jueves, 31 de diciembre de 2009

La “siembra del petróleo”:
Un reto perenne

Carlos Mendoza Pottellá - 2007

Durante más de un siglo el petróleo ha constituido el corazón del “sector externo de la economía venezolana”. Con ello se hace referencia, por un lado, a la circunstancia de que la industria petrolera se implantó en nuestro país bajo el impulso y férreo control del gran capital petrolero anglo-norteamericano; pero sobre todo, a su carácter de enclave, de factoría colonial, generadora de inmensos recursos originados en la exportación de casi toda su producción, sin conexiones estructurales con el resto de los sectores económicos del país.
Las negativas consecuencias de esas circunstancias han sido motivo de intensa discusión y análisis desde la segunda década del Siglo XX, cuando nuestro primer economista, Alberto Adriani las caracterizó y determinó la necesidad de utilizar los recursos provenientes de las exportaciones petroleras en el desarrollo de los sectores productivos internos, de manera fundamental la agricultura y la industria, constituyentes para él del núcleo de lo que debería ser una economía generadora permanente de riquezas, en oposición al carácter temporal de toda economía minera y, en particular, de la economía petrolera. Esto luego se convirtió en la conocida consigna de “sembrar el petróleo”.
La historia venezolana del siglo pasado puede eslabonarse con los reiterados, siempre truncos y fallidos intentos de hacer realidad esa consigna. Juan Pablo Pérez Alfonzo caracterizó ese fracaso como “la imposible siembra”, aludiendo entre otras cosas a la disposición inconsciente de recursos petroleros que desbordaban la capacidad de absorción del aparato económico nacional.
Los economistas noruegos analizaron ese infructuoso proceso de la economía venezolana, etiquetándolo como “efecto Venezuela” y, tomándolo como referencia negativa, de lo que no debe hacerse, formularon una exitosa política de contención de los efectos perversos que podrían generar sus propios ingresos petroleros, centrada en el establecimiento de un fondo de estabilización macroeconómica, el cual se ha convertido hoy en un ahorro transgeneracional que monta a varios centenares de millardos de dólares, para una población que apenas supera los 4 millones de habitantes.
Mientras tanto, entre nosotros y a pesar de las advertencias de Adriani, la industria petrolera continúa siendo el “sector externo” de la economía nacional, generador de una inmensa capacidad de importación y barrera infranqueable para el desarrollo de una industria y agricultura autónomas y autosostenidas.
Por todo lo anterior la siembra del petróleo es un reto que los venezolanos tenemos pendiente. Y es por ello que el actual gobierno formula su política energética bajo la advocación de esa consigna y la presenta dentro de su “Plan Siembra Petrolera 2005-2012”. En el mismo se establecen los objetivos de la política energética venezolana, como componentes básicos de la planificación nacional, y se formulan estrategias políticas, económicas, sociales, territoriales e internacionales.
De manera particular nos interesa destacar el aspecto internacional de esa política, en el cual se postula como objetivo el fortalecimiento de la soberanía nacional y la promoción de un mundo multipolar. En cumplimiento de tal orientación es que se han dado pasos hacia la diversificación de los mercados petroleros y de las fuentes de financiamiento y tecnologías, promoviendo la participación de empresas de diverso origen geográfico en el desarrollo de los nuevos proyectos petrolíferos y gasíferos nacionales.
En ese contexto, el Ministerio de Energía y Petróleo establece los siguientes lineamientos de carácter internacional:
Alineamiento con la OPEP en la defensa de los precios y reorientación de la estrategia internacional.
En cuanto al primero de esos lineamientos, es público y notorio el compromiso del Gobierno venezolano con la política de defensa de los precios, al punto de mantener, en el seno de la OPEP, la más fuerte posición hacia los recortes de la producción y el constante monitoreo de los fundamentos y tendencias del mercado que puedan afectar a los precios. Ello ha significado el fin de la política de expansionismo petrolero a ultranza y el restablecimiento del respeto a los compromisos internacionales adquiridos en el seno de la OPEP y la coordinación con otros países productores interesados también en defender los precios de sus crudos.
El segundo de esos lineamientos se refiere a la condena y denuncia de las políticas “aperturistas” impuestas en la década de los 90 del siglo pasado, las cuales comportaron un retroceso en las medidas de defensa de la participación nacional, dentro de las asociaciones con el capital petrolero internacional, que se habían forjado trabajosamente por décadas, desde 1920 hasta 1975.
En este sentido, el gobierno nacional ha modificado los términos de diversos convenios, contratos y asociaciones con corporaciones petroleras internacionales, en los cuales se establecían condiciones negativas para el interés nacional. Por ejemplo, se ha restituido el porcentaje de la regalía petrolera, que en algunos casos se llevó hasta un 1%. Ahora, no sólo se ha llegado al nivel tradicional de 16,67%, sino que se ha unificado, para todo emprendimiento petrolero, un “impuesto de extracción”, que incluye la regalía, de 33,3%. La Nación venezolana rescata para sí un tercio de su petróleo, como derecho soberano, al negociar la extracción de ese petróleo con una corporación extranjera, la cual, además, debe cancelar el impuesto sobre la renta a que haya lugar dados los beneficios obtenidos por sus operaciones en el país.
