DOCUMENTOS DEL BLOG - ENTREVISTA EN PANORAMA 18/2/2008

EXPERTO CARLOS MENDOZA POTELLÁ,
 EX DIRECTIVO DE PDVSA


“Giusti, Calderon Berti y Quirós Corradi desmontaron todo el sistema tributario petrolero”

Texto: Wilmer Ferrer

“La última decisión de la antigua Corte Suprema fue declarar improcedente un recurso contra estos contratos lesivos al país”. “Con ponencia de Cecilia Sosa Gómez en combinación con Román Duque Corredor que era defensor de Pdvsa decidió el tribunal”. “Allí Pdvsa se hizo parte contraria al juicio”.


Caracas


Para el asesor del Banco Central de Venezuela, y ex integrante de la junta directiva de Pdvsa, Carlos Mendoza Potellá, hablar de la Exxon es referirse a: “Una compañía con 100 años de experiencia tumbando gobiernos, asesinando presidentes, sobornando diputados, ministros, coroneles y generales en todo el mundo, saboteando la nacionalización mexicana en 1938, asesinando a Enrico Mattei, un empresario italiano que quería llegar a negocios cónsonos con Libia, derrocando a Mohammed Mossadegh, en Irán; y a Rómulo Gallegos, en Venezuela, ésa es la compañía con la que nos estamos enfrentando ahorita”.


Mendoza Potellá opina que Venezuela tiene que llevar de nuevo a la Exxon Mobil a la situación de arbitraje porque si Pdvsa fue amenazada tiene que responder, será en ese momento cuando se verá “quien pierde más”.


Igualmente, consideró que al haber llegado a instancias internacionales judiciales “nos está ocasionando daños, como ocurrió con los bonos (que bajaron) aunque ya se recuperaron”.


No obstante, en opinión de Mendoza Potellá, la situación ha favorecido “la posición firme de Venezuela y ha determinado el aumento de los precios del petróleo”.


—¿Ve usted una solución en el corto plazo de la diferencia entre Exxon Mobil y Pdvsa?


—No. Se trata de un caso que puede durar cuatro años o mas, y depende de la voluntad de las partes. Exxon tiene una mayor tradición de imponer su voluntad y cuesta más negociar con ella; dependiendo de eso se podrá llegar a un arreglo.


—¿Cómo interpreta la reacción de la Exxon Mobil?


—Muy normal y típica de sus conductas. Se trata de un diferendo que suele suceder entre Estados y corporaciones, sobre todo por las ambiciones extremas de las corporaciones en cuanto a obtener el máximo beneficio. Eso es ley de toda corporación capitalista y no es ilegal, pero los Estados también se defienden cuando ese máximo beneficio ataca su soberanía. Estas cosas no son nuevas, y tienen mucho que ver con la apertura petrolera de Luis Giusti, Alberto Quirós Corradi y Humberto Calderón Berti.


—¿Por qué los menciona?


—Esta gente negoció en los años 90 con las corporaciones petroleras y montaron todo un aparataje legal para desmontar nuestro sistema tributario, llevaron la regalía al 1% y el impuesto sobre la renta lo llevaron de 67% a 34%.


—Cuando se aprobó la apertura ustedes introdujeron por ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad. ¿Qué pasó con eso?


—Ésa fue la última decisión de la CSJ antes de dejar de ser y convertirse en Tribunal Supremo de Justicia, declarando improcedencia de la demanda por parte de la doctora Cecilia Sosa en combinación con Román Duque Corredor que era defensor de Pdvsa. Al día siguiente desaparecieron.


Ése era un juicio de interés público que no podía tener contraparte y era para proteger a la nación de unos convenios que nosotros considerábamos lesivos. Allí la vieja Pdvsa se hizo parte contraria al juicio.


—¿Qué pasó entonces?


—Llegó un momento en que este Gobierno decidió que eso no podía seguir. La excusa en aquellos tiempos era que se trabajarían campos marginales o que los crudos de la faja eran extrapesados y, por tanto, no eran rentables, por lo que había que estimular a las transnacionales, pero, con el petróleo a 100 dólares eso no tiene ninguna justificación.


Por lo tanto, soberanamente decidimos llevar eso a otros niveles e, incluso, con una figura complaciente para ellos: a 23 asociaciones estratégicas y convenios operativos se les ordenó convertirse en empresas mixtas asociadas con el Gobierno aceptando 30% de regalía, 50% de Islr y rescatando nuestra soberanía impositiva.


De esas asociaciones, 21 aceptaron, pero Conoco Phillips y Exxon Mobil, que se sienten más fuertecitas y con más capacidad para negociar y para aplastar, no lo aceptaron.


Sin embargo, Conoco plantea el diferendo y se va a un arbitraje en el que mantienen una posición distinta.


Exxon es una compañía con 100 años de experiencia tumbando gobiernos, asesinando presidentes, sobornando diputados, ministros, coroneles y generales en todo el mundo, saboteando la nacionalización mexicana en 1938, asesinando a Enrico Mattei, presidente de una empresa italiana porque quería llegar a negocios cónsonos con Libia, derrocando a Mohammed Mossadegh, en Irán; y a Rómulo Gallegos, en Venezuela, ésa es la compañía con la que nos estamos enfrentando ahorita.


—¿Fue manipulado el Congreso de entonces cuando se otorgaron los convenios?


—Fue manipulado y se le ocultaron cosas. Cuando se compraron activos a la Veba Oel, Humberto Calderón Berti escondió todo al Congreso. Formó un tribunal particular para modificar las leyes y no someter esa compra al Parlamento que, por Constitución, tenía que aprobarlo.


Con los abogados de las compañías, la Consultoría Jurídica de Pdvsa y el procurador de la época (en el gobierno de Luis Herrera) formaron un tribunal complaciente y modificaron las cosas.

¿Economía y Política Petrolera en la Escuela de Economía de la UCV? ¿Para qué?

¿Para qué servirá la Economía Petrolera?

Una vieja historia inoficiosa

Carlos Mendoza Pottellá

Desde 1989 fue eliminada la materia Economía y Política Petrolera en el pensum de la Escuela de Economía de la UCV. 

Dada mi condición de profesor que había concursado para impartir esa materia, solo me quedó, durante 11 años y hasta mi jubilación en el 2000, el recurso de convertirme en docente forajido, dictando ilegalmente esa materia durante 22 semestres, en vez de la materia pasticho que me fué asignada desde entonces, en la cual debía combinar reflexiones someras sobre las políticas económicas agrícola, industrial y petrolera. 

En todos estos 21 años he estado denunciando y combatiendo semejante barbaridad, impuesta por los heraldos de la globalización y el neoliberalismo, a cuya instauración contribuyeron muchos ultraradicales de entonces y de ahora, hipnotizados por la luz cegadora de la modernidad.

En esta ocasión recobro del archivo de los viejos papeles cuatro materiales que registran uno de los episodios de esa lucha, los cuales datan de mayo y junio de 1996.

