miércoles, 30 de diciembre de 2009

En Defensa de PDVSA... y de la UCV



Caracas, 12 de octubre de 1996.-



Ciudadano
Miguel Henrique Otero C.
Director
Diario “El Nacional”

             Distinguido Compatriota :

Me dirijo a Ud. en la oportunidad de solicitar la inserción de un derecho a réplica en su prestigioso diario. Se trata, como podrá ver en lo que sigue, de un artículo publicado el pasado domingo 6 de octubre y en el cual soy colocado en la condición de crítico sistemático e irracional de nuestra industria petrolera.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su positiva atención, me suscribo de Ud.

Atentamente,

Carlos Mendoza Pottellá

P.D.
Como no dispongo de scanner para transcribir una copia de mi cédula de identidad, el próximo lunes 14 de los corrientes le haré llegar una “copia dura” de este material y dicha cédula.


En Defensa de PDVSA... y de la UCV


El pasado domingo 6 de octubre del presente año, en la página E-4 de El Nacional, aparece un artículo de Alberto Quirós Corradi titulado “Pdvsa al Paredón III”. El articulista sostiene allí que “ahora sí se le está complicando la vida institucional a Pdvsa”, atribuyendo esas complicaciones a factores externos : a los políticos, al Gobierno, a los funcionarios del Estado... y de manera particular, a “una corriente de opinión, liderada por profesores de la UCV, como Carlos Mendoza Pottellá y Francisco Mieres ... con la ayuda de Iván Pulido Mora” ... “La UCV, en la persona de su ex-rector Simón Muñoz, en la persona de su actual rector y en las personas de profesores de prestigio como los aquí mencionados, han atacado a Pdvsa, desde varios flancos”.

En virtud de tantos y tan injustificados ataques, según Quirós Corradi, “Llegó el momento de que Pdvsa agarre el toro por los cachos y rete públicamente a sus cuestionadores a un debate...”

Como quiera que soy uno de los profesores mencionados, considerándome expuesto al desprecio público y en ejercicio del derecho a réplica que creo que consagran las normas del periodismo, solicito a Ud., ciudadano Director, que inserte estas consideraciones en alguna página de ese diario. No me considero autorizado para solicitarlo en nombre de la UCV, la cual también es ubicada por el articulista dentro del coro “antipedevésico”, pero estas líneas también van en descargo de nuestra alma mater.

En primer lugar, debo manifestar mi acuerdo con el debate público que propone Quirós Corradi y por este intermedio estoy aceptando su reto... siempre y cuando se nos garanticen medios y oportunidades equilibradas. Como él sabe, por vivencia propia y mejor que nadie, ese debate lo hemos estado buscando desde hace mucho tiempo y la respuesta ha sido, como menciona en el mismo artículo que comentamos, el “bajo perfil”, cognomento detrás del cual se esconde la imposición del palangre como “política comunicacional” y el veto, en los medios de comunicación, a las opiniones disidentes en materia de política petrolera. No podía ser de otra manera : esa es la forma tradicional de ejercer el poder y crear lo que ahora se denomina como “matrices de opinión”.

En segundo lugar, quiero también estar de acuerdo con el articulista en el sentido de que llegó la hora de defender a PDVSA -con todas sus mayúsculas-. Pero no de los espantajos levantados para demonizar las posiciones críticas y esconder los trapos sucios, sino de los auténticos enemigos de nuestra principal empresa pública :

Esos enemigos se encuentran entre los que quieren hacerla desaparecer como empresa del Estado, aquéllos que proponen su privatización y la comienzan a transitar por la vía de la “apertura” y el “outsourcing” con el propósito expreso de convertirla en simple consulado, acreditado ante al Estado venezolano, de las corporaciones petroleras extranjeras.

"La apertura petrolera deberá apuntar hacia una política de privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales, aseguró ayer el presidente del holding estatal, Luis Giusti.

'Debemos diseñar una política más agresiva para la apertura de Pdvsa y las empresas filiales al sector privado' dijo el máximo representante de la petrolera estatal... al referirse a la significación del proceso de licitación que se viene realizando para la adjudicación de las 10 áreas con potenciales reservas de crudos livianos y medianos" Economía Hoy, 25 de enero de 1996, pág. 10.

Por eso -y por muchas otras cosas que diríamos si dispusiéramos de mayor espacio- un grupo de ciudadanos, encabezados por tres rectores de la UCV, hemos acudido a las vías jurisdiccionales y hemos impugnado la inconstitucionalidad y la ilegalidad de los convenios mediante los cuales se están otorgando nuevas concesiones en peores circunstancias que las prevalecientes entre 1920 y 1976.

Las argumentaciones, documentos y pruebas que hemos promovido en ese juicio se encuentran en el expediente que cursa ante la Corte Suprema de Justicia. No hemos tenido los espacios y las oportunidades de Quirós Corradi para expresar públicamente nuestras motivaciones. Por ello, y aprovechando los límites de este derecho a réplica debo sintetizar algunos de los postulados básicos que inspiran nuestra conducta, expresándolos como un llamado de atención a todos los venezolanos :

Vamos a defender a PDVSA para que asuma plenamente su papel de empresa de todos los venezolanos, y para que no pierda ese papel.

Vamos a defender a PDVSA para que los beneficios de su actividad se queden en el país y contribuyan al desarrollo armónico y sostenido de la sociedad venezolana.

Vamos a defender a PDVSA de las perniciosas acciones de esos directivos que no se sienten funcionarios del Estado, como debería ser, sino gerentes transnacionales.

Vamos a privilegiar el interés de los accionistas, sin que ello signifique lesionar el de los clientes.

Para hacer que cada venezolano, accionista de PDVSA, se sienta como tal, actúe como tal y perciba equitativamente los beneficios correspondientes a esa condición, vamos a abrir la “caja negra” y promover un debate abierto sobre su principal industria y las alternativas que tiene planteadas.

Para a darle prioridad al interés nacional antes que al interés del negocio, vamos propiciar que el desarrollo y crecimiento de nuestro más preciado patrimonio se haga en forma coherente con los lineamientos generales que establezcan, soberanamente, los poderes públicos nacionales.

Carlos Mendoza Pottellá

UN RETO PARA EL ESTADO VENEZOLANO

Asumir plenamente la condición de propietario
de los hidrocarburos y de su industria:


Carlos Mendoza Pottellá
(PROPUESTA AL MINISTRO DE HACIENDA, NOV. 1995)

La anómala condición de compañía anónima, otorgada a PDVSA por circunstancias históricas muy particulares, ha generado, entre otras cosas, una constante petición de autonomía por parte de la gerencia petrolera frente al Estado, propietario del 100% de la empresa. Reiterada durante 20 años, esa pretensión autonómica ha conducido a un deslindamiento inconveniente que ha enajenado la capacidad de control del propietario sobre su empresa. Ello se ha expresado gráficamente cuando se habla de PDVSA como un Estado dentro del Estado.



Más recientemente, esa circunstancia se ha agravado, al hacerse evidentes las tendencias privatistas que imperan en la alta gerencia de la empresa estatal. De hecho, ya ha sido expresado públicamente por su Presidente: dado el primer paso de la apertura, ahora hay que profundizarla hasta alcanzar la total privatización de PDVSA.



Sin entrar a discutir la legitimidad, pertinencia y conveniencia para la Nación de tales posiciones, la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos y su industria es, todavía hoy, la norma vigente. En tal sentido, los órganos de los tres poderes del Estado competentes en las distintas materias relacionadas con esa condición, están todavía en la obligación de hacerla valer. Ello hace referencia, en el caso del Ejecutivo, en primer lugar al Ministerio de Energía y Minas, pero también a todos los demás integrantes del Gabinete Económico y a la Procuraduría General de la Nación. En cuanto al Congreso Nacional, sus responsabilidades en este asunto son múltiples y deben ser asumidas permanentemente por las Comisiones Bicamerales específicas, en energía y minas, economía, finanzas, etc. Es destacable también el papel que debería jugar la Contraloría General de la República.



