martes, 29 de diciembre de 2009

DE LAS CONCESIONES A LOS CONTRATOS:


Visión retrospectiva de la política petrolera venezolana

Carlos Mendoza Pottellá

Trabajo de Ascenso (Inédito) Escuela de Economía, Universidad Central de Venezuela
Caracas, 1985

Tabla de Contenido:


MARCO TEORICO CONCEPTUAL *
SISTEMA DE HIPOTESIS *


PRIMERA PARTE:


LA ERA DE LAS CONCESIONES *


I. Génesis y Prehistoria del Régimen Concesionario *
II. La Legislación Petrolera De Gumersindo Torres a Néstor Luis Pérez *
III. La "Ley-Convenio" de 1943 *
IV. Del "Fifty-Fifty" a la Frustración del "Pentágono Petrolero" *
V. Contratos de Servicios vs. No Más Concesiones *
VI. La Paz Petrolera *
VII. La Política Petrolera y el Panorama Económico Internacional al Inicio de los Setenta *
VIII.- Reversión: La Difícil Transición. *
IX. La Reversión Anticipada. *


SEGUNDA PARTE


LA ERA DE LOS CONTRATOS *


X.- El Nuevo Paquete Ley-Convenios *
XI.- El Marco Formal *
XII.- La Cara Oculta del Nuevo Paquete: Contratos de Asistencia Técnica y Comercialización *
XII-a. Asistencia Técnica: El Golpe Maestro. *
XII-b. Comercialización, Segundo Pilar del Paquete Desnacionalizador. *
XIII.- Los Contratos Renegociados: Renovación de la Fórmula Dependiente *
XIV.- Los "Caminos de Verdes" del Costo Tecnológico. *
XV.- Recapitulación y Conclusiones *


MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

La nacionalización de la industria petrolera venezolana, concebida como reversión anticipada, es decir, como adelanto de la fecha en la cual la Nación ejercería ese derecho, establecido en los contratos concesionarios y garantizado por la Constitución Nacional, significó el fin de la era de las concesiones.

A ese desenlace se llegó como resultado de la concurrencia de una serie de procesos económicos y políticos a nivel nacional, que a su vez estaban condicionados y, en muchos casos directamente determinados por acontecimientos y desarrollos generados a nivel internacional.

De todos esos procesos y circunstancias, unos más significativos y determinantes que otros, es factible hacer diversos enfoques para resaltar la incidencia de un determinado factor. Ese es precisamente nuestro caso: el planteamiento que nos proponemos desarrollar en este trabajo tiene como hilo conductor y punto de partida el análisis de las contradicciones entre forma y contenido en la evolución de las relaciones entre el Estado venezolano y las compañías petroleras internacionales, ayer concesionarias y hoy suministradora de asistencia técnica y gerencial, agentes universales de compras de la industria y comercializadoras de la producción nacional en una proporción cercana al ochenta por ciento.

Esta óptica no implica olvido del múltiple condicionamiento externo a ellas mismas a que están sometidas estas relaciones; por el contrario, pretendemos realizar un análisis del problema que tenga presente en todo momento el conjunto de circunstancias que lo definen. La omisión de tales circunstancias haría intrascendente la exposición, pues al presentar a los protagonistas de estas relaciones como entes autónomos, soberanos, se dejan de lado factores reales determinantes. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en el libro "La Política del Petróleo en Venezuela", cuyo autor, Franklin Tugwell, se plantea el estudio de esa política en una forma similar a la que aquí intentamos, pero con la diferencia de que explícitamente considera al Gobierno venezolano y a las compañías concesionarias de hidrocarburos como protagonistas soberanos de un "juego" en el cual cada participante aporta y negocia determinadas prestaciones y contraprestaciones:

"Los contendores en este ‘juego’ son típicos dependiente mutuos, en tanto que cada cual depende y confía en el otro para que la actividad productora y sus beneficiosos resultados continúen. Las compañías reciben beneficios y acceso continuado a los recursos; el gobierno obtiene ingresos fiscales importantes e ímpetus para el desarrollo de la economía." 1

Con tal óptica es fácil limitar los conflictos y la evolución de la relación considerada a un simple estira y encoge entre los beneficios de las transnacionales y la participación gubernamental en el negocio, como en efecto lo hace Tugwell, aún después de reconocer que se trata de un esquema burdo, cuando presenta como rasgo característico de la evolución de las condiciones en la relación concesionaria al aumento de la participación estatal "...Desde los primeros años de la década del 20 cuando la participación del Estado en las ganancias era a duras penas del 15 por ciento..." hasta el momento en que está escribiendo su obra, 1974, año en el que esa participación alcanza, según él, al 85%. 2

A pesar de lo candorosa, tal es la percepción más generalizada del proceso vivido en nuestro país en cuanto al manejo del petróleo y es también la que intentamos combatir en nuestra exposición en torno a la divergente evolución de forma y contenido en esta materia. Es por ello que, al lado de la reseña de la evolución de la capacidad del Estado venezolano para defender su participación en el reparto de la renta petrolera, destacamos todo el conjunto de circunstancias y acciones del capital petrolero internacional que distorsionan y frenan esa evolución, arrinconándola la mayoría de las veces en el ámbito de lo meramente formal.

Desde nuestro punto de vista, definimos como forma a los instrumentos jurídicos, contractuales y reglamentarios con arreglo a los cuales se otorgaban y recibían las concesiones y aquéllos que en nuestro tiempo determinan el funcionamiento de la industria petrolera venezolana como una ‘compañía anónima’ que puede pactar convenios de asistencia técnica y comercialización, otorgándole atribuciones que la convierten en una entidad para-estatal, semiautónoma.

1 Tugwell, Monte Avila Ed., Caracas 1977, pág. 27.
2 Ibíd.., pág. 35

Por otra parte, entendemos como contenido, esencia real del movimiento que analizamos, a la resultante del conjunto de factores de poder e intereses que ejercen sus fuerzas en uno u otro sentido en cada oportunidad y determinan el verdadero carácter de las relaciones Estado- concesionarias, a sus resultados en términos de usufructo de beneficios y control de las decisiones en la industria petrolera; determinación que se ha impuesto siempre, independientemente del cascarón legal correspondiente, bajo su cobertura si es posible, retorciéndolo convenientemente en otras oportunidades o, en último caso, ignorándolo.

Y es que el contenido de esas relaciones no es otra cosa que una forma particular de expresión de la lucha de clases dentro del capitalismo contemporáneo. En este sentido nos parece interesante la nomenclatura que proponen Petter Nore y Terisa Turner en la introducción de su recopilación "Oil and Class Struggle", donde identifican cinco dimensiones, cinco formas de manifestarse la lucha de clases en la industria petrolera a nivel mundial. Aún cuando diferimos de estos autores en algunas de sus formulaciones por el dogmatismo que, a nuestro entender, las impregnan, utilizamos su esquema de "dimensiones" de la lucha de clases en la industria petrolera para precisar el campo en que ubicamos nuestro análisis.

La primera de estas dimensiones o formas de la lucha de clases es la del "antagonismo existente entre las burguesías nacionales e internacionales, representadas respectivamente por los Estados-Nación y las compañías petroleras”3.

Nuestro análisis se va a centrar en esta dimensión y las referencias a las otras cuatro se harán siempre en función de su incidencia en este Ámbito particular, pero es indispensable mencionarlas y asumir su existencia como parte indisoluble de la compleja realidad que estudiamos. En el orden expuesto por los mencionados autores, esas otras dimensiones serían:

• Las contradicciones en el propio seno de la industria entre el capital y los trabajadores petroleros.

• Las contradicciones entre clases y fracciones por el control del poder estatal en el seno de los países productores.

3 Nore y Turner, Op. Cit., pág. 1. Traducción nuestra.

• La lucha entre clases explotadas y explotadoras, tanto en estos mismos países como a nivel internacional.

El antagonismo entre fracciones de la propia burguesía internacional basada en los principales países industriales.

Estas cinco dimensiones agregan un sentido más preciso a la múltiple determinación a que aludíamos al principio. Pero es indispensable precisar, por nuestra parte, que al ubicarnos en la dimensión que hace referencia al antagonismo entre el Estado y el capital petrolero internacional no asumimos la identificación del Estado-Nación con la burguesía nacional que pareciera desprenderse de la formulación citada y que a nuestro entender peca por excesivo esquematismo, simplificador de una realidad mucho más compleja, en todos los casos y en particular en el venezolano.

En nuestro país el control del Estado no ha sido detentado exclusivamente por la burguesía y en los años iniciales de su historia petrolera ni siquiera existía una clase que mereciera tal denominación. El proceso de conformación de una burguesía nacional y su lucha por participar y hegemonizar el control del Estado en Venezuela es coetáneo con la implantación de la industria petrolera como generadora fundamental de los ingresos externos del país. En muchas oportunidades la política petrolera va a ser, también, reflejo de esa pugna por el control del Estado nacional y a ellas haremos referencia en el transcurso de nuestra exposición.

Como es obvio, nuestro enfoque parte de la concepción global que sustentamos sobre el contexto socio- económico contemporáneo y la situación de Venezuela dentro del mismo como país capitalista subdesarrollado, petrolero- dependiente, caracterización sobre la cual hay discusiones y matices desarrollados por varios autores, pero en torno a los cuales no vamos a insistir.

En particular, nos hacemos solidarios del doble enfoque formulado por el Profesor Francisco Mieres, quien postula una interpretación de la estructura del sistema capitalista mundial, considerándolo

1) Como conjunto de Naciones - Estado o formaciones económico-sociales nacionales en las que el modo de producción capitalista es dominante, organizado como ente bipolar con un centro dominante y una periferia subdesarrollada.

2) Como formación económico-social única mundializada, transnacional, compleja y heterogénea, donde el modo capitalista domina sobre otras formas económicas secundarias. El proceso mundial de acumulación, concentración y centralización de capital, eje dinámico, ha conducido hoy a la cúpula de la dominación y explotación a los gigantescos monopolios transnacionales. En lugar de relaciones entre naciones, tenemos aquí relaciones entre clases sociales y grupos económicos. 4

Partiendo de las consideraciones expuestas es que hacemos los siguientes planteamientos hipotéticos, cuyo desarrollo y sustentación fáctica y documental constituyen la parte medular de este trabajo.

4 Francisco Mieres, “La Crisis actual del capitalismo. El impacto energético. Mimeografiado, CEAP, FACES, UCV. s.f.


SISTEMA DE HIPÓTESIS

La nacionalización petrolera fue la conclusión, entre otros desarrollos, de un largo y conflictivo proceso de agotamiento del patrón normativo formal de las relaciones entre el Estado venezolano y las compañías extranjeras concesionarias; es decir, del conjunto de estructuras legales y reglamentarias en el marco del cual se desarrollan esas relaciones.

Ese agotamiento se venía haciendo crítico en la medida en que nos acercábamos a 1983, año en el cual se iniciaría el vencimiento y por ende la reversión de las concesiones de hidrocarburos, sin que para esa fecha estuviera prevista una alternativa clara para el ulterior desarrollo de la industria, cercada por la norma constitucional que establecía el no otorgamiento de nuevas concesiones y el voluntario enanismo en el que fue mantenida la Corporación Venezolana del Petróleo durante sus quince años de existencia.

Este dilema tenía soluciones divergentes perfectamente identificables: Una, "subversiva" a los ojos del status y lesiva de las reglas del juego impuestas por la "buena vecindad", era la preparación del país para asumir plenamente el control de su industria. Esta opción, defendida por los sectores de avanzada del país, en especial por verdaderos profetas en el desierto de la talla de Salvador de la Plaza, fue delineada en términos de posibilidad realizable incluso para gobiernos no necesariamente revolucionarios por Juan Pablo Pérez Alfonzo, al postular, dentro de su "Pentágono Petrolero", junto al principio de 3m no mas concesiones, la creación y desarrollo de la CVP. Pero esa posibilidad fue eludida, ignorada e incluso desnaturalizada con la negociación de unos Contratos de Servicios que, como lo demostraran en su oportunidad diversos analistas, no eran otra cosa que concesiones disfrazadas para burlar el principio constitucional que prohibía nuevos otorgamientos de las mismas.

La segunda de las opciones a que nos referimos es, desde luego, la propiciada por las compañías y sus voceros en FEDECAMARAS, quienes consideraban que el principio de "no más concesiones había colocado a la industria petrolera en un curso de declinación" 5

Los esfuerzos de este sector se van a encaminar a la búsqueda de una alternativa cónsona con la preservación de su participación privilegiada en el negocio. Una nueva fórmula de asociación dependiente con el capital transnacional que incorporara algún maquillaje renovador era la solución más "saludable", si se miraba con los ojos geopolíticos de sus proponentes criollos.

Los Contratos de Servicio se van a convertir en el primer ensayo de esa fórmula alternativa y preservadora de la buena salud del negocio. El largo debate en torno a estos contratos y su ulterior frustración vienen a constituir una expresión de la confrontación entre las dos opciones mencionadas; confrontación alrededor de la cual gira la política petrolera de los últimos veinticinco años: con marchas y contramarchas, pero con el predomino a la larga de los sostenedores de la asociación incondicional con el capital petrolero internacional. De esta constatación emerge nuestra hipótesis central:

La nacionalización, evento culminante de esa política petrolera, plasma, en realidad, el estado de las fuerzas de estas dos posiciones y, no siendo una excepción de la tendencia secular, también en esta oportunidad termina por triunfar el partido de la asociación transnacional. De una manera tal que, al cabo de un forcejeo trascorrales, la nacionalización viene a ser convertida en su opuesto: un pacto laboriosamente trabajado que propiciará el mantenimiento y la ampliación, en extensión e intensidad, del control transnacional sobre el petróleo venezolano.

El instrumento fundamental para la obtención de tan paradójico resultado de una nacionalización fue el bloque de convenios firmados tras bastidores mientras se discutían públicamente los términos de la "Ley que Reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos". Con lo que, en suma, la nacionalización resulta ser fruto de un nuevo paquete Ley-Convenios al estilo del pacto entre el gobierno y las compañías que institucionalizó en 1943 el régimen concesionario.

5 Luís Vallenilla, Auge, Declinación y Porvenir del Petróleo Venezolano.

En otras palabras, nuestra afirmación fundamental es la de que con el fin de la era concesionaria no pasamos a la era del control pleno por parte del Estado sobre su industria petrolera, sino a una nueva modalidad de relación subordinada Estado-transnacionales. Más elástica y sutil, más adaptable a la evolución de las realidades económicas y políticas contemporáneas, que manteniendo y profundizando las características esenciales de la situación anterior, fuera a la vez un cierto "aggiornamento", una puesta a tono con el signo de los tiempos que desmovilizara los sentimientos negativos que despertaba el viejo sistema concesionario.

Esta nueva forma de existencia de la relación dependiente se funda en un también nuevo tipo de contrato, distinto formalmente del contrato concesionario, pero que obtiene con más eficiencia los mismos resultados: Los Convenios de Asistencia Técnica y Gerencial y los contratos de compraventa de petróleo y productos para su comercialización internacional.

"En lugar de la presencia directa, prepotente e irritante de los dueños extranjeros, de sus campamentos cercados, de sus sistemas exclusivos de seguridad y de comunicaciones y de sus inmensos beneficios, la "asistencia tecnológica "se negocia en minúsculos grupos de expertos, a espaldas del público, del grueso del personal y hasta del Congreso y de los organismos contralores. Por otra parte, los "asesores" foráneos residentes en el país se vuelven casi imperceptibles y muchos "consejos" y "soluciones" llegan por ondas invisibles a terminales de computador. 6

Una salida como ésta venía siendo discutida y propuesta hacía algún tiempo por investigadores vinculados al gobierno norteamericano y a las transnacionales. En particular, James Akins, Zar energético de Nixon, posteriormente Embajador en Arabia Saudita y luego asesor muy bien pagado en ese mismo país, expuso brillantemente las ventajas, para los intereses de las compañías y del sistema en general, de darle una vía de escape formal al peligroso vapor del nacionalismo, en su famoso ensayo "The Oil Crisis, This Time the Wolf is Here". 7

Constata Akins que un gran número de funcionarios de las empresas petroleras examinaban la posibilidad de establecer

6 Francisco Mieres, “El papel del petróleo venezolano en la perspectiva de la crisis energética”, en Petróleo y Desarrollo en México y Venezuela. Ed. Nueva Imagen, UNAM, México 1981, pág. 235.

7 Akins, Op. Cit., Foreign Affairs, abril 1973

nuevas relaciones con los países productores, ante la evidencia de que la era de las concesiones había terminado.

"...una nueva y dramática oferta a los productores podría garantizar la tranquilidad durante otra generación" 8

más adelante, después de comentar la situación que al respecto se vivía en el Medio Oriente ante las exigencias de árabes y persas, concluye que no será fácil, ni aún deseable resistir un cambio a estas alturas porque...

"Sin importar lo que resulte de los acuerdos existentes, las compañías continuarán desempeñando un papel importante en el transporte, refinación y distribución del petróleo, y es muy probable que también lo harán en la producción del petróleo durante los próximos diez años." 9

Las reflexiones de Akins han pasado a formar parte del sustento de la estrategia principal de las Siete Hermanas en sus relaciones con los países productores, como lo demuestran los acuerdos de participación y nacionalizaciones parciales a que se avinieron en los países del Medio Oriente.

Otro de los investigadores a los que nos referíamos es Gerard M. Brannon, de la Fundación Ford, quien elaboró unas propuestas de "Políticas Respecto a la OPEP" como parte de un informe para el proyecto de políticas energéticas de esa Fundación, en el cual aporta nuevos y esclarecedores elementos en el mismo sentido expuesto por Akins:

"Las leyes tributarias, hasta de esos países son más difíciles de cambiar que los precios. Si los países productores se adueñaran efectivamente de la producción petrolera, su interés estaría en seguir empleando la burocracia existente de las compañías petroleras para utilizarla como administradores y técnicos de la producción. La gran diferencia estaría en que los países productores podrían fijar los precios y no tendrían el recurso de los impuestos para asegurar la disciplina de precios contra los países particulares atraídos por la perspectiva de una venta mayor a un precio más bajo." 10

Esas proposiciones se hicieron política concreta y se ejecutaron con óptimos resultados para las compañías en las

8 Ibíd., Versión castellana mimeografiada, CEAP, FACES, UCV, 1976. Pág. 14
9 Ibíd.., Pág. 15.
10 Brannon, Op. Cit., mimeo CEAP, FACES, UCV, 1976.
negociaciones que dieron paso a la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela.

Las condiciones que quedan establecidas en todo contrato siempre están determinadas por el poder negociador de cada una de las partes y es el caso, justamente, que los resultados reales de este nuevo sistema, en sus siete años de vigencia en nuestro país, nos conducen a afirmar que el nunca sepultado Cartel Petrolero Internacional -el verdadero cartel, el de las Siete Hermanas y sus asociados- impuso nuevamente sus condiciones a los gobernantes y principales gestores de la industria petrolera venezolana. Lejos de estar en mengua la marea de las transnacionales, con la nacionalización, el cartel petrolero evidencia su poder y ejercido contundentemente su capacidad negociadora frente al Estado venezolano. No en balde se vanagloria de haber hecho el mejor negocio de su historia:

"...La EXXON recibió unos 510 millones de dólares de compensación directa por la nacionalización de la Creole Petroleum. También obtuvo el derecho de comprar petróleo a un precio que se vuelve a negociar cada trimestre. Y, lo que es más importante, la compañía recibe ahora pagos por cada barril de petróleo embarcado y refinado."

"A pesar de que el gobierno venezolano no accede a publicar el monto de los pagos, se sabe que es muy generoso -tan generoso de hecho que las facciones liberales y de izquierda venezolanas lo consideran una verdadera entrega. EXXON también rehúsa especificar la importancia de los pagos, pero R.H. Herman, el vicepresidente de mercadeo de la compañía, dice con una verdadera sonrisa: "Logramos un acuerdo razonable con Venezuela y esperamos poder lograr lo mismo con los sauditas." 11

Debemos señalar que, a nuestro entender, un factor coadyuvante de tales resultados lo constituyó la aceptación generalizada, por todo el espectro político nacional, de la inevitabilidad de la asociación del Estado venezolano con el capital petrolero internacional para el manejo y disposición de sus recursos de hidrocarburos. Sobre la base de consideraciones geopolíticas, tecnológicas y financieras que no intentamos discutir en este trabajo, esa asociación se ha presentado como un dato inmodificable de la realidad y las

11 Sanford Rose, “¿Por qué está en mengua la marea de las transnacionales?”. Fortune, Agosto 1977.


diferencias al respecto son de grado, pues ni los más acerbos críticos plantean una ruptura de la misma como opción válida.

Sin ubicarnos en la posición de proponer un Apocalipsis purificador, consideramos que tal limitación permitió la mediatización del proceso, hasta llegar a la situación actual, donde con las galas de la nacionalización el gran capital petrolero se ha dado maña para retener en sus manos el mango de la sartén. Infructuosas han sido las denuncias de algunos sectores académicos ante los oídos sordos de los gobernantes de turno y de una nación convencida de que "ahora el petróleo es nuestro": Los contratos de asistencia técnica y comercialización son hoy el modelo general de la nueva asociación Estado-Transnacionales para la disposición de los recursos de hidrocarburos del país.

Para precisar aún más nuestro enfoque sobre el carácter de la nacionalización petrolera debemos discutir y pesar la entidad de los criterios y parámetros con los que evaluamos ese proceso.

Decíamos antes que la forma de las relaciones consideradas era provista por el marco legal y reglamentario. En el caso de la nacionalización, ese marco lo constituye la "Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos" y sus reglamentos, los cuales han determinado un profundo cambio en la calidad jurídica de los antiguos concesionarios, quienes ahora no son propietarios de ningún activo tangible que materialice su presencia física en el negocio petrolero nacional. Aún más, la gran mayoría de esos concesionarios, los pequeños desde luego, perdieron todo tipo de contacto con el negocio petrolero venezolano.

Desde este punto de vista, las grandes transnacionales que siguen en la brecha han sido colocadas "del lado afuera" de la industria petrolera nacional... en un cierto sentido. Si bien los vínculos transnacionales con la industria no se establecen ahora con su inversión en el país, ha emergido un nuevo mecanismo que consagra esos vínculos, un nuevo tipo de relación contractual, distinta en todos sus términos, fines declarados, condiciones y plazos, del contrato concesionario: Los contratos de asistencia técnica y comercialización. Queda así asentada una clara evolución de la forma que, aparentemente reduce los encadenamientos externos de la industria petrolera nacional.

Pero en verdad, -sostenemos- esa evolución no ha tenido una proyección en igual dirección en la esencia de la relación dependiente Estado venezolano - transnacionales petroleras. Para demostrar esta afirmación debemos precisar los rasgos que nos permiten identificar y evaluar esa esencia.

A nuestra manera de ver, podemos aproximarnos a ella a través de los resultados efectivos del proceso, contrastados con criterios tales como el nivel de injerencia y determinación de ambos polos de la relación bajo estudio en el sistema de toma de decisiones de la industria en cuanto a políticas a largo plazo y planificación, por un lado, y en lo referente a la gestión de los programas y actividades en curso, por el otro, en todas sus fases -exploración, explotación, manufactura y comercialización.

Colocados en esa perspectiva, estaremos en capacidad de determinar el sentido en el que se toman las decisiones, al establecer un balance de sus resultados, respondiendo a preguntas claves: ¿Quién se beneficia y en qué proporciones? ¿Con qué consecuencias socioeconómicas, políticas y ecológicas, presentes y futuras?

Ahora bien, como lo documenta una extensa bibliografía en todos los idiomas, 12 el petrolero es el mayor negocio del mundo. Si ha devenido elemento vital, base energética fundamental del desarrollo industrial, sobre esa condición, que no fue necesariamente el resultado del simple desarrollo tecnológico y que está envuelta entre los condicionantes del modelo de acumulación capitalista contemporáneo, se ha levantado la mayor acumulación concentrada de poder económico y político no estatal de nuestros tiempos: el Cartel Petrolero Internacional, las siete hermanas que han usufructuado casi exclusivamente durante décadas la circunstancia de monopolizar una fuente de energía cuyos costos de extracción están muy por debajo de los de las otras fuentes. El petróleo se convierte así en un gigantesco portador de renta diferencial y absoluta. Las luchas que se desatan en torno a él, en consecuencia, son por la apropiación de los beneficios excedentes que genera, los cuales se incrementaron durante varias décadas, en la medida en que su disponibilidad era insuficiente para cubrir la demanda que por él se generaba.

12 A título de muestra: Tugendhat, C. Petróleo el mayor negocio del mundo. O’Connor, R., Los barones del petróleo, Sampson, A., Las siete hermanas, Blair, John M., The Control of Oil, Odell, P., Petróleo y poder mundial.

"Como la demanda global de energía no puede ser satisfecha por el petróleo u otra fuente más barata, el valor de la energía está muy por encima de los costos promedios de extracción del petróleo. Por eso las compañías petroleras pueden realizar enormes beneficios excedentes, los cuales podrían, en condiciones de absoluta propiedad capitalista sobre la tierra, ser transformados completamente en renta absoluta y diferencial apropiada por el propietario de la tierra." 13

En consecuencia, la lucha por la apropiación de esos beneficios excedentes es la esencia del conflicto entre las burguesías internas de los países productores, parapetadas tras sus respectivos Estados y las compañías petroleras internacionales.

La generación de excedentes en la industria petrolera es una materia objeto de estudio desde múltiples ópticas y perspectivas para definir el carácter y significación económica de tales antecedentes. Capital, renta o beneficio; renta absoluta o diferencial 14 la cuestión no está definitivamente resuelta, pero en lo que a nuestra investigación concierne, lo esencial estriba en el hecho mismo de la generación constante en este siglo de ese excedente en la industria petrolera y en los resultados de la lucha que se ha entablado por su reparto. En este sentido consideramos, al igual que J.P. Angelier 15 que el reparto de la renta petrolera es la base del modo de articulación existente entre los agentes económicos en conflicto dentro de la industria, justamente los polos de la relación que estudiamos.

En general compartimos el enfoque de Angelier sobre la industria petrolera, (entendida ésta como el conjunto de capitales públicos y privados, nacionales e internacionales, invertidos en todas las fases del proceso productivo que termina en los derivados primarios del petróleo: gasolina, kerosén, gasoil, fuel-oil, etc.) enfoque que arranca de la constatación del carácter global de dicha industria y de la existencia en su seno de una dinámica de la desigualdad entre dominadores y dominados en la creación y apropiación de la renta petrolera, motor de dicha industria:

13 Wolfgang Hein, “Oil and the Venezuelan State”, en Nore y Turner (compiladores), Oil and Class Struggle. Pág. 229. Traducción. Nuestra, CMP.
14 Angelier, J. P., La renta petrolera, Mommer, B., Renta del suelo e historia, Ferrán, B., Los precios del petróleo, Rivero, R., La renta absoluta, Massarrat M., Crisis de la energía o crisis del capitalismo.
15 Angelier, Op. Cit., págs. 15-16


"Es necesario aclarar, primero, que la renta tiene la misma naturaleza que la ganancia: es plusvalía extraída por el capital y realizada en la venta de mercancías. Pero si bien la ganancia del capital petrolero es plusvalía obtenida por éste durante la implementación del proceso de producción de la industria petrolera y realizada al vender los productos refinados, la renta petrolera, en sí misma, está constituida por plusvalía originada en esferas de producción distintas de la industria petrolera y realizada en la venta de los productos petroleros." 16

La puesta en marcha del proceso de producción de la industria petrolera por parte del capital petrolero permitirá la creación de la renta petrolera, y las condiciones de instrumentación de este proceso de producción determinarán, en última instancia, el monto absoluto de la renta petrolera, así como las partes relativas de la renta percibidas por el capital petrolero y los Estados petroleros. 17

La historia de la política petrolera venezolana no es mas que el desarrollo de ese conflicto de intereses. Cada una de sus etapas configura un estadio de la asociación conflictiva entre burguesía interna e internacional para el reparto de la renta. El último de esos hitos fue el pacto nacionalizador, a partir del cual rigen nuevas reglas del juego. Lo que intentamos demostrar es que se trata del mismo viejo juego y que no se han modificado las circunstancias que fueron aducidas por la Comisión Presidencial de Reversión como justificación económica de la nacionalización: "Los ingentes beneficios económicos obtenidos por la industria privada" y la "desproporción manifiesta entre el capital promedio o el activo fijo de las empresas, por una parte y las ganancias obtenidas, por la otra" 18

Sostenemos que, por el contrario, esa desproporción se ha hecho descomunal, al mantenerse e incrementarse los beneficios del capital petrolero internacional, pese a que ya no pueden presentarse como la remuneración de alguna inversión realizada en el país. La percepción de los mismos se mimetiza, parcialmente, en los descuentos otorgados por las operadoras nacionales en los contratos de compraventa de petróleo y productos, y en los pagos de una "Asistencia Técnica" para cuya prestación adquirieron derechos exclusivos

16 Ibíd..., Pág. 14.

17 Ibíd.., Pág. 15

18 Nacionalización del petróleo en Venezuela. Tesis y documentos fundamentales. Ediciones Centauro 77, p. 29-30
y cuyo monto registrado, absolutamente injustificado pasa de los cuatro mil millones de dólares en el lapso 76-82. Más aún, con la renegociación de estos contratos, a partir de 1980, el mecanismo se perfecciona y los caminos de la exacción tecnológica se multiplican y capilarizan hasta hacerse inasibles.

La verificación de lo anteriormente expuesto mediante el estudio de los contratos mencionados, tanto de los iniciales como de los renegociados, constituye el centro del proceso de comprobación de nuestras hipótesis en cuanto a las características del pacto nacionalizador. Subsiste, sin embargo, una cuestión básica cuyo planteamiento general es el siguiente:

Aceptemos que se hacen pagos y descuentos sin contraprestación alguna, que se otorgan de manera graciosa cuotas de participación en el negocio petrolero venezolano a las cuatro más conspicuas "hermanas" del cartel y que todo ello constituye, cuando menos, una dejación de soberanía... Pero, dejando de lado lo que para algunos son conceptos abstractos y colocándonos ante las realidades geopolíticas y del mercado petrolero internacional ¿Es en verdad un mal negocio la asociación con el capital petrolero internacional? ¿Realmente se han modificado de manera negativa para el país las proporciones del reparto de la renta petrolera después de la nacionalización de la industria?

A la primera pregunta es relativamente sencillo responder, apelando al testimonio de quienes han escrito la historia de la política petrolera venezolana, y es lo que intentamos hacer en la primera parte de nuestro trabajo. Pero la segunda pregunta puede constituir todo un programa de investigación, dadas las dificultades que opone el secreto y la voluntad de desinformación con la que se manejan estas magnitudes: No existe la posibilidad de responder, con certeza y de buenas a primeras, "las proporciones eran 70-30 y ahora son 85-15", al estilo Tugwell. Por ello, acudimos a todos los indicadores que nos pueden permitir aventurar una inferencia. Los citados contratos y sus implicaciones económicas son algunos de ellos, los crecientes costos unitarios de la industria petrolera nacionalizada y su menguante capacidad generadora de excedente, contrastados con los records de superbeneficios que cada año imponen las hermanas del cartel, pueden ser otros. Debemos reiterar, no obstante, lo anotado en la Introducción de este trabajo en el sentido de que, en este aspecto, nuestros planteamientos son bastante preliminares y constituyen más bien acicates para la realización de una futura investigación de mayor profundidad sobre estas circunstancias.


PRIMERA PARTE:



LA ERA DE LAS CONCESIONES

I. Génesis y Prehistoria del Régimen Concesionario

Herencia jurídica colonial transferida a la República por decreto bolivariano de octubre de 1829 19, el principio de la soberanía del Estado sobre las riquezas de su subsuelo se constituyó en el pilar fundamental de la estructura formal de relaciones entre el gobierno venezolano y las compañías extranjeras que se establecieron en el país para la búsqueda y explotación del asfalto, primero, y del petróleo, después. Lograr el otorgamiento de una concesión por parte del Estado se convirtió, en consecuencia, en la primera gestión de los entes privados que se interesaban en el desarrollo de tales actividades.

La figura de la concesión comportaba, en sus diversos tipos, el derecho a explotar, transportar y manufacturar las sustancias extraídas del subsuelo y las obligaciones de pagar un canon o "regalía" -variante del antiguo quinto real y los impuestos a que hubiere lugar. Partiendo de este principio se desarrolló en Venezuela la industria petrolera manejada por concesionarios, desde sus inicios en las postrimerías del siglo pasado, hasta el 31 de diciembre de 1975, período de vigencia del llamado régimen concesionario, objeto de nuestro estudio en esta primera parte.