En mi opinión, se trata de un episodio paradigmático, porque allí salta la liebre, y se presentan nítidamente las razones que justificaban la promoción de la ignoracia sobre estos temas en nuestra Escuela de Economía: pavimentar el camino hacia la privatización de Petróleos de Venezuela.

 
 
 
  

1983: Propuestas al vacío... todavía vigentes

En la búsqueda de viejos materiales para alimentar este blog encuentro textos llenos de propuestas animadas por ilusiones, tales que algunos podrían considerar que son de esas con las cuales está empedrado el camino del infierno. Es el caso de este texto donde vaticinábamos el cercano fin del parasitismo de la renta petrolera.  Casi dos décadas después, contrastadas con la historia y la realidad circundante, esas metas lucen todavía muy lejanas,  tanto que se podría parafrasear a Andrés Eloy Blanco en su "Renuncia": son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Con todo, perseveramos en el camino prefigurado entonces, tal como se puede constatar en todas las entradas de "Petróleo Venezolano" .

C.M.P. Julio 2010 

Revista "Punto Socialista" N° 4, Caracas, Agosto 1983

Venezuela en la OPEP: 50 años de polémica

25 Y 50: DOS ANIVERSARIOS
Y VARIOS ESCRITOS SOBRE LA OPEP



Registro una vez más los argumentos esgrimidos en las dos ocasiones mencionadas: al cumplirse 25 y 50 años de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.


Los argumentos no han cambiado, y nunca sobran, porque siempre aparecen, como fantasmas impenitentes, los analistas que "demuestran" lo inconveniente que ha sido para Venezuela la pertenencia a esa organización.


El próximo mes de septiembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo cumple 50 años. En Venezuela, y durante toda su existencia, esa organización ha sido combatida acerbamente por los sectores privilegiados que históricamente han propiciado las relaciones de dependencia establecidas desde principios del Siglo XX entre las grandes corporaciones petroleras internacionales (hoy transnacionales) y el Estado venezolano para la explotación de nuestro principal patrimonio público. Desde su propia fundación, Juan Pablo Pérez Alfonzo hubo de enfrentar esos sectores, encabezados en su oportunidad por Arturo Uslar Pietri. Muchos venezolanos conscientes del interés nacional demostraron la conveniencia de la participación venezolana en una organización diseñada para defender los precios del petróleo frente a las pretensiones transnacionales de despachar a los dueños de los yacimientos con las migajas del mayor negocio del mundo.

Con esta ocasión quiero incluir  materiales fascimilares que reseñan dos momentos de esa polémica, el primero de ellos, de mi autoría, data de 1985, cuando se cumplirían 25 años de la constitución de la OPEP y el segundo, un comunicado de FUNDAPATRIA en cuya redacción participé, de agosto de 1998. 

CMP  12/07/2010

Revista "Punto Socialista N° 19", Caracas, Enero de 1985

VENEZUELA EN LA OPEP

Veinticinco años de un debate

Carlos Mendoza Pottellá

En abril de 1959 se inician las consultas entre árabes y venezolanos Que concluirían en septiembre del siguiente año con la constitución de la OPEP. Desde entonces se plantea en nuestro país la discusión en torno ala conveniencia de la Insólita asociación de una democracia americana, de sólida vocación occidental y cristiana con un grupo de países de las antípodas culturales e históricas.



El signo de esa disputa lo va a marcar la Cámara de la Industria del Petróleo, que agrupaba entonces a las concesionarias extranjeras, al iniciar una campaña de descrédito contra el Ministro Pérez Alfonzo. Esa decisión provocó fa renuncia a la Sub-Gerencia del Departamento de Relaciones Públicas de la Creole Petroleum Corporation del Dr. Francisco Alvarez Chacín, quien deja fe de ésta y otras oscuras incidencias en su libro "Secretos Petroleros Contra Venezuela". Pero nada impidió el inicio de esa campaña, en la que se apeló a todos los instrumentos, desde la difusión de consejas en torno a las excentricidades orientalistas del "Monje loco" de los Chorros, hasta la proliferación de sesudos estudios económicos que demostraban la inconveniencia para Venezuela de una asociación con sus "competidores" asiáticos.


Argumentos que tocaban las más escondidas fibras del alma de vendedores a todo trance de los principales beneficios criollos del negocio petrolero fueron esparcidos a todos los vientos y pasaron sublimemente a formar parte de ese saber elemental que se da en llamar como “sentido común". En particular, en los sectores agrupados en FEDECAMARAS, la OPEP quedó por siempre asociada a un cierto tufillo sulfuroso originado en su condición de asociación de pobretones.

Sólo el prestigio, la firmeza, terquedad y habilidad de Pérez Alfonzo pudieron vencer una tal campaña. Sin embargo, siempre quedó en el subconsciente nacional, desde la extrema izquierda hasta la derecha, la duda acerca de las bondades de una tal asociación. La derecha, FEDECAMARÁS y su entorno, no ha dejado nunca, en estos veinticinco años, de combatir a la OPEP y de proponer como alternativa el acercamiento a "nuestros" tradicionales clientes sobre la base de una garantía de suministros crecientes y precios "razonables" a cambio de una cierta "preferencia". En los sectores que generalmente catalogamos de izquierda, con honrosas excepciones, las dudas sólo llegaron a disiparse después de 1973, pero renacen en estos dos últimos años.

La reversión de la tendencia que en menos de diez años multiplicó por quince el precio del petróleo ha puesto en dificultades a la OPEP y a sus miembros. En Venezuela se vuelven a alzar las mismas voces críticas de antes, las de aquellos que tienen Intereses definidos en una expansión de la asociación con el capital petrolero internacional, mientras que la duda se esparce entre quienes no saben en qué palo ahorcarse.

Los primeros, acostumbrados al ejercicio del poder y la hegemonía que les ha permitido identificar sus particulares intereses como los de toda la nación, han definido rápidamente su posición: hay que acabar, de una vez por todas, con esa asociación de perdedores y profundizar la estrategia de internacionalización de la industria petrolera iniciada con el convenio PDVSA-Veba Oel y que hubiera continuado, de no mediar la intromisión parlamentaria, con el PDVSA-Unión Carbide. En ese escenario se multiplicarían las oportunidades para los negocios privados.

Los segundos, es decir, los representantes de sectores sociales marginados del poder y sus instrumentos, discuten sobre qué es lo más conveniente para el Interés nacional sin antes definir el contenido de esa problemática síntesis y son por elIo fácil presa de la decidida campaña anti-OPEP de los primeros.

No vamos a hacer aquí la exégesis de la OPEP como garante de una justa remuneración del agotamiento de la riqueza petrolera nacional, ni vamos a pretender tener la justa medida del interés nacional, pero si queremos señalar que en casi ningún caso ese interés, el de las grandes mayorías del país, el del conjunto de asalariados de la ciudad y del campo, de los profesionales, técnicos, pequeños y medianos empresarios, coinciden con el de los sectores agrupados en FEDECAMARAS.