Sin embargo, más que el cumplimiento de esa obligación, en esta materia lo que se ha impuesto es la omisión. En algunos caso, esa omisión ha sido la expresión de una voluntad política definida, pero la mayoría de las veces es el resultado de carencias estructurales de recursos humanos y materiales para enfrentar una tarea de magnitudes considerables.



En el primero de estos casos se encuentra el MEM, un organismo que ha sido intencionadamente vaciado de su capacidad técnica independiente y tomado por funcionarios de los entes que deben ser fiscalizados. En el segundo, pueden identificarse a las mencionadas Comisiones del Congreso, las cuales jamás han estado dotadas de los instrumentos requeridos para cumplir cabalmente sus funciones en las materias que les competen.



La conciencia de esta situación y de su inconveniencia se ha puesto de manifiesto en diversos ámbitos oficiales y precisamente por ello, es pertinente toda la relación anterior: Si se quieren revertir los efectos perversos de esas circunstancias es necesario tener presente que se trata de enfrentar a una política muy clara en sus objetivos, afincada en los puestos de comando de la empresa estatal, en el sector empresarial vinculado a la industria y con una amplia aceptación en la opinión pública en general, en todo el espectro político y en todos los niveles sociales, hasta el punto de ser percibida como parte del “sentido común” en materia de política y economía petroleras.



En otras palabras, si se va a asumir el reto planteado en el encabezado de estas páginas, es indispensable hacerlo sobre un basamento conceptual y sobre todo, informativo, muy bien establecido, desde los punto de vista político, legal, económico y técnico.



En este sentido, la restitución de una Comisión interministerial para el seguimiento de las actividades de la industria petrolera (similar a la antigua Comisión Coordinadora para la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos, CCCCH) es una idea que debe desarrollarse a partir de los sectores en donde existe ya una claridad de objetivos.



Que sepamos, esas condiciones existen en el Ministerio de Hacienda y en CORDIPLAN (Dirección de Políticas Económicas). A este nivel se puede constituir un grupo promotor de iniciativas y estudios que permitan ir incorporando a otros niveles, en tareas específicas.



La tarea inicial por excelencia es la estructuración de una base de datos confiable y válida. Y esa tarea se inicia a partir del análisis de la información disponible, que como se sabe, está llena de agregaciones y lagunas arbitrarias para ocultar detalles inconvenientes.



El centro generador de toda la información petrolera es PDVSA, quien la suministra a las fuentes secundarias: Minas, OCEPRE, SENIAT, Banco Central, OCEI, Contraloría, Comisiones del Congreso, etc. Esa información es dispersa, inconexa y contradictoria, ya que muchas veces tiene fines contrapuestos, de acuerdo con las exigencias del organismo que las solicita. Un ejemplo paradigmático lo constituyen los costos: Cuando se trata de justificar incrementos de la capacidad productiva por declinación de los yacimientos convencionales y cuando se trata de declaraciones impositivas, los costos son altos y crecientes. Pero cuando se trata de evaluar la eficiencia de la industria y su capacidad para ser la “locomotora del desarrollo”, la industria petrolera venezolana se encuentra entra las de menores costos en el mundo.



El sistema utilizado para ocultar detalles es, por excelencia, la “agregación”. Eso lo podemos observar en el Informe Anual de Actividades de PDVSA: las cifras de ingresos y costos incluyen los resultados de los negocios en el exterior, sin discriminar su aporte a cada uno de esos rubros y sólo por diferencia con sus declaraciones internas para fines impositivos es posible detectar tales niveles de participación. Incluso cuando se habla de “inversiones en refinación”, se mezcla las hechas en el país con las del exterior. Y así lo reproduce, por ejemplo, “Petróleo y Otros Datos Estadísticos” del MEM.



De lo anterior surge una primera y gran tarea: la desagregación de la información. El primer gran deslinde, como se ve, debe ser entre el negocio interno y el internacional.



A nivel interno, no basta con la presentación de cifras por funciones tales como Exploración, Producción, Refinación, etc. En cada una de esas divisiones hay que discriminar sectores significativos. En exploración, por ejemplo, valdría la pena evaluar los esfuerzos relativos que se hacen entre áreas nuevas y en convencionales. Entre esta actividad y la de producción se ubica la muy crítica de perforación: su exacta definición es vital para determinar cuando es un costo vinculado a las actividades normales de producción y cuando debe ser considerada como parte de un gasto de exploración amortizable con cargo a las nuevas reservas ubicadas.



Pero el corazón de la industria es precisamente la producción, y es allí donde debe enfocarse la mayor atención: en cuanto a los rangos de gravedad y la distribución geográfica. Ahora, después de los múltiples pasos hacia la apertura, es indispensable tener información sobre cada sector: áreas nuevas de apertura, campos “marginales”, asociaciones tratégicas en la Faja, áreas nuevas y convencionales bajo control total de PDVSA, etc.



Desde luego, el aspecto determinante a evaluar es el de los costos: los cuales dependen del nivel de madurez del yacimiento y de los métodos de recuperación aplicados -si primarios o secundarios- de las actividades de reparación y reacondicionamiento, etc. Destacan aspectos sensibles a los cuales ahora no se les presta la atención que se le asignaba en otras épocas, como la relación gas-petróleo y los porcentajes máximos del potencial teórico a los cuales se debe producir.



La refinación es un área crítica de la industria petrolera en todas partes del mundo. Precisamente por ello es que han sido tan pobres los resultados económicos de los emprendimientos de PDVSA en el exterior: Nadie anda comprando refinerías a troche y moche, las empresas sólo establecen las requeridas para procesar la producción disponible en los campos productivos que controlan y no para comprar crudos a otros productores, porque los márgenes de beneficios en la refinación son estadística y constantemente a través de los años, negativos. En consecuencia, se impone un ajustado análisis de la rentabilidad de los proyectos de inversión en esta área, tanto a nivel interno como internacional.



A nivel interno, la industria petrolera se ha envuelto en operaciones de diverso carácter, tales como la Orimulsión, el Criogénico, Sucre Gas, Pequiven y Carbozulia, cada uno de los cuales debe ser evaluado por separado.



Lo mismo sucede a nivel internacional con Citgo, Veba Oel, Nynas, la refinería Isla en Curazao, el terminal de almacenamiento en Bonaire y las plantas de asfalto en Inglaterra: cada uno es un negocio distinto, con diversos niveles de rentabilidad y justificación.



Fuera del nivel operativo, se requiere evaluación de la estructura administrativa y gerencial de PDVSA en su conjunto y de cada una de sus filiales. De los procesos de racionalización y efectiva reducción de costos operativos. La duplicación y triplicación de funciones debida a la existencia de tres filiales integradas. De los procesos de contratación de empresas y servicios, procura de suministros, etc. De las relaciones laborales y los métodos de evaluación y promoción aplicados al personal.



Aspecto importante en esta esfera es el del financiamiento de sus operaciones y planes de inversión, así como el manejo de su endeudamiento. Llegar a determinar la estructura real del flujo de caja de la industria en general y de cada emprendimiento en particular es, de por sí una tarea integral y de significación estratégica para cualquier propietario y de manera muy particular para el Estado venezolano.



La instancia inmediata nos conduce a la necesaria evaluación macroeconómica de los emprendimientos petroleros: su pertinencia y oportunidad en el marco del desarrollo nacional y su coherencia con las líneas maestras de la planificación oficial. Y un poco más allá, pero no menos importante, su evaluación a la luz de las perspectivas del mercado mundial.



De hecho una tarea inmediata de este comité de seguimiento, a desarrollar paralela y simultáneamente con la estructuración de la base de datos que venimos esbozando es la recopilación y evaluación de los diversos escenarios que en materia energética y petrolera se debaten a nivel global. Esta quizás sea una tarea relativamente fácil en cuanto a la obtención de la información, pero exigente de una gran profundidad analítica para poder establecer una orientación certera entre tantas predicciones interesadas.



