lunes, 18 de enero de 2010

Petróleo, información y opinión pública

Carlos Mendoza Pottellá
1998

Es evidente el carácter crucial de las circunstancias petroleras actuales. Basta con colocarse en la media noche del 23 de marzo, inmediatamente después del acuerdo de Riad, y comparar el sentido y énfasis de las declaraciones de los dirigentes petroleros venezolanos antes y después de esa fecha. Quedará claro de esa comparación que todas las “matrices de opinión”, impuestas hasta entonces por los voceros de ese sector, se estremecen hasta sus propios cimientos por el embate de una realidad adversa, que refuta todos los días los supuestos sobre los cuales se construyeron políticas y programas de la industria petrolera venezolana.

Hoy todo eso está en discusión, como siempre ha debido ser, pero que había sido eficientemente eludido por los dirigentes políticos y económicos del país. Sin embargo, para poder aproximarnos a la verdad verdadera, para terminar de abrir los ojos y establecer, con propiedad y conocimiento de causa, la política petrolera que más conviene al país y a su población, esa discusión tiene que ser nutrida de una mayor información independiente sobre la materia. Una información certera, ajena en lo posible a las manipulaciones de los poderosos intereses individuales y grupales que pululan en torno a los negocios petroleros.

Sin dejar de advertir que esos intereses pueden ser legítimos, y de hecho lo son en la mayoría de los casos, es imprescindible tener en cuenta que las conveniencias nacionales tienen que ser una síntesis, un compromiso, donde cada sector o grupo representativo entienda que sus aspíraciones particulares tienen un límite. Esos límites, que establecen los espacios dentro de los cuales cada uno tiene derecho a buscar su propio beneficio, deben ser fijados abiertamente, con el máximo nivel de información de las circunstancias para todos los interesados en la materia: los actuales 23 millones de habitantes de este país.

Desde luego, se trata de un problema político, donde de acuerdo a la distribución de fuerzas de los diversos agentes económicos y políticos, internos y externos, se llegará a un compromiso. Este compromiso nunca será satisfactorio para todos y, por ello, se generará una lucha permanente por recomponer los resultados. Eso será inevitable, pero expresará la existencia de una sociedad múltiple, con intereses contrapuestos entre sus diversos componentes, pero con plena conciencia de la realidad.

Todo lo anterior puede parecer iluso –aunque sea evidente que así funcionan las cosas en no pocos países- si partimos de la realidad venezolana actual en esta materia, caracterizada por una ignorancia generalizada y una desinformación meticulosamente construida, pero en nuestra opinión es indispensable plantearlo como un objetivo factible, si es que realmente queremos tener un país moderno y democrático: podríamos construir así una opinión pública que se establezca de una manera abierta, por encima del “lobby” y la manipulación grupal.

Por el contrario, lo sucedido hasta ahora ha sido la aceptación acrítica de una verdad tecnocrática, fraguada según criterios corporativos excesivamente sesgados hacia ciertos intereses particulares, había permitido establecer como única verdad a aquélla que sostiene que la salvación del país, el camino para salir de la crisis, se encuentra en la contínua expansión de su producción petrolera. Consecuentemente, debíamos reconocer la fatalidad de nuestro destino monoproductor y olvidarnos de sueños agroindustriales.

En la coyuntura actual, después de las patéticas reuniones de Riad, Amsterdam y Viena, habiendo fracasado, obviamente, todas las bravatas de “compensar la caída de los precios con mayor producción” y colocado el país ante las gravísimas consecuencias de un inmenso hueco fiscal, se ha hecho evidente que los dirigentes petroleros venezolanos no pueden hacer lo que les venga en gana, orientados por criterios exclusivamente corporativos y sectoriales, sin tomar en cuenta, con la debida atención, las limitantes nacionales e internacionales.

Por todo ello, creemos que es necesario poner en discusión todos los fundamentos y supuestos de la política petrolera contemporánea. Veamos algunos ejemplos de esos elementos y las dudas que suscitan:

Venezuela cuenta una “inmensa base de recursos”, estimada oficiosamente en una cifra que triplica las reservas probadas de Arabia Saudita.

¿Cuál es el peso, dentro de esos recursos de los actualmente improducibles bitúmenes extrapesados?

¿Hasta donde nos alcanzarán nuestras reservas de crudos livianos y medianos, que forman el 75 por ciento de nuestra producción, si alcanzamos la meta de levantar 7 millones de barriles diarios en el año 2007?

¿Cuál será el rendimiento neto para el país de esa producciones incrementales, si se están haciendo en un escenario de costos crecientes y permanente depresión de los precios?

¿En cuanto se reducirá ese rendimiento en los emprendimientos de la “apertura petrolera”, donde se ha reducido la tasa del impuesto sobre la renta de 67,7 a 34 por ciento y se han establecido convenios que permiten minimizar la regalía hasta un 1 por ciento, abandonando el tradicional 16,6 por ciento?

Agreguemos a todo ello, la necesidad de discutir los pro y los contra de la llamada internacionalización, una política en virtud de la cual adquirirmos un conjunto de refinerías y facilidades de transporte y comercialización en el exterior con el propósito de asegurar mercados, en consonancia con la política expansiva o de “volúmenes de producción” . Esa internacionalización moviliza hoy una cifra de negocios de más de 20.000 millones de dólares, de los cuales el retorno neto a la Nación es negativo, porque cada año se hacen nuevas inversiones, pero, sobre todo, porque para evitar el registro de pérdidas en esas instalaciones, las operadoras venezolanas les suministran petróleo con descuentos de hasta cuatro dólares por barril.

Aún más, ¿cuándo conocerá el país el balance real del negocio Orimulsión? ¿En que década del próximo siglo se hará positiva la Tasa Interna de Retorno de esa inversión?

En resumidas cuentas, y en nuestra opinión, se trata de descorrer un velo tras el cual se toman decisiones trascendentales para la sociedad venezolana sin el debido control público. Sin invertir la carga de la prueba imputando culpabilidades sobre la base de vagos indicios, la magnitud y entidad de esas decisiones exige, como debería ser en todos los otros destinos de la administración pública, transparencia.
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