miércoles, 30 de diciembre de 2009

Planificación y Apertura Petrolera


Carlos Mendoza Pottellá
Agosto, 1995

Debería ser obvio, en Venezuela, que la planificación económica y financiera nacional incluyera como variable fundamental a su principal industria. Y que, viceversa, la planificación petrolera se insertara dentro del marco de las políticas macroeconómicas establecidas por los poderes públicos.

Sin embargo, en esta materia la desconexión es total. La situación es ampliamente conocida, el rey esta desnudo, pero nadie se atreve siquiera a mencionarlo.

La industria petrolera, atrincherada tras su condición de compañía anónima que maneja asuntos de alta complejidad técnica, ha convertido en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometen el principal patrimonio colectivo de los venezolanos.

Su “planificación corporativa” responde a criterios empresariales de expansión constante del negocio, sin consideración de las prioridades de orden económico y social que puedan establecer las instancias del poder nacional. Aun mas, el ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a la cúpula gerencial y a sus asesores, debido al premeditado desmantelamiento del Ministerio de Energía y Minas, órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.

Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacen a partir de datos sobre cuya génesis no tienen ninguna posibilidad de modificación. Es decir, “planifican” a partir de parámetros que son fijados de manera independiente por los petroleros.

Así, el Gabinete Económico, Hacienda, CORDIPLAN, OCEPRE, las Comisiones de Finanzas y otros órganos ejecutivos y legislativos, planifican a la manera como lo haría un joven con la mesada asignada por su padre: a veces protestando su insuficiencia, pero sin el poder para ir mas allá, a estudiar los factores determinantes de tal nivel de asignación.

La crisis nacional exige a los poderes públicos una asunción plena de sus responsabilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una decisión política de amplias repercusiones, que afectaría a otros poderes constituidos y que seria duramente combatida. Pero el caso lamentable es que en la actualidad el país no cuenta con un liderazgo político capaz de emprender esa tarea.

La ocasión en que se discutieron en el Congreso los términos de la llamada “apertura petrolera” fue propicia para comprender, tanto la urgencia de esa decisión reivindicadora del poder nacional, como el referido vacío dirigente.

En efecto, la campaña ablandadora del lobby petrolero colocó al Congreso Nacional en la situación de tener que aprobar, sin mayores modificaciones, el esquema elaborado por PDVSA y sus asesores externos. Fue permanente el bombardeo informativo sobre la inminencia y urgencia de tal aprobación, mientras que se tendió un manto de silencio sobre las flagrantes debilidades que han sido detectadas en dicho instrumento por calificados estudiosos.

Se acorraló al Congreso, como ya se ha hecho tantas veces y tal como sucedió en la oportunidad en la que se le vendió el ahora fallido Proyecto Cristóbal Colón. Hoy es publico y notorio, reconocido por legisladores que entonces dieron su voto afirmativo, que en aquél instrumento aprobado a la ligera se materializaron una serie de cláusulas lesivas al interés nacional. Entre otras, se destacan aquéllas que consagraron la renuncia a la soberanía impositiva de la Nación.

Ahora bien, si los dirigentes petroleros estatales asumen el papel de albaceas de nuestros potenciales socios y exigen para ellos el otorgamiento de sus máximas aspiraciones. ¿En que posición negociadora quedará el país? ¿Hasta donde llegará el sacrificio fiscal? Por lo pronto, estamos liquidando como pellejo lo que en verdad es lomito. A saber:

Los lotes que se han programado para negociar en la “apertura” constituyen las zonas de mayor prospectividad de crudos livianos en el país. Las mismas cifras de reservas que se dan como factibles de ubicar en cada lote reflejan el trabajo exploratorio previo que se ha realizado en ellos. La estimación mínima inicialmente presentada fue de 7.000 millones de barriles y ahora, en la euforia desatada por la aprobación del esquema aperturista, el Presidente de PDVSA anunció que se podría llegar hasta 45.000 millones , cifra esta última que triplica a las actuales reservas totales de crudos livianos y medianos del país.

Considerando que tales reservas se encontrarán en sólo 18.000 kilómetros cuadrados, es evidente que los lotes que se licitarán no son, como se pretende, áreas de “alto riesgo” y que, por el contrario, el país debe exigir ventajas especiales a los licitantes por poner a su disposición esos mangos bajitos.

El Congreso Nacional debió asumir su condición de depositario de la voluntad popular y hacerla valer frente a las presiones del lobby petrolero, poniendo por delante los intereses permanentes de la Nación venezolana, que son los de sus grandes mayorías y no la de los poderosos aliados internos del capital petrolero internacional, quienes monopolizan los espacios de los medios de comunicación, y fabrican una “opinión publica” favorable a sus emprendimientos.

Pero ello no fue así. La verdad petrolera, aliada en esta oportunidad al realismo político, se impuso nuevamente: En general, hubo consenso parlamentario para aprobar la apertura propuesta. Los mas críticos, quienes al final salvaron su voto, pero que antes contribuyeron a crear la atmósfera consensual, solo alcanzaron a pedir que el instrumento escogido no fuera tan entreguista como el propuesto y ensayaron diversas fórmulas para garantizar “el control” en las asociaciones que se constituirían. Soñaban con una “apertura blindada”, según la imposible síntesis conceptual propuesta por Teodoro Petkoff, quien olvidó que los blindajes fueron inventados para cerrar, no para abrir.

Carlos Mendoza Pottellá
Publicar un comentario