No se trata de defender a la OPEP a partir de una percepción religiosa de la misma, por el hecho de ser el fruto de la visión de Juan Pablo Pérez Alfonzo. En esta asociación, como en todo aquello donde estén en juego variables económicas estratégicas, el elemento determinante no es, la amistad ni la fraternidad. Por el contrario, debemos evaluar a la OPEP en su capacidad para defender los precios del petróleo.

En esa perspectiva, cuando la OPEP no cumpla los objetivos para la cual fue creada, será procedente su disolución. Mientras tanto, Venezuela debe permanecer en ella reforzando el cumplimiento de esos objetivos. A esa permanencia en la OPEP podríamos aplicarle el pragmatismo de Disraeli cuando sostenía que el Imperio Británico no tenía ni amigos ni enemigos permanentes sino intereses permanentes. Pero, por lo pronto, nada indica que una alianza con los consumidores, asumiendo el papel de esquirol en la OPEP, garantice a Venezuela una mejor valorización de su petróleo. En particular, porque no está en capacidad de resultar ganadora de una guerra de precios desatada.

CMP/14/01/85

ARTÍCULO EN "PUNTO SOCIALISTA" N° 1 - Mayo 1983

LA OTRA CARA DE LA LUNA PETROLERA

Carlos Meendoza Pottellá

"PUNTO SOCIALISTA" N° 1 Mayo 1983

PORTADA E INTRODUCCIÓN DE "NACIONALISMO PETROLERO..."

PUBLICACIÓN DE LA CÁTEDRA PETROLERA

DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

ABRIL 2010

INTRODUCCIÓN

La Cátedra Libre Petrolera “Dr. Gumersindo Torres” de la Universidad del Zulia, que dirige el Profesor Rolín Iguarán Valdeblánquez, me invitó a realizar una selección de mis trabajos en materia de economía y política petrolera a los fines de su publicación dentro de la Colección Sendero de Luz, que patrocina esa Cátedra.


Los textos escogidos constituyen una muestra representativa de las posiciones sostenidas por mí en las últimas cuatro décadas. Al verlos en retrospectiva, puedo decir que todavía hoy, salvo correcciones de estilo y énfasis, suscribo el sentido general del diagnóstico y de las propuestas de política que quedaron registradas en esos trabajos.


Para establecer el contexto en el cual se produjeron estos materiales debo hacer algunas referencias personales que explican la mención de las cuatro décadas y una exposición sucinta de la génesis de las ideas y motivaciones que me inspiraron entonces y lo siguen haciendo ahora:


A principios de 1971 recibí la invitación del Profesor Francisco Mieres para integrarme como asistente (secretario – relator – aprendiz) a un equipo de análisis e investigación sobre el tema petrolero liderado por el Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo y conformado por veteranos políticos y docentes universitarios, entre los cuales debo mencionar a los profesores Alvaro Silva Calderón y Mazhar Al Shereidah.


Desde entonces y hasta su muerte en 1979, estuve estrechamente vinculado al Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo, como asistente y productor de sus ruedas de prensa, editor del libro “Hundiéndonos en el Excremento del Diablo” y redactor del quincenario “Prensa Petrolera”, que difundía sus ideas sobre la materia.


Simultáneamente, en 1972 ingresé al equipo de investigación dirigido por el Dr. Francisco Mieres en la Dirección de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, equipo a partir del cual se fundó, en 1974, el Postgrado en Economía y Administración de los Hidrocarburos de esa Universidad.


Desde entonces, y por esas honrosas vinculaciones, quedé automáticamente ubicado en un sector bastante conflictivo, el cual era, según la matriz de opinión promovida e impuesta entonces por el poder petrolero venezolano, el de los “enemigos de la industria”.


En efecto, comencé a aprender, con el ácido estilo de Juan Pablo Pérez Alfonzo, con su discurso sin concesiones a las solidaridades grupales automáticas, los rudimentos del análisis de la política petrolera venezolana desde posiciones nacionalistas. Fui un privilegiado testigo de su mano firme al hundir el estilete en las más profundas llagas del negocio petrolero.


A mucha honra, desde esa fecha he participado, bajo el magisterio y la guía del propio Dr. Pérez Alfonzo y de los profesores Francisco Mieres y Gastón Parra Luzardo, e interactuando también con otros destacados colegas, en la denuncia de cuanta trapacería pudimos detectar dentro de la maraña de velos corporativos con los cuales el poder petrolero venezolano cubría el aprovechamiento privado de la mayor riqueza colectiva del país.


Esas denuncias, casi siempre se hundían en la ciénaga de los vetos mediáticos y en la incredulidad de una opinión pública inmersa en “la verdad petrolera”. No en balde, en la contratapa de “El Poder Petrolero y la Economía Venezolana”, título del cual se presentan aquí dos capítulos, asumimos esa condición de predicadores en el desierto, cuando afirmamos: “En este libro se expone una concepción disidente y absolutamente minoritaria, una mirada indiscreta sobre el rey desnudo. Se trata de fundamentar el carácter antagónico con el interés nacional de muchos de los emprendimientos del poder petrolero.”


Algunas de esos emprendimientos se enumeraban, ya como historia, en el citado texto de 2002:


• La nacionalización “chucuta” y los ruinosos contratos de comercialización y asistencia técnica que le acompañaron y significaron, por ejemplo, “el mejor negocio de la Exxon en toda su historia” -según el decir de uno de sus ejecutivos internacionales - pues además del cuantioso y continuado botín de miles de millones de dólares recibidos como “indemnización”, pagos por barril producido y procesado, mas descuentos en los volúmenes comercializados, obtuvieron participación privilegiada en todos los negocios de la futura operadora nacionalizada que la sustituiría, Lagoven. Tal como harían las otras ex concesionarias, Shell, Mobil, Gulf, etc. con sus respectivas operadoras, Maraven, Llanoven, Meneven …






• El super sobrefacturado “cambio de patrón de refinación”, cuyos gigantescos costos tecnológicos todavía pagamos, con onerosas regalías, en una operación que drena hacia el exterior todo el “valor agregado” nacional y nos deja una refinación con permanentes saldos rojos en sus cuentas de resultados.






• Los “megaproyectos” de la Faja del Orinoco, epítome de la irresponsabilidad planificadora de los promotores de negocios privados a costa de PDVSA: una inversión que se programó a razón de 5.000 millones de dólares anuales entre 1980 y el año 2000, fundamentada en el supuesto de que el precio del crudo de 24 grados API alcanzaría los 50 dólares el barril en los años 90. Cuando la realidad les dio en las narices, la “Orimulsión” fue el escuálido ratón sin beneficios que parió esa montaña de recursos petroleros dilapidados.






• La Internacionalización, otra estafa continuada y asegurada por décadas, mediante la cual PDVSA transfiere beneficios al exterior, otorgando descuentos que han promediado más de tres dólares por barril desde 1989 hasta hoy (2002), con los cuales se financian unas supuestas –y con todo- pírricas ganancias e importa costos para minimizar su contribución fiscal.






• La apertura petrolera, con sus asociaciones estratégicas, convenios de asociación y tercerización, (outsorcing) como un programa más dentro de la vieja estrategia privatizadora de PDVSA y expropiadora del patrimonio colectivo de los venezolanos, y mediante la cual casi un tercio de la producción petrolera venezolana escapa al control estatal y se realiza en condiciones de costos que minimizan la participación nacional.