Carlos Mendoza Pottellá, Nov. 1995
¿Delenda Est ... PDVSA?


Carlos Mendoza Pottellá
1995

"El establecimiento petrolero es un coto cerrado al que no se le puede entrar. Alguien decía: En Venezuela se acabó el secreto militar, el bancario y hasta el sumarial. Sólo queda el de confesión y el de PDVSA"
(José Vicente Rangel, "Los Hechos y los Días", El Universal, 28 de agosto de 1994, pág. 1-12)




Cada quien focaliza su atención de acuerdo a su particular deformación profesional. Así sucede en materia de citas, con las cuales pretendemos destacar cosas que nos interesan. La situación referida por el Dr. Rangel constituye sólo una constatación pública de una circunstancia padecida por todos aquellos que escogimos al petróleo y sus relaciones con la sociedad venezolana como campo de estudio e investigación.

De manera particular, la existencia y manifestaciones del "establecimiento" mencionado por el articulista es el centro de una investigación, cuyos primeros resultados se convirtieron en trabajo de ascenso en el escalafón docente de la UCV 1. Por ello halamos las hojas del rábano en el párrafo citado para volver sobre cosas dichas en ese trabajo, actualmente en proceso de publicación.

1 C. Mendoza P. El Poder Petrolero y la Economía Venezolana, Caracas, julio 1993.
Ese Poder, "promotor principal de las políticas expansionistas a todo trance dentro de la industria petrolera" ha establecido profundas ramificaciones en todos los sectores de la sociedad venezolana y ha impuesto su verdad, la verdad petrolera, como criterio universal de evaluación de sus propias actividades y proposiciones:

En todos esos sitios campea por sus fueros el "sentido común petrolero", una cierta ideología de lo aparentemente obvio, de fácil comprensión hasta para el más lerdo, que se fundamenta en un cúmulo de medias verdades y situaciones presentadas fuera de su contexto y complejidad, a saber:

En Venezuela no hay otra industria o actividad económica con magnitudes de ingreso, rentabilidad y rendimiento comparables a la petrolera. Por tanto, el mejor destino del ingreso petrolero es su masiva reinversión dentro del mismo sector para preservar y expandir su capacidad productiva. Seremos petroleros por centenares de años más, así lo indican las inmensas reservas que colocan al país en las "grandes ligas" del sector: PDVSA está clasificada como la tercera empresa petrolera del mundo. Y si añadimos las "reservas posibles" de la Faja somos el primer país petrolero del mundo. Por lo demás, esa es la mejor opción para el país como un todo, la que le ofrece reales ventajas comparativas y competitivas: es la actividad que genera más del 90 por ciento de las divisas que ingresan al país. Sin embargo, la voracidad fiscal, el rentismo parasitario, característico de un nacionalismo tercermundista ajeno a las realidades contemporáneas, amenaza la salud de la "gallina de los huevos de oro" y obstaculiza sus megaproyectos expansivos, obligándola a acudir al endeudamiento interno y externo. La empresa petrolera venezolana es pechada con la mayor tasa impositiva del mundo. Obviemos la circunstancia de que esos impuestos no son otra cosa -en el caso venezolano- que los dividendos del único accionista; lo cierto es que ese ingreso fiscal petrolero se destina principalmente a alimentar el gasto corriente de una sociedad parasitaria e improductiva, perdiéndose todo efecto multiplicador.


Todo lo anterior configura, según los ideólogos del poder petrolero, el enfrentamiento de una perspectiva o escenario rentista, representado en la voluntad maximizadora del ingreso fiscal y un escenario productivo, el que promueve y privilegia la expansión y profundización de las actividades petroleras -y sólo de ellas, si nos atenemos a las proporciones y magnitudes propuestas y comprometidas en sus megaproyectos.

La "verdad petrolera", materializada en una visión corporativa inversionista a troche y moche, espoleada por los consejos de los bien pagados asesores "tecnológicos" de las antiguas casas matrices extranjeras, ha conducido al país a fracasos gigantescos como el de la Faja Petrolífera del Orinoco, en donde se consumieron y esterilizaron varios miles de millones de dólares. A la ejecución por la vía más costosa de proyectos ciertamente justificados, como el cambio de patrón de refinación, y al actual y no suficientemente evaluado programa de adquisición de capacidades refineras en el exterior.

2 C. Mendoza P., Op. Cit.
Lo expresado en el párrafo anterior fue desarrollado en varios capítulos del trabajo referido. Para un público acostumbrado a grandes dosis diarias de verdad petrolera, el conjunto de afirmaciones hechas será, con toda seguridad, chocante. Esperamos, simplemente, que ese impacto sirva para que algunos intenten profundizar un poco más allá de la verdad oficiosa.

A manera de ejemplo de las afirmaciones anteriores se adelantan algunas consideraciones en torno a los dos mayores logros del poder petrolero:

El primero, convencer a la opinión pública, es decir, a los medios que controlan esa opinión y a los partidos que le hacen la corte, al Ejecutivo y al Congreso, de que existe una exagerada presión fiscal sobre PDVSA y que era indispensable eliminar, como en efecto se hizo, el sistema de los valores fiscales de exportación.

Sobre este aspecto es posible sostener -a partir de las cifras oficiales que se insertan- que, por el contrario, durante cada uno de los últimos 18 años se ha producido un constante y acumulativo sacrificio impositivo que ha reducido la participación fiscal total de 75,2% del Ingreso Bruto en 1976 a 28% en 1993, con una disminución ulterior garantizada hasta 1998, cuando el Impuesto Sobre la Renta quede prácticamente anulado.

Pruebas al canto, en los siguientes cuadros se puede observar, primero, la evolución 76-93 de las referidas relaciones porcentuales respecto al ingreso total y segundo, el detalle, focalizado entre los años 88-94, sobre los rubros más importantes. Se agrega, además, una versión gráfica del mismo proceso.

Ante tales circunstancias, ¿Como es posible tratar el problema de la crisis fiscal sin encarar el de la tributación petrolera? Sin embargo, en ninguna de las posiciones que se debaten publicamente y reciben la mayor cobertura por parte de los medios aparece, ni por asomo, la necesidad de revertir la destructiva tendencia que acogota al ingreso fiscal petrolero.

Y esto se debe al segundo logro mayor del poder petrolero al cual quería referirme: la irrebatibilidad de su verdad, amparada en la razón técnica. De tal suerte que la críticas a las políticas impuestas por el poder petrolero, en el seno de la industria y en su relación con el país, terminan siendo presentadas , casi siempre, como elaboraciones de mentes enfermizas, de representantes atrasados del sector político, anclados en la era del rentismo y convertidos en críticos sistemáticos que tienen -a la manera de Catón- una idea fija, destruir a PDVSA..

En esta materia, el columnista citado tiene una amplia experiencia, aquirida cuando sus denuncias sobre actividades corruptas en el seno de las Fuerzas Armadas eran presentadas por los afectados como ataques a la Institución en su conjunto. Y esta fue la otra causa, nada casual, de la escogencia de sus palabras para introducir esta disquisición.

Pero si en materia de información militar hemos avanzado mucho -gracias en gran parte a JVR- y nadie osaría, hoy en día, aplicar ese expediente a las denuncias que eventualmente se hagan contra individualidades de ese sector, en el mundo petrolero estamos en la etapa en la cual casi toda la información petrolera nacional que reproducen los medios de comunicación masiva es la elaborada en los departamentos de relaciones públicas de PDVSA y sus filiales.

Sabemos que atravesamos un campo minado, pero debemos decir que el propósito es llamar la atención, con la mejor buena voluntad, sobre una grave circunstancia que afecta al profesionalismo de nuestros periodistas: La información petrolera está en crisis. Con las excepciones de regla, la unilateralidad "positivista" del material presentado por la prensa diaria es tal, que pareciera que los encargados de cubrir la fuente se han olvidado de que existen opiniones y versiones contradictorias, como en cualquier otro terreno de la vida social, convirtiéndose en simples maquiladores superficiales de despachos prefabricados... e irrebatibles.