19 El texto correspondiente del decreto de Bolívar es el siguiente: Capítulo I, Artículo 1o. "...Conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponde a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y Ordenanzas de Minas con las demás qué contiene el decreto..." (Citado por Rufino González Miranda en Estudios Acerca del Régimen Legal del Petróleo en Venezuela, Págs. 47 y 48. (Ed. Facultad de Derecho UCV, Caracas 1958.
Salvador de la Plaza hace un detallado análisis de este origen y su evolución en la legislación republicana en su ensayo "El Petróleo es Propiedad de la Nación..." inserto como apéndice en Petróleo y Desarrollo Económico de Venezuela, de Héctor Malavé Mata, Págs. 311-342. Ediciones Pensamiento Vivo, Caracas 1962.

El régimen concesionario será, entonces, la forma, el marco en el cual se desarrollarán las relaciones entre el Estado venezolano y las compañías petroleras extranjeras. El desarrollo de esas relaciones, que se establecen en un determinado contexto nacional e internacional, como cristalización en cada momento de una cierta correlación de fuerzas, de un cierto compromiso entre los intereses que se nuclear alrededor de las partes en cuestión, es el objeto central de nuestro análisis y lo visualizamos en sus diferentes etapas: desde los balbuceos iniciales, donde nada había sido establecido y la casuística campeaba por sus fueros en cada contrato concesionario, pasando por la difícil madurez alcanzada con la Ley de Hidrocarburos de 1943 y desembocando en el largo proceso de agotamiento y búsqueda de nuevos rumbos que se inicia con el "no más concesiones" de Pérez Alfonzo y concluye con la laboriosamente concertada nacionalización de la industria.

Tal evolución es la que tratamos de presentar en los que consideramos sus aspectos fundamentales, queriendo ser sintéticos, con el propósito de hacer evidente el predominio esencial que han ejercido los intereses foráneos en el usufructo y determinación del destino del petróleo venezolano desde la época del "big stick" y la diplomacia del dólar hasta nuestros días. Como estas circunstancias han sido extensa e intensamente investigadas y analizadas por numerosos estudiosos de la materia para toda la época concesionaria, al respecto no nos resta más que acudir a las fuentes de mérito que nos permitan fundamentar nuestros puntos de vista. Consideramos que este recuento, en el que enmarcamos nuestras personales apreciaciones, es indispensable para podernos ubicar en posición de demostrar las afirmaciones que aquí hacemos, con carácter de hipótesis, sobre la situación de la industria petrolera venezolana en la actualidad, en la era de los contratos.

Es en este sentido en el que utilizamos extensamente las crónicas que de esta etapa hacen, por ejemplo, Edwin Lieuwen en Petróleo en Venezuela, verdadera primera historia petrolera del país, Pedro Esteban Mejía Alarcón en La Industria del Petróleo en Venezuela y Franklin Tugwell en su ya citada obra.

Cuando se inicia la explotación de hidrocarburos en Venezuela, en el siglo pasado, lo único claro que podía inferirse del régimen legal que normaba estas actividades era el principio de que a ellas sólo podía accederse mediante el otorgamiento de una concesión. Las condiciones de ese otorgamiento no estaban reglamentadas y dependían de los acuerdos a que llegaran en cada caso los particulares y el gobierno. Tal situación puede explicarse en parte por el desconocimiento general de la importancia de las sustancias en cuestión, las cuales no tenían, por lo demás, el carácter vital que tienen hoy. Es así como, por ejemplo, en el primer contrato concesionario de importancia suscrito con un extranjero, se otorga al norteamericano Horacio Hamilton, en 1883, "el derecho a explotar las producciones naturales de los bosques existentes en terrenos baldíos del Estado Bermúdez" y sólo en una segunda instancia, "también", el derecho a explotar el asfalto ubicado en ese mismo Estado. 20

Antes aún, en la más antigua concesión de la que tengamos noticia, el Estado de Nueva Andalucía otorga en 1866 una concesión a Manuel Olavarría por 25 años, con una regalía de 17% y la obligación de instalar alumbrado de kerosén en Cumaná y Maturín, construir un puente sobre el Manzanares y reparar dos iglesias dañadas por el terremoto. 21

Pues bien, desde entonces y hasta 1920, cuando el Congreso gomecista aprueba la primera Ley de Hidrocarburos, se suceden múltiples otorgamientos de concesiones a compañías extranjeras, fundamentalmente inglesas en ese entonces, a tenor de las muy poco específicas disposiciones de las leyes de minas vigentes en cada ocasión, en las cuales, sólo a partir de 1904 aparecen referencias a los hidrocarburos. Tales circunstancias condujeron a la formación de un desarticulado archipiélago de concesiones, con disímiles condiciones de extensión, plazos y cargas impositivas.

Durante el gobierno de Cipriano Castro se produjo el primer otorgamiento masivo de concesiones, aunque hay que destacar que fueron ciudadanos venezolanos sus beneficiarios: Cuatro millones de hectáreas fueron otorgadas a cuatro amigos del Presidente, Vigas, Aranguren, Jiménez Arráiz y Planas. La posición de Castro, sin embargo, no fue propicia a la intervención del capital extranjero. La New York & Bermúdez, que había adquirido la mencionada concesión Hamilton y operaba en Guanoco, fue la principal financiadora de la "Revolución Libertadora" de Manuel Antonio Matos contra Castro. La derrota de la revuelta trajo aparejada también la anulación de la concesión.

20 Pedro E. Mejía A., Págs., 84 y siguientes.
21 Luís González Berti, Contratos de Servicio y Nuevos Aspectos Impositivos, Págs. 44-45
Los litigios que siguieron fueron tema central de las conflictivas relaciones de Castro con el gobierno norteamericano, cuya intervención, según Francisco Mieres,

"..representa, hasta en sus menores detalles, un típico ejemplo de las relaciones económicas y políticas que se establecen entre las corporaciones y estados exportadores de capital y las naciones del mundo. 22

En las páginas referidas al pié, Mieres refuta la percepción de que Castro otorgó concesiones a extranjeros. En verdad, como lo documenta Lieuwen, 23 los cuatro concesionarios de 1907 sólo traspasaron sus derechos años después, en tiempos de Juan Vicente Gómez.

Así pues, Castro, dictador, militarista, latifundista y afecto al compadrazgo y a una non santa administración, era, sin embargo, un obstáculo para los intereses extranjeros, en especial norteamericanos, razón por la cual se constituyó en el principal objeto de la "diplomacia del dólar" en nuestro país, hasta que en unas muy famosas peripecias, dignas de caricatura, pero con intervención de cañoneras, almirantes, plenipotenciarios y multitud de cablegramas, lograron su sustitución por Gómez.

Por haber Cipriano Castro expropiado a la Bermúdez, haberse negado a pagar exorbitantes deudas a súbditos extranjeros y enfrentado al bloqueo que las naciones de origen —Inglaterra, Alemania, Francia— declararon para presionar el pago, y por no haber otorgado concesiones a extranjeros, se le ha tenido como a un Presidente nacionalista.

En diciembre de 1908, Juan Vicente Gómez, que fungía de Vice-Presidente de la República encargado de la Presidencia por ausencia de Castro, que había viajado a Alemania a someterse a una operación de los riñones, insurgió contra Castro, apoyado por el Gobierno de Washington, quien envió unos barcos de guerra para impedir que Castro regresara. 24

Es con Juan Vicente Gómez, con quien la venalidad y el entreguismo se convierten en moneda de curso legal. Lieuwen detalla muy bien las circunstancias y también lo hace Harvey

22 Francisco Mieres. El Petróleo y la Problemática Estructural Venezolana. Ed. FCES-UCV, Caracas 1969. Págs. 189- 192.

23 Op. Cit., Págs. 37-38.

24 Salvador de la Plaza, W. Rízquez-Iribarren, V. Güerere Añez, Breve Historia del Petróleo y su Legislación en Venezuela. Ed. Grafiunica, Caracas 1973. Págs. 16 y 17.
O’Connor en el capítulo "Venezuela, la danza de las concesiones" de su libro Crisis Mundial del Petróleo. Salvador de la Plaza, haciendo ya mención a las modificaciones introducidas en las leyes, sintetiza así la situación:

La participación fue fijada en forma muy baja—Bs. 2,00 por tonelada métrica de petróleo extraído—y muy bajos los impuestos que fueron creados, entreguismos que intentaban justificar con la pseudo teoría, aún en vigencia, de que había que estimular la inversión de capitales extranjeros. Los agentes de los consorcios, por su parte, lograban siempre, con abundantes obsequios en dinero efectivo a los abogados y algunos funcionarios, obtener las mejores ventajas para sus representantes. (25)

En una reciente publicación se hace referencia a la enorme importancia que tuvieron las concesiones otorgadas entre 1907 y 1912, abundando en consideraciones como la que a continuación transcribimos:

Fueron concedidas a ciudadanos venezolanos -que hicieron las veces de intermediarios- y finalmente fueron a parar principalmente a manos de la Royal Dutch Shell que, hasta su nacionalización en 1976, extrajo la mayor parte de su producción venezolana de esas concesiones. Las concesiones se basaron en las Leyes de Minas de 1905, 1909 y 1910; la Ley de Minas de 1910 era idéntica en lo esencial a la de 1909, pero esta última fue anulada por la Corte Suprema debido a fallas formales. Por lo demás, la Ley de 1910 ofreció a los anteriores concesionarios la oportunidad, si lo deseaban, de adaptar sus títulos a la nueva Ley. Todos lo hicieron, ya que en ella los impuestos fueron disminuidos a la mitad en comparación con la Ley de 1909. Esto quiere decir que todas las concesiones importantes de la Royal Dutch Shell se rigieron finalmente hasta 1943 por la Ley de 1910. 26

Pertenece a la época de Juan Vicente Gómez, quien tomó el poder con el apoyo injurioso de los Estado Unidos (19 dic. 1908), la tristemente famosa concesión Valladares. El doctor Rafael Max Valladares, apoderado en Venezuela de la General Asphalt recibe el 14 de julio de 1910 una primera concesión petrolera que a los cuatro días (18 de julio) es transferida a la New York and Bermúdez Co., filial de la General Asphalt.

25 Salvador de la Plaza, Desarrollo Económico e Industrias Básicas, Pág. 73.

26 Bernard Mommer y Ramón Rivas, El Negocio Petrolero (1918-1945), Libros de Azul, ULA, Mérida 1982.

Más escandalosa aún fue la segunda concesión Valladares. La operación superó en cantidad, rapidez e inmediatez a la primera. Otorgada la concesión al mismo apoderado Rafael Max Valladares se l2 de enero de 1912, traspasada dos días después (4 de enero) a la Caribean Petroleum Co., empresa expresamente creada (Nov. 1911) por la General Asphalt para manejar las concesiones venezolanas, cubría unos 27 millones de hectáreas. 27

Pese a todo, no dejaron de manifestarse, incluso en sectores oficiales gomecistas, las tendencias que reivindicaban una mayor participación nacional en el negocio petrolero, que con la legislación y reglamentación vigente adquiría características de verdadero saqueo por parte de las concesionarias. Ese saqueo se hacía más evidente en la medida en que se incrementaban las magnitudes del negocio y, pese a que los sectores y clases dominantes criollas continuaban percibiendo beneficios cuantiosos y sin ningún precedente, la desproporción del reparto también crecía. No debemos olvidar que la pugna por determinar las condiciones de ese reparto es el motor central de la relación que estudiamos, en la cual, si bien los socios nativos se conforman con una tajada minoritaria, no siempre dejan pasar la oportunidad de incrementarla. Además, internamente, en otra de las referidas dimensiones de la lucha de clases, el predominio de los grandes terratenientes comienza a serle disputado por los sectores burgueses, que se fortalecían en la medida en que, con el aflujo de ingresos petroleros, se inyectaban relaciones de producción capitalistas en el país. Este último enfrentamiento es reseñado por Mommer y Rivas al analizar las posiciones divergentes de Gumersindo Torres, Ministro de Fomento, y Vicente Lecuna, Presidente del Banco de Venezuela, en torno al destino de la renta petrolera:

“Torres concebía la propiedad nacional en parte como propiedad nacional privada, de modo que la renta del suelo internacional que se derivaba de ella en terrenos privados correspondería, por lo menos por algún tiempo, a los propietarios de los mismos. A el se le contraponían unos banqueros venezolanos quienes concebían la propiedad nacional

27 Fernando Martínez Galdeano, "El por qué y el cómo de la nacionalización petrolera importada" Revista SIC, No. 377, Julio-Agosto de 1977, Págs. 299-300.

estatal y, en consecuencia le correspondía al Estado toda la renta del suelo, a recabar a través de "impuestos" elevados.”


“Si consideramos las diferencias de contenido entre las posiciones asumidas por Torres y Lecuna, el primero defendía el derecho de los terratenientes a una renta del suelo, mientras el segundo se las negaba y al exigirla para el Estado, quería ponerla al alcance inmediato del capital, o sea, del desarrollo capitalista del país.” 28

28 Mommer y Rivas, Op. Cit., Págs. 11-15.

II. La Legislación Petrolera:


De Gumersindo Torres a Néstor Luis Pérez

La primera Ley de Hidrocarburos, promulgada en 1920 por iniciativa del Ministro de Fomento Gumersindo Torres, fue un episodio resaltante en el desarrollo de las contradicciones referidas y se constituyó en el primer intento de ejercer un control más efectivo sobre las actividades de los concesionarios.

En esta Ley se incrementaban substancialmente todas las magnitudes impositivas, la regalía se llevaba hasta un máximo de 15 por ciento, se limitaba la extensión de cada concesión y la extensión total que podía adquirir una compañía determinada. Se fijó un tiempo de exploración de tres años y la duración total de la concesión fue reducida de 50 a 30 años. 29 También se estableció, consecuentemente con las ya señaladas posiciones del Ministro Torres al respecto, el derecho prioritario de los terratenientes a obtener concesiones sobre sus tierras.

La reacción de las compañías fue, como siempre en estos casos, inmediata y contundente. Debido a sus presiones y a las de los "traficantes venezolanos de concesiones" -Mommer y Rivas dixit- opuestos a las prerrogativas que se otorgaban a los terratenientes, la ley fue prontamente modificada, en junio de 1921 y poco mas tarde liquidadas definitivamente "sus radicales disposiciones con la destitución del Ministro Torres y la promulgación de una nueva Ley, esta vez redactada por los abogados de las compañías extranjeras, en junio de 1922." 30

Como era de esperarse, esta nueva Ley significó un retroceso sustancial en cuanto al nivel impositivo alcanzado en la anterior, razón por la cual, los que habían obtenido concesiones entre 1918 y 1920 se adaptaron expeditamente a estos términos más propicios. Por lo demás, fue liquidado

29 Pedro E. Mejía A., Op. Cit., Pág. 105

30 Lieuwen, Op. Cit., Págs. 59-66
también el derecho preferente de los dueños de tierras a obtener concesiones.

“Esta Ley que habría de experimentar en los próximos años sólo cambios insignificantes sirvió prácticamente como base para todas las concesiones norteamericanas existentes en Venezuela hasta 1943.” 31

Continuó así el proceso ininterrumpido de entrega del patrimonio venezolano, entrega que tenía como única contrapartida las "participaciones" que recibían en el negocio los testaferros nativos de las compañías, Gómez y su corte de los milagros. Precisamente en 1922 se produce el reventón del pozo "Los Barrosos No. 2" del Campo La Rosa, en tierras del Municipio Cabimas, cuya magnitud hace volver los ojos de los halcones petroleros norteamericanos sobre nuestro país, hacia donde se lanzan a obtener concesiones y a disputar el predominio mantenido hasta entonces por las compañías inglesas y anglo-holandesas, utilizando para ello todas las artes de la siempre lista diplomacia del dólar.

Ante las promisorias perspectivas, Gómez se prepara a recabar la participación nacional según su muy particular manera de concebirla: el administrador de sus negocios privados y otros dos amigos íntimos constituyen la Compañía Venezolana del Petróleo, empresa que va a participar en la subasta de las reservas nacionales que se hace a partir de 1923, siendo, desde luego, invariablemente favorecida en el otorgamiento de concesiones que luego eran transferidas por jugosas comisiones a las empresas extranjeras, fundamentalmente norteamericanas. Como resultado de sus operaciones… "Desde 1923 hasta el 2 de octubre de 1925 la compañía tuvo utilidades de Bs. 32.397.516." 32

Después de una vívida descripción de estas circunstancias y sus resultados, Lieuwen asienta

"Tales eran los métodos por los cuales se adjudicaban las concesiones bajo el régimen de Gómez. Se hacía mofa de la

31 Mommer y Rivas, Op. Cit., Pág. 17.

32 Mejía A., Op Cit., Págs. 103-105.

Ley. El fraude y el engaño, el embrollo y la doblez, eran las reglas del juego." 33

Las principales beneficiarias de estos manejos fueron tres compañías norteamericanas: Standard de New Jersey, Standard de Indiana y Gulf, que se hicieron amplio espacio al lado de la Shell en el disfrute del florecimiento y expansión de las actividades petroleras que se inicia en 1923 y lleva al país a convertirse en el primer exportador y segundo productor mundial de petróleo a partir de 1928.34

El "septiembre negro" de la Bolsa neoyorquina en 1929 y sus secuelas globales determinaron la conclusión de esta época de oro del negocio petrolero en Venezuela: se paralizaron todos los planes de expansión, muchas empresas pequeñas suspendieron sus operaciones y se produjeron despidos masivos. Las tres grandes compañías norteamericanas antes mencionadas programaron bajas de la producción por plazos que se fueron prolongando en la medida en que se extendían los efectos de la gran depresión. Por presiones de sus productores internos, el Congreso norteamericano aprobó la aplicación de un arancel sobre el petróleo importado que, para la época era casi como decir sobre el petróleo venezolano.

Cerradas así las espitas del "gran negocio" de la década anterior, el matrimonio de compromiso entre Gómez y las compañías sufrió algunos contratiempos. La vuelta de Gumersindo Torres al Ministerio de Fomento fue clara expresión de ello.

"El nuevo Ministro perdió poco tiempo", al decir de Lieuwen: elevó los impuestos en las concesiones sobre reservas nacionales en un 50 por ciento y forzó un acuerdo en una disputa en torno a los impuestos de boya que llevó a las compañías a pagar 12 y medio millones de bolívares para evitar males mayores.” 35

Pero el esfuerzo fundamental de Torres se dirigió a hacer aplicar el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos de 1928, cuyas disposiciones pretendían hacer más eficiente la fiscalización de las operaciones de las concesionarias. En función de ello creó en 1930 el Servicio Técnico de Hidrocarburos, oficina especializada en ese control y

33 Lieuwen, Op Cit., Págs. 73-80.

34 Ibíd., Loc. Cit.

35 Ibíd., Págs. 130-131.

fiscalización. Las compañías, acostumbradas a despacharse y darse el vuelto, no lo toleraron y remitieron un memorándum de protesta al Ministro. La indignada respuesta de Torres constituye un verdadero memorial de agravios y un reconocimiento del entreguismo sin atenuantes consagrado en la legislación vigente para la época:

"...y del conjunto de esta legislación se evidencia que en Venezuela se han concedido los más amplios favores a los interesados; los plazos más largos; los derechos más fijos y amplios; el menor número de impuestos y los impuestos más reducidos que en ninguna legislación similar.

"...De la comparación de estos guarismos (exoneración de derechos aduaneros frente a impuestos recaudados, n.n. CMP) resulta el cálculo desconsolador de que habría sido preferible no cobrar impuesto alguno de explotación en cambio de los derechos de aduana exonerados. 36

Destituido Torres nuevamente, las compañías extranjeras continuaron su productiva asociación con un gobierno complaciente, con los instrumentos pero sin la disposición para un efectivo control y fiscalización. Una vez más, bajo el cascarón concesionario el sentido de estas relaciones quedaba determinado por el interés de la compañía, con sus bien conocidos resultados.

Nada hacía pensar que con López Contreras, Ministro de confianza -Guerra y Marina- y heredero de Gómez, variarían mucho las cosas, pero el movimiento reivindicativo que comenzó a buscar cauces de expresión a la muerte del Benemérito determinó la emergencia organizada de nuevos sectores sociales, agrupados en partidos y sindicatos. Urgían el inicio de la transformación de un país que hasta entonces era administrado como la hacienda particular de sus gobernantes. Como parte de esas transformaciones se comenzó a discutir sobre la necesidad de una nueva legislación petrolera y más allá, del ejercicio de una política más soberana en la materia.

En 1936, muy reciente aún la muerte de Gómez, se aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos que no introdujo modificaciones

36 Citado por Mejía A., Op. Cit., Págs. 106-109.

substanciales. Pero el Ministro de Fomento para la época, Néstor Luis Pérez, resucitó algunas reclamaciones de Gumersindo Torres y puso de bulto otras irregularidades cometidas por las compañías, como manejos dolosos en las declaraciones de costos de transporte, que condujeron a reclamaciones millonarias por parte del gobierno. En el Congreso se produjeron debates sobre la materia en los cuales las denuncias llegaron más lejos, en particular las voceadas por el diputado zuliano Manuel Matos Romero en torno a la obtención ilegal por las compañías de títulos sobre tierras públicas y ejidos, la evasión de impuestos y la alteración de los precios de la gasolina en el país.

A finales de 1936, los obreros petroleros, recién organizados en sindicatos y quienes desde la muerte de Gómez venían manifestando abiertamente sus protestas por las violaciones del Código Laboral de 1928 por parte de las compañías, se lanzaron a la que sería la primera huelga de gran envergadura en nuestra historia: 20.000 obreros se pararon en protesta por las pésimas condiciones de vida y de trabajo a que eran sometidos y los bajos salarios con los que se les remuneraba.37

Pese a la intervención de los trabajadores extranjeros para contrarrestar la huelga, la producción se redujo en un 40% y sus efectos se sintieron rápidamente en todo el país, por lo que el gobierno, pese a constatar el espíritu conciliador de los trabajadores y la intransigencia de las compañías, falló en contra de aquéllos al decretar, el 22 de enero de 1937, el fin de la huelga con un escuálido aumento de un bolívar diario en los sueldos más bajos y el compromiso de las compañías de dotar de agua potable a los centros de trabajo.38

El ambiente de crecientes luchas sociales y búsqueda de reformas económicas y sociales era la expresión, como ya señaláramos, de nuevos sectores y clases sociales que se consolidaban en el país al calor de la avasallante actividad petrolera: la clase obrera y nuevos sectores de la burguesía pugnaban, con fuerzas desiguales desde luego, por hacerse un lugar bajo el sol del excedente que dicha actividad dejaba al país, hasta entonces usufructuada parasitariamente por la oligarquía terrateniente asociada a las roscas gomecistas. Esta situación, que envuelve el conflictivo proceso de

37 Lieuwen, Op Cit., Págs. 157-161.

38 Betancourt cita el testimonio en este sentido del Director de la Oficina nacional del Trabajo, Doctor Tito Gutiérrez Alfaro, enviado de buena voluntad del Gobierno a los campos petroleros. Rómulo Betancourt, Venezuela Política y Petróleo , Pág. 111.

transición de una a otra Venezuela, ha sido analizada por varios autores. Una buena síntesis sobre la esencia de los cambios técnico-económicos y socio económicos que se estaban produciendo en esa época se encuentra en "Inversiones Extranjeras y Subdesarrollo", de Armando Córdova, en particular en su capítulo "El Impacto Inicial". 39

En lo que a nuestro particular enfoque se refiere, es en ese ambiente y teniendo como marco externo los conflictos que se escenificaban en México, los cuales condujeron a la expropiación por ese país de las inversiones de la Standard de New Jersey y la Shell, en el que se acordó la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, el 13 de julio de 1938, contentiva de reformas radicales, según los parámetros de la época:

“El gobierno fue autorizado a intervenir en cualquier fase del negocio petrolero. El impuesto de explotación se incrementó cuarenta veces, hasta cuatro bolívares por hectárea, el impuesto inicial de explotación se cuadruplicó, hasta ocho bolívares por hectárea. El canon mínimo fue elevado hasta el 15 por ciento (antes 10) sobre las tierras públicas y 16 por ciento sobre las reservas nacionales, los terrenos municipales y los privados.” 40

Otra disposición importante de esta Ley fue el establecimiento del sistema de "tablero de ajedrez" para el reparto de lotes de explotación y lotes de reservas nacionales en cada concesión, modalidad que rescataba una de las disposiciones incluidas inicialmente por Gumersindo Torres en la Ley de 1920 y que garantizaba una paridad de posibilidades, al menos teórica, en el aprovechamiento de los yacimientos por parte de los concesionarios y el Estado, en la eventualidad de que éste decidiera explotar directamente sus reservas.

Pero las compañías, según palabras de Lieuwen, "ignoraron simplemente la nueva legislación y continuaron operando con arreglo a las leyes de Gómez" (Loc. Cit.) pues contaban con una superficie de concesiones equivalente a la octava parte del territorio venezolano y sólo un uno por ciento de esa

39 Op. Cit. Págs. 123-137.

40 Lieuwen, Op. Cit., pág. 154.
extensión se hallaba bajo explotación. Además, el Gobierno de López no contaba con las fuerzas necesarias para someterlas:

“Por otra parte, el hecho de que el gobierno nunca fuera capaz de hacer cumplir esta ley, venciendo la resistencia de las compañías petroleras, dejó en claro que la burguesía era, en efecto, dependiente del movimiento laboral en su lucha para la transformación de los beneficios excedentes de las compañías petroleras en renta a ser pagada al Estado. Pero la represión de la clase obrera por López Contreras privó a la burguesía de la posibilidad de usar al movimiento laboral para sus propios fines.” 41

Ya antes de la retardada promulgación de la Ley por López Contreras, el Ministro de Fomento, Néstor Luis Pérez, había sido destituido y todo volvía a la "normalidad".

41 Wolfgang Hein, "Oil and the Venezuelan State" en Oil and Classes Struggle, pág. 233.


III. La "Ley-Convenio" de 1943

Las protestas de los sectores que pugnaban por una mayor participación en el negocio petrolero y sus proventos no dejaron de manifestarse y durante la administración de Medina Angarita se intensificaron. En los círculos oficiales se comenzó a manejar la idea de la "reforma petrolera" a través de la promulgación de una nueva Ley. Pero, para garantizar que las compañías no saboteasen dicho instrumento como habían hecho con el de 1938, la reforma devino en un nuevo pacto con los concesionarios, santificado además por los buenos oficios del gobierno de los Estados Unidos. (Treinta y dos años después, y bien valgan la digresión, similares argumentos se utilizarán para pactar una "nacionalización no traumática”.)

Es de destacar, sin embargo, que Medina tenía buenos instrumentos para negociar con las compañías y lograr términos más favorables que los vigentes hasta entonces en la relación gobierno-compañías. Al respecto es muy ilustrativa la reseña de Martínez Galdeano:

"...Se hicieron sondeos y averiguaciones oficiosas sobre qué reformas legales aceptarían las compañías. Al mismo tiempo, con indiscutible astucia, Medina encomendó a una Comisión del Congreso un estudio acerca de la legalidad de las concesiones. Los hallazgos causaron inquietud en las compañías. Por ejemplo, la concesión Valladares debía expirar el 2 de enero de 1944. La prórroga por treinta años más, arrebatada en 1922 contra el pago de diez millones de bolívares, podía ser revocada legalmente por su "extemporaneidad". Otros ejemplos: El acuerdo entre la Standard de Indiana y Gómez (1923) no había sido cumplido; todas las concesiones de la Standard de New Jersey en el Lago de Maracaibo podían ser impugnadas; algunas parcelas de la Mene Grande a orillas del mismo lago adolecían de una legalidad muy discutible; etc., etc. " 42

Con estos elementos en juego, en condiciones de guerra mundial, las compañías se avinieron a un nuevo arreglo que quedó plasmado en el proyecto de Ley de Hidrocarburos que

42 Martínez Galdeano, Op. Cit., Págs. 300-301.

sometió el Presidente Medina a la convalidación de su Congreso:

“La Ley propuesta, convenida hasta el último detalle entre Medina y las compañías petroleras, fue presentada al Congreso para su firma. Los fieles partidarios de Medina apresuraron la Ley a través de ambas cámaras, no permitieron alteraciones importantes y consintieron muy pocos debates.” 43

Antes aún, había sido revisada por el gobierno norteamericano, ante cuyo Presidente fue presentada, en misión especial, por el Procurador General de la Nación, Gustavo Manrique Pacanins. Así lo documenta Mejía Alarcón al transcribir la carta de presentación enviada por Medina a Roosevelt:

"La misión que he encomendado al doctor Manrique Pacanins, y para cuyo resultado feliz cuento con la generosa acogida que quiera dispensarle Vuestra Excelencia, se relaciona con la revisión de la política petrolera de Venezuela, revisión que ya inicia el gobierno que tengo a honra presidir." 44

Rómulo Betancourt hace la crónica de la peculiar presentación de la Ley ante el Congreso en los siguientes términos:

"Los voceros oficiales en las Cámaras estrenaron una novísima teoría: la de que esa legislación tenía la modalidad- sui géneris de una "Ley-convenio". Modificar una coma significaría destruir ese arquetipo de ciencia jurídica y de justicia económica."

"O dicho en otras palabras: que al Congreso iba, para recibir una rutinaria confirmación casi protocolar, lo que a puertas cerradas, de espaldas a la Nación, se había pactado entre los miembros del Ejecutivo y los representantes de las compañías, asesorados por los consejeros del Departamento de Estado." 45

43 Lieuwen, Op. Cit., Pág. 186.

44 Mejía Alarcón, Op. Cit., Pág. 112

45 Betancourt, Op. Cit., Págs. 183-184.

Juan Pablo Pérez Alfonzo, para entonces Diputado al Congreso, redacta un Voto Salvado en el que analiza prolijamente los pro y los contra de esta Ley, señalando entre los primeros a la unificación de las relaciones Estado- concesionarias y el expreso reconocimiento de la potestad del Estado para intervenir en todas las fases de la industria. En cuanto a los aspectos negativos hizo particular referencia al total saneamiento de las viejas concesiones y a la forma irregular en que se dispuso su "conversión" a los términos de la nueva Ley: un borrón y cuenta nueva que daba por saldadas todas las cuentas pendientes de las concesionarias. Veamos sus propias palabras:

"Considera el suscrito, doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo, que en una síntesis general del proyecto podrían señalarse dos grandes grupos de ventajas: ventajas de orden técnico y jurídico, y ventajas de orden económico. Entre las primeras sobresalen la unificación de las relaciones de los concesionarios y el estado; y la definida y clara intervención que en el funcionamiento de la industria se reconoce al mismo estado. Entre las de orden económico, parecen indiscutibles el aumento apreciable de los impuestos, tomados en conjunto, y no obstante la desaparición de impuestos que antes pagaban los concesionarios; la supresión de las exoneraciones de tributos aduaneros, la regulación del transporte de petróleo, la obligación para las empresas de llevar en Venezuela su contabilidad industrial, la supresión de diferencias injustificadas de los impuestos cobrados a los concesionarios por razón de la ubicación de las parcelas, y los convenios respecto a refinerías celebrados en relación con el proyecto."


"Mas, cuando se pretende que las ventajas señaladas signifiquen la cancelación del pasado, "la sanatoria absoluta de todo vicio anterior y terminación completa de toda acción o reclamo que pudiera originarse" de la situación anterior, se sostiene una pretensión de imposible realización."


"Validas las compañías de las debilidades de quienes con y sin derecho han representado a la nación, actuando al margen del derecho y la justicia, han realizado utilidades ilegítimas, ocasionando daños cuya reparación no puede ser borrada por una simple disposición de una ley: no hay, ni puede haber figura jurídica alguna que haga de la injusticia, derecho." 46

La Ley de Hidrocarburos de 1943 tuvo la virtud de convertirse en expresión acabada del régimen concesionario. Significó la cristalización de un cierto nivel de la correlación de fuerzas que venimos considerando, condicionada, desde luego, a la circunstancia internacional -Segunda Guerra Mundial- pero manteniendo el signo predominante de esa correlación: el predominio de los intereses extranjeros, pese a una evolución formal respecto al desbarajuste gomecista. Es así como la figura de la "conversión" dio nueva vida -40 años- a concesiones en vías de caducidad, que hubieran podido se renegociadas en mejores condiciones, verbigracia los millones de hectáreas de la concesión Valladares, irregularmente usufructuados por la Shell. Pero esa conversión, de altísimo costo para la Nación, se constituyó también en un proceso de homogeneización, al crear un solo patrón normativo de los vínculos Estado- concesionarias, colocando bajo su imperio concesiones otorgadas bajo muy disímiles términos. Esta circunstancia permitiría sentar las bases de una más efectiva fiscalización de las actividades de las concesionarias. Veamos como lo reseña Lieuwen:

"¿Qué se proponía conseguir la ley de 1943? Primeramente unificar la legislación petrolera. Se habían aprobado leyes en 1910, 1918, 1920, 1920, 1921, 1925, 1928, 1935, 1936 y 1938 para regular la pujante industria. Las compañías se mostraban naturalmente reacias a adaptar sus concesiones a nueva legislación cuando la ley con arreglo a la cual se les había adjudicado aquéllas era más ventajosa para ellas. La Shell y la British Controlled aún operaban bajo el Código de Minas de 1910, mientras las compañías norteamericanas estaban sometidas a las leyes petroleras vigentes en el momento de su concesión. Un laberinto de regulaciones diferentes y desiguales se aplicaba a los productores venezolanos. Tanto desde el punto de vista técnico como del administrativo, la conversión de todas las concesiones a una ley moderna significaría una considerable simplificación de las relaciones entre compañías y gobierno." 47

46 Pérez Alfonzo, "Voto Salvado", reproducido por Rómulo Betancourt en El Petróleo de Venezuela, FCE, Archivo del Fondo, No. 61-62, Págs. 133-134.