Todo lo anterior, inserto en el contexto de una estrategia formulada como anti “estatista”, pero en esencia antinacional, llevó a vaciar de capacidades técnicas y de atribuciones al Ministerio de Energía y Minas, colonizándolo y anulando sus potestades de control y fiscalización; a la eliminación del Valor Fiscal de Exportación (sobretasa que maximizaba el Impuesto sobre la Renta); a la reducción de la Regalía hasta menos de un 1% en las asociaciones estratégicas y, en general, a la aplicación de toda clase de argucias y consolidaciones contables para envilecer la participación fiscal petrolera. Añádase a esto las trampas a los compromisos adquiridos en el seno de la OPEP, con las cuales escupimos al cielo… y a los precios, y pare Ud. de contar.


Ese rumbo antinacional, descrito en los párrafos anteriores desde el punto de mira de 2002, comenzó a ser revertido a partir de entonces por una política petrolera que ha emprendido el rescate de la soberanía sobre esos recursos. Sin embargo, aún hoy, en 2010, el combate por mantener y profundizar esa voluntad política fincada en el interés nacional no ha concluido, porque el conjunto de afirmaciones impuestas como verdades por el poder petrolero desde 1976, se mantiene grabado en el inconsciente colectivo venezolano e impregna algunas de las propuestas, planes y proyectos que se debaten en el proceso de definición del mejor rumbo a seguir en este campo.


Por ello, considero como compromisos ineludibles mantener la vigilia, continuar desmontando los viejos mitos desarrollistas y promover una política petrolera auténticamente nacionalista, soberana en cuanto al establecimiento de vínculos financieros y tecnológicos multilaterales, y que consolide los lazos socio-culturales y económicos con nuestro entorno latinoamericano y caribeño, sobre una base de justicia, equidad y solidaridad. Todo ello, perseverando en el sueño ancestral de los venezolanos de incorporar los recursos petroleros al establecimiento de una economía diversificada, autónoma y autosustentable.


Tal es, en última instancia, el sentido de los textos más recientes que aquí se presentan y en los cuales se intenta prefigurar el papel de la industria petrolera venezolana en el contexto energético regional y global a mediano y largo plazo.

Carlos Mendoza Pottellá, marzo de 2010

Nota en "El Mundo Economía y Negocios" 18/5/2010

http://www.elmundo.com.ve/Default.aspx?id_portal=1&id_page=18&Id_Noticia=18446

DOS ARTICULOS EN “PUNTO SOCIALISTA" (1983 - 1984)

En esta entrada reproduzco dos de los artículos que escribí en la década de los 80 para la revista “Punto Socialista”, en los cuales exponía lo que en ese momento era sólo una propuesta argumental basada en una visión particular, absolutamente minoritaria y bastante minusválida frente a la “verdad petrolera” imperante entonces. Sin embargo, en las décadas siguientes, estas constataciones personales se convirtieron en evidencia descarnada: fueron los tiempos del auge y la caída de la “apertura petrolera”.

CMP, abril 2010

Cambio en las reglas del juego

Carlos Mendoza Pottellá

Septiembre 1983

Las líneas básicas del patrón legal y reglamento aplicable a la explotación de hidrocarburos en Venezuela quedaron definidos desde 1943 con el pacto laboriosamente trabajado entre el Gobierno de Isaías Medina Angarita y las compañías petroleras extranjeras. Ese pacto plasmó la correlación de fuerzas en el mundo petrolero del momento, pero ha marcado con su impronta los cuarenta años transcurridos desde entonces.


La Ley-Convenio de Medina, con ligeras modificaciones en el tiempo, rigió las relaciones contractuales entre el Estado venezolano y las compañías concesionarias de hidrocarburos hasta 1975, cuando concluye el régimen concesionario y la industria es reservada al Estado. Pero no concluyó allí la vigencia de la Ley del 43. Aunque derogada de hecho en sus propósitos fundamentales, el sistema de relaciones del Estado con sus; empresas operadoras de la industria mantiene los rasgos formales básicos establecidos por ella.


Es así, entonces, como el sector petrolero estatal viene a estar integrado por un conjunto de entes que adquieren la forma de compañías anónimas vinculadas con su único accionista a través de instrumentos legales y tributarios diseñados para el control de las antiguas concesionarias: El Estado percibe los beneficios que le corresponden por su monopolio accionario mediante el alambicado proceso de recabar como regalía o impuesto de explotación la sexta parte del valor de la producción bruta de sus empresas y como Impuesto sobre la Renta el 65% de los ingresos netos de las mismas, que se calculan a Valores de Exportación, magnitudes imputadas para fines impositivos en niveles superiores a los precios reales. Todo ello en lugar de proceder a una abierta asignación de los recursos producidos por la explotación petrolera de manera global y circunstanciada, determinando en cada caso, según los criterios de la planificación nacional vigente, cuánto se deja para el mantenimiento y desarrollo de la propia industria y cuánto se destina a los demás requerimientos del país.


Pero a nuestra manera de ver, el aspecto más grave de esta anómala situación se encuentra en el status especial que se asigna, en este nuevo sistema de relaciones, a las cúpulas dirigentes de esas empresas estatales, cuyos miembros, munidos de remuneraciones que han sido catalogadas conservadoramente como dispendiosas, disfrutan de una autonomía particular, para-estatal, que les ha permitido comprometer de manera significativa el patrimonio nacional en la más completa impunidad, protegidos por la barrera de subterfugios con los que impiden la “politización” de la industria, es decir, el control de sus actividades por parte de otros órganos del Estado.

Camino no traumático

Esta circunstancia es el resultado del denominado “camino no traumático” que se escogió para nacionalizar a la industria petrolera y que han mantenido los gobiernos de AD y Copei. De esta manera, teniendo como justificación la necesidad de mantener la “normalidad” durante la transición, se logró que las compañías extranjeras se avinieran pacíficamente a la nacionalización a cambio de un conjunto de concesiones que en la práctica significaron el mantenimiento esencial y perfeccionado de relaciones dependientes con el capital petrolero transnacional.


Tales concesiones se materializaron, por un lado, en el paquete de Contratos de Asistencia Técnica y Comercialización que conformaron la cara oculta del pacto nacionalizador, pero también y por otro lado, en el mantener en los puestos de comando de la industria a los hombres de confianza de las transnacionales, que se han constituido en garantes de la participación privilegiada de esas corporaciones en el negocio petrolero venezolano.


Todo esto es historia antigua, denuncia que ya es fatigante ritornello en el que venimos insistiendo frente a la sordera y la ceguera generalizada por la realpolitik, de los dirigentes de la hasta ayer Venezuela Saudita. Pero viene a cuento ahora, cuando se plantea la urgencia de actualizar y unificar la legislación petrolera venezolana y comienzan a debatirse proyectos de leyes en ese sentido; Porque de lo que se trata es de llamar la atención sobre las pretensiones de los directivos petroleros de profundizar la anómala y peligrosa situación, descrita. Con ese designio han montado una algarabía chantajista en torno a los peligros que amenazan a la industria petrolera si su autonomía no es mantenida y extendida. Apoyados en el desconcierto creado por la emergencia a cielo abierto de la profunda crisis que ha corroído las entrañas de la postiza economía nacional, se han dedicado a pescar en río revuelto, ocultando de paso su cuota de responsabilidad en ese desenlace.

