viernes, 15 de enero de 2010

Debate 2002: Amigos y enemigos "de la industria"

De un “tradicional enemigo de la industria petrolera”

para un veterano aprovechador del negocio petrolero público



Carlos Mendoza Pottellá

2002

A propósito de la “Junta Directiva Paralela de PDVSA” y otras infamias del poder petrolero.

Desde marzo de 1971, fecha en la cual tuve la inmensa suerte de integrarme como aprendiz a un equipo de análisis e investigación sobre el tema petrolero liderado por el Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo y conformado por veteranos políticos e investigadores universitarios, quedé automáticamente ubicado en un sector bastante conflictivo, el cual es, según la matriz de opinión promovida e impuesta por el poder petrolero venezolano, el de los “enemigos de la industria”. No en balde, la Creole Petroleum Corporation ya difundía, desde 1960, fecha de la fundación de la OPEP, la imagen del “brujo de Los Chorros” como un profeta loco.

En muchas oportunidades, esa poderosa matriz de opinión ha penetrado hasta muy cercanos amigos y compañeros políticos e ideológicos, en los cuales cunde la duda sobre la cordura de mi insistente discurso “anti-industria”.

En efecto, comencé a aprender, con el ácido estilo de Juan Pablo Pérez Alfonzo, con su discurso sin concesiones a las solidaridades grupales automáticas, los rudimentos del análisis de la política petrolera venezolana desde posiciones nacionalistas. Fui un privilegiado testigo de su mano firme al hundir el estilete en las más profundas llagas del negocio petrolero.

Así, por ejemplo, la caracterización de los “contratos de servicio” otorgados en 1970 por la CVP como instrumentos para eludir el principio constitucional de “no más concesiones” fue uno de las primeras asignaturas que recibí de ese magisterio. A propósito de las “informaciones” elaboradas por una asesora de imagen de Luis Giusti para "El Nacional", quiero referirme especialmente a un evento de esa oscura historia de hace treinta años.

En 1976, confirmando las aprehensiones de Pérez Alfonzo, el Presidente Carlos Andrés Pérez, presenta al Congreso de la República una denuncia sobre la estafa a la Nación que la transnacional Occidental Petroleum consumó en los lotes del Sur del Lago de los Contratos de Servicio, con la complicidad de algunos funcionarios públicos, entre ellos, uno que recibió como pago 600 acciones de una compañía denominada “Perforaciones Altamar”. José Toro Hardy, que así se llama el funcionario en cuestión, huyó del país, eludiendo la condena que si alcanzó a uno de sus cómplices y regresó, de una manera muy conveniente, cuando la pena por su delito había prescrito. Desde entonces se ha convertido en un destacado vocero del Poder Petrolero y es, desde luego, supremo juez a la hora de calificar a los amigos o enemigos de PDVSA. Este es el hombre que hoy organiza foros para defender la apertura, la ruptura con la OPEP y, en general, la privatización de la industria petrolera nacional, además de denigrar de los críticos de la gestión de PDVSA en los últimos 26 años, presentándonos como talibanes irresponsables. Por todo ello, no tengo la menor duda de que, como integrante del gabinete, no tan en la en la sombra, de Luis Giusti, este señor haya colaborado con la periodista y asesora de imagen Mary Mogollón, en la confección de esa olla podrida de El Nacional sobre la “directiva paralela” de PDVSA.

