa y aparentemente cándida consideración sobre lo exagerado de algunas de las ofertas ganadoras, al compararlas con las modestas proporciones de las reservas remanentes que se reportan para cada uno de esos campos. Con tal argumentación, muy a tono con el masaje publicitario en torno al carácter “marginal” de esos yacimientos, Quirós se justifica a sí mismo por no haber pujado lo suficiente con su empresa Hotel Tamanaco y no haber recibido la adjudicación correspondiente. Deja traslucir sin embargo parte de la verdad cuando se refiere al interés real del capital extranjero -más allá de las supuestas reservas contabilizadas del yacimiento específicamente licitado- en ubicarse dentro del negocio petrolero venezolano, cargando el monto de los bonos pagados a sus cuentas globales.

Pero el Presidente de PDVSA, tal como lo hizo en la oportunidad de la licitación de los lotes de las asociaciones bajo el esquema de ganancias compartidas, cuando se lanzó desbocadamente a anunciar que el próximo paso sería la venta del 15% de las acciones de PDVSA, se olvida de las bondades del bajo perfil y desmiente a Quirós Corradi con un conjunto de precisiones que constituyen el más descarnado desmontaje de las falacias sobre las cuales se vendió a la opinión pública el programa de la apertura petrolera.

En efecto, el Ing. Giusti dictamina la equivocación de los analistas que establecen correlaciones lineales entre las cuotas de participación (bonos) y las reservas probadas, por cuanto el cálculo vigente de éstas
“se basa en un determinado factor de recobro, el cual en campos viejos se apoya en tecnología convencional y en el simple mantenimiento de las operaciones. Para empresas petroleras con experiencia y dominio de tecnologías modernas, el atractivo no se basa solamente en las reservas registradas en los libros, sino también en las inmensas posibilidades de aumentar el factor de recobro y en consecuencia aumentar las reservas, así como también las posibilidades de nuevos descubrimientos mediante actividades exploratorias” (Luis Giusti, El Nacional, 15-6-97, pág. E-1)

El contraste entre estas “inmensas posibilidades” ahora esgrimidas por Giusti y todo lo que se nos dijo antes sobre el heroísmo del capital internacional que vendría a correr los inmensos riesgos de operar campos marginales, clama al cielo. Evidentemente, al poder petrolero no le basta con engañar a los venezolanos, sino que, obtenidos su objetivos y convencidos de la inmensa capacidad de olvido de los dirigentes de este país, en un acto de magna prepotencia, se da el lujo de revelarnos la verdad que hasta ayer se disimulaba. Como quien dice... “pa´ que más te duela”.

Una de esas verdades, denunciadas hace mucho por algunos analistas de esos que son estigmatizados como “profetas del desastre”, es ahora abiertamente reconocida por Giusti :
“En las 20 áreas del concurso, las filiales de PDVSA no tenían ninguna, léase bien, ninguna previsión de inversión o desarrollo adicional. Las actividades previstas se limitarían al mantenimiento de la infraestructura de producción existente y a los tradicionales esfuerzos por reducir al mínimo la declinación mecánica, al tiempo que se acepta la inexorable declinación natural de los yacimientos”.
 Y sigue la explicación del Presidente de PDVSA, aparentemente irrebatible : las inversiones de PDVSA están dirigidas
“a los proyectos más atractivos y con mejor retorno de inversiones, con base en una rigurosa jerarquización económica.”

He aquí una muestra paladina de la falacia : si bien la primera afirmación es absolutamente cierta, no hay nada más falso que esa supuesta jerarquización económica : Las inversiones en los megaproyectos de la Faja del Orinoco, en la Internacionalización, la Orimulsión y el Cristóbal Colón, para citar sólo algunas, parecen responder más bien al criterio de que hay que comerse primero las conchas para dejar lo mejor para el final. Y como al final estaremos haciendo la difícil digestión de las conchas... llamaremos al capital internacional para que participe en la comida de los cambures ya pelados.

Algunas cifras pueden ayudar a sustentar lo dicho: En los últimos tres años, 1994 a 1996, PDVSA reporta -en su Informe Anual- que compró crudos para alimentar las refinerías en el exterior por un monto de 26.657 millones de dólares, con lo cual se contribuyó a generar una utilidad en operaciones de 678 millones de dólares, de los cuales quedó un dividendo neto de sólo 113 millones... monto pírrico que a su vez se desvanece en las nuevas inversiones realizadas en el exterior durante el período: 2.640 millones de dólares... Mientras tanto, PDVSA sólo invirtió, en esos mismos tres años, 425 millones de dólares en Gastos de Exploración, el 0,7% de sus costos y gastos totales.

Con respecto a la Orimulsión, emprendimiento heredero de los megaproyectos de la Faja iniciados en 1978 y suspendidos en 1983, en los cuales se incineraron entonces más de 6 mil millones de dólares, debemos decir que con ella se ha continuado la liquidación de unos recursos financieros que han podido aplicarse, de ser cierta la “rigurosa jerarquización económica” a que alude Giusti, en otros destinos de la propia industria, verbigracia el desarrollo los campos “maduros” y la exploración en las áreas nuevas. Por el contrario, con nuevas inversiones, realizadas a partir de 1991, que pasan ya del millardo de dólares, la Orimulsión sólo ha reportado pérdidas, que en los últimos tres años alcanzaron a 274 millones de dólares, según registra PDVSA en su Informe Anual y con cifras edulcoradas que, desde luego, no computan los costos de Bitor que son asumidos por Lagoven y Corpoven, por ejemplo, con los cargamentos de bitúmenes no facturados a Bitor y sí cargados a la partida de “Gastos Administrativos PDVSA”.

Con lo anterior queda desmentida, a nuestra manera de ver, la afirmación de que las inversiones de PDVSA se rigen por una “rigurosa” jerarquización económica. Son otros los criterios y, sobre todo, los intereses que determinan el orden y sentido de tales inversiones. Pero es más aún, la ínfima cifra de inversiones en exploración, 0,61% de los costos y gastos de 1996, revela una conducta irracional para un productor petrolero que debe tratar de reponer las reservas que agota.

Es precisamente este esfuerzo de reposición de unas reservas que se controlan y se están agotando, el que explica la decisión de las compañías petroleras participantes en la Tercera Ronda de ofrecer 2 millardos de dólares en bonos. No se trata, simplemente, de dividir esa cifra entre la cantidad de barriles que se espera encontrar y evaluar si es alto o bajo el costo de su adquisición, se trata de reponer, a como dé lugar el petróleo que se está produciendo hoy. Y una gran parte de los costos de esa reposición debe imputarse a esa producción actual : lo que se consiga a través de la exploración o el desarrollo de campos ya conocidos será ganancia neta. En otras palabras, es la producción actual y no la futura, la que financia los bonos, regalos, sobornos, comisiones, almuerzos, sicarios, viajes y cualquier otro gasto que sea necesario para tener acceso -no necesariamente como propietario sino, como “operador” que toma todas las decisiones trascendentes y “ejecuta” los costos y gastos”- a la disposición de nuevas reservas. (Desde luego, y colocándonos en el pellejo de Quirós Corradi, si alguien no controla reservas hoy, todos los cálculos se deben hacer sobre la producción futura. Y ello suele ser una apuesta muy riesgosa, accesible solo al que opera sobre una base global y a largo plazo : el gran capital petrolero internacional)

Por su parte, reponer las reservas que se agotan en los 20 campos en cuestión es lo que no hizo PDVSA en estos 21 años, tal como lo confiesa Giusti. Esa empresa tiene asignados los yacimientos petroleros y cuenta con los recursos para realizar esa actividad, pero, por imperativo de una política corporativa enfrentada a los intereses generales del Estado y más bien determinada por intereses privados nacionales y extranjeros, su gerencia ha decidido aplicar esos recursos en proyectos inviables o poco rentables como los ya mencionados, de adquisición de refinerías en el exterior, producción de bitúmenes y Orimulsión, el proyecto Cristóbal Colón, el tendido de poliductos innecesarios, la explotación del carbón y el desarrollo de campañas de opinión para promocionar sus planes y políticas, además de acallar las críticas. Todo ello en desmedro de la participación fiscal y para tener que, de todas maneras, pagar para que otros repongan las reservas del país... a mucho mayor costo, desde luego.

"TERCERA RONDA"

Otra vuelta del camino ...
  hacia la desnacionalización


   Carlos Mendoza Pottellá
    7 de junio de 1997


Esta vez debemos comenzar con un referencia personal, que viene al caso cuando alguna gente pregunta ¿Y con este éxito, van Uds. a seguir negando los logros de la apertura ? Porque, en verdad, sostener posiciones críticas o disidentes en materia petrolera no es nada cómodo. Nadie gusta de Casandras, ni de profetas del desastre, y mucho menos, a las puertas del cielo de un nuevo “boom” petrolero. La magnitud del poder petrolero es, en todos los sentidos, aplastante. Y muchas veces nos asalta la sensación de estar queriendo secar un lago con una con una cucharilla... o achicando al Titanic. Desde luego, no faltan las dudas sobre la utilidad real de estas disquisiciones y la certeza de su fundamentación.

Pero cuando contemplamos espectáculos como los de la Tercera Ronda de licitación de convenios de operación de campos “marginales” y la euforia del mundo político nacional por los dos millardos de dólares recolectados, la adrenalina nos compele a reasumir el papel de aguafiestas.

Lo primero que viene a nuestra mente al observar el acompasado “paso de vencedores” con el cual entraron a Miraflores el Ministro Arrieta y el Presidente de PDVSA Giusti para presentar el parte de la batalla ante el Jefe Supremo, es aquella rueda de prensa desde Nueva York con la cual el Ministro de Hacienda de la administración Lusinchi anunciara al país la firma “del mejor refinanciamiento del mundo”.

Y es que nuevamente nos encontramos ante una presentación edulcorada, una utilización de toda la técnica de George Lukas y Steven Spielberg para presentarnos como gloriosa una vergonzosa jornada : la continuación del desmantelamiento de PDVSA, de nuestra empresa petrolera, a precios de gallina flaca.

Pero si la técnica de fabricar mundos fantásticos es el principal instrumento de esta añagaza, la condición necesaria de su éxito es la ignorancia generalizada y el desinterés de la dirigencia política nacional, que reiteradamente hemos denunciado y constituyen razón de ser de estos “Apuntes...”. Sin olvidar el alto grado de responsabilidad de los cómplices, aquéllos que no siendo ignorantes en la materia, prefieren callar y participar del festín.

Para ponerle pruebas al canto debemos pedir la anuencia del lector para exponer algunos abstrusos elementos de la ciencia infusa de los petroleros y la manera como la están manejando en el caso que nos ocupa.

En primer lugar, sobre el concepto de “campo marginal” o inactivo. Estos fueron campos que por diversas circunstancias fueron cerrados en la era de las concesiones. La causa principal fue la conveniencia de las concesionarias, las cuales disponían entonces de campos mucho más productivos y cuyo interés era maximizar la eficiencia de su inversión. Ello se intensificó después de oficializarse y adquirir rango constitucional la política de “no más concesiones” de J.P. Pérez Alfonzo, ante la cual la respuesta de las concesionarias fue forzar la producción en los campos más prolíficos, para extraer la mayor cantidad posible de petróleo antes del término del lapso concesionario -término que se iniciaba en 1983. Otra causa fue la acción -o reacción- del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, que ordenaba cerrar aquellos campos que estaban siendo producidos en condiciones lesivas para la recuperación a largo plazo del yacimiento, en particular, por la violación de la relación gas/petróleo, supremo indicador de la explotación eficiente de un campo.