47 Lieuwen, Op. Cit., Pág. 185.

A la luz de los términos de la propia ley y de las consecuencias de su subsiguiente aplicación, no nos queda duda de que era, como lo planteaban los propios voceros oficiales, una Ley-convenio, un pacto en el cual, si bien las compañías se avenían formalmente a cumplir determinadas regulaciones y a permitir una mayor fiscalización, también obtenían substanciales beneficios, como veremos posteriormente. Sin embargo, la entidad del problema hace obligante el análisis de otras apreciaciones sobre el proceso en cuestión, que a nuestro entender cargan el peso del juicio sobre los ya señalados aspectos positivos de la reforma medinista, justificando la inevitabilidad del pacto y minimizando sus consecuencias negativas, también inevitables. Esas apreciaciones parten del irrestricto apoyo brindado en ese entonces por el Partido Comunista de Venezuela a la Ley propuesta, apoyo que tenía una clara explicación en el contexto político de la época:

En 1943, el mundo afrontaba el segundo gran conflicto bélico del siglo. Los alineamientos determinados por el mismo se reflejaron directamente en nuestra política interna. El hecho de que los Estados Unidos fueran aliados de la Unión Soviética en esa contienda determinó una peculiar posición frente al gobierno de Medina Angarita de los comunistas criollos, en quienes tuvieron cierto eco las tesis de Earl Browder, líder comunista norteamericano, en el sentido de supeditar las luchas del proletariado contra sus burguesías a las prioridades impuestas por el esfuerzo bélico conjunto contra el nazi-fascismo.

Así, los comunistas apoyaron la reforma medinista en el entendido de que con ella se reivindicaba la soberanía del Estado venezolano y se imponían nuevas y justas cargas a las compañías, las cuales estarían sometidas desde entonces a estricta vigilancia y control. Las reclamaciones por las evasiones y tropelías anteriores harían inviable el pacto. Era necesario postergar, por lo pronto, las proposiciones de una política tendiente a la nacionalización de la industria petrolera, cuya factibilidad era remitida a los lejanos horizontes del futuro socialista.

Precisamente, la aceptación nacional del "modus vivendi" con el imperialismo petrolero va a constituir el rasgo característico de toda esta época, en la que se conforma definitivamente a Venezuela como una sociedad petrolera-dependiente. El "sembrar el petróleo" voceado por Uslar Pietri desde 1936 se constituye en el fundamento principal de la filosofía del desarrollo que asumen todos los sectores. Cada uno le dará su particular connotación: las diferencias estriban en la manera de sembrarlo y consecuentemente de distribuir sus frutos, pero la inevitabilidad de la asociación con el capital petrolero no se discute. Como ya señaláramos antes, las diferencias al respecto son de grado. Mientras los conservadores se conforman con disfrutar exclusivamente los resultados de una plácida y complaciente asociación sin parar mientes en las proporciones globales del reparto y los problemas de soberanía y dignidad nacional implícitos en el mismo, los más radicales pugnan por incrementos de la participación en el negocio por la vía de mayores regulaciones e impuestos, pero sin concebir una ruptura.

Ahora bien, si es posible explicar las posiciones comunistas en 1943 frente a la Ley en cuestión, es un poco más difícil comprender que se siga sosteniendo lo mismo en los años ochenta, porque ya no es la opción de un protagonista inmerso en los acontecimientos, sino una percepción distorsionada de los mismos, producto de la sujeción dogmática a explicaciones preconcebidas de circunstancias históricas que deberían ser objeto de análisis menos apasionados. Tal es el caso de las afirmaciones que al respecto hace Ramón Rivero en "La Renta Absoluta":

“En Venezuela el gobierno del General Medina Angarita aprovechó las condiciones favorables dadas por la Segunda Guerra Mundial en curso, para imponer una reforma petrolera radical. Renovándose todas las concesiones existentes por cuarenta años más, se obtuvo un aumento sustancial de la renta. La regalía, que entonces promediaba un décimo, ahora se elevó a un sexto. Este sexto se determinó tomando como referencia los arrendamientos más ventajosos sobre tierras mejores en los EE.UU., y se concibió expresamente como una aproximación a un reparto 50:50 de los beneficios. Sin embargo, no fue este aumento el que más golpeó al imperialismo petrolero, sino el hecho de que las compañías concesionarias fueron obligadas a reconocer expresamente la soberanía impositiva del Estado venezolano; sin privilegio alguno quedaron sujetas al impuesto sobre la renta, cuya tasa se determina soberanamente por las cámaras Legislativas.” 48

48 Ramón Rivero, La OPEP y las Nacionalizaciones, La Renta Absoluta, Fondo Editorial Salvador de la Plaza, Caracas 1979. Págs. 21-22.

Por el contrario, y como ya hemos expuesto, de lo menos que se trató en la Ley de Medina fue de "imponer", "golpear" o “sujetar” al imperialismo petrolero, sino de regularizar una asociación perdurable y rentable. Desde luego, la guerra ponía en manos del gobierno una inusitada capacidad de negociación que fue determinante para que las concesionarias se avinieran a los términos de la reforma. Pero, pese a las concentraciones públicas organizadas por Medina, las alusiones al ejemplo mexicano y la previa expulsión del Presidente de la Creole 49 los resultados del pacto que aquí analizamos no justifican la apreciación de que se trató de "…una reforma radical que correspondía plenamente a los puntos de vista venezolanos." (Loc. Cit.)

La Ley de Hidrocarburos de 1943, con ligeras modificaciones en 1955 y la incorporación de la figura de los Contratos de Servicios en 1967, va a mantener su vigencia plena por espacio de treinta y dos años, hasta el anticipado fin de la era concesionaria. En ese lapso, en consecuencia, la política petrolera va a desarrollarse dentro de los límites formales establecidos por dicha ley. Por tales razones es indispensable, a los fines del desarrollo de nuestras hipótesis, pasar revista a sus principales disposiciones, muchas de las cuales provenían de la legislación anterior, pero que quedaron definitivamente establecidas en este instrumento legal que ya caracterizáramos como la expresión acabada del régimen concesionario en Venezuela. Veamos pues al instrumento en sí:

El primer artículo de la Ley tiene el carácter de "Disposición Fundamental". En el mismo se declara de utilidad pública todo lo relativo a la exploración, explotación, manufactura y transporte de petróleo, asfalto, gas natural y demás hidrocarburos. Sobre la base de tal declaración se sustenta la instauración de un ordenamiento particular en esta materia. Seguidamente, la Ley establece la figura de la concesión, las condiciones en que tales concesiones pueden otorgarse y el objeto de las mismas.

La Ley clasifica a las concesiones según el tipo de actividad de que se trate -exploración, explotación, manufactura o transporte- y pauta para cada una de ellas disposiciones y condiciones específicas. El tipo matriz de concesión es la de

49 Mommer y Rivas, Op. Cit. Págs. 27 y 28.
exploración y subsiguiente explotación, que parte del otorgamiento de lotes de diez mil hectáreas para la exploración con un plazo de tres años, en el transcurso de los cuales el concesionario determinará las parcelas de explotación que eligiere, las cuales "...no podrán cubrir más de la mitad del lote ni exceder cada una de quinientas hectáreas. La superficie que deje libre el concesionario quedará como reservas nacionales." (Ley, Art. 18). En dichas parcelas de explotación el concesionario adquiere el derecho exclusivo, por cuarenta años, de extraer las sustancias concedidas y aprovecharlas. (Art. 26)

El mantenimiento del principio de las reservas nacionales, establecido desde la Ley de 1920 y que debería interpretarse como manifestación de la soberanía del Estado para asumir, cuando así lo crea conveniente, participación en la industria petrolera en áreas bajo su absoluto control, se hace en esta Ley-Convenio consagrando uno de los mayores retrocesos respecto a la legislación anterior, al establecer que "las parcelas podrán agruparse según le convenga al concesionario…" (Art. 18), liquidando así la disposición de la Ley de 1938 sobre un reparto tipo "tablero de ajedrez" que, como ya Señaláramos, tendía a garantizar equilibradas posibilidades teóricas a la Nación en la eventualidad de un aprovechamiento directo por parte del Estado de los yacimientos que resultaren encontrarse en las Áreas reservadas.

Pero el retroceso se hace abierta retirada al establecer la posibilidad de otorgamiento de concesiones directamente sobre las parcelas de reservas nacionales (Ordinal 2o. del Artículo 7o.) Basado en esta norma se produjo el otorgamiento de parte de esas Áreas por el gobierno de Pérez Jiménez en 1956-57.

La concesión de manufactura, que otorga el carácter de concesión independiente a la actividad petrolera, es un importante elemento de la política de impulso a la expansión en el país de esta fase de la industria y formó parte de las negociaciones de esta Ley, en cumplimiento de las cuales las compañías se avinieron al establecimiento de las grandes refinerías del país, las cuales comenzaron a funcionar en los años 50.

El transporte también es concebido como una actividad autónoma al estatuirse una concesión específica para el desarrollo de esta actividad por vías especiales, los oleoductos. Aunque se mantiene aneja a las concesiones principales, el propósito es destacar su carácter de servicio público y reglamentarla como tal. Se pretendía racionalizar la construcción de oleoductos hacia los terminales de embarque por parte de los diversos concesionarios estableciendo la obligatoria prestación del servicio de transporte por los concesionarios de esta actividad a los demás productores.

Demarcados así los diversos tipos de concesión y establecidos para cada una de ellos los derechos de los titulares de esas concesiones, se pasa a señalar sus deberes, el principal de los cuales consiste en el pago de los impuestos fijados en la Ley: Superficial, en los lotes de exploración, de dos bolívares por hectárea y por año; inicial de explotación, de ocho bolívares por hectárea; superficial, en las parcelas de explotación, de cinco bolívares por hectárea y por año en los primeros cinco años, elevándose luego cada quinquenio en otros cinco bolívares, hasta llegar a 30, y exonerable en la medida en que se pague el 1;s impuesto de explotación. Este último, por cierto, no es otro que el antiguo canon, regalía o royalty, cuyo monto se fijó en 16 2/3 por ciento del petróleo extraído.

Fuera de estos impuestos específicos de la actividad, las concesionarias estaban obligadas a pagar el Impuesto Sobre la Renta, que había sido establecido en 1942, al promulgarse la Ley respectiva. Este impuesto alcanzaba, para la época, al doce por ciento de los beneficios netos declarados (dos y medio por ciento de impuesto cedular y hasta 9 y medio el impuesto complementario progresivo). Viene al caso referirlo en este momento para poder plantear uno de los aspectos más controvertidos del pacto, como veremos en lo que sigue.

El carácter de impuesto asignado a la Regalía en esta Ley fue otra de las concesiones hechas por el gobierno de Medina a las compañías, combatida desde la izquierda como lesiva para los intereses nacionales. Un gran abanderado de esta denuncia fue Salvador de la Plaza. Veamos los argumentos: Al acordarle el nombre de Impuesto de Explotación, aún cuando se mantenía la posibilidad de su percepción en especie, la regalía perdía su condición de participación inalienable de la Nación en la liquidación de un patrimonio público, participación no negociable y que, por sobre todo, no podía entrar nunca a formar parte de las cuentas de costos de las compañías, a las cuales se cede para su usufructo, las cinco sextas partes de la producción, partes con las cuales realizan su actividad lucrativa y sobre las cuales deben contabilizar sus rentas.

"El royalty, que como hemos visto, el Ejecutivo Nacional lo percibe a su elección en especie o en dinero cuando lo vende al concesionario, es una parte de la riqueza nacional separada, independiente del resto con el cual el concesionario, al transportarlo, manipularlo, refinarlo, venderlo, realiza el negocio del que obtiene los beneficios o utilidades."


"El royalty es la parte de la riqueza a la cual la nación no ha renunciado ni cedido ni traspasado al ser otorgada la concesión; parte que por el hecho de ser extraída y puesta en circulación, deviene capital y no renta; capital que no se renueva ni amortiza, que se agota en contraste con el capital de las compañías que sí lo amortizan y multiplican." 50

Al ser considerada un impuesto, la regalía era deducida por las compañías de sus beneficios brutos, al igual que los demás impuestos, como un costo a los efectos de su declaración de renta neta gravable, disminuyendo ésta sensiblemente y con ello la participación de la Nación por concepto de impuesto sobre la renta.

Múltiples debates se llevarán a cabo a partir de entonces en torno al carácter de la regalía y demás rubros del ingreso petrolero. Aparte del problema de la calificación jurídica en sí misma, el fondo del asunto era precisamente el de nuestra tesis: la esencia de las relaciones Estado- concesionarias, las proporciones del reparto de la renta petrolera; hasta qué punto se delegaba soberanía y cuál debía ser la participación del Estado como contrapartida por permitir la liquidación de un patrimonio colectivo de los venezolanos. En el desarrollo del trabajo seguiremos haciendo referencias sobre los diversos aspectos concretos de este debate.

Quizás el aspecto más criticado del pacto Medina- concesionarias, por sus evidentes e inmediatas connotaciones negativas fue el "total saneamiento" que se le otorgó a concesiones plagadas de ilegalidad, viciadas de nulidad y en vías de caducidad, como ya Señaláramos antes, al citar las

50 Salvador de la Plaza, Op. Cit., Págs. 99-100.
conclusiones de la Comisión del Congreso que realizara la investigación a instancias del propio Medina.51

El saneamiento y nueva vida de cuarenta años era parte del precio de la conversión, por la cual todas las concesiones se sometían al imperio de la nueva Ley y sus mecanismos reguladores. Pero todavía otra parte del león del pacto quedó a la vista de todos cuando se cumplió lo que Lieuwen califica como "el mayor programa de adjudicación de concesiones en la historia del país... seis millones quinientas mil hectáreas, superficie mayor que la ya poseída por las compañías". 52

Aníbal R. Martínez describe así la "promesa cumplida":

“Para el 31 de diciembre de 1943, las empresas habían convertido 6 millones de hectáreas a la nueva Ley; apenas habían renunciado a 2 millones de hectáreas. Entonces, el 21 de abril de 1944, comenzó a cumplirse la promesa acordada -que por supuesto- no aparecía en el texto de la Ley. Ese día comenzó un gigantesco programa de otorgamiento de nuevas concesiones.” 53

Se trata de un momento culminante de la historia petrolera venezolana; las concesionarias se consolidan y extienden su implantación en el país. En palabras de Pedro Esteban Mejía:

"…indudablemente el otorgamiento de concesiones efectuado contribuyó a acentuar el poderío económico y político de las empresas, así como a incrementar la dependencia económica de Venezuela." 54

Una manera muy peculiar, diríamos nosotros, de "aprovechar las condiciones favorables dadas por la Segunda Guerra Mundial…" a que hace referencia el autor de "La Renta Absoluta".

No podemos, desde luego, cargar las tintas a la hora de hacer un balance que pretende ser objetivo. Pero sólo teniendo en

51 Lieuwen, Op. Cit., Pág. 183.

52 Ibíd., Pág. 189.

53 Aníbal R. Martínez, Historia Petrolera Venezolana en 20 Jornadas, EDRECA Editores, Caracas 1973. Pág. 124.

54 Mejía Alarcón, Op. Cit., Pág. 114.

cuenta el peso de lo expuesto anteriormente podremos colocar en su justo lugar los aspectos positivos de la Ley, los cuales, como hemos visto, no se "impusieron" sin contrapartida.

Fuera de lo anotado previamente en torno a la creación de un patrón normativo único de las relaciones Estado-concesionarias y al reconocimiento de la soberanía formal del Estado sobre todas y cada una de las fases de la industria, es preciso dejar sentado también que…

"La Ley de 1943 amplió los poderes técnicos y administrativos del gobierno. Se restringieron los derechos de traspaso y los privilegios de expropiación de las compañías, y se reafirmó la autoridad para investigar las operaciones técnicas y los procedimientos de contabilidad."

"Las controversia sobre las aduanas, que había amargado permanentemente las relaciones de las compañías con el gobierno desde 1936, se terminó para siempre al ser abolidos todos los privilegios de exención."55

En este mismo orden de ideas, un aspecto destacado lo constituye la norma que establece la extinción de los títulos y derechos del concesionario al término del plazo otorgado, cuando "...la nación readquirirá, sin pagar indemnización alguna, las parcelas concedidas y se hará propietaria del mismo modo, de todas las obras permanentes que en ella se hayan construido." (Ley, Art. 80). Es decir, se pauta claramente el derecho de reversión, aunque con limitaciones que sólo serán subsanadas, después de intensos debates y fallos contradictorios de organismos jurisdiccionales, casi treinta años después, con la promulgación de la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión, circunstancias a las cuales nos referiremos en su oportunidad.

Igualmente significativa es la norma que establece como motivo de extinción de las concesiones "...su adquisición por parte de Gobiernos o Estados extranjeros o corporaciones que de ellos dependan, aunque la operación se hiciere por persona interpuesta" (Ley, Art. 79). En la práctica, esta disposición afectaba exclusivamente a intereses británicos que la venían eludiendo desde la época de Gómez: la British Controlled

55 Lieuwen, Op. Cit., Pág. 188.

Oilfields, compañía titular de concesiones en el país desde 1907, en cuyo capital accionario participaba directamente la corona británica, según vieja denuncia, -manes de la competencia- del Embajador norteamericano cumpliendo instrucciones del Secretario de Estado de su país (1921)56

En cuanto a los resultados financieros, el efecto combinado del Artículo 5°. de la Ley, que dotó al Gobierno de facultades para negociar "ventajas especiales" en el otorgamiento de las nuevas concesiones, el aumento de la producción y el expreso sometimiento de las concesionarias a la Ley de Impuesto Sobre la Renta promulgada en 1942, determinó un incremento inusitado en los ingresos petroleros, como lo demuestran las siguientes cifras:

AñosProducciónImpuestoRenta deIngresoMiles de b/dS./ RentaHidrocarburosTotal1943491 13913919458864326731019531.7655948241.41819552.1575851.0341.619Cifras de ingresos en Millones de Bolívares.FUENTE: Banco Central de Venezuela, La Economía Venezolana en los Últimos Treinta y Cinco Años. Págs. 69 y 273.PRODUCCION DE CRUDO E INGRESOS PETROLEROS

56 Ibíd., Págs. 49-50.
Salvador de la Plaza comenta que para esos años (43- 55 y con sus propias cifras) mientras la producción de petróleo se cuadruplicaba, la participación de la Nación aumentó trece veces...

“… pero por el hecho de no haberse operado una transformación de la estructura feudal del campo ni un cambio en la política económico-financiera del Estado, esa mayor participación se tradujo en una acrecida dependencia del país a los trusts petroleros, en una más acentuada desfiguración del desarrollo económico, con el consiguiente enriquecimiento de los importadores, funcionarios venales, etc., y su secuela de despilfarro y corrupción.” 57

A estas alturas podemos resumir el resultado del pacto Medina-Compañías: Nueva vida a las concesiones viejas, nuevas concesiones y normalización definitiva de las buenas relaciones Estado-concesionarias. En lo que respecta al propósito fundamental de nuestra exposición, con la Ley de Hidrocarburos de 1943 y el conjunto de acuerdos negociados en torno suyo, hemos arribado a la etapa de madurez del régimen concesionario, cuyas características definitivas quedan plasmadas en dicha Ley y sus reglamentos.

57 Salvador de la Plaza, Desarrollo Económico e Industrias Básicas, Pág. 41.

IV. Del "Fifty-Fifty" a la
Frustración del "Pentágono Petrolero"

Derrocado Medina, su Ley petrolera, sin embargo, le sobrevive. El nuevo Ministro de Fomento, Juan Pablo Pérez Alfonzo, comenzará a delinear una política petrolera distinta en muchos aspectos, pero partiendo del ofrecimiento de mantener la vigencia de la Ley de 1943, como expresión de la voluntad de los nuevos gobernantes de asegurar la estabilidad de la industria y garantizar a los concesionarios que sus intereses no serían expropiados.

Esta posición es coherente con el carácter de las fuerzas que asumen el gobierno en la escaramuza de Octubre de 1945, resultado, entre otros factores, de las pugnas en una de las dimensiones de la lucha de clases a que venimos haciendo referencia: las nacientes capas de la burguesía venezolana exigen una tajada mayor en el negocio que hasta ese momento había gerenciado una oligarquía precapitalista adocenada en el disfrute de sus rentas y sin empuje "maximizador".

Las vinculaciones de Acción Democrática, partido base del nuevo gobierno, con la burguesía venezolana ha sido analizada por propios y extraños y asumida abiertamente por ese partido. Precisamente, en el trienio 45 - 48 se ejercita por primera vez, aunque sin convencer de sus bondades a los factores reales de poder, el "policlasismo" de AD, de acuerdo con el cual se estimula la expansión de la organización sindical bajo su control y se adelantan reformas sociales importantes, al mismo tiempo que se instrumentan mecanismos para canalizar los ingresos petroleros de manera privilegiada hacia determinados sectores de la burguesía criolla. El fomento de la industrialización por sustitución de importaciones va a ser uno de los grandes justificativos de ese trasiego y así, por ejemplo, la Corporación Venezolana de Fomento es colocada bajo el control determinante de FEDECAMARAS.

Consecuentemente pues, el signo de la política petrolera en ese período fue el de aumentar la participación del Estado en los proventos del negocio petrolero, manteniendo las reglas del juego ya establecidas. Pérez Alfonzo resume, en su "Introducción a la Memoria de Fomento de 1947" los principios generales de esa política:

1. Mantener la Ley de 1943.

2. No otorgar nuevas concesiones.

1. Cuidar de la conservación de los yacimientos y mejorar el aprovechamiento del gas producido.

3. Vigilar la participación de la Nación en las ganancias de la industria.

4. Procurar la mayor industrialización de los petróleos venezolanos. 58

En el ejercicio de estos principios se pusieron en práctica diversas políticas. La más conocida de todas fue la aplicación de la fórmula del fifty-fifty, mediante la cual se intentaba equiparar los ingresos del Estado con los de las compañías. Esta fórmula, que se extendió rápidamente por otros países productores (Irán 1949, Arabia Saudita 1950, Kuwait 1951 y Bahrein e Irak en 1952)59, tuvo y tiene muchos críticos. Algunos, como Tugwell -loc. cit.- la consideran como expresión de la "sorprendentemente moderada actitud del gobierno en materia petrolera". Otros utilizan términos más duros:

"En base a un convenio secreto, de la responsabilidad particular de Rómulo Betancourt y Juan Pablo Pérez Alfonzo, la participación del Estado venezolano en los beneficios petroleros se limitó a un 50%, participación ésta que se había alcanzado en 1943, y que ahora se congeló a pesar de que entre 1945 y 1948 los precios del petróleo se duplicaron."60

Y lo que es peor, según la óptica de este autor, al extenderse a los demás países petroleros subdesarrollados, en donde fue popularizada como "la fórmula venezolana", actuó como muro de contención de las mayores exigencias de estos países.

La "fórmula" en cuestión consistía en la aplicación de un impuesto adicional a los beneficios declarados por las compañías cuando la suma de éstos excediera la de los

58 J.P. Pérez Alfonzo, Introducción a la Memoria de Fomento de 1947, Caracas 1979, Pág. 21.

59 Tugwell, Op. Cit., Págs. 69-70.

60 Ramón Rivero, Op. Cit., Págs. 22-23.
ingresos petroleros del fisco nacional. Ese impuesto adicional se calculaba precisamente como la mitad de esa diferencia. En verdad, la efectividad de esta medida es bastante discutible, por cuanto se basaba en las declaraciones de precios de realización de las compañías, los cuales no distaban mucho de ser simples precios de transferencia entre filiales de una misma matriz corporativa, precios que solo servían al propósito de minimizar las rentas gravables de las concesionarias.

Como en otras oportunidades, la discusión se centra en torno a la bondad de la referida fórmula y de las alternativas propuestas para incrementar la participación estatal en el negocio petrolero.

"Este impuesto adicional produjo ingresos al Fisco de 442,2 millones entre 1949 y 1959, (once años), lo que hace una media anual de 40,2 millones. Podemos apreciar pues que su cuantía era pequeña y que no constituyó el voluminoso ingreso que señalaban sus apologistas." 61

Es por estos menguados resultados que Salvador de la Plaza insistía en que una de las vías más seguras para contrarrestar la evasión fiscal de las concesionarias era la de restituirle a la regalía su condición de participación inalienable de la Nación, dejando de considerarla como un impuesto, factible por ello de ser deducido como costo a la hora de calcular los beneficios netos gravables. Por su parte, el propulsor de la medida que discutimos explicará la situación de la siguiente manera:

"En ningún momento se consideró esta fórmula como algo estático ni permanente; por el contrario, se informó al Congreso y a la opinión pública en aquella oportunidad, que la situación tendría que revisarse periódicamente. Pero luego las empresas elaboraron el alcance de la fórmula 50-50 con un sentido diferente, especialmente dirigido a moderar las repercusiones internacionales que produciría la medida adoptada por Venezuela." 62

61 Mejía Alarcón, Op. Cit., Pág. 262.

62 Pérez Alfonzo, Pentágono Petrolero, Pág. 9.

La percepción por parte de las empresas de que se trataba de un pacto a largo plazo, que no podía ser modificado sin el consenso de las partes, fue puesta de manifiesto en la carta de H. W. Haight, Presidente de la Creole Petroleum Corporation para 1959, donde protesta por el aumento del impuesto complementario dispuesto por la Junta Provisional de Gobierno encabezada por Edgard Sanabria y sostiene que tal medida "rompe el respetable entendimiento que ha dado excelentes resultados logrados tanto para el gobierno como para la industria."63

Ahora bien, de todas las políticas adoptadas en este período, las que mas desasosiego causaron a los concesionarios, en tanto que posibilidades de un cambio negativo para sus intereses, fueron la formulación del propósito de no otorgar nuevas concesiones y los intentos de vender directamente en los mercados internacionales la regalía previamente percibida en especie. Y es que una de las razones aducidas por Pérez Alfonzo para considerar que no era necesario modificar la Ley de 1943 para llevar a cabo una política petrolera progresiva consistía justamente en su propósito manifiesto de no otorgar nuevas concesiones de acuerdo a esa legislación:

"Por esto hemos mantenido la Ley de 1943 y reconocemos las concesiones que se otorgaron de acuerdo con ella. Pero la época de las concesiones para la explotación de petróleo, como se habían venido otorgando, ha pasado en Venezuela. Conscientes de nuestros derechos e intereses no podemos continuar esos sistemas de explotación de una riqueza nacional ya bien conocida y desarrollada." 64

"…pensamos que una solución posible enmarcada dentro del sistema jurídico vigente, y diferente por todos respectos a la concesión a particulares, sería la concesión a un instituto u organismo del Estado." 65

Es indudable que la sola mención de esta posibilidad era considerada en esa época un casus belli para las compañías extranjeras y sus países de origen. La venta de regalías en

63 Citado por Mejía Alarcón, Op. Cit. Pág. 121.

64 Pérez Alfonzo, Introducción a la Memoria del Ministerio de Fomento 1947, Pág. 23.

65 Ibíd., Pág. 26.

especie en el mercado internacional fue otra iniciativa conflictiva. Las presiones de los grandes consorcios se encargaron de desestimular a los posibles compradores, pese a que, como muy bien lo documenta Lieuwen, "…había muchos interesados en pagar mayor precio que el corriente por el escaso crudo…" como lo demuestran las ofertas recibidas por el gobierno y los acuerdos suscritos que reseña el mismo autor. 66

Pero los efectos de esta política no se pudieron manifestar por mucho tiempo más. El gobierno de Gallegos fue derrocado y la política petrolera de Pérez Alfonzo desechada. Tres décadas más tarde, él mismo hará un balance autocrítico:

"…para aquella época, se consideraba que podíamos desarrollarnos y que para el desarrollo venezolano lo conveniente era una mayor participación por parte del Estado en los ingresos petroleros y más inversiones extranjeras. Por tanto, no solamente me declaro culpable de no haber hecho ningún gesto porque no venía a la cabeza la nacionalización, sino que contribuí también a fomentar nuevas inversiones extranjeras." 67

Mucho se ha escrito sobre el carácter petrolero del golpe de Estado de 1948 y hace algunos años fueron publicados en la prensa venezolana documentos del Departamento de Estado norteamericano, hasta entonces secretos, que confirman parcialmente esa apreciación.

Lo cierto del caso es que durante el régimen de Pérez Jiménez las concesionarias vivieron una etapa de prosperidad y paz, sin intentos reformistas o revolucionarios de cambiar las reglas del juego. En 1956-57 Pérez Jiménez no sólo otorgó nuevas concesiones, sino que lo hizo sobre las áreas de reservas nacionales adyacentes a yacimientos ya probados por las compañías.

La modalidad adoptada consistió en que las compañías aceptaban concesiones de exploración en la frontera occidental del país y a cambio se le entregaban reservas

66 Lieuwen, Op. Cit., Págs. 203-205.

67 Pérez Alfonzo - Domingo Alberto Rangel, El Desastre. Vadell Hermanos, Valencia 1976. Pág. 28.

nacionales ricas en hidrocarburos. En el primero de los años mencionados se les otorgó 301.000 hectáreas y en el segundo 519.000, divididas en 62% de exploración y 38% de explotación, siendo las empresas más beneficiadas Creole, Shell y Mene Grande. 68

Además de éste, el último otorgamiento abierto de concesiones en el país, sólo cabe destacar en la gestión de Pérez Jiménez la creación del Instituto Venezolano de Petroquímica, acción aislada e incoherente con el signo de entreguismo generalizado que caracterizó esa época, que formó parte del desarticulado programa de construcción de obras publicas que ese régimen adelantó bajo la consigna del "Nuevo Ideal Nacional". Por lo demás, en materia de política petrolera, lo más notorio fue la represión con mano de hierro de los movimientos huelgarios intentados por los trabajadores petroleros en 1949 y 1950, garantizando con ello el mantenimiento de la paz laboral tan apreciada por las concesionarias.

Diez meses después de la caída de Pérez Jiménez, el Presidente de la Junta Provisional de Gobierno, Edgard Sanabria, quien había asumido tal posición al postularse el Contralmirante Larrazábal como candidato a la Presidencia de la República, pasa a la historia al decretar, el 19 de diciembre de 1958, un aumento en el Impuesto Complementario que lo hacía pasar del 26 al 45 por ciento, modificando con ello las proporciones teóricas del reparto de la renta petrolera entre el Estado y las concesionarias, las cuales pasaron de 50-50 a 60-40 a favor del Estado. Esta medida unilateral enfureció a las concesionarias y provocó las amenazantes declaraciones del Presidente de la Creole, ya referidas, por las cuales fue declarado persona no grata y su salida del país se hizo definitiva. Pero a las protestas siguieron las represalias:

"…los trusts en represalia y como presión para lograr la derogación del Decreto, rebajaron en febrero y abril de 1959 los precios del petróleo de Venezuela y comenzaron un

68 Policarpo Rodríguez, Petróleo en Venezuela Ayer y Hoy. Ed. FACES, UCV, Caracas 1977. Págs. 48-49.
reajuste de gastos reduciendo las operaciones exploratorias, despidiendo unos mueve mil trabajadores desde entonces." 69

Fueron justamente estas disminuciones las que se van a convertir en acicate para que al año siguiente, haciéndose cada vez más clara su comunidad de intereses en la materia, un grupo de países exportadores funden la OPEP.

Debemos anotar que el Decreto Sanabria no fue producto de un impulso caprichoso. Las dificultades fiscales que se confrontaban para la época condujeron la atención oficial hacia las cuentas de las compañías, llegándose a constatar, por ejemplo, que la Creole estaba obteniendo una cuota de ganancia del 47 por ciento sobre el activo neto promedio.70

Con el nuevo gobierno de Acción Democrática, Pérez Alfonzo es designado Ministro, en esta oportunidad de Minas e Hidrocarburos, y en esa condición impulsa un programa de acción en materia petrolera de una coherencia inusitada en nuestro país, bautizada por él mismo como Pentágono Petrolero.71

Se trataba de cinco grandes postulados enrumbados hacia el paulatino incremento de la participación y el control de la Nación sobre sus recursos petroleros, hacia su conservación y la defensa de su justo valor a la hora de su liquidación. Esta política, que intentaba aprovechar todas las posibilidades del marco legal vigente, fue, sin embargo, mediatizada, anulada por los factores reales de poder incrustados en el propio gobierno y con determinante influencia en la voluntad del Presidente Betancourt, quien personalmente se encarga de tranquilizarlos al dar muestras evidentes de que una cosa piensa el Ministro de Minas y otra muy distinta es la política que aplicará su gobierno, como documentaremos en lo sucesivo.

