¡Se salvó la Patria, vuelven los petrodólares ! ...y FACES-UCV no puede quedarse atrás...
Carlos Mendoza Pottellá
22 de noviembre de 1996
La apertura petrolera avanza, viento en popa, a toda vela: Fedecámaras, George Bush, Exxon, Mobil, Atlantic Richfield, Amoco, Quirós Corradi, Calderón Berti, Sosa Pietri, Teodoro Petkoff y toda la corte celestial le dan su bendición. El Poder Petrolero ofrece, generoso, todo el combustible necesario para impulsar ese viento y defiende con furia a su criatura de los desconsiderados ataques de unos cuantos dinosaurios agrupados en Fundapatria y de un pequeño grupo de profesores extremistas.
La ofensiva “comunicacional” de la Gerencia petrolera apela a todas las armas e incurre en cualquier costo para imponer su verdad. Ello se lo permite la incontrolada discrecionalidad con la que administran los recursos públicos puestos bajo su cuidado: palangre (periodismo tarifado), censura de avisos críticos, vendavales de propaganda abierta y disimulada, foros con inocentes cuervos internacionales que nos vienen a convencer de la conveniencia de poner los ojos cerca de sus picos, donaciones con piquete censor a televisoras regionales y hasta redacción y financiamiento dispendioso de avisos para ser firmados por avispados presidentes de centros estudiantiles.
Vale la pena destacar, en otro ámbito, ese uso irregular de nuestros ingresos petroleros : la contratación, por centenares de millones de bolívares, de abogados de lujo, para intervenir impropiamente en las demandas interpuestas por un grupo de venezolanos, encabezados por tres rectores de esta Universidad, incluido el actual, ante la Corte Suprema de Justicia contra el acuerdo del Congreso Nacional que autoriza la suscripción de convenios de asociación para la “exploración a riesgo” y la producción de hidrocarburos en áreas nuevas. Eruditos y costosos picapleitos que pretenden esconder las flagrantes violaciones de la Constitución y las Leyes en que incurrió el Congreso al aprobar tales convenios. Para ello se han valido de toda clase de argucias leguleyas, interponiendo oposiciones subrepticias y extemporáneas, violando lapsos procesales y aprovechando los “contactos” de uno de ellos, antiguo Magistrado de esa Corte, para enterarse de los escritos y diligencias de los actores mucho antes de ser anexados al expediente.
El masaje ha sido tal, que las expectativas de un nuevo “boom” petrolero, generadas por el masivo otorgamiento de concesiones disfrazadas en esas áreas de “exploración a riesgo” y en los “convenios operativos” para la entrega de varias decenas de “campos marginales” no tan marginales, con los cuales se promete una elevación de la producción petrolera hasta 6 millones de barriles diarios, ya han comenzado a reblandecer a algunos espíritus, de esos que siempre han sido sensibles al “poderoso caballero”, pero que nunca antes, como ahora, habían percibido su hipnótico aliento tan de cerca. Por ello, y en la medida que multitudes desesperadas se apiñan en el autobús de la oferta aperturista y neoliberal como única vía para salir de la crisis, quienes sostenemos posiciones críticas en esta materia, que siempre hemos sido minoría, ahora lo somos mucho más... Pero tercos al fin, insistimos en lo que creemos que es la verdad y parodiamos a Enrik Ibsen en “Un enemigo del pueblo” : Las mayorías casi nunca tienen la razón. Y mucho menos mayorías como ésta que enfrentamos, forjada a punta de billete, con el control de todos los medios de comunicación, y apelando al chantaje y el soborno.
En la propia UCV, otrora refugio de idiotas idealistas, se está comenzando a imponer la sensatez : Ya la Escuela de Comunicación Social se había adelantando, rindiendo sus primeros sacrificios ante el becerro de oro del palangre petrolero, celebrando su quincuagésimo aniversario entre gente decente, globalizada e integrada al nuevo orden mundial, en el auditorio del Banco Central, bien lejos de sus marginales instalaciones de la UCV y bien olvidados del pluralismo y la libertad de expresión. Y ahora, para escarnio de individuos no iniciados en el arte de la pragmática contemporánea, que pensábamos que “eso no sucede en mi Facultad”, en sus 58 años, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales repite la misma medicina, en el mismo escenario elegante y neutral, donde, a diferencia de su vulgar Auditorio Naranja, si puede ir la gente decente: el auditorio del Banco Central. (La pudibundez asoma en la risible excusa de los organizadores, más parecida a un hilo dental playero : “es que allí los podremos oír a ellos y después nos traemos ese material y discutimos aquí, entre nosotros”)
Todo parece indicar que, con su oferta de tres campos petroleros a tres universidades entre ellas la UCV, PDVSA ha hecho una jugada maestra. Una oferta al estilo de “El Padrino”, de esas que no pueden rechazarse, ha puesto la carne de gallina y vencido algo más que los escrúpulos de ciertos sectores universitarios, que desde entonces han comenzado a recoger sus discursos radicales y a rezar todas las noches el “yo pecador me acuso ante Dios-Giusti”, por haber tolerado -venialmente, porque fue sin identificarse mucho- las irracionales críticas a la política petrolera oficial que hacían algunos profesores extremistas como el suscrito. Además -perdónalos Dios- había el atenuante de que se consideraba a esas críticas como folklóricas e inofensivas.
Esa oferta de la cúpula gerencial de PDVSA ha sido percibida y acogida como lo que es: un soborno para que las autoridades universitarias “sensibles” acallen, ellas mismas, y en nombre de los intereses trascendentes de la Universidad, a los molestos críticos universitarios. Muchos, eufóricos, pero callados, se frotaban las manos... Pero no hay felicidad completa, nunca falta un aguafiestas... y aparece Maíz Vallenilla recordando el feo nombre de esa movida y nombrando la soga en la casa del ahorcado.
En el caso de FACES-UCV, eso está siendo aceptado de la manera más humillante, dándole tribuna segura y neutral a un Vice-Ministro de Energía y Minas que agredió y vejó a un profesor jubilado de esta misma Facultad ; a nuestro colega por 24 años de encuentros y desencuentros, el Prof. Mazhar Al-Shereidah ; a quien personalmente le advirtió que se le podrían aplicar métodos parecidos a los utilizados por Saddam Hussein contra los disidentes, si continuaba refiriéndose a lo que es público y notorio en todas las publicaciones petroleras internacionales: la desmesurada violación, por parte de Venezuela, de las cuotas OPEP.
Esa agresión -de hace muy pocos meses- fue objeto de sendas declaraciones condenatorias, aprobadas unánimemente, por el Consejo Universitario y la APUCV . Pero ahora y como dice el bolero, “olvidando el pasado”, FACES manda el muerto al hoyo y recibe a ese cuestionado Vice-Ministro, Evanán Romero, cuya renuncia ha sido solicitada por la Sub-Comisión de la Cámara de Diputados investigadora del caso de los aviones, como ponente estrella en materia petrolera. Y nuevamente aparece el pudibundo hilo dental : “Es que viene en representación del Ministro y no podemos decirle que no”.
Tales son mis razones para no aceptar el papel que me ofrece el Prof. Rafael Ramírez, Decano de FACES-UCV, para participar como relator en el Foro Petrolero del próximo miércoles 27 de noviembre. Debo aclarar -ante la observación que me hiciera uno de los organizadores- que con esto no pretendo vetar a nadie. Jamás lo he hecho en mi desempeño de una década como Responsable de un Postgrado donde imparten docencia regularmente casi dos decenas de profesores contratados, los cuales prestan sus servicios, en cargos de alta responsabilidad, dentro de la industria petrolera pública, en el sector privado conexo y en los Ministerios de Energía y Minas y Relaciones Exteriores. Y quien hace la observación conoce, por experiencia propia, esa manera de conducirme con los adversarios, que otros han calificado como muy cándida. Pero la tolerancia tiene los límites de la dignidad y ser relator de ese Vice-Ministro en particular, rebasa los límites de la mía.
Por el contrario, considero propicia la oportunidad para proponer, por este intermedio, la realización de una jornada de análisis de la política petrolera venezolana con la participación de Luis Giusti, Andrés Sosa Pietri, Humberto Calderón Berti, Humberto Peñaloza, Alberto Quirós Corradi, Richard Corrie, Klaus Graff, Allan Viergutz, César Pieve, Ulises Ramírez, Carlos Alcántara, Miguel Bocco, Ramón Espinaza, Franciso Mieres, Gastón Parra Luzardo, Mazhar Al-Shereidah, Alejandro Padrón, Asdrúbal Baptista, Jesús Mora, Hugo Pérez La Salvia, Luis Vallenilla, José Román Duque Corredor, Alvaro Silva Calderón, Allan R. Brewer Carías, Agustín Calzadilla, Alí Rodríguez y los rectores Trino Alcides Díaz, Simón Muñoz y Luis Fuenmayor. Sería un debate abierto y sin mayores límites de tiempo, que podría realizarse en varios días, en la Sala César Augusto Ríos (conocida también como Auditorio Naranja) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Así aceptaría yo el papel de relator que me fue ofrecido, o el de simple participante en los debates. Esa podría ser una jornada mucho más digna del 58 aniversario y de las más caras tradiciones universitarias.
Anexo : Suelto distribuído por mí con ocasión del Foro Periodismo, Petróleo y Finanzas, realizado en el Auditorio del BCV, con motivo del quincuagésimo aniversario de la Escuela de Comunicación Social.
Periodi$mo, Petróleo y Palangre
Tal sería un título más adecuado para este seminario que oscurece los 50 años de la Escuela de Comunicación Social.
Es verdaderamente doloroso: una Escuela que ha sido vanguardia en la lucha por una auténtica libertad de expresión celebrando su aniversario con un seminario dedicado a absorber sin antídotos la visión petrolera de los dueños de la pauta publicitaria, un seminario en donde están quirúrgicamente extirpadas las visiones disidentes en esta materia, sin olvidar, desde luego, colocar una púdica hoja de parra: el décimo de participación asignado al Diputado Alí Rodríguez.
¿Cómo es posible que los directivos de la Escuela de Comunicación Social de la UCV hayan olvidado que en esta materia tres rectores de esa casa de estudios encabezan a un grupo de ciudadanos venezolanos que introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia sendas demandas por inconstitucionalidad e ilegalidad del principal instrumento de política petrolera de nuestros días: la entrega graciosa de ocho de los mas promisorios campos petroleros de crudos livianos de Venezuela al capital extranjero, en peores condiciones que las prevalecientes en el país entre 1920 y 1975?
Lamentablemente, y aunque nos duela profundamente, eso tiene una sola explicación: Incluir dentro de los conferencistas a Simón Muñoz, Luis Fuenmayor y Trino Alcides Díaz, a Francisco Mieres, Luis Vallenilla, Juan Liscano, Román Rojas Cabot, Ernesto Maiz Vallenilla, Tobías Lasser, o a este suscrito hubiera significado no contar con los auspicios de Maravén y el Banco Provincial, tal vez el Banco Central no prestaría sus salas para debates tan poco refinados y con seguridad, Luis Giusti y Emilio Abouhamad hubieran eludido elegantemente el bulto, en nombre del “low profile” y para no darle tribuna a ese coro de críticos desquiciados.
De esa manera, la Fundación Amigos de la ECS-UCV habría sacrificado el financiamiento del evento y la asistencia de la verdadera gente noticia y chic, por la inclusión de individuos mal vistos y que, como ya se sabe en las Jefaturas de Prensa y Redacción de todos los medios impresos y audiovisuales, están vetados para opinar sobre estos temas. Bueno es el cilantro de la democracia y la libertad de expresión, pero no tanto como para meterse con los dueños de la verdad petrolera... y sus generosas pautas.
¡Abrase visto! Los jóvenes periodistas deben aprender temprano quiénes son noticia y quiénes no lo son, ni lo serán, por más que lo pretendan.
Carlos Mendoza Pottellá
Profesor de la Escuela de Economía FACES UCV
Jefe de la Cátedra de Política Económica
Coordinador del Postgrado en Economía y
Administración de Hidrocarburos.
lunes, 28 de diciembre de 2009
NACIONALIZACIÓN "CHUCUTA"
Carlos Mendoza Pottellá
Versión: Diciembre 2002
El “adelanto de la reversión” que se produjo en 1975-76, sedicentemente denominado “nacionalización”, no fue más que el resultado de una composición de fuerzas nacionales e internacionales que lograron, como siempre, convertir una consigna nacionalista en el mejor camino para fortalecer la presencia del gran capital transnacional en las fases más rentables del negocio petrolero venezolano.
Es así como se inician, en 1975, las negociaciones trascorrales que, con el nombre de "avenimiento", dieron luz verde al adelanto de la reversión y garantizaron a las concesionarias, jugosas indemnizaciones sobre activos largamente depreciados, contratos de asistencia técnica y comercialización mediante los cuales se les remuneró con creces su tan reclamado, cuan inmerecido, lucro cesante y permanencia en todos los emprendimientos de sus antiguas filiales, ahora "operadoras" nacionalizadas. (Maza Zavala, D.F.; Parra Luzardo, Gastón; Mieres, Francisco; Mendoza P., Carlos, Incidencia de los contratos de tecnología y comercialización en el rumbo de la industria petrolera nacionalizada. Caracas 1977, mimeografiado)
Comenzó a funcionar entonces el conocido esquema umbilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven, Gulf-Meneven y así sucesivamente, el cual se manifestó de manera expresa, además de los referidos contratos, en los programas de cambio de patrón de refinación y en los "megaproyectos" de la Faja del Orinoco. Las corporaciones habían accedido, por estas nuevas vías, a zonas que antes les estaban vedadas por encontrarse limitadas a las fronteras de sus parcelas concesionarias.
De tal suerte que, cosas veredes, Sancho amigo, la apertura petrolera se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización constituyen el primer eslabón de esa “apertura”, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano.
Atrincheradas en el privilegiado papel de asesoras tecnológicas (convidadas permanentes en todas las actividades de sus antiguas filiales) y comercializadoras de la producción exportable de crudos y derivados, las más poderosas de las antiguas concesionarias se mantuvieron a la espera de su reinserción como protagonistas directas en las operaciones petroleras venezolanas.
El atajo para esa reinserción lo constituyeron los contratos de servicios y empresas mixtas que permite el Artículo Quinto de la mencionada Ley, y las primeras excusas se buscaron, como siempre, en la complejidad tecnológica implícita en el desarrollo de los crudos de la Faja, en la posibilidad de reactivar difíciles campos marginales y la explotación del gas no asociado costa afuera de Paria.
Así pues, los rostros desafiantes y las demostraciones de alegría de los petroleros nativos, en los días triunfales de la ronda licitatoria de las diez áreas en referencia, contrastan con el hecho nada enorgullecedor de que ése es y será el resultado de haber aceptado, de antemano, las aspiraciones máxi-mas de los potenciales socios. Y que los aparentemente suculentos bonos son apenas unas vergonzosas migajas que podrán ser recuperadas -de acuerdo con las propias estimaciones preliminares de reservas en cada lote- en uno o dos meses de una producción sobre la cual las nuevas concesionarias tendrán el control por casi cuarenta años.
Tal nivel de complacencia, inadmisible en una negociación donde estaba en juego el mayor patrimonio colectivo de los venezolanos, nos lleva a colegir, con serio fundamento, que los autores de esta propuesta simplemente se adscribieron, sin ninguna resistencia, a términos establecidos por intereses extranjeros ; tal cual como hicieron los negociadores oficiales en los 14 contratos de asistencia técnica suscritos en 1975 y tal como corresponde a la ya larga tradición cipaya de las élites hegemónicas de este desguarnecido país.
La realidad fundamental que pretenden eludir los gerentes petroleros es la de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos, y los derechos que como propietario le corresponden. Pese a la anómala condición de compañía anónima que se le confirió a PDVSA, sus ejecutivos no son otra cosa -aunque les pese- que funcionarios públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la política de los propietarios, en la gestión de esa industria.
PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en FEDECAMARAS o en VenAmCham : es una empresa estatal. Parecería una verdad de Pero Grullo, pero éste es uno de los problemas mas delicados que se le plantean al país en materia de política petrolera..
Las prioridades de los gerentes de PDVSA se orientan según los intereses de sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tienen secretos. y con cuyo concurso planifican estrategias para enfrentar las políticas y orientaciones estatales. Por eso mismo, recelan de los poderes públicos, esconden información a sus legítimos contralores y reniegan de su condición estatal. En su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. Como queda más que demostrado, el más importante foco generador de tendencias privatistas en la industria petrolera nacional se encuentra en esas cúpulas gerenciales.
En efecto, durante todos los años de existencia de PDVSA, los esfuerzos de su gerencia transnacional han estado enfrentados al más acendrado interés nacional: bajar la participación fiscal, boicotear a la OPEP, hacer descuentos a los "clientes tradicionales" y a "nuestras filiales en el exterior", fomentar negocios inviables para la Nación pero lucrativos para el capital privado.
La política de expansión a todo trance de la producción es característica. No importa si en esa expansión se violan normas técnicas, con lo cual se acelera el agotamiento de los yacimientos, no importa si esa expansión va a sobrealimentar a un mercado estructuralmente saturado y a convertirse en factor de debilitamiento de los precios reales, no importa violar los topes asumidos en el seno de la OPEP -en realidad, es lo que menos importa. No importa si crecen los costos y las posiciones competitivas del país a mediano plazo se comprometen. No importa si, para garantizar esa expansión se ofrecen condiciones exageradamente generosas al capital petrolero internacional, en desmedro de la participación nacional. Lo único que importa es que florezcan los negocios que alimentan el poder y las fortunas de los particulares y las corporaciones que los proponen y ejecutan.
Aclaremos, de paso, que no nos estamos refiriendo a las pequeñas raterías -aquéllas que hoy pueden llegar hasta las decenas y centenas de millones de bolívares- que se denuncian en los niveles operativos intermedios, de contratación y supervisión de proyectos, servicios, asesorías, construcciones civiles, donde ha comenzado a institucionalizarse el "¿Cuánto hay pa'eso?", Quirós dixit. A diferencia de nuestro citado, nos referimos a fiascos nacionales donde si está involucrada la alta gerencia de PDVSA.
Desde el punto de vista estrictamente político, en todos estos veintiseis años, las fuerzas de la apertura transnacional han tenido como gran acierto la imposición, a la sociedad venezolana, de su visión corporativa -la "verdad petrolera"- como axioma incontrovertible. Uno de los principales pilares del imperio de esta visión acrítica y deformada de la realidad lo constituyó el pacto de los máximos lideres de AD y Copei, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, para sacar al petróleo del debate político.
De tal manera, en nombre de la importancia para el país de la actividad petrolera, de la necesidad de alejarla de la politiquería y el clientelismo partidista, se permitió que la más antinacional de las políticas, la de las transnacionales y las mafias aprovechadoras, se apoderara de ella.
Por otro lado, en nombre de la meritocracia, se ha permitido el enquistamiento de una dinastía gerencial que reproduce su filosofía y patrones de conducta antinacionales, a través de un sistema de premios y castigos que privilegia la incondicionalidad y el acriticismo y crea una verdadera cadena de complicidades y favoritismos dignos del mas rancio régimen feudal. (Como lo farfullan entre dientes muchas de sus víctimas, bajo la campana de Gauss de las evaluaciones anuales se produce toda suerte de injusticias, humillaciones y pasos de Horcas Caudinas.)
La camarilla gerencial petrolera, escudada en la condición de compañía anónima atribuida a PDVSA y arguyendo que se manejan asuntos de alta confidencialidad y complejidad técnica, ha convertido en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometen al recurso fundamental de la Nación. El ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a esa cúpula y a sus asesores externos, con el libre albedrío que les otorga el premeditado desmantelamiento del órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.
Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacen a partir de datos sobre cuya génesis no tienen ninguna posibilidad de modificación. Es decir, "planifican" a partir de parámetros que son fijados de manera independiente por los petroleros. Tal como lo haría un joven con la mesada asignada por su padre: a veces protestando su insuficiencia, pero sin poder ir más allá, por desconocer los factores determinantes de tal nivel de asignación.
Es en este ambiente de ignorancia y complicidad como se ha constituído, en torno al petróleo, el mayor centro de desviación de los bienes públicos hacia privilegiadas alforjas. Que no hay RECADI, ni banquero corrupto, ni beneficiario irregular del financiamiento estatal, que alcance siquiera a un punto porcentual de las perversas cumbres de enriquecimiento privado, nacional y extranjero, generadas por el poder petrolero. Tal es el trasfondo de esa vieja política que reaparece cada mañana con un nuevo nombre o moda. Ahora es el turno de la apertura y dentro de muy pronto -ya está en camino- será el de la privatización de PDVSA.
Es así como hemos llegado a tener, supuestamente, la segunda empresa petrolera a nivel mundial y, al mismo tiempo, cinco sextas partes de la población venezolana colocada entre los estratos de necesidades básicas insatisfechas, pobreza crítica y miseria extrema.
Es así, también, como en 1995, un negocio que movilizó 27.261 millones de dólares en sus operaciones nacionales e internacionales, y alcanzó las cifras máximas en producción de crudo y refinación en 20 años, reportó la mínima participación fiscal en ese mismo lapso, de 4.954 millones de dólares y retuvo para sí ganancias netas máximas, incurriendo, desde luego, en cifras máximas de costos e inversiones. Considérese, en contraposición, las cifras de 1976, cuando con ingresos de apenas 9 mil millones se generaba una participación fiscal de 7 mil millones.
(Ver Cuadro Anexo, con cifras actualizadas a 2001. Hemos preferido dejar la redacción intacta con las cifras de 1995, para dejar claro que se trata de una característica permanente de los resultados financieros de PDVSA) CMP, Dic. 2002
Y la responsabilidad de que éstas y todas las ya expuestas tropelías aperturistas sucedan impunemente, aunque parcialmente puede atribuirse al pacto "institucional" que tendió un manto cómplice sobre esas actividades irregulares, alcanza también a la voluntaria incultura petrolera de casi toda la dirigencia política y económica del país y a la inercia de sus Universidades, que las ha llevado a dejarse imponer una emasculación de su capacidad analítica y crítica en esta materia.
La sustitución del análisis por la fe proviene en mucho del abandono por las fuerzas políticas populares, por las Universidades y por los medios de la cuestión petrolera nacional, luego de la nacionalización, en la creencia ingenua de que con ella todo estaba resuelto, porque supuestamente "el petróleo estaba en buenas manos". Con alivio, los nacionalistas cerraron los libros y se echaron a dormir. Así dejaron al "caballo de Troya" en PDVSA actuar a sus anchas. Ahora Ministros, congresantes, dirigentes, profesores se sienten sorprendidos, perplejos, aún semidormidos. Su reacción es de desaliento y derrotismo
La crisis nacional exige a los poderes públicos, y a las colectividades políticas que pretenden encarnar la voluntad popular, una asunción plena de sus responsabilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una decisión política de amplias repercusiones, que afectaría a otros poderes constituídos y que sería duramente combatida.
El caso lamentable es que en la actualidad el país no cuenta con un liderazgo político capaz de emprender semejante tarea. Debemos empezar a construirlo. Y el primer paso en ese camino es delinear una política alternativa a la que se ha impuesto en los últimos veinte años.
La política petrolera venezolana debe formularse claramente a nivel Estatal, es decir, debe ser establecida con la participación de todos los poderes públicos. La justificación es doble: La primera se refiere a que, cualesquiera sean los titulares de la propiedad sobre los recursos del subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación, claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo, pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.
En el plano técnico - operativo de esa reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las cuales se fundamenta la "verdad petrolera". Se hace necesario, por tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad, de manera de establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.
La situación conforma un serio problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de consenso en torno a las propuestas concretas..
Por lo demás, esa política petrolera, en tanto que política reivindicadora de los vulnerados derechos de los propietarios colectivos, debe ser también el producto de una amplia consulta en todos los estamentos de la sociedad venezolana como un todo, en sus múltiples instancias gremiales, profesionales, políticas, etc.
El “adelanto de la reversión” que se produjo en 1975-76, sedicentemente denominado “nacionalización”, no fue más que el resultado de una composición de fuerzas nacionales e internacionales que lograron, como siempre, convertir una consigna nacionalista en el mejor camino para fortalecer la presencia del gran capital transnacional en las fases más rentables del negocio petrolero venezolano.
Es así como se inician, en 1975, las negociaciones trascorrales que, con el nombre de "avenimiento", dieron luz verde al adelanto de la reversión y garantizaron a las concesionarias, jugosas indemnizaciones sobre activos largamente depreciados, contratos de asistencia técnica y comercialización mediante los cuales se les remuneró con creces su tan reclamado, cuan inmerecido, lucro cesante y permanencia en todos los emprendimientos de sus antiguas filiales, ahora "operadoras" nacionalizadas. (Maza Zavala, D.F.; Parra Luzardo, Gastón; Mieres, Francisco; Mendoza P., Carlos, Incidencia de los contratos de tecnología y comercialización en el rumbo de la industria petrolera nacionalizada. Caracas 1977, mimeografiado)
Comenzó a funcionar entonces el conocido esquema umbilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven, Gulf-Meneven y así sucesivamente, el cual se manifestó de manera expresa, además de los referidos contratos, en los programas de cambio de patrón de refinación y en los "megaproyectos" de la Faja del Orinoco. Las corporaciones habían accedido, por estas nuevas vías, a zonas que antes les estaban vedadas por encontrarse limitadas a las fronteras de sus parcelas concesionarias.
De tal suerte que, cosas veredes, Sancho amigo, la apertura petrolera se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización constituyen el primer eslabón de esa “apertura”, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano.
Atrincheradas en el privilegiado papel de asesoras tecnológicas (convidadas permanentes en todas las actividades de sus antiguas filiales) y comercializadoras de la producción exportable de crudos y derivados, las más poderosas de las antiguas concesionarias se mantuvieron a la espera de su reinserción como protagonistas directas en las operaciones petroleras venezolanas.
El atajo para esa reinserción lo constituyeron los contratos de servicios y empresas mixtas que permite el Artículo Quinto de la mencionada Ley, y las primeras excusas se buscaron, como siempre, en la complejidad tecnológica implícita en el desarrollo de los crudos de la Faja, en la posibilidad de reactivar difíciles campos marginales y la explotación del gas no asociado costa afuera de Paria.
Así pues, los rostros desafiantes y las demostraciones de alegría de los petroleros nativos, en los días triunfales de la ronda licitatoria de las diez áreas en referencia, contrastan con el hecho nada enorgullecedor de que ése es y será el resultado de haber aceptado, de antemano, las aspiraciones máxi-mas de los potenciales socios. Y que los aparentemente suculentos bonos son apenas unas vergonzosas migajas que podrán ser recuperadas -de acuerdo con las propias estimaciones preliminares de reservas en cada lote- en uno o dos meses de una producción sobre la cual las nuevas concesionarias tendrán el control por casi cuarenta años.
Tal nivel de complacencia, inadmisible en una negociación donde estaba en juego el mayor patrimonio colectivo de los venezolanos, nos lleva a colegir, con serio fundamento, que los autores de esta propuesta simplemente se adscribieron, sin ninguna resistencia, a términos establecidos por intereses extranjeros ; tal cual como hicieron los negociadores oficiales en los 14 contratos de asistencia técnica suscritos en 1975 y tal como corresponde a la ya larga tradición cipaya de las élites hegemónicas de este desguarnecido país.
La realidad fundamental que pretenden eludir los gerentes petroleros es la de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos, y los derechos que como propietario le corresponden. Pese a la anómala condición de compañía anónima que se le confirió a PDVSA, sus ejecutivos no son otra cosa -aunque les pese- que funcionarios públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la política de los propietarios, en la gestión de esa industria.
PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en FEDECAMARAS o en VenAmCham : es una empresa estatal. Parecería una verdad de Pero Grullo, pero éste es uno de los problemas mas delicados que se le plantean al país en materia de política petrolera..
Las prioridades de los gerentes de PDVSA se orientan según los intereses de sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tienen secretos. y con cuyo concurso planifican estrategias para enfrentar las políticas y orientaciones estatales. Por eso mismo, recelan de los poderes públicos, esconden información a sus legítimos contralores y reniegan de su condición estatal. En su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. Como queda más que demostrado, el más importante foco generador de tendencias privatistas en la industria petrolera nacional se encuentra en esas cúpulas gerenciales.
En efecto, durante todos los años de existencia de PDVSA, los esfuerzos de su gerencia transnacional han estado enfrentados al más acendrado interés nacional: bajar la participación fiscal, boicotear a la OPEP, hacer descuentos a los "clientes tradicionales" y a "nuestras filiales en el exterior", fomentar negocios inviables para la Nación pero lucrativos para el capital privado.
La política de expansión a todo trance de la producción es característica. No importa si en esa expansión se violan normas técnicas, con lo cual se acelera el agotamiento de los yacimientos, no importa si esa expansión va a sobrealimentar a un mercado estructuralmente saturado y a convertirse en factor de debilitamiento de los precios reales, no importa violar los topes asumidos en el seno de la OPEP -en realidad, es lo que menos importa. No importa si crecen los costos y las posiciones competitivas del país a mediano plazo se comprometen. No importa si, para garantizar esa expansión se ofrecen condiciones exageradamente generosas al capital petrolero internacional, en desmedro de la participación nacional. Lo único que importa es que florezcan los negocios que alimentan el poder y las fortunas de los particulares y las corporaciones que los proponen y ejecutan.
Aclaremos, de paso, que no nos estamos refiriendo a las pequeñas raterías -aquéllas que hoy pueden llegar hasta las decenas y centenas de millones de bolívares- que se denuncian en los niveles operativos intermedios, de contratación y supervisión de proyectos, servicios, asesorías, construcciones civiles, donde ha comenzado a institucionalizarse el "¿Cuánto hay pa'eso?", Quirós dixit. A diferencia de nuestro citado, nos referimos a fiascos nacionales donde si está involucrada la alta gerencia de PDVSA.
Desde el punto de vista estrictamente político, en todos estos veintiseis años, las fuerzas de la apertura transnacional han tenido como gran acierto la imposición, a la sociedad venezolana, de su visión corporativa -la "verdad petrolera"- como axioma incontrovertible. Uno de los principales pilares del imperio de esta visión acrítica y deformada de la realidad lo constituyó el pacto de los máximos lideres de AD y Copei, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, para sacar al petróleo del debate político.
De tal manera, en nombre de la importancia para el país de la actividad petrolera, de la necesidad de alejarla de la politiquería y el clientelismo partidista, se permitió que la más antinacional de las políticas, la de las transnacionales y las mafias aprovechadoras, se apoderara de ella.
Por otro lado, en nombre de la meritocracia, se ha permitido el enquistamiento de una dinastía gerencial que reproduce su filosofía y patrones de conducta antinacionales, a través de un sistema de premios y castigos que privilegia la incondicionalidad y el acriticismo y crea una verdadera cadena de complicidades y favoritismos dignos del mas rancio régimen feudal. (Como lo farfullan entre dientes muchas de sus víctimas, bajo la campana de Gauss de las evaluaciones anuales se produce toda suerte de injusticias, humillaciones y pasos de Horcas Caudinas.)
La camarilla gerencial petrolera, escudada en la condición de compañía anónima atribuida a PDVSA y arguyendo que se manejan asuntos de alta confidencialidad y complejidad técnica, ha convertido en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometen al recurso fundamental de la Nación. El ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a esa cúpula y a sus asesores externos, con el libre albedrío que les otorga el premeditado desmantelamiento del órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.
Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacen a partir de datos sobre cuya génesis no tienen ninguna posibilidad de modificación. Es decir, "planifican" a partir de parámetros que son fijados de manera independiente por los petroleros. Tal como lo haría un joven con la mesada asignada por su padre: a veces protestando su insuficiencia, pero sin poder ir más allá, por desconocer los factores determinantes de tal nivel de asignación.