Pero ninguna de estas dos causas decretaba la inutilidad definitiva de los campos en cuestión, y mucho menos, a la luz de los desarrollos tecnológicos producidos en los más de 20 años transcurridos desde el momento en que tales campos fueron cerrados. De hecho, en el transcurso de esas dos décadas, que son las de la nacionalización, el país hubo de correr con todos los costos de “recuperación secundaria” (inyección de vapor o gas), reparación y reacondicionamiento de casi dos decenas de miles de pozos en un centenar de campos. Y ha sido de esa costosa “vigorización” -que precisamente querían eludir las transnacionales- más que de los nuevos descubrimientos del Norte de Monagas y otros sitios, de donde ha salido el grueso del incremento de la producción venezolana, que pasó de un piso de 1 millón 800 mil barriles diarios de principios de los años 80 hasta los 3 millones trescientos mil b/d alcanzados desde los meses finales del año pasado.

De tal manera que si en sus tiempos las concesionarias cerraron campos productores de miles de barriles diarios, fue para concentrarse en aquellos que producían decenas miles. Esos campos productores de miles de barriles entran perfectamente dentro del rango promedio de nuestra producción contemporánea y para nada son “marginales”. Así se comenzó a comprobar con los campos de la primera ronda de convenios operativos y, de manera destacada, con los resultados obtenidos por British Petroleum en el campo “marginal” de Pedernales, donde la producción actual sobrepasa los 40.000 barriles diarios y las expectativas -anunciadas inicialmente pero luego acalladas- son de alcanzar, en ese sólo campo, una producción similar a la de Ecuador, antiguo miembro de la OPEP, superior a los 200.000 barriles diarios. (Desde entonces se ha impuesto la discreta denominación de “maduros o inactivos” para sustituir a la evidentemente impropia de “marginales”). Y así lo confirman públicamente y después de haber “hecho la gracia” los propios “cálculos conservadores de PDVSA” sobre una producción de 350 mil barriles diarios dentro de cinco años en los campos de esta tercera ronda. (El Universal, 8/6/97, pág. 1-2) Los funcionarios de las empresas ganadoras de las licitaciones estiman, por el contrario, que la producción podría llegar a 650 mil barriles diarios en tres o cuatro años (El Nacional, 8/6/97, pág. E-12)

Si aceptamos que esos niveles se alcanzarán a partir del quinto año y que se mantendrán constantes durante los restantes quince años del convenio, se puede estimar que los consorcios ganadores obtuvieron acceso a esas reservas a un costo que va desde 61 centavos de dólar por barril hasta 1,13 $/bl.

Por otro lado, si al total de 2.171,6 millones de dólares del “Factor de Valorización” le sumamos el estimado de inversiones que hace PDVSA de 5 mil millones de dólares y ese total lo dividimos por el también estimado preliminar de 4 mil millones de barriles de reservas recuperables, tendremos un indicador del costo unitario promedio de la conversión de esas reservas en capacidad potencial de producción : 1,79 $/bl.

Estos cálculos preliminares y las posibilidades de hacerlos más atractivos mencionadas por los propios inversionistas, explican el entusiasmo de estos a la hora de ofrecer unos aparentemente “exagerados” bonos para ganar las licitaciones de los contratos operativos de esta “Tercera Ronda”, los cuales fueron presentados a los venezolanos, al igual que las asociaciones estratégicas y los convenios para la explotación bajo el esquema de ganancias compartidas, como instrumentos para atraer al renuente capital petrolero internacional para que “compartiera el alto riesgo” de nuestros campos petroleros. Por el contrario, se ha materializado una vez más la voluntad de liquidación de PDVSA como concepto : la conversión de nuestra empresa estatal en oficina consular para facilitar el ingreso del capital extranjero y dar paso, nuevamente, al control privado sobre los recursos hidrocarburíferos de la Nación.

Mientras esto sucede en el mundo real, los próceres de la politiquería nacional han comenzado la rebatiña de las migajas, peleando entre ellos por el destino de esos pírricos dos mil millones... La cúpula PDVSA, ha enfriado esos arrestos distributivos al establecer su tajada, dictaminando que esos recursos no pasaran al Fisco directamente, sino que serán declarados como ingresos operativos para pagar solamente el 66,67% correspondiente al Impuesto Sobre la Renta.

Otras consideraciones que nos merece esta auténtica noche de los cuchillos largos de las transnacionales -y sus cónsules criollos- sobre el petróleo venezolano, alcanzan para llenar otro “Apunte...” y así lo haremos para no atosigar a nuestros lectores.

PDVSA: ESTAFA HISTÓRICA

Revisión 2003 de un texto de 1985 (*)
A propósito del golpe petrolero en curso en ese año.

Carlos Mendoza Pottellá
jueves, 2 de enero de 2003



(*) “De las Concesiones a los Contratos, Visión Retrospectiva de la Política Petrolera Venezolana” Tesis de Maestría, Caracas, 1985

Para la mayoría de los venezolanos, la nacionalización petrolera fue un evento trascendente en el curso natural de evolución de la política petrolera venezolana. De tal manera, podría hacerse un encadenamiento histórico con eventos precedentes y colocarla como punto culminante de la referida evolución. Veamos:
En 1943, después de una larga discusión nacional, fue suscrito un convenio entre el gobierno del General Isaías Medina Angarita y las compañías petroleras, con la “mediación” del Departamento de Estado norteamericano. En cumplimiento de ese convenio se promulgó la Ley de Hidrocarburos vigente hasta el año 2000. En ese entonces, las compañías extranjeras concesionarias se acogieron a los términos de dicha Ley, obteniendo, a cambio de ello, una extensión por 40 años de sus derechos de exploración, explotación y manufactura de los hidrocarburos en las áreas bajo su control.
El gobierno de Marcos Pérez Jiménez otorgó, entre 1956 y 1957, y también por cuarenta años, de acuerdo a los términos de la citada Ley, las últimas concesiones.
En 1961 y por inspiración del Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo -en el marco de la política petrolera promovida en su “Pentágono de Acción”, que incluyó, entre otras cosas la creación de la CVP y de la OPEP- el Congreso Nacional, al promulgar la nueva Constitución, dejó establecida la norma de que no se otorgarían nuevas concesiones de hidrocarburos (Art. 97), mejor conocida como la “política de no mas concesiones”.
A mediados de 1971 el Congreso Nacional aprueba la “Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión”, a tenor de la cual quedaron totalmente identificados y cuantificados los activos de la industria petrolera que revertirían a la Nación al término de las concesiones.
Por virtud de todo lo anterior, 1983 pasó a convertirse en un año muy importante para los venezolanos de las décadas 60 y 70: En ese año revertiría a la Nación, sin posibilidad de renovación y sin ninguna indemnización, el 80% de las concesiones otorgadas hasta entonces. En otras palabras, en 1983, Venezuela pasaba a ser dueña directa, en un 80%, de la industria petrolera establecida en su territorio. En 1996-97 revertiría el otro 20%.
1983 era, pues, el año en que se iniciaría, con todos los hierros, el despegue definitivo de Venezuela hacia la liberación económica y el desarrollo.
Sin embargo, la dinámica de la política petrolera internacional y la voluntad de las corporaciones de imponer una transición a su imagen y semejanza, determinaron que esa “reversión”, dispuesta en la Ley de 1943 y completamente reglamentada por la Ley de 1971, se adelantara a 1976.
De tal suerte que en ese año, después de ser ventajosamente indemnizadas por la entrega de equipos, instalaciones e inmuebles largamente depreciados, habiendo obtenido unos contratos de asistencia técnica que simplemente disimulaban injustificados pagos adicionales, unos contratos de comercialización en donde se les otorgaban jugosos descuentos y, previo también, un avenimiento secreto en el cual recibieron garantías no escritas -pero fielmente cumplidas- de participación en todos los futuros emprendimientos petroleros del país, las grandes corporaciones internacionales renunciaron a sus concesiones ; dejando de paso, y como garantes de sus intereses en las que ahora serían operadoras nacionalizadas, a los “nativos” de su confianza: un caballo de Troya antinacional que a partir de los años 90 promovió la privatización a marcha forzada, vía las aperturas, las asociaciones estratégicas, el “outsourcing” y la venta de parte del capital en acciones, pero cuyas actividades de evasión fiscal y saboteo del control que debía ejercer el Ministerio de Energía y Minas comenzó desde el propio 1º de enero de 1976.
Se materializó así, en 1976, el adelanto de la “reversión”, siete años ante del término establecido en la Ley de 1943. Ese evento fue denominado impropiamente, “nacionalización petrolera”. Y hasta sus críticos aceptaron ese término, agregándole el calificativo de “chucuta”.
Visto desde otra perspectiva, nos podríamos explicar las circunstancias, al reconocer que la nacionalización no fue otra cosa que conclusión de un largo y conflictivo proceso de agotamiento del patrón normativo de las relaciones entre el Estado venezolano y las compañías extranjeras concesionarias; es decir, del conjunto de estructuras legales y reglamentarias en el marco del cual se desarrollaban esas relaciones.
Ese conjunto legal y reglamentario, modus vivendi alcanzado a través de décadas de una asociación conflictiva cuyo sustento fue el reparto de la extraordinaria renta del petróleo, cristalizaba, en cada momento, los instrumentos de participación del Estado venezolano en ese reparto. Desde la primera Ley de Hidrocarburos de 1920 hasta la Ley sobre bienes afectos a reversión en 1971 el Estado venezolano fue incrementando su capacidad de control y fiscalización sobre las actividades de las concesionarias y, con ello, aumentando su participación en el mencionado reparto.
Pero ese proceso, por su propia naturaleza, caminaba hacia el agotamiento: En 1974, por ejemplo, cuando eran notorias las inmensas ganancias de los consorcios petroleros a nivel global, el reparto teórico de los beneficios netos de la actividad petrolera en Venezuela resultaba en una proporción de 95% para el Estado venezolano y sólo 5% para las filiales transnacionales. La irrealidad de estas proporciones y la dificultad de mantener semejante engaño en el mismo año en el cual la Creole Petroleum Corporation aportaba un desmesurado porcentaje de las ganancias internacionales de la Exxon fueron elementos determinantes de ese agotamiento.
Y ello se hacía crítico en la medida en que se acercaba 1983, año en el cual se iniciaría el vencimiento y por ende la reversión de las concesiones de hidrocarburos, sin que para esa fecha estuviera prevista una alternativa clara para el ulterior desarrollo de la industria, cercada por la norma constitucional que establecía el no otorgamiento de nuevas concesiones y el voluntario enanismo en el que fue mantenida la Corporación Venezolana del Petróleo durante sus quince años de existencia.
El dilema tenía soluciones divergentes, pero perfectamente identificables: Una, era la preparación del país para asumir plenamente el control de su industria. Esta opción, defendida por los sectores de avanzada del país, fue delineada en términos de posibilidad realizable por Juan Pablo Pérez Alfonzo, al postular, dentro de su “Pentágono Petrolero”, junto al principio de “no más concesiones”, la creación y desarrollo de la CVP. Pero esa posibilidad fue eludida, ignorada e incluso desnaturalizada con la negociación de unos Contratos de Servicios que, como lo demostraran en su oportunidad diversos analistas, no eran otra cosa que concesiones disfrazadas para burlar el principio constitucional que prohibía nuevos otorgamientos de las mismas.
La segunda de las opciones a que nos referimos es, desde luego, la propiciada por las compañías y sus voceros en FEDECAMARAS. Los esfuerzos de este sector se van a encaminar a la búsqueda de una alternativa cónsona con la preservación de su participación privilegiada en el negocio. Una nueva fórmula de asociación dependiente con el capital transnacional que incorporara algún maquillaje renovador era la solución mas “saludable”, si se miraba con los ojos geopolíticos de sus proponentes criollos.
Los Contratos de Servicio se van a convertir en el primer ensayo de esa fórmula alternativa y preservadora de la buena salud del negocio. El largo debate en torno a estos contratos y su ulterior frustración, con el escándalo de los sobornos otorgados por la Occidental Petroleum incluidos, vienen a constituir una expresión de la confrontación entre las dos opciones mencionadas; confrontación alrededor de la cual ha girado la política petrolera de los últimos sesenta años, y que se ha resuelto siempre con el predominio de los sostenedores de la asociación incondicional con el capital petrolero internacional.
Así pues, la “nacionalización”, evento culminante de esa política petrolera, plasmó, en realidad, el estado de las fuerzas de estas dos posiciones y, no siendo una excepción de la tendencia secular, también en esa oportunidad terminó por triunfar el partido de la asociación transnacional. De una manera tal que, al cabo de un forcejeo trascorrales, la nacionalización viene a ser convertida en su opuesto: un pacto laboriosamente trabajado que propiciará el mantenimiento y la ampliación, en extensión e intensidad, del control transnacional sobre el petróleo venezolano.
El instrumento fundamental para la obtención de tan paradójico resultado de una nacionalización fue, en un principio, el bloque de convenios firmados tras bastidores mientras se discutían públicamente los términos de la “Ley que Reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos”. Con lo que, en suma, la nacionalización resulta ser fruto de un nuevo paquete Ley-Convenios al estilo del pacto entre el gobierno y las compañías que institucionalizó en 1943 el régimen concesionario.
En otras palabras, con el fin de la era concesionaria no se pasa a la era del control pleno por parte del Estado sobre su industria petrolera, sino a una nueva modalidad de relación subordinada Estado-transnacionales. Más elástica y sutil, más adaptable a la evolución de las realidades económicas y políticas contemporáneas, que manteniendo y profundizando las características esenciales de la situación anterior, fuera a la vez una puesta a tono con el signo de los tiempos que desmovilizara los sentimientos negativos que despertaba el viejo sistema concesionario.
Esta nueva forma de existencia de la relación dependiente se fundó en sus inicios, en un también nuevo tipo de contrato, distinto formalmente del contrato concesionario, pero que obtuvo con más eficiencia los mismos resultados: Los convenios de asistencia técnica y los contratos de comercialización con los cuales quedaron atadas las nuevas operadoras nacionalizadas, Lagoven, Maraven, Llanoven, Meneven, etc., a sus antiguas casas matrices Exxon, Shell, Mobil, Gulf, etc.
Una salida como ésta venía siendo discutida y propuesta desde finales de los años sesenta por investigadores vinculados al gobierno norteamericano y a las transnacionales. En particular, James Akins, Zar energético de Nixon, posteriormente Embajador en Arabia Saudita y asesor petrolero en ese mismo país, expuso las ventajas, para los intereses de las compañías y del sistema en general, de darle una vía de escape al peligroso vapor del nacionalismo, en un ensayo titulado “La Crisis del Petróleo, esta vez el lobo ha llegado” (Foreign Affairs, abril 1973).
Según este autor, un gran número de funcionarios de las empresas petroleras examinaba las posibilidades de establecer un nuevo sistema de relaciones con los países productores, pues se hacía evidente cada día que la era de las concesiones estaba agotándose. “...una nueva y dramática oferta a los productores podría garantizar la tranquilidad durante otra generación” y en particular, al hacer referencia a la situación que se vivía en el Medio Oriente ante las exigencias de árabes y persas, concluye que no sería fácil, ni aún deseable resistir un cambio en esos momentos, porque... “Sin importar lo que resulte de los acuerdos existentes, las compañías continuarán desempeñando un papel importante en el transporte, refinación y distribución del petróleo, y es muy probable que también lo harán en la producción del petróleo durante los próximos diez años.”
Las reflexiones de Akins pasaron a formar parte del sustento de la estrategia principal de las grandes corporaciones petroleras en sus relaciones con los países productores, como lo demostraron los acuerdos de participación y nacionalizaciones parciales a que se avinieron esas empresas en los países del Medio Oriente.
En una fecha tan lejana como 1969, otro de los investigadores a los que nos referimos, Gerard M. Brannon, de la Fundación Ford, elaboró unas propuestas de “Políticas Respecto a la OPEP” como parte de un informe para el proyecto de políticas energéticas de esa Fundación, en el cual aporta argumentos similares a los expuestos y popularizados por Akins cuatro años después:
Esas proposiciones se hicieron política concreta y se ejecutaron con óptimos resultados para las compañías en las negociaciones que dieron paso a la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela. De tal manera, concluido el ciclo concesionario, las relaciones entre el Estado propietario del recurso y las transnacionales que lo explotaban cambiaron de forma con la “nacionalización” de la industria, pero no sólo se mantuvieron, sino que se intensificaron y extendieron a campos inusitados.
“Las leyes tributarias, hasta de esos países son más difíciles de cambiar que los precios. Si los países productores se adueñaran efectivamente de la producción petrolera, su interés estaría en seguir empleando la burocracia existente de las compañías petroleras para utilizarla como administradores y técnicos de la producción. La gran diferencia estaría en que los países productores podrían fijar los precios y no tendrían el recurso de los impuestos para asegurar la disciplina de precios contra los países particulares atraídos por la perspectiva de una venta mayor a un precio más bajo.”


