jueves, 14 de abril de 2011

Entrevista en "FLAMA, Liberación y Petróleo"

Entrevista al profesor

Carlos Mendoza Pottellá



FLAMA Liberación y Petróleo –  Abril - Junio 2011


Revista Flama: ¿Cómo cree usted que ha influido el petróleo o la explotación petrolera en la cultura venezolana y qué efectos o daños cree usted ha generado en el inconsciente o imaginario colectivo venezolano el concepto y valor de cultura rentística petrolera?

Carlos Mendoza Potellá: Esta pregunta se refiere al mundo y sus alrededores. El petróleo ha sido todo en la vida de los venezolanos del siglo XX y amenaza con seguir siéndolo en el XXI.

La respuesta a su pregunta está en una densa bibliografía que arranca desde Labor venezolanista de Alberto Adriani y que tiene hitos importantes en La cultura del petróleo de Rodolfo Quintero, Hundiéndonos en el excremento del Diablo de Juan Pablo Pérez Alfonzo, y toda la obra de Salvador de la Plaza, sólo por citar algunos. Pretender responder esa pregunta en pocas líneas sería realmente un atrevimiento irresponsable. Más bien, nos da la oportunidad para alertar sobre la necesidad de rescatar todo nuestro acervo en esa materia, dejado de lado precisamente por los designios de las metrópolis capitalistas y las grandes trasnacionales en el marco del denominado Consenso de Washington que fue recibido y aplicado con genuflexa complacencia por las élites gobernantes venezolanas en el último cuarto del siglo pasado.

No dejo, sin embargo, de hacer algunas observaciones.

Es ya un lugar común observar que la disposición de una renta, es decir de un ingreso no generado por las fuerzas productivas internas, sino por un ingreso surgido de la existencia bajo nuestro subsuelo de un producto escaso a nivel mundial, pero absolutamente necesario para alimentar las economías planetarias, ha tenido los efectos perniciosos que se asocian con el concepto de “cultura rentística”. Sin embargo, el uso abusivo del calificativo “rentístico” ha servido para que los partidarios del expansionismo petrolero, en asociación subordinada con el capital petrolero transnacional desacrediten la lucha venezolana por asegurar una justa retribución a la liquidación de un patrimonio nacional y privilegie una supuesta “mentalidad productiva” que, paradójicamente, consistiría en “sembrar el petróleo en el petróleo” para hacernos cada día más petroleros y posponer sine die los sueños de un desarrollo integral, autónomo y autosostenido, centrado en los esfuerzos productivos de la población venezolana en los sectores agropecuarios e industriales internos.

No dudo que existan venezolanos que consideren que insistir en nuestra “ventaja comparativa” petrolera sea el camino más conveniente para el país y que un destino como el de Puerto Rico sería óptimo para acabar con la pobreza y el subdesarrollo.

Por eso mismo, es necesario colocar la discusión sobre el rentismo en un contexto integral en donde se juzguen los valores de independencia, soberanía y nacionalismo junto a los objetivos de desarrollo humano y justicia social.

RF: ¿Por qué Venezuela a pesar de poseer los inmensos recursos petroleros que tiene y ha tenido, no logra dar el salto en el tema de la independencia económica, el desarrollo, la independencia tecnológica?


CMP: Durante más de un siglo el petróleo ha constituido el corazón del “sector externo de la economía venezolana”. Con ello se hace referencia, por un lado, a la circunstancia de que la industria petrolera se implantó en nuestro país bajo el impulso y férreo control del gran capital petrolero anglo-norteamericano; pero sobre todo, a su carácter de enclave, de factoría colonial, generadora de inmensos recursos originados en la exportación de casi toda su producción, sin conexiones estructurales con el resto de los sectores económicos del país.

Las negativas consecuencias de esas circunstancias han sido motivo de intensa discusión y análisis desde la segunda década del siglo XX, cuando nuestro primer economista, Alberto Adriani las caracterizó y determinó la necesidad de utilizar los recursos provenientes de las exportaciones petroleras en el desarrollo de los sectores productivos internos, de manera fundamental la agricultura y la industria, constituyentes para él del núcleo de lo que debería ser una economía generadora permanente de riquezas, en oposición al carácter temporal de toda economía minera y, en particular, de la economía petrolera. Esto luego se convirtió en la conocida consigna de “sembrar el petróleo”.

La historia venezolana del siglo pasado puede eslabonarse con los reiterados, siempre truncos y fallidos intentos de hacer realidad esa consigna. Juan Pablo Pérez Alfonzo caracterizó ese fracaso como “la imposible siembra”, aludiendo entre otras cosas a la disposición inconsciente de recursos petroleros que desbordaban la capacidad de absorción del aparato económico nacional.


A pesar de las advertencias de Adriani, la industria petrolera continúa siendo el “sector externo” de la economía nacional, generador de una inmensa capacidad de importación y barrera infranqueable para el desarrollo de una industria y agricultura autónomas y autosostenidas.

Por todo lo anterior, la siembra del petróleo es un reto que los venezolanos tenemos pendiente.

Lamentablemente, todavía persisten, en el inconsciente nacional los sueños petroleros, alimentados por la certificación de reservas que nos auguran unos 200 ó 400 años en los primeros lugares del ranking mundial de los productores de ese material. En esas condiciones es muy tentador dejarse a la molicie del menor esfuerzo y esperar, como las ranas tontas en el agua tibia, para descubrir, cuando ya sea tarde, que el agua está hirviendo.


RF: ¿Cree que es conveniente que Pdvsa concentre tantas actividades paralelas y externas a la actividad central de la industria petrolera, actividades que van de lo educativo, productivo, alimentario? ¿Esto no convertiría a Pdvsa en un Estado paralelo?


CMP: Este es un problema de orden organizativo del Estado. Pdvsa es, desde luego, la rama operativa de la industria petrolera, encargada de la gestión del negocio. Como tal, recibe directamente los fondos que genera la exportación petrolera y, según el caso, los entrega en dólares al Banco Central de Venezuela para que éste genere los bolívares con los cuales se mueve internamente la economía nacional o a organismos como Fonden para financiar proyectos de inversión directa según prioridades establecidas por el Ejecutivo Nacional. La utilización de recursos financieros, espacios, infraestructura y capacidades gerenciales para fines distintos a los petroleros es una potestad del Ejecutivo y debe ser evaluada en cada caso, de acuerdo a su éxito o fracaso. Uno de los criterios para esta evaluación tiene que ser, precisamente, que ello no afecte la capacidad operativa de la industria en su sector medular. Pero ello no puede ser determinado a priori. Ni es un problema de creer en su conveniencia: es una vía escogida para acelerar algunos proyectos, de manera fundamental, el del abastecimiento de alimentos a la población de menores recursos, que a lo mejor no tienen el glamour de las operaciones asociadas al uso de tecnologías de punta en procesos refineros o petroquímicos, pero que constituyen prioridades absolutas en el contexto social contemporáneo. En tanto que esas son decisiones del Poder Ejecutivo, y se trata de tareas que les son asignadas para un cometido específico, ello no convierte a Pdvsa en un Estado dentro del Estado. Por el contrario, esa tendencia si existió en el último cuarto del siglo XX, cuando las iniciativas de programas y proyectos petroleros, de liquidación del Ministerio de Energía y Minas y deterioro planificado de la capacidad del Estado para percibir ingresos fiscales, eran generados en las cúpulas gerenciales petroleras y luego santificadas por el Ejecutivo en cada oportunidad.

RF: ¿Cuál cree usted que sea el papel que debe jugar la política petrolera venezolana para la concreta integración latinoamericana? ¿Cree que los pueblos deban también participar en ello? ¿En qué forma?

CMP: Los hidrocarburos, en particular el petróleo, se convirtieron, desde la segunda mitad del siglo pasado en la principal fuente energética, base de la matriz energética que rige el progreso social y económico de los países del mundo, desarrollado o en vías de desarrollo.


El agotamiento de las reservas probadas mundiales de crudo durante los últimos años, aunado al cuello de botella que presentan las relaciones producción-consumo y oferta-demanda, ha facilitado que se gire también la mirada hacia el gas como vértice importante de la matriz energética.


En este sentido, Venezuela posee una ventaja comparativa en el contexto americano y global.


El actual balance energético latinoamericano, en su estructura y funcionamiento, está dominado por las energías fósiles no renovables, y es bastante probable que por un período largo se mantenga el predominio del petróleo y del gas como fuentes básicas. De allí que Venezuela ofrece sus recursos energéticos como petróleo y gas, su principal recurso por ser un país monoproductor en hidrocarburos.


Es obvio que los hidrocarburos han jugado, en los últimos cien años, un papel primordial de geoestrategia en las relaciones internacionales del mundo contemporáneo. Por ello no es posible dejar de considerarlo a la hora de formular políticas de integración entre los pueblos de América Latina, tan urgidos, hoy por hoy, de una integración comercial regional abierta que nos coloque, unidos y homogéneos, frente a los grandes bloques comerciales y empresas mastodontes del comercio internacional globalizado. Latinoamérica, sin distinciones políticas, religiosas, geográficas ni culturales de ninguna naturaleza, tiene la imperiosa necesidad de concurrir a una integración de toda la región, y Venezuela como país donde confluyen diversas características geopolíticas de la región porque es caribeño y a la vez atlántico, andino y también amazónico, y además se encuentra a caballo entre Suramérica y el Caribe, debe unir sus esfuerzos en procura de tan predicada integración.

En esas circunstancias, en los procesos de integración económica, financiera, comercial y política latinoamericanos, Venezuela aporta, de manera determinante, iniciativas hacia la integración energética, basada en sus propios recursos y en coordinación con los demás productores de la región. Siendo nuestro país una economía petrolera de exportación, es lógico que use el petróleo como arma geoestratégica de integración regional.

RF: Ahora que somos la mayor reserva petrolera del mundo, ¿cómo ve el diseño de estrategias para superar el carácter rentista de nuestra economía?

CMP: Aquí volvemos a la segunda pregunta donde hablé de las dificultades del superar el carácter rentista de nuestra economía cuando nos enfrentamos a la tentación de seguir siendo petroleros por 400 años. Vale la pena insistir: La magnitud de esos recursos es tal que desborda nuestra capacidad de gestión e inversión autónoma a corto y mediano plazo. La tentación petrolera es un riesgo evidente para la soberanía nacional, porque es muy sencillo lograr que los grandes capitales se vuelquen sobre el país. Basta con otorgarles condiciones favorables y garantías de aprovechamiento privilegiado de nuestros recursos.


En tales condiciones, el diseño de estrategias para superar el rentismo se presenta como una ardua tarea, digna de Sísifo, donde el primer combate será contra el sentido común petrolero generalizado que nos lleva a glorificar ese primer puesto que ocupamos en el ranking y afloja nuestras defensas, al punto de considerar al nacionalismo como una discurso desfasado, indigno de la postmodernidad que nos arropa.

RF: Considerando la actual situación ecológica del mundo, ¿qué políticas podría implementar o ha implementado tanto Pdvsa como el Gobierno Bolivariano en relación al tema de la necesidad de las energías alternativas y el cuidado del medio ambiente?

CMP: En primer lugar, creo necesaria una campaña nacional de concientización sobre los riesgos de las compulsiones productivistas petroleras. Acentuar la defensa de la valorización del recurso petrolero. Dar prioridad al desarrollo de las reservas del gas natural y sustituir de manera acentuada el consumo interno de hidrocarburos líquidos. Desarrollar la investigación científica nacional para el aprovechamiento de los recursos energéticos alternativos de que dispone la nación en los campos geotérmicos, eólicos, nucleares e hidráulicos. Desarrollo de vías y medios de comunicación alternos al automóvil individual y las autopistas: ferrocarriles, tranvías, metros.

