lunes, 18 de enero de 2010

APUNTES PETROLEROS - Agosto 1998

Petróleo, fracaso gubernamental y coyuntura electoral: mezcla peligrosa

Carlos Mendoza Pottellá
La dramática situación que vive el país por el insondable fracaso de este gobierno en materia de política petrolera (y por ende, en toda la política económica) está comenzando a adquirir visos peligrosos desde el punto de vista institucional. Al inmenso despeñadero de los precios del petróleo al que nos condujeron, entre otros factores, las tercas políticas expansivas de los actuales dirigentes de PDVSA, se añade la circunstancia de encontrarnos con un gobierno que no tiene ninguna posibilidad de rectificar, de cambiar el rumbo enajenado por el cual lo empujó el poder petrolero.
Viernes 28 de agosto de 1998




El peligro mayor reside en la actitud de estos dirigentes, desesperados por marcar el gol de la honrilla, pescando en el río revuelto de los últimos días, tal como lo hicieron en los tiempos del interinato presidencial de Ramón J. Velázquez para imponer la eliminación de los Valores Fiscales de Exportación.

Eso es lo que explica la insistencia del Ing. Luis Giusti, al traer de nuevo sobre el tapete su tesis, políticamente derrotada en intentos anteriores, de la venta de acciones de PDVSA para resolver problemas fiscales. La magnitud del rechazo que provocó en esta oportunidad su exposición ante la Asamblea de FEDECAMARAS fue tal, que se vio obligado a salir, al otro día y actuando él mismo como vocero de la industria, a decir que ésa no era una política oficial. Pero lo hizo con tal nivel de revanchismo que dejó escapar la verdad que tantas veces hemos denunciado: No es necesario vender acciones -total, las uvas están verdes- porque PDVSA ya está siendo privatizada a través de las distintas modalidades de la apertura petrolera.

El grado de desconcierto que priva en los sectores oficiales se puede medir por la declaraciones del Ministro Arrieta: ante la persistencia de las tendencias a la baja de los precios del crudo, que marcaron récord negativo el pasado martes 11 de agosto (9,5 dólares el barril de la cesta venezolana de crudo y productos), aparece al día siguiente dando unas incalificables declaraciones (El Universal, 12/8/98, pág. 1-2):

“Yo debo tener la percepción o la sospecha de que evidentemente existe una sobreoferta” (¿Qué es, por fin: evidencia, percepción o sospecha?) Y, como si ello no tuviera nada que ver, reconoce que “Venezuela ha recortado su producción en unos 450.000 barriles diarios (bpd), cifra que está por debajo de los 525.000 barriles acordados con otros países productores”, para terminar insistiendo, también como que si no fuera con él: “Yo coincido, y hay también un sesgo de sospecha, de que hay una sobreoferta”. Pero Grullo no lo hubiera dicho mejor.

La agudización de la crisis financiera internacional, que parece ser el inicio de una nueva gran depresión, extenderá –según diversos analistas- el período de bajos precios petroleros más allá de tres años. Informes recientes del mercado petrolero norteamericano muestran que las importaciones de crudo, que se habían intensificado en los momentos iniciales de la caída de los precios con el fin de llenar sus depósitos de inventarios con crudos baratos, una vez conseguido ese objetivo, están disminuyendo, en más de un millón de barriles diarios respecto a los niveles del pasado mes de julio.

Sin embargo, nuestros dirigentes petroleros, siguen buscando la justificación de sus fracasadas políticas expansivas, diciendo que la no recuperación de los precios es una muestra de la inutilidad de los recortes de la producción acordados en Riad, Amsterdam y Viena.

Para ello, estimulan a sectores empresariales privados afectados por el frenazo a las planes expansivos para que exijan la restitución de los niveles de producción anteriores. Es así como los directivos de PDVSA han reunido a la Cámara Petrolera, Conindustria, AIMM, Asoquim, Cámara de la Construcción, etc., para firmar un “convenio de optimización de sus relaciones comerciales” (El Nacional, 26 de agosto de 1998, pág. E/2). La reivindicación principal que se asoma en esa información es, justamente, detener los recortes de la producción. En esa misma página del citado diario aparece la recomendación de FEDECAMARAS: aumento inmediato de la producción petrolera.
“Hoy por hoy, no entiendo para qué sirve la OPEP”
“Hay que declarar un estado de emergencia nacional y expresar que no podemos seguir tolerando los recortes que habíamos prometido, para evitar que siga profundizándose la crisis”.
Luis Eduardo Paúl, Presidente de la Cámara Petrolera
(El Universal, 17 de Agosto de 1998)

“La implementacion de los recortes ha sido un error. Se basa en un criterio fiscal que busca aumentar los precios, pero no toma en cuenta que la industria petrolera es un factor que dinamiza la economía”.
Juan Francisco Mejía, Presidente Ejecutivo de Conindustria.
(El Nacional, 26 de Agosto de 1998, pág. E/2)

“...planteamos la conveniencia de aumentar de inmediato nuestra producción petrolera, revirtiendo la política de reducción que se ha manejado en los pasados meses...”
Francisco Natera, Presidente de FEDECAMARAS  
          .(El Nacional, 26 de Agosto de 1998, pág. E/2)

Realmente, parece increíble tanta ceguera. En medio del naufragio, estos señores siguen exigiendo que sus cubiertos sean de plata y que se le eche más leña al fuego.

Se puede entender el drama particular de decenas de empresas, vinculadas a las operaciones de la industria petrolera, que se comprometieron financieramente ante la magnitud de los planes expansivos y ahora, ante el fracaso de las desmañadas políticas que condujeron a la zambullida de los precios, quedaron colgadas de la brocha: Miles de trabajadores petroleros cesantes, empresas contratistas con dificultades en sus flujos financieros y proveedores que no encuentran salida a sus onerosos inventarios, son las realidades que impulsan tales peticiones. Pero la solución de sus problemas no puede ser la vuelta a los niveles productivos que contribuyeron decisivamente al desplome de los precios.

Pues bien, la conducta de los actuales dirigentes petroleros oficiales, estimulando peticiones inviables del sector privado y proponiendo la privatización de PDVSA como remedio para todos los males, es un real y tangible peligro para el futuro del país. Constituye un elemento de juicio para exigir a este gobierno moribundo que asuma esta última condición y, al menos por una vez, actúe responsablemente para preparar las cuentas que pronto deberá presentar.

Pero, como no se le pueden pedir peras al olmo, es necesario alertar a la opinión pública, a los sectores responsables de la misma, para que se mantengan vigilantes ante las posibles “ocurrencias” de este gobierno de salida que pretendan comprometer a una futura gestión e impedir el necesario cambio de rumbo que la Nación está exigiendo. En un país acostumbrado a las trapacerías de la justicia vacacional, no es de extrañar que éste, un gobierno ya “accidental”, tome decisiones que amarren las manos de la próxima magistratura.

Nada tendría de extraño, porque la campaña del poder petrolero para imponer condiciones favorables a sus particulares intereses en materia de política petrolera se mantiene viento en popa: No pasa un día sin que por cualquier medio de comunicación salgan llamados corporativos, de asociaciones empresariales y gremiales, amén de individualidades y expertos, clamando por la privatización de PDVSA, la salida de la OPEP y el mantenimiento de las metas del plan de expansión petrolera contra viento, mareas y realidades. Están en su Ley. Defienden sus legítimos y particulares negocios. Pero esos negocios tienen un campo de acción limitado por las también particulares aspiraciones de los otros 23 millones de venezolanos y por algo que algunos denominamos los intereses colectivos: los intereses de la Nación, los intereses del país.

CRISIS DE LA MITOLOGÍA PETROLERA

Carlos Mendoza Pottellá
7 DE AGOSTO DE 1998
Los dirigentes del país se han enfrentado con ceguera al proceso involutivo que se ha producido en la industria petrolera venezolana desde mediados de los años 60 y hasta el presente: la desaceleración y caída de su capacidad generadora de excedentes.

Sobre la significación y perniciosos efectos de ese proceso alertó Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien, en el mismo año en el que se registró la máxima producción petrolera –los 3,7 millones de barriles diarios de 1970- señaló que esa sería la cumbre que el país no la volvería a alcanzar en mucho tiempo, y que, cuando las cosas se pusieran verdaderamente duras por la imprevisión e irresponsabilidad de los gestores de la política petrolera y económica, "en la bajadita", nos esperarían los caimanes del capital petrolero internacional para imponer sus condiciones. Hoy estamos en plena “bajadita”.

A pesar de múltiples advertencias, la existencia real de ese proceso y sus previsibles consecuencias fueron subestimadas, o simplemente negadas, por los dirigentes de la política económica hasta mucho después de 1983. Se llegó a calificar como "profetas del desastre" a quienes alertaban sobre ello. Hoy, esas consecuencias son sufridas con gran intensidad por el país y en primer lugar por las cuatro quintas partes de la población, aquellas que se agrupan en los estratos de las familias con "necesidades básicas insatisfechas", en "pobreza crítica” y en “miseria atroz”.

Pese a que la experiencia venezolana de este siglo dice lo contrario, algunos sectores, interesados particularmente en el negocio, se empeñan en querer demostrarle al país que el petróleo será "la locomotora que impulsará al resto de la economía nacional". Se trata, simplemente, de insistir en el mismo modelo de desarrollo que ha fracasado en toda la línea en las ocho décadas pasadas.