Nivel crítico

La motivación esencial de estas líneas está, justamente, en el gran éxito que han tenido estos directivos en su labor confusionista, quienes esgrimiendo el espantajo de un supuesto “nivel crítico del flujo de caja” y el inminente endeudamiento de la industria para poder cumplir con “’sus compromisos", han recibido una favorable acogida, no sólo en sus tradicionales voceros de los medios de comunicación, y en los partidos oficiales de gobierno y oposición, AD y Copei, sino también en sectores que tradicionalmente han mantenido una actitud vigilante y de lucha contra la desnacionalización creciente de nuestro petróleo.


Tal es el caso de quienes piensan que modificando la Ley del Banco Central de Venezuela limitan las apetencias despilfarradoras del gobierno copeyano y que es una muestra de seriedad y realismo político el garantizar a priori los dólares que los ejecutivos petroleros proclaman necesitar. A mi manera de ver las cosas, esa modificación, que se aprueba con olvido de la prometida contrapartida de hacer obligante la presentación previa, para su aprobación, del presupuesto de gastos de la industria, sólo contribuye a llevar más agua al molino de la soberanía supraestatal de los directivos de PDVSA y sus operadoras.


Por exigencias, de la honestidad debo concluir diciendo explícitamente que con lo anterior estoy manifestando mi profundo desacuerdo con la posición oficial asumida por el MAS, partido en el cual milito, en la consideración de este problema.

CMP Septiembre 1983

El destino del ingreso petrolero nacional:
ingreso fiscal vs. reinversión petrolera

Carlos Mendoza Pottellá

Junio 1984

La marcada tendencia a la caída de la capacidad de la industria petrolera para generar excedentes, producto del incremento constante de sus costos y la paralización de la dinámica expansiva de los precios que había caracterizado al mercado de ese producto hasta 1980 es causa, a su vez, de una intensificación de la lucha por su reparto. El primer escenario de esa lucha se encuentra en su propia fuente de generación: La industria petrolera, que contaba con ilimitados recursos para su expansión, para diseñar megaproyectos mil millonarios como los de la Faja del Orinoco, ve ahora menguada esa capacidad, “redimensionados” sus proyectos y, sobre todo, de capa caída el inmenso poder real que la administración sin control de cuantiosos recursos otorga.


Una ominosa señal en este sentido fue la centralización en el BCV de las divisas mantenidas por la industria en el exterior y que constituían una fuente de ingresos adicionales libres de presiones impositivas. Los problemas fiscales, que comenzaban a hacerse críticos, acabaron con la indiferencia del país frente a la “manga ancha” que disfrutaba la todavía para entonces “gallina de los huevos de oro”. Con la llegada de las vacas flacas comenzaron las objeciones a los “dispendiosos sueldos” prevalecientes en la misma y se renovaron olvidadas críticas sobre la falta de control del Congreso y del propio Ejecutivo sobre ese “Estado dentro del Estado” que constituyen PDVSA y sus operadoras.


En ese mismo orden de ideas, cobran renovada importancia los mecanismos que determinan el destino del Ingreso Petrolero Nacional frente a la disyuntiva de gastarlo o reinvertirlo. El problema es realmente delicado y no puede ser agotado en un artículo de revista. Comporta, por un lado, apreciaciones sobre la eficacia del gasto fiscal, sobre su necesidad social o su carácter despilfarrador de un patrimonio en proceso de extinción. Y por el otro lado, se hace indispensable una evaluación de la inversión petrolera, sobre los criterios que la orientan, los lapsos de recuperación y su rendimiento a largo plazo.


Ya no podrán repetirse los alucinados megaproyectos para invertir 100.000 millones de dólares en 20 años que voceaba Rodríguez Eraso ante los futuros clientes norteamericanos. La inmovilización y posible pérdida de decenas de miles de millones de bolívares ocasionados por esos delirios es un lujo que ya no puede darse el país.


Por todo eso, debemos comenzar a clarificar la forma y la esencia del reparto de los proventos del petróleo. Lo que sigue a continuación forma parte de un estudio realizado para la Comisión de Energía y Minas del Senado sobre la materia.


El complejo mecanismo de precios e impuestos mediante el cual se produce la distribución de los ingresos petroleros entre el fisco y la industria donde son generados, es el resultado del proceso de avenimiento y compromisos que supuso la política de “transición sin traumas” adoptada como definitoria de la nacionalización petrolera.


Uno de esos compromisos fue el de mantener el “status” de ingresos y prerrogativas conquistados por los obreros y empleados de la industria y, de manera determinante, los adquiridos por la alta gerencia que se mantendría al frente de las ahora operadoras nacionalizadas y de la nueva casa matriz. En virtud del mismo, y dados los límites de sueldos imperantes en la administración pública –donde su máximo nivel, el sueldo del Presidente de la República, apenas alcanzaba a ser la cuarta o quinta parte del promedio de los devengados en las cúpulas concesionarias se estableció una administración petrolera liberada de las limitaciones inherentes a las empresas del Estado, otorgándosele a las mencionadas operadoras y casa matriz el carácter de sociedades anónimas.


Simultáneamente y en consecuencia quedó establecido que las relaciones del Estado con sus empresas petroleras se regirían por las disposiciones de las leyes de Hidrocarburos, Impuesto Sobre la Renta y todas aquellas que se aplicaban a las concesionarias.


Así, en cuanto al destino de los ingresos petroleros, el esquema adoptado fue el siguiente:


1. Las producciones del petróleo y gas fiscalizadas pagarían un Impuesto de Explotación – Regalía – equivalente al 16 2/3 por ciento del volumen de las mismas, liquidado a un precio mutuamente convenido. Ese precio fue, para 1976, de 12,06 dólares por barril para el petróleo y de 18,56 para el gas natural. En 1982, esos precios fueron, 11,60 $/bl. para el petróleo y 14,84 para el gas. El estancamiento e incluso disminución de las regalías implica un sustancial sacrificio fiscal a favor de la industria petrolera, si tomamos en cuenta que el precio de realización promedio entre esos años pasó de 11,15 $/bl. a 27,47 $/bl.


2. Las operadoras cancelarían el Impuesto sobre la renta, neto, descontadas, además de los costos, regalías y aportes a PDVSA, a valores de exportación.


Los valores de exportación mecanismo fiscal para garantizar la participación estatal frente a las manipulaciones de los precios de realización por las transnacionales, tenían un nivel promedio de 27% por encima de dicha realización. Entre 1977 y 1979 el margen diferencial se redujo a niveles entre 11 y 14%. A partir de 1980 volvió a niveles entre 24 y 29%. En diciembre de 1981, con la reforma de la Ley de Impuestos Sobre la Renta, queda establecido que el mismo podría ser de hasta el 30% para 1982, no pudiendo exceder del 25% para los ejercicios de 1983, 84 y 85 y del 20% a partir de 1986 (Art. 169 Ley lSR).