Y así florecen y perecen megaproyectos inviables que dejan una secuela de graves daños al patrimonio nacional, sin que haya sanción pública al yerro y sus responsables siguen pontificando sobre su eficiencia y "planificando" nuevos fiascos: En la Faja del Orinoco, entre 1978 y 1983 se perdieron mucho más de 3.000 millones de dólares, sobre los cuales nadie ha rendido cuentas.

Mas recientemente, en el mismo sitio, y con la Orimulsión, entre 1990 y 1993 -fecha hasta la cual tenemos datos- se han realizado inversiones de más de 900 millones de dólares, con unos "resultados pre-operacionales", para esos mismos años, de pérdida por 75 millones de dólares. Las condiciones de precios en las cuales se negocian los nuevos cargamentos de Orimulsión garantizan que pasarán muchas décadas antes de que sean recuperados los capitales invertidos y las pérdidas acumuladas hasta ahora.

Todos hemos sido testigos de la premura con que se le hizo tragar al Congreso la urgencia de aprobar el proyecto Cristóbal Colón. Los agónicos esfuerzos para lograr una "asociación estratégica" en materia de gas natural han llevado a cero la capacidad de negociación del país, dejándose imponer las condiciones establecidas por los potenciales socios, mientras las perspectivas del mercado siguen siendo negativas:

3 Gastón Parra Luzardo hace un circunstaciado análisis de este proceso en el No. 10 de Cuadernos Latinoamericanos, - Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos de la Universidad del Zulia. Maracaibo 1994.
Las reservas de gas de los Estados Unidos son suficientes para cubrir cerca de 65 años a las tasas de consumo actuales y si se incluyen los recursos de Canadá y México, la cifra sube a 100 años. Considerada toda norteamérica, el mercado del gas natural es ampliamente autosuficiente y los requerimientos de gas importado fuera de la región se mantedrán limitados por lo que resta de década.

La fuente concluye afirmando que si bien las importaciones de gas natural de los Estados Unidos se duplicarán entre 1990 y el 2.000, todo el negocio adicional se hara "via pipeline", es decir, provenientes de México y Canadá.

Otro campo donde las dudas tienen un fundamento estadístico es el de la internacionalización, emprendimiento altamente publicitado en sus características aparentes y en sus magnitudes globales, pero donde se dejan de discutir situaciones referentes a la ínfima rentabilidad de todo el emprendimiento y a los aún menores rendimientos fiscales netos del mismo.

Al respecto, insertamos algunos de los Cuadros incluídos en ponencia presentada ante el V Congreso Venezolano de Petróleo. Los mismos constituyen un reclamo de información y evaluación global de la internacionalización que simplemente ha sido ignorado por quienes están en la obligación de hacerlo.

En los momentos actuales nos encontramos frente a un nuevo emprendimiento de la gerencia de PDVSA: la "apertura" al capital petrolero internacional. Desde hace cuatro años viene siendo anunciada. y el "masaje" a que ha sido sometida la opinión pública ha sido tal, que ya muy pocos se atreven a hacer objeciones al fondo de las propuestas de la industria, remitiéndose la discusión a meros aspectos formales.

El intrumento de tal apertura es el así llamado "esquema de ganancias compartidas", fabricado con un desconocimiento -o voluntario olvido- de nuestra historiam, tal, que se retrotrae la política petrolera venezolana a los años anteriores a 1920, fecha de instauración, por Gumersindo Torres, de la figura de la reserva nacional en las concesiones de hidrocarburos. 7

4 Drewry Shipping Consultants, US Oil and Gas Imports to 2000. July 1993. Pág. 4.


5 C. Mendoza P. La Industrialización Foránea de los Hidrocarburos Venezolanos, Aporte Crítico al Documento Base 3. Caracas, Noviembre 1994.


6 Ministerio de Energía y Minas, Consolidación del Desarrollo, Sector Petrolero Venezolano, Documento Base, Caracas, Noviembre 1994.
El "esquema" es precedido por una exposición de motivos plena de contradicciones, fabricada con el sólo propósito de convencer sin parar mientes en los argumentos utilizados. Así, para demostrar que el desarrollo de esas áreas no puede ser emprendido por el Estado, se les califica de "alto riesgo, alta complejidad geológica y sofisticados requerimientos tecnológicos", todo lo cual se traduce en altos costos. Pero, para ponderar la factibilidad del negocio se habla de una alta prospectividad, con una tasa de hallazgos del 30%. 8

En general, se trata de un documento que al distorsionar la realidad tiende a colocar al país en una condición minusválida a la hora de negociar, ofreciendo condiciones inaceptables para el interés nacional y minimizando el valor del propio trabajo de PDVSA en la delimitación de los lotes que se negocian, al calificarlos como de alto riesgo, mientras que, según el mismo documento, en esas áreas, 2% del territorio nacional, se espera encontrar el 17% de las reservas remanentes del país.

Ratificamos finalmente, y por si hiciera falta, que no se trata de un empeño en destruir a la empresa petrolera de todos los venezolanos, sino, por el contrario, de que ésta funcione de acuerdo a los más altos intereses de la Nación. Para ello es requisito indispensable que la opinión publica está cabalmente informada de todas las alternativas, propuestas y posiciones en la materia.

7 Bernard Mommer, Análisis comparativo del Marco de Condiciones propuestas al Congreso de la República por el Ejecutivo Nacional referente a Convenios de Asociación en la exploración y subsiguiente explotación de crudos medianos y livianos en nuevas áreas. Caracas, Enero 1995. El Dr. Mommer demuestra palmariamente que el esquema de ganancias compartidas es un retroceso respecto a las concesiones de 1943 y los Contratos de Servicios de 1970.


8 C. Mendoza P., Comentarios al Documento "Consolidación del Desarrollo, Sector Petrolero Venezolano. Caracas, Enero 1995.


Revista Venezolana de Economia y Ciencias Sociales, No. 2-3, abril-septiembre 1995, pp. 267-280. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, FACES-UCV




De la participación estatal en el negocio petrolero

Carlos Mendoza Pottellá
Nov. 1995

La consideración fundamental que hay que hacer sobre el tema es que se trata de un problema político, de un problema de relaciones de poder, en el cual una peculiar agrupación, integrada por factores privados nacionales y extranjeros vinculados al negocio petrolero y cúpulas gerenciales de la empresa pública, ha logrado imponer como verdades indiscutidas un conjunto de postulados que mezclan realidades objetivas con una carga considerable de falacia.

Dichas afirmaciones forman parte de un programa definido, que tiene como nortes la expansión constante del negocio petrolero -independientemente de la pertinencia macroeconómica y rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente privatización de las actividades en esa industria en particular.

Ese conjunto de verdades establecidas, que parte de concepciones hoy de moda, en cuanto a la incapacidad del Estado para gerenciar actividades productivas, tiene un expresión particular:

La carga fiscal sobre PDVSA es excesiva. PDVSA es la empresa petrolera que paga más impuestos en el mundo. Mantener esa carga fiscal equivale a perpetuar el ya fracasado modelo de rentismo parasitario y continuar alimentando a un Estado paternalista e ineficiente.

El control "político" sobre la industria obastaculiza el desarrollo eficiente de sus programas. Las trabas burocráticas que imponen los distintos organismos contralores, ejecutivos y legislativos, deben ser eliminadas en beneficio de la autonomía gerencial para ejecutar eficientemente sus planes y programas. Este es camino hacia la Venezuela productiva.

El mejor destino del ingreso petrolero es su reinversión el mismo sector. No existe otra actividad económica en Venezuela que le permita obtener ventajas comparativas y competitivas similares. Cada dólar adicional invertido en la industria petrolera genera, directa e indirectamente, efectos multiplicadores en el Producto Interno Bruto superiores de los de cualquier otra aplicación.