Hoy, pese a los catastróficos resultados del funcionamiento de ese modelo, resucitan los mismos argumentos con los cuales se pretende seguir repitiendo la historia. ¿Cuantas veces más tropezaremos con la misma piedra? Al parecer, todavía tenemos que esperar para contarlas.

No escarmentamos y, nuevamente, el país vive una conmoción económica y social a causa de la inmensa brecha de ingresos que se ha abierto entre sus expectativas y exigencias presupuestarias y los resultados que se esperaban de un ingreso petrolero abatido por la descomunal caída de los precios, a cuyo desencadenamiento contribuyeron de manera fundamental los actuales dirigentes políticos y petroleros.

La soberbia y la voluntaria ceguera son dos conductas humanas que van siempre unidas y son definitivos determinantes de la ignorancia. Aquél que cree tener toda la verdad en sus manos está completamente incapacitado para aprender, para abrir los ojos y percibir los nuevos datos que la cotidianidad aporta para modificar y trastocar las prefiguraciones que nos hacemos sobre la realidad.

Esa tendencia a la ignorancia es casi siempre potenciada por el dogmatismo que imponen los intereses creados: las cosas son como las queremos ver, como nos conviene que sean, y no como son. Tal es el caso de la cúpula petrolera: sus integrantes escogieron el camino de una supuesta modernidad, formulando planes y políticas encaminadas hacia la expansión constante de la producción, apostando también a la privatización de la empresa estatal, tal como insistentemente ha propuesto su propio presidente.

En ese camino, han comprometido los ingresos que percibe la industria en inversiones de dudosa y a veces ninguna rentabilidad, como la “internacionalización” y la orimulsión, al mismo tiempo que se pospusieron los mejores negocios, aquéllos generadores de la renta, que no son otros que los dedicados a la producción de crudos livianos y medianos. Luego, y con la previsible excusa de un limitado flujo de caja, llamaron en su ayuda a las corporaciones petroleras internacionales, para entregarles, en asociaciones de “ganancias compartidas”, los más prometedores campos contentivos de esos crudos, en los cuales ya se había realizado, por décadas, un exitoso esfuerzo exploratorio.

De la misma manera promovieron el desmantelamiento de los mecanismos legales e institucionales que garantizaban a la Nación una participación razonable por la liquidación de cada barril de petróleo producido: Ya no es noticia decir que el Ministerio de Energía y Minas es un cascarón vacío al cual le fue suprimida toda capacidad técnica y todo poder de fiscalización. La eliminación del Valor Fiscal de Exportación, la reducción de la tasa del Impuesto Sobre la Renta de 67 a 34 por ciento en las asociaciones estratégicas y convenios operativos, la perversión de la Regalía en los convenios de asociación bajo el esquema de ganancias compartidas, para llevarla desde el 16,66% hasta el 1%, son algunos de los trofeos de esta permanente actividad “modernizante”.

Igualmente, y con un énfasis particular para sustentar sus escenarios expansivos, los dirigentes petroleros actuales plantearon, desde un principio, la inconveniencia de pertenecer a una Organización que limitaba el derecho soberano a hacer lo que les diera la gana en materia productiva, para terminar con la estridente política anti-OPEP que hizo aguas el 23 de marzo pasado.

Entonces la consigna era que no importaba que los precios cayeran, pues se podría incrementar la producción casi indefinidamente. Lo que importaba, por encima del “rentismo”, era la actividad productiva, supuestamente generadora de empleo masivo y de movimiento económico en general, y desde luego... de negocios particulares.

Anclados en ese paradigma y armados con los escenarios del Banco Mundial que predecían un permanente crecimiento de la economía mundial a tasas aceleradas -con una consecuente elevación del consumo de hidrocarburos capaz de absorber cualquier crecimiento de la producción petrolera- los estrategas petroleros construyeron su “Plan de Negocios” en 1992, con el cual se iniciaría una expansión que llevaría la producción a 6,3 millones de barriles en el año 2.006. Desde entonces lo han sostenido a troche y moche, contra todas las modificaciones de ese escenario que, poco a poco pero sin pausa, se estaban generando.

Sin evaluar, por ejemplo, que hace más de dos años los precios petroleros estaban dando muestras de debilidad y que su caída, a pesar de no ser pronunciada inicialmente, ha sido continua durante todo ese lapso, siguieron pontificando con soberbia: “si la OPEP nos critica, nos salimos y sanseacabó”, “la OPEP no puede hacer nada para detener la caída”, “nuestra estrategia se basa en precios bajos”, “aún a trece dólares nos dan las cuentas”, “la producción de los países no-OPEP va a disminuir muy pronto”, “compensaremos la caída de los precios con más producción”, “la caída de los precios es pasajera, es un efecto psicológico culpa de los especuladores”, “en el 2007 produciremos 7 millones de barriles diarios”.

Ya sabemos lo que pasó después, a partir del 23 de marzo. Se han visto obligados a tragarse sus palabras. Pero el daño ya está hecho: ninguno de los recortes pactados en Riad, Amsterdam o Viena han convencido al mercado, entre otras cosas porque se aplican mañosamente y, dados los gigantescos inventarios de crudo barato que tienen acumulados los consumidores, los precios se mantienen deprimidos y los analistas internacionales estiman que no se recuperarán en varios años. Así lo ha reconocido recientemente el economista jefe de PDVSA, al anunciar que la nueva meta del plan de expansión es, ahora, llegar a una producción de 5,8 millones de barriles diarios para el año 2008. Un ejercicio de terquedad planificadora... enfrentada a la terca realidad.

DOCUMENTOS DEL BLOG FUNDAPATRIA - Propuestas Petroleras 1998

Entendemos a la política petrolera como parte indisoluble de la estrategia nacional de desarrollo integral, en la que se contemplan todas las aristas económicas, políticas y sociales. Por ello postulamos la inscripción de la política petrolera dentro del marco de las políticas macroeconómicas y sociales orientadas a ese desarrollo. Aunque parezcan obsoletos para muchos, los principios de autodeterminación, soberanía, seguridad alimentaria, desarrollo social y humano, constituyen el espíritu en el que formulamos nuestras apreciaciones y propuestas en esta materia..


El basamento central de nuestras propuestas se encuentra en la concepción de los hidrocarburos como patrimonio colectivo de los venezolanos. Resultaría inútil formular unos lineamientos de política petrolera si esa industria fundamental va a dejar de pertenecernos. Sin embargo, y a pesar de todo lo hecho por dirigencia petrolera para enajenar progresivamente nuestra industria petrolera y sus esfuerzos por imponer la venta de las acciones de PDVSA, todavía el Estado puede recuperar el control perdido sobre la misma.

Por esa misma condición de irrenunciable patrimonio colectivo, la riqueza petrolera debe ser administrada según convenga al legítimo interés de los sectores mayoritarios de nuestra Nación y no como se ha hecho durante todo este siglo, cuando esas mayorías han sido permanentemente despojadas del usufructo de ese patrimonio, hasta el punto de mantenerlas, en más de un 80%, en condiciones que van desde pobreza relativa hasta la miseria extrema.

Se trata pues, de encontrar el camino más conveniente para garantizar el desarrollo nacional, para lo cual debemos conducir a la industria petrolera, por sobre todo, hacia su fusión con los recursos humanos y materiales disponibles en el país.

En este sentido, es ineludible la sustitución de la fracasada dirigencia petrolera por venezolanos con un verdadero sentido nacionalista, para deslastrar a nuestra política petrolera de todos los postulados y planes antinacionales y entreguistas de la llamada apertura petrolera.

Formulamos un perfil de producción y transformación de los hidrocarburos, así como de su comercialización, que responde, prioritariamente, a los requerimientos del resto de la economía nacional. Perfil dentro del cual la búsqueda de las magnitudes y escalas óptimas desde los puntos de vista técnico, empresarial, macroeconómico y social deben constituir procesos coherentes y estrechamente imbricados, y no, como hasta ahora, que los planes petroleros se han impuesto desde la cúpula de PDVSA, por la vía de los hechos cumplidos, contraviniendo, y de hecho anulando, los postulados formales de la planificación realizada en los despachos ejecutivos competentes para ello.

Desde luego que también se establecerán las indispensables relaciones con las empresas petroleras y gobiernos extranjeros que controlan tecnologías y mercados, pero haciendo valer nuestra fuerte posición negociadora como un país clave para el suministro petrolero del hemisferio occidental, poseedor de inmensas reservas. Venezuela puede y debe integrarse al concierto económico global, pero con la conciencia de que tiene en sus recursos de hidrocarburos un valioso instrumento para exigir que ello se haga en condiciones que garanticen su autonomía política y el control nacional sobre las variables fundamentales de su economía. Una estrategia nacional no es contradictoria con una voluntaria asociación con la iniciativa privada para la operación en áreas específicas reservadas al Estado, tales como las de petróleo ultrapesado de la Faja del Orinoco. Pero esto último debe ser el resultado de un de consenso nacional. Las negociaciones que sean necesarias no comportarán, como hasta ahora, transferencias unilaterales, sin justa contraprestación debida por la liquidación de un activo público. Cualquiera sea el esquema que se adopte para garantizar una gestión eficiente de la industria petrolera nacional, es indispensable acabar con el actual abusivo aprovechamiento privado de ese bien colectivo.