Por mi parte, y a mucha honra, desde 1971 he participado, con gente como el propio Pérez Alfonzo, Francisco Mieres, Gastón Parra Luzardo, y muchos otros, en la denuncia de cuanta trapacería hemos podido detectar dentro de la maraña de velos corporativos con los cuales el poder petrolero venezolano cubre el aprovechamiento privado de la mayor riqueza colectiva del país. Y para muestra, varios botones, a saber:

• La nacionalización “chucuta” y los ruinosos contratos de comercialización y asistencia técnica que le acompañaron y significaron “el mejor negocio de la Exxon en toda su historia”, pues además del cuantioso y continuado botín de miles de millones de dólares, obtuvieron participación privilegiada en todos los negocios de la futura operadora nacionalizada que la sustituiría, Lagoven. Tal como harían las otras exconcesionarias, Shell, Mobil, Gulf, etc. con sus respectivas operadoras, Maraven, Llanoven, Meneven …

• El super sobrefacturado “cambio de patrón de refinación”, cuyos gigantescos costos tecnológicos todavía pagamos, con onerosas regalías, en una operación que drena hacia el exterior todo el “valor agregado” nacional y nos deja una refinación con permanentes saldos rojos en sus cuentas de resultados.

• Los “megaproyectos” de la Faja del Orinoco, epítome de la irresponsabilidad planificadora de los promotores de negocios privados a costa de PDVSA: una inversión que se programó a razón de 5.000 millones de dólares anuales entre 1980 y el año 2000, sobre la base del supuesto de que el precio del crudo de 24 grados API alcanzaría los 50 dólares el barril en los años 90. Cuando la realidad les dio en las narices, la “Orimulsión” fue el escuálido ratón sin beneficios que parió esa montaña de recursos petroleros dilapidados.

• La Internacionalización, otra estafa continuada y asegurada por décadas, mediante la cual el PDVSA transfiere beneficios al exterior, otorgando descuentos que han promediado más de dos dólares por barril desde 1989 hasta hoy, con los cuales se financian unas supuestas pírricas ganancias e importa costos para minimizar su contribución fiscal.

• La apertura petrolera, con sus asociaciones estratégicas, convenios de asociación y tercerización, (outsorcing) como un programa más dentro de la vieja estrategia privatizadora de PDVSA y expropiadora del patrimonio colectivo de los venezolanos, y mediante la cual casi un tercio de la producción petrolera venezolana escapa al control estatal y se realiza en condiciones de costos que minimizan la participación nacional.

• Todo lo anterior, en el contexto de una estrategia antiestatal que llevó a vaciar de capacidades técnicas y de atribuciones al Ministerio de Energía y Minas, colonizándolo, y minimizando sus potestades de control y fiscalización. A la eliminación del Valor Fiscal de Exportación, la reducción de la Regalía hasta un 1% en las asociaciones estratégicas y, en general, a la aplicación de toda clase de argucias y consolidaciones contables para minimizar la participación fiscal petrolera. Añádase a esto las trampas a la OPEP con las cuales escupimos al cielo… y a los precios, y pare Ud. de contar.

Las consecuencias son evidentes: revertir por completo el reparto de los resultados del negocio petrolero venezolano, de un 80% de participación de la Nación venezolana en 1976 hasta un mísero 20% en 1998.

Si. Por todas estas denuncias, para Luis Giusti, Toro Hardy y compañía, somos enemigos de la industria. Enemigos de “su industria” y de sus guisos particulares.

Si. Somos enemigos de quienes han manejado a la industria petrolera venezolana durante los últimos 26 años privilegiando el aprovechamiento privado de un bien colectivo, en beneficio de los grandes negocios, de las corporaciones petroleras y de un privilegiado sector que integran hoy miembros de la Junta Directiva Internacional del Grupo Royal Dutch Shell, asesores energéticos de G. W. Bush, miembros de la realeza holandesa y pequeños accionistas de pequeñas compañías contratistas, como “Perforaciones Altamar”.

Botones de muestra:

Comprobado Soborno de la Occidental a Funcionarios de Menor Jerarquía.

El Nacional, Domingo 15 de Febrero de 1976, Página D-1


El Presidente Carlos Andrés Pérez entregó ayer en la mañana al Fiscal General de la República, doctor José Ramón Medina, el resultado de la investigación de apoyo a la labor jurisdiccional correspondiente al Congreso Nacional y a la Fiscalía, relacionada con la denuncia de un presunto soborno por parte de la Occidental Petroleum a funcionarios venezolanos para el otorgamiento de bloques en la zona sur del Lago de Maracaibo.