RF: ¿Qué futuro ve posible para Venezuela y cuáles recomendaciones nos da desde su vasta experiencia?

CMP: Como se sabe, Venezuela cuenta con inmensos recursos naturales y no es el caso insistir sobre ello. De lo que se trata es precisamente de encontrar la manera de liberarnos de la condena al rentismo parasitario y de construir una sociedad integralmente productiva, autosostenida, centrada en el desarrollo de su población y en la cancelación de la inmensa deuda social que hoy nos abruma con la pobreza y marginalidad de gran parte de la población.


Pero se trata de una tarea de magnitudes históricas, de largo plazo, que ameritan un programa bien meditado de políticas económicas y sociales que sea el producto de una voluntad política firme, que eluda las tentaciones facilistas y que convoque a la población venezolana a construir un país sustentado en el desarrollo de sus propias fuerzas productivas.

RF: ¿Cómo puede visualizarse la constitución de empresas mixtas para la explotación petrolera en el marco del socialismo en el siglo XXI?

CMP: Las empresas mixtas no son otra cosa que una estructura de asociación empresarial cuya utilización debe ser evaluada en el contexto del cual se trate. En tiempos de la apertura impulsada por la meritocracia petrolera de finales del siglo pasado, esas y otras asociaciones fueron utilizadas para intensificar la participación del capital trasnacional en la industria petrolera venezolana, otorgando condiciones lesivas del patrimonio nacional y que reforzaban nuestra dependencia de las más grandes corporaciones. Su utilización en el contexto contemporáneo forma parte de una política de diversificación de las fuentes de capital y tecnología extranjera que se requieren para el desarrollo de actividades complejas y con altos niveles de inversión, como evidentemente es el caso de los mejoradores para procesar los crudos extrapesados de la faja del Orinoco.

En conclusión, su utilidad o perversidad dependerá de los fines para los que sean utilizadas, tal cual como un machete puede ser destinado a usos agrícolas o criminales.

RF: ¿Es consonante la explotación de la faja petrolífera del Orinoco con la tesis de socialismo en el siglo XXI?


CMP: Al igual que en la pregunta anterior, los recursos pueden ser utilizados para fines antagónicos. En este caso se trata, precisamente, de la orientación que se le quiera impartir a una actividad económica que puede servir para apuntalar la construcción de una Venezuela más justa y humana, soberana y dueña de su destino o, por el contrario, para convertirnos en apéndice del gran capital trasnacional.


Los 21 países que aparecen involucrados en los proyectos actuales de la faja contrastan con las corporaciones casi exclusivamente anglonorteamericanas que participaban en los proyectos de la meritocracia aperturista.

RF: ¿Qué opinión le merece la política emprendida por la Nueva Pdvsa relativa a salir de los activos refinadores en el exterior? (Caso Ruhr Oel en Alemania y Citgo en Estados Unidos).

CMP: Desde 1994 he venido denunciando públicamente el fiasco que ha sido el programa de compras de refinerías obsoletas y dilapidadas que inició la meritocracia petrolera en 1989. Esas refinerías constituyen un lastre que venimos arrastrando desde entonces y, aun cuando ha existido la voluntad política de salir de tan pésimo negocio, ello no ha sido posible completamente, porque nadie quiere asumir los costos que Venezuela asume para mantener esas instalaciones.


Cito a continuación un texto escrito precisamente en 1994 sobre el programa de adquisición de refinerías en el exterior, o “internacionalización”, como fue bautizada:

Eso fue así en 1994 y fue empeorando con los años.
“Desde un principio se presenta como una estrategia competitiva, de aseguramiento de mercados para los crudos venezolanos, como una alternativa ante un posible deseado y buscado colapso de la OPEP. Una estrategia de cara al cliente desarrollado, que libere a una empresa, que se siente del primer mundo, de las ataduras tercermundistas que aquella organización encarna. Igualmente, y como se asoma en el lineamiento
transcrito, se planteó que el poseer refinerías en el exterior permitía la adaptación de las mismas, vía conversión profunda, al procesamiento de los crudos cada vez más pesados que constituyen las reservas remanentes del país. De hecho, se afirmó que ese era uno de los compromisos que sustentaban el convenio con la Veba Oel. Hoy sin embargo se sabe que nada se  ha hecho en este sentido, pues no ha variado la gravedad API de la dieta de tales refinerías y, lo que es peor, que nada se hará, porque el socio extranjero considera inviables tales emprendimientos en unas condiciones de plétora de crudos livianos en el mercado."
(El poder petrolero y la economía venezolana. CMP, 1994)
Todavía hoy, las compras de crudo y productos no venezolanos en el exterior constituyen el rubro mayoritario de los costos operacionales totales de Pdvsa, siendo así un desangramiento neto de los ingresos que debería generar la industria si no tuviera esa rémora.


FLAMA Liberación y Petróleo - Abril - Junio 2011









“Es obvio que los hidrocarburos han jugado, en los últimos cien años, un papel primordial de geoestrategia en las relaciones internacionales del mundo contemporáneo. Por ello no es posible dejar de considerarlo a la hora de formular políticas de integración entre los pueblos de América Latina, tan urgidos, hoy por hoy, de una integración comercial regional abierta que nos coloque, unidos y homogéneos, frente a los grandes bloques comerciales y empresas mastodontes del comercio internacional globalizado.”


Latinoamérica, sin distinciones políticas, religiosas, geográficas ni culturales de ninguna naturaleza, tiene la imperiosa necesidad de concurrir a una integración de toda la región, y Venezuela como país donde confluyen diversas características geopolíticas de la región porque es caribeño y a la vez atlántico, andino y también amazónico, y además se encuentra a caballo entre Suramérica y el Caribe.


Entrevista concedida à Revista FLAMA - Liberación y Petróleo, número de abril/junho de 2011







Carlos Mendonça Pottellá

Traducción al portugués de Flavio Benedito


REVISTA FLAMA: Como o Sr. crê que o petróleo ou a exploração petroleira tem influído na cultura venezuelana, e que efeitos ou danos o Sr. acredita que tenham sido provocados no imaginário coletivo do país pela concepção e importância de uma cultura rentista petroleira?


CMP: Esta pergunta se refere ao mundo e seus arredores... O petróleo tem sido tudo na vida dos venezuelanos do século XX, e corre-se o risco de continuar sendo a mesma coisa neste século XXI.

A resposta a sua pergunta está em uma densa bibliografia que se inicia com Labor venezolanista, de Alberto Adriani, e que tem momentos importantes em outras obras como La cultura del petróleo, de Rodolfo Quintero, e Hundiéndonos en el excremento del Diablo, de Juan Pablo Pérez Alfonzo, bem como toda a obra de Salvador de la Plaza, apenas para citar alguns autores mais conhecidos. Pretender dar resposta a esta pergunta em poucas linhas seria realmente um atrevimento irresponsável. Contudo, ela nos dá a oportunidade de alertar sobre a necessidade de resgatar todo nosso acervo nessa matéria ─ posto de lado, aliás, precisamente pelos desígnios das metrópoles capitalistas e das grandes empresas transnacionais no quadro geral definido pelo assim chamado Consenso de Washington, que foi recebido e aplicado com genuflexa complacência pelas elites governantes da Venezuela neste último quartel de século. Aproveito, por isso, para fazer algumas observações.

É já um lugar-comum afirmar que a disponibilidade de uma renda, isto é, de uma receita não gerada pelas forças produtivas internas, mas surgida da existência, em nosso subsolo, de um produto escasso em nível mundial (conquanto absolutamente necessário para alimentar as economias do planeta) tem provocado os efeitos perniciosos que se associam ao conceito de cultura rentista. Não obstante, o uso abusivo do qualificativo rentista presta-se aos partidários do expansionismo petroleiro para que, em associação subordinada com o capital petroleiro transnacional, desacreditem a luta venezuelana por assegurar uma retribuição justa à venda de um patrimônio nacional e privilegiem uma suposta "mentalidade produtiva" que, paradoxalmente, consiste em "semear o petróleo no petróleo" e fazer-nos cada dia mais petroleiros, postergando sine die os sonhos de um desenvolvimento integral, autônomo e autossustentado, centrado nos esforços produtivos da população venezuelana nos setores agropecuários e industriais internos. Não duvido de que existam venezuelanos que considerem o caminho mais conveniente para o país o de insistir em nossa "vantagem comparativa", e que seria ótimo um destino como o de Porto Rico para acabar com a pobreza e o subdesenvolvimento.

Por isso mesmo, é necessário colocar a discussão sobre o rentismo em um contexto integral, no qual sejam julgados os valores de independência, soberania e nacionalismo, juntamente com os objetivos de desenvolvimento humano e justiça social.


RF: Por que a Venezuela, apesar dos imensos recursos petrolíferos que sempre possuiu, é incapaz de dar um salto na questão da independência econômica, no desenvolvimento e na autonomia tecnológica?


CMP: Durante mais de um século, o petróleo vem constituindo o coração do "setor externo da economia venezuelana". Com isso, fazemos referência, por um lado, à circunstância de que a indústria petroleira implantou-se em nosso país sob o impulso e o férreo controle do grande capital petroleiro anglo-norte-americano; e, por outro lado, ao seu caráter de enclave, de feitoria colonial, geradora de imensos recursos provenientes da exportação de quase toda sua produção, sem conexões estruturais com o resto dos setores econômicos do país. As consequências negativas dessas condições têm sido motivo de intensa discussão e estudo desde a segunda década do século XX, quando nosso primeiro economista, Alberto Adriani, caracterizou-as e definiu a necessidade de utilizar os recursos advindos das exportações petroleiras no desenvolvimento dos setores produtivos internos ─ fundamentalmente, a agricultura e a indústria, elementos constituintes, para ele, do núcleo do que deveria ser uma economia geradora permanente de riquezas, em oposição ao caráter provisório de toda economia mineira e, em particular, da economia petroleira. Isso logo se converteu no conhecido lema de "semear o petróleo".


A história venezuelana do século passado está encadeada aos reiterados mas sempre incompletos e falhos intentos de tornar realidade esse lema. Juan Pablo Pérez Alfonso caracterizou esse fracasso como "o semear impossível", aludindo entre outras coisas à disposição inconsequente dos recursos petroleiros que extravasavam a capacidade de absorção do aparato econômico nacional. Apesar das advertências de Adriani, a indústria petroleira continua sendo o "setor externo" da economia nacional, geradora de uma imensa capacidade de importação e, ao mesmo tempo, uma barreira intransponível para o desenvolvimento de uma indústria e uma agricultura autônomas e autossustentadas. Por tudo isso, "semear" o petróleo constitui um desafio que os venezuelanos ainda mantemos não resolvido.

Lamentavelmente, ainda persistem no inconsciente nacional os sonhos do petróleo, alimentados pela confirmação de reservas que nos auguram uns 200 ou 400 anos entre os primeiros lugares no ranking mundial dos produtores do óleo. Nessas condições, é muito tentador entregar-se à preguiça do menor esforço e esperar, como as rãs tolas na água morna, para descobrir já tarde demais que a água está fervendo.