Es en este ambiente de ignorancia y complicidad como se ha constituído, en torno al petróleo, el mayor centro de desviación de los bienes públicos hacia privilegiadas alforjas. Que no hay RECADI, ni banquero corrupto, ni beneficiario irregular del financiamiento estatal, que alcance siquiera a un punto porcentual de las perversas cumbres de enriquecimiento privado, nacional y extranjero, generadas por el poder petrolero. Tal es el trasfondo de esa vieja política que reaparece cada mañana con un nuevo nombre o moda. Ahora es el turno de la apertura y dentro de muy pronto -ya está en camino- será el de la privatización de PDVSA.
Es así como hemos llegado a tener, supuestamente, la segunda empresa petrolera a nivel mundial y, al mismo tiempo, cinco sextas partes de la población venezolana colocada entre los estratos de necesidades básicas insatisfechas, pobreza crítica y miseria extrema.
Es así, también, como en 1995, un negocio que movilizó 27.261 millones de dólares en sus operaciones nacionales e internacionales, y alcanzó las cifras máximas en producción de crudo y refinación en 20 años, reportó la mínima participación fiscal en ese mismo lapso, de 4.954 millones de dólares y retuvo para sí ganancias netas máximas, incurriendo, desde luego, en cifras máximas de costos e inversiones. Considérese, en contraposición, las cifras de 1976, cuando con ingresos de apenas 9 mil millones se generaba una participación fiscal de 7 mil millones.
(Ver Cuadro Anexo, con cifras actualizadas a 2001. Hemos preferido dejar la redacción intacta con las cifras de 1995, para dejar claro que se trata de una característica permanente de los resultados financieros de PDVSA) CMP, Dic. 2002
Y la responsabilidad de que éstas y todas las ya expuestas tropelías aperturistas sucedan impunemente, aunque parcialmente puede atribuirse al pacto "institucional" que tendió un manto cómplice sobre esas actividades irregulares, alcanza también a la voluntaria incultura petrolera de casi toda la dirigencia política y económica del país y a la inercia de sus Universidades, que las ha llevado a dejarse imponer una emasculación de su capacidad analítica y crítica en esta materia.
La sustitución del análisis por la fe proviene en mucho del abandono por las fuerzas políticas populares, por las Universidades y por los medios de la cuestión petrolera nacional, luego de la nacionalización, en la creencia ingenua de que con ella todo estaba resuelto, porque supuestamente "el petróleo estaba en buenas manos". Con alivio, los nacionalistas cerraron los libros y se echaron a dormir. Así dejaron al "caballo de Troya" en PDVSA actuar a sus anchas. Ahora Ministros, congresantes, dirigentes, profesores se sienten sorprendidos, perplejos, aún semidormidos. Su reacción es de desaliento y derrotismo
La crisis nacional exige a los poderes públicos, y a las colectividades políticas que pretenden encarnar la voluntad popular, una asunción plena de sus responsabilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una decisión política de amplias repercusiones, que afectaría a otros poderes constituídos y que sería duramente combatida.
El caso lamentable es que en la actualidad el país no cuenta con un liderazgo político capaz de emprender semejante tarea. Debemos empezar a construirlo. Y el primer paso en ese camino es delinear una política alternativa a la que se ha impuesto en los últimos veinte años.
La política petrolera venezolana debe formularse claramente a nivel Estatal, es decir, debe ser establecida con la participación de todos los poderes públicos. La justificación es doble: La primera se refiere a que, cualesquiera sean los titulares de la propiedad sobre los recursos del subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación, claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo, pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.
En el plano técnico - operativo de esa reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las cuales se fundamenta la "verdad petrolera". Se hace necesario, por tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad, de manera de establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.
La situación conforma un serio problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de consenso en torno a las propuestas concretas..
Por lo demás, esa política petrolera, en tanto que política reivindicadora de los vulnerados derechos de los propietarios colectivos, debe ser también el producto de una amplia consulta en todos los estamentos de la sociedad venezolana como un todo, en sus múltiples instancias gremiales, profesionales, políticas, etc.
Esbozos programaticos
Una política petrolera fundada en los
intereses del pueblo venezolano
Septiembre 1998
Hablar de una política petrolera para el pueblo venezolano puede sonar a demagogia populista, pero no hay otra manera de denominar el sentido de nuestras aspiraciones en esta materia. Partiendo de la crítica a la actual política petrolera venezolana, orquestada en torno a una alianza incondicionalmente dependiente del gran capital petrolero internacional, nuestros planteamientos programáticos parten de una visión positivamente distinta de la realidad de nuestra industria petrolera y de los principios que deben orientar su funcionamiento, la magnitud y sentido de sus proyectos, su integración dinámica a la economía nacional y de manera particular, el manejo y disposición de sus ingresos.
Al respecto, debemos indicar que el principio rector de esas posiciones es aquél que considera al petróleo como patrimonio colectivo de los venezolanos y, en tanto que tal, que esa riqueza debe ser administrada según convenga al legítimo interés de las mayorías nacionales. La realidad contemporánea nos presenta evidencias dramáticas de que, por el contrario, esas mayorías han sido permanentemente despojadas del usufructo de ese patrimonio: En un país que fue durante décadas segundo productor y primer exportador mundial de petróleo, un país que hoy produce más del 4 por ciento de todos los hidrocarburos que se extraen en la Tierra y es propietario de una de las mas grandes acumulaciones de reservas probadas y probables, en ese privilegiado país, el 85 por ciento de su población, de escasos 23 millones de personas, vive en condiciones que no alcanzan al nivel de satisfacción de sus necesidades básicas, y más del 50 por ciento de los mismos lo hace en condiciones de miseria extrema.
Partiendo de esa terrible constatación, motivo suficiente para la ira, el dolor y la desesperación, sentimientos que conducen a algunos a la inmolación nihilista o a la preparación de una violenta revancha y a otros los hunde en la ciénaga del cinismo descreído y egoísta, hemos tratado hilvanar planteamientos constructivos.
Las posibilidades generadoras de excedentes del petróleo venezolano, mermadas por la explosión de inversiones, costos inflados y malos negocios, todavía son considerablemente superiores a las del resto de la economía nacional y pueden ser utilizadas para la reconstrucción de la sociedad venezolana sobre nuevas bases: de autosuficiencia, autonomía y diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales, mediante un proceso integrador e internalizador de esos rendimientos, que acabe con la anómala situación de una industria desproporcionadamente volcada hacia afuera, dependiente de los requerimientos de sus mercados externos y con escasos encadenamientos internos, hacia el resto de la industria y demás sectores económicos.
Se trata de conducir a la industria petrolera más allá de su papel de proveedora de divisas, hacia su fusión con los recursos humanos y materiales disponibles en el país. Se trata de diseńar un perfil de producción y actividades de comercialización que respondan prioritariamente a los requerimientos del resto de la economía nacional. Perfil dentro del cual la búsqueda de las magnitudes y escalas óptimas desde los puntos de vista técnico, empresarial, macroeconómico y social deben ser procesos coherentes y estrechamente imbricados.
En nuestra opinión, fundada en el análisis de las circunstancias históricas pertinentes, esos óptimos no se encuentran en el camino de la producción a todo trance, de la multiplicación de proyectos no prioritarios, de dudosa rentabilidad a largo plazo; para cuyo financiamiento aparentemente no se cuenta con recursos propios, lo cual, a su vez, se aduce como excusa para buscar la intervención de capitales extranjeros bajo condiciones que intesifican el drenaje de excedentes hacia el exterior. Así lo confirman, contundentemente, los términos bajo los cuales se ha pactado la vuelta del capital petrolero internacional a las posiciones de control y usufructo de las reservas de hidrocarburos remanentes en el país.
Un conglomerado de factores económicos y políticos, empresariales y corporativos, nucleado en torno a las cúpula directiva de PDVSA, al cual hemos denominado el Poder Petrolero, ha impuesto, con la complicidad por acción u omisión de todo el espectro político nacional, la expansión creciente y sin pausa de la inversión pública en el sector petrolero como garantía de multiplicación de las oportunidades de los negocios privados. De sus negocios.
Por el contrario, la industria petrolera venezolana, en tanto que propiedad pública, reservada legal y constitucionalmente al Estado, debe ser dirigida y administrada en consonancia con una estrategia nacional, que trascienda los límites de lo meramente empresarial.
Y al hablar de estrategia nacional no estamos limitando el horizonte al estrecho ámbito de lo estatal, tal como pretenden las presentaciones maniqueas para vender las presuntas bondades de las concepciones ultraprivatizantes. Una estrategia nacional no es contradictoria con una voluntaria cesión a la actividad privada de áreas reservadas al Estado. Pero ello debe ser el resultado de una seria consideración por parte de los poderes públicos y los órganos planificadores competentes, en un ambiente de consenso nacional. Sobre todo, esa cesión no podría comportar, como sucedió en el pasado y sigue sucediendo en el presente, transferencias unilaterales, sin la justa contraprestación debida por la liquidación de un activo público.
El esquema que se adopte para garantizar una gestión eficiente de la industria petrolera nacional puede responder a diferentes concepciones administrativas, políticas y sociales, pero, en cualquier caso, será indispensable acabar con el abusivo aprovechamiento privado de ese bien colectivo.
Por tales motivos, consideramos que dentro de un proceso de verdadera profundización de la nacionalización petrolera, de auténtica apropiación por los venezolanos de su patrimonio colectivo, se impone la toma de decisiones trascendentales, las cuales requieren una clara y definida voluntad política. Esa voluntad política no existe hoy, pero contribuiremos a su construcción al seńalar cuáles son, a nuestro entender, esas tareas:
Realizar una severa investigación de las principales transacciones realizadas hasta la fecha en materia de contratos y adquisición de instalaciones y equipos, tanto en el país como en el exterior. Analizar claramente, de manera desagregada, el rendimiento de cada una de estas inversiones y sus perspectivas futuras. En particular establecer la conveniencia o no de mantener la propiedad de esos activos o realizar ventas, como la que estuvo prevista y no se concretó, con el 50% de la CITGO.
Detener las operaciones que se llevan a cabo en condiciones de costos incrementales, en abierta violación de normas técnicas y en desmedro de las posibilidades futuras de recuperación de los yacimientos. Investigar las causas de pérdidas y accidentes ocurridos en las áreas donde se realizan estas operaciones.
Estabilizar los niveles de producción dentro de los márgenes técnicos aconsejables para la preservación de la vida de los yacimientos, lo cual debe coincidir con el óptimo económico de máxima rentabilidad unitaria.
Mantener la política de propiciar, en el seno de la OPEP, un escenario de defensa de los precios, garantizando la asignación de una cuota de producción cónsona con el nivel óptimo de producción de nuestras reservas. No se trata de una posición “rentista” a ultranza. Se trata de que la renta petrolera se produce, independientemente de nosotros, como resultado de la operación del mecanismo universal de fijación de precios, y si nosotros renunciamos a ella, otros se la apropiarán.
Evaluar los planes de desarrollo de la Faja del Orinoco y la Orimulsión, estableciendo claramente sus costos de oportunidad frente a destinos alternativos del ingreso disponible. Detener las operaciones que se estén realizando con pérdidas y bajo el supuesto de estar pagando un hipotético "posicionamiento en el mercado". Iniciar un proceso de investigación científica sobre los posibles usos no energéticos de las acumulaciones petrolíferas de la Faja. Establecer un programa de largo plazo con las Universidades, CONICIT, IVIC, INTEVEP, etc., para la formación de personal científico y técnico multidisciplinario dedicado a esa investigación.
Someter todas las transacciones de la industria petrolera nacional a la supervisión efectiva de la Contraloría General de la República. Crear un equipo multidisciplinario y operativo, bajo control del Consejo de Ministros y con representación legislativa, laboral y empresarial, para la planificación en materia de economía petrolera y energética. En ese equipo, que debería recibir los aportes -técnicos, que no deliberantes- de PDVSA, el Ministerio de Energía y Minas, Hacienda, Fomento, Cancillería, CORDIPLAN, Defensa, Banco Central, Gobernaciones de Estado y toda otra instancia pública o privada interesada, debe concentrarse toda la información disponible sobre la materia y el entorno socioeconómico nacional, para que pueda producir propuestas de acción coherentes y bien fundamentadas.
Detener el proceso de liquidación de los instrumentos de percepción fiscal que ha ocurrido en los veinte ańos anteriores, llegando al extremo de la eliminación de los Valores Fiscales de Exportación y estableciendo la minimización de la Regalía en los contratos con las corporaciones extranjeras. A más largo plazo, debe establecerse un sistema coherente de asignación de recursos, tal como el que han propuesto diversos estudiosos de la materia: Procurar los fondos que sean necesarios para garantizar el funcionamiento eficiente de la industria a todos sus niveles, para que responda eficazmente a las alternativas cambiantes de un mercado cada día más complejo, pero presupuestando cada ańo los proyectos recurrentes y los nuevos emprendimientos que se consideren viables, prioritarios y concordantes con los demás aspectos de la política económica establecidos en cada oportunidad, de acuerdo con la ya referida necesidad de integrar esa industria al esfuerzo general de reconstrucción de la economía nacional sobre bases más sólidas, que permitan superar los desequilibrios y carencias que la hacen vulnerable e ineficiente.
Una política petrolera fundada en los
intereses del pueblo venezolano
Septiembre 1998
Hablar de una política petrolera para el pueblo venezolano puede sonar a demagogia populista, pero no hay otra manera de denominar el sentido de nuestras aspiraciones en esta materia. Partiendo de la crítica a la actual política petrolera venezolana, orquestada en torno a una alianza incondicionalmente dependiente del gran capital petrolero internacional, nuestros planteamientos programáticos parten de una visión positivamente distinta de la realidad de nuestra industria petrolera y de los principios que deben orientar su funcionamiento, la magnitud y sentido de sus proyectos, su integración dinámica a la economía nacional y de manera particular, el manejo y disposición de sus ingresos.
Al respecto, debemos indicar que el principio rector de esas posiciones es aquél que considera al petróleo como patrimonio colectivo de los venezolanos y, en tanto que tal, que esa riqueza debe ser administrada según convenga al legítimo interés de las mayorías nacionales. La realidad contemporánea nos presenta evidencias dramáticas de que, por el contrario, esas mayorías han sido permanentemente despojadas del usufructo de ese patrimonio: En un país que fue durante décadas segundo productor y primer exportador mundial de petróleo, un país que hoy produce más del 4 por ciento de todos los hidrocarburos que se extraen en la Tierra y es propietario de una de las mas grandes acumulaciones de reservas probadas y probables, en ese privilegiado país, el 85 por ciento de su población, de escasos 23 millones de personas, vive en condiciones que no alcanzan al nivel de satisfacción de sus necesidades básicas, y más del 50 por ciento de los mismos lo hace en condiciones de miseria extrema.
Partiendo de esa terrible constatación, motivo suficiente para la ira, el dolor y la desesperación, sentimientos que conducen a algunos a la inmolación nihilista o a la preparación de una violenta revancha y a otros los hunde en la ciénaga del cinismo descreído y egoísta, hemos tratado hilvanar planteamientos constructivos.
Las posibilidades generadoras de excedentes del petróleo venezolano, mermadas por la explosión de inversiones, costos inflados y malos negocios, todavía son considerablemente superiores a las del resto de la economía nacional y pueden ser utilizadas para la reconstrucción de la sociedad venezolana sobre nuevas bases: de autosuficiencia, autonomía y diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales, mediante un proceso integrador e internalizador de esos rendimientos, que acabe con la anómala situación de una industria desproporcionadamente volcada hacia afuera, dependiente de los requerimientos de sus mercados externos y con escasos encadenamientos internos, hacia el resto de la industria y demás sectores económicos.