Los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización, suscritos bajo presiones chantajistas ejercidas sobre un gobierno que había aceptado términos de negociación inconfesables, pocos días antes del tránsito formal de la industria petrolera a manos del Estado, fueron los eventos paradigmáticos en cuanto a una nueva configuración de los vínculos Estado-Corporaciones en los 27 años que siguieron, durante los cuales esa configuración se ha desarrollado y consolidado. Utilizando una terminología contemporánea, en esos contratos se plasmaron los pasos iniciales de la apertura petrolera, porque fue a través de ellos que Exxon, Shell, Mobil, y Gulf, principalmente, pasaron a tener injerencia en espacios distintos a los de sus antiguas concesiones, abriéndose simultáneamente nuevas oportunidades para otras grandes corporaciones.
Fue así como se inició el deterioro de la participación nacional en el negocio petrolero, constituyendo la llamada “apertura petrolera” sólo el capítulo contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las elites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyen hoy, y desde hace 20 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal.
Con esos contratos se inicia el proceso de desmontaje del aparato de control y fiscalización estructurado por el Estado venezolano a lo largo de décadas. En ellos se consagró, por primera vez, la renuncia a la soberanía impositiva, al establecer una fórmula automática para compensar todo intento de incremento de las tasas impositivas vigentes a la firma del contrato. Igualmente, allí, por primera vez, se renunció a la “inmunidad de jurisdicción”, al establecer, en contravención del Artículo 127 de la Constitución Nacional de 1961, el arbitraje internacional como medio para dirimir los desacuerdos entre las partes contratantes.
Posteriormente se incorporaron nuevas áreas a este proceso de expansión de la participación extranjera en el negocio petrolero venezolano: los programas para el cambio de patrón de refinación y los “megaproyectos” de la Faja del Orinoco fueron los siguientes escenarios en los cuales se continuaron los retrocesos de la soberanía estatal. A ellos siguieron la internacionalización y la Orimulsión, destacados componente de una estrategia enfrentada a la política oficial, y generalmente aceptada, de control de la producción como garantía para la defensa de los precios. Esa estrategia gerencial incorpora, en consecuencia, un decidido sesgo anti-OPEP.
El Proyecto Cristóbal Colón, “diferido por 5 años” primero y definitivamente abandonado por inviable luego, fue sin embargo, el emprendimiento más exitoso de la gerencia petrolera desde el punto de vista de su rumbo hacia la desnacionalización total de la industria. Escudados en la importancia estratégica de ese proyecto lograron imponer en el Congreso Nacional la eliminación de la figura de los Valores Fiscales de Exportación, la cual garantizaba adecuados niveles de participación fiscal. Igualmente, y de manera subrepticia, forzaron un dictamen de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual fueron derogados los Artículos 1°, 2° y 5° de la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural y modificado el Artículo 3° de la Ley de Hidrocarburos.
En sí mismo, el Proyecto Cristóbal Colón incorporaba mermas del ISLR en 33 puntos porcentuales y una expresa renuncia a la soberanía impositiva, al disponer el compromiso de Lagoven de compensar a sus socios extranjeros en la eventualidad de incrementos tributarios dispuestos por las autoridades nacionales.
Con este ensayo general quedó servida la mesa para los nuevos hitos en el camino desnacionalizador: las “asociaciones estratégicas” para la operación de campos inactivos y los “convenios de asociación bajo el esquema de ganancias compartidas” vendidos bajo el slogan de la “apertura”.
Pero la realidad fue que, desde un principio, es decir, desde 1976, en cada escaramuza meritocrática por defender su autonomía operativa frente a la Contraloría General de la República, el Banco Central y el crecientemente desvalido y colonizado Ministerio de Energía y Minas, por imponer su visión de “negocios” y de producción incremental a cualquier precio, frente al “rentismo estatista”, en eventos tales como el cambio de patrón de refinación, la internacionalización, la orimulsión, los proyectos de mejoramiento de crudos extrapesados y la entrega de los “campos marginales”, se quedaron pedazos de soberanía, de capacidad de control y fiscalización, jurisdicción de las leyes y tribunales nacionales, y, como se constata en las cifras aportadas por la propia industria, de integridad de la participación nacional en un negocio que hoy, más que nunca, es controlado en todos sus intersticios, capilarmente, por el poder económico privado nacional y transnacional que rebana para sí las mayores tajadas: el poder petrolero.
El intento de cambiar este rumbo iniciado en 1976, puesto de manifiesto en la designación de un directorio de PDVSA dispuesto a hurgar en los más recónditos recovecos del secreto petrolero que se esconde tras las hermosas “presentaciones” de sus ejecutivos y las “consolidaciones” de sus artífices contables, fue uno de los factores desencadenantes del golpe petrolero de abril de 2002. Esos mismos temores los llevan hoy a utilizar todas sus recursos, incluido el chantaje terrorista, para imponer su particular visión de la democracia; una que sea complaciente con sus negocios y no invoque viejas, desteñidas, desfasadas, “rentistas” y amenazantes posturas nacionalistas.

CMP

APUNTES PETROLEROS - Junio de 2000

Cuarenta años discutiendo sobre la OPEP y Venezuela

Carlos Mendoza Pottellá
Viernes, 16 de junio de 2000

Intentar hoy un análisis retrospectivo de la política petrolera venezolana, no es una inocente propuesta académica: tiene toda la intencionalidad de aprovechar las lecciones que nos dan las incidencias ocurridas en el mercado petrolero en los últimos 4 años. Desde mi muy particular punto de vista, lo sucedido en este lapso ha derrumbado muchos mitos forjados, a través del control de los medios de comunicación masiva, por cierta elite vinculada al negocio petrolero privado en Venezuela, los grandes intereses petroleros internacionales y sus socios-agentes dentro de las cúpulas gerenciales de la empresa petrolera pública.