RF: O Sr. acha conveniente que a estatal petroleira PDVSA se concentre em tantas atividades paralelas e externas à atividade central de indústria petroleira, atividades ligadas, por exemplo, ao setor educativo, produtivo e alimentício? Isso não poderia converter a PDVSA em um Estado paralelo?

CMP: Este é um problema de natureza organizativa do Estado. PDVSA é, antes de tudo, o ramo operativo da indústria petroleira, encarregada da administração do negócio. Como tal, recebe diretamente os fundos que a exportação de petróleo gera e, segundo o caso, os entrega em dólares ao Banco Central da Venezuela para que este crie os bolívares com os quais se move internamente a economia nacional, ou então os organismos, como o Fonden (Fundo de Desenvolvimento Nacional), para financiar projetos de investimento direto segundo as prioridades estabelecidas pelo Executivo Nacional. A utilização de recursos financeiros, espaços, infraestrutura e capacidades gerenciais para fins diversos dos da produção de petróleo é algo que se faculta ao Executivo e deve ser avaliada em cada caso, de acordo com seu êxito ou fracasso. Um dos critérios para essa avaliação deve ser, precisamente, o de que isso não afete a capacidade operativa da indústria em seu setor medular. Mas, isso não pode ser determinado a priori. Nem é o problema de se crer em sua conveniência: trata-se de um caminho escolhido para acelerar alguns projetos ─ de maneira fundamental, o de abastecimento de alimentos à população de menores recursos ─ que porventura não tenham o glamour das operações associadas ao uso de tecnologias de ponta nos processos de refinação ou de petroquímica, mas que constituem prioridades absolutas no contexto social contemporâneo. Uma vez que são decisões do Poder Executivo e se trata de tarefas que lhe são conferidas por uma comissão específica, isso não converte a PDVSA em um Estado dentro do Estado. Ao contrário: essa tendência existiu, de fato, no último quartel do século XX, quando as iniciativas de programas e projetos petroleiros para a liquidação do Ministério de Energia e Minas e a deterioração planejada da capacidade do Estado de perceber receitas fiscais foram engendradas pelas cúpulas de gerentes da empresa petroleira e, em seguida, consagradas pelo Executivo em cada oportunidade. RF: Em sua opinião, qual o papel que a política petroleira venezuelana deve desempenhar tendo em vista uma concreta integração da América Latina? Os povos de cada país devem participar dela? De que forma? CMP: Os hidrocarbonetos, em particular o petróleo, converteram-se, desde a segunda metade do século XX, na principal fonte energética ─ na verdade, base da matriz energética que rege o progresso social e econômico dos países do mundo, quer desenvolvidos quer em vias de desenvolvimento. O esgotamento das reservas mundiais comprovadas de petróleo, durante os últimos anos, somado ao afunilamento que representam as relações produção-consumo e oferta-demanda, leva-nos a voltar nosso interesse para o gás como um vértice importante da matriz energética. Neste sentido, a Venezuela possui uma vantagem comparativa tanto no contexto americano como no global. O atual balanço energético latino-americano, em sua estrutura e funcionamento, está dominado pelas energias fósseis não renováveis, e é bastante provável que, por um longo período, mantenha-se o predomínio do petróleo e do gás como fontes básicas. Daí o papel da Venezuela, que oferece seus recursos energéticos (petróleo e gás), por ser um país monoprodutor de hidrocarbonetos. É óbvio que os hidrocarbonetos têm tido, nos últimos cem anos, um papel primordial de geoestratégia nas relações internacionais do mundo contemporâneo. Por isso, não é possível deixar de levá-lo em conta na hora de formular políticas de integração entre os povos da América Latina, tão necessitados agora de uma integração comercial regional aberta que nos coloque, unidos e homogêneos, diante dos grandes blocos comerciais e empresas mastodontes do comércio internacional globalizado. A América Latina, sem distinções políticas, religiosas, geográficas ou culturais de qualquer espécie, tem a imperiosa necessidade de fomentar uma integração de toda a região ─ e a Venezuela, enquanto país no qual confluem diversas características geopolíticas da região (pois é, ao mesmo tempo, caribenho e atlântico, como andino e amazônico), bem como por se encontrar entre a América do Sul e o Caribe, precisa unir seus esforços em prol dessa tão apregoada integração. Nessas circunstâncias, a Venezuela pode contribuir, de modo determinante nos processos de integração econômica, financeira, comercial e política latino-americana, para uma integração energética baseada em seus próprios recursos e em coordenação com os outros países produtores da região. Por ser o nosso país uma economia petroleira exportadora, é natural que use o petróleo como uma arma geoestratégica de integração regional.





RF: Agora que possuímos as maiores reservas de petróleo do mundo, como o Sr. vê o plano de estratégias para superar o caráter rentista da economia venezuelana?


CMP: Aqui voltamos à segunda resposta, na qual tratei das dificuldades de superar o caráter rentista de nossa economia quando o país tem diante de si a tentação de continuar sendo petroleiro por mais 400 anos. Vale a pena insistir: a magnitude desses recursos é tal que extravasa nossa capacidade de gestão e de investimento autônomo a curto e médio prazo. A tentação petroleira é um risco evidente para a soberania nacional, pois é muito simples conseguir que os grandes capitais sejam derramados no país. Basta conceder-lhes condições favoráveis e garantias de aproveitamento privilegiado de nossos recursos. Em tais condições, definir estratégias para superar o rentismo apresenta-se como uma árdua tarefa, digna de Sísifo, cujo primeiro embate será contra o senso comum petroleiro, que nos leva a glorificar esse primeiro lugar que ocupamos no ranking, e afrouxa nossas defesas a ponto de considerar o nacionalismo como um discurso atrasado, indigno da pós-modernidade que nos envolve.

RF: Considerando a atual situação ecológica do mundo, quais políticas poderia a PDVSA ou o governo bolivariano implementar no que se refere à necessidade das energias alternativas e ao cuidado com o meio ambiente?

CMP: Em primeiro lugar, creio que é necessário promover uma campanha nacional de conscientização sobre os riscos das compulsões produtivistas petroleiras. Em seguida, acentuar a defesa da valorização do recurso petrolífero; dar prioridade ao desenvolvimento das reservas de gás natural e substituir, de modo acentuado, o consumo interno de hidrocarbonetos líquidos; desenvolver a pesquisa científica nacional para o aproveitamento dos recursos energéticos alternativos de que a nação dispõe nos campos geotérmicos, eólicos, nucleares e hidráulicos; e desenvolver vias e meios de transporte alternativos ao automóvel individual e às rodovias: trens, metrôs, trólebus. RF: Que futuro o Sr. prevê para a Venezuela e quais recomendações nos faria a partir de sua vasta experiência? CMP: Como sabemos, a Venezuela conta com imensos recursos naturais, e não é preciso insistir nisso. O que importa, sobretudo, é encontrar a maneira de nos livrarmos dessa condenação ao rentismo parasitário e construir uma sociedade integralmente produtiva, autossustentada e centrada no desenvolvimento de sua população; e, igualmente, saldar a imensa dívida social que hoje nos aflige com a pobreza e a marginalidade de uma tão grande parcela da sociedade. Porém, trata-se de uma tarefa de magnitudes históricas, de longo prazo, que exige um programa bem pensado de políticas econômicas e sociais definidas como produto de uma vontade política firme, que fuja às tentações facilistas e que convoque a população venezuelana a construir um país sustentado no desenvolvimento de suas próprias forças produtivas. RF: Como se pode pensar a constituição de empresas mistas para a exploração petroleira no quadro do socialismo neste século XXI? CMP: As empresas mistas não são outra coisa que uma estrutura de associação empresarial cuja utilização deve ser avaliada no seu contexto específico. Nos tempos da abertura petroleira, empreendida pela meritocracia de fins do século passado, essas e outras associações foram empregadas para ampliar a participação do capital transnacional na indústria petroleira venezuelana, outorgando condições lesivas ao patrimônio nacional e reforçando nossa dependência em relação às maiores corporações. Sua utilização no contexto atual faz parte de uma política de diversificação das fontes de capital e de tecnologia estrangeira necessárias ao desenvolvimento de atividades complexas e com altos níveis de investimento, como é evidentemente o caso das melhorias para processamento dos óleos crus extrapesados da Faixa do Orinoco. Em conclusão, o caráter útil ou perverso das empresas mistas dependerá dos fins para os quais elas serão empregadas ─ tal como um machado pode ser empregado para fins agrícolas ou fins criminosos.


RF: A exploração da Faixa do Orinoco é concordante com a tese do socialismo no século XXI?


CMP: Do mesmo modo que na resposta anterior, digo que os recursos podem ser utilizados para fins opostos. Neste caso, trata-se precisamente da orientação que se queira dar a uma atividade econômica que possa servir de alicerce à construção de uma Venezuela mais justa e humana, soberana e senhora de seu destino, ou então transformar-nos em simples apêndice do grande capital transnacional. Os 21 países que aparecem envolvidos nos projetos atuais da Faixa do Orinoco contrastam com as corporações quase exclusivamente anglo-norte-americanas que participavam dos projetos da meritocracia defensora da abertura petroleira.


RF: Qual sua opinião sobre a política posta em prática pela Nova PDVSA relativamente a sair dos ativos refinadores no exterior (como nos casos da Ruhr Oel, na Alemanha, e Citgo, nos Estados Unidos)?


CMP: Desde 1994, eu venho denunciando publicamente o fiasco que tem sido o programa de compras de refinarias obsoletas e dilapidadas adotado pela meritocracia petroleira em 1989. Essas refinarias constituem um peso morto que vamos arrastando desde então, e mesmo quando há vontade política de abandonar um negócio tão ruim, isto não tem sido possível completamente, porque ninguém quer assumir os custos que o país suporta para manter essas instalações. Cito em seguida um texto escrito justamente em 1994, sobre o programa de aquisição de refinarias no exterior ─ a "internacionalização", como foi chamada:

"Desde o início, [a "internacionalização"] apresenta-se como uma estratégia competitiva, para assegurar mercados aos óleos crus venezuelanos, como uma alternativa diante de um possível e pretendido colapso da OPEP. Uma estratégia voltada para o cliente desenvolvido, que liberte uma empresa ─ que se sente de Primeiro Mundo ─ das amarras terceiro-mundistas que aquela organização encarna. Igualmente, e como se evidencia no delineamento transcrito, propôs-se que possuir refinarias no exterior permitiria a adaptação delas ─ por via de conversão profunda ─ ao processamento dos óleos crus cada vez mais pesados que constituem as reservas remanescentes do país. De fato, afirmou-se que esse era um dos compromissos que sustentavam o convênio com a Veba Oel. Hoje, contudo, sabe-se que nada foi feito nesse sentido, pois não houve variação da gravidade API da dieta de tais refinarias e, o que é pior, nada será feito, porque o sócio estrangeiro considera inviáveis tais empreendimentos em condições de superabundância de óleos crus leves no mercado". (El poder petrolero y la economía venezolana. CMP, 1994)


Ainda hoje, as compras de óleo cru e produtos não venezuelanos no exterior constituem o item majoritário dos custos operacionais totais da PDVSA, representando assim uma hemorragia nas receitas que a indústria deveria gerar se não houvesse esse empecilho.





jueves, 31 de marzo de 2011

Vigencia del Nacionalismo Petrolero (Versión en Portugués)

VIGÊNCIA DO NACIONALISMO PETROLEIRO VENEZUELANO




CARLOS MENDOZA POTTELLÁ
TRADUCCIÓN DE FLAVIO BENEDITO



Na Venezuela, a exploração dos hidrocarbonetos (petróleo e gás, sobretudo), determinada historicamente pelos vínculos indissolúveis entre o Estado venezuelano e o capital petroleiro internacional, vê perdurar ainda em nossos dias todas as contradições próprias de sua origem e de sua condição de enclave. Mesmo hoje, os hidrocarbonetos continuam sendo o componente absolutamente majoritário do "setor externo" da economia nacional e o vetor fundamental das receitas de exportação do país. Continuam, também, sendo desenvolvidos em função da demanda dos mercados internacionais e a partir de uma indústria capital-intensiva, com uma acentuada dependência da tecnologia e de insumos do exterior e, por conseguinte, com relativamente escassos encadeamentos internos.