En este sentido, un recuento de las proposiciones de Pérez Alfonzo y el contraste con la política petrolera que efectivamente se ejecutó en los años subsiguientes nos servirá para definir los perfiles de la realidad que analizamos. Recordemos pues, los vértices del pentágono en cuestión:


69 Salvador de la Plaza, Economía Minera y Petrolera de Venezuela. Fondo Editorial Salvador de la Plaza, Caracas 1976. Pág. 40.

70 Pérez Alfonzo, Op. Cit.

71 Francisco Mieres, El Petróleo y la Problemática..., Pág. 195.


1.- Participación Razonable

2.- Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos

3.- Corporación Venezolana del Petróleo

4.- No más concesiones

5.- Organización de Países Exportadores de Petróleo

Su autor los define de la siguiente manera: "dos principios normativos de la calidad de no más concesiones y participación razonable, y de tres realizaciones concretas como la OPEP, la CVP y la CCCH..." 72

En efecto, el primero de esos postulados es el de carácter más general, por cuanto el propósito de obtener una participación razonable de la Nación en la explotación de sus hidrocarburos es la razón de ser y esencia de la política petrolera postulada en ese entonces. Defender la justa participación se presenta como política realista, dentro del ámbito de lo posible en las condiciones del momento, mientras que los ángulos CVP - No más concesiones forman un binomio tendiente a abrir la perspectiva de un control nacional integral de la industria, perspectiva que tiene como horizonte la fecha del inicio del vencimiento de las concesiones ya otorgadas, 1983, -a 23 años entonces. Así lo expresa Pérez Alfonzo:

"Este principio central de la política petrolera está complementado con los otros principios básicos de esa política, que se analizan después pero la participación razonable es el objeto principal e indicador más importante del éxito alcanzado." 73

La participación razonable es concebida como el incremento constante de la participación total de la Nación a través de

72 Ibíd., Pág. 82.

73 Ibíd., Pág. 20.
diversos instrumentos de política económica: El principal de ellos es el incremento directo de la tasa del impuesto sobre la renta aplicable a las compañías concesionarias en la medida en que se incremente el la rentabilidad proporcional de sus utilidades netas y ese rendimiento exceda lo que se considera aceptable. Para semejante ponderación se proponía relacionar siempre los beneficios con el Activo Fijo Neto, al cual se considera como la más efectiva medida del volumen de la inversión y así:

"Con base al rendimiento del capital en la industria petrolera, y apartadas las situaciones de excepción, por ello inaceptables como punto de referencia, de los grandes productores del Medio Oriente, puede considerarse un nivel de seguridad de rendimiento promedio un 15 por ciento del AFN."74

Pérez Alfonzo constata la evolución ascendente que desde 1958 y hasta 1964 venía registrando esta relación y postula la necesidad de proceder en esos momentos a los ajustes previstos.

Un instrumento no menos importante era la permanente revisión de los precios de realización declarados por las compañías. Estos precios eran la base del cálculo de las utilidades y por tanto de la participación. Pérez Alfonzo estimaba que una revisión de esos precios hubiera conducido, en ese momento, a un aumento del 6 por ciento en la participación, de no haber sido por la transacción efectuada por el Gobierno en esa materia, que redujo significativamente ese porcentaje.75

El ajuste de la tasa de cambio del dólar petrolero, que había sido modificada de Bs. 3,09 a Bs. 4,40, también coadyuvaría en el propósito de esta política, al disminuir el monto en dólares de las amortizaciones y depreciaciones del Activo Fijo de las compañías, pues su monto en bolívares permanecería constante (8.500 millones) al tiempo que disminuía su equivalencia en dólares en 819 millones.76

En general, el ajuste de la tasa de cambio se consideraba generador de incrementos en la participación por el diferencial obtenido en la venta de los dólares que ingresaban al país.



74 Ibíd., Pág. 14.

75 Ibíd., Pág. 18.

76 Ibíd., Pág. 19.


Estas y otras medidas debían conducir a una constante superación de las proporciones teóricas del reparto de beneficios entre el Estado y las compañías, partiendo del 60-40 en que habían sido dejadas por Sanabria.

Justamente para que esos incrementos fueran reales y dejaran de ser teóricas las proporciones resultantes, se crea, en abril de 1959, la Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos, que debía ejercer una función fiscalizadora y de control de la industria. Concebida como un instrumento interno de defensa de los precios, sería el organismo encargado de formular los reparos, determinando la participación razonable al tomar como punto de partida la revisión y consolidación de las cuentas de las compañías. Es de destacar el énfasis que Pérez Alfonzo hace sobre esta Comisión, de corta vida efectiva sin embargo. La concibe como el órgano de uno de sus postulados estratégicos más importantes y menos entendidos como lo es el de la coordinación de la producción con la demanda, el prorrateo de la producción entre los países oferentes para no desbordar las cantidades exigidas por la demanda, prorrateo que permitiría una idónea defensa de los precios:

"No se trató entonces de llevar al mercado abierto el petróleo de las regalías para fijar los precios más elevados que se pudieran conseguir, sino, al contrario, se trataba de restringir o limitar las ofertas de los concesionarios, urgidos de aumentar sus ventas aún con el detrimento inevitable de los precios."77

"Se comprendió entonces que el autocontrol era lo que con seguridad podría conducir, dentro de los límites determinados por las circunstancias a la meta de los mayores ingresos deseados."78

Por esas mismas razones destacaba la importancia de la CCCCH como precedente para la creación de la OPEP, organismo internacional con objetivos idénticos a los de la Comisión. Con todo, pocos años después que Pérez Alfonzo dejara el

77 Ibíd., Pág. 23. Ibíd., Pág. 28-29.

78 Ibíd., Pág. 28-29.

Ministerio, la CCCCH fue anulada para todo efecto práctico, cuando se transó, en 1966, el acuerdo sobre precios de referencia mediante el cual las compañías adquirieron "libertad de precios", como veremos en su oportunidad.

El prorrateo de la producción y el autocontrol, por su parte, nunca pasaron de ser meras declaraciones de intención. Sólo en marzo de 1982, 22 años después de su creación, la OPEP, colocada contra la pared, asumirá una política parecida, al poner un tope de 17,5 millones de barriles diarios a su producción como medida para intentar detener el proceso de deterioro de los precios que es ocasionado, entre otros factores por el olvido de la prédica de Pérez Alfonzo en el sentido de que es imposible defender los precios y al mismo tiempo forzar los niveles de la oferta.

Los Ángulos tercero y cuarto del "pentágono", CVP - No más concesiones, constituyen, como ya dijimos, el binomio de futuro, las bases de una política de desarrollo alternativo de la industria en vías hacia el control estatal de la misma. No más concesiones era el principio normativo y la CVP el instrumento para garantizar su ejecución. Con el primero se ponía fecha fija para el término de las relaciones concesionarias y con el desarrollo de la segunda se sentaban las bases para ir asumiendo, paulatinamente y en todas sus fases, posiciones determinantes en el negocio. Por lo demás, la CVP serviría como elemento de contrastación, a los efectos de mejorar la fiscalización y el control sobre las actividades de los concesionarios en función de la política de participación razonable.

Era, en esta oportunidad, una presentación madurada de la política esbozada por Pérez Alfonzo en su primera experiencia ministerial. El no otorgamiento de nuevas concesiones de hidrocarburos cobró una fuerza tal que en 1961 quedó establecido como norma constitucional, lo cual hizo muy laboriosos, y a la larga infructuosos, los posteriores intentos de otorgarlas, así fueran disfrazadas.

Por su parte, la CVP va a cumplir un importante papel en el desarrollo de una conciencia de la necesidad de la administración soberana de los hidrocarburos. Aunque sus enemigos lograron cercarla y finalmente liquidarla, durante su existencia demostró la exitosa factibilidad de una vía distinta para el desarrollo de la industria. Formó equipos técnicos y gerenciales idóneos que asumieron todas las fases de la industria, desde el esfuerzo exploratorio, que había sido abandonado por las concesionarias, hasta el intento de participar directamente en la comercialización internacional. Cumplió su objetivo de contribuir a una más eficiente fiscalización, en particular en lo tocante a disminuir el continuado drenaje de los yacimientos de las reservas nacionales adyacentes a las áreas bajo concesión, a través de los convenios de unificación de yacimientos. En general, se mantenía como una opción para el desarrollo de la industria en manos nacionales.

Ese era, a nuestra manera de ver y desde un principio, el auténtico camino hacia una nacionalización integral. Y eso mismo explica las santas iras que despertaba en los representantes de las transnacionales en el país y sus hombres de confianza, quienes pretendían ridiculizarla haciendo comparaciones sobre su eficiencia y la de otras compañías estatales, como Pemex, con la de sus concesionarias, para concluir, desde luego, en que toda empresa estatal es un fiasco.

De hecho, y al igual que en 1945-48, la formulación del principio de no más concesiones y su consecuencia lógica, el desarrollo de una empresa estatal, impulsaron a las compañías y a sus áulicos de FEDECAMARAS a desatar una campaña contra estos postulados. Proliferaron los análisis en torno a la peligrosidad e irracionalidad de los mismos, al lado de las tradicionales teorías sobre las bondades inigualables de la libre empresa.

Uno de estos voceros empresariales clama por "…una política capaz de contener la enfermedad que ha aquejado a nuestra industria desde que se inicia la era de Pérez Alfonzo: su declinación." 79 Precisamente este autor se refiere a la política de no más concesiones como un cierre de puertas sin alternativas, dando como inexistente la opción estatal. Otros presentan el asunto más abiertamente:

"Sin embargo, con la creación de la CVP y la ausencia de una política de expansión hacia el sector privado, se manifiesta

79 Luís Vallenilla, Op. Cit ., Pág. 263.
el espíritu dogmático del Estado de desplazar, en última instancia, a las empresas petroleras privadas." 80 (62)

Éstas, por cierto, no se quedaron en la simple protesta de sus aliados y empleados: la política de desinversión, anunciada por algunos en tono apocalíptico y que ya venía ejecutándose como respuesta al Decreto Sanabria, cobra carácter de chantaje permanente y las compañías no pierden la oportunidad de relacionar esa política directamente con la competencia de la CVP. Es lo que demuestra Salvador de la Plaza al transcribir un párrafo del Informe presentado por la industria petrolera al Congreso Petrolero celebrado en Caracas en 1962:

"Como reacción a esta competencia (la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo) y a la política del Gobierno opuesta a la adjudicación de concesiones, en el año 1960 la industria del petróleo redujo sus operaciones en Venezuela…" 81

También al igual que en 1948, esas presiones lograron anular la política de Pérez Alfonzo, aunque esta vez no fuera por la vía del golpe de Estado, sino a través del sabotaje consciente desde las propias esferas oficiales que llevaron al Ministro a retirarse a su casa de Los Chorros, desde donde despachaba, a manera de protesta silenciosa, sin renunciar al cargo, pero sabiéndose desautorizado.

"Casi ni se ha dicho que, seguramente como efecto de las reacciones concitadas por las firmes declaraciones de la OPEP y los intentos primigenios de traducirlos en medidas concretas, a Pérez Alfonzo le toca correr una suerte similar a la del ministro petrolero de Arabia Saudita, jeque Abdulah Al-Tariki. Es sintomático que cuando el Presidente de la República va a Washington en 1962 para visitar a su homólogo norteamericano en gestiones evidentemente económicas -lo que equivale a decir esencialmente petroleras-, su ministro del ramo no lo acompaña. Poco después abandonaría para siempre el cargo." 82

80 Fernando Mendoza, Ensayos de Economía Petrolera. Cromotip, Caracas 1968. Pág. 342.

81 Salvador de la Plaza, La Economía Minera..., Pág. 52.

82 Francisco Mieres, "El papel del petróleo venezolano en la perspectiva de la Crisis Energética" en Petróleo y Desarrollo en México y Venezuela, Pág. 223.


Así, su política fue desnaturalizada por el propio gobierno del que era Ministro. En repetidas oportunidades el Presidente Betancourt se curó en salud ante los concesionarios y sus mentores al hacer referencia a los limitados fines de la CVP y el carácter flexible de la política de no más concesiones:

"Esta empresa no viene a competir con las empresas privadas. La misma modestia del capital de trabajo que le hemos asignado, indica cómo son de limitados sus fines y objetivos; pero la Corporación Venezolana del Petróleo debe ser y será el vehículo de que se valga el Estado para otorgar, ya no concesiones sino contratos de servicio y otras fórmulas de arreglo, que hay muchas y muchas se están utilizando en varios países petroleros, para desarrollar la explotación y producción de aceite negro en el país." (29-5-61)

"No hemos otorgado concesiones porque las muy ricas que quedan, bien ubicadas, en el centro y en las riberas del Lago de Maracaibo, estamos seguros que van a ser exploradas y explotadas mediante contratos de servicio." (29-6-63)83

No es extraño pues que el destino de la CVP fuera el de quedarse enana, al estilo Bon-Sai, hasta su languidecimiento final. Es claro que con estas circunstancias, alguna razón asistía a quienes afirmaban que la industria petrolera venezolana estaba en declinación y había que buscarle una salida hacia la inversión extranjera.

"Las actividades de la CVP quedaron reducidas a la perforación de algunos pozos en el Zulia y Barinas, y la entidad como tal, destinada a servir de puente para la celebración con las compañías de contratos sui-géneris, -convenios de "servicios" y de "riesgo"- con los cuales, según declaraciones del Presidente de la República, sería sustituida la consigna de "no más concesiones" por una "nueva política petrolera" 84

83 Rómulo Betancourt, citado por Sáder Pérez en Petróleo Polémico y Otros Temas, Págs. 12 y 13.

84 Salvador de la Plaza, Op. Cit., Pág. 52.

Un protagonista destacado de los acontecimientos, Rubén Sáder Pérez, advierte en el mismo sentido en comunicación dirigida a Pérez Alfonzo:

"…de mantenerse la actual actitud con respecto a los fondos públicos que se aportan a la CVP, ésta no puede sino desarrollar un modesto programa exploratorio y hacer uso del instrumento incorporado por la reforma de la Ley de Hidrocarburos: los Contratos de Servicio." 85

Pues bien, como lo prometió Betancourt en las referidas oportunidades, la negociación de los contratos de servicio fue el mecanismo de apertura, la nueva forma de otorgar concesiones. Estos contratos, en verdad, habían sido previstos por Pérez Alfonzo como un recurso operativo para el desarrollo de la CVP, pero luego los repudió al percibir la connotación que habían adquirido como instrumentos para burlar la política de no más concesiones. A ello hace honor Vallenilla cuando señala:

"Hubo de salir del Ministerio el doctor Pérez Alfonzo para que comenzase, aunque con lentitud, a estudiarse a fondo este nuevo sistema de contratación, el cual, en definitiva, no vino a ponerse en práctica sino muchos años después, cuando llegó al poder el Presidente Caldera." 86

Quedaba a Pérez Alfonzo la satisfacción de haber detenido esa transacción durante esos años, que fueron "tantos" para Vallenilla y las petroleras.

El quinto ángulo del pentágono de Pérez Alfonzo ha devenido en el aspecto más conocido y perdurable, aunque no por ello menos controvertido, de su política petrolera: la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

La OPEP, dentro del pentágono, es el complemento directo internacional de la política de participación razonable: organismo para la defensa e incremento de los precios y en función de ello para la regulación y prorrateo de la producción. Tales propósitos hablan a las claras de la

85 Rubén Sáder Pérez, Hacia la Nacionalización Petrolera. Síntesis Dosmil, Caracas 1972. Pág. 13

86 Luís Vallenilla, Op. Cit. Pág. 263.
peligrosidad de esta iniciativa para los intereses de las compañías petroleras a nivel global. Como siempre, su reacción fue expedita. El propio Rómulo Betancourt describe la respuesta de las corporaciones, las cuales, según él, no daban la cara, sino que se escudaban tras las críticas "relativamente mesuradas" de los directivos de la Cámara del Petróleo y las virulentas de "algunos escritores de prensa, radio y televisión":

“El objeto de esa bien orquestada campaña publicitaria era el crear un sentimiento de pánico en el país, presentando al gobierno como responsable de dos crímenes, más que errores. Ellos eran: a) la desgana de las compañías operantes en hacer nuevas inversiones, Llegándose al extremo de ignorante insensatez de predecir un posible abandono por las empresas extranjeras de sus actividades en Venezuela y b) que al propiciar la creación de la OPEP, y al asociarse en un frente común defensivo con los países petrolíferos del golfo Pérsico y del norte de África, el gobierno estaba permitiendo que en estas Áreas del mundo creciera en forma acelerada la producción y perdiera Venezuela mercados que ya eran suyos o podrían llegar a serlo.” 87

Otra de las manifestaciones características de esta respuesta, típica de los métodos de las compañías y que por tanto no es ocioso recordar, lo constituyó la campaña de descrédito lanzada contra el Ministro de Minas en los momentos en que se daban los paños definitivos para la constitución de la Organización. Francisco Álvarez Chacín, testigo de excepción por su posición de directivo a cargo de las relaciones publicas en una de esas empresas, lo asienta junto con otras interesantes consideraciones en su carta de renuncia a la Creole Petroleum Corporation por disentir de la política de ese consorcio:

“Objeto particularmente la intención aprobada por una mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de la Industria del Petróleo de emprender acciones de tipo publicitario, incluyendo demanda de nulidad de la citada resolución, a tiempo de debilitar la posición del

87 Rómulo Betancourt, El Petróleo de Venezuela, Pág. 103.

representante venezolano en el Congreso Petrolero a realizarse próximamente en Beirut”. 88

Esta otra campaña, centrada en una supuesta locura del Ministro Pérez, en su práctica de esotéricos ritos orientales y otras infamias, no pudo detener la constitución de la OPEP, pero dejó sus huellas, valga la digresión, en mucha gente seria, que sin parar mientes en el ridículo se sienten autorizados para ironizar sobre las "excentricidades" de Pérez Alfonzo.

De todas maneras, la oposición que concitaba logró paralizar a la OPEP por un largo tiempo. Como lo señala el Prof. Abbas Alnasrawi en una publicación de la propia Organización 89, no sólo las compañías se negaban a tratar con la OPEP como una organización intergubernamental, sino que los propios miembros mantenían una actitud similar, prefiriendo tratar individualmente con las compañías, en tanto que tales decisiones eran materia de exclusiva soberanía nacional y no podía delegarse en un organismo supranacional. Pero por sobre todo, en esta actitud incidía el hecho de que, al no tener un control efectivo sobre los precios de realización de sus respectivos petróleos, la cuantía de la percepción de estos países en este negocio dependía más bien del volumen de las ventas de las compañías instaladas en cada uno de ellos, en "competencia" con las de los demás países "productores".

Evidentemente, tal actitud era un contrasentido frente a los postulados que dieron origen a la OPEP. Pero como nunca se impuso en la práctica el propósito inicial de prorratear la producción, entre otras cosas porque los gobiernos no tenían control directo y ni siquiera indicativo sobre esa variable, no sólo se dificultaba la defensa de los precios, sino que la existencia misma de la OPEP aparecía como superflua. De hecho era, en los términos del referido autor, una organización marginal.

A la limitación de la producción se oponían argumentos que estimulaban el miedo a perder la “gallina de los huevos de oro":

88 Francisco Álvarez Chacín, Secretos Petroleros Contra Venezuela, Caracas 1970. Págs. 17-18.

89 Abbas Alnasrawi, "OPEC: The Cartel That It Is Not". en OPEC Bulletin, Febrero 1981, págs. 2 y 3.

“Como síntoma adicional de esta política cabría mencionar la limitación de la producción para mantenerlo en el subsuelo y disfrutarlo en el futuro. Sin embargo, con ello se corre el riesgo de enfrentarlo, precisamente en el futuro, con la competencia de otras fuentes de energía que se desarrollan rápidamente y cuyo poder de competencia aumenta en la medida en que bajan sus costos, como puede ser el carbón, el gas natural y, a más largo plazo, la energía nuclear.” 90

Aunque todavía hoy no son esas "baratas" fuentes alternas las que arruinarán a los países de la OPEP y, por el contrario, ha sido su propio descontrol el que la ha colocado en situaciones difíciles, el miedo a la llegada de fantásticos y ultrabaratos sustitutos se encuentra en el trasfondo de la incoherente y timorata política petrolera aplicada desde entonces por los gobiernos venezolanos, incluido el de Betancourt y todos los que le han seguido, pese a la aceptación formal de las tesis de Pérez Alfonzo. Sobre todo, nunca desapareció de la mentalidad de nuestros políticos petroleros y no petroleros la noción, insuflada por los voceros de las compañías, de un supuesto peligro de pérdida de "nuestros mercados", como si alguna vez, fuera del fallido intento de Pérez Alfonzo en 1947, el país como tal, su gobierno, hubiera vendido petróleo más allá de Puerto Miranda y Puerto La Cruz y no fueran la propias compañías las que abrieran y cerraran los grifos según su conveniencia. Esta argumentación está muy bien expresada en la obra de Fernando Mendoza que, no por casualidad, venimos citando:

“Además se agrega como justificación de esa peligrosa tesis la creación del compacto petrolero o club de grandes exportadores (OPEP) cuya base es la limitación de la producción y expansión de su participación en el mercado de consumo, donde indudablemente, el petróleo mesoriental tiene mayor poder de captura, pues su capacidad competitiva le ha permitido pasar del 24% de participación en 1948 hasta un 54% en 1966.” 91

Idéntico era el mensaje de la compañía Shell de Venezuela en sus folletos "divulgativos":

90 Fernando Mendoza, Op. Cit., Pág. 342.

91 Ibíd., Pág. 343.

“En 1957, Norteamérica recibió el 53% del total de las exportaciones, mientras Europa sólo recibió un 23% debido a la competencia con el Medio Oriente…” 92

Razón por la cual debíamos, siempre según el mencionado folleto, estar preparados para competir. El fantasma de la competitividad y la posible pérdida de mercados va a ser un efectivísimo caballo de batalla de las compañías en todas sus disputas con los gobiernos venezolanos: el miedo al petróleo árabe, ruso, de Alaska, del Mar del Norte, etc., hacía olvidar la defensa de los precios y los personeros gubernamentales corrían presurosos a pedir tratos hemisféricos de favor y garantías de que siempre nos comprarían volúmenes incrementados del que se ofrecía como el petróleo más barato del mundo, el más competitivo. Desde luego que hoy, a la luz de la nueva situación energética, concluida la era del petróleo barato y comprometidos los desarrollos alternativos, es fácil evaluar la estrechez de miras de una tal política, pero en el asfixiante contexto de la época, es digna del mayor reconocimiento la clarividente posición del Dr. Pérez Alfonzo.

En conclusión, y retomando el hilo de nuestros planteamientos hipotéticos, la política petrolera estructurada en el "pentágono Petrolero" nunca fue asumida cabalmente por los gobernantes del país, desde el propio Betancourt y hasta Caldera, y lejos de ello, fue desnaturalizada desde su origen, adoptándose a la larga políticas completamente opuestas.

Una vez más, un intento de cambiar esencialmente el rumbo de las relaciones establecidas sobre el petróleo venezolano es frustrado. El poder de las compañías se hace sentir de múltiples formas y la industria sigue, sobre ruedas, produciendo substanciales e incrementados beneficios para ellas. Los políticos más realistas que Pérez Alfonzo, a la manera de Betancourt y Caldera, impusieron la línea tradicional de adaptarse a las exigencias de los consorcios.

92 Compañía Shell de Venezuela, La Aventura del Petróleo, Caracas 1960, Pág. 92.
V. Contratos de Servicio  vs. No Más Concesiones

El otorgamiento de los Contratos de Servicio fue una de esas medidas aconsejadas por el realismo político. Aunque no les fue tan fácil, como referíamos anteriormente, la de los contratos de servicio fue otra batalla ganada por las compañías. Sin embargo, y a pesar de su corta vida, el principio de no más concesiones se había convertido en intransgredible por virtud de su inclusión en la Constitución Nacional y hubo que dar muchos rodeos y ablandar a mucha gente para hacerle tragar al país estas concesiones disfrazadas.

Los contratos de servicio constituyen un episodio relevante en el desarrollo de la contradicción que venimos analizando, episodio en el que las compañías ponen en funcionamiento todas sus armas y logran inclinar la balanza a su favor.

Como ya se ha dicho, la figura de los contratos de servicio fue elaborada inicialmente como una de las alternativas de la CVP para emprender sus actividades como empresa estatal. Teniendo en cuenta las dificultades implícitas en el empeño de establecer una compañía petrolera estatal integrada, se pretendía facilitar los primeros pasos de la CVP al permitirle apoyarse en empresas establecidas, mediante acuerdos para el desarrollo de programas específicos.

"De manera excepcional se pensó en contratos de servicio bajo el supuesto de que la empresa nacional no alcanzaría a tiempo la capacidad administrativa y económica para atender oportunamente las necesidades de ingresos petroleros reclamados por el desarrollo económico general, y también, por esas mismas necesidades de ingresos, se preveía la posible urgencia de exploración de áreas de mayor riesgo, para las cuales normalmente es recomendable diluir el riesgo entre diversos inversionistas." 93

Así los había concebido Pérez Alfonzo y así los asumió Sáder Pérez, Presidente de la CVP para la época. Pero mientras Pérez Alfonzo recomendaba calma y recelaba al percibir el carácter de renovadas concesiones que inevitablemente adquirirían, Sáder Pérez, en cierta contradicción con su Ministro, siguió participando activamente en su desarrollo y elaboró las bases mínimas según las cuales se garantizaría que los contratos cumplirían con su cometido inicial, hasta

93 Pérez Alfonzo, Petróleo y Dependencia. Editorial Síntesis Dosmil, Caracas 1971. Págs. 17-18.

que, después de muchas discusiones, el resultado final terminara por convencerlo del

"…fracaso del proyecto concebido con propósitos y fines diferentes de los que permite entrever el texto final de los contratos publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 13 de diciembre de 1971, No. 1495." 94

La experiencia de Sáder Pérez, quien veía en los contratos de servicio una alternativa válida para la CVP ante la premeditada insuficiencia de los recursos con que se le dotaba, es aleccionadora en lo referente al poder de manipulación de las petroleras para retorcerlo todo según sus conveniencias. De ahí el valor de sus testimonios:

"La actual fórmula contractual invierte el papel de la CVP, la cual pasa de titular del derecho para cuya explotación intentaba utilizar servicios de una contratista, a la condición de mera intermediaria de compañías que asumen su representación ante terceros, en sus operaciones en el país, y ante el Fisco, en la discusión de los convenios de referencia del petróleo extraído de los propios yacimientos de la CVP. Este petróleo, a diferencia de lo previsto en las Bases Mínimas, se hace propiedad de las compañías apenas lo producen, quedando así reservado un papel académico para la empresa estatal en las actividades de fijación de precios y de mercadeo." 95

"Los contratos, como aparecen concebidos en el texto oficial de las Bases aprobadas por el Congreso Nacional, arrojan resultados económicos aparentemente inferiores a las concesiones otorgadas por la dictadura en los años 1956 y 1957."96

Pérez Alfonzo hizo, a la postre, una condena más global y definitiva de los contratos, no vinculada a los detalles de su ejecución, la cual se encuentra inserta en su obra Petróleo y Dependencia, Págs. 102-111, donde los califica de contrarios a la seguridad de la Nación. Siguiendo una línea argumental que no es el caso reproducir íntegramente aquí, el ex ministro sostiene que los contratos agravarían la situación de debilidad de la Nación frente a las compañías petroleras. Que son ilusorias las perspectivas de nuevas inversiones, tanto en magnitud como en significación para el

94 Sáder Pérez, Hacia la Nacionalización Petrolera, Págs. 9-10.

95 Ibíd., Págs. 81-82.

96 Ibíd., pág. 13.



desarrollo del país. Que no aumentará la producción ni los ingresos, tomando en cuenta la gran proporción de tierras bajo concesión que las compañías mantienen ociosas. En consecuencia, los contratos "aumentarán la expoliación, no impulsarán mayor desarrollo, intensificarán el despilfarro, y acercarían la era pospetrolera tan temida". Para concluir que sin los contratos de servicio se abrirán nuevas perspectivas nacionales, la Nación se prepararía para la reversión y no se abriría la puerta a nuevas entregas del país a los consorcios multinacionales del petróleo. (Loc. Cit.)

Los verdaderos beneficiarios de esta nueva movida no fueron recatados en las expresiones de su júbilo: Guillermo Rodríguez Eraso, Vicepresidente de la Creole Petroleum Corporation declaró lo siguiente al conocer los términos aprobados por el Congreso:

"Bienvenidos los Contratos de Servicio. ojalá que ellos nos logren para los años que vienen lo que no pudimos dar en doce años."97

Y así, se negociaron los primeros y a la larga únicos contratos de servicio sobre lotes de asignaciones de la CVP en el Sur del Lago de Maracaibo, que terminaron en fiasco por no resultar comerciales las acumulaciones petrolíferas detectadas, dando lugar a un publicitado affaire de tráfico de influencias como único saldo trascendente. Y ya para la fecha, reversión se había convertido en palabra de orden. Sin embargo, por su entidad como primer intento de reacomodo y actualización de las relaciones Estado- transnacionales que superara la tenebrosa política de "no más concesiones", es indispensable hacer un resumen de sus principales características, las cuales se comenzaron a plasmar con la modificación de la Ley de Hidrocarburos efectuada en 1967.

En efecto, el artículo tercero de dicha Ley, que es el que establece el derecho de explorar, explotar, manufacturar y transportar por vías especiales a los hidrocarburos, fue modificado para insertar en su texto la posibilidad de que ese derecho fuese ejercido, además de las concesionarias y el Estado directamente, como ya estaba dispuesto, "por institutos autónomos y Empresas de la propiedad exclusiva del Estado..." a los cuales se autoriza a

"...celebrar convenios y promover empresas mixtas y formar parte de ellas, siempre que los términos y condiciones que se

97 Citado por Sáder Pérez, Op. Cit., Págs. 10 y 46.

estipulen en cada contrato sean más favorables para la Nación que los previstos para las concesiones en la presente Ley. Estos convenios no conferirán derechos reales sobre los yacimientos." 98

Quedaba así establecida la figura de los contratos de servicio. Como puede observarse, no es una simple autorización para "contratar servicios" de empresas privadas lo que se otorga a la CVP -que no es otra la empresa estatal a la que se refiere la Ley- sino la facultad de asociarse, de constituir empresas mixtas con capitales privados. Estos capitales, al ser socios, -que no contratistas- de la empresa del Estado tendrán, como es lógico, voz y voto en la planificación y gestión de las actividades conjuntas. Ya esto constituía el otorgamiento de un grado de participación que las compañías no obtendrían de mantenerse incólume el principio de no más concesiones. Pero no bastó con ello, pues como ya anotáramos, citando la amarga constatación de Sáder Pérez -nota 77- el resultado fue una inversión de papeles tal que las contratantes de servicio ya no parecían manejar asignaciones de y por cuenta de la CVP, sino que, en virtud de los términos finalmente aprobados, se apropiaban directamente del petróleo producido en dichas asignaciones.

Ese resultado fue el producto del funcionamiento de otro de los mecanismos insertos en la reforma, cual es la disposición de que las Cámaras del Congreso en sesión conjunta aprobarían las 1s Bases de Contratación de la asociación prevista. En realidad, la discusión de los términos de estas bases fue un evento descollante en su momento, puesto que en ellas se iba a reflejar el verdadero carácter de los contratos. Algunos, como Sáder Pérez, fundaban su esperanza de hacer de los contratos un efectivo instrumento de desarrollo de la CVP en el logro de unas óptimas bases de contratación y, en efecto, así las propuso. Pero a nuestro entender, el mal ya estaba hecho en la disposición misma de celebrar contratos de asociación, pues al hacerlo en aquellas circunstancias, con gobierno ávidos de mayores ingresos y suficientemente ablandados por el chantaje de la desinversión concertada y continuada de las concesionarias, todos los ases de la negociación quedaban en manos de los futuros contratantes, quienes sólo se avendrían a serlo con unas bases que les favorecieran. De allí que fueran modificadas las "bases mínimas" propuestas por la Directiva de la CVP y aceptados los términos de las compañías:

98 Ley de Hidrocarburos, Artículo 3o., parágrafo segundo, aparte a).

“El texto de las Bases de Contratación enviado al Congreso Nacional ha sido elaborado mediante un esfuerzo de transcripción literal de las Bases Mínimas aprobadas por el Consejo Directivo de la Corporación Venezolana del Petróleo el 13-3-68, pero luego de haber introducido en ellas el Ejecutivo Nacional modificaciones que alteran la naturaleza y propósitos previstos en el Artículo 3o. de la Ley de Hidrocarburos”.99

En las siguientes páginas de la obra que venimos citando, Sáder Pérez hace cuenta y denuncia de la infinidad de detalles y matices de las referidas bases por donde se colaron prerrogativas para las contratantes y simultáneas dejaciones del interés nacional.