Se trata de una vieja discusión, cuyo inicio lo podemos hacer coincidir con la fecha de fundación de la OPEP. Desde un principio, los sectores sociales venezolanos que habían sido beneficiarios privilegiados del negocio petrolero, vieron en las iniciativas restrictivas de la producción que propiciaba esa Organización una amenaza a sus intereses. Paradigmáticas en este sentido han sido las posiciones del Dr. Arturo Uslar Pietri, quien hace más de cuarenta años se opuso ardorosamente a la creación de la OPEP y en cada una de las décadas siguientes ha dejado numerosos testimonios de su consecuente opinión, según la cual, "la OPEP nunca ha beneficiado a Venezuela".

Desde luego, ello también fue estimulado por las corporaciones petroleras extranjeras, las cuales resistían cualquier intento de reivindicación de una justa participación en el negocio petrolero por parte de las naciones bajo cuyo subsuelo se encontraba el petróleo.

Para las compañías, la posición anti-OPEP era la natural de cualquier patrono, o dueño de algún negocio, que trata de impedir que sus contrapartes -clientes, proveedores o empleados- se organicen para defender sus intereses comunes: es la eterna fobia patronal contra la sindicalización. Para las elites criollas asociadas al negocio, la emergencia de la producción del Medio Oriente y las perspectivas de limitación de la participación del petróleo venezolano también era una amenaza, por razones obvias y proporcionales: a menor producción petrolera menos negocios particulares. Ello se enfatizaba con tintes dramáticos cuando se recordaba la circunstancia de que Venezuela había sido, hasta la década de los años 60, el primer exportador mundial de petróleo y que en 1955 la mitad de las inversiones petroleras mundiales, fuera de los Estados Unidos, habían sido hechas en Venezuela.

Desde luego, estas menciones volumétricas, que afectaban a una forma particular de participación nacional en el negocio petrolero, como es la de los beneficios obtenidos por sectores empresariales vinculados a las operaciones físicas y financieras de las concesionarias petroleras en el país, dejaban de lado cualquier referencia a otro aspecto de la participación nacional, a mi manera de ver el más importante, tanto por su magnitud intrínseca, como por su naturaleza pública, teóricamente de interés para todos y cada uno de los venezolanos: la participación fiscal y patrimonial de la Nación, entendidas como contrapartida por la liquidación de un activo de altísimo valor -en tanto que generador de rentas extraordinarias- cuya propiedad, de naturaleza colectiva, otorga al Estado el derecho a exigir una remuneración soberana.

En este debate, el problema no es de legitimidad, sino de la necesaria prioridad del interés colectivo sobre el interés particular: la expansión de los negocios particulares tiene límites, asociados a la eficiencia productiva, a la extensión de la vida de los yacimientos y a la racionalización de la participación unitaria nacional en ese negocio.

En cuanto a las dos primeras limitantes mencionadas, de orden técnico-operativo, surgen de la propia naturaleza de los yacimientos petroleros y son ampliamente conocidas por los operadores de esa industria: acelerar la explotación de un yacimiento más allá de los óptimos técnicos establecidos produce una merma sensible en la recuperación total a largo plazo. Ello quedó evidenciado, lamentablemente para Venezuela, con la sobre-explotación ejecutada por las concesionarias extranjeras en la década de los 60, como respuesta a las políticas de reivindicación de los derechos nacionales impulsados por Juan Pablo Pérez Alfonzo, en particular, el establecimiento del principio de "No más concesiones" y la fundación de la OPEP. En efecto, la extracción de crudos de los yacimientos venezolanos fue elevada, desde 2,6 millones de barriles diarios en 1960 a 3,7 millones en 1970. Ello se hizo violando todo los preceptos técnicos establecidos por las mismas compañías. Las consecuencias se hicieron evidentes en los quince años siguientes, cuando la capacidad de producción fue mermando constantemente, hasta llegar en 1985 a producir apenas 1,8 millones de barriles diarios. Hoy, las consecuencias se miden en mayores costos de recuperación de unos yacimientos maliciosamente administrados, los cuales, por ello mismo, han tenido que ser sometidos todos a la onerosa "terapia intensiva" de la recuperación secundaria, con la cual se detiene la "tendencia natural" a la declinación de su capacidad potencial de producción, estimada por PDVSA en un 22% interanual. Lo cierto del caso es que en ningún tipo de actividad productiva es factible, en términos económicos, expandir la producción más allá de la capacidad de diseño de las plantas: pasado ese punto óptimo se comienza a recorrer la rama ascendente de la curva de los costos, en la cual estos crecen más rápidamente que los ingresos generados por cada unidad de producción que se incremente.

La tercera limitante mencionada antes, referida a la maximización de la participación unitaria de la Nación en el negocio, es precisamente la que tiene que ver con los precios: En todo mercado, se produce un equilibrio entre la oferta y la demanda cuyo resultado es el precio. Existe una relación óptima entre volúmenes ofrecidos y precios. No puede pretenderse conquistar mercados cuando, en condiciones de saturación de la oferta, las cantidades adicionales vendidas generarán una caída de los precios más que proporcional, al punto de determinar una caída del ingreso total.

Circunstancias tales como ésas las vivimos, desde 1997 hasta febrero de 1999: La industria petrolera venezolana, comprometida dogmáticamente con un plan de expansión fundado en una supuestamente gigantesca base de recursos (reservas probadas para 300 años, sobre cuya dudosa realidad no podemos extendernos), violentó completamente los compromisos asumidos en el seno de la OPEP en cuanto a las cuotas de producción como mecanismo estabilizador de los precios y, al presentarse el factor externo de la crisis asiática, se produjo la violenta caída de los precios que los llevó a niveles de 7 dólares el barril para la "cesta venezolana" de crudo y productos.

La insistencia en el rumbo expansivo en medio de la debacle de los precios llevó a los directivos de PDVSA a alcanzar cumbres del absurdo económico: "compensaremos la caída de los precios con más producción", decía en febrero de 1998 el Vicepresidente de PDVSA, "ampliaremos nuestro plan de expansión a 7 millones de barriles diarios", anunciaba en el Congreso Mundial de la Energía el Economista Jefe, "la OPEP no tiene ninguna posibilidad de revertir la tendencia a la baja de los precios, sólo controla el 40% de la producción mundial" teorizaba Alberto Quirós Corradi. "La OPEP es un club de Pinochos", acusaba el Pinocho mayor, Erwin Arrieta.

El resultado de tales conductas y posiciones quedó a la vista de todos, y a regañadientes, maldiciendo las cuotas y amenazando a todo aquél que osara mencionarlas, los chapuceros dirigentes petroleros del pasado quinquenio fueron obligados a pactar los ahora llamados "recortes". Se reconocía así la existencia de la sobreoferta y su incidencia en la caída de los precios, pero, consecuentes con sus actitudes tramposas, no se cumplieron los acuerdos y los precios siguieron cayendo. Sólo fue hasta marzo de 1999, cuando en el mercado se percibió que el nuevo gobierno venezolano si cumpliría sus compromisos, que los precios comenzaron a recuperarse.

Desde luego, es claro que la OPEP no es la única determinante de la evolución del mercado petrolero. De hecho, es apenas un factor entre otros grandes poderes, pero la circunstancia de reunir a los oferentes de más del 40% de la producción mundial y casi el 70% de todo el petróleo que se negocia internacionalmente, le permite tener una voz propia y ejercer una acción sensible en cuanto al rumbo de la variable fundamental: el precio. Ese precio es el resultado de un equilibrio de poderes, un juego en el que los demandantes netos de petróleo, encabezados a por los Estados Unidos y los demás poderosos miembros de la Agencia Internacional de Energía "negocian" el precio de los suministros domésticos e importados con los países productores de la OPEP y fuera de ella, intermediado todo el proceso por el interés fundamental de las grandes transnacionales petroleras y no petroleras. Un juego en el que todos quieren maximizar sus beneficios y en el que, para poder lograrlo, dejan a la OPEP un campo limitado de opciones, pero que también constituyen posibilidades reales de tomar decisiones determinantes sobre el rumbo del mercado. Por ejemplo, la OPEP puede, como lo hizo entre 1997 y 1998 guiada por la locura expansionista de los dirigentes petroleros venezolanos de la época, desestabilizar el mercado y hundir los precios por debajo de los costos de producción de la mayoría de los productores mundiales y, en su euforia "competitiva", llevar la economía de sus respectivos países a crisis como la que está viviendo nuestro país desde entonces. (Esto, a la postre, no convino a nadie y es lo que ha permitido que funcione la actual política de recortes). Pero lo contrario no es cierto: la OPEP no puede restringir la demanda permanentemente y llevar los precios, como "sería justo" hacia la recuperación de los niveles de ingresos reales perdidos por la erosión que han causado la inflación y la desvalorización del dólar desde 1973 hasta nuestros días. funcionarían allí todos los sistemas de alarma y se utilizarían todos los recursos del poder para ponernos dentro del carril que "nos corresponde", que nos ha sido asignado en el equilibrio de fuerzas que mencionaba antes. Todo esto está, una vez más, por cuadragésimo año consecutivo, planteado ante nosotros.
Apuntes Para Una Discusión


ELECAR, PDVSA: Globalización y Capitalismo Nacional

Carlos Mendoza Pottellá
Jueves, 6 de julio de 2000

A manera de respuesta al artículo "El Fracaso de la propuesta de FUNDAPATRIA" , de Francisco Monaldi. / (Venezuela Analítica, miércoles 17 de mayo de 2000)
La civilización, el desarrollo de tendencias humanistas y los convencionalismos sociales nos permiten olvidar, a veces, la indeseable vigencia de ciertas leyes naturales en el seno de las comunidades humanas. Tal es el caso de la darwiniana ley de la selección natural que dictamina la supervivencia depredadora de los más aptos y fuertes.

Volvemos a la triste realidad cuando presenciamos guerras como la inefable "Tormenta del Desierto" y sus bombardeos "quirúrgicos", la "limpieza étnica" en Bosnia y en Kosovo, o las guerras tribales entre los hambrientos pueblos africanos. Pero, adormecidos como ranas tontas en la seguridad de este "patio trasero" de los amos del mundo, muchos observan esos conflictos como si no fuera con ellos, como cosas que pasan en un mundo lejano y ajeno, donde todavía impera "la ley de la selva", con la misma actitud del televidente que se estremece frente a las escenas que registran el zarpazo de una leona sobre alguna aterrorizada cebra o a una manada de perros salvajes devorando a un indefenso antílope.

Y de repente... ¡¡zas!! con una relampagueante demostración de poder, la corporación norteamericana AES se apodera del 81 por ciento de las acciones de la Electricidad de Caracas, la empresa insignia del capitalismo nacional venezolano. El estupor generalizado en gran parte del sector "moderno" de la opinión pública fue el característico del burro que olfatea al tigre. Muchos de esos cantores de las bondades de las privatizaciones y de la aceptación, sin remilgos ni condiciones, de las leyes del mundo unipolar y globalizado, se quedaron sin habla ante esta contundente muestra de lo que nos reserva tal aceptación. Otros, desde luego, estaban en la movida. Tal como lo demostró una de las más ilustres profetas de la inevitable postmodernidad, miembro destacada de la sociedad civil, promotora de la transparencia electoral, de la competitividad y de los nuevos paradigmas empresariales, Cira Romero, quien ahora aparece abiertamente en su rol de "representante de AES en Venezuela" y, consecuentemente, integrante de la nueva Junta Directiva de la Electricidad de Caracas controlada por ese monopolio transnacional. ¡Una brillante muestra de la verdadera esencia de la "competitividad" en tiempos del fin de la historia!