Se trata de conducir a la industria petrolera más allá de su papel de proveedora de divisas, hacia su fusión con los recursos humanos y materiales disponibles en el país. Se trata de diseńar un perfil de producción y actividades de comercialización que respondan prioritariamente a los requerimientos del resto de la economía nacional. Perfil dentro del cual la búsqueda de las magnitudes y escalas óptimas desde los puntos de vista técnico, empresarial, macroeconómico y social deben ser procesos coherentes y estrechamente imbricados.
En nuestra opinión, fundada en el análisis de las circunstancias históricas pertinentes, esos óptimos no se encuentran en el camino de la producción a todo trance, de la multiplicación de proyectos no prioritarios, de dudosa rentabilidad a largo plazo; para cuyo financiamiento aparentemente no se cuenta con recursos propios, lo cual, a su vez, se aduce como excusa para buscar la intervención de capitales extranjeros bajo condiciones que intesifican el drenaje de excedentes hacia el exterior. Así lo confirman, contundentemente, los términos bajo los cuales se ha pactado la vuelta del capital petrolero internacional a las posiciones de control y usufructo de las reservas de hidrocarburos remanentes en el país.
Un conglomerado de factores económicos y políticos, empresariales y corporativos, nucleado en torno a las cúpula directiva de PDVSA, al cual hemos denominado el Poder Petrolero, ha impuesto, con la complicidad por acción u omisión de todo el espectro político nacional, la expansión creciente y sin pausa de la inversión pública en el sector petrolero como garantía de multiplicación de las oportunidades de los negocios privados. De sus negocios.
Por el contrario, la industria petrolera venezolana, en tanto que propiedad pública, reservada legal y constitucionalmente al Estado, debe ser dirigida y administrada en consonancia con una estrategia nacional, que trascienda los límites de lo meramente empresarial.
Y al hablar de estrategia nacional no estamos limitando el horizonte al estrecho ámbito de lo estatal, tal como pretenden las presentaciones maniqueas para vender las presuntas bondades de las concepciones ultraprivatizantes. Una estrategia nacional no es contradictoria con una voluntaria cesión a la actividad privada de áreas reservadas al Estado. Pero ello debe ser el resultado de una seria consideración por parte de los poderes públicos y los órganos planificadores competentes, en un ambiente de consenso nacional. Sobre todo, esa cesión no podría comportar, como sucedió en el pasado y sigue sucediendo en el presente, transferencias unilaterales, sin la justa contraprestación debida por la liquidación de un activo público.
El esquema que se adopte para garantizar una gestión eficiente de la industria petrolera nacional puede responder a diferentes concepciones administrativas, políticas y sociales, pero, en cualquier caso, será indispensable acabar con el abusivo aprovechamiento privado de ese bien colectivo.
Por tales motivos, consideramos que dentro de un proceso de verdadera profundización de la nacionalización petrolera, de auténtica apropiación por los venezolanos de su patrimonio colectivo, se impone la toma de decisiones trascendentales, las cuales requieren una clara y definida voluntad política. Esa voluntad política no existe hoy, pero contribuiremos a su construcción al seńalar cuáles son, a nuestro entender, esas tareas:
Realizar una severa investigación de las principales transacciones realizadas hasta la fecha en materia de contratos y adquisición de instalaciones y equipos, tanto en el país como en el exterior. Analizar claramente, de manera desagregada, el rendimiento de cada una de estas inversiones y sus perspectivas futuras. En particular establecer la conveniencia o no de mantener la propiedad de esos activos o realizar ventas, como la que estuvo prevista y no se concretó, con el 50% de la CITGO.
Detener las operaciones que se llevan a cabo en condiciones de costos incrementales, en abierta violación de normas técnicas y en desmedro de las posibilidades futuras de recuperación de los yacimientos. Investigar las causas de pérdidas y accidentes ocurridos en las áreas donde se realizan estas operaciones.
Estabilizar los niveles de producción dentro de los márgenes técnicos aconsejables para la preservación de la vida de los yacimientos, lo cual debe coincidir con el óptimo económico de máxima rentabilidad unitaria.
Mantener la política de propiciar, en el seno de la OPEP, un escenario de defensa de los precios, garantizando la asignación de una cuota de producción cónsona con el nivel óptimo de producción de nuestras reservas. No se trata de una posición “rentista” a ultranza. Se trata de que la renta petrolera se produce, independientemente de nosotros, como resultado de la operación del mecanismo universal de fijación de precios, y si nosotros renunciamos a ella, otros se la apropiarán.
Evaluar los planes de desarrollo de la Faja del Orinoco y la Orimulsión, estableciendo claramente sus costos de oportunidad frente a destinos alternativos del ingreso disponible. Detener las operaciones que se estén realizando con pérdidas y bajo el supuesto de estar pagando un hipotético "posicionamiento en el mercado". Iniciar un proceso de investigación científica sobre los posibles usos no energéticos de las acumulaciones petrolíferas de la Faja. Establecer un programa de largo plazo con las Universidades, CONICIT, IVIC, INTEVEP, etc., para la formación de personal científico y técnico multidisciplinario dedicado a esa investigación.
Someter todas las transacciones de la industria petrolera nacional a la supervisión efectiva de la Contraloría General de la República. Crear un equipo multidisciplinario y operativo, bajo control del Consejo de Ministros y con representación legislativa, laboral y empresarial, para la planificación en materia de economía petrolera y energética. En ese equipo, que debería recibir los aportes -técnicos, que no deliberantes- de PDVSA, el Ministerio de Energía y Minas, Hacienda, Fomento, Cancillería, CORDIPLAN, Defensa, Banco Central, Gobernaciones de Estado y toda otra instancia pública o privada interesada, debe concentrarse toda la información disponible sobre la materia y el entorno socioeconómico nacional, para que pueda producir propuestas de acción coherentes y bien fundamentadas.
Detener el proceso de liquidación de los instrumentos de percepción fiscal que ha ocurrido en los veinte ańos anteriores, llegando al extremo de la eliminación de los Valores Fiscales de Exportación y estableciendo la minimización de la Regalía en los contratos con las corporaciones extranjeras. A más largo plazo, debe establecerse un sistema coherente de asignación de recursos, tal como el que han propuesto diversos estudiosos de la materia: Procurar los fondos que sean necesarios para garantizar el funcionamiento eficiente de la industria a todos sus niveles, para que responda eficazmente a las alternativas cambiantes de un mercado cada día más complejo, pero presupuestando cada ańo los proyectos recurrentes y los nuevos emprendimientos que se consideren viables, prioritarios y concordantes con los demás aspectos de la política económica establecidos en cada oportunidad, de acuerdo con la ya referida necesidad de integrar esa industria al esfuerzo general de reconstrucción de la economía nacional sobre bases más sólidas, que permitan superar los desequilibrios y carencias que la hacen vulnerable e ineficiente.
De la participación estatal en el negocio petrolero
Nov. 1995.
La consideración fundamental que hay que hacer sobre el tema es que se trata de un problema político, de un problema de relaciones de poder, en el cual una peculiar agrupación, integrada por factores privados nacionales y extranjeros vinculados al negocio petrolero y cúpulas gerenciales de la empresa pública, ha logrado imponer como verdades indiscutidas un conjunto de postulados que mezclan realidades objetivas con una carga considerable de falacia.
Dichas afirmaciones forman parte de un programa definido, que tiene como nortes la expansión constante del negocio petrolero -independientemente de la pertinencia macroeconómica y rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente privatización de las actividades en esa industria en particular.
Ese conjunto de verdades establecidas, que parte de concepciones hoy de moda, en cuanto a la incapacidad del Estado para gerenciar actividades productivas, tiene un expresión particular:
La carga fiscal sobre PDVSA es excesiva. PDVSA es la empresa petrolera que paga más impuestos en el mundo. Mantener esa carga fiscal equivale a perpetuar el ya fracasado modelo de rentismo parasitario y continuar alimentando a un Estado paternalista e ineficiente.
El control "político" sobre la industria obastaculiza el desarrollo eficiente de sus programas. Las trabas burocráticas que imponen los distintos organismos contralores, ejecutivos y legislativos, deben ser eliminadas en beneficio de la autonomía gerencial para ejecutar eficientemente sus planes y programas. Este es camino hacia la Venezuela productiva.
El mejor destino del ingreso petrolero es su reinversión el mismo sector. No existe otra actividad económica en Venezuela que le permita obtener ventajas comparativas y competitivas similares. Cada dólar adicional invertido en la industria petrolera genera, directa e indirectamente, efectos multiplicadores en el Producto Interno Bruto superiores de los de cualquier otra aplicación.
Venezuela debe ir hacia una más estrecha asociación con sus clientes desarrollados y abandonar asociaciones tercermundistas, de subdesarrollados y de perdedores, como la OPEP. La OPEP no ha beneficiado mucho a Venezuela y le impone trabas a un desarrollo que la llevaría a convertirse en una de las primeras potencias petroleras del mundo.
Para desarrollar la inmensa base de recursos petroleros de Venezuela, hay que desmontar todo el aparato de regulación y fiscalización que pesa sobre esa actividad industrial, porque ese desarrollo no es posible hacerlo con los recursos internos y es necesario atraer al capital petrolero internacional con proposiciones de una rentabilidad mayor a la de otros destinos. El escenario óptimo sería la completa privatización de las actividades petroleras, para permitir la convergencia competitiva en todas ellas de los capitales nacionales y extranjeros que quieran hacerlo. Las participación nacional no se centraría en una exagerada presión fiscal, pues ello reeditaría el modelo rentista, sino en la multiplicación de actividades productivas que se generarían.
Considerando todo lo anterior, matriz de opinión plenamente establecida y alimentada continuamente por todos los medios de comunicación y asumida por destacados dirigentes de casi todos los partidos políticos, cualquier reivindicación del Fisco frente a PDVSA, como detener el proceso de desgravación establecido con la eliminación de los Valores Fiscales de Exportación, o hacer reparos a sus declaraciones impositivas, será repelida como intentos de volver a los tiempos del rentismo y el dirigismo populista.
La tarea por tanto, debe centrarse en desmontar, con hechos y cifras, las falacias establecidas como verdades. Toda reivindicación fiscal debe hacerse con una fundamentación exhaustiva, legal, macroeconómica y sobre todo, política.
La realidad fundamental que se soslaya en la referida matriz de opinión es el de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos y los derechos que como propietario, independientemente de su condición de Estado, le corresponden.
Pese a la anómala condición de compañía anónima que se le confirió a PDVSA, sus ejecutivos no son otra cosa que funcionarios públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la política de los propietarios, en la gestión de esa industria. PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en FEDECAMARAS o en Ven Am Cham, es una empresa estatal. Parecería una verdad de perogrullo, pero éste es uno de los principales problemas políticos que se plantean en el país en materia de política petrolera.. Las fidelidades de PDVSA se orientan hoy hacia sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tiene secretos. Por otro lado, recela de los poderes públicos, esconde información a sus legítimos contralores y reniega de su condición estatal. En su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. El más importante foco generador de tendencias privatistas de la industria petrolera nacional se encuentra en sus cúpulas gerenciales.
La política petrolera venezolana debe definirse claramente a nivel Estatal, es decir, debe se establecida con la participación de todos los poderes públicos. La motivación es doble: La primera se refiere a que, en cualquier circunstancia de propiedad sobre los recursos del subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación, claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo, pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.
Esa política petrolera, en tanto que política de los propietarios colectivos, debe ser tambien el producto de una amplia consulta en todos los estamentos de la sociedad. Para ello, debe dársele participación cierta a todas las organizaciones representativas que no lo hacen directamente en los poderes públicos centrales, como la CTV, FEDECAMARAS, gremios profesionales, universidades, corporaciones de desarrollo regional, estados y municipios, sin olvidar, desde luego, a ese poder público no deliberante que son las Fuerzas Armadas. Este también es el camino para hacer cualquier propuesta reivindicadora de los derechos de los propietarios sobre su patrimonio.
En el plano técnico - operativo de esa reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las cuales se fundamenta la "verdad petrolera". se hace necesario, por tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad. de manera de establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.
Pero aun manejando las muy manipuladas cifras actuales, en ellas se pueden encontrar los indicios de una grave situación en cuanto al deterioro de la participción fiscal petrolera.
Ese deterioro tiene tres fuentes fundamentales: La primera de esas fuentes está en el conjunto de disposiciones tendientes a la desgravación impositiva que han sido establecidas, tanto por el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, en los cuatro períodos constitucionales transcurridos desde el momento en que esas actividades fueron reservadas al Estado.
La más grave de esas medidas ha sido, hasta ahora, la eliminación de los Valores de Exportación, mecanismo con el cual el Estado contrrarrestaba las manipulaciones en los costos que disminuían la base impositiva. En las "asociaciones estratégicas", partiendo del Cristóbal Colón, se redujo la tasa aplicable del ISLR del 67,7 al 30%, con garantía de que no habrá vuelta atrás. Hoy en día ya se plantean, en documentos oficiales, propuestas concretas para reducir el pago del impuesto de explotación o regalía en las areas nuevas, aplicando factores de hasta 0,7 al precio de liquidación, para el cálculo del 16 2/3 por ciento, con la excusa de reconocer costos de transporte.
Dentro de esta misma fuente puede ubicarse una variante: la omisión -voluntaria o nó- en las labores de fiscalización y control, la inercia en el tratamiento de situaciones nuevas, etc. Este es, por ejemplo, el caso del cobro del impuesto de explotación entre 1979 y 1986, lapso en el cual los precios de liquidación se dejaron estancados entre 11 y 12 dólares el barril, mientras que los precios de realización subían de 17 a 29 y se mantuvieron por encima de 25 dólares por barril hasta el final del período. (En los tiempos pre-nacionacionalización los precios de liquidación de la regalía superaron siempre a los precios de realización o de referencia)
La segunda fuente de deterioro de la participación fiscal tiene una raigambre más antigua, y se refiere, precisamente, a las prácticas de manipulación de costos en las que dictaron cátedra las antiguas compañías concesionarias.
Tales prácticas son poco perceptibles en los primeros años de funcionamiento de la industria petrolera en manos del Estado, aún cuando se produjeron denuncias puntuales como el exagerado costo de los contratos de asistencia tecnológica, los descuentos de precios establecidos en los contratos de comercialización, los "obscenos" -Gonzalo Barrios dixit- sueldos de los ejecutivos petroleros o los costos imputados a unas supuestas "actividades de producción en la Faja del Orinoco".
A partir de 1991, por el contrario, puede observarse una aceleración en el tendencial crecimiento de los costos. Sería pertinente analizar en detalle este período para determinar la naturaleza de ese extraordinario crecimiento. De manera particular, cabría revisar los resultados de negocios tales como las asociaciones estratégicas en la Faja del Orinoco, la explotación de "campos marginales"que ahora no lo son tanto, la orimulsión y la internacionalización. Los aportes o cargas que generan Carbozulia, Pequiven y Palmaven. ¿Qué ha pasado y que pasará con Sucre Gas y el proyecto Cristóbal Colón?
En la internacionacionalización por ejemplo, se materializa una forma clara y evidente de sacrificio o elusión fiscal, al entregar a las filiales de PDVSA en el estados Unidos cargamentos de petróleo con descuentos de hasta 3 dólares por barril sobre su precio de realización. Más grave aún es el net-back de Ruhr Oel, en el cual se reflejan, en algunos años, descuentos superiores a los 5 dólares por barril.
La tercera fuente de la caída fiscal tiene que ver con el crecimiento real de los costos operativos. Ese crecimiento se genera, fundamentalmente, en la necesidad de revertir la tendencia física de los yacimientos tradicionales a disminuir su capacidad productiva, calculada en 600 mil barriles diarios cada año. Esta tendencia era estimada en 200 mil barriles diarios cada año en la década de los setenta y se ha venido incrementado debido a las políticas de expansión constante de la producción. Precisamente para que esa tendencia no se materialice y peor aún, para generar nueva capacidad potencial, se debe incurrir en costos crecientes de reparación y reacondicionamiento, de generación e inyección de vapor, de perforación de avanzada y desarrollo dentro del area probada, sin mencionar aquí la perforación exploratoria para encontrar nuevas localizaciones.