Se impone la toma de decisiones trascendentales, las cuales requieren una clara y definida voluntad política, expresada, por ejemplo, en la revisión, a través de un Poder Judicial cabal, probo e imparcial, de los vicios constitucionales y legales de todos los contratos de la apertura. Restablecida la legalidad, pueden plantearse incluso, nuevas asociaciones, especialmente en la Faja Petrolífera del Orinoco, con los consorcios que ya están en el país y con otros que no han ingresado al mismo, bajo el imperio absoluto de nuestras leyes y el control del Estado venezolano.

Un objetivo central de la política petrolera básica será el mantenimiento de un nivel adecuado de precios para nuestros crudos y productos petroleros. Para ello se ejercerá e una acción diplomática intensa respecto a la OPEP, con el objeto de o recuperar la credibilidad del país ante la Organización y fortalecer el papel de ésta en la defensa de los precios. En tal sentido, hay que actuar con plena conciencia del poder de mercado que representan las reservas y la capacidad de producción de la OPEP, desestimando las posiciones de quienes confunden a la opinión pública y niegan la efectividad de una política restrictiva con el argumento de que la misma favorece a los productores no-OPEP. No se trata de un inocente abandono de posiciones en el mercado, sino del uso inteligente del poder de la única organización de oferentes que existe motorizando, si fuera el caso, alianzas circunstanciales o permanentes, y tratando de neutralizar a quienes quieran boicotear su acción.

Consecuente, se promoverán cambios drásticos de los planes de expansión de PDVSA para garantizar un sometimiento riguroso a las cuotas reducidas de la OPEP que se proponen. Ello será coherente con la necesidad de liberar los inmensos fondos que ha venido comprometiendo PDVSA en sus desaforados planes expansivos, para dedicarlos, por el contrario, a financiar un programa nacional de recuperación económica urgente.

En el plano organizativo promovemos la recuperación por parte del Ministerio de Energía y Minas, de su rol como ductor de la política petrolera y de la supervisión de su ejecución, con un control intenso, de auditoría y contraloría, sobre todos los entes de la industria petrolera. En concordancia con ello debe desarrollarse una PDVSA fuerte y defensora integral de los intereses nacionales, estructurada por individuos y estadios organizativos con suficiente capacidad de análisis y de consideración de toda la realidad que manejan. PDVSA deberá centrarse en sus áreas de competencia, para lo cual será necesario detener y revertir el proceso de penetración de PDVSA en otros los órganos del Estado.

En materia de política fiscal petrolera nuestras propuestas son directas: Restituir el Valor Fiscal de Exportación. Detener el proceso de envilecimiento de la Regalía. Revisar la política de declaración voluntaria de dividendos, con la cual se ha dado a PDVSA un carácter netamente de empresa privada y una suerte de soberanía particular e irregular sobre los ingresos petroleros nacionales.

En cuanto a la “Apertura Petrolera” proponemos concretamente: Suspender la suscripción de nuevos convenios operativos o de asociación bajo el esquema de ganancias compartidas y propiciar la utilización máxima de los recursos técnicos propios de PDVSA. En los convenios operativos y de asociación que queden vigentes hay que incorporar ventajas al proveedor nacional, exigiendo a éstos calidad, entrega y precios dentro de sus posibilidades reales de suministro de insumos y servicios.

Respecto a la Orimulsión, es necesario efectuar un análisis de sus reales posibilidades y de la pertinencia de la utilización de los recursos comprometidos en este programa, rediseñándolo y ubicándolo dentro del esfuerzo nacional de desarrollo integral de la Faja Petrolífera del Orinoco, para lo cual se requiere, allí si, de asociaciones con empresas extranjeras, en función de garantizar financiamiento, mercados y transferencia de tecnologías.

Proponemos revisar la política de internacionalización de la industria petrolera, reorientándola en función de los intereses del país Planteamos como indispensable la realización de una severa investigación sobre las principales transacciones realizadas hasta la fecha en materia de contratos y adquisición de instalaciones y equipos, tanto en el país como en el exterior. En cada una de ellas será necesario, además, analizar claramente, de manera desagregada, el rendimiento real de las mismas para la Nación y sus perspectivas futuras.

Igualmente, consideramos necesaria una evaluación inmediata para determinar qué operaciones se llevan a cabo en condiciones de costos crecientes, en abierta violación de normas técnicas y en desmedro de las posibilidades futuras de recuperación de los yacimientos. Consecuentemente, resulta indispensable estabilizar la producción petrolera dentro de los márgenes técnicos aconsejables, lo cual debe coincidir con el óptimo económico de máxima rentabilidad unitaria. Esta es una decisión que rebasa los límites de lo simplemente técnico operativo y debe ser evaluada en el contexto global de todas sus implicaciones políticas y económicas.

De esa decisión fundamental debe derivarse, por ejemplo, nuestra posición en el seno de la OPEP, la cual debería estar, sin ninguna vacilación o duda, en consonancia con la estrategia nacional que se decida en materia de producción petrolera. .

Al expresar la voluntad de defender la participación nacional en el negocio petrolero queremos indicar el sentido de las acciones políticas requeridas para revertir el curso de liquidación en el que estamos inmersos. En un mercado de tan alta sensibilidad como el petrolero, el sólo anuncio de un cambio de política de Venezuela en el seno de la OPEP allanará el camino hacia una solución favorable a los intereses comunes.

La conciencia de la importancia mundial de nuestra industria petrolera nos impone la tarea de conservar incólume para los venezolanos, ese tesoro, que hemos aprendido a manejar, pero no a dirigir. Basta pues esa conciencia para reiterar que sin la posesión y el control de nuestra industria petrolera, no tenemos presente ni futuro como nación. No estamos en condiciones de ser, como personas naturales o jurídicas, los propietarios de la industria petrolera a través de la tenencia de acciones de PDVSA o por otros medios, porque no tenemos la capacidad financiera para mantener y expandir esa colosal actividad de carácter mundial. Por lo tanto, tiene que ser el Estado venezolano el representante de todos los venezolanos en esta extraordinaria actividad. Y en esa condición administrarla e invertir los ingresos de la misma, de manera eficiente y honesta en beneficio de todos los venezolanos.

Petróleo, información y opinión pública

Carlos Mendoza Pottellá
1998

Es evidente el carácter crucial de las circunstancias petroleras actuales. Basta con colocarse en la media noche del 23 de marzo, inmediatamente después del acuerdo de Riad, y comparar el sentido y énfasis de las declaraciones de los dirigentes petroleros venezolanos antes y después de esa fecha. Quedará claro de esa comparación que todas las “matrices de opinión”, impuestas hasta entonces por los voceros de ese sector, se estremecen hasta sus propios cimientos por el embate de una realidad adversa, que refuta todos los días los supuestos sobre los cuales se construyeron políticas y programas de la industria petrolera venezolana.

Hoy todo eso está en discusión, como siempre ha debido ser, pero que había sido eficientemente eludido por los dirigentes políticos y económicos del país. Sin embargo, para poder aproximarnos a la verdad verdadera, para terminar de abrir los ojos y establecer, con propiedad y conocimiento de causa, la política petrolera que más conviene al país y a su población, esa discusión tiene que ser nutrida de una mayor información independiente sobre la materia. Una información certera, ajena en lo posible a las manipulaciones de los poderosos intereses individuales y grupales que pululan en torno a los negocios petroleros.

Sin dejar de advertir que esos intereses pueden ser legítimos, y de hecho lo son en la mayoría de los casos, es imprescindible tener en cuenta que las conveniencias nacionales tienen que ser una síntesis, un compromiso, donde cada sector o grupo representativo entienda que sus aspíraciones particulares tienen un límite. Esos límites, que establecen los espacios dentro de los cuales cada uno tiene derecho a buscar su propio beneficio, deben ser fijados abiertamente, con el máximo nivel de información de las circunstancias para todos los interesados en la materia: los actuales 23 millones de habitantes de este país.

Desde luego, se trata de un problema político, donde de acuerdo a la distribución de fuerzas de los diversos agentes económicos y políticos, internos y externos, se llegará a un compromiso. Este compromiso nunca será satisfactorio para todos y, por ello, se generará una lucha permanente por recomponer los resultados. Eso será inevitable, pero expresará la existencia de una sociedad múltiple, con intereses contrapuestos entre sus diversos componentes, pero con plena conciencia de la realidad.

Todo lo anterior puede parecer iluso –aunque sea evidente que así funcionan las cosas en no pocos países- si partimos de la realidad venezolana actual en esta materia, caracterizada por una ignorancia generalizada y una desinformación meticulosamente construida, pero en nuestra opinión es indispensable plantearlo como un objetivo factible, si es que realmente queremos tener un país moderno y democrático: podríamos construir así una opinión pública que se establezca de una manera abierta, por encima del “lobby” y la manipulación grupal.

Por el contrario, lo sucedido hasta ahora ha sido la aceptación acrítica de una verdad tecnocrática, fraguada según criterios corporativos excesivamente sesgados hacia ciertos intereses particulares, había permitido establecer como única verdad a aquélla que sostiene que la salvación del país, el camino para salir de la crisis, se encuentra en la contínua expansión de su producción petrolera. Consecuentemente, debíamos reconocer la fatalidad de nuestro destino monoproductor y olvidarnos de sueños agroindustriales.