Pero algunos tuvieron arrestos suficientes para abandonar su prepotente discurso primermundista, privatizador y anti-estatal... para pedir, exigir e implorar, con la alarma y urgencia del caso, la intervención salvadora del paternal Estado venezolano... ¡nacionalizando a la Electricidad de Caracas! Tal es el caso de Francisco Monaldi:

"...se presenta ahora la prueba de fuego de la idea de cambio: Adoptar el laissez faire, aceptando pasivamente la apropiación hostil de nuestra empresa emblemática, o sellar el encuentro nacional mediante una asociación estratégica del gobierno con Elecar"

("La nacionalización de Elecar", en Venezuela Analítica, lunes 29 de mayo de 2000)
Cosas de la vida, que cobra nuestras ingratitudes: el papaíto Estado, que crió y amamantó con los ingresos petroleros a las empresas capitalistas nacionales, que las protegió con barreras arancelarias de todo tipo, que las exoneró de impuestos y las llenó de subsidios y "estímulos", llegó a convertirse en un estorbo para esas empresas, las cuales, en un momento dado de su parasitario "desarrollo", creyeron haber crecido lo suficiente para caminar solas y, por tanto, ya les disgustaba el permanente recuerdo de su filiación respecto al Estado paternal, de su origen y permanente condición como beneficiarios privilegiados de los ingresos fiscales, y fue entonces cuando comenzaron a acusar al padre de "omnipotente". Luego, estimulados por los cantos de sirena del "pensamiento único", avizoraron un mundo ideal, donde ellas, asociadas con los grandes capitales internacionales, se desentenderían de una vez por todas de la pesada tutela estatal e iniciarían el brillante imperio del "libre mercado" en Venezuela.

Comenzaron entonces las campañas aperturistas y privatizadoras. Se comenzó a condenar el atraso ideológico representado en la persistencia en el seno de la sociedad venezolana de tendencias estatistas, socialistoides, rentistas, tercermundistas, populistas, proteccionistas, estructuralistas, justicialistas, redistributivistas, keynesianas, cepalistas, etc., que ponen obstáculos al desarrollo de la libre empresa y a la postmodernidad.

Poco a poco se fue estableciendo una matriz de opinión moderna y liberal. Se popularizaban en los sectores político y empresarial los nuevos paradigmas de apertura, "desregulación", eficiencia, calidad y competitividad, difundidos por epígonos de la modernidad al estilo de Cira Romero. La buena nueva del verbo modernizante se hizo carne en la voluntad política oficial que se expresó en el "Paquete" de Miguelito Rodríguez y así, se comenzó a desmontar el aparato proteccionista estatal... lo cual desembocó, casi inmediatamente, en la desnacionalización y muerte del "capitalismo nacional": Corimón, Indulac, Cervecera Nacional, Frica y el mayor "emporio industrial venezolano", las empresas del Grupo Mendoza: Cementos Vencemos, Protinal, Venepal, etc., son algunas de las más rutilantes joyas de la corona globalizadora, a la que ahora viene a añadirse la Electricidad de Caracas. Todo ello sin mencionar al sector financiero, la más gorda y mimada de las sanguijuelas de la renta petrolera, ahora mayoritariamente -y crecientemente, si consideramos el anuncio sobre el destino del Banco Caracas- en manos de poderosos consorcios internacionales.

No podía ser de otra manera, porque se trataba de un capitalismo de opereta, parásito de los ingresos petroleros y, por tanto, estructuralmente incapaz de asumir los retos descomunales del nada libre mercado globalizado, controlado con mano de hierro por un puñado de corporaciones transnacionales y los estados de los más poderosos países industrializados y toda su corte "multilateral": Grupo de los Siete más uno, OCDE, FMI, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, etc.

Fue por eso que, cuando se dio inicio a una apertura comercial irresponsable e indiscriminada, fundada en una percepción irreal, maniquea, libresca y antihistórica del funcionamiento de los procesos sociales y económicos, las parasitarias criaturas del proteccionismo de la renta petrolera comenzaron a sentir los mismos síntomas que afectan a un morrocoy cuando le arrancan el caparazón.

Podrá entender ahora Francisco Monaldi por qué me opongo a sus funambulescos planes -y a los de Quirós Corradi, Giusti, Sosa Pietri, Calderón Berti y la Corte de los Milagros del IESA- de privatización de PDVSA. Si ese sector empresarial nacional no supo, o no pudo, defender su propio patrimonio privado de la voracidad de los capitales vampiros transnacionales, ¿cómo le vamos a entregar la custodia del mayor patrimonio colectivo de todos los venezolanos?

Repito, ahora coreado y apoyado por la propuesta de nacionalización del Elecar hecha por Monaldi: la única manera de garantizar el aprovechamiento colectivo -por cada uno de los venezolanos que hoy viven y por los que nacerán en un futuro- de los recursos petroleros depositados en el subsuelo de nuestro país, es que la propiedad de los mismos, y de la industria que los procesa y valoriza, se mantenga, de manera decisiva, en manos del Estado nacional.

Ello no significa el mantenimiento de posiciones xenófobas, ni que se niegue la posibilidad de asociaciones con el capital privado nacional o transnacional, de cualquier tipo, que demuestren ser convenientes para el desarrollo de nuestra industria fundamental. Tampoco significa negar el desarrollo de un capitalismo nacional capaz de salir a afrontar los retos de la competencia internacional. Sólo que tales asociaciones y tal desarrollo deben ser evaluados a la luz de los intereses generales de la nación venezolana en el largo plazo.

No tenemos que estar todos de acuerdo con las prefiguraciones que cada uno tenga sobre el mundo por venir, y la organización social que más convenga al país. Cada cual seguirá luchando por la suya, pero el límite de esa diversidad es la integridad nacional: su población, su territorio y su patrimonio físico natural. Desde el soberano absolutista Carlos III, pasando por todas las Repúblicas que en este país han sido, realistas, monárquicos, patriotas, godos, liberales, socialdemócratas, socialcristianos, sin llegar al socialismo, todos han concebido a los hidrocarburos como un patrimonio nacional, soberano, cuyo único garante es el Estado. ¿La fiebre neoliberal puede llegar hasta los extremos de pretender enajenar un patrimonio de proporciones intergeneracionales?

Debo finalmente responder a las insinuaciones de Monaldi sobre FUNDAPATRIA. Creo que las ejecutorias públicas de esa Fundación -de la cual sigo siendo miembro- hablan por sí solas. De ellas me siento orgulloso. Soy co-responsable de las posiciones de FUNDAPATRIA en materia petrolera y por ello, me precio de haber contribuido a frustrar los planes desnacionalizadores de la pasada administración. A través de mis artículos he seguido y seguiré sosteniendo las posiciones que en materia económica y social en general se delinearon en el seno de esa Fundación para la defensa del patrimonio nacional. El intento de vincular las posiciones de FUNDAPATRIA con las lamentables circunstancias que hoy afectan a su Presidente, es el producto de una maliciosa y chantajista generalización de problemas y responsabilidades individuales para intentar descalificar una opinión que no se comparte y frente a la cual no se tienen argumentos contundentes.
Apuntes para una discusión


Petróleo: El peligroso atractivo de la simpleza interesada

Carlos Mendoza Pottellá

Lunes, 14 de agosto de 2000

Referirse a las complejidades del mercado petrolero internacional puede llevar, muchas veces, al enunciado de un conjunto de lugares comunes. Pero no se puede dejar de hacer mención de ellas cuando evaluamos lo sucedido en ese mercado durante el pasado mes de julio y lo que transcurre de agosto, a partir de la declaración saudita sobre la necesidad de incorporar al suministro petrolero, de manera inmediata, unos 500 mil barriles diarios adicionales.

El objetivo declarado de tal incremento de la oferta, en momentos en los cuales el precio se mantenía sólidamente por encima de los 32 dólares el barril para el crudo West Texas Intermediate (de 32,06$/bl el 27 de junio había pasado a 32,72 el 29 de junio y a 32,50 el 3 de julio), fue el de llevar el precio promedio de la cesta de crudos de la OPEP al nivel de los 25 dólares el barril, punto medio de la "banda" recientemente aprobada por esa Organización como rango ideal dentro del cual debería ubicarse el precio de dicha cesta (22-28 dólares el barril).

Pero, dada la magnitud de la capacidad productiva cerrada y rápidamente disponible en el Reino Saudita, el anuncio de esa voluntad de incrementar la producción, interesadamente amplificado por las agencias de noticias internacionales, provocó una sensible baja en los precios contractuales y en las cotizaciones a futuro del crudo (una caída que para el WTI comenzó en 2,05$/bl el 5 de julio y se amplió hasta 2,8 dólares el 11 de julio, cuando se detuvo) Igualmente, ello dio lugar al surgimiento de preocupaciones entre los productores por un posible colapso de los precios. Desde luego, inmediatamente se hicieron múltiples consultas entre todos los miembros de la OPEP, dentro de las cuales se destacan las gestiones del Presidente de esa Organización, el Ministro venezolano Alí Rodríguez, quien en esos días había iniciado una gira por esos países. Veamos la historia.

Varias semanas antes de la reunión de la OPEP del 27-28 de marzo pasado, se había iniciado la acostumbrada campaña de presiones, amenazas y lamentos, por la insuficiencia del suministro de crudos desde los países miembros de la Organización y por la inconveniencia de los altos precios. En ese escenario fue en el que, el 28 de marzo, la OPEP acordó incrementar su aporte al mercado en 1 millón setecientos mil barriles diarios a partir del primero de abril. Los precios se movieron hacia niveles inferiores durante pocos días, pero poco a poco, debido a la fortaleza de la demanda, se volvieron a colocar en el entorno de los 30 dólares el barril para el crudo WTI. Desde luego, se reanudaron las presiones externas exigiendo a la OPEP la apertura de sus grifos petroleros. Reaparecieron las propuestas de usar las reservas estratégicas norteamericanas y de aplicar, una vez más, la ya bien conocida extraterritorialidad de las leyes internas de ese país; en esta oportunidad, para castigar las restricciones de esa Organización a la "libre competencia", en el mercado más monopolizado del mundo.

Y así fue como, nuevamente, el 21 de junio, la OPEP decidió incorporar 708 mil barriles diarios adicionales a la oferta petrolera. Los precios retrocedieron, pero no lo suficiente para los gustos de los consumidores y peor aún, en pocos días volvieron a remontar la cuesta de los míticos 30 dólares para el crudo WTI, -hasta alcanzar la ya citada cumbre de 32,72$/bl del 29/6- al constatarse que, en realidad, con esta decisión no se incorporaba nueva producción, sino que se legalizaban las cantidades que ya se estaban sobreproduciendo respecto a los niveles acordados el 28 de marzo.