Como puede observarse, no se trata solamente de la tendencia física. originada por el saqueo que hicieron las concesionarias entre los años 60 y 70, sino también de la voluntad de revertirla. Aquí cabría preguntarse, ¿Hasta cuándo será económicamente factible mantener ese esfuerzo? ¿No serían inferiores esos costos si se trazaran metas de producción cónsonas con el grado de agotamiento de los yacimientos?
En resumen, podría afirmarse que para cada una de estas tres fuentes de deterioro fiscal hay alternativas, pero ellas no son sencillas, ni fáciles de aplicar. Repitiéndonos, la situación conforma un serio problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de consenso en torno a las decisiones que se propondrían.
CMP/
Nov. 1995.
La consideración fundamental que hay que hacer sobre el tema es que se trata de un problema político, de un problema de relaciones de poder, en el cual una peculiar agrupación, integrada por factores privados nacionales y extranjeros vinculados al negocio petrolero y cúpulas gerenciales de la empresa pública, ha logrado imponer como verdades indiscutidas un conjunto de postulados que mezclan realidades objetivas con una carga considerable de falacia.
Dichas afirmaciones forman parte de un programa definido, que tiene como nortes la expansión constante del negocio petrolero -independientemente de la pertinencia macroeconómica y rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente privatización de las actividades en esa industria en particular.
Ese conjunto de verdades establecidas, que parte de concepciones hoy de moda, en cuanto a la incapacidad del Estado para gerenciar actividades productivas, tiene un expresión particular:
La carga fiscal sobre PDVSA es excesiva. PDVSA es la empresa petrolera que paga más impuestos en el mundo. Mantener esa carga fiscal equivale a perpetuar el ya fracasado modelo de rentismo parasitario y continuar alimentando a un Estado paternalista e ineficiente.
El control "político" sobre la industria obastaculiza el desarrollo eficiente de sus programas. Las trabas burocráticas que imponen los distintos organismos contralores, ejecutivos y legislativos, deben ser eliminadas en beneficio de la autonomía gerencial para ejecutar eficientemente sus planes y programas. Este es camino hacia la Venezuela productiva.
El mejor destino del ingreso petrolero es su reinversión el mismo sector. No existe otra actividad económica en Venezuela que le permita obtener ventajas comparativas y competitivas similares. Cada dólar adicional invertido en la industria petrolera genera, directa e indirectamente, efectos multiplicadores en el Producto Interno Bruto superiores de los de cualquier otra aplicación.
Venezuela debe ir hacia una más estrecha asociación con sus clientes desarrollados y abandonar asociaciones tercermundistas, de subdesarrollados y de perdedores, como la OPEP. La OPEP no ha beneficiado mucho a Venezuela y le impone trabas a un desarrollo que la llevaría a convertirse en una de las primeras potencias petroleras del mundo.
Para desarrollar la inmensa base de recursos petroleros de Venezuela, hay que desmontar todo el aparato de regulación y fiscalización que pesa sobre esa actividad industrial, porque ese desarrollo no es posible hacerlo con los recursos internos y es necesario atraer al capital petrolero internacional con proposiciones de una rentabilidad mayor a la de otros destinos. El escenario óptimo sería la completa privatización de las actividades petroleras, para permitir la convergencia competitiva en todas ellas de los capitales nacionales y extranjeros que quieran hacerlo. Las participación nacional no se centraría en una exagerada presión fiscal, pues ello reeditaría el modelo rentista, sino en la multiplicación de actividades productivas que se generarían.
Considerando todo lo anterior, matriz de opinión plenamente establecida y alimentada continuamente por todos los medios de comunicación y asumida por destacados dirigentes de casi todos los partidos políticos, cualquier reivindicación del Fisco frente a PDVSA, como detener el proceso de desgravación establecido con la eliminación de los Valores Fiscales de Exportación, o hacer reparos a sus declaraciones impositivas, será repelida como intentos de volver a los tiempos del rentismo y el dirigismo populista.
La tarea por tanto, debe centrarse en desmontar, con hechos y cifras, las falacias establecidas como verdades. Toda reivindicación fiscal debe hacerse con una fundamentación exhaustiva, legal, macroeconómica y sobre todo, política.
La realidad fundamental que se soslaya en la referida matriz de opinión es el de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos y los derechos que como propietario, independientemente de su condición de Estado, le corresponden.
Pese a la anómala condición de compañía anónima que se le confirió a PDVSA, sus ejecutivos no son otra cosa que funcionarios públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la política de los propietarios, en la gestión de esa industria. PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en FEDECAMARAS o en Ven Am Cham, es una empresa estatal. Parecería una verdad de perogrullo, pero éste es uno de los principales problemas políticos que se plantean en el país en materia de política petrolera.. Las fidelidades de PDVSA se orientan hoy hacia sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tiene secretos. Por otro lado, recela de los poderes públicos, esconde información a sus legítimos contralores y reniega de su condición estatal. En su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. El más importante foco generador de tendencias privatistas de la industria petrolera nacional se encuentra en sus cúpulas gerenciales.
La política petrolera venezolana debe definirse claramente a nivel Estatal, es decir, debe se establecida con la participación de todos los poderes públicos. La motivación es doble: La primera se refiere a que, en cualquier circunstancia de propiedad sobre los recursos del subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación, claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo, pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.
Esa política petrolera, en tanto que política de los propietarios colectivos, debe ser tambien el producto de una amplia consulta en todos los estamentos de la sociedad. Para ello, debe dársele participación cierta a todas las organizaciones representativas que no lo hacen directamente en los poderes públicos centrales, como la CTV, FEDECAMARAS, gremios profesionales, universidades, corporaciones de desarrollo regional, estados y municipios, sin olvidar, desde luego, a ese poder público no deliberante que son las Fuerzas Armadas. Este también es el camino para hacer cualquier propuesta reivindicadora de los derechos de los propietarios sobre su patrimonio.
En el plano técnico - operativo de esa reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las cuales se fundamenta la "verdad petrolera". se hace necesario, por tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad. de manera de establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.
Pero aun manejando las muy manipuladas cifras actuales, en ellas se pueden encontrar los indicios de una grave situación en cuanto al deterioro de la participción fiscal petrolera.
Ese deterioro tiene tres fuentes fundamentales: La primera de esas fuentes está en el conjunto de disposiciones tendientes a la desgravación impositiva que han sido establecidas, tanto por el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, en los cuatro períodos constitucionales transcurridos desde el momento en que esas actividades fueron reservadas al Estado.
La más grave de esas medidas ha sido, hasta ahora, la eliminación de los Valores de Exportación, mecanismo con el cual el Estado contrrarrestaba las manipulaciones en los costos que disminuían la base impositiva. En las "asociaciones estratégicas", partiendo del Cristóbal Colón, se redujo la tasa aplicable del ISLR del 67,7 al 30%, con garantía de que no habrá vuelta atrás. Hoy en día ya se plantean, en documentos oficiales, propuestas concretas para reducir el pago del impuesto de explotación o regalía en las areas nuevas, aplicando factores de hasta 0,7 al precio de liquidación, para el cálculo del 16 2/3 por ciento, con la excusa de reconocer costos de transporte.
Dentro de esta misma fuente puede ubicarse una variante: la omisión -voluntaria o nó- en las labores de fiscalización y control, la inercia en el tratamiento de situaciones nuevas, etc. Este es, por ejemplo, el caso del cobro del impuesto de explotación entre 1979 y 1986, lapso en el cual los precios de liquidación se dejaron estancados entre 11 y 12 dólares el barril, mientras que los precios de realización subían de 17 a 29 y se mantuvieron por encima de 25 dólares por barril hasta el final del período. (En los tiempos pre-nacionacionalización los precios de liquidación de la regalía superaron siempre a los precios de realización o de referencia)
La segunda fuente de deterioro de la participación fiscal tiene una raigambre más antigua, y se refiere, precisamente, a las prácticas de manipulación de costos en las que dictaron cátedra las antiguas compañías concesionarias.
Tales prácticas son poco perceptibles en los primeros años de funcionamiento de la industria petrolera en manos del Estado, aún cuando se produjeron denuncias puntuales como el exagerado costo de los contratos de asistencia tecnológica, los descuentos de precios establecidos en los contratos de comercialización, los "obscenos" -Gonzalo Barrios dixit- sueldos de los ejecutivos petroleros o los costos imputados a unas supuestas "actividades de producción en la Faja del Orinoco".
A partir de 1991, por el contrario, puede observarse una aceleración en el tendencial crecimiento de los costos. Sería pertinente analizar en detalle este período para determinar la naturaleza de ese extraordinario crecimiento. De manera particular, cabría revisar los resultados de negocios tales como las asociaciones estratégicas en la Faja del Orinoco, la explotación de "campos marginales"que ahora no lo son tanto, la orimulsión y la internacionalización. Los aportes o cargas que generan Carbozulia, Pequiven y Palmaven. ¿Qué ha pasado y que pasará con Sucre Gas y el proyecto Cristóbal Colón?
En la internacionacionalización por ejemplo, se materializa una forma clara y evidente de sacrificio o elusión fiscal, al entregar a las filiales de PDVSA en el estados Unidos cargamentos de petróleo con descuentos de hasta 3 dólares por barril sobre su precio de realización. Más grave aún es el net-back de Ruhr Oel, en el cual se reflejan, en algunos años, descuentos superiores a los 5 dólares por barril.
La tercera fuente de la caída fiscal tiene que ver con el crecimiento real de los costos operativos. Ese crecimiento se genera, fundamentalmente, en la necesidad de revertir la tendencia física de los yacimientos tradicionales a disminuir su capacidad productiva, calculada en 600 mil barriles diarios cada año. Esta tendencia era estimada en 200 mil barriles diarios cada año en la década de los setenta y se ha venido incrementado debido a las políticas de expansión constante de la producción. Precisamente para que esa tendencia no se materialice y peor aún, para generar nueva capacidad potencial, se debe incurrir en costos crecientes de reparación y reacondicionamiento, de generación e inyección de vapor, de perforación de avanzada y desarrollo dentro del area probada, sin mencionar aquí la perforación exploratoria para encontrar nuevas localizaciones.
Como puede observarse, no se trata solamente de la tendencia física. originada por el saqueo que hicieron las concesionarias entre los años 60 y 70, sino también de la voluntad de revertirla. Aquí cabría preguntarse, ¿Hasta cuándo será económicamente factible mantener ese esfuerzo? ¿No serían inferiores esos costos si se trazaran metas de producción cónsonas con el grado de agotamiento de los yacimientos?
En resumen, podría afirmarse que para cada una de estas tres fuentes de deterioro fiscal hay alternativas, pero ellas no son sencillas, ni fáciles de aplicar. Repitiéndonos, la situación conforma un serio problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de consenso en torno a las decisiones que se propondrían.
CMP/
DOCUMENTOS DEL BLOG Entrevista en "El Nacional" 2002
EL NACIONAL - LUNES 13 DE MAYO DE 2002
Carlos Mendoza Pottellá asegura que Pdvsa está recargada de personal
“Caímos en la trampa que nos fue montada”
El experto petrolero considera que la oposición a la junta directiva que designó el presidente Chávez la organizó gente que ya está fuera de la corporación, “porque estábamos en vías de poner en evidencia la cantidad de trapacerías que ellos han hecho”. Dice que a Guaicaipuro Lameda lo domesticó la estructura de Petróleos de Venezuela. “Entró a la empresa sin saber nada de petróleo y salió sin saber nada de petróleo”. Indica que los descuentos a las filiales en Estados Unidos superan los 900 millones de dólares al añoALFREDO CARQUEZ SAAVEDRA
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“Caímos en la trampa y en las provocaciones que nos fueron montadas”, admite Carlos Mendoza Pottellá, economista, experto en el tema petrolero, quien suma más de tres décadas de críticas a las políticas aplicadas en el sector y a muchos de los negocios realizados por Petróleos de Venezuela. El ex embajador de Venezuela en Arabia Saudita y hasta hace poco integrante de la junta directiva que trató de llevar las riendas de la corporación, ofrece su punto de vista de lo sucedido durante casi dos meses en los que ejerció el cargo de director externo. –Usted y sus compañeros de la junta directiva fueron acusados de ser enemigos de Pdvsa.
–Nosotros hemos sido críticos durante 30 años de las políticas que se han aplicado en el sector. Pero no somos enemigos de Pdvsa. Todo lo contrario. Somos enemigos de su privatización.
–Entonces, ¿cómo explica que tuvieran tanta resistencia interna? –Dentro de la corporación no tuvimos tanta resistencia. Allí la resistencia vino por el problema de la meritocracia. Pero la oposición más importante surgió de afuera: de los Calderón Berti, de los Quirós Corradi, y de los Giusti; en fin, de la gente que sabe que nosotros estábamos en vías de poner en evidencia la cantidad de trapacerías que ellos han hecho. –¿Usted cree que se perdió la oportunidad de poner en evidencia lo negativo de Pdvsa? –No se ha perdido. Porque al frente de Pdvsa hay un hombre que tiene una gran experiencia política, que tiene posiciones sólidas en esta materia y que seguramente manejará estos asuntos con mayor diplomacia. Tal vez lo que pasó es que estamos demasiado identificados con un discurso cuestionador y poco flexible. Hasta eso lo puedo reconocer. Y en este caso cuenta mucho la imagen. Alí Rodríguez tiene la imagen de ser un hombre capaz de discutir las cosas. A nosotros nos crearon otra. El propio Teodoro Petkoff, que es mi amigo, llegó a decir que fue una inmensa torpeza la designación de Gastón Parra y la mía. Hasta llegó a afirmar que yo no sabía nada de petróleo. Y yo he sido coordinador de un postgrado en economía petrolera durante 14 años en la Universidad Central de Venezuela. En cambio, Giusti es visto como un buen gerente porque le dieron el premio de ejecutivo del año en 1998. ¿Pero cómo no se lo iban a dar, si ese año la factura petrolera de Estados Unidos disminuyó en 20 millardos de dólares? –¿Giusti le ahorró dinero a Estados Unidos? –Claro, pero además, al mismo tiempo, el ingreso petrolero venezolano cayó en 9 millardos de dólares. Y el ingreso petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo disminuyó en 100 millardos de dólares. Casualmente, el panel que lo eligió estaba formado, entre otros, por los presidentes de Shell y Exxonmobil. No hay persona que haya sido más favorable y benefactora del interés del capital petrolero estadounidense, entre los años 1997 y 1998, que Giusti. Boicoteó a la OPEP e inició un proceso de privatización de Pdvsa.
¿Objetivos frustrados?
–¿Cuáles eran los objetivos de corto plazo que ustedes se fijaron cuando fueron designados por el Presidente de la República en la junta directiva? –Eran los de cualquier junta directiva en cualquier empresa: revisar su funcionamiento y operación, aclarar los puntos oscuros, mejorar las cosas que no estaban siendo llevadas de manera adecuada, con eficiencia y productividad. Porque, por ejemplo, en el pasado para obtener información casi tuvimos que hacer espionaje industrial para enterarnos de cosas que legítimamente tenemos derecho a conocer como accionistas de Pdvsa. –¿Cómo define usted a Pdvsa en estos momentos? –Es una empresa recargada de personal, que no rinde lo que debería rendir, que tiene costos exagerados y que lleva adelante proyectos inviables como, por ejemplo, la internacionalización, que ha sido un tremendo fiasco antinacional. Esa estrategia se traduce en el envío de la mitad del crudo que producimos a Estados Unidos con un descuento de 2,50 dólares, y por eso es que esas empresas tienen ganancias y pagan impuestos. Y en el caso de las filiales europeas ni siquiera les vendemos nuestro petróleo. Citgo tiene pérdidas que son asumidas por el Estado venezolano. Todo esto puede resumirse de la siguiente manera: se transfieren recursos al exterior y el país asume los costos. Es decir, gran parte de los gastos de la internacionalización sirven para pagar menos impuestos en Venezuela y, repito, las ganancias se transfieren a Estados Unidos. –¿Pero hace más o menos un año Citgo reportó ganancias por más o menos 250 millones de dólares? –Claro. Pero eso no compensa para nada lo que se ha destinado a esa empresa desde 1983. Esa cantidad, que se logró luego de 19 años, viene precisamente de los descuentos. Nosotros le entregamos cerca de 1 millón de barriles diarios y le damos un descuento de 2,50 dólares, según ha dicho el propio Oswaldo Contreras. Y eso representa más de 912 millones de dólares al año. -¿Durante su breve paso por Pdvsa tuvo tiempo para verificar este tipo de situaciones? –No. De lo poco que me enteré fue de la magnitud de casi 1 millón de barriles diarios que se entregan con descuento al exterior. Pero ojalá el problema fuera solamente la existencia del descuento. El asunto es que son malos negocios porque están inmersos en una dinámica en la que no regresa nada bueno al país. Son empresas que tienen ingresos de 17 millardos de dólares y costos de 17 millardos de dólares. En todo caso, si se va a dar casi 3 dólares de descuento, ¿para qué necesitamos tener refinerías?