En la coyuntura actual, después de las patéticas reuniones de Riad, Amsterdam y Viena, habiendo fracasado, obviamente, todas las bravatas de “compensar la caída de los precios con mayor producción” y colocado el país ante las gravísimas consecuencias de un inmenso hueco fiscal, se ha hecho evidente que los dirigentes petroleros venezolanos no pueden hacer lo que les venga en gana, orientados por criterios exclusivamente corporativos y sectoriales, sin tomar en cuenta, con la debida atención, las limitantes nacionales e internacionales.

Por todo ello, creemos que es necesario poner en discusión todos los fundamentos y supuestos de la política petrolera contemporánea. Veamos algunos ejemplos de esos elementos y las dudas que suscitan:

Venezuela cuenta una “inmensa base de recursos”, estimada oficiosamente en una cifra que triplica las reservas probadas de Arabia Saudita.

¿Cuál es el peso, dentro de esos recursos de los actualmente improducibles bitúmenes extrapesados?

¿Hasta donde nos alcanzarán nuestras reservas de crudos livianos y medianos, que forman el 75 por ciento de nuestra producción, si alcanzamos la meta de levantar 7 millones de barriles diarios en el año 2007?

¿Cuál será el rendimiento neto para el país de esa producciones incrementales, si se están haciendo en un escenario de costos crecientes y permanente depresión de los precios?

¿En cuanto se reducirá ese rendimiento en los emprendimientos de la “apertura petrolera”, donde se ha reducido la tasa del impuesto sobre la renta de 67,7 a 34 por ciento y se han establecido convenios que permiten minimizar la regalía hasta un 1 por ciento, abandonando el tradicional 16,6 por ciento?

Agreguemos a todo ello, la necesidad de discutir los pro y los contra de la llamada internacionalización, una política en virtud de la cual adquirirmos un conjunto de refinerías y facilidades de transporte y comercialización en el exterior con el propósito de asegurar mercados, en consonancia con la política expansiva o de “volúmenes de producción” . Esa internacionalización moviliza hoy una cifra de negocios de más de 20.000 millones de dólares, de los cuales el retorno neto a la Nación es negativo, porque cada año se hacen nuevas inversiones, pero, sobre todo, porque para evitar el registro de pérdidas en esas instalaciones, las operadoras venezolanas les suministran petróleo con descuentos de hasta cuatro dólares por barril.

Aún más, ¿cuándo conocerá el país el balance real del negocio Orimulsión? ¿En que década del próximo siglo se hará positiva la Tasa Interna de Retorno de esa inversión?

En resumidas cuentas, y en nuestra opinión, se trata de descorrer un velo tras el cual se toman decisiones trascendentales para la sociedad venezolana sin el debido control público. Sin invertir la carga de la prueba imputando culpabilidades sobre la base de vagos indicios, la magnitud y entidad de esas decisiones exige, como debería ser en todos los otros destinos de la administración pública, transparencia.

Venezuela, Tierra de promisión... para los halcones petroleros

Carlos Mendoza Pottellá *
Sábado 14 de Febrero de 1998


Hasta ahora, la política del gobierno en materia de precios y producción petrolera se había limitado, a la aceptación de los hechos cumplidos presentados por PDVSA y santificados por un Ministro de Energía y Minas que solo puede repetir los parlamentos de la gerencia petrolera porque su Despacho ha sido desmantelado, emasculado de sus capacidades técnicas, de análisis y fiscalización. Ahora, ante las declaraciones del Presidente de la República en las que sostuvo que “pensar en precios del petróleo altos es una fantasía” estamos ante la realidad de que esos hechos cumplidos se han convertido en política de Estado.


Venezuela abandona, definitivamente, la política de defensa de los precios y se lanza por el camino de la producción a todo trance, en la “búsqueda del equilibrio universal en materia petrolera”. ¡Válgame Dios! Los halcones del negocio petrolero nacional e internacional deben estar cuajados de la risa y frotándose las manos ante la beatífica declaración presidencial. Hasta las cenizas de John D. Rockefeller están de fiesta.


No sin razón son centenares las empresas petroleras internacionales que se agolpan a las puertas de PDVSA para ser “precalificadas” en cada ronda de los distintos programas de concesiones disfrazadas que ha adelantado este gobierno. Venezuela es el mejor de los mundos posibles para la inversión petrolera internacional: En ninguna otra parte ha habido tal simultaneidad en el retroceso en materia impositiva y en el avance en condiciones favorables al extranjero. Se eliminó el Valor Fiscal de Exportación –un dique contra la inflación trucada de los costos que rutinariamente ejecutan las empresas petroleras. Por el contrario, se acordaron planes de depreciación acelerada para garantizar la repatriación de las inversiones en el cortísimo plazo. Se rebaja el impuesto sobre la renta a la mitad en los contratos de operación y se arbitran mecanismos para llevar a la Regalía del 16,67% al 1%. Si a ello agregamos la desaparición de las capacidades de control y fiscalización, las empresas extranjeras se ven a sí mismas cortando el pastel y repartiendo las tajadas según sus propias conveniencias.


En tales circunstancias, la caída actual de los precios no viene sino a dramatizar el proceso de enajenación al que ha sido sometido del principal patrimonio colectivo de los venezolanos. Veámoslo un poco más gráficamente: El ingreso petrolero nacional tiene un techo, que son los precios y un piso, que son los costos. A estos últimos hay que agregar ahora, con la “apertura”, la participación de los socios extranjeros, con lo cual el piso sube. Y si lo hace en las condiciones de entreguismo que se han plasmado en los diversos instrumentos de esta nueva política, nos encontramos en un escenario similar al de esos cuentos tenebrosos de Edgard Allan Poe, de absoluto terror claustrofóbico, donde los techos bajan y los pisos suben, exprimiéndonos.


Que tal ha sido la evolución del negocio petrolero venezolano, aún antes de la apertura, lo puede verificar cualquiera que revise las series estadísticas de los principales rubros de ingresos, costos y participación fiscal desde hace 22 años. Y no hay duda, por lo expuesto, de que ello se va a acelerar con el regreso del capital petrolero internacional.


De tal suerte, que un destacado accionista de la Shell declare que “ahora a Venezuela lo que le conviene es poner en práctica -cuanto antes- una política agresiva de producción, porque esta acción lo que genera es actividad y la actividad genera a su vez, necesidades por bienes y servicios que se pueden construir y servir desde el país” es perfectamente coherente con sus intereses particulares. Y el que ello se convierta en política del Estado venezolano es su triunfo personal y el de las compañías petroleras internacionales, pero es una gravísima derrota para la gran mayoría de los venezolanos cuya participación como accionistas en el negocio petrolero nacional sólo se materializa en la participación fiscal. Así lo habían entendido los dirigentes de la política petrolera nacional desde 1920 hasta 1975: Esa fue la gesta de hombres como Gumersindo Torres, Néstor Luis Pérez Luzardo, Isaías Medina Angarita, Manuel Egaña, Juan Pablo Pérez Alfonzo y Manuel Pérez Guerrero.


Pero ahora está de moda la falacia de que “hay que dejar de ser rentistas para ser productivos”. En verdad, ello significa que renunciamos a participar en el reparto de una renta que se genera internacional e independientemente de nosotros. Simplemente, estamos dejando que otros se apropien de algo que nos corresponde, en tanto que propietarios del recurso sobre el cual se ha montado ese mecanismo rentístico universal.


* Coordinador del Postgrado en Economía Petrolera de la UCV

DOCUMENTOS DEL BLOG - ARCHIVO JURÍDICO (1996)

PROSA DE ECONOMISTA... EN ESPERA DEL VERSO JURÍDICO, PARA EL ESCRITO DE INFORMES EN LA APELACION DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE SUSTANCIACION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Carlos Mendoza Pottellá


En referencia al numeral 3°, literal A, página 2, de la sentencia del Juzgado de Substanciación, debe observarse, tal como lo dejamos sentado en nuestro escrito de apelación de la sentencia de ese Juzgado, que la Prueba de Exhibición de Documentos promovida no se refiere, tal como afirma el apoderado de PDVSA Dr. José R. Duque C. en el Capítulo VI de su escrito de oposición y como lo recoge luego la sentencia que estamos apelando, a la publicación del MEM-PDVSA intitulada “Venezuela Exploración...”, sino al “PAQUETE DE INFORMACION” al que se refiere dicha publicación.

Respecto de este literal y de las pruebas promovidas en los capítulos IV, V, VI y VII, el Juzgado de Substanciación “observa que con la promoción de estas pruebas no se obtendrían resultados vinculados con el objeto del presente juicio de nulidad, que se contrae única y exclusivamente a revisar la ilegalidad e inconstitucionalidad de las cláusulas del convenio transcritas en esta decisión.”

Por el contrario, consideramos que el PAQUETE DE INFORMACIÓN referido constituye una de las pruebas definitivas de que las Áreas para cuya adjudicación se aprobó el Acuerdo del Congreso impugnado no son de “alto riesgo exploratorio”, tal cual afirman PDVSA y el MEM, inicialmente, y recoge a luego el Acuerdo del Congreso que estamos impugnando para justificar la especialidad prevista en el Artículo 5° de la LOREICH. En ese paquete de información se encuentran los registros de los pozos perforados en esas áreas. Pozos que permitieron verificar la existencia de hidrocarburos, en diverso grado de calidad, en todas ellas y la cuantificación, en dos de ellas, La Ceiba y Punta de Paria Este, de las reservas probadas calculadas como ciertamente recuperables en esas áreas. Es decir, la determinación del porcentaje estimado que podrá ser extraído de manera rentable, del Petróleo Originalmente en Sitio, magnitud ésta última establecida a partir de las pruebas de producción y los estudios técnicos multidisciplinarios de los yacimientos identificados en esas áreas. El conocimiento de ese Paquete de Información, elaborado a partir de datos recabados en varias décadas de labores de exploración, por parte de los señores Magistrados permitirá confirmar la certeza de los indicios que sobre la verdadera condición de las Áreas licitadas hemos venido recabando en el transcurso de este juicio para demostrar que no son áreas de “alto riesgo exploratorio” y por ello, carecen de la cualidad “especial” que requiere la LOREICH para permitir la participación de capitales privados en el desarrollo de las actividades reservadas por ella.