Era obvio que el ambiente de tensión y de presiones se acentuaría, y ello se hizo evidente con el anuncio saudita del 3 de julio. Como ya mencioné, las agencias noticiosas escandalizaron a placer con la noticia, provocando la también citada caída de los precios en más de dos dólares por barril. Luego de la sorpresa inicial se produjeron declaraciones de representantes de los demás países de la OPEP y de la propia Arabia Saudita matizando el sentido de su anuncio. Los días comenzaron a pasar y, después del bajón inicial, los precios del WTI volvieron a alcanzar cumbres cercanas a los 32 dólares (31,94$/bl el 18 de julio)... debido a la falta de noticias que confirmaran el anuncio inicial.

Sin embargo, el tira y encoge prosiguió, y así, el 19 de julio se conocieron informes de "fuentes serias" (según las agencias noticiosas especializadas) de que Arabia Saudita había comenzado a "dejar colar" unos 250 mil barriles diarios hacia los mercados asiáticos... Los precios volvieron a retroceder, llevando al WTI a un piso de 27,4 dólares para el 31 de julio.

Pero en pocos días, en medio de informaciones contradictorias, la ratificación de compromisos adquiridos y otras aclaratorias, la falta de evidencias concretas sobre tales incrementos dramáticos de la oferta, desvaneció el impacto inicial de esa sedicente "noticia" atribuida como siempre a "fuentes generalmente bien informadas": los precios recuperaron su curso ascendente, estimulados por la fortaleza de la demanda y el bajo nivel de los inventarios, sorpresivamente registrado por el inefable American Petroleum Institute. Así, durante la primera semana de agosto los precios del crudo WTI volvieron a las cercanías de los 30 dólares el barril. Cabe resaltar, además, una circunstancia que pretenden olvidar quienes apuestan a la disolución de la OPEP: los precios del crudo se encuentran ubicados, desde el 19 de julio, dentro de los límites de la banda establecida por esa Organización.

Esta evolución contradictoria, de vueltas y revueltas, hace cundir el desconcierto entre los pronosticadores maniqueos, incapaces de discernir entre los diversos tonos del gris. A mi manera de ver y tal como he referido recientemente, ("Balance OPEP: Antes y después del 28 de marzo", Venezuela Analítica, mayo de 2000 y "Cuarenta años de discusiones sobre la OPEP y Venezuela", Venezuela Analítica, junio de 2000), es necesario tomar en cuenta que se trata de un mercado sometido a una conflictiva composición de fuerzas, en la cual predominan los grandes poderes internacionales: los estados más poderosos del planeta -principales y desproporcionados consumidores de los hidrocarburos- y sus corporaciones transnacionales, las cuales controlan los principales mercados y canales de comercialización. Por su parte, la OPEP, cuyos miembros son depositarios de las mayores reservas y capacidades de producción, ejerce una limitada capacidad de maniobra que le permite defender, también limitadamente, los intereses de esas naciones. Las tensiones, las presiones y conflictos de intereses se multiplican y entrechocan, obligando a los miembros de esa Organización a moverse con celeridad, astucia y delicadeza para no ser aplastados por los bloques de poder que quieren imponer el rumbo más adecuado a sus intereses.

Sólo entendiendo la complejidad de estas circunstancias podemos ser certeros al evaluar las potencialidades y debilidades de esa Organización y su capacidad como instrumento colectivo, de unión de débiles frente a poderosos, para permitir, que cada uno de sus miembros reivindique una porción más justa en el inequitativo reparto -dispuesto por los grandes estados consumidores y las corporaciones transnacionales del ramo- de la fabulosa renta petrolera que se genera internacionalmente.

Pues bien, esa percepción de la complejidad es inexistente –¿o es deliberadamente ignorada?- entre los anteriores dirigentes de la política petrolera venezolana. Así por ejemplo, para el momento de la declaración saudita del 3 de julio y, como siempre, aprovechando para intrigar sobre los compromisos de Venezuela en el seno de la OPEP, al presentarnos como un país de tontos útiles al servicio de gobiernos enemigos de nuestros principales clientes, amén de feroces competidores, se levantó un coro de informaciones interesadas, propaladas por los voceros de ciertos sectores empresariales privados, nacionales e internacionales, sobre la pérdida de posiciones en el mercado que generaban los recortes de la producción; el lamentable desplazamiento de nuestro petróleo por crudos más costosos, y toda la gama de argumentos que constituyeron "la verdad petrolera" cuyo predominio, entre 1990 y 1998, contribuyó a llevar el precio de la cesta venezolana de crudos y productos hasta los 8 dólares el barril en febrero de 1999.

Con todo eso se pretendía hacer olvidar la pequeñez de que esos recortes habían permitido triplicar los precios de la referida cesta en menos de año y medio para entonces. Y de que no se trata de un simple dilema entre volúmenes y precios, sino de que, entre otras cosas, ¡válgame Dios, Pero Grullo!, hay que hacer la multiplicación de los volúmenes por los precios en cada una de las alternativas, para poder evaluar cuál es la que genera más ingresos. Pero la obnubilación que produce el interés particular de esos sectores empresariales, encandilados por los beneficios a corto plazo que les puede generar el incremento de las operaciones de producción, les hace ser ciegos y sordos ante cualquier razonamiento basado en el interés general de la Nación venezolana.

Tal es la única explicación que encuentro a la posición de los fracasados dirigentes petroleros de las décadas pasadas, quienes montaron su fiesta por la casi segura desaparición de la OPEP, el fin de la política de defensa de los precios y la reivindicación de sus visiones expansivas a todo trance. Aprovecharon para ello un foro previamente organizado por la Cámara Petrolera en FEDECAMARAS, en el cual intentaron demostrar, una vez más, que para "aprovechar al máximo nuestra inmensa base de recursos" Venezuela debe lanzarse a un agresivo programa de inversiones, porque el nuestro es el país con las mayores reservas entre los miembros de la OPEP y en consecuencia, como es obvio, deberíamos reclamar una mayor participación en el mercado; de no ser satisfecha esa exigencia, deberíamos separarnos de esa incómoda asociación "y sanseacabó", como dijera alguna vez uno de los más ilustres proponentes de estas "decisiones soberanas". Todo ello, adobado además con sus audaces denuncias (y en el caso de algunos ex-gerentes, verdaderas profecías autocumplidas) sobre la incapacidad que PDVSA para satisfacer las continuas exigencias del mercado, debido a que la política de recortes había dañado su potencial productivo. Desde luego, no podía faltar allí la renovación de las propuestas para "desestatizar al Estado" y otros latiguillos del folklore aperturista y privatizador.

En fin, y a mi manera de ver, se trata, por un lado, de escupir al cielo, al bombardear a la asociación que ha permitido la maximización de nuestro ingreso petrolero, y por el otro, de seguir utilizando el recurso falaz y comprobadamente fracasado de contar los pollos antes de nacer, incorporando a la contabilidad de nuestras reservas probadas, hasta duplicarlas, unas supuestas reservas de crudos extrapesados, cuya determinación es toda una exquisitez de la ciencia ficción, al punto de que, a las tasas actuales de producción de Orimulsión, esas reservas nos durarán unos 3 mil años.

Debo reconocer, sin embargo, que lo de la "inmensa base de recursos" es la más popular de las falacias, porque es aquella que estimula la fantasía y la ambición de los crédulos, haciéndolos soñar con los grandes negocios, el empleo masivo y las grandes riquezas que se derramarían sobre este país si se adoptan las políticas expansivas de la producción petrolera. Esa creencia es la que lleva a muchos a lamentarse por "la pérdida de nuestras posiciones en el mercado petrolero norteamericano, donde dejamos de ser el primer proveedor y ahora somos el tercero o el cuarto", como si se tratara de un asunto de "ranking", de alcanzar posiciones en el "All Star" para ufanarnos de ellas y de que queden registradas en los libros de récords, y no de la maximización de nuestros ingresos petroleros de la manera más eficiente posible.

Para mí es increíble, pero parece infinita la capacidad de olvido de algunos, cuando todavía padecemos los desastrosos resultados de las políticas expansivas, aplicadas sin mesura durante la década pasada. Vale la pena pues, traer a la memoria algunas cifras y gráficos sobre estos temas, elaborados en oportunidades anteriores, pero que a mi entender no han perdido vigencia, dada la contumacia expansionista:



Diálogo de sordos


Carlos Mendoza Pottellá

Martes, 2 de enero de 2001

Hace un mes –17 al 19 de noviembre- se realizó en Riad el Séptimo Foro Internacional de la Energía. Estos foros han sido promocionados, desde el primero de ellos, como “Diálogos entre Productores y Consumidores”.
En esta oportunidad, y teniendo en cuenta que hoy en día están mucho más claros para todos los concurrentes al mercado petrolero cuáles son los factores determinantes de la evolución del mismo, todo parecía indicar que sería un evento más trascendente que sus ediciones anteriores. Las expectativas parecieron confirmarse por la organización previa, el número de países (50) y agencias internacionales participantes, así como por los materiales repartidos, que incluían visiones, pronósticos y propuestas de la OPEP, de la Agencia Internacional de Energía y ponencias de tres destacados analistas internacionales. Sin embargo, la profunda discusión que se pronosticaba nunca sucedió.
En medio del bosque de estadísticas, escenarios y consideraciones sobre la morfología, estructura y conducta del mercado, elasticidades e inelasticidades de la oferta y la demanda, relaciones entre energía y ambiente, el impacto de las nuevas tecnologías y otros tópicos de parecida entidad, los representantes de los mayores países consumidores simplemente expusieron sus exigencias de mayores volúmenes y menores precios y a ello respondieron los países productores denunciando el impacto de los impuestos de los propios países consumidores en la composición del precio del producto final y la minoritaria significación que en el mismo tiene el precio del crudo.
Después de unos primeros escarceos diplomáticos sobre la necesidad de encontrar un terreno común, de arbitrar medios de concertación, incluso habiendo reconocido los extraordinarios esfuerzos realizados por la OPEP en el transcurso de este año y la pertinencia y conveniencia para todos los actores de la banda de precios propuesta por esa Organización, aparecieron las exposiciones que cargaban la responsabilidad de los altos precios del petróleo del lado de los productores.
Así por ejemplo, la Sra. Helen Liddell, Ministra de Energía del Reino Unido, país donde los impuestos constituyen mas del 80 por ciento del precio final de los derivados petroleros, expresó abiertamente su muy directa y particular concepción de lo que significa estabilidad del mercado: precios más bajos, para lo cual requiere que la oferta sea siempre mayor que la demanda:
"Es importante que el compromiso de la OPEP de continuar incrementando sus cuotas de producción, si los precios permanecen altos, sea cumplido para poder restablecer la confianza en el mercado petrolero, nosotros ahora necesitamos ver un período de más bajos y más estables precios”.
(Subrayado nuestro) En una clara demostración de lo que es tener un cristal imperial para ver las cosas, atribuyó las protestas que se produjeron a mediados de año en Europa contra los altos impuestos al consumo en los derivados petroleros, a los altos precios del petróleo “... en Europa, los altos precios del petróleo dispararon protestas masivas contra los altos precios de la gasolina”.

La respuesta fue contundente por parte de los delegados de los países de la OPEP, quienes destacaron la profunda hipocresía e inequidad de estas “teorías”. Aunque fueron muchos los argumentos, sobre todo los muy equilibrados y sesudos del Dr. Rilwanu Lukman, Secretario General de esa Organización, quiero destacar la grafica expresión del Ministro Kuwaití, Jeque Saud Nasir Al-Saud Al-Sabah: “Muy bien, nosotros les regalamos el petróleo, pero Uds. nos entregan la mitad de los impuestos”.