Venezuela debe ir hacia una más estrecha asociación con sus clientes desarrollados y abandonar asociaciones tercermundistas, de subdesarrollados y de perdedores, como la OPEP. La OPEP no ha beneficiado mucho a Venezuela y le impone trabas a un desarrollo que la llevaría a convertirse en una de las primeras potencias petroleras del mundo.

Para desarrollar la inmensa base de recursos petroleros de Venezuela, hay que desmontar todo el aparato de regulación y fiscalización que pesa sobre esa actividad industrial, porque ese desarrollo no es posible hacerlo con los recursos internos y es necesario atraer al capital petrolero internacional con proposiciones de una rentabilidad mayor a la de otros destinos. El escenario óptimo sería la completa privatización de las actividades petroleras, para permitir la convergencia competitiva en todas ellas de los capitales nacionales y extranjeros que quieran hacerlo. Las participación nacional no se centraría en una exagerada presión fiscal, pues ello reeditaría el modelo rentista, sino en la multiplicación de actividades productivas que se generarían.

Considerando todo lo anterior, matriz de opinión plenamente establecida y alimentada continuamente por todos los medios de comunicación y asumida por destacados dirigentes de casi todos los partidos políticos, cualquier reivindicación del Fisco frente a PDVSA, como detener el proceso de desgravación establecido con la eliminación de los Valores Fiscales de Exportación, o hacer reparos a sus declaraciones impositivas, será repelida como intentos de volver a los tiempos del rentismo y el dirigismo populista.

La tarea por tanto, debe centrarse en desmontar, con hechos y cifras, las falacias establecidas como verdades. Toda reivindicación fiscal debe hacerse con una fundamentación exhaustiva, legal, macroeconómica y sobre todo, política.

La realidad fundamental que se soslaya en la referida matriz de opinión es el de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos y los derechos que como propietario, independientemente de su condición de Estado, le corresponden.

Pese a la anómala condición de compañía anónima que se le confirió a PDVSA, sus ejecutivos no son otra cosa que funcionarios públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la política de los propietarios, en la gestión de esa industria. PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en FEDECAMARAS o en Ven Am Cham, es una empresa estatal. Parecería una verdad de perogrullo, pero éste es uno de los principales problemas políticos que se plantean en el país en materia de política petrolera.. Las fidelidades de PDVSA se orientan hoy hacia sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tiene secretos. Por otro lado, recela de los poderes públicos, esconde información a sus legítimos contralores y reniega de su condición estatal. En su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. El más importante foco generador de tendencias privatistas de la industria petrolera nacional se encuentra en sus cúpulas gerenciales.

La política petrolera venezolana debe definirse claramente a nivel Estatal, es decir, debe se establecida con la participación de todos los poderes públicos. La motivación es doble: La primera se refiere a que, en cualquier circunstancia de propiedad sobre los recursos del subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación, claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo, pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.

Esa política petrolera, en tanto que política de los propietarios colectivos, debe ser tambien el producto de una amplia consulta en todos los estamentos de la sociedad. Para ello, debe dársele participación cierta a todas las organizaciones representativas que no lo hacen directamente en los poderes públicos centrales, como la CTV, FEDECAMARAS, gremios profesionales, universidades, corporaciones de desarrollo regional, estados y municipios, sin olvidar, desde luego, a ese poder público no deliberante que son las Fuerzas Armadas. Este también es el camino para hacer cualquier propuesta reivindicadora de los derechos de los propietarios sobre su patrimonio.

 En el plano técnico - operativo de esa reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las cuales se fundamenta la "verdad petrolera". se hace necesario, por tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad. de manera de establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.

Pero aun manejando las muy manipuladas cifras actuales, en ellas se pueden encontrar los indicios de una grave situación en cuanto al deterioro de la participción fiscal petrolera.

Ese deterioro tiene tres fuentes fundamentales: La primera de esas fuentes está en el conjunto de disposiciones tendientes a la desgravación impositiva que han sido establecidas, tanto por el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, en los cuatro períodos constitucionales transcurridos desde el momento en que esas actividades fueron reservadas al Estado.

La más grave de esas medidas ha sido, hasta ahora, la eliminación de los Valores de Exportación, mecanismo con el cual el Estado contrrarrestaba las manipulaciones en los costos que disminuían la base impositiva. En las "asociaciones estratégicas", partiendo del Cristóbal Colón, se redujo la tasa aplicable del ISLR del 67,7 al 30%, con garantía de que no habrá vuelta atrás. Hoy en día ya se plantean, en documentos oficiales, propuestas concretas para reducir el pago del impuesto de explotación o regalía en las areas nuevas, aplicando factores de hasta 0,7 al precio de liquidación, para el cálculo del 16 2/3 por ciento, con la excusa de reconocer costos de transporte.

Dentro de esta misma fuente puede ubicarse una variante: la omisión -voluntaria o nó- en las labores de fiscalización y control, la inercia en el tratamiento de situaciones nuevas, etc. Este es, por ejemplo, el caso del cobro del impuesto de explotación entre 1979 y 1986, lapso en el cual los precios de liquidación se dejaron estancados entre 11 y 12 dólares el barril, mientras que los precios de realización subían de 17 a 29 y se mantuvieron por encima de 25 dólares por barril hasta el final del período. (En los tiempos pre-nacionacionalización los precios de liquidación de la regalía superaron siempre a los precios de realización o de referencia)

La segunda fuente de deterioro de la participación fiscal tiene una raigambre más antigua, y se refiere, precisamente, a las prácticas de manipulación de costos en las que dictaron cátedra las antiguas compañías concesionarias.

Tales prácticas son poco perceptibles en los primeros años de funcionamiento de la industria petrolera en manos del Estado, aún cuando se produjeron denuncias puntuales como el exagerado costo de los contratos de asistencia tecnológica, los descuentos de precios establecidos en los contratos de comercialización, los "obscenos" -Gonzalo Barrios dixit- sueldos de los ejecutivos petroleros o los costos imputados a unas supuestas "actividades de producción en la Faja del Orinoco".

A partir de 1991, por el contrario, puede observarse una aceleración en el tendencial crecimiento de los costos. Sería pertinente analizar en detalle este período para determinar la naturaleza de ese extraordinario crecimiento. De manera particular, cabría revisar los resultados de negocios tales como las asociaciones estratégicas en la Faja del Orinoco, la explotación de "campos marginales"que ahora no lo son tanto, la orimulsión y la internacionalización. Los aportes o cargas que generan Carbozulia, Pequiven y Palmaven. ¿Qué ha pasado y que pasará con Sucre Gas y el proyecto Cristóbal Colón?

En la internacionacionalización por ejemplo, se materializa una forma clara y evidente de sacrificio o elusión fiscal, al entregar a las filiales de PDVSA en el estados Unidos cargamentos de petróleo con descuentos de hasta 3 dólares por barril sobre su precio de realización. Más grave aún es el net-back de Ruhr Oel, en el cual se reflejan, en algunos años, descuentos superiores a los 5 dólares por barril.

La tercera fuente de la caída fiscal tiene que ver con el crecimiento real de los costos operativos. Ese crecimiento se genera, fundamentalmente, en la necesidad de revertir la tendencia física de los yacimientos tradicionales a disminuir su capacidad productiva, calculada en 600 mil barriles diarios cada año. Esta tendencia era estimada en 200 mil barriles diarios cada año en la década de los setenta y se ha venido incrementado debido a las políticas de expansión constante de la producción. Precisamente para que esa tendencia no se materialice y peor aún, para generar nueva capacidad potencial, se debe incurrir en costos crecientes de reparación y reacondicionamiento, de generación e inyección de vapor, de perforación de avanzada y desarrollo dentro del area probada, sin mencionar aquí la perforación exploratoria para encontrar nuevas localizaciones.

