De la soberbia, la ignorancia y la inmodestia
“Te
condeno a que te creas tus propias mentiras”
“Carlos y P------ centran su narrativa en la
"injusta" relación entre el propietario (nosotros) y la industria y el capital petrolero (ellos). Revertir tal "injusticia"
es una lucha contra la propiedad privada y el capital petrolero internacional,
y sólo la izquierda reivindica
nuestros derechos económicos. Esta narrativa es ancestral, está en las
leyes y sus regalías, en la soberanía de
propiedad 60:40 en las empresas mixtas, ... Infinito
complejo de inferioridad el de la izquierda.”
(Mensaje Privado a CMP)
Carlos Mendoza Pottellá
Uno de los riesgos de dar
declaraciones a periodistas con capacidad interpretativa de lo dicho por el entrevistado
hasta llevarlo a sus últimas consecuencias, es dar lugar a su reducción al
absurdo por lectores previamente predispuestos negativamente.
Esto acaba de sucederme a partir
de unas declaraciones mías, presentadas
con la particular redacción del entrevistador, sobre extractos de un
reciente artículo, “Del Fifty-Fifty al
Fourteen-Eighty Six - Consideraciones Sobre el Ingreso
Petrolero Nacional”. https://petroleovenezolano.blogspot.com/2022/06/del-fifty-fifty-al-fourteen-eighty-six.html
Según el reporte, publicado en
varios medios de comunicación y citado por quien con soberbia me condena a
creer en mis propias mentiras:
Mendoza Potellá advierte sobre el
aumento progresivo de los costos operativos netos de la producción petrolera en
los últimos 50 años y lo interpreta como un reflejo de “la creciente tajada” o
porcentaje de ganancia que toman para sí las empresas privadas. https://talcualdigital.com/voa-corrupcion-en-pdvsa-enterro-la-promesa-de-2-millones-de-barriles/
En verdad, el sentido del título
de mi trabajo, referido a los porcentajes de participación fiscal teórica de la
Nación venezolana en los resultados económicos de la explotación de sus
recursos de hidrocarburos, se explicaba en sus primeros párrafos:
La discusión sobre la magnitud y evolución de los ingresos
petroleros nacionales ha sido un tema
central del debate político venezolano desde hace más de 100 años:
Se trata de los beneficios netos
de la propietaria única del recurso explotado, la Nación venezolana, los
cuales, después de descontados los costos y los beneficios de sus
concesionarios, contratistas y/o socios privados, nacionales y extranjeros, han
venido desmoronándose, desde hace más de 40 años, en las proporciones con las
cuales titulo esta nota.
La necesidad de enfatizar la
importancia de esta circunstancia
crítica, y llamar la atención sobre los factores determinantes de ese curso
negativo, nos recuerda que estamos en un país donde sus principales centros académicos
decidieron eliminar los estudios de economía petrolera y derecho de los
hidrocarburos.
Y ni que decir de la historia
petrolera, extirpada de los estudios
secundarios y universitarios, y a cuyos registros apelaré en lo que
sigue, con mis disculpas a una contemporaneidad que desprecia su pasado.
A partir de esos propósitos expuse
mi visión de la evolución de la participación nacional en los resultados de su
industria petrolera, desde sus inicios en la segunda década del Siglo pasado
hasta el presente.
De manera particular, hice énfasis
en la era posterior a la reserva al
Estado, analizando la evolución de costos e ingresos netos, expresados
estos como la suma de regalías, impuestos y dividendos.
Justamente, el título hace
referencia a esa evolución negativa, de desmoronamiento de la participación
nacional, paradójicamente, a partir de esa nacionalización suigéneris.
Al establecer en qué consisten los
costos, es inevitable identificar como parte de ellos a los ingresos de
empresas y corporaciones privadas que prestan sus servicios directos o
comercializan esa producción. Respectivamente, se caracteriza a estos porcentajes
como representativos, uno de la participación nacional o publica, y otro, de la
participación del sector privado nacional y extranjero, incluidos obreros y
empleados, en los resultados de la explotación e industria petrolera.
La interpretación de esos
porcentajes suelen revelar la orientación de quien analiza los datos, cuando, por
ejemplo, se habla de “lo que se coge el Estado”, (“the government take”)
restando legitimidad a la participación de la Nación, propietaria del suelo
minero desde 1829. La posición contraria suele estigmatizarse, precisamente,
como “estatista”.
Desde luego, no puede satanizarse
la legitimidad de los ingresos de quienes participan, como personas o empresas
privadas, nacionales o extranjeras, en la explotación de esa riqueza mineral.
Sea cual fuere la ideología imperante, socialista o capitalista, esa remuneración
será legítima mientras no violente los límites de la institucionalidad soberana
y no implique el establecimiento de condiciones exacción monopólica o de
sujeción a una voluntad soberana distinta a la venezolana.