Por nuestra parte, y para concluir la caracterización de la reforma de 1967, debemos dejar anotado que en el articulado de la misma se inserta un conjunto de condiciones adicionales, limitantes en cuanto a plazos de exploración y explotación, así como proporciones de distribución de los lotes entre los contratistas y la CVP. Con estas disposiciones y las procedentes de las Bases de Contratación aprobadas por el Congreso, los contratos de servicio quedaron regimentados de la siguiente manera:

1) Un período de duración de 23 años. Tres de ellos para la exploración y 20 para la explotación.

2) En cada bloque de 50.000 hectáreas asignado, la contratista explotará el 20 por ciento y la CVP se reserva el 80 restante después de un proceso de selección alternada entre ambas, partiendo de la división del bloque en 10 parcelas y comenzando a escoger la contratista.

3) La contratista se obliga a cumplir un programa exploratorio mínimo en todo el bloque con levantamientos sismográficos y pozos exploratorios en número establecido de mutuo acuerdo con la CVP. Todo el riesgo de la exploración corre por cuenta de la contratista.

4) Durante el período exploratorio se debe determinar si los hallazgos que se realicen podrían ser base de una producción comercial. En definitiva, esta disposición fue determinante para la frustración de los contratos de servicio otorgados en el Sur del Lago de Maracaibo, pues en ninguno se logró determinar acumulaciones significativas de hidrocarburos,

99 Sáder Pérez, Op. Cit., pág. 18.
como ya refiriéramos. La Occidental Petroleum de Venezuela Inc., titular de los contratos en tres bloques de 50.000 hectáreas cada uno (A,D,E) intentó eludir este requisito por vías non santas, pero fue puesta al descubierto.

5) El petróleo que se hubiere producido en los lotes bajo contrato, habiéndose cumplido la condición anterior, pertenecía a la CVP por ser ella la titular de los derechos de exploración y explotación, pero, para remunerar los servicios de las contratistas, la CVP se lo traspasaría en propiedad y a precio de costo hasta el 90 por ciento de lo producido, reteniendo el 10 por ciento después de cancelar su costo de producción.

Pero estas disposiciones, así como las referentes a la participación operativa de la CVP, la conservación de los bienes adquiridos para ser entregados sin pago alguno a la Nación al término del contrato y otras por el estilo, se quedaron en el tintero. Los contratos de servicio no cuajaron y por ello no abundamos en más detalles, los cuales por cierto se encuentran extensamente expuestos en la obra que hemos consultado para hacer el sumario de sus principales características: Contratos de Servicio y Nuevos Aspectos Impositivos, de Luis González Berti.

VI. La Paz Petrolera

Si bien en el aspecto formal de las relaciones que estamos estudiando el tránsito desde "no más concesiones" hasta la política de contratos de servicio nos ha permitido hilvanar el sentido general de la política petrolera venezolana durante el período que hemos cubierto hasta aquí, es indispensable completar el panorama de esa política con otras incidencias que merecen ser destacadas por ser fiel expresión del estado de la correlación de fuerzas en esos momentos. Una situación tal, que permite a un vocero calificado de las compañías denominar como "los años de la paz petrolera" a los comprendidos en el lapso 64-70:

“…los acontecimientos pierden esa celeridad, publicidad y pugnacidad características de la gestión de Pérez Alfonzo. Se abre un período de mayor calma en el campo petrolero, menos conflictivo, de mejores relaciones entre el gobierno y las concesionarias, cuando los acuerdos sustituyen a las declaraciones hostiles. Es así como se producen convenios importantes, como los relativos a los reparos fiscales, a los precios de referencia y a las plantas de desulfuración durante el régimen del Presidente Leoni, y los Contratos de Servicio aprobados en 1970 bajo el gobierno del Presidente Caldera." 100

Es precisamente a esos, no comentados antes, momentos estelares de la "paz petrolera" de las compañías a los que nos vamos a referir: la transacción de la Reforma Tributaria y de los reparos fiscales, los convenios sobre precios de referencia y ese "caso típico de manejo internacional petrolero" que fueron los contratos Mayobre- Losada-Creole-Shell para la instalación de plantas desulfuradoras.

La Reforma Tributaria era, y lo sigue siendo dramáticamente hoy, una necesidad dada la bajísima carga impositiva que pesa sobre los beneficios del capital privado en nuestro país y que hace inocua la potestad redistributiva del Estado voceada como consigna demagógica por todos los gobiernos populistas que hemos padecido. La administración Leoni hizo el intento. Presentó un proyecto que aumentaba los impuestos directos a las personas y corporaciones y los indirectos sobre los cigarrillos, licores y automóviles. Pero el meollo del proyecto era la disposición de un impuesto selectivo que pechaba fundamentalmente a las petroleras, porque se aplicaba sobre los beneficios superiores al 15 por ciento sobre los

100 Luís Vallenilla, Op. Cit., -Edición Revisada. Pág. 189
activos fijos, rendimiento que no obtenía entonces ninguna otra rama en el país y que las petroleras superaban con creces, colocándose en niveles que oscilaban, según fueran los parámetros de comparación manejados, entre un 30 y un 47 por ciento de sus activos.

“Esta última parte, con mucho la más amenazante desde el punto de vista de las compañías, fue la concepción de Pérez Alfonzo. Los beneficios de las compañías habían aumentado constantemente desde su punto más bajo en 1958-60 y para 1964 habían llegado al 30 por ciento, el doble de la cifra que 0l consideraba justa, como provecho por sus inversiones”. 101

La calidad de la ofensa ameritaba una respuesta contundente y las compañías la dieron en coro con sus voceros criollos y otros sectores poderosos que también se veían afectados por la reforma, aún cuando en estos últimos los porcentajes de incremento de la carga impositiva fueran francamente exiguos.

Copei, Uslar Pietri y su FND, FEDECAMARAS, la Cámara de Comercio de Caracas y el inefable Guillermo Morón con su Comité de Defensa de la Ciase Media, unieron sus voces para anunciar todo tipo de desastres, entre ellos la liquidación de la industria petrolera y la segura marcha del país hacia el comunismo. 102

Como era de esperarse, el gobierno retrocedió en toda la línea, desechando el impuesto selectivo y transando por menos de ochocientos millones de bolívares unos reparos fiscales estimados en más de dos mil millones. Además, según denuncia Gastón Parra Luzardo 103, parte del acuerdo fue mantenido en secreto: subrepticiamente se firmó un convenio que equivalía a congelar los precios de liquidación de la regalía por cinco años, pues para todo ese lapso se determinaría el valor mercantil del petróleo venezolano de acuerdo con los niveles de los precios cotizados de los crudos de referencia (West Texas - East Texas, etc.) efectivos para el 27 de septiembre de 1966 y, de las variaciones que se produjeran a partir de 1967 sólo se tomaría en cuenta una tercera parte. Parra Luzardo calcula que la disminución de ingresos fiscales por concepto de regalía que resultó de la aplicación de este convenio entre los años de 1967 a 1971 alcanzó a la cifra de 721 millones de bolívares. 104

Esta disminución es el resultado de comparar los precios cotizados de los crudos de referencia, constantemente

101 Tugwell, Op. Cit., Págs. 123

102 Ibíd., Págs. 124-125

103 Gastón Parra Luzardo, El Despojo de Venezuela, Los Precios del Petróleo. Universidad del Zulia, Rectorado, Maracaibo 1979

104 Ibíd., Págs. 33-37

incrementados, con los cuasi-congelados precios de los crudos de regalía: La diferencia, expresada como un factor promedio en dólares por barril, al ser multiplicada por el volumen de la regalía nos revela los montos dejados de percibir cada año. Veamos las cifras, según nos las presenta Parra Luzardo:


Precios Cotizados y Convenidos Para la Determinación de la Regalía

(US$/bl)

Años Precio Cotizado Precio S/Convenio Diferencia . Promedio Promedio

1967 2,678 2,662 0,016

1968 2,661 2,620 0,035

1969 2,769 2,693 0,076

1970 2,947 2,760 0,187

1971 3,249 2,840 0,409

FUENTE: Parra Luzardo, "El Despojo..." Loc. Cit.

Disminución de Ingresos Por Concepto de Regalías

Años Volumen Petróleo Factor Disminución de Ingresos . de Regalía (Dif) Por Regalía . . MMbbls S$/bl MM U.S. $ MM Bs.

1967 223,25 0,016 3,572 15,72

1968 228,40 0,035 7,994 35,17

1969 227,09 0,076 17,258 75,94

1970 233,28 0,187 43,623 191,94

1971 223,34 0,409 91,346 401,92

. TOTAL ---- 720,69

FUENTE: Parra Luzardo, "El Despojo..." Loc. Cit.

Pero hay más aún. De este convenio el gobierno obtuvo la supuesta ventaja de negociar precios de referencia para la liquidación del impuesto sobre la renta en los siguientes cinco años. Según sus términos, las compañías pagaban sus impuestos de acuerdo al nivel de referencia acordado y quedaban libres para vender el petróleo al precio que quisieran. Semejante sacrificio de las compañías no era más que la obtención, al decir de Pérez Alfonzo, de una libertad de precios que era una bomba de tiempo contra la Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos, que a partir de entonces quedó convertida en un organismo prácticamente inútil.

“Y en efecto, el convenio aseguraba a las transnacionales que el Estado no continuaría ejerciendo presiones sobre los precios, es decir, abandonaba, por lo menos durante cierto lapso, su intención de intervenir directamente en las decisiones sobre precios de realización quedando así debilitada la Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos…”105

Durante la vigencia de este convenio sobre precios de referencia no se produjo nunca la eventualidad con la cual se justificaba, de unos precios de realización mayores que elevaran la percepción fiscal y, en definitiva, los precios se mantuvieron estancados a un nivel inferior al de los precios cotizados en años anteriores:

1965 2,27 (Precio Cotizado)

1966 2,08 " "

1967 1,90 (Precio de Referencia)

1968 1,92 " "

1969 1,92 " "

1970 1,92 " "

Cifras en Dólares por barril.

FUENTE: Parra Luzardo, Op. Cit., pág. 68.

Y este congelamiento sucede pese a las condiciones favorables que se estaban generando en el mercado mundial, situación que nosotros analizaremos más adelante. No es gratuita, pues, la evaluación que de estos convenios hace Pérez Alfonzo, quien los coloca "entre las más exitosas intervenciones políticas

105 Parra Luzardo, Op. Cit., pág. 65
antinacionales cumplidas por el Sector Externo en confabulación con sus aliados criollos”.106

Esta y otras concusiones de parecido tenor, que presenta Pérez Alfonzo en la obra en referencia, son el producto de un extenso y minucioso análisis de las circunstancias. En ese mismo texto se hace la denuncia de otro "caso típico de manejo internacional petrolero" que es a la vez, por cosas de la óptica y sus cristales, el segundo momento estelar de la paz petrolera de Vallenilla: los convenios sobre plantas desulfuradoras, a los cuales nos referimos en las siguientes páginas:

El auge de los movimientos en pro de la limpieza del ambiente en los Estados Unidos puso sobre el tapete el problema de la peligrosidad de algunos residuos de los combustibles industriales y automotores. El plomo de la gasolina de alto octanaje y el azufre de los aceites residuales se colocaron en la mira de los defensores del ambiente, quienes lograron que fuera oficialmente adoptado un conjunto de regulaciones sobre los niveles máximos de tolerancia de estos contaminantes en los combustibles.

Tales circunstancias, convenientemente exageradas y vinculadas a los desastrosamente altos niveles de azufre de los combustibles residuales que ¿Venezuela? exporta hacia los mercados de la costa Este norteamericana, donde fueran implantadas las mencionadas regulaciones, sirvieron para hacer retroceder una vez más al gobierno ante la inminente posibilidad de perder "sus" mercados y así

“…el Ministerio a quien compete defender los recursos nacionales petroleros, atendiendo sólo a los consejos de la industria corrió al Congreso con el mencionado Proyecto de Ley sobre Convenios Especiales para salvarnos del azufre.” 107


“Apremiados Ejecutivo y Congreso Nacionales en 1967, por un huracán contra el contenido de azufre de nuestros petróleos, el cual nos estrechaba "peligrosamente" los mercados, se promulgó una "Ley sobre convenios especiales relacionados con la desulfuración de hidrocarburos…" 108

Estos convenios especiales fueron diseñados para ofrecer 1s estímulos a los concesionarios refinaros -Creole y Shell- para que asumieran los riesgos, aparentemente gigantescos, de

106 Pérez Alfonzo, Petróleo y Dependencia, passim

107 Ibíd. , pág. 131

108 Álvarez Chacín, Op. Cit., pág. 46.
instalar plantas desulfuradoras, determinando valores de referencia fijos para los combustibles tratados por esas plantas durante el período 72-76, lo cual, según Pérez Alfonzo, no es más que una renovación hasta 1976, sobre parte de la producción, de la conquista de "libertad de precios" que habían obtenido para el lapso 66-71 con los convenios sobre precios de referencia.109

Convenios que, como señaláramos antes, fueron firmados inicialmente como una ventajosa concesión a la Nación, que así se aseguraba una percepción impositiva libre de las fluctuaciones negativas de la realización, ahora aparecen nítidamente como estímulos para las compañías. Y esta última es la verdadera esencia del asunto, pues estos convenios liberan a las compañías de la vigilancia fiscal sobre los precios efectivos de realización. Los resultados anotados hacen insustanciales, por decir lo menos, las justificaciones de los ministros Mayobre y Losada en el sentido de que

“Cualquier situación de precios que mejorara las ganancias de la industria por encima de las estimaciones hechas se traduciría de todos modos, en razón del sistema impositivo vigente en Venezuela, en un mayor ingreso al Estado venezolano.” 110

Pero ésta era apenas la cara pública de lo que Pérez Alfonzo consideraba un desbordamiento de estímulos para una industria que incrementaba diariamente excesivas e injustificadas utilidades. 111

Ese desbordamiento quedó plasmado en el memorándum-convenio firmado el 5 de enero de 1968 por los Ministros de Hacienda y Minas e Hidrocarburos y el Presidente de la Creole. La simple enumeración de las ventajas que se le conceden en ese instrumento a la Creole da justo pie a la caracterización de Álvarez Chacín:

“Vivo ejemplo y una demostración palpable de cómo los consorcios internacionales del petróleo han venido llevando a cabo y encubriendo, en confidencias y secretos de los cuales se han hecho reos de complicidad y entreguismo muchos funcionarios gubernamentales, verdaderos desfalcos contra los intereses de la Nación, desde el inmaterial y sagrado de la soberanía hasta los meramente fiscales.” 112

109 Pérez Alfonzo, Op. Cit., pág. 136.

110 J. A. Mayobre y B. R. Losada, La Desulfuración en Venezuela, Una Decisión Nacionalista.

111 Pérez Alfonzo, Op. Cit., pág. 136

112 Álvarez Chacín, Op. Cit., pág. 13
Vemos pues, ese desbordamiento de entrega, tal como lo resume Álvarez Chacín:

Capítulo II.

1. "La Creole solicitará y el Ejecutivo otorgará oportunamente las licencias de importación necesarias...

2. "La Creole gozará de la exoneración de impuestos y derechos...

3. "La Creole solicitará y el Ejecutivo otorgará oportunamente los permisos de reexportación de los equipos pesados...

Capítulo IV.

1. "La Creole solicitará y el Ejecutivo nacional otorgará oportunamente las licencias de importación necesarias para los materiales, equipos y demás efectos para el proyectado gasoducto" (Gasoducto Internacional, hacia Aruba, nota nuestra)

Capítulo VI.

1. "...se conviene en que el Ministerio de Hacienda autorizará a la Creole para aplicar al costo de la "Planta de Desulfuración" así como al costo del proyectado gasoducto entre la refinería de Amuay y el punto de interconexión con el gasoducto de la Lago, una depreciación en alícuotas anuales del 20%."

8. "El Ejecutivo Nacional otorgará a la Creole las licencias necesarias para que ella pueda exportar los catalizadores agotados..."

Aparte de los que se explican por si mismos, es importante comentar lo referente al gasoducto hacia Aruba: se trataba, nada más y nada menos, que una autorización para que la Creole construyera un gasoducto internacional, para llevar gas venezolano a revitalizar lo que con justeza Pérez Alfonzo denominaba una refinería parásita.

“Echando por tierra la conquista de un pacto de caballeros según el cual no deben las compañías petroleras aumentar la capacidad de sus refinerías antillanas a expensas de Venezuela, este gasoducto Amuay-Aruba, de veinticuatro pulgadas de diámetro, según la noticia comentada, pone a la Lago, filial de la Standard Oil (NJ), en posición de usar un combustible más barato en su complejo refinero insular y producir, además, azufre y otros subproductos aun cuando sólo se habla en el Comunicado de Prensa, del hidrogeno necesario para la desulfuración de unos 75.000 barriles diarios de combustibles.” 113

El Dr. Álvarez Chacín emprendió una denodada lucha, digna del mayor encomio, contra este memorándum, demostrando su ilegalidad e inconstitucionalidad y revelando los graves daños que sus términos acarrearían a la Nación. Sus esfuerzos tal vez lograron que los males no fueran mayores, pero éstos, de todas maneras se produjeron:

Según una evaluación económica de los convenios de desulfuración realizada por la Oficina de Economía Petrolera del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, de fecha 22/7/70 y publicada en "El Nacional" el 20 de octubre de ese mismo año, las Pérdidas fiscales ocasionadas a la Nación por dichos convenios montarían a más de 1.200 millones de bolívares para los años comprendidos entre 1972 y 1976, ambos inclusive. La referida evaluación de los técnicos del Ministerio afirma que "por cada barril de petróleo desulfurado la Nación pierde $0,16; esto equivale al 2,3 por ciento de los ingresos fiscales que percibe la Nación de la Industria…" A la Pérdida fiscal de 115,9 millones de bolívares anuales que esto ocasionaría, se agrega una fuga de divisas de 128,4 millones de bolívares anuales por concepto de depreciación acelerada. Concluye el estudio con una sangrienta revelación:

“Finalmente se estudió la posibilidad de una sustitución abrumadora del petróleo venezolano en el Mercado Mundial, a causa del azufre, y se llegó a la conclusión de que tales perspectivas no existen en la actualidad ni han existido nunca.” 114

“!Cómo son de hábiles los manejos de las corporaciones! !Qué bien se nos mueven los espejitos para encandilarnos!” 115

113 Ibíd., pág. 48

114 El Nacional, Loc. Cit.

115 Pérez Alfonzo, Op. Cit. Págs. 134-135

VII. La Política Petrolera y el Panorama

Económico Internacional al Inicio

de los Setenta

A esta altura de nuestra exposición es indispensable hacer un alto, en el sentido cronológico de la misma, para exponer algunas consideraciones en torno al contexto en que se desenvuelve la política petrolera venezolana: Hemos llegado a la década de los setenta. Los Contratos de Servicio y el Contrato Mayobre-Creole para la desulfuración constituyen, si se quiere, los últimos momentos estelares de la política petrolera característica de los años sesenta, aun cuando sus efectos prácticos se vengan a manifestar en los primeros años de la siguiente década.

1970 es, en muchos sentidos, un año crucial para el sistema capitalista a nivel global. Hasta 1970, y partiendo de los primeros años de la segunda postguerra, el capitalismo ha vivido uno de sus más prolongados períodos de expansión. Una expansión que parte del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa y Japón y se fundamenta en los acuerdos de 1944 en Bretton Woods, donde se trazan las líneas maestras de lo que sería el nuevo sistema monetario internacional con el dólar norteamericano como base del nuevo patrón "oro-cambio modificado", respaldado por el poderío, que permaneció intacto durante la guerra, del aparato productivo norteamericano. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, sistema de paridades fijas-flexibles, libre convertibilidad y mecanismos compensatorios para los países con déficits de Balanza de Pagos, tipo DEG, son parte del instrumental financiero de una política económica basada en la intervención estatal reguladora y dirigida a garantizar la expansión económica según las fórmulas keynesianas de contención de las crisis de superproducción que se ponen en practica en los principales países del sistema.

En la base productiva de esa expansión se encuentran como generadores fundamentales las gigantescas corporaciones industriales integradas que monopolizan los rubros productivos que se van a convertir en sectores punta de ese desarrollo: petróleo, automotores, metalurgia, electrodomésticos, química-petroquímica. En estos sectores, siguiendo la dinámica natural del modelo de acumulación capitalista, la acentuada y creciente concentración y monopolización se cumple con sucesivos aumentos de la productividad del trabajo, mediante la incorporación de una tecnología cada vez más capital-intensiva y consumidora dispendiosa de energía fósil que se sabe barata y se supone inagotable para todo efecto práctico. Y se sabe barata porque, precisamente, otro de los fundamentos del sistema capitalista de postguerra es el mantenimiento de un patrón de relaciones económicas especiales con la periferia subdesarrollada, según la cual -y ya es lugar común- ésta es la fuente de materias primas baratas y siempre en baja, a la vez que mercado para bienes manufacturados cada vez más caros, -"tijeras del intercambio", intercambio desigual… Lo cierto es que el petróleo es una de esas materias primas consumidas cuantiosamente y pagada a precio vil.

Pues bien, este renovado sistema de explotación nacional e internacional en beneficio del centro capitalista y en particular de sus grandes corporaciones funcionó "aceitadamente" durante más o menos veinticinco años, a tal punto que...

"Llegó a tomar carta de nacionalidad la creencia de que el keynesianismo y la planificación habían dado a los sacerdotes del capital instrumentos infalibles para evitar la crisis y dominar rápidamente las inflaciones y las recesiones. Por ello ha habido tanta incredulidad y tanta sorpresa ante el avance de la crisis." 116

Así pues, en 1970 se pone de manifiesto una vez más el axioma físico de que no existe máquina perfecta: las políticas de gasto público deficitario y de generalización del crédito no dan ya todo el oxígeno necesario a la demanda global. Se agotan los motores de la expansión 117

"En el epicentro del capitalismo se registraban desde mediados de los 60 síntomas claros de sobreacumulación y/o infrarealización, como son la caída general de la tasa de la

116 Francisco Mieres, Una Crisis de Verdad Verdad, Mimeo CEAP, 1975. Pág. 1.

117 Ernest Mandel, La Crisis, Ed. Fontamara 1975, pág. 19.
ganancia, la reducción persistente de la productividad, frente a la saturación marcada de los principales mercados (automóviles, electrodomésticos, otros bienes durables)" 118

La de 1970 fue la primera gran crisis de la postguerra, se manifestó en todos los países del centro capitalista y en su periferia más inmediata 119. Sus raíces, como expone R. Triffin, citado por Rodríguez Mena, yacen fuera del campo monetario:

"…en la creciente escasez de materias primas básicas, industriales y agrícolas, generada por 200 años de crecimiento sin precedente de la producción material y que desde la Segunda Guerra Mundial ya no ha sido interrumpido o moderado por recesiones cíclicas; agravado además, por la explosión de gastos militares, realizada a razón de más de 200.000 millones de dólares al año." 120

El carácter global de la crisis ya reflejaba en parte el creciente grado de "mundialización" de las relaciones económicas internacionales , impulsada por la autonomía financiera de las corporaciones transnacionales, que hacen cada día más incapaces a los Estados nacionales -aun los Más grandes- de ejercer un real control sobre variables económicas claves.

Con esta apretada síntesis queremos dar una idea de la entidad de los procesos que, a nivel del modelo de acumulación capitalista se desatan en 1970 y que van a ser rubricados en agosto del siguiente Año con el derrumbe del sistema de Bretton Woods: Suspensión de la libre convertibilidad del dólar y subsecuentemente su devaluación, con la irrupción de la pesadilla liquidadora del sueño keynesiano: Stag-flation, depreflación, estanflación: crece el estancamiento y la desocupación y simultáneamente también lo hace la inflación. Por primera vez desde 1893 Estados Unidos registra un déficit en su balanza comercial.

"El índice de la producción industrial de Estados Unidos, que con oscilaciones relativamente reducidas había mantenido una tendencia creciente desde 1963 hasta la primera mitad de 1969, ya en las postrimerías de este Año comenzó a registrar un descenso en su tasa de crecimiento que se mantuvo a lo largo de 1970 y que llegó a su mínimo relativo a finales de

118 F. Mieres, Crisis Capitalista, Crisis Energética... Mimeo CEAP.

119 Manuel Rodríguez Mena, Algunos Antecedentes de la Crisis..., Mimeo Escuela de Economía

120 R. Triffin, "La Inflación, amenaza al orden económico mundial", citado por Rodríguez Mena, Op. Cit

este último año, en el cual también el porcentaje de ocupación de la capacidad de producción industrial llegó a su montante Más bajo." 121

En ese mismo año trascendente de 1970 Estados Unidos llega al tope de su producción petrolera e inicia el descenso de su capacidad potencial 122 y el incremento de sus necesidades de importación. Hacia agosto de ese Año comienzan a hacerse públicos comentarios sobre la insuficiencia de los suministros.

"Fuera del caso de Estados Unidos, en plena decadencia, las inversiones para el sector de producción en el resto del mundo occidental únicamente aumentaron en un tercio la últimas década en tanto que el consumo creció hasta más de duplicarse." 123

En el Medio Oriente sucedían para ese entonces cosas inusitadas: 124 Libia reduce su producción en pugna con las compañías para aumentarles los impuestos y recabar para sí parte de los incrementos de precios de realización de sus crudos como consecuencia del continuado cierre del Canal de Suez desde 1967. El oleoducto Tapline, que transportaba medio millón de barriles diarios desde Arabia Saudita hasta el Mediterráneo "fue roto por un tractor y el gobierno sirio rehusó permitir su reparación". 125 El petróleo para sustituir estos cortes tiene que dar la vuelta al cabo de Buena Esperanza y los fletes se van a las nubes.

Con estos elementos y una creciente demanda insatisfecha, se dan las condiciones para que la OPEP, crisálida durante diez Años, emerja como efectivo órgano de defensa de los países productores: el 12 de diciembre de este Año de gracia, en su vigésimo primera Conferencia, realizada en Caraballeda, se resuelve aumentar a por lo menos 55 por ciento el nivel del impuesto sobre la renta y negociar con las compañías mejores precios para los crudos del Golfo Pérsico. Cinco días después el Congreso venezolano faculta al Ejecutivo Nacional para fijar unilateralmente los valores de exportación para fines fiscales, esto es, las bases para el cálculo del impuesto sobre la renta, para el cual se establece una tasa única del

121 Rodríguez Mena, Op. Cit., pág. 23

122 Mieres, Op. Cit., pág. 3

123 Prensa Petrolera , Número Promocional, Mayo 1971

124 Ramón Herrera Navarro, OPEP, Precios del Petróleo y Crisis Energética, pág. 55. Tugwell, Op. Cit. pág. 151. Hernán Anzola, La Crisis Energética, Sus Orígenes y su Desarrollo, pág. 7.

125 Anzola Jiménez, Op. Cit., Págs. 7-8.

85

De las Concesiones a los Contratos - Carlos Mendoza Pottellá - 1985

60 por ciento. Dos meses Más tarde, el 4 de febrero de 1971, la fijación unilateral de precios cotizados se convierte en norma generalizada para toda la OPEP (XXII Conferencia).

Al cabo de muchos forcejeos, cabildeos en la Casa Blanca, viajes de Subsecretarios y abierta coordinación del Cartel en la estrategia de las compañías, éstas se ven forzadas a firmar, el 14 de febrero del 71, el Acuerdo de Teherán con los productores del Golfo Pérsico y el 2 de Abril de ese mismo Año el de Trípoli, con Libia. En ambos se establecen aumentos de los precios vigentes y se acuerda una escalación para el futuro:

"La tasa impositiva alcanzó el 55% (Venezuela tenía ya el 60%) y los precios de cotización subieron de un promedio de 1,80 $/b. a 2,285 $/b. en el golfo y en el mediterráneo el promedio pasó de 2,55 $/b. a 3,45 $/b. Con el fin de compensar la inflación se estableció un aumento del 2,5% a partir del 1 de julio de ese año y de un 1% al inicio de cada año para el período 1972-75." 126

Ya en su número de marzo de 1971, Petroleum Press Service, revista especializada afecta a los intereses de las corporaciones, reconoce:

"Es evidente, tras los acontecimientos de los últimos meses, que el mercado favorable al comprador ha terminado y que los precios del petróleo van en todas partes a subir hacia el nivel de los Estados Unidos." 127

Y tenía fundamento esa predicción, por cuanto las incidencias inusitadas no cesaban en el convulsionado mundo petrolero. La Conferencia de la OPEP reunida en Beirut en septiembre de 1971 aprueba una resolución sobre la urgencia de una más efectiva participación de sus miembros en el negocio petrolero. La erosión de los ingresos de dichos países por las fluctuaciones del dólar fue el acicate de esa resolución, en cumplimiento de la cual iniciaron conversaciones con las compañías que devinieron en una instancia más de la lucha por la renta petrolera: Después de intensos debates se acuerdan incrementos de los precios cotizados en un 8,49%. 128

Veamos la crónica que de estos acontecimientos hace Fernando Martínez Galdeano:

126 Martínez Galdeano, Op. Cit., pág. 303.

127 Prensa Petrolera, Loc. Cit., mayo 1971

128 Anzola Jiménez, Op. Cit., Págs. 20 y siguientes.

"La crisis monetaria mundial evidenciada a lo largo de 1971 forzó al dólar en diciembre a su primera devaluación de aproximadamente el 8%. Por este motivo fue convocada la Conferencia de Ginebra (10 enero 1972) y se llegó a un arreglo compensatorio con las compañías de un 8,49% de aumento en los precios de cotización del petróleo. El 12 de febrero de 1973, el dólar se devaluó por segunda vez en un 10%. Entre los meses de abril y junio de ese año se ajustaron los precios de cotización en un 11%." 129

Pero la participación efectiva también fue concebida como adquisición por parte de los países productores de porciones significativas de los activos de las compañías concesionarias. Esta idea, rechazada en primera instancia por las empresas y los gobiernos de los países industrializados "por considerarlo un cambio radical en la naturaleza de las relaciones y en el balance de poder entre ellos y los países productores" fue aceptada finalmente como "la alternativa menos peligrosa".130

Se suscribe entonces, en principio, en octubre de 1972, el "Acuerdo General Participación" entre los países productores del Golfo Pérsico y las compañías. Arabia Saudita y Abu Dhabi aplicaron el acuerdo en diciembre de ese mismo año:

"Se fijó una participación inicial de 25 por ciento la cual entraría en vigencia el 1o. de enero de 1973 y permanecería constante hasta el 31 de diciembre de 1977. A partir de esta fecha el porcentaje de participación se iría incrementando hasta llegar a un 51% para el 1o. de enero de 1982." 131

El Acuerdo General de Participación, limitado a las operaciones de exploración y producción, constituyó el primer gran ensayo de una fórmula substitutiva del régimen concesionario. En él están prefiguradas todas las características que van a ser plasmadas con virtuosismo en la nacionalización petrolera venezolana y que garantizan el mantenimiento de la relación dependiente que estamos analizando: además de ser resarcidas con el valor en libros de los activos cedidos, las compañías obtuvieron prioridad para comprar la proporción de la producción que correspondería desde entonces a los países, a los precios fueran convenidos en cada oportunidad. En la mayoría de los acuerdos y nacionalizaciones parciales que se realizaron en

129 Martínez Galdeano, Loc. Cit.

130 Policarpo Rodríguez, Op. Cit., pág. 120

131 Anzola Jiménez, Loc. Cit.
el Medio Oriente a partir de entonces los consorcios mantuvieron intacto su control sobre la comercialización internacional y suscribieron convenios de asesoría y asistencia técnica.

Con lo anterior resumimos los principales rasgos del contexto económico y petrolero internacional al inicio de los años setenta, ahora retomaremos el curso de nuestra exposición central: forma y contenido de la política petrolera venezolana.

VIII.- Reversión: La Difícil Transición.

En Venezuela la década se inicia estando en el poder el Dr. Rafael Caldera, síntoma auspicioso, según las preferencias de las concesionarias 132, que se fundamentaban en claras promesas del candidato socialcristiano sobre arreglos para sustituir a las concesiones por un sistema atractivo para los inversionistas extranjeros…

…se va haciendo apremiante la hora de fijar una definición de la nueva política petrolera en relación a las actuales concesiones. Tenemos la impresión de que antes del fin del próximo quinquenio, antes de 1973 habrá que hacer definiciones bastante precisas para poder lograr que los inversionistas que vayan a participar en esto tengan términos claros. 133

En concordancia con esas expectativas, reforzadas por la designación del principal abogado-asociado del Chase Manhattan Bank en el país, Pedro Tinoco, como Ministro de Hacienda, el Gobierno de Caldera se inicia tratando de acelerar la puesta en funciones de los Contratos de Servicio, con los frustrantes resultados ya anotados.

Para 1970 el Gobierno venía confrontando dificultades presupuestarias y ante ellas su primera opción fue pedir a las concesionarias que aumentaran la producción, pero sólo se obtuvieron magros resultados por este expediente.