Como puede observarse, no se trata solamente de la tendencia física. originada por el saqueo que hicieron las concesionarias entre los años 60 y 70, sino también de la voluntad de revertirla. Aquí cabría preguntarse, ¿Hasta cuándo será económicamente factible mantener ese esfuerzo? ¿No serían inferiores esos costos si se trazaran metas de producción cónsonas con el grado de agotamiento de los yacimientos?

En resumen, podría afirmarse que para cada una de estas tres fuentes de deterioro fiscal hay alternativas, pero ellas no son sencillas, ni fáciles de aplicar. Repitiéndonos, la situación conforma un serio problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de consenso en torno a las decisiones que se propondrían.

CMP/Nov. 1995.
Planificación y Apertura Petrolera


Carlos Mendoza Pottellá
Agosto, 1995

Debería ser obvio, en Venezuela, que la planificación económica y financiera nacional incluyera como variable fundamental a su principal industria. Y que, viceversa, la planificación petrolera se insertara dentro del marco de las políticas macroeconómicas establecidas por los poderes públicos.

Sin embargo, en esta materia la desconexión es total. La situación es ampliamente conocida, el rey esta desnudo, pero nadie se atreve siquiera a mencionarlo.

La industria petrolera, atrincherada tras su condición de compañía anónima que maneja asuntos de alta complejidad técnica, ha convertido en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometen el principal patrimonio colectivo de los venezolanos.

Su “planificación corporativa” responde a criterios empresariales de expansión constante del negocio, sin consideración de las prioridades de orden económico y social que puedan establecer las instancias del poder nacional. Aun mas, el ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a la cúpula gerencial y a sus asesores, debido al premeditado desmantelamiento del Ministerio de Energía y Minas, órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.

Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacen a partir de datos sobre cuya génesis no tienen ninguna posibilidad de modificación. Es decir, “planifican” a partir de parámetros que son fijados de manera independiente por los petroleros.

Así, el Gabinete Económico, Hacienda, CORDIPLAN, OCEPRE, las Comisiones de Finanzas y otros órganos ejecutivos y legislativos, planifican a la manera como lo haría un joven con la mesada asignada por su padre: a veces protestando su insuficiencia, pero sin el poder para ir mas allá, a estudiar los factores determinantes de tal nivel de asignación.

La crisis nacional exige a los poderes públicos una asunción plena de sus responsabilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una decisión política de amplias repercusiones, que afectaría a otros poderes constituidos y que seria duramente combatida. Pero el caso lamentable es que en la actualidad el país no cuenta con un liderazgo político capaz de emprender esa tarea.

La ocasión en que se discutieron en el Congreso los términos de la llamada “apertura petrolera” fue propicia para comprender, tanto la urgencia de esa decisión reivindicadora del poder nacional, como el referido vacío dirigente.

En efecto, la campaña ablandadora del lobby petrolero colocó al Congreso Nacional en la situación de tener que aprobar, sin mayores modificaciones, el esquema elaborado por PDVSA y sus asesores externos. Fue permanente el bombardeo informativo sobre la inminencia y urgencia de tal aprobación, mientras que se tendió un manto de silencio sobre las flagrantes debilidades que han sido detectadas en dicho instrumento por calificados estudiosos.

Se acorraló al Congreso, como ya se ha hecho tantas veces y tal como sucedió en la oportunidad en la que se le vendió el ahora fallido Proyecto Cristóbal Colón. Hoy es publico y notorio, reconocido por legisladores que entonces dieron su voto afirmativo, que en aquél instrumento aprobado a la ligera se materializaron una serie de cláusulas lesivas al interés nacional. Entre otras, se destacan aquéllas que consagraron la renuncia a la soberanía impositiva de la Nación.

Ahora bien, si los dirigentes petroleros estatales asumen el papel de albaceas de nuestros potenciales socios y exigen para ellos el otorgamiento de sus máximas aspiraciones. ¿En que posición negociadora quedará el país? ¿Hasta donde llegará el sacrificio fiscal? Por lo pronto, estamos liquidando como pellejo lo que en verdad es lomito. A saber:

Los lotes que se han programado para negociar en la “apertura” constituyen las zonas de mayor prospectividad de crudos livianos en el país. Las mismas cifras de reservas que se dan como factibles de ubicar en cada lote reflejan el trabajo exploratorio previo que se ha realizado en ellos. La estimación mínima inicialmente presentada fue de 7.000 millones de barriles y ahora, en la euforia desatada por la aprobación del esquema aperturista, el Presidente de PDVSA anunció que se podría llegar hasta 45.000 millones , cifra esta última que triplica a las actuales reservas totales de crudos livianos y medianos del país.

Considerando que tales reservas se encontrarán en sólo 18.000 kilómetros cuadrados, es evidente que los lotes que se licitarán no son, como se pretende, áreas de “alto riesgo” y que, por el contrario, el país debe exigir ventajas especiales a los licitantes por poner a su disposición esos mangos bajitos.

El Congreso Nacional debió asumir su condición de depositario de la voluntad popular y hacerla valer frente a las presiones del lobby petrolero, poniendo por delante los intereses permanentes de la Nación venezolana, que son los de sus grandes mayorías y no la de los poderosos aliados internos del capital petrolero internacional, quienes monopolizan los espacios de los medios de comunicación, y fabrican una “opinión publica” favorable a sus emprendimientos.

Pero ello no fue así. La verdad petrolera, aliada en esta oportunidad al realismo político, se impuso nuevamente: En general, hubo consenso parlamentario para aprobar la apertura propuesta. Los mas críticos, quienes al final salvaron su voto, pero que antes contribuyeron a crear la atmósfera consensual, solo alcanzaron a pedir que el instrumento escogido no fuera tan entreguista como el propuesto y ensayaron diversas fórmulas para garantizar “el control” en las asociaciones que se constituirían. Soñaban con una “apertura blindada”, según la imposible síntesis conceptual propuesta por Teodoro Petkoff, quien olvidó que los blindajes fueron inventados para cerrar, no para abrir.

Carlos Mendoza Pottellá
Petróleo, Actualidad y Desconcierto


Carlos Mendoza Pottellá  -  Octubre 1994

"Es indispensable aguzar todos los sentidos para escudriñar la verdad entre la madeja de predicciones y escenarios paraísos e infiernos, que elaboran los distintos grupos de interés que pululan en torno al petróleo". Hace dos año hice esta afirmación en un trabajo presentado para fines académicos.

Recientemente, revisando la información petrolera nacional que se estaba produciendo en ese mismo momento, me fue posible construir con ella un panorama en el cual encajaba completamente el planteamiento de entonces.

Pruebas al canto:

"Bitúmenes del Orinoco ha identificado en Latinoamérica un mercado potencial para colocar dos millones de toneladas métricas anuales de Orimulsión para finales de siglo."
Omar Guaregua, "El Globo", 24 de julio de 1994, pág. 13.

"El año pasado, Citgo vendió cinco mil millones de galones de gasolina. Ahora cuenta con su propia marca en 12.500 estaciones de gasolina en Estados Unidos, o sea, más que cualquiera otra compañía, incluido el gigante Exxon."
The Wall Street Journal Americas, "El Nacional", 30 de agosto de 1994, pág. 6/Economía.

"¿Por qué no será ya tan indispensable el petróleo del Golfo en la eventualidad futura que analizamos? La respuesta es: porque ahora existe Venezuela"
Rubens de Moraes, "El Globo", 30 de agosto de 1994, pág. 25.

"...los trabajadores de PDVSA no son los responsables de no haber administrado adecuadamente la riqueza petrolera sino quienes han estado al frente del Estado en la época del desenfreno..."
Rafael Caldera, El Nacional, 3 de septiembre de 1994, pág. D-2.

"Nunca se pudo constatar que el Proyecto Cristóbal Colón era rentable con los actuales precios en los EE. UU."
Alvaro Silva Calderón, "El Globo", 3 de septiembre de 1994, pág. 18.