El Dr. Chakib Khelil, Ministro de Energía y Minas de Argelia, hizo una pertinente observación respecto a una afirmación que fue repetida insistentemente por varios oradores: “la inestabilidad del mercado afecta por igual a productores y consumidores”, al puntualizar que los consumidores necesitan la estabilidad de los precios para mantener la continuidad y coherencia de su evolución económica, pero, como quedó demostrado con el inmenso impacto sobre las economías de los países miembros de la OPEP que tuvo el colapso de precios de 1986, “es justo decir que el costo de la inestabilidad del mercado no impacta con la misma intensidad en el bienestar de cada grupo de países”.

El Secretario de Energía de los Estados Unidos, Bill Richardson, trató de ser más equilibrado, “10 dólares el barril es demasiado bajo y treinta dólares es demasiado alto”... “para los Estados Unidos el precio ideal está entre 20 y 25 dólares”. Luego se remitió al optimismo de unas expectativas de crecimiento muy grande de la demanda, encabezados por su país y China, lo cual haría necesario incrementar la oferta de los países de la OPEP y de otros nuevos productores, como Kazajastán y el Occidente de Afrecha, muy por encima de los niveles actuales, si se considera también la declinación de las producciones del Mar del Norte y de los propios Estados Unidos. Según sus estimaciones, la demanda mundial de petróleo se duplicara en los próximos treinta años: la preocupación no será a quién venderle, sino dónde estarán los barriles para suplir esa demanda.

En su intervención, el Ministro de Energía y Minas venezolano, Dr. Alí Rodríguez Araque, destacó aspectos que no habían sido suficientemente considerados y que demuestran que los altos precios actuales no son el resultado del balance oferta-demanda. En primer lugar, señaló que la demanda de crudo está más que cubierta y que el suministro la supera en aproximadamente 1,4 millones de barriles diarios. Mencionó también los factores que a su entender generaron el alza de los precios: La caída de la capacidad de refinación de los Estados Unidos, que produjo un cuello de botella en el suministro de productos y restringe mercados a los productores. El incremento de los costos de transporte por la obsolescencia de casi el 40% de la flota mundial de tanqueros, lo cual generó otro cuello de botella. El sostenido incremento de los impuestos al consumo, que han llegado a representar, en promedio, el 60% del precio final de la gasolina en los países de la OECD. La especulación en los mercados “virtuales”, a futuro, en donde se negocian “papeles” hasta por 150 millones de barriles diarios, es decir, el doble de la demanda física real. En su exposición del Ministro Rodríguez sustentó también lo expresado en otras oportunidades respecto a los peligros de un violento colapso de los precios en el primer trimestre del próximo año, debido a que la OPEP esta suministrando al mercado 1,4 millones de barriles diarios más de los que requiere la demanda efectiva actual y, pasados los posible picos de la demanda que se podrían producir en este invierno, en el primer trimestre del próximo de año la sobreoferta sería aun mayor y ello podría provocar el referido colapso.

Pues bien, no hubo necesidad de llegar al próximo año: ya se produjo la rápida caída esperada. Comenzaron a aparecer los inventarios ocultos –los llamados inventarios secundarios y terciarios- mantenidos por grandes consumidores particulares y no registrados como tales. Las “temperaturas de otoño” que prevalecen en este comienzo del invierno norteamericano, han llevado a estos consumidores a deshacerse de sus previsoras existencias de productos y a volcarlas sobre un mercado sin compradores. El efecto ha sido inmediato y no ha podido ser detenido ni siquiera por la salida del mercado de los crudos irakíes. Ya se anuncia el necesario recorte que tendrá que aplicar la OPEP, el frenazo requerido para que el aterrizaje de los precios sea suave y nos sea leve.

Esta es una impactante demostración del duro juego de los consumidores, quienes pretendían presentarse en este Foro Internacional como palomitas víctimas del “cartel” de los productores, para obtener suministros adicionales cuando ya para entonces era evidente el exceso que existía en el mercado.

Para nosotros queda clara, una vez más, la reiterada enseñanza de que a estos foros no se viene a defender posiciones académicamente justas y equilibradas, ni verdades científicas, sino a pujar por los particulares intereses de los países según su posición en cada polo del mercado y, también, aunque en estos tiempos con mucha discreción, el interés de las corporaciones empresariales más poderosas.

A propósito de dichas corporaciones, aunque el papel de las mismas en la determinación y aprovechamiento de los vaivenes del precio del petróleo no fue mencionado directamente, es bueno destacar también que este Foro fue realizado parcialmente bajo los auspicios de ocho de las mayores corporaciones transnacionales, principales beneficiarias de los altos precios –tal como se ha visto en los resultados corporativos de los últimos dos años- pero que también están interesadas en mayores niveles de producción a cualquier precio, porque la lógica de sus negocios a largo plazo las hace preferir el escenario de bajos precios, el cual permitiría alargar el período de sustitución del petróleo por otras fuentes energéticas. Además, mas producción significa mayor ocupación de sus capacidades operativas, mayores inversiones y mayores costos para los productores estatales, lo cual se traduce siempre en mayores ingresos de las empresas que realizan las operaciones. Y si además obtienen el crudo a bajos precios, el rendimiento unitario de esas inversiones se maximizará. Cabría concluir, respecto a estas corporaciones y las discusiones entre países productores y países consumidores, con el dicho venezolano que sostiene que “en río revuelto, ganancia de pescadores”.

(*) El autor es Embajador de Venezuela en Arabia Saudita

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Faluya, la lógica del Imperio y la hipocresía internacional


Carlos Mendoza Pottellá
09/04/04

Saddam Hussein era un peligro inminente con sus armas de destrucción masiva, por eso, Estados Unidos tiene la justificación suficiente para masacrar al pueblo irakí e imponerle un gobierno títere que “administre” las relaciones entre sus yacimientos petroleros y Exxon-Mobil, Chevron-Texaco, Halliburton y BP.
El mundo asiste impávido a la matanza de Faluya, con una indignante muestra de la moral de doble rasero: mientras se condena universalmente el indefendible terrorismo de los desesperados, de los eternos derrotados, víctimas de incontables injusticias y pasto fácil para el fanatismo y el extremismo, que los lleva a quemar, arrastrar y colgar los cadáveres de cuatro civiles americanos, nadie dice nada ante los centenares de civiles muertos en la aplastante operación de venganza que conduce el ejército invasor.
Desde luego que se trata de una espinosa y comprometedora reflexión: Se camina sobre el filo de la navaja, al comparar un terrorismo con otro y dar lugar a que se piense en alguna forma de justificación para cualquiera de ellos, dependiendo del bando en que nos coloquemos. Por eso hay que ser claros: No existen causas ni fe alguna que puedan justificar la muerte de 200 civiles inocentes en Madrid o de 3.000 en las Torres Gemelas de Nueva York.
Pero no puede ser menos indignante la injustificada masacre de un pueblo entero por unas fuerzas invasoras, que ejercen su desproporcionado poder de fuego, en nombre de una “acción preventiva” por imperativos de seguridad nacional. Peor aún, cuando esas amenazas a su seguridad nacional se han revelado inexistentes y sólo queda, monda y lironda, con el mayor de los cinismos, la voluntad de apropiarse de los recursos petroleros de ese país.
Y es aquí donde salta la liebre de la hipocresía de algunos países no comprometidos con la invasión y que la condenaron inicialmente. A menos que expresen abiertamente su condena a los trágicos acontecimientos que están martirizando a Irak en estos días, su silencio podrá ser vinculado, sin atenuantes, a las negociaciones con las fuerzas de ocupación para que les sean reconocidas sus previas y respectivas participaciones en el reparto de la torta petrolera irakí.
Esas negociaciones tuvieron un difícil comienzo, a partir de la expresada voluntad imperial de que en la “reconstrucción” de Irak sólo participarían compañías procedentes de los países integrantes de la coalición invasora, pero actualmente se mueven sobre los rieles de la aceptación de los hechos cumplidos, matizada apenas por delicadas e inocuas reconvenciones al agresor, ahora socio mayoritario.
La “siembra del petróleo”:
Un reto perenne