Al respecto, la Presidencia de la República entregó ayer un comunicado en el cual da cuenta del documento entregado y la nota explicativa que el presidente Pérez agrega a los informes relativos a la señalada investigación. En esta nota se señala que “dicha averiguación ha concluido y ella arroja importantes elementos de convicción para la fundamentación del proceso, sin perjuicio de que por la naturaleza de las investigaciones sea necesario que usted instrumente lo conducente para atribuirle valor probatorio a las informaciones obtenidas por vía confidencial”.


...

LOS PRESUNTOS IMPLICADOS
... una fuente oficial que pidió no ser identificada reveló que dentro de la investigación señalada se incluyen como presuntos sobornados al doctor ...
... y al doctor José Toro Hardy, quien para la época del otorgamiento de los contratos de servicio en el Bloque “E” del Lago era asesor contratado del Ministerio de Hacienda.
...
En relación al doctor José Toro Hardy, quien también tuvo actuación política como líder del Movimiento Desarrollista, la fuente reveló que éste habría recibido 600 acciones de la empresa Perforaciones Altamar. La fuente no precisó el valor de estas acciones ni de lo que significarían, en relación al capital de esa empresa. Es oportuno recordar que en declaraciones formuladas a “El Nacional” el día 18 de octubre del año pasado, el doctor Toro Hardy expresó que era un “accionista minoritario de Perforaciones Altamar, ya que poseía sólo un seis por ciento”. (El Nacional, Domingo 15 de Febrero de 1976, Página D-1



"La apertura petrolera deberá apuntar hacia una política de privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales, aseguró ayer el presidente del holding estatal, Luis Giusti.

'Debemos diseñar una política más agresiva para la apertura de Pdvsa y las empresas filiales al sector privado' dijo el máximo representante de la petrolera estatal... al referirse a la significación del proceso de licitación que se viene realizando para la adjudicación de las 10 áreas con potenciales reservas de crudos livianos y medianos"
(Economía Hoy, 25 de enero de 1996, pág. 10.)

"La exagerada presión fiscal sobre la industria petrolera es el más persistente de los mitos petroleros en Venezuela. No hay hueco fiscal ni presupuestario que haga voltear la mirada hacia las cuentas de costos abultados e inversiones inviables de la industria petrolera. Y las propuestas con más "punch" y entrada en los medios de comunicación son aquellas que tienden hacia sucesivos recortes de la participación fiscal, el verdadero ingreso neto de la Nación en materia petrolera.

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Pero otro es el caso de los ejecutivos en función política, aquéllos que, en tanto que planificadores y estrategas, han tomado las decisiones trascendentales en cuanto a embarcar a la industria en megaproyectos inviables con tal de acrecentar su poder. Esos sí son responsables de la sangría fiscal, producto de una explosión no justificada de costos y proyectos. Son responsables del mantenimiento de una estructura burocrática de altísimo costo y ninguna necesidad. Son responsables de la proliferación de campañas para anteponer la "visión corporativa" a la de los poderes públicos en materia de política petrolera y económica en general. Son responsables de diseñar escenarios políticos en los cuales la alternativa Caldera era denominada "Democracia Ineficiente" y la alternativa Muñoz León "Dictadura Ilustrada", ofreciendo ésta última el mejor de los mundos posibles para el desarrollo de la industria y el posterior surgimiento de una "nueva democracia".

Por ello, insistimos, una cosa son los técnicos de la industria y otra sus políticos, la cúpula gerencial con pretensiones antiestatales y visión privatizante orientada más hacia el "negocio" que a las conveniencias nacionales. Carlos Mendoza Pottellá, “Petróleo, Actualidad y Desconcierto”, Octubre 1994


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