Nos dias atuais, quando se opera uma mudança no rumo aceleradamente desnacionalizador imposto pela administração Caldera-Giusti (1994-1998), quando se realizam esforços por diversificar as fontes dos investimentos estrangeiros ─ ¬¬com a incorporação de capitais russos, chineses, brasileiros, noruegueses, franceses, espanhóis, etc. ─ essa participação estrangeira continua a ser um dos elementos mais dinâmicos no desenvolvimento da indústria petroleira, com um papel destacado na maioria dos novos projetos da Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).


Essas condições reais penetram e determinam o sentido e conteúdo do conjunto de relações socioeconômicas e políticas estabelecidas em torno dos hidrocarbonetos venezuelanos e, de maneira particular, das políticas que o Estado venezuelano define sobre a matéria. Contudo, uma firme e clara vontade política nacionalista, como a demonstrada até agora pelo governo bolivariano de Hugo Chávez, pode impedir que regressemos aos nefastos dias da abertura petroleira e à importação de custos e exportação de benefícios por via da "internacionalização", por exemplo. É, assim, neste quadro histórico de contradições que podemos encontrar a perspectiva necessária para analisar os trinta anos de um dos eventos que constituem um marco histórico dessa política: a "nacionalização petroleira".


Referir-me a esse evento empregando aspas pode parecer uma caprichosa irreverência. Não obstante, com o recurso a esse sinal gráfico queremos apenas destacar nossa percepção particular ─ estudada e sustentada durante todos esses anos ─ sobre esse acontecimento e suas consequências. Percepção de uma realidade que muitos compatriotas vêm descobrindo e compreendendo principalmente a partir dos golpes petroleiros de 2002 e 2003, mas que continua oculta para a maioria das pessoas, em virtude da pressão exercida pela poderosa matriz de opinião do poder petroleiro.


Trata-se, com efeito, de que em 1º de janeiro de 1976, iniciou-se um processo de desarticulação do sentimento e do movimento nacionalistas, que inspiraram as lutas de insignes pensadores venezuelanos e semearam sonhos de independência econômica plena, sonhos que várias gerações abrigaram desde os anos de 1920. Mas, trata-se também de que, para além da mera frustração intelectual do ideário nacionalista, nessa mesma data começa-se a pôr em execução uma das maiores e mais efetivas estratégias de que temos notícia, orientada para a redução paulatina e progressiva da participação nacional nos benefícios de comércio do principal patrimônio coletivo venezuelano.


Em meio à toda a pompa da "nacionalização", tem início o esforço de obliteração de todas as conquistas laboriosamente alcançadas, entre avanços e retrocessos, pela política petroleira de inspiração nacionalista durante o lapso de 1920 a 1973: primeiro, a eliminação do controle e da fiscalização total da indústria por parte do Ministério de Minas e Hidrocarbonetos, e, depois, a degradação da regalía (royalty) e das taxas do Imposto sobre a Renda.


A "antecipação da reversão" para 1976 resultou na completa frustração do caminho iniciado por Pérez Alfonso com a Corporação Venezuelana de Petróleo (CVP) e o principio de "sem mais concessões", caminho que, apoiado definitivamente na Lei sobre Bens sujeitos à Reversão, devia concluir-se em uma autêntica nacionalização no ano de 1983. Essa "antecipação" permitiu, entre outras coisas, estender a presença das transnacionais na indústria petroleira venezuelana para além da área concessionária, atingindo a área sedimentária do país que até então constituía a "reserva nacional" venezuelana, destinada a ser operada exclusivamente pela empresa petroleira estatal. A "antecipação" deu ensejo também a que se instalassem na cúpula de diretores da indústria "nacionalizada" os Creole-men e Shell-men nativos, verdadeiros e demoníacos "bebês de Rosemary", no melhor estilo de Roman Polansky: sujeitos que até 31 de dezembro de 1975 defenderam raivosamente os interesses de "suas" transnacionais petroleiras, e que agora, em 1º de janeiro de 1976, mudavam os trajes sem tocar na ideologia empresarial e nos vínculos com suas antigas casas matrizes. Constituíram-se em autênticos cônsules e protetores dos interesses dessas corporações, primeiramente dentro das novíssimas operadoras, e, em seguida, dentro da própria PDVSA.


A avaliação do lapso de tempo decorrido desde então, pródigo de acontecimentos entre os quais ressalta o contínuo retrocesso das posições oficiais de defesa do interesse nacional, acrescido das exigências cada vez maiores do mercado petroleiro sobre a Venezuela e a consequente multiplicação, ao longo desses anos, de projetos de investimentos com escassa ou nenhuma rentabilidade para a Nação, cujas nefastas consequências padecemos ainda hoje, nos leva a constatar que também em nossos dias, como em épocas anteriores, o grande capital internacional segue movendo as peças, dentro e fora do país, para neutralizar a manifesta vontade política nacionalista, expressa reiteradamente pelo atual governo desde 1999. Do mesmo modo, esse capital estrangeiro busca impor à indústria petroleira venezuelana relações e condições contratuais e políticas de tipo lesivo ao interesse nacional, como as que se firmaram desde 1976 e se tornaram uma realidade acentuada nas décadas de 1980 e 1990. Por esse motivo, hoje ─ como sempre ─ vigoram as exigências de transparência nas negociações que inevitavelmente se travarão com os centros do poder mundial. E hoje mais do que nunca, quando os recursos petroleiros se revalorizaram, alcançando em termos reais os níveis de preços equivalentes ou próximos dos máximos históricos de princípios dos anos 1980, tendo ocorrido um salto histórico que coloca os preços em um piso mínimo de 50 dólares por barril, os venezuelanos devem manter-se alerta ante os cantos de sereia e distingam com clareza o âmbito e os limites da verdadeira conveniência nacional na questão. Sobretudo, não devemos esquecer que, a despeito de contarmos com um número maior de rótulos nacionais quanto à procedência dos novos investimentos estrangeiros, o capital petroleiro, como qualquer outro capital, não tem pátria, e os padrões com que se medem sua eficiência e rentabilidade, na inexorável busca da maximização dos lucros, são sempre os mesmos, sejam eles capitais russos, chineses ou norte-americanos. E precisamente, tendo-se em conta que, devido à proliferação de novos projetos e programas de investimento, continuamos obrigados a estabelecer vínculos com esses capitais, devemos fortalecer nossa capacidade de negociação.


Ademais, a situação a que nos conduziram os últimos trinta anos é tal que o país e sua liderança política e petroleira atual se encontram compelidos a reverter as consequências negativas ─ do presente e do futuro ─ dos programas e projetos implantados pela elite gerencial de mentalidade privatista que chefiou a empresa petroleira estatal entre 1976 e 2002. Essa camarilha impôs efetivamente o rumo da política petroleira venezuelana, passando por cima de decretos, leis e disposições dos poderes Executivo e Legislativo, contrariando abertamente os princípios que deram forma à política petroleira nos cinquenta e cinco anos anteriores a 1976, e constituindo um poder paralelo sem controle externo ─ um Estado dentro do Estado. Um "poder petroleiro", como demos de chamar, e que definimos da seguinte maneira:


"A consideração fundamental que devemos ter em conta na análise dessas circunstâncias é a de que se trata de um problema político, de um problema de relações de poder, no qual um grupo peculiar, integrado por fatores privados nacionais e estrangeiros vinculados ao negócio petroleiro e cúpulas de gerentes da empresa pública, tem conseguido impor como verdades indiscutíveis um conjunto de postulados que mesclam circunstâncias objetivas com uma dose considerável de falácia.


Tais postulados formam parte de um programa definido, que tem como ideia norteadora a de expansão constante do negócio petroleiro ─ independentemente da pertinência macroeconômica e do rendimento fiscal dessa expansão ─ e a crescente privatização das atividades primárias e fundamentais dessa indústria.


Esse conjunto de verdades estabelecidas, que parte de concepções hoje em voga sobre a incapacidade do Estado de gerir atividades produtivas, tem uma expressão particular, a saber:


1) a carga fiscal sobre a PDVSA é excessiva. PDVSA é a empresa petrolífera que mais paga impostos no mundo. Manter essa carga fiscal equivale a perpetuar o já fracassado modelo de rentismo parasitário e a continuar alimentando um Estado paternalista e ineficiente.


2) o controle "político" sobre a indústria constitui um óbice ao desenvolvimento eficiente de seus programas. As travas burocráticas impostas pelos diversos organismos controladores, executivos e legislativos, devem ser eliminadas em benefício da autonomia gerencial para executar eficientemente seus planos e programas. Este é o caminho para uma Venezuela produtiva.


3) o melhor destino da renda petroleira é o reinvestimento no próprio setor. Não existe nenhuma outra atividade econômica na Venezuela capaz de obter vantagens comparativas e competitivas similares. Cada dólar adicional investido na indústria petroleira gera, direta e indiretamente, efeitos multiplicadores no Produto Interno Bruto superiores ao de qualquer outra aplicação.


4) a Venezuela deve caminhar para uma mais estreita associação com seus clientes desenvolvidos e abandonar associações terceiro-mundistas e de perdedores, como a OPEP. A OPEP não tem trazido benefícios ao país e lhe impõe restrições a um desenvolvimento que tornaria a Venezuela uma das maiores potências petrolíferas do mundo.


5) para desenvolver a imensa base de recursos petrolíferos da Venezuela, é preciso desmontar todo o aparato de regulação e fiscalização que pesa sobre essa atividade industrial, porque não é possível promover o desenvolvimento apenas com recursos internos, sendo necessário, portanto, atrair o capital petroleiro internacional com propostas de rentabilidade maior do que a oferecida em outros destinos" (Mendoza Pottellá, 1996).


Estes postulados do poder petroleiro formaram o coração ideológico das políticas antinacionais impostas ao país sob o manto da abertura. Esse poder, embora já não controle hoje o Estado, está ainda bem vivo e em constante atividade, suficientemente forte para por esgueirar-se pelos interstícios de contratos, associações e licitações, para propor cursos de política em matéria petroleira inconvenientes à nação venezuelana, e, acima de tudo, para forjar, com o concurso dos meios de comunicação de massa sob seu controle, matrizes de opinião favoráveis a seus muito particulares "interesses econômicos e políticos".


Por todas essas razões, e pela crescente evidência de que no subsolo venezuelano repousa a que provavelmente é a maior acumulação de hidrocarbonetos do globo ─ que a converteria, obviamente, em presa estrategicamente cobiçada por todos os poderes mundiais ─ é imperativo hoje restituir a vigência das lutas travadas em defesa da justa e digna participação da Nação nos resultados da exploração de seu mais valioso patrimônio coletivo. Mais do que nunca, é ineludível hoje resgatar e restituir a verdade histórica, tão distorcida pelos manejos midiáticos impostos pelo poder petroleiro, para se lograr uma visão exata da realidade contemporânea e das mais prováveis perspectivas futuras.