"La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados propondrá al Ejecutivo Nacional reducir la regalía petrolera de 16 2/3 por ciento a diez por ciento, como una alternativa para evitar el aumento directo de los precios de la gasolina en el mercado interno"
Omar Guaregua, "El Globo", 3 de septiembre de 1994, pág. 16.

"Petróleos de Venezuela debe adaptar sus planes de apertura al capital privado al ritmo actual de la economía venezolana, ya que de lo contrario se generaría un "recalentamiento" del sistema, lo cual es inconveniente desde todo punto de vista".
Gustavo Roosen, "El Globo", 6 de septiembre de 1994.

"Como método de análisis nos referimos al caso propuesto de repartir el 50% de las acciones de PDVSA entre los 10 millones de venezolanos mayores de 16 años."
Francisco Monaldi, ¿Quiénes son los dueños de PDVSA? El Diario de Caracas, 17 de septiembre de 1994, pág. 3.

"Más beneficioso sería para el presupuesto nacional suprimir la mayor parte de la burocracia estéril de PDVSA. Facilmente se podrían conseguir más de cien mil millones de bolívares en el primer año por este concepto."
Leopoldo Díaz Bruzual, "El Globo", 17 de septiembre de 1994, pág. 11.

"PDVSA se ha convertido en un Estado dentro del Estado. ...PDVSA está ampliando sus programas de exploración cuando el resto del mundo petrolero ha estado recortando gastos... En PDVSA, igual que en el Estado, ya hay una burocracia inútil e ineficaz que se dá el postín de tratar al público como súbditos. ...PDVSA es intocable. Ella es juez y parte en sus propios asuntos y no admite fiscalización externa. Nadie la puede fiscalizar ni criticar, nadie puede con su fuerza social y política
Carlos Ramírez Faría, "El Globo", 23 de septiembre de 1994, pág. 5.

"A lo que nos queremos referir es a la necesidad de negociar mucho mayor cantidad de hidrocarburos y otros recursos naturales a futuro para arbitrarnos mayores recursos destinados a cancelar la deuda externa, pues las cuotas de amortización de la misma, de alrededor de $ 4.000 millones anuales impedirían dicho objetivo, aunque signifique abandonar el cartel, por cuanto no puede aceptarse que nada ni nadie se anteponga al interés nacional."
Juan Miguel Senior, La Deuda Externa, la Opep y el Plan Corrales,
"El Globo", 24 de septiembre de 1994, pág. 20.

En algunas de estas afirmaciones encontramos, con destellos de una realidad desapacible, las voces críticas que se desgarran ante un auditorio de sordos. Tales los casos de Alvaro Silva Calderón, Leopoldo Díaz Bruzual, Carlos Ramírez Faría y ¿quién lo diría?... Gustavo Roosen.

Aparte de valorar lo expresado por estas personalidades como aportes a la discusión más importante que tiene planteada el país en materia económica -dada la magnitud de los recursos envueltos y la complejidad de las decisiones que hay que tomar- no voy entrar a discutir sus respectivas posiciones.

Por considerar que tal empresa merece un espacio mayor que el de una crónica volandera, me limito a llamar la atención de la opinión pública sobre la existencia de esos temas, sobre la necesidad de una consideración abierta y profunda de los mismos.

Sin embargo, y como suele suceder, son aquéllas afirmaciones que más nos chocan las que llaman la atención. En mi caso particular y en esta oportunidad, con el debido respeto hacia quienes las emiten, quiero cazar pelea con algunas de ellas. Al grano:

Como si no fuera suficiente el sacrifico fiscal continuo que se ha materializado en cada uno de los últimos 18 años, el Presidente de la Comisión de Energía y Minas de Diputados propone reducir la Regalía petrolera. La exagerada presión fiscal sobre la industria petrolera es el más persistente de los mitos petroleros en Venezuela. No hay hueco fiscal ni presupuestario que haga voltear la mirada hacia las cuentas de costos abultados e inversiones inviables de la industria petrolera. Y las propuestas con más "punch" y entrada en los medios de comunicación son aquellas que tienden hacia sucesivos recortes de la participación fiscal, el verdadero ingreso neto de la Nación en materia petrolera.

¿50% de las acciones de PDVSA entre los 10 millones de venezolanos mayores de 16 años? Sería la abusiva apropiación privada -por una generación que ya ha malgastado la mayoría de esos recursos- del patrimonio colectivo de todos los venezolanos, incluídos aquéllos que todavía no han nacido. Repartido ese 50% entre esos 10 millones y en las condiciones de capitalismo salvaje predominantes en este país, en pocos meses serían sólo algunas grandes corporaciones industriales y financieras las que comenzarían a tener voz cantante en el negocio y a imponer sus particulares condiciones.

¿Salirnos de la OPEP y vender mayores cantidades de petróleo a futuro? Otro mito petrolero convertido en verdad a fuerza de palangre. De los famosos 63 mil millones de barriles de reservas "probadas", 32 mil millones son bitúmenes que a las tasas de producción actuales nos durarán unos 2.700 años. Venezuela no puede hoy producir ni una gota más de los petróleos livianos y medianos que exige el mercado. A los niveles de producción registrados en los últimos años nos quedan menos de 20 años de esas reservas. Los costos de mejoramiento de bitúmenes todavía no son lo suficientemente bajos como para hacer muy atractiva la operación.

La Orimulsión es un negocio de limitadas proporciones, altos costos y bajos precios, que hasta ahora sólo ha generado a la Nación el desembolso de casi 1000 millones de dólares en inversión y una pérdida de más de 80 millones en los últimos cuatro años. Estos resultados "preoperacionales", según el eufemismo de PDVSA, nos mantendrán esperando, por más de una década, los rendimientos positivos extraordinarios que harían posible recuperar los montos comprometidos en la aventura: más de 4.000 millones de dólares en gastos e inversiones hasta 1997... La posibilidad de colocar millones de toneladas métricas hacia finales de siglo a que hace referencia BITOR , en la nota citada de Omar Guaregua, se calcula, precisamente, sobre el presupuesto de ofrecer precios inferiores a los del carbón y con márgenes teóricos de rendimiento que no se han materializado hasta ahora.

Los cinco mil millones de galones de gasolina vendidos por Citgo en sus 12.500 estaciones deben compararse con el resultado neto para la Nación de esas actividades: 162 millones de dólares, el 1,78% de las ventas netas (El Globo, 3 de agosto de 1994, pág. 18) Otra razón para pedir cuentas petroleras claras. Hasta ahora, y desde 1989 cuando se comenzó a plantear la desproporción de esas cifras, no se han recibido explicaciones sobre las mismas. ¿Cuándo la "opinión pública" de este país considerará de su interés una inversión estatal de 4.000 millones de dólares y con un rendimiento promedio de 4% sobre tales activos?

Con todo el respeto a su alta investidura, debemos decir al Ciudadano Presidente de la República que cuando una explicación no es solicitada, resulta siempre comprometedor el intento de darla. Concordamos con el Presidente en cuanto a que "los trabajadores de PDVSA" no son responsables de la mala administración de la riqueza petrolera. Ello no era necesario decirlo. En las filas técnicas de nuestra industria está una digna representación de los venezolanos más capaces.

Pero otro es el caso de los ejecutivos en función política, aquéllos que, en tanto que planificadores y estrategas, han tomado las decisiones trascendentales en cuanto a embarcar a la industria en megaproyectos inviables con tal de acrecentar su poder. Esos sí son responsables de la sangría fiscal, producto de una explosión no justificada de costos y proyectos. Son responsables del mantenimiento de una estructura burocrática de altísimo costo y ninguna necesidad. Son responsables de la proliferación de campañas para anteponer la "visión corporativa" a la de los poderes públicos en materia de política petrolera y económica en general. Son responsables de diseñar escenarios políticos en los cuales la alternativa Caldera era denominada "Democracia Ineficiente" y la alternativa Muñoz León "Dictadura Ilustrada", ofreciendo ésta última el mejor de los mundos posibles para el desarrollo de la industria y el posterior surgimiento de una "nueva democracia".