Una relación de esos indicios, y de la argumentación con la cual sustentamos el objeto, la pertinencia y oportunidad de las pruebas promovidas, es la que presentamos de seguidas :

Partiendo de las bases mismas de la propuesta aperturista, enfocaremos la atención en los atributos de áreas de alto riesgo que se asignó a los lotes escogidos para dar inicio a las asociaciones bajo el esquema de “ganancias compartidas”, para así ubicarlos dentro de la categoría de los casos especiales previstos por el Artículo 5° de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, y poder por lo tanto justificar legalmente las asociaciones con el capital privado. En efecto, señalan los proponentes que

“La especialidad del caso se evidencia, de manera específica, en las circunstancias siguientes : 1. La existencia de un escenario de mercado especialmente favorable... 2. La existencia de un compás de oportunidad para el país de atraer tecnología e inversiones foráneas en condiciones competitivas... 3. La existencia de riesgos exploratorios en la prospección de áreas de alto costo, en circunstancias en las cuales los recursos económicos del país son necesarios para atender otros programas o planes prioritarios de carácter nacional.” (MEM-PDVSA, “Consolidación del Sector Petrolero Venezolano”, Pág. 14, Subrayado nuestro)

Por el contrario, y tal como estamos argumentando ante esta Corte Suprema de Justicia, las excelentes condiciones prospectivas de dichas áreas no permitían, ni permiten, justificar la realización de convenios con el sector privado, según lo prevé el citado artículo 5° de la Ley de Nacionalización, sólo para casos especiales y cuando ello convenga a los intereses nacionales y, además, siempre que se garantice el control del Estado.

En verdad, los diez lotes licitados (de los cuales ocho fueron adjudicados a los consorcios licitantes) son áreas de desarrollo de las más promisorias que le quedan al país en materia de crudos medianos y livianos, y así lo confirman luego los materiales que se entregaron, por la módica suma de 50.000 dólares por área, a las 85 compañías precalificadas. Es ésta una costosísima y valiosísima información, descrita por la propia PDVSA en las páginas 16 y 17 de su Documento Normativo Inicial de la siguiente manera: “Un paquete de información ha sido preparado para cada Area, el cual incluye toda la información disponible dentro de cada Area y alguna información fuera de ella. El tipo, cantidad y calidad de los datos variará entre las Areas; sin embargo, el contenido general para cada Area estará conformado por los siguientes aspectos: Mapas de ubicación. Información general. *Marco geológico y reseña técnica (antecedentes, logística, infraestructura, condiciones ambientales y costos). Registros y archivos de pozos. Información sísmica. *Todo lo disponible en el Area y dentro de los 4 Km. alrededor del Area. Información magnética y gravimetría. *Todo lo disponible en el Area y dentro de los 10 Km. alrededor del Area. Otra información geológica.” MEM-PDVSA, “Venezuela Exploración y Producción en Areas Nuevas 1995. Documento Normativo Inicial” (Pág. 16) “Adicionalmente, estará disponible un estudio geofísico y geológico global sobre Venezuela, preparado por PDVSA, por un costo de US$ 125.000”. (Loc. Cit. Pág. 17)

Pero esto no fue todo, a los adjudicatarios de ocho de las diez áreas licitadas se les hizo entrega -previo el pago de escasos quinientos mil de dólares- de otros paquetes, mucho más detallados, con los resultados completos de varias décadas de actividad exploratoria.

Para ilustrar en torno a la calidad de la información disponible, acumulada por largas décadas de intenso esfuerzo exploratorio por parte de las concesionarias primero, y luego por PDVSA misma; la cual se entregó en forma casi gratuita a los consorcios, pero que no era conocida ni por los miembros del Congreso Nacional que aprobaron los contratos correspondientes, ni por los miembros del Consejo de Ministros que originalmente aprobó las bases de este nuevo esquema de “apertura petrolera”, ni, por supuesto, por la opinión pública, citamos informaciones aparecidas con posterioridad a la ronda licitatoria:

“Menegrande y Maraven grabaron en La Ceiba, con expectativas de reservas por 791 millones de barriles, 1.061 kilómetros de líneas sísmicas 2D (bidimensional)”. Ana Díaz, El Nacional, 23 de enero de 1996.

El "Comunicado de Prensa" emitido con los sellos MEM-PDVSA-CVP, señalaba, además de lo recogido por la periodista, lo siguiente: “El área ha tenido cierta actividad exploratoria en los últimos 50 años. 1000 km. de sísmica 2D han sido grabados y se han perforado 10 pozos. El más reciente, La Ceiba-1X perforado en 1992, probó hidrocarburos en las arenas del Eoceno de la Formación Misoa.” (MEM, PDVSA, CVP, “Ronda de Exploración 1995, Conferencia de Licitación”, Caracas, 22 al 26 de enero de 1996. Comunicado de Prensa, mañana del lunes 22 de enero de 1996).

Posteriormente han aparecido confirmaciones adicionales de esa inexistencia de riesgo exploratorio . Es así como se constata que en ellas, no sólo hay una certeza genérica y preliminar de la existencia de hidrocarburos, sino también reservas probadas, lo cual revela que ya se llegó al estadio final de la etapa exploratoria y sólo procede el inicio del desarrollo y producción de las reservas ya cuantificadas. Así lo reveló el pasado 25 de abril de 1996, Juan Szabo, Coordinador de Exploración y Producción de PDVSA, en carta al Senador Virgilio Avila Vivas, Presidente de la Comisión de Energía y Minas del Senado : “... en el caso de las áreas La Ceiba y El Golfo de Paria Este, presentan también una diferencia con el resto de los Convenios, por cuanto en ambas Áreas existen reservas probadas por actividades realizadas con anterioridad... (subrayado nuestro).

Estas circunstancias ya son del dominio público internacional, tal como lo revela la revista “AAPG Explorer”, publicación de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, en su edición de agosto de 1996 dedicada de manera muy destacada a Venezuela. En ese número especial se hacen auspiciosas descripciones de las áreas concedidas y se confirman datos tales como el del pozo La Ceiba 1X “completado a una profundidad total de 21.769 pies, después de pruebas de 912 barriles diarios de petróleo por día”.

El 23 de septiembre de este año de 1966, el Vicepresidente de PDVSA, Klaus Graff anuncia que “El bloque de La Ceiba producirá 120 mil barriles diarios de crudo” ... “-Todas las zonas escogidas que conforman los ocho bloques son muy buenas. La Ceiba , por ejemplo, es de las primeras, ya que el consorcio que ganó esta concesión dio un bono muy importante. Allí aspiramos una producción diaria de ciento veinte mil barriles diarios. También las zonas de Guarapiche y Delta Centro son sectores tradicionalmente petroleros. Sin embargo, existen fajas de mucho riesgo, algo difíciles, como San Carlos y Guanare”. (El Universal. Pág. 2-10, 23-09-96, subrayado nuestro) ¿Podrían los señores magistrados preguntar al Sr. Vicepresidente de PDVSA sobre la calidad de los datos a partir de los cuales pronostica una cifra de producción tan precisa ?

El cúmulo de indicios enumerados en los párrafos precedentes constituyen la motivación del literal “B” de nuestros escrito de promoción de pruebas, por cuanto en el Área de La Ceiba tal multiplicidad convierte a esos indicios en prueba plena de nuestras afirmaciones sobre inexistencia de riesgo exploratorio. La importancia de esta prueba, en cuanto a la certidumbre de nuestras afirmaciones, nos hizo promoverla nuevamente, en el capítulo IV, literal e) por vía de informes, “en virtud de hacer conocer procesalmente a la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena la magnitud de los yacimientos de petróleo técnicamente detectados en el Area conocida con el nombre “La Ceiba...”

¿Y qué diremos del área de Guarapiche? En ella se encuentra ubicado Guanoco, con el lago de asfalto más grande del mundo, en donde se perforó y probó, en 1913, el primer pozo petrolero venezolano descubridor de petróleo en este siglo, el Bababuy N° 1, y en cuyos límites dos de las empresas del consorcio licitante triunfador para ese lote, British Petroleum y Maxus, han venido operando desde hace varios años los impropia e intencionadamente llamados "campos marginales" de Pedernales y Quiriquire, los cuales contienen reservas superiores a 1.000 millones de barriles de crudos medianos y livianos. Pero, más importante aún: muy cerca de esa área las operadoras de PDVSA han hecho los grandes descubrimientos de Muzipán y El Furrial, áreas de las cuales Guarapiche puede ser una proyección, tal y como lo informara la prensa de esos días:

"El consorcio British Petroleum, Amoco y Maxus ganó ayer el área Guarapiche (Lagoven) considerada la más promisoria del programa de licitación petrolera al ofertar un bono especial de 109 millones de dólares. ... el área ganada puede ser, geológicamente, una proyección de El Furrial, el último campo gigante detectado en Venezuela y del cual se encuentra bastante próximo". Economía Hoy, 25 de enero de 1996, primera plana. Subrayado nuestro. (En El Furrial se acaban de completar, muy recientemente, dos pozos, cuya pruebas de producción registraron niveles de 14.000 y 8.000 barriles diarios, respectivamente)

"A esta área de Guarapiche los expertos de Pdvsa les estiman 'conservadoramente' no menos de 1.000 millones de barriles”. C. R. Chávez, El Universal, 25 de enero de 1996. pág. 2-11.