Hoje ainda, e em que pese ao evidente fracasso e terríveis consequências das políticas de abertura e desnacionalização, o nacionalismo é para muitos venezuelanos, doutrinados na prédica do poder petroleiro, uma má palavra ─ uma perigosa expressão de atraso e de resistência à modernidade ─ que põe em risco a conveniente associação com nossos clientes, tradicionais ou não. Uma tal lavagem cerebral, aliás de sucesso, penetrou fundo em algumas camadas sociais, semeando dúvidas mesmo entre as próprias fileiras nacionalistas, promovendo em algumas delas atitudes que pretendem "matizar" o impacto negativo das tropelias cometidas por esse poder durante os últimos trinta anos. Asseveramos que as atitudes contemporizadoras, que propendem a abrandar e relaxar a capacidade de defesa do interesse nacional, precisam ser combatidas, denunciadas e deslindadas para que se entenda o perigo que representam à Venezuela.


Com esse fim em mente, apresentamos a seguir uma visão retrospectiva, ao modo de flashback cinematográfico, do processo que nos ocupa, empenhando-nos em avaliá-lo em sua verdadeira dimensão, livre dos embelezamentos com que se tem coberto todas suas feridas.






A antecipação da reversão


A maioria dos políticos, jornalistas e estudiosos venezuelanos da política petroleira doméstica contemporânea consideram que a "nacionalização" petroleira de 1976 foi um acontecimento que mudou o rumo tradicional da indústria petrolífera venezuelana, e na qual se impôs claramente uma das duas vertentes antagônicas que pugnavam por definir os termos da política desse setor industrial. Desse ponto de vista, tratava-se do apogeu alcançado pela vertente nacionalista, que pretendia lançar suas raízes no decreto de Simón Bolívar de 1829, sobre os direitos de mineração do jovem Estado colombiano e na primeira Lei de Hidrocarbonetos, de Gumersindo Torres em 1920.


Dessa maneira é possível realizar ─ e com frequência se tem feito isso ─ um encadeamento histórico dessa nacionalização para apresentá-la como ponto culminante das lutas de um setor da sociedade venezuelana pelos direitos da Nação a seus recursos de hidrocarbonetos. Encarada desse modo, a nacionalização de 1976 é contada como uma vitória no combate contra o crescente entreguismo dos sócios, advogados e gerentes nativos das corporações petroleiras internacionais. Em contraposição, relataremos essa história do ponto de vista que vimos sustentando em todos esses anos (Mendoza Pottellá, 1985, passim).


Em 1943, depois de um longo debate nacional e minuciosas negociações com as corporações norte-americanas e inglesas, com a "mediação" do Departamento de Estado norte-americano, foi assinado um convênio entre o governo do general Isaías Medina Angarita e essas companhias. Em cumprimento desse convênio, promulgou-se a Lei de Hidrocarbonetos, vigente até ao ano de 2000. Naquela época, as companhias estrangeiras concessionárias acolheram-se aos termos dessa lei para obter, em troca, uma extensão por quarenta anos dos direitos de prospecção, exploração e produção dos hidrocarbonetos nas áreas mantidas sob seu controle desde princípios do século XX. Porém, ficava também estabelecida então (embora ninguém pensasse nisso) a data de 1983 ― importante data para o futuro! ― como ano final dessas generosas concessões.


Posteriormente, o governo de Marcos Pérez Jiménez outorgou, entre 1956 e 1957, também por quarenta anos, de acordo com os termos da citada lei, as que definitivamente seriam as últimas concessões que receberiam as corporações estrangeiras na Venezuela. Estas concessões chegaram a representar uma quinta parte do total concedido.


Em 1961, por inspiração do doutor Juan Pablo Pérez Alfonso ― segundo a política petroleira orientada por seu Pentágono de Ação, que incluía entre outras coisas a criação da Corporação Venezuelana do Petróleo (CVP) e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ― o Congresso Nacional, ao promulgar a nova Constituição, estabeleceu a norma pela qual não seriam feitas mais concessões de hidrocarbonetos sem a provação por maioria qualificada (duas terças partes) do Congresso em sessão conjunta (art. 126). O império deste artigo constituiu-se na concretização da política de sem mais concessões, impulsionada por Pérez Alfonso.


Em meados de 1971, o Congresso Nacional aprovou ― também alentado por Pérez Alfonso e enfrentando as ameaças das corporações petroleiras ― a Lei sobre Bens sujeitos à Reversão, de acordo com a qual ficavam totalmente identificados e quantificados os ativos da indústria petroleira que iriam ser revertidos à Nação ao final das concessões, assim como estabelecia-se a obrigação das concessionárias de mantê-los em plena capacidade operativa até ao momento de sua reversão em 1983 e de formar um fundo para garantia dessa manutenção.


Em razão de tudo isso, 1983 revelou-se um ano transcendente, cuja importância começava a ser assumida com crescente consciência pelos venezuelanos nas décadas de 1960 e 1970. Nesse ano mítico, reverteriam à Nação, sem possibilidade de renovação e sem nenhuma indenização, 80% das concessões feitas às transnacionais petroleiras. Em outras palavras, a Venezuela passava a ser dona diretamente de 80% da indústria petroleira estabelecida em seu território. Em 1996-1997, seriam revertidos os outros 20% concedidos por Pérez Jiménez.


O ano de 1983 era, portanto, segundos os sonhos de então, o ano em que se iniciaria, com todo o ímpeto, o arranque definitivo do país rumo à liberdade econômica e o desenvolvimento.


Não obstante, a dinâmica tradicional da política petroleira internacional, marcada pela vontade das corporações de impor uma transição feita à sua imagem e semelhança, determinou que essa "reversão" ― disposta na Lei de Hidrocarbonetos de 1943 e completamente regulamentada pela Lei de Reversão de 1971 ― fosse antecipada para 1976.


Em consequência disso, a nacionalização da indústria petroleira que ilustres venezuelanos tentaram conduzir em 1975, com o projeto de lei apresentado pela Comissão de Reversão , designada pelo então presidente da República Carlos Andrés Pérez, foi frustrada pela posterior promulgação (com sensíveis modificações no projeto original) da Lei Orgânica que Reserva ao Estado a Indústria e o Comércio dos Hidrocarbonetos. Esta se viu convertida em seu oposto como resultado de um processo subterrâneo de ajustes e acordos, mediante o qual, por trás da pública conquista jurídico-política de expropriação das antigas concessionárias, promovia-se a manutenção, modernização, ampliação e intensificação dos mecanismos de controle sobre os recursos petrolíferos venezuelanos por parte do capital transnacional, garantindo-lhe ainda o pleno retorno ― triunfantemente executado no início dos anos 1990, durante a euforia da abertura petroleira ― através da modificação do artigo 5º da Lei.


Gastón Parra Luzardo (1998, 39-65) realizou uma detalhada descrição dos debates no seio da Comissão de Reversão, pondo em evidência as pressões da FEDECÁMARAS e da Agropet para alterar o projeto apresentado e inserir nele a referida modificação. Suas conclusões são claras e fundamentam a opinião que aqui defendemos:


"(...) dava-se início, por parte do Executivo Nacional, ao caminho de concretizar uma "nacionalização aparente", adulterando a essência de uma nacionalização integral, genuína, própria, tal como havia sido proposta pela Comissão de Reversão. Em consequência, a proposta do Executivo Nacional distorce a finalidade própria da nacionalização petroleira e, portanto, não corresponde em essência a um genuíno ato de soberania nacional (loc. cit., p. 42)".


Desde os tempos da New York & Bermúdez, o destino dos hidrocarbonetos venezuelanos havia sido a resultante de uma relação dialética, com um constante movimento pendular, entre a harmonia e o conflito. Seus protagonistas ― o capital petroleiro internacional e o Estado venezuelano ― retesavam as cordas no momento de discutir as condições da associação, mas nunca chegavam as rompê-las. A "nacionalização" de 1976 não modificou as características tradicionais de tais relações e, por conseguinte, a permanente reivindicação nacional de uma justa participação nas atividades do petróleo foi, uma vez mais, defraudada. As grandes corporações petroleiras continuaram a receber os imoderados e crescentes benefícios provenientes do petróleo venezuelano.


Sob o império dos interesses das corporações e com a cumplicidade de políticos e gerentes nativos ― dominados uns pelo fatalismo geopolítico e outros por sua formação e vinculações com as empresas transnacionais ― grandes contratos de assistência técnica e comercialização foram firmados por um governo tolerante às chantagens, e que havia aceito inconfessáveis termos de negociação poucos dias antes da transferência formal da indústria petroleira às mãos do Estado. Assim, foi mantido e fortalecido o liame matriz-filial entre as ex-concessionárias e as nascentes "operadoras" nacionais. Esses contratos abrangiam toda a produção, refinamento e comércio de óleo cru e produtos venezuelanos; com isso, constituíram o modelo inicial do que seria a base de um novo ― deletério e inalcançável, ubíquo e eficaz ― sistema de preservação das relações de dependência do Estado nacional relativamente ao capital transnacional. À medida que esses gigantescos contratos iniciais serviram a seu propósito, com o oculto compromisso de multiplicar a "indenização devida" às antigas concessionárias, transferindo a elas mais de 7 bilhões de dólares entre 1976 e 1979, outros contratos e formas associativas proliferaram posteriormente como vasos capilares, estendendo-se a todas as atividades da indústria petroleira venezuelana, para continuar drenando pelos caminhos livres da assistência técnica, dos serviços tecnológicos, da "procura", do outsourcing e dos convênios de fornecimento a longo prazo, porções consideráveis do que devia ter sido a receita petroleira nacional, lançadas à mãos de estrangeiros e de seus oportunistas e complacentes sócios nativos.


Resumamos, pois. Foi desse modo que, em 1976, após serem muito vantajosamente indenizadas pela entrega de equipamentos, instalações e imóveis muitíssimo depreciados; após obterem certos contratos de assistência técnica que dissimulavam pagamentos adicionais injustificados e certos contratos de comercialização nos quais lhes eram concedidos substanciosos descontos e, também antes, um acordo secreto pelo qual recebiam garantias verbais (mas fielmente cumpridas) de participação em todos os futuros empreendimentos petroleiros no país ― após isso tudo, as grandes corporações internacionais renunciaram às suas concessões. Gastón Parra Luzardo (1979, 120-129) fez uma minuciosa análise dos infames contratos de comercialização impostos pelas transnacionais para deixarem-se "nacionalizar" e de sua conexão com a assinatura dos também leoninos contratos de assistência técnica.


Para rematar o trabalho, as transnacionais deixaram, como meio de preservar seus interesses nas que seriam doravante "operadoras nacionais", um grupo de executivos "nativos" de sua confiança ― grupo que constituiu um autêntico cavalo de Tróia, que a partir dos anos 80 promoveu, sem rebuços, a privatização a todo vapor, por meio das "aberturas", da internacionalização, dos convênios de associação, das associações estratégicas, do outsourcing, e da felizmente frustrada proposta de vender parte do capital acionário da PDVSA. Suas atividades de evasão fiscal, de sabotagem do controle que o Ministério de Energia e Minas deveria exercer ― ministério que foi inicialmente colonizado por eles para ser, em seguida, desmantelado ― de recusa ao posterior controle da Controladoria Geral da República, com a formulação de orçamentos anuais artificialmente inflados e a violação dos compromissos internacionais firmados pelo país no âmbito da OPEP ― tudo isso teve início no próprio 1º de janeiro de 1976, no calor da execução de projetos conjuntos com suas antigas casas matrizes transnacionais, todos superdimensionados em seus custos, como a troca de padrão de refinamento em três das quatro grandes instalações do país , as extensões de polidutos e gasodutos de tipo Sisor, Sumandes I e II, Nurgas e outros, como os megaprojetos da Faixa do Orinoco e o projeto gasífero Cristóvão Colombo, simplesmente inviáveis, mas com grandes ganhos para o poder petroleiro ao provocar significativos retrocessos legais e regulamentares em questão de soberania, controle e fiscalização pelo Estado venezuelano.