Errores y exageraciones
–¿Usted cree que fue una equivocación haber tomado una serie de medidas disciplinarias contra los gerentes de Pdvsa? –Creo que el tema de la meritocracia fue manejado de manera perversa, y eso se ha hecho en Pdvsa desde hace muchos años. Porque la junta directiva no tiene nada que ver necesariamente con los escalones meritocráticos de la gerencia. En esa instancia debe estar simplemente la gente de confianza del accionista. Siempre es sensato tener en ella personal gerencial capacitado. Pero también hay que decir que en Pdvsa han sido relegados algunos profesionales, a pesar de ser PhD en Harvard, por tener en su oficina un cuadro de Pancho Villa o del Che Guevara. Y en ese escenario corporativo fascista es que Pdvsa no cuadra. Yo creo que en esa empresa está naciendo la masa del nuevo partido fascista venezolano. Ahí hay gente de Tradición, Familia y Propiedad. Eso estaba larvado pero ya está tomando actividad pública y política.
Política y petróleo
–¿Con ustedes llegó la polítización a Pdvsa? –La política la introducen ejecutivos medios muy politizados, los que dirigieron la huelga. Alí Rodríguez asume la empresa con la consigna de cero política en Pdvsa. Pero lo que pasa es que ésta llegó para quedarse. –¿Y quién es el responsable de esta situación? –Esto es un problema social. Es el resultado de largos años de fomentar una cultura corporativa que a mí manera pretende hacer de Pdvsa un coto cerrado.
–¿De esta experiencia podrán obtenerse resultados positivos? –Creo que sí. Primero, porque finalmente Pdvsa quedó más expuesta al escrutinio público, es decir, se cayeron las barreras corporativas. Habrá más posibilidades para hacer una defensa del interés nacional, en lo que respecta a los malos negocios y chanchullos que existen ahí. Lo que está claro es que hay un sector que se ha acostumbrado a medrar privadamente de la estructura y de la forma como se hacen los negocios en Pdvsa. Y ese grupo es tan limitado que excluye a la mayoría de las empresas de la Cámara Petrolera de Venezuela, como consecuencia de la aplicación de normas de licitaciones sesgadas a favor del gran capital transnacional. –¿Y cuáles cree que fueron los errores que ustedes cometieron durante el conflicto? –Creo que hubo exageraciones. Creo que caímos en la trampa y en las provocaciones que nos fueron montadas. No solamente pisamos ese peine sino que además fuimos un poco más allá, porque se tocó gente que no debió ser tocada, independientemente de que estuvieran en contra de la junta directiva. –¿A su juicio el tema de la meritocracia fue solamente una excusa? –Fue solamente una excusa que se utilizó como parte de un plan conspirativo. Los gerentes fueron utilizados por una sociedad civil a la cual no le interesa la composición de la directiva de Pdvsa. Porque el problema de ellos es Chávez. Ahora Pdvsa es una fuerza social que tendrá líderes y seguramente algunos van a terminar integrando un grupo de opinión que exteriorizará su manera de ver al país. –¿Volvería a Pdvsa? –Claro que sí, pero no creo que me llamen. –¿Qué opina de la gestión del general Guaicaipuro Lameda? ¿No cumplió la asignación que le dio el presidente Chávez? –No la cumplió. A Lameda lo domesticó el aparato de Pdvsa. Entró a la corporación sin saber nada de petróleo y salió sin saber nada de petróleo. Él lo único que sabe es decir que sí. Yo participé en la comisión presidencial que redactó la Ley Orgánica de Hidrocarburos y las intervenciones de Lameda eran bastante limitadas y sin ninguna fundamentación, hasta que un día se llevó al consultor jurídico (Oscar Murillo) para que defendiera la apertura. –Pero, en una carta, él presentó una serie de observaciones.
–Pero él no las hizo en la comisión, las hizo Murillo.
–¿El Gobierno fue derrotado en Pdvsa? –Sí. El golpe fue en parte petrolero. Buscaba liquidar la posibilidad de que se produjera una revisión exhaustiva de Pdvsa. Y a pesar de que se mantiene la junta directiva en manos de una persona con una gran capacidad, hubo un retroceso completo en toda la línea cuando se retiró a la junta directiva anterior. Ahí no hubo mediatintas. Si en alguna parte hubo una rectificación total, fue en Pdvsa.
Judo e historia
Carlos Mendoza Potellá recuerda que en 1973 se llevó a cabo el III Congreso Venezolano del Petróleo en las instalaciones del Círculo Militar. Dice que ahí comenzaron las primeras discusiones sobre cómo iba a ser la industria petrolera venezolana estatizada. Señala que esa discusión se dio en términos tales, que los shellman y los exxonman se alborotaron ante las perspectivas de una nacionalización y ocurrieron casos como el siguiente: “En medio de uno de los recesos, cuando estábamos afuera tomando café, escuchamos una conversación que ocurría en el salón porque el micrófono estaba conectado y quienes hablaban no se habían dado cuenta. Gustavo Coronel le comentaba a otro petrolero que ante la inminencia de la nacionalización había que organizar un golpe de Estado, porque no era posible permitir que eso llegara a suceder”. Revela que muy poco tiempo después de eso, directivos de la Shell, la compañía para la cual trabajaba Coronel, y de la Creole Petroleum, comenzaron a proponer la nacionalización petrolera venezolana, cuando se pensaba que eso iba a suceder en 1983, con la reversión. “Desde antes de esa época nosotros hemos sido críticos de la política petrolera venezolana, incluida la nacionalización, que fue una trampajaula en la que nos metieron las transnacionales para barajar el juego y seguir manteniendo su control sobre nuestro petróleo. Por eso tomaron la decisión del judoka: ustedes quieren nacionalización, ahí les va y se las proponemos de una vez”, contó.
APERTURA PETROLERA Y GLOBALIZACIÓN
Apertura petrolera y globalización,
trampas de la post-modernidad
trampas de la post-modernidad
Carlos Mendoza Pottellá
Viernes 17 de Julio de 1998En materia de política petrolera venezolana, las vigentes tendencias hacia la globalización de la economía se manifiestan a través de una peculiar apertura que, en general, tiene características similares a las que se registran en otras ramas de la economía: se trata del regreso a los viejos y buenos tiempos pre-keynesianos, de imperio del capitalismo sin desviaciones terceristas ni demasiadas consideraciones sobre justicia y seguridad social, equidad y otros contaminantes. Y por encontrarnos en tiempos de globalización, es decir, en el mundo unipolar donde se impone la integración de las economías mundiales bajo la égida de los países integrantes del Grupo de los Siete y, sobre todo, de sus corporaciones transnacionales, el carácter estatal del petróleo y de su industria en Venezuela es combatido, cada día con mas fuerza y por todos los medios de comunicación masiva, por los agentes internos de la “modernidad”.
En este sentido, la “apertura petrolera” ha comportado, aún antes de adquirir ese nombre, el desmontaje de todo el aparato interno de control y fiscalización de las actividades petroleras, minimización de algunos instrumentos tributarios de percepción de la renta petrolera, la liquidación de otros y la creación de un nuevo y laxo ambiente político, legal y reglamentario para propiciar el retorno triunfal de las grandes corporaciones a las posiciones dominantes dentro de la industria petrolera venezolana. El colofón definitivo de este proceso será puesto cuando se cumplan los propósitos del enclave transnacional entronizado en los altos mandos de la propia empresa petrolera estatal, el cual impulsa la desnacionalización de PDVSA mediante el reparto y venta de acciones de esa empresa. (Véase a este respecto las reiteradas declaraciones de Luis Giusti, Alberto Quirós Corradi y ciertos investigadores del IESA; pero sobre todo el aviso de 4 páginas inserto en la edición latinoamericana de la Revista TIME del 21 de julio de 1997, pagado con fondos públicos y en donde los directivos de la empresa estatal petrrolera identifican como una tarea prioritaria para ellos la de “convencer a un público todavía demasiado nacionalista acerca de la inevitabilidad de la privatización total de PDVSA”)
Pero, desde otro punto de vista, la “apertura petrolera” es, apenas, una incidencia en el continuo desarrollo de una estrategia que comenzó a gestarse hace muchos años en los centros de planificación a largo plazo de las grandes corporaciones petroleras internacionales, en momentos críticos para el sistema de control y aprovechamiento del petróleo venezolano que ellas habían establecido desde los inicios del régimen concesionario.
Las dificultades de las corporaciones petroleras en Venezuela comenzaron, después de diez años de tranquilidad, a la caída de la dictadura perezjimenista y tuvieron una expresión puntual en un famoso decreto del Presidente Interino Edgar Sanabria, mediante el cual se modificó el impuesto complementario con el cual se daba concreción a la fórmula del “fifty-fifty”, en el reparto de los beneficios petroleros entre participación fiscal y utilidad neta de las concesionarias, modificando esa paridad y llevándola a un teórico 60-40. Pero esas dificultades se multiplicaron a raíz del conjunto de políticas impulsadas por Juan Pablo Pérez Alfonzo. En efecto, en 1961 y por inspiración suya, -en el marco de su “Pentágono de Acción”, que incluyó, entre otras cosas la creación de la CVP y de la OPEP- el Congreso Nacional, al promulgar la nueva Constitución, dejó establecida la norma de que no se otorgarían nuevas concesiones de hidrocarburos (Art. 126), mejor conocida como la “política de no mas concesiones”.
Por virtud de todo lo anterior, 1983 pasó a convertirse en un año muy importante para los venezolanos de las décadas 60 y 70: En ese año revertiría a la Nación, sin posibilidad de renovación y sin ninguna indemnización, el 80% de las concesiones otorgadas hasta entonces. En otras palabras, en 1983, Venezuela pasaba a ser dueña directa, en un 80%, de la industria petrolera establecida en su territorio. En 1996-97 revertiría el otro 20%.
1983 era, pues, el año en que se iniciaría, con todos los hierros, el despegue definitivo de Venezuela hacia la liberación económica y el desarrollo. (¡Ay, Pedro Calderón, en verdad que la vida es sueño!)
De todas las promovidas por Pérez Alfonzo, la política de “no más concesiones” fue considerada la más agresiva por las compañías extrajeras concesionarias. Esta formulación, que les ponía un límite en 1983, los llevó a dar una respuesta violenta: paralizar todas las inversiones e iniciar un proceso de saqueo de los yacimientos petroleros, llevando la producción de 2,6 millones de barriles diarios en 1961 a 3,7 millones en 1970. Ello motivó entonces una respuesta legislativa para garantizar el adecuado mantenimiento de los bienes y equipos que revertirían en 1983: En 1971 se aprobó la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión, con la cual se perfeccionaron los mecanismos a través de los cuales se produciría el traspaso de las concesiones de manos privadas extranjeras a manos del Estado venezolano. Ello hizo todavía más difíciles las perspectivas de las transnacionales petroleras en Venezuela.
Finalmente, habiendo fracasado en 1973 todas las presiones políticas y demandas de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la referida Ley, en un ambiente internacional propicio, creado, entre otros factores, por un “Acuerdo General de Participación”, mediante el cual, por razones similares –e incluso más urgentes que las venezolanas- las grandes compañías habían propuesto y concertado con los países petroleros del Medio Oriente un proceso de nacionalización gradual, paulatina y con garantías de mantenimiento de la presencia transnacional en esos países, a partir de 1971, los presidentes de la Creole Petroleum Corporation y la Compañía Shell de Venezuela comenzaron a hablar de la necesidad de un nuevo trato, de un cambio en las reglas del juego, “decididas soberanamente por los venezolanos”.
Por considerarlo de interés en cuanto al sustento de nuestras afirmaciones, transcribiremos nuestra visión de aquellas circunstancias, tal como lo exponíamos en el trabajo citado en la nota al pie anterior.
“... la medida que completa el cierre, en cuanto al deterioro físico de las instalaciones productivas, el último broche, lo constituyó la Ley sobre bienes afectos a reversión, promulgada en 1971. La misma estableció la obligatoriedad de revertir, en plenas condiciones de funcionamiento, todos los activos adquiridos por las corporaciones extranjeras para el ejercicio de su rol concesionario, junto con el establecimiento de un fondo para garantizar el mantenimiento de esas condiciones hasta el término de la concesión.”
“Llovieron demandas de nulidad, amenazas de bloqueo y sanciones comerciales. La cerradura se había hecho insoportable.”
“Mientras eso sucedía en Venezuela, desde hacía un tiempo, y haciendo referencia a la inestabilidad del Medio Oriente y la creciente severidad de los instrumentos fiscales de los Estados petroleros, habían comenzado a aparecer estudios de voceros del gran capital petrolero internacional sobre la necesidad de barajar el juego, de repartir de nuevo las cartas para explorar nuevas opciones... Es así como se conocen las primeras propuestas internacionales de nuevos tratos petroleros.”
“De 1968 data un trabajo en el cual se exponen, entre otras cosas, las conveniencias de dejar la fase de producción en manos de países que no tedrían otros con quienes dirigir esa industria que no fueran los hombres formados por las compañías, imbuídos y comprometidos con su cultura e intereses corporativos y fieles garantes, por eso mismo, del mantenimiento de nexos con sus casas matrices. Además, siempre urgidos de obtener mayores ingresos forzando la producción, los gobiernos "nativos" no observarían la disciplina requerida para mantener precios altos. Otro destacado analista petrolero, Secretario de Energía de Nixon por más señas, advierte, más tarde, sobre de los peligros del creciente nacionalismo árabe y postula la apertura de esa olla a punto de explotar, sin que ello signifique, en verdad, una pérdida apreciable de control real sobre el negocio.”
“En el plano de los hechos, primero fue el Acuerdo General de Participación en el Medio Oriente (1971) mediante el cual las "majors" petroleras iniciaron un programa de cesión escalonada -previa indemnización- de sus activos en las actividades "upstream" a los países ribereños del golfo arábigo-persa y a los libios. “
“Y luego vino el adelanto de la reversión para Venezuela. A finales de 1973, en el ambiente caldeado por el enfrentamiento sobre la Ley de Bienes Afectos a Reversión, perfilándose claramente la conflictiva posibilidad de acortar unilateralmente el plazo que comenzaba a vencerse en 1983, aparecen las refrescantes declaraciones de Kenneth Wetherell, Presidente de la Compañía Shell de Venezuela y Robert N. Dolph, su par de la Creole,
"A la luz de lo que ocurre en el mundo es de suponer que las relaciones entre las concesionarias y el gobierno puedan cambiar quizás mucho antes de 1983." (Dolph)
"La empresa está dispuesta y preparada a examinar cualquier nuevo esquema de relaciones para las actividades petroleras, a fin de cumplir con las aspiraciones y objetivos de la nación venezolana" (Wetherell)
De tal suerte que en el año de 1976, después de ser ventajosamente indemnizadas por la entrega de equipos, instalaciones e inmuebles largamente depreciados, habiendo obtenido unos contratos de asistencia técnica que simplemente disimulaban injustificados pagos adicionales, unos contratos de comercialización en donde se les otorgaban jugosos descuentos y, previo también, un avenimiento secreto en el cual recibieron garantías no escritas -pero fielmente cumplidas- de participación en todos los futuros emprendimientos petroleros del país, las grandes corporaciones internacionales renunciaron a sus concesiones; dejando de paso, y como garantes de sus intereses en las que ahora serían operadoras nacionalizadas, a los “nativos” de su confianza: ese caballo de Troya antiestatal que ahora promueve la privatización a marcha forzada, vía las aperturas, las asociaciones estratégicas, el “outsourcing” y la venta de parte del capital en acciones.