Carlos Mendoza Pottellá - 2007

Durante más de un siglo el petróleo ha constituido el corazón del “sector externo de la economía venezolana”. Con ello se hace referencia, por un lado, a la circunstancia de que la industria petrolera se implantó en nuestro país bajo el impulso y férreo control del gran capital petrolero anglo-norteamericano; pero sobre todo, a su carácter de enclave, de factoría colonial, generadora de inmensos recursos originados en la exportación de casi toda su producción, sin conexiones estructurales con el resto de los sectores económicos del país.
Las negativas consecuencias de esas circunstancias han sido motivo de intensa discusión y análisis desde la segunda década del Siglo XX, cuando nuestro primer economista, Alberto Adriani las caracterizó y determinó la necesidad de utilizar los recursos provenientes de las exportaciones petroleras en el desarrollo de los sectores productivos internos, de manera fundamental la agricultura y la industria, constituyentes para él del núcleo de lo que debería ser una economía generadora permanente de riquezas, en oposición al carácter temporal de toda economía minera y, en particular, de la economía petrolera. Esto luego se convirtió en la conocida consigna de “sembrar el petróleo”.
La historia venezolana del siglo pasado puede eslabonarse con los reiterados, siempre truncos y fallidos intentos de hacer realidad esa consigna. Juan Pablo Pérez Alfonzo caracterizó ese fracaso como “la imposible siembra”, aludiendo entre otras cosas a la disposición inconsciente de recursos petroleros que desbordaban la capacidad de absorción del aparato económico nacional.
Los economistas noruegos analizaron ese infructuoso proceso de la economía venezolana, etiquetándolo como “efecto Venezuela” y, tomándolo como referencia negativa, de lo que no debe hacerse, formularon una exitosa política de contención de los efectos perversos que podrían generar sus propios ingresos petroleros, centrada en el establecimiento de un fondo de estabilización macroeconómica, el cual se ha convertido hoy en un ahorro transgeneracional que monta a varios centenares de millardos de dólares, para una población que apenas supera los 4 millones de habitantes.
Mientras tanto, entre nosotros y a pesar de las advertencias de Adriani, la industria petrolera continúa siendo el “sector externo” de la economía nacional, generador de una inmensa capacidad de importación y barrera infranqueable para el desarrollo de una industria y agricultura autónomas y autosostenidas.
Por todo lo anterior la siembra del petróleo es un reto que los venezolanos tenemos pendiente. Y es por ello que el actual gobierno formula su política energética bajo la advocación de esa consigna y la presenta dentro de su “Plan Siembra Petrolera 2005-2012”. En el mismo se establecen los objetivos de la política energética venezolana, como componentes básicos de la planificación nacional, y se formulan estrategias políticas, económicas, sociales, territoriales e internacionales.
De manera particular nos interesa destacar el aspecto internacional de esa política, en el cual se postula como objetivo el fortalecimiento de la soberanía nacional y la promoción de un mundo multipolar. En cumplimiento de tal orientación es que se han dado pasos hacia la diversificación de los mercados petroleros y de las fuentes de financiamiento y tecnologías, promoviendo la participación de empresas de diverso origen geográfico en el desarrollo de los nuevos proyectos petrolíferos y gasíferos nacionales.
En ese contexto, el Ministerio de Energía y Petróleo establece los siguientes lineamientos de carácter internacional:
Alineamiento con la OPEP en la defensa de los precios y reorientación de la estrategia internacional.
En cuanto al primero de esos lineamientos, es público y notorio el compromiso del Gobierno venezolano con la política de defensa de los precios, al punto de mantener, en el seno de la OPEP, la más fuerte posición hacia los recortes de la producción y el constante monitoreo de los fundamentos y tendencias del mercado que puedan afectar a los precios. Ello ha significado el fin de la política de expansionismo petrolero a ultranza y el restablecimiento del respeto a los compromisos internacionales adquiridos en el seno de la OPEP y la coordinación con otros países productores interesados también en defender los precios de sus crudos.
El segundo de esos lineamientos se refiere a la condena y denuncia de las políticas “aperturistas” impuestas en la década de los 90 del siglo pasado, las cuales comportaron un retroceso en las medidas de defensa de la participación nacional, dentro de las asociaciones con el capital petrolero internacional, que se habían forjado trabajosamente por décadas, desde 1920 hasta 1975.
En este sentido, el gobierno nacional ha modificado los términos de diversos convenios, contratos y asociaciones con corporaciones petroleras internacionales, en los cuales se establecían condiciones negativas para el interés nacional. Por ejemplo, se ha restituido el porcentaje de la regalía petrolera, que en algunos casos se llevó hasta un 1%. Ahora, no sólo se ha llegado al nivel tradicional de 16,67%, sino que se ha unificado, para todo emprendimiento petrolero, un “impuesto de extracción”, que incluye la regalía, de 33,3%. La Nación venezolana rescata para sí un tercio de su petróleo, como derecho soberano, al negociar la extracción de ese petróleo con una corporación extranjera, la cual, además, debe cancelar el impuesto sobre la renta a que haya lugar dados los beneficios obtenidos por sus operaciones en el país.
Lo anterior se refiere a las relaciones que Venezuela establecerá con las empresas internacionales que deseen participar en el negocio petrolero venezolano. Pero un aspecto determinante del cambio de la estrategia internacional se refiere a los mercados hacia los cuales nuestra industria se orientará prioritariamente. Ello queda reflejado en los siguientes lineamientos:
• Asegurar suministros para el crecimiento de la demanda de petróleo en la Cuenca del Atlántico y otros mercados del Caribe y Suramérica
• Desarrollar integralmente la Faja del Orinoco, alineado con el desarrollo de gas no asociado, ambos con posibilidades de exportaciones a mercados no tradicionales en el contexto geopolítico internacional.
En estas disposiciones se inscriben los acuerdos firmados con países del Caribe insular que condujeron al establecimiento de Petrocaribe, el desarrollo del gasoducto colombo-venezolano con perspectivas de su extensión hacia países centroamericanos y el proyecto de interconexión gasífera hacia el sur, con participación de los países del MERCOSUR y Bolivia.
Se trata de una visión geopolítica de nuestras relaciones energéticas internacionales opuesta al entreguismo e intensificación de la dependencia de los centros del poder petrolero transnacional.
Una política energética y petrolera que promueve la diversificación de los mercados y fuentes de inversión y tecnología, que coadyuva a la multipolaridad y a la integración latinoamericana. Una política de “internacionalización”, centrada en el interés nacional, que se convierte en medio para el afianzamiento de la soberanía nacional en el ámbito energético y político internacional, antítesis de la internacionalización perversa, de exportación de beneficios e importación de costos, impulsada en las dos últimas décadas del siglo pasado.
El contexto político en el cual se inscribe esta nueva visión es lo que nos ha permitido afirmar, en un artículo anterior , que hoy más que nunca están vigentes los postulados del nacionalismo petrolero, entendiendo como tales a aquellos principios que inspiraron la lucha de varias generaciones de venezolanos, entre 1920 y 1975, por maximizar la participación nacional en los beneficios de la liquidación de su principal riqueza.
Tales postulados han sido frecuentemente tildados de “rentistas” por quienes no paran mientes en el hecho de que esa “renta” se genera a partir de la liquidación de un recurso nacional de propiedad colectiva, pero sus niveles se establecen en los mercados internacionales a través de un complicado proceso de especulación y manipulación de una oferta limitada y concentrada geográfica y corporativamente, frente a una demanda generalizada y creciente.
Esa renta es inmensa y en su reparto las corporaciones internacionales, los especuladores y los gobiernos de los principales países consumidores se llevan la parte del león. La disposición de los países productores de agruparse para defender sus intereses en ese reparto, en la OPEP y fuera de ella, es cínicamente condenada como práctica cartelizada, violatoria de las normas de la “libre competencia”, por los voceros y medios interesados de los mencionados grandes grupos de protagonistas, monopolistas y monopsonistas petroleros.
Nada sorprendente, desde luego, en un mundo donde se imponen por la fuerza de las armas, y no precisamente convencionales, los intereses económicos de los países poderosos y sus corporaciones transnacionales. Tampoco es insólito que las visiones geopolíticas que respaldan el inequitativo reparto de las riquezas del mundo, tanto geográficamente como en el seno de cada uno de los países, cuenten con fanáticos adherentes en naciones como la nuestra, donde proliferan las modernas teorías neoliberales y globalizadoras, en nombre de las cuales se promueven escenarios que privilegian la expansión de la producción petrolera y se condenan las políticas de maximización de la participación nacional en una renta que se genera independientemente de la voluntad nacional. Una renta que está allí y que si se renuncia a ella irá a parar a las manos de terceros, los muy modernos y gigantes protagonistas del mercado petrolero.
De tal suerte, estamos obligados a dedicar tiempo y esfuerzo para explicar la pertinencia y vigencia del nacionalismo petrolero, casi como quien explica su adicción al opio o a cualquier otra droga. Y precisamente por esto, es muy difícil convencer a los asépticos y modernos adalides de los escenarios “productivos”. Por eso mismo también, es ineludible el combate contra las matrices de opinión y la madeja de lugares comunes y medias verdades que constituyen el núcleo central de esa ideología antinacional. La principal de esas falacias es, precisamente, aquella que sostiene que la reivindicación del interés nacional es una posición “rentista”, endilgándole al nacionalismo las culpas de la pésima utilización de la renta petrolera que se ha hecho en nuestro país durante décadas. Cuando lo cierto es todo lo contrario.
Porque fueron los promotores de los escenarios “productores” quienes, en nombre de la siembra del petróleo en el petróleo, organizaron la ruinosa compra de refinerías en el exterior conocida con el eufemismo de “internacionalización”, quienes impulsaron la apertura bajo el esquema de “ganancias compartidas”, el “outsourcing”, las asociaciones estratégicas y los convenios operativos, todos caminos y atajos hacia la necesaria privatización que nos libraría del “rentismo” y nos convertiría en “accionistas de una empresa productiva de primer rango mundial”.
La aplicación de esa política produjo, entre 1976 y 2002, una inmensa caída de la participación fiscal petrolera total. Esa participación, vista por los gerentes públicos de mentalidad privatista como “participación del gobierno” no es otra cosa más que la expresión financiera de la participación de la Nación venezolana en los resultados de la liquidación de su principal recurso natura.
Esa política nos ha conducido, simultáneamente, a la absurda circunstancia de que más de la mitad de los costos operativos de PDVSA esté constituida, todavía hoy, por los costos de adquisición de crudo y productos no venezolanos para alimentar nuestro inviable sistema de refinación en el exterior. Lo anterior fue lo que llevó al Comisario Interno de PDVSA, Rafael Darío Ramírez, en sus informes correspondientes a los años 2000 y 2001, a caracterizar este proceso como “Importación de costos y exportación de beneficios”.
Esos “escenarios productores” del enclave gerencial antiestatal condujeron a PDVSA a la violación de la cuota OPEP entre 1997 y 1998 en casi un millón de barriles diarios, convirtiendo a Venezuela en uno de los principales factores de la caída de los precios del crudo venezolano en ese último año, por debajo de los seis dólares el barril, en medio de una eufórica ceguera que los llevó a afirmar que “PDVSA compensaría la caída de los precios con… ¡¡¡más producción!!!”.
En conclusión, la defensa de la justa participación nacional en los extraordinarios ingresos financieros generados por la extracción e industrialización del petróleo venezolano no puede ser calificada de rentista. Ello constituye una evaluación simplista del hecho de que la Nación es soberana sobre sus recursos de hidrocarburos y, por tanto, propietaria de la renta que su liquidación genera, manipulando esa circunstancia para facilitar la expropiación de esa renta por parte de los grandes capitales petroleros internacionales y sus socios nativos.
Otra cosa, bien distinta, sobre la que es pertinente llamar la atención con ánimo crítico, es la imperiosa necesidad de una acertada disposición de esos recursos para evitar las distorsiones macroeconómicas que han generado en una economía como la nuestra, sin capacidad para asimilarlos productivamente. Esta es una tarea de grandes proporciones, para cuya realización se requiere del diseño de políticas económicas y sociales de largo aliento, de gran profundidad, audacia y severidad.
Y es en este aspecto de la política económica que se está ejecutando, donde si encontramos elementos preocupantes.
De manera particular, y a pesar de compartir plenamente su énfasis en lo social, es inevitable mencionar el desbordado gasto fiscal, extra presupuestario, desordenado y no planificado, cuyos resultados, más allá de su carácter paliativo de grandes necesidades de los sectores más empobrecidos de la población, han sido el incremento masivo de las importaciones (con el consecuente desestímulo a la producción nacional), el crecimiento desbordado de la liquidez en manos del público, el crecimiento de la deuda pública y el fortalecimiento de las presiones inflacionarias.
Lamentablemente, esta es historia antigua, es el “efecto Venezuela” o la socorrida “enfermedad holandesa” que secularmente nos ha conducido a hacer imposible la siembra del petróleo. Mientras no logremos disciplinar el uso de los recursos externos que nos procuran los hidrocarburos, mientras no logremos su inversión en el fomento de una economía que no requiera del constante flujo del subsidio petrolero, se mantendrá la imposibilidad de sembrar el petróleo a la que hacía referencia Pérez Alfonzo.
En igual sentido crítico debemos llamar la atención sobre algunas metas de marcado acento desarrollista del Plan Siembra Petrolera, tales como las magnitudes previstas del Proyecto CIGMA (Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho) que proyectan una demanda de recursos humanos, tecnológicos y materiales inexistentes en el país y comportan un impacto negativo considerable sobre una región casi virgen del territorio nacional, o como la meta de llevar la producción de crudo a más de 5 millones 800 mil barriles diarios en 2012, lo cual, amén de ser una reproducción al detalle de los escenarios “productores”, es abiertamente contradictorio con la formulación del propio plan de mantener el alineamiento con la OPEP. La meta mencionada implicaría la conquista por parte de Venezuela de una mayor porción del mercado, en detrimento de otros productores y en particular de sus socios en la OPEP, Organización cuyos fines defensivos resultarían boicoteados con tal nivel de producción.
A pesar de estos últimos señalamientos críticos, no podemos menos que ratificar lo señalado al principio en cuanto al positivo cambio de rumbo estratégico de la política energética y petrolera venezolana. En cualquier caso, todo lo que deba corregirse, adecuarse a la realidad o racionalizarse, deberá hacerse dentro de los marcos de una clara percepción de cuáles son los auténticos intereses de la Nación venezolana. De esa Nación eterna que no concluye, ni se limita a los actuales habitantes del territorio venezolano.
Caracas, 25 de abril de 2007