Quando, em 1976, concretizou-se a antecipação da "reversão", sete anos antes do prazo definido pela Lei de 1943, esse fato foi impropriamente denominado nacionalização petroleira. Mas até mesmo seus críticos, como Pérez Alfonso, aceitaram a expressão, acrescentando-lhe todavia o qualificativo de chucuta , para enfatizar a possibilidade "futura" de "regresso" das transnacionais ao domínio da indústria petroleira venezuelana. Tal possibilidade estava plasmada, como mencionamos, na disposição do artigo 5º da respectiva lei que estabeleceu a forma das empresas mistas como uma possibilidade a mais para o manejo das atividades que estariam reservadas ao Estado.


Vistas de uma perspectiva contemporânea, podemos explicar as circunstâncias ao reconhecer que, como já assinalamos, a nacionalização não foi outra coisa que a conclusão de um longo e conflituoso processo de esgotamento do padrão normativo das relações entre o Estado venezuelano e as companhias estrangeiras concessionárias; isto é, o esgotamento do conjunto de estruturas legais e regulamentares no âmago das quais se davam essas relações. Esse conjunto legal e regulamentar constituiu-se em um modus vivendi elaborado ao longo de décadas de uma associação conflituosa, cuja sustentação esteve na partilha da extraordinária renda provida pelo petróleo, a cada momento cristalizada nos instrumentos de participação do Estado nessa partilha. Como vimos sublinhando insistentemente, o Estado venezuelano, desde a primeira Lei de Hidrocarbonetos de 1920 até à Lei sobre Bens sujeitos à Reversão de 1971, foi ampliando paulatinamente ― e por vezes com retrocessos ― sua capacidade de controle e fiscalização sobre as atividades das concessionárias, e com isso, aumentando, ao menos em teoria, sua participação nessa divisão.


Mas, esse processo ― por sua própria natureza, sujeita à avassaladora força de negociação e embuste das corporações internacionais ― rumava para o esgotamento, ao tornar insustentável a abismal diferença entre os termos teóricos (ou seja, legais, que definiam a forma da partilha da renda) e a realidade. Em 1974, por exemplo, quando eram notórios os imensos lucros globais dos consórcios petroleiros, e a Creole Petroleum Corporation, filial venezuelana da Exxon, divulgava ser responsável por quase metade das receitas internacionais da matriz norte-americana (Rose, 1977), a divisão dos ganhos líquidos da atividade petroleira na Venezuela indicava teoricamente as incríveis proporções (oficialmente publicadas) de 95% para o Estado venezuelano e apenas 5% para as filiais transnacionais!


Essas proporções eram irreais porque se baseavam em uma comparação não discriminada entre cifras liquidas e brutas, nas quais a "participação fiscal global" da Venezuela se relacionava com o ganho liquido das corporações, sendo que este era um produto da "engenharia financeira", projetada precisamente para eludir o pagamento de impostos, através da dedução de custos que encobriam grandes "receitas", derivadas para filiais operativas de cada corporação, encarregadas do transporte, armazenamento, comercialização e refinamento do óleo cru. Cumpre lembrar, além disso, a incorporação como um custo, para os fins de declaração do Imposto sobre a Renda, dos pagamentos realizados a título de regalía. Salvador de la Plaza dedicou, em seu tempo, um grande esforço intelectual e político para demonstrar que a regalía petroleira era um direito soberano da Nação e que, como tal, não devia ser incluída nas contas das companhias para minimizar o pagamento de impostos.


Contudo, como dizíamos, as circunstâncias se tornaram críticas para a manutenção do status quo petroleiro na Venezuela, à medida que se aproximava o ano de 1983, quando venceriam as concessões, e sem que nesses anos de 1973-1974 estivesse prevista uma alternativa clara para a participação do capital petroleiro internacional nas atividades do setor posteriores à reversão. A indústria petroleira se encontrava cercada, por um lado, pela norma constitucional que impedia a outorga de novas concessões e, por outro, pela vontade entreguista e paralisante desde os governos de Rómulo Betancourt (1959-1964), Raúl Leoni (1964-1969) e Rafael Caldera (1969-1974), que, temerosos de provocar a ira imperial, converteram-se em presa fácil das pressões do poder petroleiro de então, e impediram o desenvolvimento da Corporação Venezuelana do Petróleo, forçando-a a um estado de ananismo durante os quinze anos de sua existência.


O dilema tinha soluções divergentes, mas perfeitamente identificáveis: uma era a preparação do país para assumir plenamente o controle de sua indústria. Esta opção, defendida pelos setores de vanguarda do país, foi delineada em termos de uma possibilidade exequível por Juan Pablo Pérez Alfonso, quando postulou, em seu Pentágono de Ação, junto ao princípio de sem mais concessões, a criação e desenvolvimento da CVP. Porém, essa possibilidade foi posta de lado, ignorada e mesmo descaracterizada com a negociação, em 1970, de contratos de serviço, os quais eram (como o demonstraram oportunamente diversos analistas ― verbi gratia, Sader Pérez, 1972, 1974) efetivamente concessões disfarçadas para burlar o princípio constitucional. Assim o confessou publicamente Rómulo Betancourt:


"Esta empresa [a CVP], não vem para competir com as empresas privadas. A própria modéstia do capital de trabalho que lhe destinamos indica como são limitados seus fins e objetivos; mas, a Corporação Venezuelana do Petróleo deve ser e será o veículo de que se valha o Estado para outorgar, já não concessões, mas contratos de serviço e outras fórmulas de acordo, pois que muitas e muitas se estão empregando em vários países petroleiros, para desenvolver a exploração e produção de óleo negro no país" (29-05-1961).






Petróleo e outros dados estatísticos (1969-1976)


Participação fiscal total e lucros líquidos das concessionárias


(milhões de bolívares e porcentagens)






Ano Royalty Imposto


sobre a


renda Outros


impostos Participação


Fiscal Total Lucros


Líquidos Relação


PFT/LL Receita


Líquida %


PFT/ Luc. conc.


1949 628 273 155 1.056 704 2 60 40


1954 873 585 118 1.576 1.412 1 53 47


1959 1.444 1.260 87 2.791 1.335 2 68 32


1960 1.503 1.071 66 2.639 1.283 2 67 33


1961 1.552 1.217 54 2.823 1.477 2 66 34


1962 1.703 1.462 60 3.225 1.694 2 66 34


1963 1.731 1.544 56 3.331 1.679 2 66 34


1964 2.557 2.251 54 4.862 2.457 2 66 34


1965 2.564 2.323 50 4.937 2.638 2 65 35


1966 2.531 2.260 45 4.836 2.504 2 66 34


1967 2.663 2.752 45 5.460 2.514 2 68 32


1968 2.715 2.754 44 5.513 2.653 2 68 32


1969 2.722 2.751 53 5.526 2.264 2 71 29


1970 2.875 3.270 55 6.200 1.739 4 78 22


1971 2.836 4.653 57 7.546 2.247 3 77 23


1972 2.796 5.558 57 8.411 1.266 7 87 13


1973 4.005 9.341 43 13.389 2.665 5 83 17


1974 9.821 29.750 71 39.642 2.286 17 95 5


1975 7.828 21.965 65 29.858 1.815 16 94 6


Fonte: Ministério de Minas e Hidrocarbonetos, MEM, PODE 1969-1975.






A segunda opção a que nos referimos era a propiciada pelas próprias companhias, seus porta-vozes no interior de Fedecámaras, seus gerentes nativos e os setores políticos e empresariais tradicionalmente aliados e beneficiários da associação dependente irrestrita. Os esforços desse conglomerado se voltam para a busca de uma alternativa em conformidade com a preservação de sua participação privilegiada no negócio. Uma nova fórmula de associação dependente com o capital transnacional que incorporasse algum verniz renovador era a solução mais "saudável" aos olhos geopolíticos de seus proponentes criollos.


Assim, pois, a "nacionalização", ponto culminante da política petroleira venezuelana, com todas suas contradições e deficiências, plasmou efetivamente o estado de forças dessas duas posições, e não sendo uma exceção na tendência secular, também nesta oportunidade acabou por triunfar o partido da associação transnacional.


O instrumento fundamental para a obtenção de tão paradoxal resultado da nacionalização foi, inicialmente, o conjunto de acordos assinados nos bastidores ― em uma secreta Comissão de Concordância ― enquanto eram discutidos publicamente na Comissão de Reversão os termos da Lei que Reserva ao Estado a Indústria e o Comércio dos Hidrocarbonetos. Desse modo, a nacionalização significou, em suma, o resultado de um novo pacote de leis-convênios ao estilo do pacto entre o governo de Medina Angarita e as companhias, pelo qual foi institucionalizado definitivamente o regime de concessões em 1943. Em outras palavras, com o fim da era concessionário não se passou a uma era de controle pleno da indústria petroleira pelo Estado, mas sim a uma nova modalidade de subordinação do Estado às transnacionais. Mais elástica e sutil, mais adaptada à evolução da realidade econômica e política contemporânea, ao preservar e aprofundar os traços essenciais da situação anterior, foi a seu modo um ajuste com os novos tempos, capaz de eliminar os sentimentos negativos que o velho sistema de concessões despertava:


"No lugar da presença direta, prepotente e irritante dos donos estrangeiros, de seus acampamentos cercados, de seus sistemas exclusivos de segurança e de comunicação e de seus imensos ganhos, a 'assistência tecnológica' é negociada em minúsculos grupos de especialistas, às costas do público, do grosso do pessoal e mesmo do Congresso e dos organismos controladores. Além disso, os 'assessores' forâneos residentes no país tornam-se quase imperceptíveis, e muitos 'conselhos' e 'soluções' chegam por ondas invisíveis aos terminais de computador" (Mieres, 1981, 235).


Olhando para trás, é possível constatar que uma saída como essa vinha sendo discutida e proposta desde fins dos anos 60 por pesquisadores vinculados ao governo norte-americano e às transnacionais. Em particular, James Akins, czar energético de Nixon, depois embaixador na Arábia Saudita e assessor em assuntos petroleiros neste mesmo país, expôs em um ensaio intitulado The Oil Crisis, This Time Wolf is Here, as vantagens, para os interesses das companhias e do sistema em geral, de abrir uma válvula de escape à perigosa pressão que o nacionalismo vinha exercendo (Akins, 1973). Segundo ele, um grande número de funcionários das empresas petroleiras examinava a possibilidade de estabelecer um novo sistema de relações com os países produtores, pois a cada dia tornava-se mais evidente que o tempo das concessões se esgotara, e por conseguinte "uma nova e dramática oferta aos produtores poderia garantir a tranquilidade durante outra geração". E, especialmente, ao se referir à situação que se vivia no Oriente Médio diante das exigências de árabes e persas, conclui ele que não seria fácil, nem mesmo desejável, resistir às mudanças que ocorriam nesses tempos, porque "(...) [S]em importar o que possa resultar dos acordos existentes, as companhias continuarão a desempenhar um papel importante no transporte, refinamento e distribuição do petróleo, e é muito provável que também o façam na produção do petróleo durante os próximos dez anos".