En resumen, y para enfatizarlo con otras palabras, las historias de amor y dolor de la pareja simbiótica y contradictoria Estado-concesionaria extranjera, que constituyó la trama principal en torno a la cual se estructuró la evolución social, económica y política de Venezuela en este siglo concluyeron, aparentemente, en 1975 . Disuelto ese conflictivo matrimonio, se inicia la etapa de extensión del derecho de propiedad estatal desde los yacimientos hasta la industria misma: la llamada “nacionalización” de la industria petrolera.
En verdad, la separación fue sólo en el plano formal, ante la Ley y el “que dirán”, pues en la intimidad las antiguas concesionarias nunca perdieron sus cuotas de participación en el negocio venezolano y, lejos de eso, las extendieron hacia áreas y sectores que antes estaban fuera de su alcance por encontrarse fuera de los límites de sus concesiones. El decadente matrimonio se convirtió en pecaminoso y grato concubinato.
Rompieron así el cerco de hierro que había establecido la política de “no más concesiones” instaurada por Juan Pablo Pérez Alfonzo e iniciaron una “reconquista a la española”, de largo plazo. Para ello contaban con las semillas antiestatales que dejaron sembradas en sus filiales, ahora operadoras nacionalizadas. Semillas que fructificaron en cúpulas gerenciales promotoras de toda clase de negocios con las antiguas casas matrices.
Así pues, en este trabajo pretendemos precisar esa percepción de la llamada “apertura petrolera” como el capítulo contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las elites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyen hoy, y desde hace 20 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal. Desde luego, esta política tiene ahora un refuerzo en las circunstancias políticas y económicas que se viven en el mundo actual y por ello consideramos oportuna la ratificación de un análisis que ya habíamos hecho en oportunidades anteriores: en la referida en la nota N° 1 y en artículo publicado en el N° 8 de la revista “Nueva Economía”
Ubicado ya en la etapa en que esta política secular adquiere su nombre de “apertura petrolera”, debemos decir entonces que, como se desprende de todo lo dicho anteriormente, ella tuvo todo un proceso previo de preparación y hasta un ensayo general. En cada escaramuza por la “internacionalización”, la Orimulsión, el Cristóbal Colón, el mejoramiento de crudos extrapesados y los campos marginales, se quedaron pedazos de soberanía, de capacidad de control y fiscalización, jurisdicción de las leyes y tribunales nacionales, y, como se constata en las cifras oficiales, de integridad de la participación fiscal. Todo ello, en nombre del mantenimiento de la autonomía operativa y financiera de PDVSA y sus filiales, pero con los propósitos reales abiertamente planteados por su Presidente: expansión del negocio y “estímulo” a la participación del capital extranjero.
De esta manera es que llegamos "preparados" para negociar con nuestros antiguos y renovados socios extranjeros: con un viejo cuerpo legal, reglamentario y de control desmantelado, pero con un instrumento completamente nuevo y aceitado para el regreso transnacional...
Es así, pues, como PDVSA ha devenido en la antítesis de lo que debería ser y, desde su condición empresa del Estado para la administración eficiente de los recursos públicos de hidrocarburos se transforma en facilitadora de oportunidades de negocios privados : promoviendo paulatinas modificaciones legales o propiciando transgresiones, multiplicando proyectos de limitada o nula rentabilidad fiscal, impulsando múltiples formas de participación privada, desde la internacionalización, la contratación de servicios y el “outsourcing” de ciertas funciones considerada no medulares, hasta los diversos niveles de “asociaciones estratégicas” y la reprivatización del mercado interno, que desembocan en el presente otorgamiento subrepticio de concesiones, paso previo a la “democratización del capital” mediante la colocación de bonos y la venta en forma de acciones de PDVSA y sus filiales.
"La apertura petrolera deberá apuntar hacia una política de privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales, aseguró ayer el presidente del holding estatal, Luis Giusti.
'Debemos diseñar una política más agresiva para la apertura de Pdvsa y las empresas filiales al sector privado' dijo el máximo representante de la petrolera estatal... al referirse a la significación del proceso de licitación que se viene realizando para la adjudicación de las 10 áreas con potenciales reservas de crudos livianos y medianos"
De esta manera el dirigente petrolero quitó el tenue velo que ocultaba púdicamente la realidad en cuanto a la orientación de la actual política petrolera venezolana. Dejó claro, de paso, que ahora serían ellos -los gerentes petroleros, y sus clientes, representados en aquel selecto auditorio de VenAmCham- quienes tendrían el poder para decidir sobre el destino de lo que antes había sido definido como patrimonio colectivo de los venezolanos. En consecuencia, el flamígero heraldo del fin de la historia dictaminó que el sueño nacionalizador había terminado... para gloria eterna del negocio globalizado.
Se trata de la revancha definitiva del poder petrolero, que ha visto llegada la hora de acabar de una vez por todas con los sueños populistas y socialistoides que todavía obstaculizan la integración del país en el escenario mundial unipolar, donde se impone a los pequeños el "libre mercado" de las transnacionales y las grandes naciones, aquéllas que fundamentan su poderío económico y político precisamente en la disposición de mercados externos irrestrictamente abiertos y el resguardo proteccionista de sus economías domésticas.
"La apertura petrolera forma parte de una estrategia internacional de apertura económica, que lideriza el capital transnacional, especialmente el de los Estados Unidos de Norteamérica, en la búsqueda de un reacomodo de las grandes potencias económicas mundiales para optimizar su tasa de ganancia en el mercado internacional. Esta situación, que se inscribe dentro de una política de globalización, tiende a reducir el papel de los Estados del llamado tercer mundo dentro del proceso económico, y muy especialmente, el rol de los Estados productores de petróleo puesto que serán éstos quienes apuntalarán las demandas y necesidades energéticas de los países industrializados. A nivel nacional esta estrategia capitalista pretende en Venezuela, dedicarse a la fase más rentable de la industria petrolera (la explotación) y aun mucho más: la explotación de los crudos livianos y medianos que requieren de proceso de refinación menos sofisticados que los crudos pesados."
Estas circunstancias se pueden identificar claramente en el proceso que estudiamos y tienen su expresión en la versión "comunicacional" corporativa, según la cual:
"Es necesario entender, que la Nacionalización no es ni puede ser una condición estática, sino un proceso dinámico. El acto, el 1° de enero de 1976, de traspaso de las operaciones petroleras a manos venezolanas, fue sin duda un acto nacionalizador Pero pretender trasladar las condiciones de aquel entonces a las realidades de hoy, sería meternos en una especie de callejón de autarquía, ubicándonos al margen de las oportunidades que nos ofrecen las tendencias de globalización."
De allí que la proclamada apertura no resulte ser sino un nuevo escalón, otra vuelta de la rosca, en un proceso que se inició simultánea y paradójicamente con la "nacionalización". Ese proceso, ya se avizora, continuará con la minimización y autocastración de la empresa petrolera estatal y la vuelta a un régimen concesionario en condiciones peores a las prevalecientes en los tiempos de Juan Vicente Gómez.
"...en la proposición actual del Ejecutivo Nacional de licitar diez áreas exploratorias, de una extensión 'típica de unos dosmil kilómetros cuadrados' , aunque suman un total de 17,6 mil km², no se prevé ni el pago de un bono, ni la reversión de tierras valorizadas por la actividad exploratoria de las contratistas (o 'inversionistas' como se denominan). Además de extenderse el período de exploración a nueve años, en ningún momento se definen lotes de explotación. A las contratistas se les concede la explotación de los yacimientos, hecho sin precedente en nuestra legislación".
En efecto, desde 1920, con la promulgación de la primera Ley de Hidrocarburos, se estableció que una concesión era un lote definido -diez mil hectáreas o 100 km² según la nueva unidad de superficie que utiliza PDVSA- sobre el cual se realizaría, durante sólo tres años, una labor exploratoria, al cabo de la cual se repartirían 10 parcelas de explotación -de 500 has. cada una- en la mitad de su superficie, intercaladas con las 10 parcelas de reserva nacional, tal como en un tablero de ajedrez las blancas y las negras.
El Dr. Mommer realizó en el trabajo referido el primer y más completo análisis crítico comparativo del esquema de ganancias compartidas con los instrumentos concesionarios y de contratos de servicios establecidos en nuestra legislación. Mommer demuestra cómo el sistema adoptado para instrumentar la política de apertura es un engendro concebido a espaldas de toda nuestra tradición jurídica y política en materia petrolera:
Ya sean concesiones, contratos de servicio o convenios de asociación, ninguna figura contractual petrolera conocida otorga tantas ventajas al socio extranjero y retrocede tanto en las conquistas históricas en esa materia, satisfaciendo, a priori, las aspiraciones máximas del capital transnacional.
La consideración fundamental que debe tenerse en cuenta para el análisis de estas circunstancia es la de que se trata de un problema político, de un problema de relaciones de poder, en el cual una peculiar agrupación, integrada por factores privados nacionales y extranjeros vinculados al negocio petrolero y cúpulas gerenciales de la empresa pública, ha logrado imponer como verdades indiscutidas un conjunto de postulados que mezclan circunstancias objetivas con una carga considerable de falacia.
Dichos postulados forman parte de un programa definido, que tiene como nortes la expansión constante del negocio petrolero -independientemente de la pertinencia macroeconómica y rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente privatización de las actividades primarias y fundamentales de esa industria.
En verdad, en el Acuerdo del Congreso Nacional que autoriza la suscripción de los convenios de exploración y explotación de áreas nuevas bajo el esquema de ganancias compartidas se ha materializado la voluntad política de quienes consideran que el petróleo es la única salvación del país, y que la expansión de ese negocio, dinamizará al resto de la economía nacional. Aun cuando esa expansión se haga a costa de sacrificar logros y principios anticuados -rentistas, estatistas o socializantes- tales como los de maximización de la participación fiscal y control soberano del Estado sobre el recurso y su industria.
Por el contrario, ese sacrificio será expresión de liberalización y progreso institucional, por cuya virtud se volcarán sobre el país flujos masivos de inversión extranjera, los cuales inmediatamente harán positivos los saldos de nuestra balanza de pagos, detendrán la caída del bolívar, generarán empleo y serán el detonante de una reactivación generalizada de nuestra economía. Los poderosos efectos multiplicadores serían tales, que el país se convertiría en destino privilegiado para capitales de inversión en otras ramas y hasta sería posible que retornaran los centenares de miles de millones de dólares depositados en el exterior por los beneficiarios criollos de la anterior bonanza petrolera.
El escenario óptimo de esta concepción es el de una privatización completa de las actividades petroleras, para permitir la convergencia competitiva en todas ellas de los capitales nacionales y extranjeros que quieran hacerlo. La participación nacional no se centraría en una exagerada presión fiscal, pues ello reeditaría el modelo rentista, sino en la multiplicación de actividades productivas que se generarían. Tal proceso podría iniciarse con un reparto del capital accionario de PDVSA entre todos los venezolanos, tal como lo fundamenta otro de los ideólogos del poder petrolero:
“- Al no resolver las diferencias entre Estado y nación, le dejará al Estado la propiedad de los yacimientos petroleros cuando éstos deberían ser propiedad de la nación. Es decir, de todos nosotros. El Estado es su ente regulador, mas no su dueño.”
“Mientras no entendamos que el Estado es parte de nosotros, pero no es todos nosotros, y que todos nosotros somos la Nación, seguiremos leyendo declaraciones como la de la UCV en relación con la apertura petrolera, en la cual se sugiere que todo lo que reste propiedad al Estado sobre la industria petrolera es ‘desnacionalizador’, así esa propiedad o parte de ella pase formalmente a manos venezolanas.”
Se propone entonces, en nombre de la “nacionalización”, la desestatización, pues la Nación somos todos y cada uno de los venezolanos. Así, la empresa y su patrimonio dejarían de ser estatales. Lo colectivo se haría privado y las fuerzas del mercado harían el resto: asignarían, de la manera más eficiente, las mayores tajadas a los más capaces. Un poco más tarde en términos históricos, centenares de millones de ciudadanos de esa “Nación que somos todos”, descendientes aún no nacidos de los veintitantos millones de perdedores de hoy, se encontrarán conque alguna vez en el pasado fueron despojados de una herencia descomunal.
Tales son la leyes del capitalismo, y con mayor razón, en el estadio salvaje en el que el mismo se encuentra en Venezuela. Pero, mientras eso sucede, el país se desarrollaría, desaparecerían la inflación y los desajustes macroeconómicos. Los venezolanos habrían sembrado, por fin, su petróleo... ¡Claro! Será inevitable que los que tengan más saliva traguen más harina.
Ese escenario -el "propio" sueño americano- tiene rápida aceptación y adquiere rango de esperanza nacional para salir de la crisis, porque la opinión pública venezolana ha venido siendo modelada por los medios de comunicación masiva para aceptar como excelentes todos los emprendimientos del poder petrolero. Como ya dijéramos, se trata de una verdad petrolera, un sentido común petrolero, insuflado en el consciente, el subconsciente y el inconsciente de los venezolanos, plagado de falacias y verdades a medias.
Es, pues, ineludible la tarea de remontar la cuesta de la desinformación, del palangre y las imágenes corporativas con las cuales nos quieren hipnotizar los medios y la gerencia transnacionalizada de PDVSA. Para ello, debemos comenzar por las más simples definiciones y algunos recordatorios de la historia reciente de nuestra política petrolera.
En primer lugar sobre el término apertura: ¿qué es lo que se quiere abrir? ¿qué es lo que estaba cerrado?
La primera aproximación a esa definición ha sido expuesta por varios analistas (Alvaro Silva Calderón, Luis Vallenilla, Alberto Quirós Corradi, entre otros) en el sentido de que se trata de abrir lo que cerró la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos: la participación del capital privado en las actividades de exploración, producción, refinación y mercadeo de los hidrocarburos en el territorio nacional.
Por su parte, PDVSA misma reconoce, diáfanamente, que la apertura ha sido una estrategia largamente madurada, pensando en la expansión del negocio y el aumento de la participación del capital transnacional:
"A comienzos de los ochenta, Petróleos de Venezuela identificó la conveniencia de adelantar una estrategia de internacionalización...
Como complemento natural de esa estrategia, a comienzos de esta década, se inicia el proceso de apertura del negocio petrolero en nuestro país. En respuesta a lineamientos del Ejecutivo Nacional, PDVSA emprende la búsqueda de fórmulas de participación del sector privado en todos sus segmentos de negocio. Esta apertura ha originado convenios operativos para la reactivación de campos de producción, asociaciones estratégicas para producir crudos de la Faja del Orinoco y explotar gas costa afuera, y sociedades para el desarrollo de Orimulsión®, a los cuales se suman otros esfuerzos de asociación con capital privado que se han venido adelantando en las áreas de petroquímica, carbón y suministro de servicios industriales."_
Y, finalmente, así lo confirma el Presidente de PDVSA en reciente entrevista:
...“La apertura es un proceso que comienza en el país hace más de diez años, y que probablemente continúe con otros programas, todos ellos encausados dentro de una estrategia, cuyo objetivo es, fundamentalmente, expandir, fortalecer y diversificar el negocio petrolero, abriendo espacios para la participación del capital, la tecnología y el mercado controlado por el sector privado externo”.