Habiendo quedado sin otra alternativa, el Ministro Tinoco presenta un proyecto de Reforma Tributaria que contemplaba impuestos indirectos sobre licores, cigarrillos, gasolina y lotería y un incremento del 10 por ciento en el impuesto sobre la renta no petrolera.

!Precisamente cuando desde 1968 las compañías han estado declarando beneficios que superan el 40% de rendimiento sobre sus activos netos y era sabido que la baja de esa rentabilidad en 1969 a un 30% estaba relacionada con una baja artificial de los precios de referencia! Si a esto agregamos lo expuesto en torno a la situación del mercado petrolero internacional, podremos darnos una idea del gran desfase existente entre esas circunstancias y la complaciente política del gobierno venezolano en la materia.

132 Tugwell, Op. Cit., Págs. 139-140.

133 Rafael Caldera, Foro en Pro-Venezuela, citado por Sáder Pérez, Hacia la Nacionalización Petrolera, pág. 102.
Revisando en la Cronología de Aníbal R. Martínez las incidencias más relevantes del año 1970 podemos observar como la principal preocupación del Gobierno de Caldera eran las cuotas de importación dispuestas por el gobierno norteamericano y la búsqueda de una sedicente preferencia en ese mercado. Y también, como responde el Presidente Nixon a los cabildeos y rogativas en que se concretan esas preocupaciones venezolanas, al rechazar la recomendación de sus propios asesores de modificar el sistema de cuotas por uno de aranceles y remitir la posibilidad de incrementos en las importaciones de petróleos venezolanos y canadienses a la eventualidad de una dependencia exagerada de las crecientes importaciones del Hemisferio Oriental.

Las modificaciones ocurridas en el mercado internacional no tuvieron efecto inmediato en Venezuela. El 16 de septiembre… "El Ministro de Minas pide información a las compañías: ¿Por qué no se reflejan en sus ventas los aumentos de precios?". El 4 de octubre ratifica el Ministro que no tiene información oficial sobre precios y el 17 de octubre dice que los aumentos en el mercado mundial no se han reflejado en el crudo y productos venezolanos. Todavía el 18 de noviembre el Ministro anuncia que el gobierno está dispuesto a prohibir ventas donde no se reflejen los aumentos de precios. 134

Estaba más clara que nunca la verdadera naturaleza de los precios de realización declarados por las compañías: Precios de transferencia intramonopolista con fines exclusivos de evasión fiscal. La tozudez de las compañías las puso tan en evidencia que el 26 de noviembre el Congreso acuerda iniciar la consideración de la fijación unilateral de precios.

En este ambiente el Proyecto Tinoco fue totalmente derrotado y en diciembre el Congreso aprobó, como ya anotáramos, aumentar la tasa del impuesto sobre la renta aplicable a los beneficios de las petroleras hasta el 60 por ciento y otorgar al Ejecutivo la facultad de fijar unilateralmente los valores de referencia para fines fiscales, denominados a partir de entonces valores de exportación. En esta decisión legislativa tuvo influencia determinante la prédica de Pérez Alfonzo en torno al deterioro de la participación razonable. Tugwell nos ofrece una versión de las incidencias:

"Una vez evidente que su propuesta estaba destinada al fracaso, Caldera anunció que aceptaba el proyecto aprobado por las Cámaras como la mejor alternativa posible…

Tinoco había manifestado que si la medida resultaba aprobada el renunciaría y así lo hizo.

134 Aníbal Martínez, Cronología...
El portavoz de COPEI, Pedro Pablo Aguilar trató de enmendar el proyecto a fin de dar al Presidente poder discrecional para aplicar las tasas más bajas a compañías signatarias de los contratos de servicio, pero sin éxito.

…Pérez Alfonzo de inmediato convocó una conferencia de prensa para expresar su aprobación y "explicar las razones para los aumentos". Como lo expresó un reportero "A duras penas podía ocultar su alegría por la forma en que se desarrollaron las cosas y aceptó las especulaciones de los periodistas de que él había sido la eminencia gris de la reforman, con una sonrisa".135

El impacto de la nueva facultad otorgada por el Congreso al Ejecutivo y la intensa discusión que se produjo sobre los manejos de las compañías pusieron de relieve la política de desinversión adoptada por las compañías desde 1959, política que había sido llevada hasta el extremo de repatriar como excedente las cuotas de depreciación y agotamiento que supuestamente deberían aplicar al mantenimiento y reposición de equipos e instalaciones…

En estas circunstancias, los problemas inherentes a la reversión de esas instalaciones a partir de 1983 comienzan ser centro de atención de algunos estudiosos preocupados por el destino del país. Ya para entonces hacía diez años que el Dr. Álvaro Silva Calderón, ex-funcionario del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, venía trabajando sobre ciertos aspectos de nuestra legislación petrolera. Uno de los más importantes era precisamente el del fin de las concesiones, ¿Cómo se produciría la reversión garantizada por la Ley y la Constitución? El Dr. Pérez Alfonzo fue anfitrión de varias reuniones en las cuales se discutió el asunto, hasta que el Dr. Silva Calderón condujo la redacción de un proyecto que fue introducido en marzo de 1971 ante la Cámara de Diputados por los partidos MEP, PCV y URD.

El debate en torno a ese proyecto se constituyó en un enervante de dormidas fibras nacionalistas. A la mente de todos volvió la larga historia de abusos y estafas de las concesionarias contra el país. Los sucesos del Medio Oriente y la percepción de la posibilidad de aprobar el proyecto sin traumas tipo Irán-1953 dieron alas a los más timoratos y replegó hacia la búsqueda de mecanismos evasivos a los aliados criollos de las concesionarias.

Cuatro meses después, el 30 de julio de 1971, el proyecto se convirtió en Ley, contraviniendo las amenazas de las compañías, que en esta oportunidad sólo pudieron llegar hasta

135 Tugwell, Op. Cit., pág. 156

91

De las Concesiones a los Contratos - Carlos Mendoza Pottellá - 1985

la presentación por parte de tres senadores norteamericanos de un proyecto de ley para prohibir la importación de petróleo venezolano si el proyecto de ley sobre bienes afectos a reversión era aprobado. Pero, como en Teherán ese mismo año y más tarde en Trípoli, el cabildeo petrolero se vio frustrado… emergía una nueva situación y los mecanismos tradicionales de control del sistema estaban momentáneamente desajustados.

En "Prensa Petrolera", para entonces naciente publicación auspiciada por el Dr. Pérez Alfonzo, a la par que se defendía la Ley en cuestión y se apuntaba a la nacionalización inmediata como respuesta a las demandas de nulidad que las compañías habían introducido ante la Corte Suprema de Justicia, se advertía, sin embargo, sobre los "bemoles de la unanimidad" en el respaldo a la Ley, pues muchos enemigos esenciales de la misma no se atrevían a presentarse como tales y se movían por los flancos de la "juridicidad" y el "desestímulo a las inversiones". Se afirmaba entonces con respecto a la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión lo que es tesis central de este trabajo para todo el ordenamiento legal en materia de hidrocarburos:

“…hay que señalar que el Proyecto de Ley de Reversión es sólo un instrumento legal que perfecciona un derecho que ya tenía la nación venezolana. Este carácter instrumental determina el que su bondad o "maldad" nacionalista dependa en última instancia de quién ponga en práctica el ya tan manoseado proyecto. De ello se percata el "New York Times" cuando tranquiliza a sus lectores diciéndoles que esa Ley aplicada con "sensatez" no representa ningún peligro para los intereses norteamericanos.” 136

Y no gratuitamente hacía Prensa Petrolera esta advertencia; en su siguiente número registra una escandalosa confidencia: El Dr. Pedro Tinoco, Ministro de Hacienda, en reuniones con las concesionarias estudiaba los mecanismos para autorizar un incremento de la tasa de amortización de los activos de las empresas, de tal manera que para 1983 estuviera casi totalmente amortizada, imputando lo que restara a las concesiones que vencían en los años siguientes, hasta 1997.137 En general, y como lo registra Tugwell, hasta 1975 el gobierno fue muy suave en la aplicación de la Ley sobre la industria. Los temores de ésta se disiparon y, salvo un pequeño escándalo en San Antonio del Táchira en torno a un supuesto contrabando de instalaciones petroleras desmanteladas, "…no hubo incidentes y el Gobierno se mostró

136 Prensa Petrolera, Año 1 No. 2, Segunda Quincena de Julio, 1971

137 Ibíd. . Año 1, No. 3, Primera Quincena de Agosto, 1971
colaborador. Aún la Oficina de Reversión de Hidrocarburos se abstuvo de hostigamiento innecesario." 138

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario anotar que, a nuestro entender, la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión ha sido uno de los mayores logros efectivos del partido de la soberanía nacional que ha podido subsistir entre la maraña de entreguismo y maridaje vergonzante con las transnacionales de las políticas petroleras oficiales. Y esto lo decimos a la luz del posterior negociado de la "reversión anticipada" de 1975-76.

Los términos de la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión son simples: todos están encaminados a garantizarle a la Nación la entrega, al término de las concesiones, de una industria en razonables condiciones de conservación, con plena capacidad operativa. Su justificación es precisamente ésa: El indiscutido derecho a la reversión, que nace simultáneamente con el otorgamiento de la concesión por un plazo determinado y que además ha sido expresamente garantizado, como ya dijimos, por la Constitución, al no estar reglamentado dejaba abierta la posibilidad de que los concesionarios menoscabaran con sus actos los derechos de la Nación.

La disposición inicial de la Ley fue justamente la que levantó las iras de las compañías y determinó su demanda de nulidad por confiscatoria. En la misma se califican como afectos a reversión todos lo bienes de las concesionarias, en tanto que los mismos fueron adquiridos para el ejercicio de esa condición de concesionarios por la cual se instalan en el país. La Ley es suficientemente explícita:

“Artículo 1o.-

Las tierras, obras permanentes, incluyendo las instalaciones, accesorios y equipos que formen parte integral de ellas; y los otros bienes adquiridos con destino o afectos a los trabajos de exploración, explotación, manufactura, refinación o transporte en las concesiones de hidrocarburos o al cumplimiento de las obligaciones que de ellas se derivan, es materia de utilidad pública y, a los efectos de la reversión, se regirá por la presente Ley.

Cualesquiera otros bienes corporales e incorporales adquiridos por los concesionarios, se reputa que lo han sido con destino a las concesiones de las cuales es titular el adquiriste, salvo prueba en contrario hecha por el concesionario a satisfacción del Ejecutivo Nacional antes de realizar la adquisición del bien, de ejecutar algunos de los

138 Tugwell, Op. Cit., Págs. 165-166
activos a que se refiere el artículo 8, o al momento de la extinción de la concesión.” 139

Al ser declarados "afectos a reversión", esos bienes pasarían a patrimonio nacional automáticamente sin ningún gravamen ni indemnización, al extinguirse por cualquier causa la concesión.

Ante las amenazas de demandas de las compañías, Pérez Alfonzo sale en defensa del proyecto rebatiendo la afirmación de aquéllas en el sentido de que lo previsto por la Constitución y las leyes es la reversión simple de las hectáreas bajo concesión y las instalaciones fijas que se encuentren sobre esas tierras:

“Con la tierra va todo lo demás, así sean muebles o inmuebles, o bien se trate de bienes corporales e incorporales. Van las construcciones e instalaciones, los caminos, los acueductos y demás. Por destinación adquieren el carácter de inmuebles del terreno los animales de labranza o los tractores del negocio. O los aparatos industriales, las prensas, calderas, toneles…” 140

Con éstos y otros argumentos del mismo calibre se refutaba la pretendida inconstitucionalidad alegada por las compañías. Pero además, la disposición de defender los postulados esenciales de la Ley se llevaba más lejos todavía. Por la amarga experiencia de fallos de la Corte Suprema de Justicia contra la Nación en litigios petroleros sustentados en formalismos leguleyescos, se llegó a hablar públicamente de reforma de la Constitución si en esta ocasión sucedía algo parecido. El calor de la discusión puede apreciarse en la siguiente cita:

“Al mismo doctor Pérez Alfonzo cuando sugirió la posibilidad de una reforma constitucional si fuere necesario para que la reversión se operase a cabalidad, el Ingeniero Humberto Peñaloza le atravesó la siguiente reflexión en el Foro del C.I.V.: "Me quedé pendiente, amigos míos, si el planteaba esas reformas constitucionales de acuerdo con el fondo y la forma establecida en la Constitución, o si alguna vez él había visualizado la posibilidad de un golpe de Estado, que es la manera más rápida de cambiar una Constitución"”. 141

139 Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión

140 Prensa Petrolera, Año 1, No. 1.

141 Sáder Pérez, Op. Cit., pág. 110.

Continuando con la revisión del articulado de la Ley, es pertinente destacar la disposición que establece la obligación de las compañías concesionarias de mantener en buen estado los bienes afectos a reversión y ordena la formación de un fondo de garantía con el 10% de las cuotas anuales de depreciación y de cinco a diez cuotas del mismo porcentaje sobre la parte ya depreciada. Este fondo, depositado en el Banco Central, podrá ser destinado a inversiones financieras mediante acuerdo con el Ejecutivo.

Otra disposición importante de la Ley es la reafirmación de la obligación de los concesionarios de explorar las Áreas concedidas y la penalización del incumplimiento de esa obligación con la restitución total o parcial de la concesión. Este era uno de los más temidos instrumentos de la Ley por parte de las compañías ante lo evidente de su política de desinversión. Esos temores, como ya referíamos, se desvanecieron por la "suavidad" de la Oficina gubernamental encargada de aplicar dicho instrumento.

Esta suavidad no era casual. Promulgada la Ley, las compañías se movieron en dos direcciones: por un lado hacia la demanda de nulidad ante una Corte de larga tradición aceitera y por el otro, hacia la búsqueda de "aplicación moderada" de las cláusulas de la Ley por un gobierno que, si a ver vamos, entendía la política petrolera como participación en un negocio donde lo primordial era el mantenimiento de las buenas relaciones con los concesionarios y al cual también le fue impuesta la legislación que comentamos.

En el camino de obtener aplicación moderada de la Ley, las compañías disponían de un arma a la que era muy sensible el Gobierno de Caldera: la reducción de los niveles de producción. Y, en verdad, un rasgo predominante de la actuación de ese gobierno en materia petrolera fueron los intentos desesperados por mantener e incremetar esos niveles, lo que lo colocaba, según la reiterada denuncia de Pérez Alfonzo, en una posición sumamente vulnerable y débil en la defensa de los precios.

Es así como, en tiempos de alza generalizada de los precios del petróleo, cuando era incluso inaplazable por razones de conservación reducir los niveles de producción, el Gobierno envía a su Ministro de Minas a patéticas misiones de promoción del "petróleo más barato del mundo":

“En vez de explicar a los grandes compradores de petróleo venezolano la necesidad de pagar una prima por todos los petróleos de este Continente, como se le paga a Canadá, prima plenamente justificada por razón de los mayores precios del propio petróleo de Estados Unidos, al igual que por el acelerado agotamiento de este recurso en todo el Hemisferio y por la conveniencia de mantener diversificadas las fuentes de suministro, en vez de eso el Ministro, con todo su séquito, bajo el látigo de la demanda de los gobernadores, bailó al son que le tocaron para reafirmar la ganga del petróleo criollo, como el más barato del mundo. Su competitividad la mantiene el Copei contra viento y marea… y contra el interés nacional.” 142

Las concepciones del gobierno en este sentido lo llevaron a tratar de poner en subasta las reservas de gas no asociado. Prensa Petrolera y Pérez Alfonzo denunciaron repetidamente estos intentos. Y por cierto, también en esta empresa salió frustrado el Presidente Caldera, pues la Ley que introdujo al Congreso para reglamentar el anhelado negocio del gas natural fue convertida por los legisladores, bajo los impulsos de las denuncias ya referidas, en "Ley que Reserva al Estado…" que excluía toda posibilidad de participación extranjera y por ende de negocio.

Aníbal Martínez asienta en su Cronología algunos episodios de esta comedia -conato de entrega- del gas:

El 19 de diciembre de 1969 el Consejo Directivo de la CVP aprueba "el esquema general de las bases de negociación para ofertas sobre proyectos de exportación de gas licuado." El 29 de ese mismo mes se anuncia la firma, por la CVP, de un documento con Philadelphia Gas Works sobre un futuro estudio de factibilidad de un programa de exportación de 14 millones de metros cúbicos diarios de gas licuado. El 21 de agosto de 1970 Caldera informa de una proposición de la Creole para la construcción de una planta de gas licuado. El 7 de diciembre de ese mismo año la CVP anuncia la construcción de una planta de gas licuado en Maracaibo para 1971. El 11 de febrero de 1971 se anuncia desde Washington el inicio de negociaciones entre Venezuela y astilleros norteamericanos para la construcción de siete metaneros. El 26 de agosto se aprueba la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural… 143

A partir de entonces cesan los anuncios de negociaciones y proyectos sobre la materia.

Tugwell 144 afirma que expertos del Gobierno estudiaron el proyecto modificado por el Congreso a instancias de Pérez Alfonzo, para ver si todavía era posible realizar exportaciones de gas licuado y concluyeron que no lo era.

142 Pérez Alfonzo, Hundiéndonos..., pág. 87

143 Aníbal Martínez, Op. Cit., Págs. 247, 248, 254, 258, 260, 262, 264, 267.

144 Tugwell, Op. Cit., pág. 175

"Una vez más, la oposición legislativa estimulada por Pérez Alfonzo había torcido de tal manera un proyecto como para transformarlo en una derrota para Caldera". (Loc. Cit.)

Por ser éstas unas incidencias características de la política petrolera venezolana que venimos criticando, en donde se manifiestan todas las inhibiciones y condicionamientos de una actitud subordinada a los designios transnacionales, vale la pena citar in-extenso la opinión del Dr. Pérez Alfonzo:

“Adquieren cada vez más vuelo las ansias de gastos del gobierno. Los cientos de millones inesperados, bajados del cielo petrolero a las manos del Presidente Caldera por las decisivas acciones coordinadas de la OPEP y del Congreso Nacional, antes de satisfacer esas dañosas tendencias a gastar sin sentido, parecen haber exacerbado el morboso despilfarro que viene demostrando el gobierno.”

“Se está recibiendo mucho más dinero del petróleo, pero eso no impide los lamentos porque la producción no vaya en el acelerado aumento de otros países. Ninguna atención se presta a las condiciones en que se está realizando esa producción con perjuicio de la recuperación final de los yacimientos. La anormalmente alta relación gas-petróleo se oculta en la Memoria de Minas y la baja relación 1s reservas-producción se observa oficialmente con similar despreocupación. La cosa está en disponer de más y más dinero, cualquiera sea el costo para la Nación.”

“No puede, pues, extrañar que aún le estén buscando la vuelta a entrarle también de lleno al gas libre, que los venezolanos nunca hemos querido comprometer, y pese a la prohibición expresa recientemente sancionada por el Congreso Nacional en la flamante Ley del Gas.” 145

El afán de vendedores desaforados hizo que en 1970 se alcanzara la cima histórica del nivel de producción de petróleo: 3.708.000 barriles diarios. Por ello mismo, en los años subsiguientes se produce la declinación indetenible de los extenuados yacimientos. Declinación que, por cierto y valga la digresión, los dos gobiernos siguientes -Pérez y Herrera- tuvieron el valor de presentar como efecto de sus "políticas conservacionistas".

Así, pues, pese a los cambios que se producían en el mercado petrolero mundial, la política petrolera venezolana se desenvolvía en una contradanza con el gobierno norteamericano

145 "El Gas Libre Amenazado", en Prensa Petrolera, Año 1, No. 6, Segunda Quincena de Septiembre 1971.


De las Concesiones a los Contratos - Carlos Mendoza Pottellá - 1985

y las empresas: rogativas oficiales y extraoficiales para que se le otorgara a Venezuela "trato hemisférico" preferencial y se le comprara más petróleo del más "competitivo" del mundo y respuestas negativas de Washington:

“No solamente fueron rechazadas las exigencias venezolanas sino que, respondiendo a pedidos de las compañías, se comenzó a utilizar el sistema de cuotas como un instrumento para lograr mejor tratamiento para las compañías norteamericanas.” 146

James Akins compara el éxito de las predicciones de algunos expertos sobre la demanda y los precios del petróleo con el de los vaticinadores de terremotos y de la llegada del Mesías. 147

Algunos de esos calificados expertos estimaban que el precio "correcto" del barril de petróleo era de un dólar o menos y que a él se llegaría en 1970. Akins se refiere en particular a los "espectacularmente equivocados" pronósticos del Grupo de Trabajo de Importaciones de Petróleo del Presidente Nixon publicados en 1970. Sostiene que los errores no se deben a "academicismo" del grupo, sino a la aceptación sin reservas de las generalmente exageradas cifras de las compañías sobre su propia capacidad y la subestimación del efecto del descenso en el suministro del gas natural sobre la demanda de petróleo.

Lo cierto es que, como lo confirman todos los analistas de estas circunstancias, tanto Estados Unidos como Venezuela ignoraban, al menos oficialmente, las verdaderas proporciones del cambio que se estaba gestando.

El último intento del gobierno de Caldera de subir más reservas al mostrador, según la expresión de Pérez Alfonzo, fue el cambio de nombre de la Faja Bituminosa por Faja Petrolífera y el inicio de conversaciones con personeros oficiales norteamericanos. El Secretario de Estado Rogers y el propio Akins, para la época Secretario de Energía, visitaron al país buscando fórmulas para la explotación de los recursos de esa área. La mención que hace Akins en el mismo artículo que venimos citando 148, sobre la firma de un tratado para el desarrollo de los petróleos pesados con garantía de mercado a cambio de participación de las compañías produjo "un estallido de indignación". 149 Los desmentidos oficiales quisieron ser contundentes, pero la intención subastadora era inocultable.

146 Tugwell, Op. Cit., pág. 179.

147 Akins, Op. Cit., Págs. 1-3.

148 Ibíd. . Págs. 26-27.

149 Tugwell, Op. Cit., pág. 186.
IX. La Reversión Anticipada.

Las circunstancias descritas en los apartes VII y VIII van a contribuir a acelerar el proceso de agotamiento del sistema concesionario y sus variantes tipo Contratos de Servicio como mecanismos de regulación de las actividades petroleras en el país, como reglas del juego de la relación que venimos estudiando: Estado venezolano - capital petrolero internacional.

En efecto, el acentuamiento de las características críticas de la situación petrolera y energética internacional y su no casual coincidencia con la efervescencia nacionalista en los países del Medio Oriente son estímulos coadyuvantes para que en Venezuela, donde ya para entonces se cuenta con una reglamentación clara para el finiquito de la relación concesionaria, se generalizara la idea de acortar los lapsos terminales de los contratos correspondientes, que de seguir su curso normal comenzarían a extinguirse a partir de 1983.

En el propio fragor del debate en torno a la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión se comienza a esgrimir esta posibilidad como la vía más expedita hacia la nacionalización de la industria petrolera venezolana. Pero aún más, el adelanto de la reversión aparece como indispensable para poder cumplir con los fines que motivaron la promulgación de esta Ley, al hacerse evidente que no podría detenerse eficientemente el proceso de descapitalización emprendido por las concesionarias desde 1960 y sus irreversibles consecuencias. Humberto Calderón Berti hace una exposición al respecto en su libro "La Nacionalización Petrolera, Visión de un Proceso":

Constata en primer lugar la descapitalización, referida en este caso a la comparación entre la cifra de inversión declarada por las concesionarias de 9 mil millones de bolívares en los doce años que van de 1960 a 1972 y al monto acumulado en ese mismo lapso de las cuotas de depreciación y amortización, que alcanza a 12 mil millones. Una descapitalización reconocida de 3 mil millones de bolívares que produjo un efecto directo en el nivel de las reservas, las cuales bajaron de 17 mil millones de barriles a 13 mil millones…

"Si la situación estaba planteada así en 1972, la tendencia en el futuro iba a producir una diferencia marcada entre el nivel de desembolso deseable y el nivel real que la industria hacía. Todo ello por una razón relativamente sencilla: La Ley de Bienes Afectos a Reversión dice que en el año 1983, cuando comenzaran a revertir a la nación los bienes, las
instalaciones y las Áreas otorgadas en concesiones lo harán sin ningún costo, sin indemnización de ninguna clase. Entonces el inversionista concesionario privado, en la medida en que nos acercáramos al año 1983 tendría una tendencia natural a restringir sus inversiones porque sabía que esas inversiones no solamente no le producirían beneficio económico, no tendrían ninguna rentabilidad, sino que no serían ni siquiera recuperables." 150

En estas circunstancias la reversión anticipada se impone como la fórmula unánimemente aceptada para efectuar el ineludible reajuste de las reglas del juego cuyas características y condicionantes constituyen el punto focal de este trabajo.

Es oportuno reiterar que cuando hablamos de agotamiento del sistema concesionario queremos significar que su cascarón legal y reglamentario no era lo suficientemente flexible para adaptarse a una realidad petrolera en la que comenzaban a aparecer rasgos inéditos. Esta inadecuación era sentida tanto por quienes postulaban una mayor consecuencia nacionalista en la política petrolera, como por los beneficiarios del status quo, las compañías extranjeras y sus asociados de FEDECAMARAS. Ya en nuestro marco teórico señalábamos cómo los estrategas del capital petrolero internacional alertaban sobre la necesidad de dar paso al nacionalismo como fórmula para mantener y revitalizar la participación de ese capital en el negocio que genera el petróleo de cada uno de los países subdesarrollados. (Notas 7, 8 y 9, páginas 14-15-16). El colega Aníbal Lovera hace la misma constatación:

“Creemos que hoy el capital petrolero internacional no está muy interesado ni en la clásica figura de las concesiones, ni en una forma disfrazada de éstas como pudieran ser los "Contratos de Servicio". Más ajustada a la nueva realidad y sin que lesione fundamentalmente las relaciones de dependencia, puede ser una figura encuadrada dentro de una nacionalización que satisfaga "el nacionalismo creciente de los países petroleros"; que libere a las Compañías de tener que encarar ciertos agudizamientos de los problemas obrero- patronales, y más importante aún, que permita transferir al Estado las fases más riesgosas de la industria petrolera como son la exploración y la producción, y asegurar en cambio la

150 Calderón Berti, Op. Cit., Págs. 89-90.

participación de las transnacionales en la fase más lucrativa de la comercialización.” 151

Tal percepción es la que permite explicar la posición de aparente resignación que adoptaron las Compañías extranjeras cuando la reversión anticipada apareció como inexorable. Menudearon entonces las declaraciones conciliatorias y las ofertas de colaboración con el nuevo régimen: Irene Rodríguez Gallad y Francisco Yánez nos ofrecen una muestra documental de las circunstancias referidas. Veamos

“J.J. de Liefde, Presidente de la compañía Shell de Venezuela relativiza el problema de la extinción de las concesiones, porque su compañía "...tiene mucho que ofrecerle al país no sólo en el aspecto tecnológico, sino además en cuestiones gerenciales..." "La empresa cuenta con la tecnología más moderna para la producción en aguas profundas y en la de petróleos pesados." 152

Observemos de paso cómo en esta declaración queda precisamente delimitado lo que será el nuevo terreno fértil para el florecimiento de los lazos dependientes en la post-nacionalización: Asistencia técnica y gerencial; Áreas nuevas, Costa Afuera y Faja Petrolífera del Orinoco.

Pero es la declaración de Robert N. Dolph, Presidente de la mayor concesionaria -Creole Petroleum Corporation- la que termina por dar luz verde a la nacionalización concertada. El 22 de septiembre de 1973 declara que…

“…es al pueblo y al gobierno venezolanos a quienes corresponde decidir, en ejercicio de su soberanía, el papel que desempeñarán las Compañías en Venezuela. A la luz de lo que ocurre en el mundo es de suponer que las relaciones entre las concesionarias y el gobierno puedan cambiar quizás mucho antes de 1983. La aplicación de modernas técnicas, la capacidad organizativa, el financiamiento de grandes inversiones y el acceso a los mercados internacionales, son apenas algunas de las Áreas en las cuales las empresas pueden servir a los intereses del país.” 153

Los profesores Maza Zavala y Malavé Mata, en un trabajo conjunto de reciente publicación comentan esta circunstancia inusitada:

151 Aníbal Lovera, La Nacionalización del Petróleo en Venezuela, Ed. FCES-UCV, Caracas, 1980. Págs. 10-11

152 Rodríguez G., Irene, Yánez, Francisco, Cronología Ideológica de la Nacionalización Petrolera en Venezuela, Ed. FCES-UCV, Caracas, 1977. Pág. 115. La declaración se produce el 26 de octubre de 1972.

153 Ibíd., pág. 138
“Aquella extraña reacción de las Compañías era un indicio que remitía a la consideración de algunas denuncias hechas por dirigentes de los partidos de izquierda sobre el pacto previo de que era objeto el proyecto de nacionalización. Se afirmaba, con referencia a tal arreglo que el gobierno nacional, las Compañías explotadoras y otros factores de poder que actuaban en torno a la actividad petrolera, habían convenido adelantar la reversión en condiciones tales que garantizaban a las trasnsnacionales la asistencia técnica y el control comercial en las operaciones de la industria nacionalizada.” 154

Lo cierto del caso es que en las postrimerías de 1973 se produjeron significativas declaraciones y comunicaciones exigiendo al gobierno la nacionalización por parte de voceros de partidos y sectores que "no acostumbraban" el uso de semejante lenguaje en sus propuestas de políticas petroleras: Jóvito Villalba el 23 de Octubre, Lorenzo Fernández el 5 de diciembre y Enrique Tejera París el 28 de ese mismo mes. 155

Ya no queda, pues, ninguna duda. Los acontecimientos que se suceden son la expresión de esta "unánime" voluntad política nacionalizadora: Al momento de asumir la Presidencia la República, Carlos Andrés Pérez, en el Decreto No. 10, del 22 de marzo de 1974, crea la Comisión que definirá los términos de la anticipada reversión. simultáneamente, en el Congreso Nacional habían sido presentados dos proyectos de Ley de Nacionalización, uno por el MEP y otro por COPEI, que comienzan a ser considerados de manera conjunta.

En definitiva todo se va a concentrar en la Comisión Presidencial que va a estudiar la materia, la cual se juramenta el 17 de mayo y va a quedar integrada por representantes de las Comisiones de Minas e Hidrocarburos del Congreso, todos los partidos políticos registrados para entonces en el Consejo Supremo Electoral, las Universidades nacionales, la CTV y FEDEPETROL, los colegios profesionales de Ingenieros y Economistas y hasta FEDECAMARAS, organización de la cual, por cierto, eran miembros y sostenedores determinantes las Compañías que iban a ser nacionalizadas. 156

Las actividades de esa Comisión van a estar caracterizadas por la controversia que su propia composición auguraba, sin embargo, concluyeron con una proposición casi unánime:

154 "Aspectos Económicos y Políticos de la Nacionalización Petrolera en Venezuela", en Petróleo y Desarrollo en México y Venezuela, Marcos Kaplan, recopilador, pág. 173. Editorial Nueva Imagen, Universidad Autónoma de México, México 1981.

155 Rodríguez Gallad - Yánez, Op. Cit., Págs. 139, 141, 143 y 145.

156 Para una mayor información sobre este proceso, véase Nacionalización Petrolera en Venezuela , Tesis y Documentos Fundamentales, Editorial Centauro, Caracas 1977 y Policarpo Rodríguez, Petróleo en Venezuela Ayer y Hoy , Cap. VI

Nacionalización integral de las actividades de hidrocarburos, reservándolas al Estado para su manejo directo y absoluto control. 157 La no unanimidad era el producto de la posición de la representación empresarial. En efecto, habiéndose concluido la redacción del Proyecto de Ley de Reserva al Estado, Alfredo Paúl Delfino, Presidente de FEDECAMARAS y, en ese carácter, miembro de la Comisión…

“…manifestó prontamente su desacuerdo con el espíritu de los cinco primeros artículos de aquél proyecto, al cual tildó públicamente de "inconveniente, punitivo y restrictivo" para así reiterar la opinión que el máximo organismo patronal tenía sobre la materia.” 158

La disidencia petrolera resultó a la larga como el voto de esos accionistas que controlan el paquete mayoritario en una corporación: el gobierno de CAP hizo modificaciones al Artículo 5o. del proyecto presentado por la Comisión, dando satisfacción a ese factor de poder real.