As reflexões de Akins passaram a formar parte da sustentação da estratégia principal formulada pelas grandes corporações petroleiras em suas relações com os países produtores ― como ficou demonstrado pelos acordos de participação e pelas nacionalizações parciais com as quais as corporações concordaram nos países do Oriente Médio.


A Fundação Ford publicou, em 1974, as propostas de políticas relativamente à OPEP (elaboradas por um pesquisador ao qual já nos referimos, Gerard M. Brannon) como parte de um informe para o projeto de políticas energéticas dessa fundação, no qual aduzem-se argumentos similares aos apresentados e popularizados por Akins:


"As leis tributárias, mesmo desses países, são mais difíceis de alterar que os preços. Se os países produtores se assenhorearem efetivamente da produção petroleira, seu interesse estaria em continuar empregando a burocracia existente das companhias petroleiras para utilizá-la como administradores e técnicos de produção. A grande diferença estaria em que os países produtores poderiam fixar os preços e não teriam o recurso dos impostos para assegurar a disciplina de preços contra os países particulares atraídos pela perspectiva de uma venda maior a um preço mais baixo" (Brannon, 1974, 168-169).


Em concordância com essas propostas estratégicas, discutidas em seus cenáculos em datas muito anteriores às das publicações que estamos citando, as grandes corporações que operavam as indústrias petroleiras dos países às margens do Golfo Pérsico consideraram como uma saída viável ao crescente e perigoso nacionalismo árabe ― que já havia tido manifestações radicais na Argélia, Líbia e Iraque ― oferecer a assinatura de "acordos de participação", tipos de nacionalizações parciais, escalonadas e sobretudo negociadas, que permitissem às corporações continuar desempenhando um papel determinante nos negócios petroleiros da região.


Com esse propósito, por exemplo, enviaram emissários a Teerã, em meados de 1972, com uma oferta única para esses países: torná-los proprietários, prévia indenização às companhias de porções minoritárias do capital acionário das indústrias estabelecidas em cada um deles. Como resultado das negociações com os plenipotenciários da Arábia Saudita, Abu Dabi, Iraque, Irã, Kuait e Qatar, é firmado em outubro de 1972 o Acordo Geral de Participação entre os países produtores do Golfo Pérsico e as companhias. Arábia Saudita e Abu Dabi aplicaram o acordo em dezembro desse mesmo ano:


"Fixou-se uma participação inicial de 25%, que entraria em vigor em 1º de janeiro de 1973 e permaneceria constante até 31 de dezmbro de 1977. a partir desta data, a porcentagem de participação iria aumentando até chegar a 51% em 1º de janeiro de 1982" (Anzola, 1975, 7).


O Acordo Geral de Participação, limitado às operações de prospecção e produção, constituiu o primeiro grande ensaio de uma fórmula substitutiva do regime concessionário. Nele estão prefiguradas todas as características que se plasmariam com virtuosismo na nacionalização petroleira venezuelana e iriam garantir a continuidade da relação de dependência que estamos analisando. Além de serem ressarcidas com o valor em livros de ativos cedidos, as companhias obtiveram prioridade para comprar a proporção da produção que corresponderia desde então aos mencionados países a preços que foram ajustados em cada oportunidade. Na maioria dos acordos e nacionalizações parciais que se realizaram no Oriente Médio a partir de então, os consórcios mantiveram intacto o controle sobre a comercialização internacional e firmaram convênios de assessoria e assistência técnica.






Então, a "abertura" começa... em 1976


Esta estratégia, ensaiada com êxito no Oriente Médio, tornou-se uma política concreta e foi executada ― com resultados igualmente excelentes para as companhias ― nas negociações que levaram à nacionalização da indústria petroleira na Venezuela.


Em fins de 1973, em um ambiente acirrado pelo enfrentamento que se seguiu à aprovação da Lei de Bens sujeitos à Reversão, com membros da Câmara de Representantes do Congresso norte-americano clamando pelo envio de uma task force para deter os impulsos nacionalistas desatados, e além disso, desenhando-se claramente a possibilidade de a Venezuela reduzir unilateralmente o prazo que começaria a vencer em 1983, começam a aparecer as "inesperadas" declarações de Keneth Wetherell, presidente da Shell venezuelana, e de Robert N. Dolph, da Creole:


"À luz do que ocorre no mundo, é de supor que as relações entre as concessionárias e o governo possam mudar talvez muito antes de 1983. (Dolph)


A empresa está disposta e preparada para examinar qualquer novo esquema de relações nas atividades petroleiras, a fim de cumprir com as aspirações e objetivos da nação venezuelana (Wetherell) (Rodríguez Galas & Yánez, 1977, 137-138, 144, 145).


Em cada uma dessas declarações in extenso, explicita-se o desejo das respectivas companhias de seguir cooperando com a Venezuela... mesmo depois das "transcendentes decisões que soberanamente tomem seu povo e seu governo em matéria petroleira".


Iniciam-se nesse momento as negociações às ocultas que, com o nome de concordância, deram sinal verde à "antecipação da reversão", dando às concessionárias, em contrapartida, gordas indenizações sobre ativos longamente depreciados, promovendo-se a assinatura dos já descritos contratos de assistência técnica e comercialização mediante os quais foram remunerados sobejamente o tão reclamado, quão imerecido, lucro cessante e garantindo-se a permanência dessas corporações em todos os empreendimentos de suas antigas filiais, agora ditas "operadoras" nacionalizadas.


Em 1º de janeiro de 1976 começou a funcionar o esquema umbilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven, Gulf-Meneven e assim sucessivamente, esquema que se manifestou expressamente ― além de nos referidos contratos ― também nos programas de troca de padrão de refinamento e nos "megaprojetos" da Faixa do Orinoco. As corporações tinham acesso, por essas novas vias, a áreas que antes lhes estavam interditas, uma vez que as companhias achavam-se limitadas às fronteiras de suas parcelas concessionárias.


Desse modo ― insistimos ― a "abertura petroleira" tem início na Venezuela com a Lei que Reserva ao Estado a Indústria e o Comércio dos Hidrocarbonetos e, mais precisamente, com os contratos de assistência técnica e comercialização, que constituem o primeiro elo dessa abertura, através da qual se concretiza e aprofunda a participação transnacional no negócio petroleiro da Venezuela. Entrincheiradas no privilegiado papel de assessores de tecnologia, sempre convidadas para todas as atividades de suas antigas filiais, e atuantes na comercialização da produção exportável de óleos crus e de derivados, as mais poderosas das antigas concessionárias mantiveram-se ativas e à espera de sua reinserção como protagonistas nas operações petroleiras do país. O valioso atalho para isso foram os contratos de serviço e empresas mistas, permitidos pelo mencionado artigo 5º da Lei. Os primeiros pretextos e justificativas alegavam a complexidade tecnológica inerente ao desenvolvimento dos óleos crus da Faixa do Orinoco, a possibilidade de reativar difíceis campos marginais e a exploração de gás ao longo da costa de Paria.


Concluído, portanto, o ciclo concessionário venezuelano, as relações entre o Estado proprietário do recurso e as transnacionais que o exploravam mudaram de forma, com a "nacionalização" da indústria, mas não de conteúdo, pois não só se mantiveram como se estenderam a campos inusitados.


Os primeiros Contratos de Assistência Técnica e Comercialização foram acontecimentos paradigmáticos enquanto uma nova configuração dos vínculos Estado-corporações, nos 24 anos que se seguiram até 1999, anos durante os quais essa configuração se desenvolveu e consolidou. Nos contratos, ganharam força os primeiros passos da abertura petroleira, visto que foi através deles que as empresas ― Exxon, Shell, Mobil e Gulf, sobretudo ― passaram a ter ingerência em espaços diferentes daqueles das antigas concessões, abrindo-se simultaneamente novas oportunidades para outras grandes corporações.


"(...) A Exxon recebeu em torno de 510 milhões de dólares de compensação direta pela nacionalização da Creole Petroleum. Também obteve o direito de comprar petróleo a um preço que é negociado a cada trimestre. E, o que é mais importante, a companhia recebe agora pagamentos por cada barril de petróleo embarcado e refinado.


Apesar de o governo venezuelano não consentir em publicar o montante de pagamentos, sabe-se que é muito generoso ― de fato, tão generoso que as alas liberais e de esquerda venezuelanas consideram-no uma verdadeira entrega. A Exxon também se recusa a especificar a importância dos pagamentos , mas R.H. Herman, vice-presidente de comércio da companhia, diz com um verdadeiro sorriso: 'Conseguimos um acordo razoável com a Venezuela e esperamos conseguir o mesmo com os sauditas'" (Rose, 1977).


Foi assim, pois, que se deu o aludido processo de declínio da participação nacional no negócio petroleiro, constituindo-se a assim chamada abertura petroleira apenas o capítulo contemporâneo e mais agudo de uma política que teve sempre o mesmo espírito: a expropriação do patrimônio coletivo em benefício do grande capital transnacional e das elites oportunistas criollas, cuja ponta de lança foi composta, até janeiro de 2003, pelas gerenciais de mentalidade privatista enquistadas nos postos de comando da empresa estatal.


Com contratos desse tipo, iniciou-se a desmontagem do aparato de controle e fiscalização estruturado pelo Estado venezuelano ao longo de seis décadas. Neles foi consagrada, pela primeira vez, a renúncia da soberania tributária ao estabelecer uma fórmula automática para compensar toda intenção de aumentar as taxas do Imposto sobre a Renda vigentes na assinatura do contrato. Igualmente, pela primeira vez, renunciou-se à "imunidade de jurisdição", isto é, a competência exclusiva dos tribunais nacionais para dirimir qualquer litígio entre as partes, ao estabelecer ― em contravenção do artigo 127 da Constituição Nacional de 1961 ― a arbitragem internacional como meio de dar solução a desacordos entre as partes contratantes.


Posteriormente, foram incorporadas novas áreas a esse processo de ampliação da participação estrangeira no negócio petroleiro venezuelano. Os programas de troca de padrão de refinamento e os "megaprojetos" da Faixa do Orinoco, foram, como dissemos, os cenários seguintes nos quais se desenrolaram os outros dramas do retrocesso da soberania estatal. Em seguida, surgiu o programa de aquisição de refinarias no exterior ― programa conhecido como internacionalização ― e que constitui destacado componente de uma estratégia oposta à política oficial, geralmente aceita apenas em aparência, de controle da produção como garantia para a defesa dos preços. Essa estratégia gerencial incorpora, em consequência, um claro viés anti-OPEP, ao promover a expansão da produção através da ampliação da capacidade de refinamento, para cujo abastecimento não se contava com óleos crus suficientes. Tudo isso sem mencionar a imensa fraude que essas aquisições e posteriores operações significaram para a Nação, ao converterem-se em uma verdadeira drenagem de receitas nacionais para o exterior (Mendoza Pottellá, 1995; Boué, 1997; Ramírez Coronado, 2000).