Por ello, insistimos, una cosa son los técnicos de la industria y otra sus políticos, la cúpula gerencial con pretensiones antiestatales y visión privatizante orientada más hacia el "negocio" que a las conveniencias nacionales.

Todo lo anterior me hace volver al primer párrafo para insistir en que, en cuanto a la industria petrolera y su destino, la imagen que conforman el conjunto de las opiniones que muestran los medios de comunicación es aquélla de un universo de desconcierto, desinformación, e indefiniciones en la materia. Tal es el escenario perfecto para los grandes pescadores en río revuelto.

Y en verdad, no hay razón para ello. Si nos disponemos, en Venezuela podremos tener una gran claridad en cuanto a las verdaderas conveniencias nacionales. Sólo hace falta la voluntad política que decida abrir el velo del secreto petrolero y exponer la realidad descarnada de nuestra industria, sin creativos adornando la "imagen corporativa".
Realidad Nacional Versus Mitología Neoliberal

Carlos Mendoza Pottellá   1994

Los seres humanos hemos desarrollado diversas maneras de enfrentar las realidades avasallantes, aquéllas que escapan a nuestras posibilidades de modificación o manipulación: O las aceptamos y aprendemos a vivir con ellas, o las rechazamos y pretendemos su inexistencia, imaginando mundos maravillosos donde tales ingratitudes no existan.

Así pasa con la Ley de la Gravedad: Conocidas las limitaciones que ella impone, muchos han tratado, desde los tiempos de Icaro, de despegarse del suelo. Pirámides, ascensores, globos, helicópteros, cohetes y trasbordadores espaciales, son algunos de los testimonios de esa milenaria pretensión. Otros, simplemente han preferido imaginar intervenciones divinas y fórmulas mágicas. Angeles alados y brujas en escobas, Peter Pan y Superman. Quienes han pretendido estar dotados de tales fórmulas han terminado estrellados.

Algo parecido sucede en Venezuela respecto a las peculiaridades impuestas a nuestra sociedad por la disposición de una inmensa riqueza natural. Para comprobar esa similitud debo recordar primero algunos lugares comunes:

Circunstancias centenarias -vinculadas a nuestro origen colonial y a las previsiones bolivarianas- determinaron que esa riqueza, el petróleo, quedara reservada a la propiedad estatal. Ello da origen a la percepción generalizada según la cual los hidrocarburos constituyen patrimonio colectivo de todos los venezolanos. La historia, sin embargo, ha sido un tanto distinta.

Desde los inicios de la explotación petrolera en el país, el Estado, perceptor único de la renta derivada de esa actividad, se conviritió en supremo dispensador de riqueza, privatizando de manera inequitativa los resultados de la liquidación del patrimonio público. Los vínculos privilegiados con el Estado, vía contratos, créditos, exoneraciones y estímulos, han sido la fuente de la acumulación originaria de los sectores dominantes en Venezuela. Escárbese a cualquier grupo industrial, financiero o comercial venezolano y, sin profundizar mucho, podrá constatarse este aserto.

Es pertinente aclarar que no se trata de condenar el origen público de las riquezas privadas. En fin de cuentas, así funciona el capitalismo, y no podía ser de otra manera en la Venezuela de los años 20 ó 50... Y mucho menos se puede pretender en los 90, cuando colapsa el "socialismo real" y las consignas solidarias se apagan frente al escepticismo y pragmatismo generalizados..

De tal manera que, apartando los innumerables casos de peculado y corrupción, fue y sigue siendo legítimo contratar lucrativamente con el Estado, obtener créditos blandos, exoneraciones impositivas, estímulos a la producción y exportación de productos no tradicionales, beneficiarse de becas, subsidios y otras formas de transferencia unilateral. Otra cara de la moneda sería la evaluación de la equidad, imparcialidad y universalidad con la cual se ha materializado ese aprovechamiento de la renta petrolera.

Pero de lo que si se trata es de llamar la atención sobre una realidad que los extremistas de la moda neoliberal tratan de eludir: El Estado venezolano juega un papel determinante en la economía nacional, no por el imperio de alguna ideología estatizante o socializante, o por alguna pretensión de "omnipotencia", sino por su soberanía sobre la principal -por muchos años casi única- riqueza del país. (Aparte de las empresas que se integran al Sector Público por la vía de las quiebras declaradas por sus propietarios privados originales, quienes, en la mayoría de los casos, desviaron fondos públicos y de sus clientes hacia sus arcas particulares y con sus fiascos convirtieron al Estado venezolano en banquero comercial, hotelero, industrial azucarero, fabricante de cementos y hasta alfarero)

En el caso venezolano, postular la no intervención del Estado en la economía es, precisamente, ir contra las leyes del mercado, pues se trata de anular la participación del principal agente del mercado nacional, concurrente mayoritario, tanto del lado de la oferta como del de la demanda..

La conciencia de esa circunstancia es evidente en algunos colegas economistas, quienes, para ser coherentes con sus concepciones, proponen resolver la contradicción llevando las cosas hasta sus últimas consecuencias: No basta con la renta petrolera, hay que privatizar también a la industria petrolera.

A mi manera de ver se quedan cortos porque, para anular efectivamente la participación activa del Estado, la privatización tendría que llegar hasta la propiedad de los yacimientos, con lo cual sus propuestas adquirirían un rango constitucional.

Ahora bien, es posible que una reforma constitucional neoliberal logre despojarnos de la vana ilusión de ser dueños colectivos de semejante riqueza, pero, por lo pronto y a mediano plazo, no parece haber ambiente para el advenimiento de esas condiciones ideales para el funcionamiento del modelo de libre mercado.

Y así, poniendo por caso la actual discusión sobre la legitimidad de las medidas de control de cambios adoptadas por el Ejecutivo, quienes se rasgan las vestiduras clamando en contra del retorno del intervencionismo estatal olvidan el contexto descrito y el hecho de que el Sector Público es el generador directo -fundamentalmente a través de la exportación del petróleo y sus derivados- de más del 80 por ciento de los ingresos externos corrientes (Antes lo había sido de porcentajes mayores, pero la caída de los precios del petróleo, más que el crecimiento de las otras fuentes, lo redujo a tal nivel)

En otras palabras, el Estado ha sido y es el oferente mayoritario de dólares en el mercado nacional. Ah, pero en nombre de la libertad del mercado, nuestros sesudos neoliberales le exigen que se comporte como concurrente minoritario, dejando que el precio -tipo de cambio- sea establecido por la oferta marginal y una demanda monopsonista y especulativa creada, no por los requerimientos de la actividad económica normal del país, sino por el desbarajuste fraudulento del sector financiero privado que dio lugar a los billonarios "auxilios" del -ahora sí bienamado- padrecito Estado.

Pero, si además de las transacciones internacionales, recordamos los conocidos indicadores sobre la condición histórica del Estado venezolano como generador directo de un tercio del PIB nacional y de más 60% sus propios ingresos fiscales , podemos comprender la magnitud del despropósito de las propuestas de dejar que sean las actualmente escuálidas fuerzas del mercado ajenas al sector público las que determinen hoy el sistema de precios a través del cual se produciría, supuestamente, una asignación más eficiente de los recursos generados en la economía nacional.

Con el énfasis en la actualidad de las circunstancias descritas quiero reiterar que no descarto un cambio de las mismas por la vía de las privatizaciones, pero a mi entender, hasta entonces, el poder del mercado estará en manos del Estado. Y éste deberá ejercer ese poder tomando decisiones económicas que, indudablemente, determinarán el destino de los demás concurrentes, tal como lo hacen los monopolios y oligolpolios empresariales en cualquier mercado capitalista de competencia monopolística, es decir, en todos los mercados de nuestros tiempos.

CMP 1994