La tasa del ISR aplicable a las actividades de hidrocarburos había llegado, en 1975 al 70,03%. En el transcurso del año 76, al comprobarse que las operadoras registrarían pérdidas contables si se mantenía ese nivel, la tasa se redujo a 65,13 por ciento. Desde 1981, esa tasa se mantiene en el 67,7%, con 2% de descuento por realización de nuevas inversiones, 65,7 efectiva (Art. 70 Ley ISR).


La combinación de valores de exportación y tasas es el principal mecanismo redistribuidor de los ingresos y por esa la discusión se centra en este aspecto. La modificación de la Ley de ISR que hemos señalado intenta establecer un patrón fijo en esas proporciones pautando una escala de modificaciones hasta 1986, año a partir del cual se supone que cesan dichos cambios.


3. Las operaciones quedan obligadas a vender al Banco Central de Venezuela los dólares obtenidos por sus ventas en el exterior a un tipo de cambio inferior al vigente para las operaciones normales, esto producía beneficios cambiarlos retenidos por el Banco. El tipo de cambio al cual habían vendido las concesionarias sus dólares en 1975 fue de 4,20 bolívares.


El 1° de Julio de 1976 se modificó ese tipo de cambio a 4,28, produciéndose allí una nueva fuente de sacrificio fiscal a favor de la industria, por las mismas razones que fueron reducidas las tasas del ISR y los valores de exportación.


A partir de septiembre de 1982 se reduce aún más la diferencia cambiaria, al ser colocado el tipo de cambio del dólar petrolero en 4,2925 bolívares.


La reciente disposición de colocar ese tipo en 6 bolívares por dólar arbitra nuevos fondos para la industria, aun cuando devaluados por la inflación generalizada.


4. Derechos de Importación. Casi totalmente exonerados en los primeros años, comienzan ser un rubro importante a partir de 1980 por la supresión de esas exoneraciones. Así, pasa de 33 millones de bolívares en 1976 a 1.316 millones en 1982.


5. Impuesto Superficial, pagado en Bolívares por hectárea de área asignada.


Su monto no es significativo para las magnitudes consideradas: 37 millones de bolívares en 1982.


6. Las operadoras pagan un conjunto de impuestos menores nacionales y municipales, cuyo monto de 77 millones de bolívares en 1982 duplica al de 1981 y años precedentes, pero tampoco es de consideración en el problema estudiado.


7. El fisco percibe además el impuesto sobre la renta pagado por las empresas que prestan Asistencia Técnica a las operadoras, cuyo monto fue de 2.435 millones en el lapso 76-79.


Este rubro pierde significación a partir de 1980 como resultado de la renegociación de tos contratos de asistencia técnica, que determinó la reducción de las tasas aplicables a esa actividad. El monto de lo percibido por ese concepto entre los artos 1980-82 fue de 342 millones de bolívares.


De todas maneras, este concepto no corresponde al reparto del ingreso por barril producido, sino que pecha las actividades de los entes extranjeros que prestan asistencia.


8. Las operaciones deben separar el 10% de sus ingresos netos como aporte de PDVSA. Ese aporte es deducible a los efectos del pago de Impuesto sobre la Renta por las operadoras. Dicho aporte forma parte, desde luego, de la participación de la industria petrolera en el reparto del ingreso y constituye el fondo de desarrollo y nuevas inversiones de la misma.


Podemos concluir señalando que, a nuestra manera de ver, la multiplicidad de vías por las cuales se produce el reparto del ingreso petrolero entre gasto social y reinversión petrolera ha impedido una clara definición al respecto.


De lo que se trata es de decidir cuál es el destino más conveniente, desde el punto de vista social y económico, a corto y a largo plazo, del ingreso petrolero.


Ello representa un problema de una entidad que sobrepasa al meramente administrativo y tiene que ver con el destino trascendente de la nación venezolana.


Mantener el alambicado mecanismo descrito es una manera de postergar esas definiciones, dejándolo todo al libre juego de los intereses internos e internacionales que se mueven en torno a nuestro petróleo. En ese “libre juego” nunca ha salido bien librado el interés nacional.

CMP Junio 1984

CMP – Abril 2010

Vigencia del Nacionalismo Petrolero en Venezuela -- (Presentación 2006)

La presentación puede ser reproducida en su versión original presionando el siguiente enlace:



nacpetrovzla.ppt

PROLOGO A: INTERNACIONALIZACIÓN UNA COSTOSA ILUSIÓN - DE JUAN CARLOS BOUÉ

EXPORTACIÓN DE BENEFICIOS 
IMPORTACIÓN DE COSTOS:
PARADOJA DE LA
‘INTERNACIONALIZACIÓN PETROLERA’
VENEZOLANA

Carlos Mendoza Pottellá
Moscú 3 de febrero de 2004

‘...cabe destacar que el precio de venta de crudo inferior al precio de mercado, significa una transferencia al fisco norteamericano según el siguiente detalle: incrementa las ganancias de Citgo en 210 millones de dólares, con un efecto de impuesto [norteamericano, n.n.] estimado a la tasa nominal de 71 millones de dólares y disminuye las ganancias de PDVSA en 210 millones de dólares,, lo cual representa una disminución nominal de impuesto sobre la renta venezolano de 142 millones.’ (*)

(*)  Rafael Darío Ramírez Coronado, Informe del Comisario de PDVSA 1999, p. 28. Caracas 2000.

En 1976 se produjo una ruptura en la política petrolera venezolana. El inevitable curso hacia una nacionalización integral a partir de 1983, por virtud del principio constitucional vigente entonces de no otorgar nuevas concesiones petroleras y el vencimiento del 80 por ciento de las mismas en ese año, fue abortado por las transnacionales petroleras apelando al recurso de  proponer, ellas mismas, una nacionalización anticipada, cortada a su medida.

Uno de los principales instrumentos de esa nacionalización sui géneris fue el mantenimiento en el seno de las operadoras nacionalizadas de un cuerpo gerencial ‘nativo’, perfectamente entrenado en la filosofía y los intereses de las antiguas concesionarias. Ese cuerpo gerencial inició entonces el desmontaje de todo el andamiaje de control operativo y fiscal de la Nación sobre los recursos de hidrocarburos y su industria, trabajosamente forjado entre 1920 y 1973.

Ese desmontaje comenzó el primero de enero de 1976 con dos tipos de contratos firmados entre las antiguas casas matrices extranjeras y las nuevas ‘operadoras’ estatales: En primer lugar los contratos de ‘asistencia técnica’, por los cuales se pagaron 7.500 millones de dólares entre 1976 y 1979, los cuales no remuneraban la prestación de ningún servicio y se constituyeron simplemente en una forma de multiplicar la ‘indemnización’ que se pagó a las corporaciones extranjeras por acceder a ser ‘estatizadas’. En segundo lugar fueron los contratos de comercialización, mediante los cuales se otorgaban descuentos graciosos de hasta 49 centavos de dólar (contrato Lagoven-Exxon) y se arbitraban mecanismos para no cumplir con las fijaciones de precios establecidos en el seno de la OPEP.