Con estas definiciones se caracteriza, en verdad, parte del proceso aperturista, su concreción última, pero se deja de lado al proceso mismo. En este aspecto, compartimos más bien, y como se desprende de nuestros planteamientos iniciales, la opinión de Gastón Parra Luzardo:
A lo largo de estas dos décadas, el poder petrolero, ejercido ahora por PDVSA, creada por decreto del Ejecutivo Nacional el 30 de agosto de 1975, ha venido desarrollando y puesto en práctica toda una política dirigida a profundizar, de manera progresiva, el proceso de privatización de la industria petrolera.
Porque, como ya dijimos, se trata de una etapa más dentro de un curso de política de largo aliento, cuyos primeros determinantes se manifestaron hace más de 35 años. Tal es la perspectiva que debemos tomar para analizar el bosque de la política petrolera venezolana y no perdernos en el follaje de los megaproyectos.
Reasumiendo las afirmaciones iniciales en ese sentido, nuestra demostración de las mismas se ha centrado en el análisis de la política petrolera venezolana e internacional entre 1959 y 1975 y en cómo aquél llamado “adelanto de la reversión” que se produjo en este último año no fue más que el resultado de una composición de fuerzas nacionales e internacionales que lograron, como siempre, convertir una consigna nacionalista en el mejor camino para fortalecer la presencia del gran capital transnacional en las fases más rentables del negocio petrolero venezolano.
Fue así como se produjeron durante todo 1975 y todavía bien entrado 1976, las negociaciones trascorrales que, con el nombre de "avenimiento", dieron luz verde al adelanto de la reversión y garantizaron a las concesionarias jugosas indemnizaciones sobre activos largamente depreciados, contratos de asistencia técnica y comercialización mediante los cuales se les remuneró con creces su tan reclamado, cuan inmerecido, lucro cesante y permanencia en todos los emprendimientos de sus antiguas filiales, ahora "operadoras" nacionalizadas.
Ya en estos contratos de asistencia técnica y comercialización se inicia el proceso de desmontaje del aparato de control y fiscalización estructurado por el Estado venezolano a lo largo de décadas.
En ellos se consagró, por primera vez, la renuncia a la soberanía impositiva, al establecer una fórmula automática para compensar todo intento de incremento de las tasas impositivas vigentes a la firma del contrato. Igualmente, allí, por primera vez, se renunció a la “inmunidad de jurisdicción”, al establecer, en contravención del Artículo 127 de la Constitución Nacional, el arbitraje internacional como medio para dirimir los desacuerdos entre las partes contratantes.
Comenzó a funcionar así el conocido esquema umbilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven, Gulf-Meneven y así sucesivamente, que se manifestó de manera expresa, además de los referidos contratos, en los programas de cambio de patrón de refinación y en los "megaproyectos" de la Faja del Orinoco. Las corporaciones habían accedido, por estas nuevas vías, a zonas que antes les estaban vedadas por encontrarse limitadas a las fronteras de sus parcelas concesionarias. A ellos siguieron la internacionalización y la Orimulsión, destacados componente de una estrategia enfrentada a la política oficial, y generalmente aceptada, de control de la producción como garantía para la defensa de los precios. Esa estrategia gerencial incorpora, en consecuencia, un decidido sesgo anti-OPEP.
El Proyecto Cristóbal Colón, recientemente “diferido por 5 años”, fue sin embargo, el emprendimiento más exitoso de la gerencia petrolera desde el punto de vista de su rumbo hacia la desnacionalización total de la industria. Escudados en la importancia estratégica de ese proyecto lograron imponer en el Congreso Nacional la eliminación de la figura de los Valores Fiscales de Exportación, la cual garantizaba adecuados niveles de participación fiscal. Igualmente, y de manera subrepticia, forzaron un dictamen de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual fueron derogados los Artículos 1°, 2° y 5° de la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural.
En sí mismo, el Proyecto Cristóbal Colón incorpora mermas del ISLR en 33 puntos porcentuales y expresa renuncia a la soberanía impositiva al disponer el compromiso de Lagoven de compensar a sus socios extranjeros en la eventualidad de incrementos tributarios dispuestos por las autoridades nacionales.
Con este ensayo general quedó servida la mesa para los nuevos hitos en el camino desnacionalizador: las “asociaciones estratégicas” para la operación de campos inactivos y los “convenios de asociación bajo el esquema de ganancias compartidas” vendidos bajo el slogan de la “apertura”.
De tal suerte que, cosas veredes, Sancho amigo, la apertura se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización constituyen el primer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano.
Atrincheradas en el privilegiado papel de asesoras tecnológicas (convidadas permanentes en todas las actividades de sus antiguas filiales) y comercializadoras de la producción exportable de crudos y derivados, las más poderosas de las antiguas concesionarias se mantuvieron a la espera de su reinserción como protagonistas directas en las operaciones petroleras venezolanas. El atajo lo constituyen los contratos de servicios y empresas mixtas que permite el Artículo Quinto de la mencionada Ley, y las primeras excusas se buscan en la complejidad tecnológica implícita en el desarrollo de los crudos de la Faja, en la posibilidad de reactivar difíciles campos marginales y la explotación del gas no asociado costa afuera de Paria.
Así pues, los rostros desafiantes y las demostraciones de alegría de los petroleros nativos, en los días triunfales de la ronda licitatoria de las diez áreas en referencia, contrastan con el hecho nada enorgullecedor de que ése es y será el resultado de haber aceptado, de antemano, las aspiraciones máxi¬mas de los potenciales socios. Y que los aparentemente suculentos bonos son apenas unas vergonzosas migajas que podrán ser recuperadas -de acuerdo con las propias estimaciones preliminares de reservas en cada lote- en uno o dos meses de una producción sobre la cual las nuevas concesionarias tendrán el control por casi cuarenta años.
Tal nivel de complacencia, inadmisible en una negociación donde estaba en juego el mayor patrimonio colectivo de los venezolanos, nos lleva a colegir, con serio fundamento, que los autores de esta propuesta simplemente se adscribieron, sin ninguna resistencia, a términos establecidos por intereses extranjeros ; tal cual como hicieron los negociadores oficiales en los 14 contratos de asistencia técnica suscritos en 1975 y tal como corresponde a la ya larga tradición cipaya de las elites hegemónicas de este desguarnecido país.
La realidad fundamental que pretenden eludir los gerentes petroleros es la de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos, y los derechos que como propietario le corresponden. Pese a la anómala condición de compañía anónima que se le confirió a PDVSA, sus ejecutivos no son otra cosa -aunque les pese- que funcionarios públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la política de los propietarios, en la gestión de esa industria.
PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en FEDECAMARAS o en VenAmCham : es una empresa estatal. Parecería una verdad de Pero Grullo, pero éste es uno de los problemas mas delicados que se le plantean al país en materia de política petrolera..
Las prioridades de los gerentes de PDVSA se orientan según los intereses de sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tienen secretos. y con cuyo concurso planifican estrategias para enfrentar las políticas y orientaciones estatales. Por eso mismo, recelan de los poderes públicos, esconden información a sus legítimos contralores y reniegan de su condición estatal. En su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. Como queda más que demostrado, el más importante foco generador de tendencias privatistas en la industria petrolera nacional se encuentra en esas cúpulas gerenciales.
En efecto, durante todos los años de existencia de PDVSA, los esfuerzos de su gerencia transnacional han estado enfrentados al más acendrado interés nacional: bajar la participación fiscal, boicotear a la OPEP, hacer descuentos a los "clientes tradicionales" y a "nuestras filiales en el exterior", fomentar negocios inviables para la Nación pero lucrativos para el capital privado.
La política de expansión a todo trance de la producción es característica. No importa si en esa expansión se violan normas técnicas, con lo cual se acelera el agotamiento de los yacimientos, no importa si esa expansión va a sobrealimentar a un mercado estructuralmente saturado y a convertirse en factor de debilitamiento de los precios reales, no importa violar los topes asumidos en el seno de la OPEP -en realidad, es lo que menos importa. No importa si crecen los costos y las posiciones competitivas del país a mediano plazo se comprometen. No importa si, para garantizar esa expansión se ofrecen condiciones exageradamente generosas al capital petrolero internacional, en desmedro de la participación nacional. Lo único que importa es que florezcan los negocios que alimentan el poder y las fortunas de los particulares y las corporaciones que los proponen y ejecutan.
Aclaremos, de paso, que no nos estamos refiriendo a las pequeñas raterías -aquéllas que hoy pueden llegar hasta las decenas y centenas de millones de bolívares- que se denuncian en los niveles operativos intermedios, de contratación y supervisión de proyectos, servicios, asesorías, construcciones civiles, donde ha comenzado a institucionalizarse el "¿Cuánto hay pa'eso?", Quirós dixit. A diferencia de nuestro citado, nos referimos a fiascos nacionales donde si está involucrada la alta gerencia de PDVSA.
Desde el punto de vista estrictamente político, en todos estos veinte años, las fuerzas de la apertura transnacional han tenido como gran acierto la imposición, a la sociedad venezolana, de su visión corporativa -la "verdad petrolera"- como axioma incontrovertible. Uno de los principales pilares del imperio de esta visión acrítica y deformada de la realidad lo constituyó el pacto de los máximos líderes de AD y Copei, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, para sacar al petróleo del debate político.
De tal manera, en nombre de la importancia para el país de la actividad petrolera, de la necesidad de alejarla de la politiquería y el clientelismo partidista, se permitió que la más antinacional de las políticas, la de las transnacionales y las mafias aprovechadoras, se apoderara de ella.
Por otro lado, en nombre de la meritocracia, se ha permitido el enquistamiento de una dinastía gerencial que reproduce su filosofía y patrones de conducta antinacionales, a través de un sistema de premios y castigos que privilegia la incondicionalidad y el acriticismo y crea una verdadera cadena de complicidades y favoritismos dignos del mas rancio régimen feudal. (Como lo farfullan entre dientes muchas de sus víctimas, bajo la campana de Gauss de las evaluaciones anuales se produce toda suerte de injusticias, humillaciones y pasos de Horcas Caudinas.)
La camarilla gerencial petrolera, escudada en la condición de compañía anónima atribuida a PDVSA y arguyendo que se manejan asuntos de alta confidencialidad y complejidad técnica, ha convertido en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometen al recurso fundamental de la Nación. El ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a esa cúpula y a sus asesores externos, con el libre albedrío que les otorga el premeditado desmantelamiento del órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.
Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacen a partir de datos sobre cuya génesis no tienen ninguna posibilidad de modificación. Es decir, "planifican" a partir de parámetros que son fijados de manera independiente por los petroleros. Tal como lo haría un joven con la mesada asignada por su padre: a veces protestando su insuficiencia, pero sin poder ir más allá, por desconocer los factores determinantes de tal nivel de asignación.
Es en este ambiente de ignorancia y complicidad como se ha constituido, en torno al petróleo, el mayor centro de desviación de los bienes públicos hacia privilegiadas alforjas. Que no hay RECADI, ni banquero corrupto, ni beneficiario irregular del financiamiento estatal, que alcance siquiera a un punto porcentual de las perversas cumbres de enriquecimiento privado, nacional y extranjero, generadas por el poder petrolero. Tal es el trasfondo de esa vieja política que reaparece cada mañana con un nuevo nombre o moda. Ahora es el turno de la apertura y dentro de muy pronto -ya está en camino- será el de la privatización total de PDVSA.
Es así como hemos llegado a tener, supuestamente, la segunda empresa petrolera a nivel mundial y, al mismo tiempo, cinco sextas partes de la población venezolana colocada entre los estratos de necesidades básicas insatisfechas, pobreza crítica y miseria extrema.
Es así, también, como en 1995, un negocio que movilizó 27.261 millones de dólares en sus operaciones nacionales e internacionales, y alcanzó las cifras máximas en producción de crudo y refinación en 20 años, reportó la mínima participación fiscal en ese mismo lapso, de 4.954 millones de dólares y retuvo para sí ganancias netas máximas, incurriendo, desde luego, en cifras máximas de costos e inversiones. Considérese, en contraposición, las cifras de 1976, cuando con ingresos de apenas 9 mil millones se generaba una participación fiscal de 7 mil millones. (Ver Cuadros y Gráficos Anexos)
Tal es nuestra opinión en torno al proceso de la política petrolera venezolana en los últimos 25 años. A contrapelo de las formulaciones legales y reglamentarias, de las tradiciones y rituales de la política petrolera venezolana, con el disfraz de la nacionalización hemos introducido en nuestra casa un caballo de Troya antinacional, el cual, en nombre de supuestos “escenarios productores” y de “combate al rentismo” ha liquidado la capacidad efectiva de captación nacional de una renta que de todas maneras se produce, en tanto que su determinación es el resultado de un intrincado conjunto de relaciones económicas internacionales, establecidas y consolidadas en un proceso que se inició a principios de siglo.
La falacia del “escenario productor” enfrentado a otro “rentista” queda en evidencia cuando constatamos que uno de los resultados evidentes que tendrá el “esquema de ganancias compartidas” será la minimización de la participación de PDVSA, tanto en su condición de operadora como en la de perceptora de beneficios, colocándose en una posición que no tiene otro nombre sino el de rentista, en tanto y en cuanto usurpa el papel que le corresponde al Ministerio de Energía y Minas en la fiscalización y control de entes operadores extranjeros.
La responsabilidad de que éstas y todas las ya expuestas tropelías aperturistas sucedan impunemente, aunque en gran parte puede atribuirse al pacto "institucional" que tendió un manto cómplice sobre esas actividades irregulares, alcanza también a la voluntaria incultura petrolera de casi toda la dirigencia política y económica del país y a la inercia de sus Universidades, que las llevó a dejarse imponer una emasculación de su capacidad analítica y crítica en esta materia, con la eliminación de las cátedras de Economía Petrolera y que ahora las hace proclives al mutismo cómplice y a la cacería de disidentes, aquéllos que con su lunática prédica ponen en riesgo la entrega de los tres campos petroleros que, a manera de soborno, les está ofreciendo el Poder Petrolero.
La sustitución del análisis por la fe proviene en mucho del abandono por las fuerzas políticas populares, por las Universidades y por los medios de la cuestión petrolera nacional, luego de la nacionalización, en la creencia ingenua de que con ella todo estaba resuelto, porque supuestamente "el petróleo estaba en buenas manos". Con alivio, los nacionalistas cerraron los libros y se echaron a dormir. Así dejaron al "caballo de Troya" en PDVSA actuar a sus anchas. Ahora Ministros, congresantes, dirigentes, profesores se sienten sorprendidos, perplejos, aún semidormidos. Su reacción es de desaliento y derrotismo
La crisis nacional exige a los poderes públicos, y a las colectividades políticas que pretenden encarnar la voluntad popular, una asunción plena de sus responsabilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una decisión política de amplias repercusiones, que afectaría a otros poderes constituidos y que sería duramente combatida.
El caso lamentable es que en la actualidad el país no cuenta con un liderazgo político capaz de emprender semejante tarea. Debemos empezar a construirlo. Y el primer paso en ese camino es delinear una política alternativa a la que se ha impuesto en los últimos veinte años.
La política petrolera venezolana debe formularse claramente a nivel Estatal, es decir, debe ser establecida con la participación de todos los poderes públicos. La justificación es doble: La primera se refiere a que, cualesquiera sean los titulares de la propiedad sobre los recursos del subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación, claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo, pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.
En el plano técnico-operativo de esa reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las cuales se fundamenta la "verdad petrolera". Se hace necesario, por tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad, de manera de establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.
La situación conforma un serio problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de consenso en torno a las propuestas concretas..
Por lo demás, esa política petrolera, en tanto que política reivindicadora de los vulnerados derechos de los propietarios colectivos, debe ser también el producto de una amplia consulta en todos los estamentos de la sociedad. Para ello, deben tener participación cierta en su formulación todas las organizaciones representativas que no lo hacen directamente en los poderes públicos centrales, como la CTV, FEDECAMARAS, gremios profesionales, universidades, corporaciones de desarrollo regional, estados y municipios, sin olvidar, desde luego, a ese poder público que son las Fuerzas Armadas.
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