La vigilancia y crítica del reparto
de la renta petrolera de la tierra venezolana entre la Nación propietaria del
suelo y el capital que invierte en su desarrollo, como concesionario o
contratista es, de una cierta manera, expresión de una posición política que
pretende representar al interés
colectivo nacional, el mantenimiento indemne de la soberanía nacional sobre los
recursos de su subsuelo.
En el mencionado trabajo que
provocó mi sumaria condena a creer mis propia mentiras, exponía la justificación de su
título, de la siguiente manera:
A partir de 1976, luego de la
“reversión anticipada”, por el contrario, apareció una tendencia absolutamente
divergente, tendiente a “reestablecer las reales proporciones del reparto entre
la industria y el Estado” en la que se
registra una caída permanente de la relación porcentual entre costos de la
empresa estatal y partición fiscal, que arrancó mostrando procentajes
respectivos de 11 a 89 en 1976 y concluye, hasta ahora en 2016, último año con
cifras registradas, en su absoluto inverso: 86 a 14.
La posición de crítica a esta evolución
negativa sigue siendo pertinente porque enfrenta la perenne promoción de la
privatización de los recursos de propiedad pública, ahora presentada como
atractiva oferta electoral, en nombre del inmediato reparto anual de los
excedentes generados entre los ciudadanos, vale decir, entre los mayores de 18
años en el momento en que se asuma semejante despojo. Es una posición que he
venido sosteniendo desde hace más de cinco décadas, enfrentado a sectores que
se cubren con la bandera de la defensa del ciudadano, inerme frente a la
omnipotencia estatal.
Según la moda vigente en el país,
al mencionar los conceptos de soberanía y nacionalismo estoy mostrando la
esclerosis múltiple de mis neuronas. De hecho, se me diagnostica un severo complejo de inferioridad que me incapacita para entender las reglas de la modernidad
globalizada, donde los auténticos soberanos dirimen sus diferencias con el
despliegue de sus respectivos misiles nucleares ultrasónicos.
Por ello, asumo la pedantería de
asociarme a otros venezolanos que no pueden ser acusados de acomplejados. Recurro
a otro párrafo de mi citado artículo:
En efecto, de lo que se trata, es
del tema de trabajo y de vida de gente con visiones y posiciones políticas diversas
y muchas veces antagónicas, pero unánimes en cuanto a la importancia nacional
de la defensa de esa soberanía y su usufructo nacional, tales como Alberto
Adriani, Gumersindo Torres, Manuel Egaña, Rómulo Betancourt, Juan Pablo Pérez
Alfonzo, Salvador de la Plaza, José Antonio Mayobre, Ernesto Peltzer, Domingo
Felipe Maza Zavala, Tomás Enrique Carrillo Batalla, Francisco Mieres, Gastón
Parra Luzardo, Armando Córdova, Domingo Alberto Rangel, Orlando Araujo, Pedro
Esteban Mejías, Héctor Malavé Mata, Bernardo Ferrán, Asdrúbal Baptista, para
sólo citar algunos, y con perdón de las omisiones, entre las decenas venezolanos cuyos estudios y preocupaciones
ya no tienen cabida en la moderna modelística macro y microeconómica y mucho
menos en la real-politik del agarrando aunque sea fallo, sálvese quien pueda y
el que venga atrás que arree… Pérez Alfonzo dixit.
Entiendo que la vejez y
desaparición de todos esos referentes están dando la razón pragmática a los
partidarios del “agarrando aunque sea
fallo”, quienes consideran que ésta que sostengo es una posición anacrónica
y que, en ejercicio de la real politik contemporánea, simplemente debemos
conformarnos con lo que corresponda a la Nación como propietaria del suelo, en
un nuevo y moderno acuerdo fiscal, después de la privatización total o parcial
de la industria.
Sin negar que para salir de la
situación catastrófrica actual debemos enfentar desde ya un duro proceso de
negociación con el capital petrolero internacional, creo que ello hay que
hacerlo con los pantalones bien puestos. Reivindicando el valor y significación
estratégica de nuestros recursos y no asumiendo de entrada las aspiraciones
máximas de la contraparte.
Finalmente, y aludiendo a la
inmodestia que asumí al titular esta nota, quiero dejar constancia de mi
contumacia en la bobería soberanista, refieriendo algunas muestras de mi maniática insistencia,
la cual data de 1971, cuando comencé a sorber dosis masivas de la locura de
Juan Pablo Pérez Alfonzo y Francisco Mieres:
De las concesiones a los contratos, Visión
retrospectiva de la política petrolera Venezolana. Tesis de Grado 1983.
(Fundación Editorial El Perro y La Rana, Caracas 2011)
El Poder Petrolero y la Economía
Venezolana (CDCH UCV, Caracas 1995)
Crítica Petrolera Contemporánea (FACES UCV, Caracas 2000)
Nacionalismo Petrolero en Cuatro
Décadas (Universidad del Zulia, Maracaibo 2010)
– Edición digital actualizada a 2017 - Banco Central de
Venezuela, Caracas 2017)
https://academia.edu/41805065/Nacionalismo%20petrolero%20en%20cuatro%20d%C3%A9cadas
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CMP/20/04/2023