O Projeto Cristóvão Colombo, elaborado pretensamente para a exploração das jazidas gasíferas do norte de Paria por um consórcio formado por Shell, Exxon, Mitsubishi e Lagoven ― "diferido por 5 anos" primeiramente e depois definitivamente abandonado por ser inviável, foi, contudo, o empreendimento de maior êxito da gerência petroleira se considerado do ponto de vista de sua orientação para a desnacionalização total da indústria. Escudados na importância estratégica do projeto, conseguiram impor no Congresso Nacional a eliminação da forma dos Valores Fiscais de Exportação, que garantia níveis adequados de participação fiscal. Igualmente, e de modo sub-reptício, conseguiram uma determinação da Corte Suprema de Justiça por meio da qual foram derrogados os artigos 1º, 2º e 5º da Lei que Reserva ao Estado a Indústria do Gás Natural, e modificado o artigo 3º da Lei dos Hidrocarbonetos.


Em si mesmo, o Projeto Cristóvão Colombo incorporava diminuições do Imposto sobre a Renda de 33% e uma expressa renúncia à soberania fiscal ao dispor o compromisso de Lagoven de compensar seus estrangeiros na eventualidade de incrementos tributários determinados pelas autoridades nacionais.


Com esse ensaio geral estava servido o banquete para os novos agentes da política desnacionalizadora: as "associações estratégicas" para a operação de campos inativos, supostamente "marginais", e os "convênios de associação sob esquema de ganhos partilhados", vendidos com o bordão da "abertura".


Mas, reiteremos: a realidade mostrou que, desde o princípio (ou seja, desde 1976), em cada escaramuça meritocrática por defender sua autonomia operativa em relação à Controladoria Geral da República, ao Banco Central e ao cada vez mais desvalido e colonizado Ministério de Energia e Minas; por impor sua visão de "negócios" e de produção incremental a qualquer preço, em relação ao "rentismo estatista", em acontecimentos tais como a troca de padrão de refinamento, a internacionalização, os projetos de melhoramento dos óleos crus extrapesados e a entrega dos "campos marginais", restavam apenas fragmentos de soberania, de capacidade de controlar e fiscalizar e de preservar a jurisdição das leis e tribunais nacionais. Igualmente ― o que se pode constatar nas cifras apresentadas pela própria indústria ― fragmentos da participação nacional em um negócio que, até 1999, foi controlado capilarmente, em todos seus interstícios, pelo poder econômico privado nacional e transnacional, que reservava para si sempre o melhor e mais gordo bocado (Mendoza Pottellá, 1995).


A intenção do governo de mudar essa orientação iniciada em 1976, manifestada na designação, em fevereiro de 2002, de uma direção da PDVSA disposta a revolver os mais recônditos recessos do segredo petroleiro que se ocultava atrás das "apresentações" de executivos e das "consolidações" de seus artífices contábeis, foi um dos fatores desencadeadores do golpe petroleiro de abril de 2002. Os temores quanto à ação do governo levaram os executivos a utilizar, entre dezembro de 2002 e janeiro de 2003, todos seus recursos (inclusive a chantagem terrorista) para impor sua versão de democracia ― a que fosse condizente com seus negócios e que não invocasse posturas nacionalistas, todas elas velhas, desbotadas, desajustadas, "rentistas" e ameaçadoras.


Após isso, o país vem tratando de recuperar-se do gigantesco dano ao patrimônio nacional causado pela sabotagem petroleira, cujas consequências negativas serão visíveis por vários anos ainda nesse setor industrial.


O que, pois, nos leva hoje a reivindicar a necessidade de levantar novamente as bandeiras do nacionalismo petroleiro é a circunstância concreta de que atualmente os projetos continuam sendo formulados e os negócios sendo manejados e formalizados pelo capital petroleiro internacional.


Já mencionamos como um traço positivo o propósito e a evidência concreta de se diversificarem as fontes dos investimentos estrangeiros. Também podemos sublinhar como sumamente positiva a política de vincular a produção de petróleo venezuelano ao fortalecimento da integração latino-americana e caribenha. Contudo, quanto ao projeto, magnitude e sentido de seus planos de associação com esse capital petroleiro internacional, o setor público petroleiro ainda está em falta com a necessária ação de controle social de suas atividades. A proposta, defendida por setores políticos e sociais que apoiam o governo bolivariano, de constituir um Conselho de Estado para supervisionar os negócios energéticos e petroleiros do país, permanece ainda no limbo. No Ministério de Energia e Petróleo e na PDVSA, mantém-se ainda a mesma estrutura de segredo que imperava nas administrações anteriores. A caixa preta da PDVSA continua sendo obscura. A magnitude e impacto dos investimentos em algumas áreas de alto risco ecológico (como as zonas úmidas de Monagas e do delta do Orinoco ou o golfo da Venezuela), os termos das licitações ou designações diretas, decisões transcendentais tais como a liquidação de Orimulsion e a migração dos convênios operativos para empresas mistas, tem despertado a apreensão e as críticas de diversos analistas, posicionados no campo do nacionalismo petroleiro e na defesa de nosso habitat. Não se conhece outra resposta oficial a essas críticas que não seja o silêncio e o fato consumado. O debate é eludido, com a tradicional desculpa do seu caráter estratégico, das decisões envolvidas e de "não dar armas ao inimigo". Mas os venezuelanos já viram esse filme várias vezes..., submetidos por tantos anos à condição de inválidos pelas camarilhas econômicas e políticas governantes, que os presumem incapazes de tomar decisões como povo, por sua própria conta, sobre questões de interesse estratégico e nacional, ainda mais quando essas decisões afetam positiva ou negativamente os interesses particulares desses grupos de poderosos.


Por essa política comunicacional restritiva, o público venezuelano ainda não conhece cabalmente as contas dos negócios da chamada "abertura petroleira" durante a década final do século passado, e não existe uma informação adequada, detalhada e atualizada do assunto. Por exemplo, a "internacionalização" ― um dos maiores saques ao patrimônio público de que temos notícia ― ainda é defendida por seus mentores e pelos eternos crentes nas lendas douradas da meritocracia, apesar de o caráter fraudulento dessa política ter sido denunciado e demonstrado há já mais de dez anos ― e apesar de a indústria ser hoje dirigida por aqueles que se opuseram a essa “importação de custos e exportação de benefícios” (Ramírez Coronado, 2000, 28).


Mais uma vez, é preciso recordar que as magnitudes do negócio petroleiro são tais e de tão grandes implicações econômicas e políticas que é impossível deixar as decisões fundamentais em mãos de grupos fechados de tecnocratas, negociantes e políticos, independentemente de suas trajetórias e realizações nacionalistas. Porque não se trata apenas disso, já que com muita frequência o nacionalismo tem sido seduzido e descaracterizado pelas ilusões desenvolvimentistas, como as que são despertadas pelo atual panorama do mercado petroleiro, no qual se desenha há dois anos um novo boom de preços, gerado pelas mudanças estruturais ocorridas nos fundamentos do mercado internacional, com um dramático crescimento da demanda, alimentada decisivamente pelos novos mercados, como a China e a Índia, que se confronta com uma relativa estagnação da oferta.


De fato, os preços do óleo cru, independentemente das baixas sazonais, das especulativas e das determinadas por movimentos de inventários, têm alcançado um novo piso estrutural, o qual, para os óleos crus marcadores internacionais Brent e WTI, parece situar-se em um nível próximo dos 50 dólares por barril e, de acordo com a relação tradicional, para a cesta venezuelana de óleo cru e produtos, encontrar-se-á em torno de um valor acima dos 40 dólares por barril. Este piso dá à Venezuela uma margem bastante confortável para cumprir as metas do orçamento público para 2006, calculado com bastante moderação sobre a base das receitas resultantes de um nível de produção apenas superior ao vigente hoje e um preço médio de 26 dólares por barril para a referida cesta. Tudo parece indicar que essas condições do mercado não se alterarão a médio prazo.


Pois bem, com o ritmo atual e previsível de crescimento da economia nacional, essa disponibilidade de recursos comporta um conjunto de vantagens e de riscos para se traçar a política econômica. As vantagens se encontram certamente do lado da soberania nacional, da autonomia para tomar as decisões de gasto e investimento orçadas, e na possibilidade de diminuir substancialmente os níveis da dívida pública interna e externa. Situa-se também do lado da soberania nacional a possibilidade de alimentar a política de integração econômica e energética latino-americana e caribenha. Trata-se, nem mais nem menos, de pôr a Venezuela como eixo energético de um dos pontos centrais do mundo multipolar ― a América Latina e o Caribe.


Os riscos, por sua vez, localizam-se como sempre no lado das tentações a que fizemos menção, descritas desde 1930 por nosso primeiro economista, Alberto Adriani, e estudadas detalhadamente por seus colegas noruegueses nos anos 1970, que as caracterizam como o efeito Venezuela: a propensão ao gasto das receitas extraordinárias procedentes de uma renda mineira, acima da capacidade de absorção da capacidade nacional.


De fato, a "impossível semeadura", a que se referia Juan Pablo Pérez Alfonso, prossegue sendo um dos sonhos nacionais e, em momentos de pletora petroleira, quando reluz mais intensa a riqueza nacional, é quando mais atentas devem estar as mentes e a capacidade analítica dos venezuelanos para resistir às tentações ruinosas, como as que sofremos durante o período da "Grande Venezuela" e do V Plano da Nação, estigmatizada com justiça por Pérez Alfonso como Plano de Destruição Nacional. Trinta anos depois, encontramo-nos com planejadores iludidos pela possibilidade de investir precipitadamente as receitas extraordinárias que o país está recebendo. As cifras que são anunciadas ― de bilhões de dólares anuais até 2010 ― são realmente funambulesca, insólitas e perigosas: a única possibilidade de se fazerem investimentos dessa magnitude é importando, total e imediatamente, os projetos, os insumos, a tecnologia, a gerência e a mão de obra qualificada necessária. A incapacidade estrutural do país para suportar semelhante afluxo forçado de tal nível de investimento ― se, de fato, ele fosse factível ― pode ser medida através dos dados que a imprensa fornece em um único dia (12 de dezembro de 2005), sobre o não cumprimento das metas de construção de moradias no ano , ou a necessidade de 5.000 novos engenheiros para poder executar os planos já em andamento de exploração da Faixa do Orinoco , ou os problemas de gestão e descumprimento dos compromissos assumidos, detectados no plano ferroviário pela Unidade de Avaliação da Presidência da República. Tudo isso sem considerar o caráter aleatório e extraordinário das receitas que financiariam tais investimentos e as conhecidas consequências do efeito Venezuela, que padecemos desde os anos 1930 e que desde então vêm anulando as possibilidades de desenvolvimento de uma economia autônoma e autossustentada, independente da receita petroleira.


Em suma, pois, devemos concluir que a reivindicação do nacionalismo petroleiro deve vir acompanhada de uma democratização real e efetiva do processo de tomada de decisões em tudo o que disser respeito à energia e petróleo, com absoluta transparência quanto à guarda e justa distribuição da imensa renda que esse setor produz, para as gerações de venezuelanos de hoje e de amanhã. O escrutínio público é, também, a única maneira de combater efetivamente a corrupção que se sabe existente, que tanto se condena e se promete erradicar, mas de cujos culpados e suas punições pouco ou nada se conhece.


O controle social não pode permanecer transformado em uma palavra oca. Deve-se dar a ele um corpo físico, com autoridade, representatividade e institucionalidade. Em outras palavras, ele deve ser exercido por um órgão público dotado dos instrumentos e do poder profissional, moral e político suficientes para garantir a defesa d o interesse nacional em todos seus aspectos e em todos os níveis.














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