Lo anterior se refiere a las relaciones que Venezuela establecerá con las empresas internacionales que deseen participar en el negocio petrolero venezolano. Pero un aspecto determinante del cambio de la estrategia internacional se refiere a los mercados hacia los cuales nuestra industria se orientará prioritariamente. Ello queda reflejado en los siguientes lineamientos:
• Asegurar suministros para el crecimiento de la demanda de petróleo en la Cuenca del Atlántico y otros mercados del Caribe y Suramérica
• Desarrollar integralmente la Faja del Orinoco, alineado con el desarrollo de gas no asociado, ambos con posibilidades de exportaciones a mercados no tradicionales en el contexto geopolítico internacional.
En estas disposiciones se inscriben los acuerdos firmados con países del Caribe insular que condujeron al establecimiento de Petrocaribe, el desarrollo del gasoducto colombo-venezolano con perspectivas de su extensión hacia países centroamericanos y el proyecto de interconexión gasífera hacia el sur, con participación de los países del MERCOSUR y Bolivia.
Se trata de una visión geopolítica de nuestras relaciones energéticas internacionales opuesta al entreguismo e intensificación de la dependencia de los centros del poder petrolero transnacional.
Una política energética y petrolera que promueve la diversificación de los mercados y fuentes de inversión y tecnología, que coadyuva a la multipolaridad y a la integración latinoamericana. Una política de “internacionalización”, centrada en el interés nacional, que se convierte en medio para el afianzamiento de la soberanía nacional en el ámbito energético y político internacional, antítesis de la internacionalización perversa, de exportación de beneficios e importación de costos, impulsada en las dos últimas décadas del siglo pasado.
El contexto político en el cual se inscribe esta nueva visión es lo que nos ha permitido afirmar, en un artículo anterior , que hoy más que nunca están vigentes los postulados del nacionalismo petrolero, entendiendo como tales a aquellos principios que inspiraron la lucha de varias generaciones de venezolanos, entre 1920 y 1975, por maximizar la participación nacional en los beneficios de la liquidación de su principal riqueza.
Tales postulados han sido frecuentemente tildados de “rentistas” por quienes no paran mientes en el hecho de que esa “renta” se genera a partir de la liquidación de un recurso nacional de propiedad colectiva, pero sus niveles se establecen en los mercados internacionales a través de un complicado proceso de especulación y manipulación de una oferta limitada y concentrada geográfica y corporativamente, frente a una demanda generalizada y creciente.
Esa renta es inmensa y en su reparto las corporaciones internacionales, los especuladores y los gobiernos de los principales países consumidores se llevan la parte del león. La disposición de los países productores de agruparse para defender sus intereses en ese reparto, en la OPEP y fuera de ella, es cínicamente condenada como práctica cartelizada, violatoria de las normas de la “libre competencia”, por los voceros y medios interesados de los mencionados grandes grupos de protagonistas, monopolistas y monopsonistas petroleros.
Nada sorprendente, desde luego, en un mundo donde se imponen por la fuerza de las armas, y no precisamente convencionales, los intereses económicos de los países poderosos y sus corporaciones transnacionales. Tampoco es insólito que las visiones geopolíticas que respaldan el inequitativo reparto de las riquezas del mundo, tanto geográficamente como en el seno de cada uno de los países, cuenten con fanáticos adherentes en naciones como la nuestra, donde proliferan las modernas teorías neoliberales y globalizadoras, en nombre de las cuales se promueven escenarios que privilegian la expansión de la producción petrolera y se condenan las políticas de maximización de la participación nacional en una renta que se genera independientemente de la voluntad nacional. Una renta que está allí y que si se renuncia a ella irá a parar a las manos de terceros, los muy modernos y gigantes protagonistas del mercado petrolero.
De tal suerte, estamos obligados a dedicar tiempo y esfuerzo para explicar la pertinencia y vigencia del nacionalismo petrolero, casi como quien explica su adicción al opio o a cualquier otra droga. Y precisamente por esto, es muy difícil convencer a los asépticos y modernos adalides de los escenarios “productivos”. Por eso mismo también, es ineludible el combate contra las matrices de opinión y la madeja de lugares comunes y medias verdades que constituyen el núcleo central de esa ideología antinacional. La principal de esas falacias es, precisamente, aquella que sostiene que la reivindicación del interés nacional es una posición “rentista”, endilgándole al nacionalismo las culpas de la pésima utilización de la renta petrolera que se ha hecho en nuestro país durante décadas. Cuando lo cierto es todo lo contrario.
Porque fueron los promotores de los escenarios “productores” quienes, en nombre de la siembra del petróleo en el petróleo, organizaron la ruinosa compra de refinerías en el exterior conocida con el eufemismo de “internacionalización”, quienes impulsaron la apertura bajo el esquema de “ganancias compartidas”, el “outsourcing”, las asociaciones estratégicas y los convenios operativos, todos caminos y atajos hacia la necesaria privatización que nos libraría del “rentismo” y nos convertiría en “accionistas de una empresa productiva de primer rango mundial”.