Incluso las explicaciones dadas por el Presidente de CVP, Juan Szabo, sobre por qué quedaron desiertas las áreas de El Sombrero y Catatumbo, son reveladoras del nivel de información manejado por los aspirantes en todas las áreas: “En el caso de El Sombrero se ha dicho que tiene tendencia a contener más gas que hidrocarburo líquido, lo cual hizo que no fuera del interés de las empresas. Entretanto, en Catatumbo, la cual consideramos que era un área no muy interesante, probablemente el hecho de que sea muy profunda y poco conocida geológicamente, haya influido notablemente en el interés” (José Enrique Arrioja, Economía Hoy, pág. 5, 30 de enero de 1996, “Con dos áreas desiertas Pdvsa cierra licitación petrolera”. Subrayado nuestro).

Es válido inferir, entonces, que las ocho áreas que sí fueron requeridas en esa licitación son muy conocidas geológicamente; en un nivel de conocimiento tal, que va mucho más allá del saber en qué proporciones existen el gas y los hidrocarburos líquidos, como se evidencia que es el caso de la rechazada área de El Sombrero.

Pero la ratificación definitiva de la inexistencia de “altos riesgos”, la aporta la propia Comisión Bicameral de Energía y Minas del Congreso de la República, cuando en su informe “Convenios de asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas”, remitido a la Presidencia del Congreso el 21 de junio de 1995, fundamenta la especialidad del caso, curiosamente, en los mismos argumentos nuestros para negar esa especialidad: “La posibilidad de encontrar nuevas reservas, en el orden de 40 mil millones de barriles de petróleo liviano y mediano. Según ha indicado PDVSA, esta oportunidad ha surgido de estudios geológicos realizados recientemente en áreas no exploradas y a profundidades a las cuales no había sido posible llegar por las tecnologías disponibles en el pasado”. Doc. Cit., Pág. 6. (Subrayado nuestro). Es decir, esas áreas ya han sido perforadas y probadas ; se sabe de la existencia de hidrocarburos y se ha estimado el volumen recuperable. En algunos casos, ya se ha establecido la existencia de reservas probadas con toda precisión y en otros, sólo hace falta una campaña de perforación exploratoria de bajo riesgo, para definir los límites de los yacimientos y establecer los volúmenes y calidades de los hidrocarburos identificados y establecer, en consecuencia, el plan de desarrollo de los mismos.

Puede pues concluirse, en este aspecto, que no existe especialidad en cuanto al nivel de riesgo. Por el contrario, se trata de una gratuita dejación de los auspiciosos resultados de años de exploración, una muy costosa actividad, cuya recuperación y generación de rendimientos económicos ya no será aprovechada por el único accionista, el Estado venezolano, que adelantó esos auténticos capitales de riesgo, sino que son prácticamente echados a fondo perdido al entregar concesiones disfrazadas de convenios de asociación, por 39 años, al mismo capital extranjero que antes sometió a depredación a los antiguos recursos petroleros del país.

A nuestro entender, la situación descrita tipifica como una clara inconveniencia para el interés nacional de estos convenios y, por ende, la ilegalidad del Acuerdo del Congreso que los autorizó.

Con todo lo anterior hemos querido sustentar la pertinencia de las pruebas de exhibición promovidas en los literales “A” y “B” del Capítulo III, y el literal “E” de nuestro escrito de promoción de pruebas, pertinentes en cuanto ellas conducirán, ciertamente, a demostrar la ilegalidad del Acuerdo del Congreso impugnado, por Violación del Artículo 5° de la LOREICH.

La misma argumentación debemos utilizar para demostrar la pertinencia de la Prueba de Experticia de Geología Petrolera, promovida en el Capítulo V del mencionado escrito, por cuanto ella se contrae al estudio, por parte de expertos geólogos e ingenieros petroleros, de los datos contenidos en el PAQUETE DE INFORMACION al cual hicimos referencia en el citado literal “A” del Capítulo III.

Tal experticia daría a la Corte los elementos necesarios para determinar si realmente esos lotes son de ALTO RIESGO y, por lo tanto, pueden ser tipificados dentro de los CASOS ESPECIALES que prevé el Artículo 5° de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos para permitir Convenios de Asociación como los que estamos impugnando. De no ser así, ello demostraría la pertinencia de nuestra impugnación. Siendo ese uno de nuestros principales argumentos, la no admisión de estas pruebas de Exhibición y Experticia constituiría una denegación de justicia.

Al respecto, y a la luz de los argumentos ya esgrimidos en este informe, consideramos suficientemente claros los términos iniciales de nuestro escrito y en razón de ello, así los transcribimos:

COPIAR TODO EL CAPITULO V


DEL ESCRITO DE PROMOCION DE PRUEBAS

Una de las condiciones establecidas por el vulnerado Artículo 5° de la LOREICH para permitir la suscripción de convenios de asociación con capitales privados para el desarrollo de las actividades reservadas consiste, como ya lo hemos mencionado, en la consideración de que tal asociación convenga al interés nacional. Esa conveniencia debe ser muy bien sustentada y no, como ha sucedido, surgir de un cierto rating publicitario, como el producto de campañas propagandísticas y de ablandamiento de la opinión pública movidas por el interés y el afán de lucro desmedido de sectores nacionales y extranjeros perfectamente identificados y minoritarios en la sociedad venezolana. Esa convicción de conveniencia no puede ser impuesta, de manera chantajista, aprovechando la situación desesperada en que ha sido colocado el país en materia económica, con el ofrecimiento ilusorias panaceas y tablas de salvación si se admite el envilecimiento y degradación de nuestro Estado de Derecho y se derriban todas las barreras legales y constitucionales que protegen nuestra soberanía en esta materia.

Por contrario imperio, si se demuestra la inconveniencia de tales convenios, también se estará demostrando la ilegalidad, por violación del referido Artículo 5°, del Acuerdo del Congreso que los autorizó. Tal es la justificación y el objeto de las pruebas de experticias económicas promovidas en los capítulos VI y VII del escrito de promoción.

A la demostración de la inconveniencia para el interés nacional de los términos económicos de los convenios suscritos en virtud del Acuerdo del Congreso que estamos impugnado se contraen las siguientes líneas.

Uno de los ejes centrales de la denominada “apertura” es el esquema de ganancias compartidas. A nuestro entender, y como trataremos de sustentar seguidamente, ese sistema es ampliamente inconveniente para los intereses nacionales y comporta un ilegal e inconstitucional otorgamiento de concesiones, con el agravante de hacerlo en peores condiciones que las prevalecientes desde 1920 y hasta 31 de diciembre de 1975.

De manera específica, al analizar las cláusulas económicas del mencionado esquema, tal y como ellas fueron aprobadas por el Congreso Nacional para cada uno de los 8 lotes entregados a las transnacionales, se puede observar que la mayor proporción de participación del Estado en el ingreso petrolero se obtiene, teóricamente, a partir de los pagos de Impuesto de Explotación (Regalía) y la Participación del Estado en las Ganancias (en adelante PEG), disminuyendo la significación del Impuesto Sobre la Renta, el cual llegaría a niveles marginales, dentro de un escenario de altos costos. (Justamente para prevenir esto existía el eliminado Valor Fiscal de Exportación)

En cuanto al PEG, el mismo va a aplicarse, de acuerdo a las proporciones contratadas en cada lote, al saldo entre el ingreso bruto y los costos más la regalía. Esas proporciones alcanzan un máximo de 50% en los lotes La Ceiba, Guarapiche, Golfo de Paria Oeste, Guanare y Punta Pescador, 41% en Delta Centro, 40% en San Carlos y un mínimo de 29% en Golfo de Paria Este.

El rendimiento porcentual de este instrumento respecto al ingreso bruto en ventas podría escenificarse de la siguiente manera: con unos costos moderados, parecidos a los declarados por PDVSA para fines fiscales en los últimos años, del orden de 50% del ingreso bruto y con la tasa PEG máxima de 50%, sería de un 17,84%. Pero si consideramos un escenario de costos superiores, supongamos de un 70%, y una tasa PEG del 29% (Golfo de Paria Este), ese rendimiento se limitaría a 4,54% del referido ingreso bruto.

Esta alternativa de costos -70%- y aún otras de mayores de niveles en ese rubro, son mucho más factibles que la primera referida a los costos históricos de PDVSA, por tratarse de nuevas inversiones y por haberse acordado en los convenios en referencia un sistema de depreciación acelerada y de reconocimiento de gastos de exploración cargados a la producción inicial. De tal manera que, de arrancada, el monto de PEG percibido por el Fisco Nacional podría caer por debajo de un 4% del ingreso bruto y minimizarse, tendiendo, sin exageraciones, a cero, durante los primeros años de operación del sistema.

En realidad, el verdadero sentido del esquema de Participación del Estado en las Ganancias (PEG) estriba en que con una combinación de cláusulas y disposiciones económicas de diversa índole, puede lograrse la minimización de esa participación.