“Mientras el organismo patronal declaraba con visible complacencia que las enmiendas introducidas por el Jefe del Estado al proyecto original contenían aspectos que situaban "la expectativa de la nacionalización petrolera dentro de una posición más sensata", los partidos de oposición expresaban su desacuerdo con respecto a aquellas reformas que desmejoraban notablemente el contenido del proyecto de la Comisión de Reversión.” 159

Con las referidas enmiendas, la posibilidad de establecer "convenios operativos" se extiende a la suscripción de "convenios de asociación", es decir, más llanamente, empresas mixtas para la gestión de las actividades reservadas al Estado. (En una recopilación de Ediciones Centauro, "Nacionalización del Petróleo, Tesis y Documentos Fundamentales" se encuentran insertos los respectivos textos, tanto del proyecto de Ley inicial, como de las subsecuentes modificaciones sufridas por el mismo).160

El Ministro de Minas e Hidrocarburos para la 0poca, Valentín Hernández Acosta, presenta así su justificación del asunto:

“Cabe mencionar que la modificación antes mencionada tiene fundamentalmente un carácter previsivo y su propósito no es otro que el de dar la necesaria flexibilidad que requiere el

157 Maza-Malavé, Op. Cit., Págs. 173-179.

158 Ibíd., pág. 174.

159 Ibíd., pág. 176.

160 Loc. Cit., Págs. 92, 103 y 288.
manejo y operación de una industria que se proyecta más allá de nuestra fronteras y que está íntimamente ligada al acontecer internacional…”

“Si uno de los elementos que más ha contribuido al éxito de la industria petrolera privada es la flexibilidad con que ella puede moverse dentro del panorama petrolero mundial, ajustándose con facilidad a los cambios y esquemas que surgen dentro de ese panorama ¿por qué el Estado, cuando se dispone a asumir el manejo efectivo de esa industria, tiene que autoencerrarse dentro de una camisa de fuerza que le resta facultades para competir en el complicado y cambiante negocio petrolero internacional?” 161

La controversia sobre el Artículo 5o. y sus bemoles copan la escena. "Chucuta", término acuñado por Pérez Alfonzo a la nacionalización del hierro162, se convirtió también, por virtud de las manipulaciones reseñadas, en la más generalizada caracterización de la nacionalización en curso. Pero, con todo y esa peculiar amputación apendicular que, desde luego, la presentaba como incompleta, se hizo mayoritaria la noción de que se trataba de una nacionalización efectiva. El Artículo 5o. era percibido como un riesgo, la futura posibilidad de que las transnacionales, echadas por la puerta del frente, se colaran por la ventana. En todo caso, ése era un riesgo que podría ser combatido al hacerse inminente.

En nuestra opinión éste es uno de los momentos claves del proceso analizado: pese al carácter mediatizado de la reversión anticipada, ella bastó para desmovilizar la voluntad reivindicativa que se había extendido en los años previos y dio paso al más absoluto conformismo, el cual, en nombre del realismo geopolítico se felicitaba por la trascendencia formal del fin de la era concesionaria: las Compañías extranjeras habían perdido todo título, todo derecho legal o contractualmente establecido sobre el petróleo venezolano y, si bien se mantenían en el negocio, lo harían como "outsiders", desde afuera...

Este es el punto más álgido de nuestra discusión, porque se trata de que, en verdad, la nacionalización de la industria petrolera es la cúspide de un proceso que puede ser descrito

161 Valentín Hernández Acosta, Apuntes Sobre la Nacionalización de la Industria Petrolera, Colección "La Alquitrana", No. 5. Ministerio de Energía y Minas, Caracas, s.f., pág. 16.

162 Pérez Alfonzo, Hundiéndonos..., Págs. 268 y 290.
como un crescendo nacionalista, de reivindicación de nuestros legítimos derechos. Según esa visión, tal proceso comenzó con las Leyes que reservan al Estado la industria del gas natural y el mercado interno, siguen con la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión y tuvo su ensayo general con la nacionalización de la industria de mineral de hierro. Por lo demás, en la discusión de sus términos y condiciones participó, como hemos visto, todo el espectro político- ideológico nacional, que arribó a un consenso casi total, con la excepción ya referida en torno al Artículo 5o.

Hubo consenso en que se trataba de una decisión política que debería llevarse a la práctica dentro del marco de las normas constitucionales y por eso se adopta la figura de reserva al Estado por razones de conveniencia nacional, establecida en el tantas veces ponderado Artículo 97 de nuestra Carta Magna. Por idéntica razón se convino en que había que cancelar una " justa indemnización", aún cuando era factible hacer cuentas para demostrar que el valor en libros de las instalaciones era inferior al monto de las reparaciones que podían ser exigidas a las compañías por los daños ocasionados a los yacimientos bajo concesión y por el crudo drenado de las reservas nacionales adyacentes.

En aquellas circunstancias, con un consenso nacional sobre la pertinencia y conveniencia de la Reserva al Estado, donde las críticas versaban en torno a los peligros futuros por las posibles vías de escape dejadas en el Artículo Quinto, solo los escépticos consuetudinarios se atrevían a expresar sospechas en torno a los términos ocultos de los acuerdos de avenimiento que fueron discutidos de manera secreta con las concesionarias. Su único indicio era el complaciente avenimiento de esas corporaciones. Por ello es necesario dilucidar cuáles fueron las movidas magistrales del capital petrolero internacional para torcer según su conveniencia un rumbo que aparentemente les era adverso y cuales fueron las limitaciones -impuestas por las negociaciones trascorrales- de las políticas oficiales y sus instrumentos legales que permitieron tal distorsión. A ese cometido dedicamos la Segunda Parte de este trabajo, en el entendido de que con ello estamos verificando nuestras hipótesis iniciales.



SEGUNDA PARTE

LA ERA DE LOS CONTRATOS

X.- El Nuevo Paquete Ley-Convenios

El modus vivendi concesionario tuvo su más alta expresión en el pacto Medina-compañías, que dio origen a la Ley-Convenio de 1943, cuya longevidad, inusitada en una materia tan volátil, es la prueba de tal categoría. El sistema que sustituye al concesionario nace también con un pacto al viejo estilo y con las mismas pretensiones de perdurabilidad. En esta oportunidad el paquete está formado por la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y los Contratos de Asistencia Técnica y Comercialización.

Ley y Contratos que forman las dos caras de una nacionalización que, en nuestra opinión, se ha convertido en mecanismo legitimador de una nueva versión de los vínculos dependientes del Estado venezolano con el capital petrolero internacional. Condición paradójica que es el producto de la forma en que fue negociado ese ancestral anhelo nacional:

A espaldas de un país que entonces discutía afiebradamente sobre indemnización y empresas mixtas se preparó el bloque de contratos que garantizan la continuidad de la participación privilegiada de las transnacionales en el negocio petrolero venezolano.

Así, mientras la Ley mencionada reserva para el Estado la plena soberanía en todo lo relativo a la exploración, explotación, manufactura, transporte y comercialización interna e internacional de los hidrocarburos y sus productos (Art. 1o.), los contratos garantizan la presencia de asesores extranjeros en toda las dependencias importantes de cada una de las operadoras nacionales y con ello la directa supervisión de las transnacionales sobre todos los planes y programas de la industria, en los cuales se aseguran una injerencia determinante, como se puede evidenciar al analizar los más significativos desarrollos adelantados hasta ahora por Petróleos de Venezuela y sus operadoras. Por otra parte, dichos contratos representan una sangría injustificada, que en los siete años transcurridos entre 1976 y 1982 alcanza a la suma de 14.512 millones de bolívares163 y que en 1983 pasa ya de mil millones de dólares.

Estas cifras, que constituyen, según expresión de Francisco Mieres parte del "peaje" pagado a las transnacionales como compensación por su avenimiento a la extinción anticipada de las concesiones, explican el por qué esas compañías aceptaron una indemnización según el valor neto en libros de sus activos que no incluía el lucro cesante que ellas reclamaban en virtud de sus expectativas de ingresos hasta el término original de las concesiones, 1983, 19967-97, según los casos. Las recompensas obtenidas por ese desistimiento aparente fueron múltiples, porque además, la opinión pública nacional estaba demasiado sensibilizada respecto a lo injustificado de ese lucro cesante y su otorgamiento se hubiera constituido en un serio problema político que opacaría todo el brillo de la conquista nacionalizadora.

Sin embargo, pese a su magnitud mil millonaria, esta primera función de los contratos no es, a nuestro entender, la de más graves repercusiones a largo plazo. En fin de cuentas, siempre con los ojos de la "realpolitik", podría hacerse el mismo razonamiento con el cual se aceptó el pago de una indemnización injustificada y pensar que al ser renegociados los contratos, ahora sí, se acabarían las exacciones y el país usufructuaría a plenitud la liquidación de su patrimonio petrolero. Pero tal razonamiento no sería más que vana ilusión, por cuanto dichos contratos fueron diseñados como instrumento para la pervivencia de las relaciones con el capital petrolero internacional. Condición que mantuvieron luego de la primera renegociación de los mismos en 1980 y que ha sido refrendada sucesivamente por acuerdos entre los Ministros de Energía y Minas de Pérez y Herrera y sus contrapartes norteamericanos.164

En esos contratos se materializa la vigencia en el país del postulado geopolítico de la inevitabilidad de la asociación del Estado venezolano con el capital petrolero internacional para el manejo y disposición de sus recursos de hidrocarburos. Con diversos argumentos, tal asociación se ha

163 BCV, Informe Económico 1980, Anuario de Series Estadísticas 1981 y 1982. Balanza de Pagos de la Actividad Petrolera, Cuadros II-2, II-3, II-4, rubro "Otros Servicios".

164 El resultado formal de esos convenios ha sido plasmado en el Acuerdo para una Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito definitivamente en Caracas el 11 de enero de 1980.

presentado como un dato inmodificable de la realidad y ha sido asumido así, en nombre del realismo, por todo el espectro político nacional. Las diferencias en tal sentido son de grado. Tanto quienes aceptan sin chistar toda proposición de las corporaciones porque en su condición de beneficiarios internos del negocio consideran que esa será siempre la mejor de sus opciones, como quienes se han batido por conquistar términos más equitativos y una mayor autonomía para el Estado venezolano, se ubican, si bien en polos opuestos, en un mismo plano: no es posible explotar el petróleo venezolano sin el concurso de las transnacionales.

Es por ello que compartimos plenamente lo expuesto en este sentido por Fernando Martínez Galdeano en su tantas veces citado artículo:

"No solo el artículo 5 sino todo el proyecto, su fundamentación, su presentación, esta concebido jurídicamente para que las empresas transnacionales y el mismo gobierno de los Estados Unidos no tengan reparo alguno en aceptarlo con tolerancia." 165

Y desde luego, somos solidarios de los contenidos en las citas que a continuación hace Martínez Galdeano de la comparecencia de Pérez Alfonzo ante la Comisión bicameral de Minas e Hidrocarburos:

"Si el añadido de las empresas mixtas desapareciese del proyecto, la situación jurídica no cambiaría…" "Sobre la base increíble de que la industria petrolera es negocio privado de las grandes transnacionales, se ha levantado todo un parapeto desquiciado". "El asunto está en pretender condicionarnos de una vez, en preparar la nación para continuar aceptando en una u otra forma la injerencia interna de las transnacionales, dispuestas a no abandonar su presa fácilmente".(El Nacional, 8 mayo 1975, D-1)166

En el mismo sentido, creemos oportuno señalar que es ese fatalismo dependiente el que ha cubierto con un manto de silencio y complicidad todas las denuncias que se vienen haciendo desde 1976 en esta materia: Como un efecto suyo se ha generalizado la idea de que un ajuste de cuentas con las transnacionales haría peligrar el flujo de ingresos caídos del cielo que aún nos brinda el petróleo.

165 Martínez Galdeano, Op. Cit., pág. 306.

166 Ibíd.

En consecuencia, con la nacionalización, el petróleo se ha convertido en un nuevo tabú para los venezolanos. Una materia que explícitamente es excluida de la discusión política y sobre la que, supuestamente, sólo cabe consideraciones técnicas de parte de los especialistas que poseen, en exclusividad, la ciencia infusa de su gestión. Mediante este subterfugio, más o menos aceptado y en el más radical de los casos tibiamente combatido, decisiones atinentes al destino trascendente del país, a su soberanía y a su más valioso patrimonio se han dejado en manos de una cúpula gerencial que intenta convertirse en un ente para-estatal, y reivindica una autonomía frente a los poderes públicos para pactar oscuras negociaciones con las antiguas casas matrices de las ahora operadoras nacionales.

El análisis de estas circunstancias es materia de esta segunda parte, a cuyo hilo cronológico volvemos.

El 29 de agosto de 1975 el Presidente Pérez promulga la Ley nacionalizadora de la industria. Ya para entonces, las concesionarias extranjeras se habían "avenido" a aceptar la oferta de indemnización y comienzan a constituir, de su propio seno, las Juntas Directivas de las Operadoras que los sustituirán, a partir del 1o. de enero de 1976, en la gestión de la industria. Integran estas Juntas Directivas aquéllos venezolanos que por sus méritos gerenciales y compenetración con los objetivos de las compañías se habían convertido en hombres de confianza de sus casa matrices: Guillermo Rodríguez Eraso, vicepresidente de Creole Petroleum Corporation, Alberto Quirós Corradi, Presidente de la Compañía Shell de Venezuela y otros de los niveles subsiguientes, como Frank Alcock, José Giacoppini Zárraga, Gustavo Coronel, Wolf Petzall, etc.

Se comenzaba a cumplir así un aspecto vital del avenimiento: el mantenimiento de la estructura gerencial establecida por las concesionarias. Al respecto, es oportuno remitirnos a lo señalado anteriormente en nuestro Marco Teórico, páginas 16 a 19, donde citamos los testimonios de James Akins y Gerard Brannon (notas 8-9) sobre la conveniencia, para las concesionarias, de avenirse a las nacionalizaciones bajo ciertas condiciones, entre las cuales la continuidad gerencial es una de las más importantes.

En el logro de ese objetivo desempeñó un papel destacado la guerra de nervios impulsada por un grupo de ejecutivos petroleros encabezados por el geólogo-relacionista público Gustavo Coronel. Estos ejecutivos constituyeron una organización, AGROPET, para la defensa de sus prerrogativas gerenciales, la promoción de las empresas mixtas y la necesidad de la limitación de la soberanía estatal sobre la industria petrolera. Hicieron un estribillo sobre los peligros de la "politización", burocratización, "pemexización" y toda clase de consejas en torno a la comprobada ineficiencia de las empresas estatales. En general, un conjunto de verdades aparentes y de grandes mentiras con las que, en fin de cuentas, han logrado crear un clima de inhibición en el seno de "los políticos", quienes vacilan a la hora de encarar problemas que supuestamente debe esta reservado a unos míticos "técnicos". Rodríguez Gallad y Yánez recogen múltiples referencias de la actividad de esta agrupación en su "Cronología Ideológica..."167

Sin embargo, algunos aspectos del pacto se continuaron discutiendo hasta el último momento. Las compañías apelaron a todos sus recursos para imponer los términos más convenientes para ellas. Carlos Andrés Pérez hizo una confesión paladina de ello en su discurso ante la Asamblea Anual de FEDECAMARAS, en 1976:

“Uno de los problemas más graves que tuvo Venezuela y que el país ignoró en su gravedad, fue que para el 29 de diciembre, en una presión para obligarnos a bajar los precios y destruir a la OPEP, Venezuela no tenía vendidos sino 900 mil barriles diarios de petróleo, lo que significaba no solamente una catástrofe para la economía venezolana, sino una destrucción de la economía petrolera porque hubiese habido que cerrar muchos pozos de petróleo pesado que son los más abundantes en nuestro país y cerrar un pozo de petróleo pesado es acabar con él, luego habría que hacer de nuevo las perforaciones. Y tuvimos el coraje de mantenernos hasta última hora dispuestos a cualquier riesgo, precisamente para que la nacionalización no estuviera mediatizada y usamos de todas las presiones y de todos los derechos soberanos del país para que esta situación cambiara y fue dos días antes de que el petróleo entrara en nuestras manos, cuando pudimos suscribir los contratos que elevaron las ventas a una cantidad mínima de un millón quinientos mil barriles de petróleo. De manera, pues, que estos contratos se firmaron dentro de esta grave circunstancia. Sin embargo, no quisimos firmarlos por más de dos años…" 168

Una presentación más sibilina y justificadora de las circunstancias, pero que también deja traslucir la verdad, es la que hace el Ministro de Minas de la época:

“El Gobierno Nacional ha sido muy claro en que no quiere, no está interesado en llegar a una confrontación con las compañías que van a ser nacionalizadas; las compañías, por su

167 Op. Cit., Págs. 33, 175, 194, 219, 234, 236, 238, 246, 251, 255, 268, 269, 270, 275, 284, 291, 296, 324, 338, 357, 361, 363, 445.

168 Carlos Andrés Pérez, XXXII Asamblea Anual de FEDECAMARAS, 1976.
parte, tampoco tienen interés en llegar a una confrontación con el Gobierno. Las compañías saben que hay otros elementos, otros grupos o entidades que podrían prestarnos esa asistencia tecnológica, y lo que está planteado es que la directiva venezolana de la empresa operadora siga hablando el mismo lenguaje que venía hablando con las casas matrices que venían prestando la asistencia técnica.” 169

Semejante exposición, a nuestro entender, no es otra cosa más que la aceptación y justificación de un patrón de relaciones según el cual las operadoras nacionales siguen funcionando, para todo fin práctico, como subsidiarias de sus antiguas casas matrices. La pasión justificadora del Ministro Hernández Acosta llega al colmo cuando afirma que los convenios de asistencia técnica y comercialización "...en ningún caso mediatizan o desnaturalizan la nacionalización integral de la industria petrolera..." y, contradiciendo la referida exposición del Presidente Pérez sobre la materia, miente abiertamente al sostener que esos convenios son "el producto de un cuidadoso análisis de nuestra realidad petrolera".

Lo cierto del caso es que con la firma de esos contratos concluyó la transición. El 1o. de enero de 1976 comenzó a funcionar una industria nacionalizada con 14 operadores, una de ellas, la antigua CVP y las otras 13 nacidas, como refiriéramos, en el seno de sus antecesoras concesionarias y munidas de su respectivo contrato de Asistencia Técnica. Las cuatro principales, Lagoven, Maraven, Meneven y Llanoven, suscribieron además diversos contratos de compraventa de crudo y productos con sus correspondientes ex-matrices, centralizando la comercialización internacional de las demás, con la excepción de la CVP.

Todo estaba listo para que cobrara vida el nuevo rostro del vínculo dependiente del petróleo venezolano con las transnacionales, en medio de la euforia de los venezolanos que mayoritariamente coreaban ¡Ahora el petróleo es nuestro! Aún los opositores y críticos más escépticos sintieron la necesidad de poner su pica en Flandes reconociendo que, pese a todo, se trataba de un paso de "innegable trascendencia". Y así, con las galas de la nacionalización, el cartel petrolero internacional se dio maña para retener en sus manos, una vez más, el mango de la sartén.

169 Valentín Hernández, Op. Cit., pág. 29.

170 Ibíd., pág. 34
XI.- El Marco Formal

Las actividades de hidrocarburos, reservadas al Estado por la Ley que forma parte del paquete que analizamos, serán ejercidas, desde la puesta en vigencia de ese instrumento, por el Ejecutivo Nacional, el cual organizará la administración y gestión de esas actividades...

...conforme a las bases que la misma Ley le señala, lo cual hizo, estableciendo una estructura de una organización integrada verticalmente, multiempresarial y dirigida por una Casa Matriz. Con esta estructura se pretende mantener un nivel racional de organización entre los diferentes entes del Estado, integrándolos en un sistema empresarial público, comercial e industrial, denominado "Holding". 171

Petróleos de Venezuela, empresa creada el 30 de agosto de 1975 según las bases del artículo 6o. de la Ley, se convierte en la empresa matriz del "holding" petrolero, cuyo objetivo principal es la planificación, coordinación y supervisión de todas las actividades de sus filiales:

"Es decir, que PDVSA controlará como accionista a las empresas que creare o que le sean asignadas de acuerdo con la Base Segunda del Artículo 6o. de la Ley de Nacionalización, control éste, como ya se aclaró, que transcurrirá por los cauces del derecho privado dada su condición de titular de las acciones. Es decir, que en este orden de ideas, tendrá a su cargo la dirección general de cada una de sus empresas, las cuales por lo demás, serán de su exclusiva propiedad, en razón de lo dispuesto en las Bases Primera y Segunda del citado Artículo 6°…" 172

Por encima de esta estructura empresarial se encuentra el Ministerio de Energía y Minas (para la época de Minas e Hidrocarburos) cuyo titular es el representante del único accionista en la Asamblea de accionistas que, según las disposiciones de las leyes mercantiles debe tomar las decisiones fundamentales sobre la estructura de la Junta Directiva y políticas de las empresas petroleras nacionales.

"Además de las atribuciones de control interno sobre el sector petrolero, que le asigna la Ley Orgánica de la

171 Román J. Duque Corredor, El Derecho de la Nacionalización Petrolera. Ed. Jurídica Venezolana, Caracas, 1978. Pág. 183

172 Ibíd., Págs. 193-194.
Administración Central al Ministerio de Energía y Minas, es de observar que el Artículo 1o. del Decreto No. 1.123 del 30 de agosto de 1975 que creó a Petróleos de Venezuela, establece que esta empresa matriz del "holding" petrolero, debe cumplir y ejecutar: "la política que dicte en materia de hidrocarburos el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Minas e Hidrocarburos (ahora Ministerio de Energía y Minas) en las actividades que le sean encomendadas", lo cual define claramente la situación de subordinación que tiene esta empresa del Estado respecto al Ministerio eje del sector…" 173

Por lo demás, y en tanto que permanece vigente la Ley de Hidrocarburos para todos aquellos aspectos de la materia no modificados por la nueva legislación, el Ministerio de Energía y Minas tiene facultades de control y fiscalización directa sobre las actividades diarias de las empresas del sector: exploración, explotación, manufactura, transporte y comercialización. Potestad fiscalizadora que debe ejercer en su condición de garante del correcto manejo y disposición del principal patrimonio público.

Tal es la estructura formal básica de la industria petrolera nacional que comienza a tener vigencia a partir de 1976. Nos hemos referido a ella y apelado a las citas textuales para describir sus peculiaridades más resaltantes, las que con más frecuencia se mencionan como características de una transformación radical de las relaciones predominantes en dicha industria, con el objeto de que nos sirva como elemento de contraste con la realidad petrolera venezolana durante los años transcurridos desde entonces.

Lo primero que habría que señalar es que tal estructura comienza rápidamente a modificarse, minimizando paulatinamente, de hecho y parcialmente de derecho, el papel inicialmente asignado al Ministerio de Minas y simultáneamente confiriendo una mayor autonomía a PDVSA y sus operadoras.

En efecto, y como recientemente lo recordara Julio César Arreaza, ex-Vicepresidente de PDVSA 174, ya el 22 de diciembre de 1976 era sancionada la Ley Orgánica de la Administración Central mediante la cual, entre otras cosas, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos se convierte en Ministerio de Energía y Minas. Esa transformación implicó, tal como lo refiere

173 José I. Moreno León, Profundización de la Nacionalización Petrolera Venezolana. Ed. Centauro, Caracas, 1981. Pág. 43

174 Julio César Arreaza, "El Ministerio de Energía y Minas y PDVSA", El Universal, 24 de marzo de 1984, pág. 1-4.

Arreaza, una restricción de las atribuciones del Ministerio en el campo petrolero.

Posteriormente, en marzo de 1977, por instructivo presidencial 175, se establece una definición de responsabilidades entre el Ministerio de Energía y Minas y PDVSA que, como también lo reconoce el articulista citado, es una concesión a las presiones que en ese sentido ejercieron los miembros del Directorio de la casa matriz petrolera:

“Esa definición estuvo a cargo del Presidente Pérez, en la reunión que sostuviera con representantes de PDVSA, el 15 de diciembre de 1976, representantes que fueron portavoces de la preocupación del Directorio por las posibles repercusiones que sobre la industria petrolera podría tener la sanción del proyecto de Ley Orgánica de la Administración Central.” 176

Para conocer las consecuencias de ese instructivo presidencial nos remitimos a la Evaluación del Proceso Nacionalizador realizado por Pro-Venezuela en febrero de 1979. Allí se consigna lo siguiente:

“Ese instructivo debilita la posición técnica que tenía el MEM con respecto a los concesionarios de hidrocarburos; deja sin efecto, en forma ilegal, el Decreto 832 del 19 de Diciembre de 1971; y establece reuniones del Presidente de la República con el Presidente de PDVSA, marginando de ellas al Ministro de Energía y Minas, quien debe ser la cabeza política del sector. En consecuencia, el MEM no está funcionando como mecanismo de control técnico de la industria petrolera y no puede verificar debidamente la ejecución oportuna de los lineamientos generales de política en materia de hidrocarburos que el propio MEM dicta anualmente a PDVSA, marchando así a la zaga de la porción operativa de la industria.” 177

Pero no se queda allí la inversión de atribuciones. Las operadoras actúan como las verdaderas generadoras de iniciativas y políticas, sin una adecuada coordinación y no siempre inspiradas en el interés público...

“…las operadoras actúan ahora libremente: No tiene sobre sí la fiscalización rigurosa que ejercía el MEM, ni funciona sobre ellas el control de PDVSA. Por ese camino, agrandado por defectos de planificación y coordinación anotados

175 Ibíd., Loc. Cit.

176 Ibíd., Loc. Cit.

177 Asociación PRO-VENEZUELA, La Situación Petrolera, Evaluación del Proceso Nacionalizador de la Industria del Petróleo Venezolano 1976-1978, Caracas, Febrero de 1979. Pág. 31.
anteriormente, las operadoras viven en una competencia sin sentido por recursos financieros, atención de la casa matriz e imagen publica, perdi0dnose así el interés general técnico-económico de una industria que pertenece a la Nación y que debe ser considerada como un todo integrado." 178

El deterioro de la posición del Ministerio no se ha detenido. La voluntad política durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins ha mantenido el rumbo en este sentido. El monto del gasto anual ejecutado por el MEM, y la variación de sus magnitudes absolutas y relativas son un claro indicador de esta voluntad liquidadora: De ser uno de los más importantes durante el período concesionario, pasó a ser el de menor asignación entre todos los ministerios. Las cifras revelan que, de un gasto de 1.081 millones de bolívares, ejecutado en 1974 por ese despacho, las sucesivas restricciones presupuestarias han he hecho bajar esa ejecución a niveles que bordean los 200 millones anuales entre 1979 y 1982.179 Ello ha determinado un deterioro progresivo de las condiciones generales de trabajo y una p0rdida de significación, por falta de recursos, del trabajo mismo.

El éxodo voluntario o forzado de sus más valiosos recursos humanos ha sido el corolario de esta esterilización del Ministerio. Una cifra cercana al centenar de profesionales, según fuentes del propio despacho, ha buscado nuevos destinos. Las Direcciones específicamente técnicas: Hidrocarburos, Economía Petrolera y Energía, han sido las más afectadas, lo cual deja al Ministerio en la condición de entelequia burocrática santificadora de decisiones externas al mismo. Decisiones sobre las cuales no tiene todos los elementos de juicio y mucho menos, capacidad de fiscalización.

Cabe, a estas alturas, hacer un señalamiento de orden general: A través de toda nuestra exposición hemos registrado un proceso continuo de modificación progresiva, en sentido positivo, de la capacidad de control y fiscalización del Estado venezolano sobre la industria petrolera instalada en el país. En nuestros planteamientos hipotéticos sostenemos que esa evolución del marco formal fue siempre contrarrestada con éxito por la infinita capacidad de asimilación y adaptación del capital petrolero internacional: Pese a todos los controles, ese capital ha logrado siempre extender las proporciones de su participación en el negocio petrolero, como pretendemos haber demostrado. Ahora, con este nuevo paquete petrolero, sucede una cosa distinta, el Estado venezolano ha hecho concesiones que menoscaban esa capacidad,

178 Ibíd., Pág. 32.

179 Banco Central de Venezuela, Informe Económico 1979, pág. A-339 y Anuario de Series Estadísticas 1982, pág. 69, "Egresos Totales del Gobierno Central".


real y teórica, de control y fiscalización. Concesiones que marcan un retroceso... hasta en el marco formal, legal y reglamentario. En los capítulos siguientes, al analizar el otro pilar del nuevo paquete, los contratos, expondremos las consecuencias de este retroceso formal y como interactúa con las cláusulas contractuales para marcar el nuevo rumbo de desnacionalización del petróleo venezolano.


XII.- La Cara Oculta del Nuevo Paquete:

Contratos de Asistencia Técnica y Comercialización

Durante más de un año después del traspaso de los activos de las concesionarias a manos de las operadoras estatales la opinión pública continuó desconociendo el verdadero carácter del nuevo arreglo petrolero. Los más suspicaces enfocaban su mira hacia las filtraciones permitidas por el Artículo 5o. y al ambiente de secreto que a partir de entonces comenzó a cubrir las actividades de la industria. Pero no existía ningún elemento concreto para negar que, pese a todo, se había producido un auténtico cambio en el control y disposición del petróleo venezolano. El 22 de mayo de 1977, veinticinco profesores universitarios, entre quienes tuvimos el honor de contarnos, suscribimos un remitido público dirigido al Presidente del Congreso Nacional y a los Presidentes y Secretarios Generales de los principales partidos del país: CON LOS CONVENIOS TECNOLOGICOS LAS TRANSNACIONALES SIGUEN CONTROLANDO LA INDUSTRIA PETROLERA 180

“Los Convenios de Asistencia Técnica suscritos por el gobierno nacional no sólo tienen visos de inconstitucionalidad, sino que refuerzan el encadenamiento de la industria petrolera al capital transnacional, precisan de una fuerte erogación presupuestaria, violan compromisos internacionales -como la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena-, sustraen a las empresas subsidiarias de las grandes compañías de las leyes nacionales, y en la práctica, convierten en una falsedad la tan voceada nacionalización.” Loc. Cit.)

180 Luís Lander, D. F. Maza Zavala, Simón Sáez Mérida, Orlando Araujo, Héctor Malavé Mata, Armando Córdova, Gastón Parra, Francisco Mieres, Pedro Duno, Etanislao González, Irene Rodríguez G., Manuel Rodríguez Mena, J. R. Núñez Tenorio, Ramón Losada Aldana, Freddy Balzán, Carlos Mendoza Pottellá. L. A. Lizardi McCallum, Tulio Colmenares, Rafael Haddad, Denzil Romero, Carlos Blanco, José Manuel Hermoso, Edgardo Lander, José León, Judith Valencia. El Nacional, 22 de mayo de 1977, pág. D-19. En lo adelante nos referiremos a este documento como "Remitido del 22 de mayo".

Tales afirmaciones fueron el resultado del análisis de varios contratos de asistencia técnica, cuyas copias llegaron a los medios académicos por intermedio de funcionarios de la industria preocupados ante las graves implicaciones de tales arreglos.

Después de siete años, las denuncias hechas en ese documento han sido confirmadas por el desarrollo posterior de la realidad petrolera. Utilizaremos el patrón analítico propuesto en él para hacer nuestra exposición en torno a las principales características de los "Primeros Contratos", denominados así para diferenciarlos de sus segundas y terceras ediciones, renegociadas a partir de 1980.

Es importante señalar que también utilizamos otras fuentes para nuestro análisis, en particular la que nos proporciona el Equipo "Proceso Político" en su libro recopilación "CAP 5 Años". Con ligeros matices, compartimos el enfoque que de los Contratos de Asistencia Técnica y Comercialización se hace en dicha obra, sobre todo porque se trata de la exposición de las cláusulas más evidentemente lesivas del interés nacional contenidas en dichos convenios, dos de los cuales son reproducidos allí. En las notas insertas en el texto hacemos referencia de las demás fuentes utilizadas.

XII-a. Asistencia Técnica:

El Golpe Maestro.