Posteriormente, en cada una de las grandes iniciativas gerenciales expansivas y modernizadoras tomadas por la ‘meritocracia’ petrolera hasta 1998 se fueron quedando pedazos de la soberanía y del patrimonio nacional:

• en un cambio de patrón de refinación con exagerados sobreprecios y diseñado para mantener y reforzar los vínculos de las corporaciones extranjeras con sus antiguas filiales

• en unos ‘megaproyectos’ de la Faja del Orinoco que contemplaban una inversión de 5.000 millones de dólares anuales entre 1980 y 2000 y se fundamentaban en la funambulesca proyección de que en 1990 los precios del petróleo de 30 grados API estarían alcanzando los 60 dólares el barril, lo cual haría rentables y competitivas las diversas mezclas de crudos extrapesados con diluentes.

• en el desmontaje del aparato de control y fiscalización encarnado en los Ministerios de Energía y Minas y Hacienda, simultáneamente con el envilecimiento de los instrumentos fiscales y soberanos específicos: la regalía petrolera minimizada y el valor fiscal de exportación eliminado.

• la multiplicación de planes y proyectos de inversión petrolera, bajo la filosofía de la siembra del petróleo en el petróleo, independientemente de la rentabilidad neta para la Nación. En este último tipo de operación encaja el programa de adquisición por parte de DVSA de refinerías y otras instalaciones en el exterior conocido como ‘internacionalización’.

En efecto, desde sus inicios en 1982, el programa de compra de refinerías en el exterior llamó la atención de todos aquellos que evaluábamos críticamente la gestión de la industria petrolera nacionalizada.

"En las investigaciones promovidas en el Congreso ha quedado de manifiesto el hecho de que los consultores jurídicos de PDVSA y el Ministerio de Energía y Minas, de consuno con el Procurador General de la República, constituyeron un ‘jurado complaciente’ para escudriñar en los vericuetos de la Constitución Nacional y las leyes específicas del  sector petrolero a fin de encontrar una fórmula que permitiera a la industria eludir la obligatoriedad de someter un contrato de evidente interés nacional a la consideración y probación por parte del Poder Legislativo." (*)

 Aquéllas fueron las primeras sospechas, despertadas por los sigilosos pasos dados por el entonces Ministro de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, para sacar del escrutinio público y legislativo al proyecto de adquisición de una refinería de Veba Oel en Alemania. Pero, a pesar de todas las críticas, y una temporal suspensión del programa en 1984, el ‘poder petrolero’ logró imponer su voluntad y extenderlo hasta sus magnitudes actuales, completada con las adquisiciones hechas en 1998.

(*) Mendoza Pottellá, PDVSA: ¿Autonomía financiera o soberanía supranacional? en Punto Socialista, No. 3, Caracas, julio de 1983.

En algunas publicaciones internacionales de principios de los años 90 se llegó a comentar críticamente la iniciativa de los petroleros venezolanos:

De nada valieron las denuncias y análisis internacionales, mucho menos las observaciones alimentadas tímidamente por las ‘filtraciones’ procedentes de anónimos venezolanos dignos que laboraban en la Dirección de Refinación del MEM, en los Departamentos de Comercio y Suministro de Lagoven y Maraven, en la propia PDVSA, o sustentadas en las cifras del folleto distribuido por PDV América en Wall Street, en cumplimiento de las normas de la Securities and Exchange Commission para la emisión de bonos por mil millones de dólares en 1993. (*) 

‘PDV's internationalisation drive, which began in Germany in 1983, has always been controversial. Critics said that the discounts PDV was obliged to apply on its heavy crude to meet German market specifications made the whole undertaking unprofitable.’ (*)

(*) Maria Kielmas, Little Moves Ahead Of An Explosion, Petroleum Economist, November 1992. pp. 14-17.

 Todas esas objeciones eran dejadas de lado porque procedían del sector de los ‘tradicionales enemigos de la industria’, descalificados a priori, según la matriz de opinión impuesta y sostenida por el control previo de los principales medios  comunicación, con la censura y el veto que padecimos en carne propia entre 1975 y 1998. (*)

(*) Salomon Brothers Inc. Prospectus $1,000,000,000 PDV America Inc., New York, NY, July 1, 1993

La ‘integración de Venezuela hacia los mercados de consumo’ fue vendida al país como ‘una estrategia indispensable para lograr un nivel aceptable de exportaciones en una base estable y confiable. Tal integración sería particularmente importante en la comercialización de crudos pesados/extrapesados’ (*). Por el contrario, en el transcurso de los últimos veinte años se han acumulado evidencias suficientes para catalogar a esa ‘integración’ como contraria al interés nacional y lesiva del patrimonio público venezolano.

(*) Mendoza Pottellá, El Poder Petrolero y la Economía Venezolana. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela, pp. 211-243, Caracas 1995.

Sin embargo, el diseño y ejecución de ese programa, sustentado en grandes, masivas y eficientes falacias mediáticas, y en complicadas operaciones de ingeniería financiera, ha garantizado su perdurabilidad y colocado barreras contractuales tales que, todavía hoy, es muy difícil desmontarla sin grandes pérdidas para la Nación.

(*) PDVSA, Planificación a Mediano Plazo (1983-1988), Premisas y lineamientos preliminares. Caracas, abril 1982.

A partir de 1998, con la llegada al poder del Presidente Chávez, comienzan a aparecer en las cifras oficiales las primeras certificaciones de las denuncias que venimos voceando desde 1983. Una prueba de ello es el análisis que al respecto hace el Comisario de PDVSA para 1999, Rafael D. Ramírez C., a quien citamos en el epígrafe con una de sus constataciones para ese mismo año, objeto de su estudio.

Ahora, 20 años después de su inicio, tenemos una visión bastante más completa de esta operación de la meritocracia petrolera y sus lamentables resultados para el país: Un negocio que para el año 2001 recibía, en 19 refinerías repartidas entre Estados Unidos, el Caribe, Alemania, Suecia, Bélgica y el Reino Unido, más del 40% de las exportaciones de crudo de Venezuela. Que con ese volumen de crudo producía, ese mismo año, 26.927 millones de dólares en ingresos por ventas, pero que generaba una ganancia en operaciones de sólo 638 millones de dólares, procedentes, a su vez, del descuento de 936 millones de dólares hecho por PDVSA a sus filiales, lo cual comportó, consecuentemente, una pérdida real para el accionista, la Nación venezolana, de 298 millones de dólares, mientras que simultáneamente se realizaban nuevas inversiones en esas mismas filiales por 517 millones de dólares adicionales. Retrocediendo desde el 2001, hasta 1991 es posible seguir el rastro a cifras con proporciones similares entre ingresos brutos, descuentos, ganancias ficticias, pérdidas reales y nuevas inversiones. Entre 1983 y 1990, ambos inclusive, ni siquiera existía la púdica hoja de parra de las ‘ganancias operativas antes de impuesto’... todo era pérdida (ver tabla).