Dos instrumentos muy importantes para este cometido lo constituyen los convenios que se suscriben entre el MEM y PDVSA para determinar niveles diferenciales en el Impuesto de Explotación (Regalía). Las experticias económicas promovidas ante esa Corte versaban sobre el análisis de estos instrumentos y los daños inferidos por los mismos al patrimonio nacional.

El primero de ellos, de tradicional aunque no menos irregular aplicación, es el convenio para la determinación de un "factor fiscal para el cálculo del valor mercantil de la producción a los fines de liquidar la Regalía". Por virtud de este factor, para reconocer costos de recolección y transporte, la regalía no se calcula directamente sobre la base tradicional del 16 2/3% del precio de realización en boca de pozo, tal como establece la Ley de Hidrocarburos vigente, sino que, previamente, a este precio se le aplica una ponderación inferior a la unidad, la cual, para 1994, se determinó en promedio como 0,86079. Con este mecanismo, el impuesto de explotación o regalía para ese año fue en realidad de 14,34%, y no 16,67%.

En lo que se refiere específicamente a las ocho áreas otorgadas bajo el esquema de “ganancias compartidas”, existen solicitudes, hechas por PDVSA al MEM, de reducción del ya mencionado factor fiscal aplicable a la regalía que se genere en dichas áreas, para llevarlo hasta niveles de 0,763 -en el caso de los lotes orientales- y, el segundo de los instrumentos referidos, una fórmula de ajuste del mismo impuesto de explotación en los desarrollos de baja rentabilidad. (Convenios de Asociación Exploración / Producción Areas Nuevas, Regalía, "Determinación de un Factor Fiscal por Area para el cálculo del Valor Mercantil" , -Propuesta para suscribir un convenio con el MEM- y "Consideración de la Fórmula de Ajuste para desarrollos de baja rentabilidad", -Solicitud de aprobación del MEM para su inclusión en los Convenios). Ambos documentos fueron consignados por nosotros en nuestro escrito de promoción de pruebas.

En cuanto a la primera de estas dos solicitudes, debemos remitirnos a la revisión de los sitios donde se encuentran los lotes que se entregarán a las compañías extranjeras, para verificar que los mismos se encuentran muy cerca, tal vez a mayor profundidad, pero en todo caso debajo de las estructuras de almacenamiento y transporte de crudo y productos existente en el país. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, con el instrumento del “factor fiscal” inferior a la unidad para la ponderación de la regalía se establece un sistema excepcional de ajuste variable de este impuesto para “reconocer costos de recolección de los crudos producidos”.

Dicho factor fiscal se establece de acuerdo a inexplicables criterios diferenciales por zona geográfica -cuyos resultados hacen pensar que el petróleo venezolano sale todo por La Guaira- y así los factores fiscales aplicables a la tasa de Regalía serán de 0,793 para la Zona de Occidente, de 0,852 para la Zona Centro-Occidente y de 0,763 en la Zona Oriente.

Como resultado de la aplicación de esos factores fiscales se produce una reducción de la tasa de regalía aplicable a las producciones de petróleo crudo extraído de las mencionadas áreas, desde el 16 2/3% establecido por la Ley de Hidrocarburos vigente hasta el 13,22% para el Área La Ceiba, el 14,20% para las Áreas de Guanare y San Carlos y el 12,72% para las Áreas Punta Pescador, Golfo de Paria Este, Golfo de Paria Oeste, Guarapiche y Delta Centro. Esto representa, en el caso de estas Areas orientales, una reducción de la regalía del orden del 23,7% respecto al 16,67% legal.

Pues bien, el caso es que, ni aunque se encontraran en el corazón del Amazonas incurrirían en costos de transporte que justificaran una reducción de la regalía de semejantes proporciones, las cuales, al precio de realización promedio de los crudos venezolanos en lo que ha transcurrido de 1996, (17,5 dólares por barril) comportarían un sacrificio fiscal unitario de 2,23 dólares por barril de crudo. Y ello es así, en primer lugar, porque el transporte de crudo y productos no se hace en camiones cisternas, ni embotellado, sino que se usa el sistema de bombas y oleoductos, que no tiene nada que ver con condiciones del terreno distintas a las de sus pendientes, las cuales son mínimas en Venezuela, porque tanto los campos de producción, como los puertos y las refinerías se encuentran dentro de los límites de la mismas cuencas sedimentarias que contienen al petróleo. En otras palabras, desde Anaco, San Tomé, El Furrial o Guarapiche, Punta Pescador, etc. hasta Guaraguao, (el principal puerto de embarque oriental), hasta Caripito (que puede volver a ser un puerto petrolero importante) o hasta la refinería de Puerto la Cruz; desde Guanare y San Carlos hasta El Palito, Morón y Puerto Cabello; desde el campo de La Ceiba hasta el puerto de la Ceiba y desde Bachaquero, Catatumbo o Lagunillas hasta Puerto Miranda, Amuay o Cardón, no hay que atravesar cadenas montañosas ni salvar grandes elevaciones.

Pero, en segundo lugar, y por encima de todo, en ese “factor fiscal” se materializa una continuada ilegalidad, por cuanto la Ley de Hidrocarburos vigente establece que el Impuesto de Explotación debe ser liquidado en boca de pozo y sobre el mismo no cabe tal nivel de deducción o rebaja. Reconocer costos de recolección de las magnitudes que resultan de la aplicación de este “factor fiscal” equivale a liquidar la regalía en los patios de almacenamiento de las refinerías o en los del puerto de embarque. Si se sigue por este camino, podría llegarse hasta financiar parcialmente el flete marítimo de tales crudos hasta los puertos de los países consumidores...

Respecto al segundo de los instrumentos mencionados, (“Fórmula de Ajuste para Desarrollos de Baja Rentabilidad”) consideramos que hablar de desarrollos de baja rentabilidad es prácticamente tentar al demonio, porque si alguna habilidad demostraron las concesionarias extranjeras durante siete décadas en Venezuela, fue esa de hacer aparecer como ínfimas sus descomunales ganancias.

Pues bien, según ese instrumento, que ha sido incluido expresamente en cada uno de los 8 convenios de asociación, se establece un régimen especial que permite ajustar la tasa de la Regalía en función de la variación de la rentabilidad de aquellos proyectos que tienen una baja rentabilidad, medida ésta según la Tasa Interna de Retorno (TIR) del plan de desarrollo aprobado por el Comité de Control para la declaración de comercialidad e incluido en la Memoria descriptiva de deberá aprobar el Ministerio de Energía y Minas. Según los términos de ese régimen especial, establecido mediante Convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y la filial designada por PDVSA para la suscripción de estos convenios de asociación, la Corporación Venezolana del Petróleo S.A., la tasa de Regalía será de 1% para proyectos cuya Tasa Interna de Retorno sea menor de 12%, de 16,67% para proyectos cuya TIR sea mayor o igual al 20% y variará entre el 1% y el 16,67% para proyectos cuya TIR se encuentre entre 12% y 20%.

Aplicando ese sistema, es dable predecir, con un gran nivel de certeza, que la regalía quedará reducida a un 1% durante por lo menos los 10 años posteriores al inicio de actividades de producción en las “nuevas áreas”; lapso en el cual las “asociadas” harán efectivo su derecho a una depreciación acelerada de sus activos y a imputar, a cada barril producido, una pesada alícuota para la recuperación de sus costos exploratorios. Pero aún más, conocidas las referidas habilidades de las corporaciones extranjeras de mimetizar ingresos y magnificar costos y teniendo en cuenta la inexistencia de un efectivo control fiscal, este instrumento servirá para extender esa merma de la participación nacional por muchos años más, repitiendo, en peores circunstancias, la experiencia de elusión fiscal de las antiguas concesionarias de hidrocarburos, cuyos detalles históricos han sido ampliamente referidos en la bibliografía de autores venezolanos de la talla de Gumersindo Torres, Rómulo Betancourt, Salvador de la Plaza y Juan Pablo Pérez Alfonzo.

Es en este punto donde se encuentra la mayor evidencia de la inconveniencia del referido esquema: Desmontado completamente, como ha sido el sistema de control y participación fiscal que se estableció trabajosamente en el país a partir de 1920, volveremos a la época en que las concesionarias se despachaban a placer. Ese desmontaje, que se inició también tempranamente, con el planteamiento de permanentes conflictos de competencia entre PDVSA y el Ministerio de Energía y Minas, llegó a momentos culminantes con la salida de varios centenares de funcionarios profesionales y técnicos de ese Ministerio, -de manera acentuada durante la gestión ministerial de Humberto Calderón Berti- con lo cual se liquidó de hecho la capacidad fiscalizadora de ese despacho y, absurdamente, se transfirieron a PDVSA muchas de sus anteriores funciones de control. El control deja de ser tal en esta circunstancia, pues nadie puede ser ejecutor y contralor simultáneamente.

La evidencia de que la capacidad fiscalizadora del MEM ha desaparecido -o es eludida muy eficientemente por PDVSA y lo será sin duda mejor aún por sus maestros en la materia, los consorcios petroleros internacionales- se encuentra en las propias estadísticas oficiales, según las cuales, a partir de 1990 se ha producido una explosión de costos que va mucho más allá de los incrementos naturales derivados de la declinación de los yacimientos y que ha determinado que, por ejemplo, en el año 1995 se alcanzaran las cifras máximas de producción y mínimas de participación fiscal de los últimos 20 años.