La aplicación de esa política produjo, entre 1976 y 2002, una inmensa caída de la participación fiscal petrolera total. Esa participación, vista por los gerentes públicos de mentalidad privatista como “participación del gobierno” no es otra cosa más que la expresión financiera de la participación de la Nación venezolana en los resultados de la liquidación de su principal recurso natura.
Esa política nos ha conducido, simultáneamente, a la absurda circunstancia de que más de la mitad de los costos operativos de PDVSA esté constituida, todavía hoy, por los costos de adquisición de crudo y productos no venezolanos para alimentar nuestro inviable sistema de refinación en el exterior. Lo anterior fue lo que llevó al Comisario Interno de PDVSA, Rafael Darío Ramírez, en sus informes correspondientes a los años 2000 y 2001, a caracterizar este proceso como “Importación de costos y exportación de beneficios”.
Esos “escenarios productores” del enclave gerencial antiestatal condujeron a PDVSA a la violación de la cuota OPEP entre 1997 y 1998 en casi un millón de barriles diarios, convirtiendo a Venezuela en uno de los principales factores de la caída de los precios del crudo venezolano en ese último año, por debajo de los seis dólares el barril, en medio de una eufórica ceguera que los llevó a afirmar que “PDVSA compensaría la caída de los precios con… ¡¡¡más producción!!!”.
En conclusión, la defensa de la justa participación nacional en los extraordinarios ingresos financieros generados por la extracción e industrialización del petróleo venezolano no puede ser calificada de rentista. Ello constituye una evaluación simplista del hecho de que la Nación es soberana sobre sus recursos de hidrocarburos y, por tanto, propietaria de la renta que su liquidación genera, manipulando esa circunstancia para facilitar la expropiación de esa renta por parte de los grandes capitales petroleros internacionales y sus socios nativos.
Otra cosa, bien distinta, sobre la que es pertinente llamar la atención con ánimo crítico, es la imperiosa necesidad de una acertada disposición de esos recursos para evitar las distorsiones macroeconómicas que han generado en una economía como la nuestra, sin capacidad para asimilarlos productivamente. Esta es una tarea de grandes proporciones, para cuya realización se requiere del diseño de políticas económicas y sociales de largo aliento, de gran profundidad, audacia y severidad.
Y es en este aspecto de la política económica que se está ejecutando, donde si encontramos elementos preocupantes.
De manera particular, y a pesar de compartir plenamente su énfasis en lo social, es inevitable mencionar el desbordado gasto fiscal, extra presupuestario, desordenado y no planificado, cuyos resultados, más allá de su carácter paliativo de grandes necesidades de los sectores más empobrecidos de la población, han sido el incremento masivo de las importaciones (con el consecuente desestímulo a la producción nacional), el crecimiento desbordado de la liquidez en manos del público, el crecimiento de la deuda pública y el fortalecimiento de las presiones inflacionarias.
Lamentablemente, esta es historia antigua, es el “efecto Venezuela” o la socorrida “enfermedad holandesa” que secularmente nos ha conducido a hacer imposible la siembra del petróleo. Mientras no logremos disciplinar el uso de los recursos externos que nos procuran los hidrocarburos, mientras no logremos su inversión en el fomento de una economía que no requiera del constante flujo del subsidio petrolero, se mantendrá la imposibilidad de sembrar el petróleo a la que hacía referencia Pérez Alfonzo.
En igual sentido crítico debemos llamar la atención sobre algunas metas de marcado acento desarrollista del Plan Siembra Petrolera, tales como las magnitudes previstas del Proyecto CIGMA (Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho) que proyectan una demanda de recursos humanos, tecnológicos y materiales inexistentes en el país y comportan un impacto negativo considerable sobre una región casi virgen del territorio nacional, o como la meta de llevar la producción de crudo a más de 5 millones 800 mil barriles diarios en 2012, lo cual, amén de ser una reproducción al detalle de los escenarios “productores”, es abiertamente contradictorio con la formulación del propio plan de mantener el alineamiento con la OPEP. La meta mencionada implicaría la conquista por parte de Venezuela de una mayor porción del mercado, en detrimento de otros productores y en particular de sus socios en la OPEP, Organización cuyos fines defensivos resultarían boicoteados con tal nivel de producción.
A pesar de estos últimos señalamientos críticos, no podemos menos que ratificar lo señalado al principio en cuanto al positivo cambio de rumbo estratégico de la política energética y petrolera venezolana. En cualquier caso, todo lo que deba corregirse, adecuarse a la realidad o racionalizarse, deberá hacerse dentro de los marcos de una clara percepción de cuáles son los auténticos intereses de la Nación venezolana. De esa Nación eterna que no concluye, ni se limita a los actuales habitantes del territorio venezolano.
Caracas, 25 de abril de 2007
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