Esta tabla, inserta en varios de nuestros trabajos anteriores, es una muestra del esfuerzo de inferir la realidad a partir de diversas fuentes, la mayoría de las cuales aportaban datos deliberadamente truncados y trucados para ocultarla.

Creemos que se necesitan muchos y superlativos adjetivos para poder exagerar el significado negativo de estas cifras para la Venezuela. Pero entendemos la necesidad de un abordaje objetivo y mesurado de la cuestión. Así pues, dejemos hablar a Juan Carlos Boué.

Este autor mexicano ha dedicado muchos años a la realización de una investigación seria, severa y minuciosa, ‘en fuerza de documentos ciertos e incontrastables’ (como se propuso,

citando la recomendación de un cronista de Indias de hace más de dos siglos) (*)  sobre el programa de adquisición de refinerías y otros activos en el exterior desarrollado por Petróleos de Venezuela desde 1982. Convertido en tesis doctoral, su trabajo fue publicado en 1997 por la Universidad de Oxford bajo el título de ‘The Political Control of State Oil Companies. A Case Study of the International Vertical Integration Programme of Petroleos de Venezuela’.
Boué ha contribuido como nadie a develar la verdad escondida detrás de la intrincada trama urdida (*) por el poder petrolero que rigió al petróleo venezolano y a Venezuela toda hasta enero de 2003. A pesar de todos los vetos y velos mediáticos desarrollados por ese poder petrolero, los trabajos de Boué se han convertido en un valioso instrumento en la lucha por el rescate de la soberanía nacional sobre su industria, conculcada por una claque tecnocrática al servicio, en principio, de sus propios y particulares intereses de casta privilegiada, pero sobre todo, y de manera desproporcionada, al de sus poderosos socios extranjeros.

(*) Don Juan Bautista Muñoz y Ferrandis, Historia del Nuevo Mundo (Madrid, 1793), citado por Boué en El Programa de internacionalización de PDVSA: ¿Triunfo estratégico o desastre fiscal? Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales Vol. 8, No. 2 (mayo-agosto) pp. 237-282, Caracas 2002

(*) ‘El complejo esquema organizacional del sistema internacional de refinación y mercadeo de PDVSA... es el producto de la aplicación de criterios de ingeniería financiera orientados a canalizar las ganancias generadas en este sistema hacia un par de compañías tenedoras de acciones que han fungido como matrices remotas de las filiales de refinación de PDVSA a lo largo de la mayoría de la historia del programa de internacionalización...’ J. C. Boué, trabajo prologado, p. 3.

Hasta ahora, las constataciones de Boué, científicamente inobjetables, han quedado confinadas al reducido círculo académico y político permeable a tales planteamientos por encontrarse inmerso desde hace años en el combate por una auténtica nacionalización de los recursos de hidrocarburos venezolanos. Pero en esta oportunidad, el autor nos propone un texto que refleja una madura síntesis esencial de sus previos hallazgos y conclusiones, la cual puede ser de gran utilidad para generalizar, vale decir, vulgarizar, la verdad que enfrenta a la falacia.

Manteniendo toda la serenidad, sindéresis y basamento fáctico que exigen los auténticos trabajos académicos, Boué concluye, con certeza y solidez, que la internacionalización no es otra cosa más que un mecanismo de importación de costos externos y transferencia de ganancias al exterior.

A esa conclusión arriba después de verificar, en primer lugar, que el total de 6.480 millones de dólares desembolsados en la adquisición de activos en el exterior y en sucesivos aportes patrimoniales y gastos de inversión, han significado ‘un desembolso bruto de 1,27 USD por cada uno de los 5,070 millones de barriles de crudo venezolano que PDVSA ha enviado a proceso en refinerías de su propiedad entre 1983 y 2002 inclusive’ para luego constar que ese desembolso bruto, es neto, porque “PDVSA ha permitido que sus filiales retengan (con propósitos de reinversión) prácticamente la totalidad de los flujos generados por sus operaciones, y nunca ha buscado su repatriación a Venezuela a través de la declaración de dividendos’ (*)
En segundo lugar, continúa armando el círculo vicioso de ese increíble ‘negocio’ mediante la contabilidad de un descuento promedio durante ese mismo lapso y para ese mismo volumen total de crudo de ‘1.50 USD por barril, estimado a partir de las cifras reales (ajustadas por calidad)’ con el cual puede afirmar que ‘el costo de oportunidad potencial de los descuentos asciende a más de 7,500 MMUSD (hasta finales de 2002 inclusive)’ (*)

(*) J. C. Boué, loc. cit., p. 5.

Finalmente, describe los mecanismos mediante los cuales se movilizan costos y ganancias entre la casa matriz venezolana y sus afiliadas externas, completando así la figura del perro que muerde su propia cola:

(*) Ibid., p. 19

Nos coloca así, de manera incontrovertible, frente una realidad que durante años había sido sólo esbozada con indicios, inferencias o sospechas maliciosas de los ‘enemigos de la industria’. Nuestras viejas y fragmentarias denuncias no concitaban el apoyo de los sectores ‘nacionalistas pero moderados’ porque las cifras que se asomaban, con rudimentarios elementos de convicción, eran de una magnitud tal, que fácilmente podían ser atribuidas al estilo adjetivo, procedente de las torrenciales descargas de indignación, que distingue siempre a los predicadores en el desierto. De hecho, al escribir estas líneas de reconocimiento a la objetiva, fría y contundente eficiencia analítica de los trabajos de Boué, no podemos dejar de expresar esa misma sensación, contenida a través de tantos años.

‘...los mecanismos de importación de costos y transferencia de nancias que subyacen al programa de internacionalización son complementarios: mientras  que el objetivo de los primeros es que contabilicen en Venezuela tantos costos como sea posible, el objetivo de los segundos es que suceda exactamente lo opuesto con los ingresos’.(*)  (*) Ibid., p. 22

Y lo sentimos así, porque todavía falta mucho para que esa verdad sea reconocida universalmente. Porque todavía vivimos en un país cuya ‘opinión pública’ se solaza y conforma con los mitos banales impuestos por el imperio mediático que penetra en todas las esferas sociales y dicta las modas y límites de lo políticamente correcto, de lo democrático y hasta de lo auténticamente nacional.

Y en esto reside para nosotros la importancia capital del trabajo que estamos prologando.

Porque se trata de un combate por la conciencia nacional. Se trata de llegar con hechos ciertos e incontrastables a sectores que han sido maleados y adormecidos por la prédica de la resignación ante la incursión avasallante de una postmodernidad apátrida y transnacional.

Pero se trata también de que el discurso de Boué no quede para los que escribirán, dentro de un siglo, la historia definitiva de estos tiempos y constaten la certeza de sus investigaciones.

Se trata de alimentar con esa realidad, aquí y ahora, el proceso de toma de decisiones en la industria petrolera y, en general, el de las decisiones políticas y económicas nacionales.

Moscú, 3 de Febrero de 2004