Finalmente, es oportuno hacer mención de una situación sumamente grave e inusitada en nuestra economía petrolera que se derivaría de estas nuevas concesiones y asociaciones: en el vigente Plan de Negocios de PDVSA, se prevé que, de la producción petrolera, estimada en 6 millones de barriles por día para el año 2005, una tercera parte (1 millón 900 mil barriles por día) corresponderá al “esfuerzo con terceros”, o sea, con las empresas multinacionales petroleras. Mientras tanto, PDVSA se reserva las áreas convencionales en proceso de agotamiento y los crudos extrapesados de difícil y costoso desarrollo, mientras concede lo que comprobadamente constituyen las más promisorias zonas prospectivas y de menor esfuerzo de desarrollo, tal como lo revelan sus propias expectativas de producir en dichas zonas casi 2 millones de barriles diarios dentro de 10 años.

Para tener una idea de las proporciones implícitas en esta cifra de producción, considérese que, en su conjunto, las áreas 10 licitadas ocupan una superficie total de 17.955 km2, o sea 137 km2 más que el prolífico Emirato de Kuwait. Nada más y nada menos, tales son las expectativas que generan los datos que maneja PDVSA y ahora comparten sus nuevos socios: ¡en esas áreas -y concretamente en las ocho adjudicadas, que ocupan 13.766 km2- se encontraría un nuevo Kuwait!

DOCUMENTOS DEL BLOG - ENTREVISTA EN QUANTUM

Rusia y Venezuela se descubren en el siglo XXI
Estudian alternativas de defensa del crudo pesado y el gas natural

ALFREDO CARQUEZ SAAVEDRA*
Caracas (Venezuela)
15 de noviembre de 2004
Publicado en Quantum N.40

Carlos Mendoza Potellá, embajador del gobierno del Presidente Chávez ante el Kremlin, señala que hoy en día el intercambio comercial entre ambos países no supera los 27 millones de dólares. No obstante, asegura que existe multitud de posibilidades de negocios rentables para ambas naciones.
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Nuestra meta es diversificar los mercados, pero no se trata de la Guerra Fría. No se trata de la Rusia comunista ni de una Rusia enfrentada a los Estados Unidos, es una Rusia cuyo presidente ha dicho que su candidato es Bush. ¿Entonces cuál es el problema? Además en ese país están todas las transnacionales del petróleo, sostiene enfáticamente el embajador de Venezuela en Moscú, Carlos Mendoza Potellá.


Mendoza, antiguo embajador en Arabia Saudita, ex directivo de Petróleos de Venezuela, profesor universitario y economista petrolero, señala que, históricamente, las relaciones entre Venezuela y Rusia han sido cercanas a cero.


"Los intercambios comerciales entre ambos países no llegan a 40 millones de dólares. Creo que este año llegarán a más o menos 27 millones de dólares y que básicamente se explican por las compras de alúmina que hacen empresas rusas en el país. Venezuela, por su parte, le compra a Rusia cerca de ocho millones de dólares en productos químicos destinados a la industria farmacéutica. Estas son todas nuestras relaciones comerciales con el país más grande del mundo, donde cabemos 18 veces, donde existe multitud de posibilidades de negocios rentables para ambos países y para comerciantes e industriales de ambos países", señaló.

El embajador indicó que "hemos vivido de espaldas a Rusia por razones históricas y algunas de ellas relacionadas con la Guerra Fría, por razones de fidelidad perruna hacia Estados Unidos entre algunos sectores de la economía, en particular del sector petrolero".


"Hoy en día Rusia posee una economía gigantesca con los problemas de un capitalismo naciente, salvaje, con problemas de obsolescencia tecnológica pero que a su vez tienen con nosotros muchos puntos en común que podemos desarrollar. El parque industrial de Rusia ha sido víctima de la bonanza petrolera y le está pasando lo mismo que a Venezuela durante los años 70. Su equipo industrial está siendo sometido a tensiones vinculadas a la disposición de un ingreso petrolero masivo como primer productor mundial que es hoy. Y eso le está generando problemas internos de competitividad que se agregan a los problemas que ya tenía tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas".


- ¿Entonces de qué nos sirve estrechar relaciones con ese país?


- Es que se trata del país más grande del mundo y que en si mismo constituye un cuarto polo. El mundo va a contar cuatro polos políticos y económicos: China, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Y Venezuela debe mantener relaciones con los cuatro. Ya tenemos y estamos en un proceso de crecimiento de las relaciones comerciales y tecnológicas con China. ¿Y por qué no vamos a hacer lo mismo con otro de los polos? Entre Rusia y Venezuela pueden aprovecharse muchas cosas positivas. Por ejemplo, tenemos unas industrias petroleras muy parecidas. Rusia es uno de los países productores de petróleo más antiguos, y nosotros también. Los dos países tienen una gran cantidad de yacimientos que se encuentran en estado de madurez, es decir, de agotamiento, y que por lo tanto lo que nos va quedando cada vez más son crudos pesados. Y como ha dicho el presidente de Lukoil, como productores de crudos pesados tenemos que defendernos en el mercado petrolero internacional del descuento que se le hace a ese tipo de productos respecto al crudo liviano. Se entiende que hay un descuento de calidad pero el que se aplica hoy día es demasiado grande.


- ¿Sería como una especie de asociación de países productores de crudos pesados?


- Podría pensarse en algo así. Tal vez no sería una asociación pero sí podría pensarse en la firma de acuerdos bilaterales para coordinar la defensa el precio de los crudos pesados. Nosotros tenemos un descuento del promedio de nuestra cesta de crudos y productos respecto al West Texas de casi seis dólares y de casi cuatro con respecto al Brent. ¿Y por qué? ¿Quién determinó eso? Este es un pequeño ejemplo puntual de la existencia de intereses comunes. Pero puedo dar otro: durante la visita del vicepresidente José Vicente Rangel, en una de las sesiones de trabajo con el jefe del Consejo de Seguridad, Igor Ivanov -que fue anteriormente el canciller-, sugirió la posibilidad de una asociación de países exportadores de gas, tema que por cierto luego le han planteado a los bolivianos. En principio se ha pensado en la creación de un mecanismo de coordinación.


- ¿Eso podría ser viable en el 2005?


- Eso podría ser viable muy pronto, porque nosotros y los bolivianos compartimos un mercado gigantesco.


- ¿Y cuáles son los riesgos de acercarse a un mercado tan grande con una economía enorme?


- La economía rusa no es tan grande, Venezuela cabe 18 veces en su territorio pero otra cosa sucede en el caso del tamaño del Producto Interno Bruto. Rusia tiene problemas porque en ese espacio solamente viven 144 millones de habitantes, resultado de un proceso de merma de la URSS y de la población por un fenómeno de baja expectativa de vida, altas tasas de mortalidad y de emigración.


- ¿Qué le puede ofrecer Venezuela a Rusia además de negocios en el sector petrolero?


- Hay algunos negocios en el área del aluminio. Rusal (Ruski Alumini) está negociando con la CVG una asociación para montar una planta de alúmina de un millardo de dólares. Y Lukoil quiere invertir entre uno y tres millardos de dólares en el sector petrolero en proyectos conjuntos con Pdvsa en un periodo de 10 años, en campos marginales, nuevos campos operativos, etc. Ya estamos firmando cartas de confiabilidad y de intención.


- ¿Qué persigue Venezuela en el área petrolera en relación con Rusia?


- Rusia necesita invertir afuera, tiene el dinero y quieren hacerlo, porque su economía no tiene la capacidad para absorber los ingresos que perciben por las exportaciones de crudo y eso les está causando efectos negativos. Y dónde invertir mejor que en un país petrolero que tiene una industria parecida a la de ellos, a la cual le pueden suministra tecnología de perforación, que es una tecnología distinta a la que usamos.

Eso no quiere decir que vamos a sustituir la excelencia de la tecnología de perforación de las empresas occidentales que han surtido a Pdvsa, no. Lo que queremos es contar con otros actores. El capitalismo es igual, el capital es idéntico, no hay que hacerse ilusiones de que viene los rusos buenos contra el estadounidense malo, simplemente vienen otros oferentes y punto. Y a nosotros eso nos conviene.


- ¿Y que puede ofrecer Venezuela?


- En realidad hemos hecho esfuerzos infructuosos porque es difícil mover a nuestros empresarios privados. El Estado no puede ofrecer nada que no sea oportunidades que para los empresarios rusos inviertan en el país. Creo que los empresarios petroleros venezolanos tendrían campo allá, por la similitud de los sectores, pero se trata de un viaje muy largo y de un mercado competido y difícil.


- ¿Cómo podría tomar la Casa Blanca la profundización de las relaciones con Rusia?


- Nuestra meta es diversificar los mercados, pero no se trata de la Guerra Fría. No se trata de la Rusia comunista ni de una Rusia enfrentada a los Estados Unidos, es una Rusia cuyo presidente ha dicho que su candidato es Bush. ¿Entonces cuál es el problema? Además en ese país están todas las transnacionales del petróleo.


- ¿Existe alguna meta de incremento de los intercambios comerciales con Rusia?


- No porque cualquier objetivo que se establezca la meta seria de 8.000% porque prácticamente estamos partiendo de cero.


Publicado en Quantum N.40
Alfredo Carquez Saavedra
Periodista venezolano experto en temas petroleros