1. La primera y fundamental constatación que se hacía en el remitido del 22 de mayo era la de que esos Contratos estaban diseñados para mantener el control de los centros de decisión de la industria en manos de las transnacionales y que ello era posible a través de diversos mecanismos:

“La asesoría, que garantiza la orientación de la industria por parte de las ex-concesionarias en todos los campos de su gestión... desde las operaciones de producción y refinación, hasta la gestión gerencial, pasando por las recomendaciones para la compra de materiales y equipos, selección y entrenamiento de personal y asesoramiento para la administración de contratos de trabajo.” 181

Cabría agregar que posteriormente se ha comprobado que esa asesoría llega hasta los comités de planificación y comercialización internacional, lo cual da a las empresas petroleras extranjeras una posibilidad de supervisión permanente sobre las operadoras nacionalizadas y confirma el segundo mecanismo de control señalado por los firmantes del remitido que comentamos: el espionaje, permitido por la garantía de acceso a los libros y registros y a toda la información de las operadoras nacionales que establecen los contratos. Citaremos al respecto el valioso testimonio del Dr. Eduardo Acosta Hermoso, quien en su trabajo "Crítica de los Convenios de Petroven" señala lo siguiente:

"Estas no son puras conjeturas teóricas. En la práctica, tanto la Shell como la Exxon, están interviniendo en la Planificación de Maraven y de Lagoven. En la primera tienen incrustado en la empresa venezolana, en un cargo ejecutivo de planificación, al señor S. Price del staff internacional de la Shell, quien además de tener expertos venezolanos a su mando, se informa de los planes de Maraven y los lleva al conocimiento de la Shell, por supuesto. De igual modo, la

181 Ibíd.
Exxon tiene a los señores Ch. Lehman y I. Voler en importantes cargos de la Coordinación de Proyectos de Occidente en Lagoven... A los Señores M. Furrer, V.D. Winkler y A.E. Clifford en Evaluaciones Geológicas y Geofísicas de la gerencia de Geología en las oficinas centrales de Lagoven, con acceso a toda esta importante información que es de alta confidencialidad. Y en la Oficina de Planificación para la refinación al Señor R. Flugg como Jefe, Además de R. Deszau como asesor en otra área de gran importancia porque tiene que ver con los futuros cambios en el patrón de refinación de Amuay." 182

El tercer mecanismo de control que se analiza es el relacionado con "la continuidad administrativa, gerencial y política", que en la práctica significa: que el personal venezolano de confianza de las transnacionales, que ocupaban cargos gerenciales en las ex-concesionarias, permanezca en esos cargos una vez nacionalizada las empresas. Este personal no tiene reservas ni secretos para sus antiguos patrones en las concesionarias quienes ahora son sus "asesores" desde las empresas de servicio constituidas en el país por las transnacionales para prestar "asistencia técnica"183

El derecho a veto en materia de selección de personal venezolano y las garantías que se suscriben para que la investigación petrolera desarrollada en el país esté vinculada a la estrategia del capital petrolero internacional, son los otros dos mecanismos de control mencionados por el documento que nos sirve de referencia. Las implicaciones negativas para el interés nacional de ambas imposiciones son claras. Con la primera se aseguran la promoción y desarrollo del personal más permeable a su influencia y el descarte de los díscolos y críticos. Y con la segunda intentan extender su influencia sobre los futuros desarrollos que pueda emprender la industria.

Sobre éste último aspecto es preciso señalar que por asumir tal compromiso, los gestores de la política petrolera venezolana desconocieron toda la investigación de aliento estratégico que se venía realizando en Venezuela en centros independientes que funcionaban antes de la nacionalización. El propio Presidente Pérez se atrevió a afirmar que…

182 Ponencia presentada en las Jornadas Primer Centenario de la Industria Petrolera Venezolana, Maracaibo, Octubre de 1978. Pág. 14.

183 Remitido del 22 de mayo. Loc. Cit.

"Venezuela no investiga petróleo, no tenemos tecnología propia. El Instituto Venezolano de Investigaciones Petroleras se creó por mi gobierno el mismo día de la nacionalización, el primero de enero de 1976". 184

Esa visión sesgada de la realidad condujo a que, con el argumento de que había que centralizar el esfuerzo investigativo en el INTEVEP, se desmantelara el Centro de Petróleo y Química del IVIC, el cual se encontraba realizando, como nos consta personalmente, los movimientos de tierra para la instalación de una planta piloto de desmetalización de crudos; se desestimulara la actividad del Instituto de Investigaciones Petroleras de la Universidad del Zulia, INPELUZ, donde se había concentrado un conjunto de profesionales de alta calificación y cuya capacidad de investigación y análisis fue utilizada con frecuencia por las antiguas concesionarias; y no se tomara en cuenta la labor del equipo de investigadores petroleros de la Facultad de Ciencias de la UCV, cuyos logros habían atraído la atención de especialistas internacionales, en particular por el descubrimiento de un catalizador apto para procesar crudos con altos contenidos de metales.

Todos los elementos de control señalados son reforzados por la cláusula de "Confianza" que aparece en cada uno de los contratos, mediante la cual se desestimulan las relaciones horizontales entre las diferentes operadoras nacionalizadas y se trata de mantener un cordón umbilical con sus antiguas casas matrices transnacionales. En efecto, según esta cláusula, para los fines de la información confidencial suministrada por las compañías asesoras a una operadora, las restantes operadoras son consideradas terceros y por tanto no podrá transferir a ellas ese tipo de información.185

Por ser una de las que definen más claramente el grado de indefensión de los negociadores venezolanos y el tipo de imposiciones casi coloniales establecidas en los contratos, transcribiremos textualmente la cláusula 14-01, de "Confianza", del contrato suscrito entre Petróleos de Venezuela y la Creole Petroleum Corporation, cedido luego respectivamente a Lagoven y Exxon Services Company:

"LAGOVEN podrá revelar a Petróleos de Venezuela, C.A. la existencia de cualquier información obtenida conforme a este

184 Citado por Maza Zavala, Parra, Mieres y Mendoza en Incidencia de los Contratos de Tecnología en el Rumbo de la Industria Petrolera Nacionalizada, pág. 4. Tomado de la prensa diaria del 5 de junio de 1977.

185 Contrato de Asistencia Técnica Exxon-Lagovén. Artículo 14.

Convenio. PETROLEOS DE VENEZUELA y LAGOVEN, CREOLE y ESC tomarán las precauciones razonables para evitar el descubrimiento, total o parcial, a terceros (a los fines y efectos de este Convenio, las empresas filiales, afiliadas y subsidiarias de PETROLEOS DE VENEZUELA y LAGOVEN serán consideradas "terceros") de cualquier información confidencial, calificada como tal por la fuente originaria, incluyendo programas de computación, manuales técnicos, guías y panfletos, puesta por cualquiera de las partes a disposición de la otra de acuerdo con los términos de este Convenio en tanto en cuanto dicha información no esté disponible en virtud de cualquier hecho atribuible a la parte responsable de tal revelación. La obligación aquí asumida continuará en vigencia aún después de cualesquiera cesión o terminación de este Convenio". 186

2.- Otra característica que reveló el análisis de los contratos fue su carácter de no necesarios, por cuanto se establecían pagos por utilizar conocimientos que ya se tenían y porque expresamente se excluía a las innovaciones y a las tecnologías para la producción y procesamiento de crudos pesados.

En efecto, los pagos establecidos en los mismos remuneran la prestación de asistencia en las operaciones petroleras en las Áreas antiguamente bajo concesiones, excluyendo, por tanto, la exploración y producción costa afuera y en la Faja del Orinoco. Igualmente, se refieren al funcionamiento de las instalaciones refineras existentes y no a sus modificaciones y ampliaciones. Veamos:

En el Parágrafo 2.05 del Contrato Exxon-Lagoven se establece que Exxon revelará a Lagoven, al término de cada semestre, información confidencial sobre nuevos desarrollos listos para uso comercial en "Operaciones de Producción", en particular sobre crudos pesados. Lo mismo se establece en el parágrafo 3.05 para nuevos desarrollos en materia de refinación de crudos pesados y residuos. Pero a continuación de ambos parágrafos, en los numerados 2.08 y 3.08, respectivamente, se establece que cuando Lagoven quiera hacer uso de esos desarrollos, invenciones, descubrimientos o información confidencial, Exxon Services negociará con Lagoven "acuerdos por separado estableciendo los términos y condiciones bajo los cuales LAGOVEN podrá usar tales desarrollos..." 187

186 Ibíd., Loc. Cit.

187 Ibíd., Artículos 2 y 3.
Pues bien, el caso es que, según propios y extraños, es justamente en los aspectos contemplados como cubiertos por los pagos regulares por barril producido y refinado donde los venezolanos no necesitan asistencia técnica y, por el contrario es en los nuevos desarrollos expresamente excluidos, en la producción y refinación de crudos pesados y extrapesados, por ejemplo, donde sí es parcialmente necesaria. Tal es el testimonio de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, la cual, con anterioridad a la firma de los contratos advertía:

"Durante el proceso de negociación de tecnología debe tenerse en cuenta que en lo que a producción se refiere, existe una capacidad o potencial de crudo que está allí y por lo tanto no necesita servicio tecnológico foráneo. La tecnología necesaria para producir ese volumen de crudo la tenemos en Venezuela; y es una tecnología convencional ampliamente conocida. Sólo una parte de a nueva capacidad de producción de crudo generada puede necesitar parcialmente tecnología foránea (v.g. el volumen de crudo asociado a proyectos de recuperación terciaria de crudos livianos)". 188

Esa realidad es reconocida también por especialistas extranjeros, en el documento "Geopolitics of Energy" de la Comisión de Asuntos Internos e Insulares del Senado de los Estados Unidos, se afirma sin matices: "Los venezolanos no necesitan ayuda en esta Área de la producción petrolera". 189

En la ya citada ponencia del Dr. Eduardo Acosta Hermoso se asienta una demostración irrefutable de este carácter no necesario de la asistencia técnica contratada, cuando señala que una de las unidades de proceso por las que se paga esa asistencia es la refinería de Caripito, una instalación obsoleta de pura destilación sin conversión, de las que todo el mundo sabe como se manejan, por su simplicidad. 190

Como colofón del carácter no necesario de la asistencia por la que se paga está la cláusula de "Responsabilidades", en la cual se exonera a los suplidores de Asistencia Técnica de toda imputabilidad por la utilización de sus recomendaciones.

“La asistencia técnica y los servicios que Exxon Services Company se obliga a prestar a LAGOVEN conforme a este

188 Revista SVIP, No. 21, Diciembre de 1975. "Mesa Redonda Sobre Asistencia Tecnológica a la Industria Petrolera Nacionalizada".

189 Loc. Cit., pág. 137.

190 Acosta Hermoso, Op. Cit., Págs. 10-11.
Convenio tendrán carácter de asesoramiento solamente, y por ello toda responsabilidad por la utilización de recomendaciones técnicas suministradas por Exxon Services Company, sus empleados, sus afiliadas a los empleados de ésta, de acuerdo con este Convenio, corresponderá exclusivamente a LAGOVEN. Ni la ESC ni sus empleados, ni ninguna compañías afiliada a ella ni sus empleados, serán responsables por pérdidas o daños que sufra LAGOVEN o cualesquiera tercera persona por razón de cualquier acción u omisión por LAGOVEN, sus empleados o cualesquiera tercera persona aunque dicha acción estuviese basada en informaciones o consejos técnicos suministrados por ESC, sus empleados, cualquier compañía afiliada a ella o sus empleados, conforme a este Convenio, salvo que dichos daños o pérdidas se originen en dolo, mala fe o negligencia manifiesta de ESC o de sus empleados, o de cualquier compañía afiliada a ella o sus empleados.” 191

3.- El exagerado monto de los pagos por una asistencia técnica que se revelaba innecesaria y su cálculo a partir de una cifra arbitraria multiplicada por los barriles producidos más los refinados condujo a la percepción generalizada de que se trataba simplemente de continuar indemnizando a las petroleras, que ya lo habían sido, en demasía, por una inversión recuperada más de ocho veces en los diez años anteriores a la nacionalización. Así se señalaba en el remitido que comentamos, agregando:

“Pero las compañías petroleras reclamaban descaradamente el pago del lucro cesante, es decir, el pago de los beneficios que hubieran recibido de haber continuado hasta 1983 operando directamente el negocio petrolero bajo el régimen de concesiones. Para atender a este insólito reclamo fueron propuestos los Convenios de Asistencia Técnica que, a cambio de ningún aporte tecnológico, garantizan el pago del lucro cesante a las empresas petroleras transnacionales.” 192

En efecto, el análisis de la cláusula "PAGOS" de los Convenios de Asistencia Técnica revela una de las más flagrantes dejaciones del interés nacional, de complacencia desbordada ante las exigencias transnacionales. Un eficaz instrumento para provocar la secreción de torrentes de adrenalina en cualquiera que se precie de ser venezolano. Veamos:

191 Remitido del 22 de Mayo, Loc. Cit.

192 Ibíd.
La Característica fundamental de los pagos contemplados en estos convenios es el establecimiento de un monto fijo, por barril producido y por barril refinado para el Cálculo del pago total, sistema que refuerza, como ya dijimos, la noción de que tales pagos no remuneran ninguna asistencia. Ese pago total se calcula según una fórmula que, por imperativo de su significación, debemos explicar en detalle. Sus términos son los siguientes:

          KA(BP+BR) - S
PT = -----------------------
          K(BP+BR)(1-T) 193

K: Es la tasa de cambio, en bolívares por dólar, que rija para el momento del pago (4,28 para los años de vigencia de los contratos) multiplicada por el numero de días del año transcurridos hasta el último del mes de la facturación.

S: Es el sustraendo correspondiente de la tarifa progresiva del Impuesto Sobre la Renta.

T: Tasa del Impuesto Sobre la Renta aplicables a los enriquecimientos provenientes de esta actividad, expresada en decimales "a los efectos de la fórmula".

BP: Barriles de petróleo crudo y líquidos del gas natural producidos hasta el mes de facturación.

BR: Barriles de petróleo crudo y otras cargas primarias procesadas en las refinerías para la misma fecha.

A: "Rendimiento Económico Final" por barril en dólares por barril. Se trata de una cifra acordada previamente entre las partes y que, para estos primeros contratos fue de 15 centavos de dólar por barril.

PT: Pago total por cada barril de crudo y líquidos de gas producido y por cada barril procesado en las refinerías. En realidad, este "Pago Total" por barril es el que se multiplicará por los barriles producidos y refinados para obtener el monto global, PM, según la fórmula:

193 Contrato Exxon-Lagovén, Artículo 12.


PM = PT (BP + BR) ND - PC

en la que los dos últimos términos (ND y PC) hacen mención a los días transcurridos de cada año y a los pagos cancelados con anterioridad en ese mismo año, respectivamente.

Volviendo sobre la fórmula para el cálculo del "Pago Total" por barril, cualquiera puede observar que la misma puede ser convertida en dos fracciones, a saber:

             KA (BP + BR)                      S
PT = -------------------------  -  ---------------------------
          K (BP + BR) (1 - T)          K (BP + BR) (1 - T)

que pueden ser simplificadas a

                     A                                  S
PT = --------------------- - ----------------------------
                  (1 - T)                K (BP + BR) (1 - T)

la segunda fracción del término derecho de la ecuación no es significativa, por cuanto arroja como resultado, en cualquier caso, una cifra de centésimas. Veamos esto con las cifras que se invocan en la fórmula:

La Tasa Sustraendo de la Tarifa No. 2 del Impuesto Sobre la Renta, que es la aplicable a las ganancias provenientes de la prestación de Asistencia Técnica tiene un monto tope, aplicable a aquellas empresas con ganancias de 2 millones de bolívares o más, de 1.661.000. Si estamos calculando el pago mensual, correspondiente, por ejemplo, a una producción de 500 mil barriles diarios y una refinación de 200 mil, la mencionada fracción segunda se traduciría en lo siguiente:

                     1.661.000
----------------------------------------------
  4,30x30(500.000 + 200.000) (1 - 0,5)

resolviendo el denominador:


                    1.661.000
--------------------------------------
       129,0 (700.000) (0,5)

                     1.661.000
--------------------------------------
                   45.150.000

se obtiene el siguiente resultado, que confirma nuestra apreciación sobre su carácter poco significativo:

                                                      0,03679

En consecuencia, para todo fin práctico, la inicialmente complicada fórmula queda reducida a

                A
PT = -------------
            (1 - T)

Cuyo resultado siempre es el mismo, en tanto no se acuerde un nuevo monto básico "A" y, sobre todo, en tanto no se modifique "T", la Tasa del Impuesto Sobre la Renta aplicable a este tipo de enriquecimientos. Es decir, que el pago por barril establecido en los contratos está asegurado contra cualquier decisión posterior del Estado venezolano de modificar el régimen impositivo. Veamos como funciona este simple mecanismo:

En las condiciones vigentes a la fecha de suscripción de los primeros contratos, y puesto que "A", el "rendimiento económico por barril", había sido fijado, como ya dijimos, en 15 centavos de dólar,

               0,15
PT = --------------------  -  0,03679
             (1 - 0,5)

sea:

PT = 0,26321 dólares por barril

Pero si, por una decisión posterior de los poderes soberanos de el Estado venezolano, la tasa del ISR aplicable es aumentada a, digamos un 75 por ciento, el Pago Total por barril se calcularía así:

                     0,15
PT = -------------------   -   0,07358
                 (1 - 0,75)

PT = 0,52642 Dólares por barril

Es decir, que un aumento de un 50% en la carga impositiva sería compensado con una duplicación del pago unitario de la Asistencia Técnica.

El efecto final de esta compensación se puede observar al calcular, sobre la base de los montos de producción y refinación que hemos escogido, el pago anual neto, después de descontado el Impuesto Sobre la Renta, en ambas opciones. Veamos. Aplicando la fórmula, ya referida, para el cálculo de los montos globales:

PM = PT (BP + BR) ND - PC

Tenemos, para el primer caso, con una Tasa del ISR del 50 por ciento:

PM = 0,26321 (500.000 + 200.000) 365 - 0

PM = 67.250.155 DÓLARES

Aplicada la tasa de 50% del ISR, el monto neto pagado por asistencia técnica quedaría en

33.625.077,5 dólares

Veamos ahora el segundo caso, con una tasa del ISR del 75 por ciento:

PM = 0.52642 (500.000 + 200.000) 365 - 0

PM = 134.500.310 DÓLARES

al ser aplicada la tasa de 75%, el pago neto quedaría en

33.625.080,50 dólares

Es decir, el resultado de un aumento del 50 por ciento en la tasa impositiva es, para el caso considerado, un incremento de 2,5 dólares en el beneficio neto de las compañías pechadas.

Por esta circunstancia, después de hacer un cálculo con una modificación de la tasa del ISR de 50 a 55 por ciento, la Oficina de Control Externo de Petróleos de Venezuela, de la Contraloría General de la República, dictamina que

"La fórmula protege a las transnacionales de probables castigos impositivos futuros, pues a medida que éstos crecen, también crece la base PT de la fórmula final para los pagos mensuales." 194

La cláusula de pagos que venimos analizando establece además que, al acordar mutuamente un nuevo nivel del "rendimiento económico final por barril", a la mitad de los cuatro años de vigencia del contrato, dicho nivel "no podrá resultar en una reducción a una cantidad menor que el noventa por ciento" de la establecida para los primeros dos años. 195

Creemos que cualquier calificativo sería leve para caracterizar la gravedad del atentado contra la soberanía nacional consagrado en estos contratos. Sólo en las crónicas de imposiciones de los ejércitos coloniales y de ocupación encontramos cláusulas que se les puedan parangonar.

Pero en cuanto a pagos, lo señalado no es todo, agregando la ofensa al agravio, estos contratos establecen la indexación de dichos pagos para ajustarlos según el crecimiento de la inflación. De tal manera, en los años sucesivos de vigencia

194 Contraloría General de la República, Informe al Congreso 1978. "Actuación cumplida por la Oficina de Control Externo de Petróleos de Venezuela", Págs. 332-350

195 Contrato Exxon-Lagovén, Artículo 12, parágrafo 12.03.
de los contratos, los ingresos de las transnacionales mantendrían una capacidad adquisitiva constante. El Anexo "F" del Contrato Exxon-Lagoven es suficientemente explícito. Transcribiremos su parágrafo F.1 sin más comentarios:

"El rendimiento económico final por barril (A) establecido en el parágrafo 12.02 será aumentado o disminuido al comienzo de cada año calendario después del año de 1976 (y, después de ajustados conforme al parágrafo 12.03, en 1978 y 1979) hasta el último año de vigencia de este Contrato, inclusive, de acuerdo con el nivel del Índice de Precios Importados que forma parte del Índice General de Precios al Por Mayor para Venezuela, en lo adelante llamado IPI, correspondiente al mes de Diciembre del año precedente, relativo al nivel del IPI correspondiente a Diciembre de 1975 y de conformidad con la fórmula siguiente:


(A) para el año N = Factor Ajuste x (A) del año anterior:

                    IPI de Diciembre 1976
(A)1977 = ------------------------------- x (A)1976
                    IPI de Diciembre 1975



                    IPI de Diciembre 1977
(A)1978 = ------------------------------- x (A)1977
                    IPI de Diciembre 1975


                    IPI de Diciembre 1978
(A)1979 = ------------------------------- x (A)1978
                    IPI de Diciembre 1975

196

Como complemento, el parágrafo F.4 del anexo que estamos comentando establece lo siguiente:

“Si por cualquier razón durante la vigencia de este Contrato, la tasa oficial de cambio del Bolívar venezolano con respecto al Dólar de los Estados Unidos de América varía de Bs. 4,30/US$, el IPI del mes de Diciembre de cualquier año después de 1975 será aumentado o disminuido para eliminar el efecto que en el IPI tenga tal variación de la tasa oficial de cambio del Bolívar venezolano con respecto al Dólar americano, antes de ajustar los (A) como se establece en el parágrafo F.1 anterior.” 197

196 Contrato Exxon-Lagovén, Anexo "F"

197 Loc. Cit.
En fin de cuentas, el mecanismo anti-impositivo consagrado en la fórmula del Pago Total, la indexación y la cláusula de intangibilidad de la Tasa de Cambio garantizan la estabilidad durante cuatro años, por lo menos, del pago básico por barril producido y barril refinado.

De modo que las transnacionales ni siquiera corren con las consecuencias del proceso inflacionario que sus países de origen generan y nos imponen. Por si fuera poco, también los contratos obligan a Venezuela a compensar a las transnacionales por cualquier aumento del impuesto sobre la renta que les pueda gravar en nuestro país, así como por cualquier modificación del tipo de cambio de nuestra moneda. A tal efecto, no tenemos, con respecto a las transnacionales, ni soberanía monetaria ni fiscal. 198

Si a todo lo anterior agregamos el ya demostrado carácter innecesario de los convenios, no podemos menos que concluir que estamos en presencia del tantas veces mencionado lucro cesante, del peaje exigido por las transnacionales como compensación por su avenimiento a la nacionalización. De hecho, así es reconocido por algunos analistas, los cuales llegan incluso a considerar que ello es un mérito de la nacionalización:

"Otro mérito singular es no haber producido tensiones a nivel internacional; por el contrario, la manera de concretar las negociaciones con las concesionarias y el reconocimiento del lucro cesante que las compañías reciben a través de los contratos de tecnología y comercialización firmados en 1975, proscriben cualquier enfrentamiento con agentes económicos o políticos extranjeros.” 199

En efecto, y como refiriéramos antes, la tecnología realmente necesaria que las transnacionales eventualmente suministrarían, no están cubiertas por estos pagos, sino que serán objeto de negociaciones especiales (Parágrafos 2.05 y 3.05 del Contrato Exxon-Lagoven).

Pero es que incluso los gastos operacionales de las empresas contratistas, así como los sueldos y prestaciones de los asesores que, por virtud de estos contratos, sean enviados a penetrar los intersticios de las operadoras, deberán ser pagados de manera adicional por dichas operadoras. Así queda

198 Maza Zavala, Parra, Mieres y Mendoza, Op. Cit., pág. 10

199 Asociación PRO-VENEZUELA, Op. Cit., pág. 6.

establecido por el Artículo 10 del Contrato que hemos tomado como modelo, que reza, en su parágrafo 10.02:

“El personal suministrado y puesto a disposición de LAGOVEN de acuerdo con el parágrafo 10.01 de este Convenio, estará integrado por empleados de ESC o de sus afiliadas y LAGOVEN reembolsará a ESC todos los sueldos, planes y beneficios laborales procedentes de acuerdo con las normas y política de Personal de ESC aplicables a tal personal en Venezuela. Además de los gastos de personal arriba señalados, LAGOVEN también reembolsará directamente a ESC los gastos y costos operacionales incurridos en Venezuela por Exxon Services Venezuela, INC a objeto de cumplir con el presente Convenio, incluyendo los sueldos, planes y beneficios laborales correspondientes al personal de Exxon Services Venezuela, Inc. no suministrado Lagoven, pero requerido, a juicio de Exxon Services Venezuela, INC. para cumplir con este Convenio.” - Subrayado nuestro CMP. 200

Colocados ante este panorama, los firmantes del documento de Mayo de 1977 ya referido nos preguntábamos:

"¿Para que sirven entonces estos convenios? Las respuestas, hoy como ayer, siguen siendo las mismas:

Sirven para justificar ante el país el pago de una indemnización mucho mayor a la reconocida oficialmente, bajo la forma de pagos por asistencia técnica. Sirven para proporcionar a las empresas petroleras transnacionales un mecanismo que les garantice, después de la nacionalización, el control y la dirección de la industria petrolera venezolana, de acuerdo a sus intereses y estrategias." 201

Todo el cúmulo de ventajas y garantías para las transnacionales consagradas en los contratos obligan a concluir que se trata de contratos leoninos. Este es el tipo de contratos que los especialistas en la materia denominan como "de adscripción", en donde una de las partes impone a la otra la totalidad de las cláusulas.

Un dato sintomático es la circunstancia de que se firmaron 14 contratos con términos similares y ligeras variaciones entre sí, los cuales, Más que convenios de asistencia recuerdan capitulaciones de rendición incondicional. Eduardo Acosta Hermoso, en su trabajo ya citado, da cuenta de esta peculiar situación:


200 Loc. Cit

201 Remitido del 22 de mayo. Loc. Cit


"Los contratos o convenios que se negociaron vienen marcados en sus pautas principales por el binomio Exxon-Shell. Todos los demás no fueron sino copia al carbón del contrato maestro ideado por la competencia en los nombres de Shell y de Exxon. Por eso, con analizar los casos Shell-Exxon vs. Petroven ya se ha llegado al Análisis fundamental." 202

Evidentemente que, para transigir con esa adscripción, los "negociadores" venezolanos tuvieron que dejar de lado todas las limitaciones que al respecto establecen la Constitución y las leyes de la República y de allí el Carácter ilegal e inconstitucional que revisten estos contratos, el cual fuera señalado en su oportunidad por el documento-denuncia de mayo del 77 que nos sirve de guía de la exposición:

"Se desconoce la disposición jurídica ya tradicional en Venezuela -convertida en precepto constitucional- mediante la cual se mantienen bajo la jurisdicción de los tribunales venezolanos las controversias que puedan originar los contratos de interés público. Esta trasgresión aparece expresada en el Convenio suscrito por Petróleos de Venezuela a nombre de Llanoven, con la empresa Mobil de Desarrollo, C. A. (MODECA), en su artículo 18:

"Cualquier disputa o diferencias que surja de este convenio y que no pueda resolverse amigablemente por Llanoven y MODECA será dirimida, a voluntad de una de las partes participada por escrito dirigido a la otra parte, mediante arbitraje en la ciudad de París, Francia, de conformidad con las reglas de conciliación y arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, por tres (3) Árbitros nombrados conforme a dichas reglas. Se podrá ejecutar el laudo en cualquier tribunal que tenga jurisdicción." (cláusula 18.1) Subrayado Nuestro -CMP-203

Una cláusula similar, la numero 14, encontramos en el contrato suscrito por Maraven con la Shell Caribbean Trading Limited en el mismo año de 1975 para la compraventa de crudos.204

202 Acosta Hermoso, Op. Cit., pág. 4

203 Citado en el Remitido del 22 de mayo.

204 Contrato Shell-Caribbean Trading-Maraven, Loc. Cit

Como señalábamos entonces, este tipo de acuerdos sobre disputas violan el Artículo 127 de la Constitución Nacional que expresamente otorga jurisdicción a los Tribunales de la República para el conocimiento de cualquier materia relacionada con contratos de interés público.

Pero, constatamos ahora, no se trata simplemente de cláusulas aisladas, sino de que los contratos en sí mismos son inconstitucionales, pues evidentemente eran contratos del más alto interés público nacional, que fueron suscritos, en abierta violación del Artículo 126 de la Constitución Nacional, sin la aprobación del Congreso.

En octubre de 1977, en la ya referida comunicación dirigida al Presidente de la República, por los profesores Maza Zavala, Mieres, Parra Luzardo y quien esto escribe, señalábamos:

"El Congreso no tenía ni tiene conocimiento oficial a estas alturas, de las negociaciones sobre asistencia técnica y comercialización del petróleo, cuyo interés público es evidente y trascendente; y, tampoco son del todo bien conocidas por el ciudadano Presidente de la República.” 205

6.- La última constatación que se hacía en el documento de mayo del 77 estaba referida a la verdadera duración de los convenios. No tenemos que apelar, en 1984, y después de haber constatado que dicho convenios se mantuvieron vigentes durante cuatro años antes de ser renegociados, a demasiados refinamientos en la argumentación para demostrar que los contratos no durarían sólo dos años, como proclamaban los voceros oficiales de entonces en una suerte de justificación ante la innegable inconveniencia de los mismos para el Estado venezolano.

Durante esos cuatro años, la sangría neta por concepto de asistencia técnica, resultado de la aplicación de las cláusulas de pagos descritas, fue de 3.350 millones de bolívares, según cifras oficiales. 206 Esta sola cantidad, que no incluye, como veremos posteriormente, otros pagos hechos por el mismo concepto pero al margen de los contratos, es de una magnitud comparable a la de la indemnización que les fue reconocida a las ex-concesionarias por la nacionalización de sus activos y representa en verdad, la duplicación de esa indemnización.


205 Op. Cit., pág. 4.

206 Banco Central de Venezuela, Informe Económico 1980. Ministerio de Energía y Minas, Petróleo y Otros Datos Estadísticos 1980.


Por virtud de estos contratos, durante esos cuatro años se impuso en la nueva industria petrolera venezolana una racionalidad transnacional: La CVP, con sus quince años de experiencia en el manejo nacional de los hidrocarburos, fue borrada del mapa y "reorganizada", junto con las trece ex-filiales corporativas, de acuerdo con los intereses de las cuatro principales compañías extranjeras que venían operado en Venezuela hasta 1975. De esa reorganización surgieron cuatro operadoras que correspondían plenamente al mantenimiento vía contratos de un vínculo muy especial: Lagoven-Exxon, Maraven-Shell, Corpoven-Mobil, Meneven-Gulf.

A partir de entonces, toda la planificación de la industria es "a cuatro": En vez de realizar un programa de cambio generalizado del patrón de refinación, como recomendaban consultores privados norteamericanos y como aconseja la simple lógica de homogeneización de una actividad que ahora debe responder a un sólo propietario, se planificó la realización de cuatro cambios de patrón, con tecnologías no compatibles y sin un nivel adecuado de coordinación entre los mismos. La exploración costa-afuera -la exploración en general-, emprendida solitariamente durante 15 años por la fenecida CVP, también fue repartida sin ninguna justificación vinculada al interés público nacional. El gran proyecto de investigación y desarrollo que debía ser la Faja Petrolífera del Orinoco fue convertida en cuatro frentes de operación para producir a mediano plazo bajo la supervisión, planificación, asistencia técnica, suministro de tecnología y control de gestión de las cuatro transnacionales mencionadas y asociadas suyas en otros campos.

Basten por ahora estos ejemplos de cómo actúa el nuevo esquema generador de dependencia en nuestra industria petrolera. Volveremos sobre ellos más adelante. Antes debemos exponer el papel que desempeñan en esta dinámica los contratos de comercialización suscritos simultáneamente con los de tecnología.
XII-b. Comercialización, Segundo Pilar del Paquete Desnacionalizador.

Mencionados siempre en segundo término, no por ello son menos importantes los convenios de compra-venta de petróleo crudo y productos, mejor conocidos como Contratos de Comercialización. Constituyen, junto con los de asistencia técnica y como los dos elementos de una tijera, un solo mecanismo depredador. Así lo señalábamos en la ponencia "Incidencia de los Contratos..." antes citada:

“Los convenios de "asistencia técnica" y de comercialización son complementarios.

Si, por una parte, aquéllos propenden a perpetuar la dependencia tecnológica de la industria petrolera venezolana, éstos tienden a mantener la dependencia comercial respecto de los monopolios transnacionales, y entre ambos comportan una enorme sangría de excedente económico generado en Venezuela a favor de esos monopolios. Además, unos y otros se refuerzan recíprocamente en sus efectos globalmente antinacionalizadores y antinacionales.” 207

Para quienes conocen la historia del surgimiento y desarrollo del Cartel Petrolero Internacional no es extraña la circunstancia de que, después de la nacionalización venezolana, sus miembros actuantes en el país mantuvieran en sus manos el control de la comercialización internacional. La manipulación y control de esa fase del negocio fue siempre condición básica de desarrollo del Cartel y cláusula intransigible en cualquier arreglo al que éste se aviniera. Como estamos viendo, la nacionalización no fue sino uno más de estos arreglos. Revisaremos a continuación aquéllas de sus características plasmadas en los convenios de comercialización.

1.- Una significación evidente de estos convenios es la de que, con ellos, las transnacionales se garantizan el control de más del 80 por ciento de la producción petrolera venezolana:

“...los contratos de comercialización comprometen aproximadamente 1.700.000 barriles diarios, lo que representa

207 Maza Zavala, Parra, Mieres y Mendoza. Op. Cit., Págs. 6 y 7.

el 77% de la producción total y el 88% de la producción exportable.” 208

Esa garantía se extiende por cuatro años, en virtud de una peculiar Cláusula de duración, según la cual el contrato dura dos años, prorrogables por dos años adicionales "a solicitud de cualquiera de las partes". 209

2.- Las prerrogativas obtenidas por las transnacionales en este sentido quedan plasmadas, entre otras, en la Cláusula que establece las "tolerancias" respecto a los volúmenes de crudo y productos contratados, tolerancias que no son sino una manera embozada de otorgar plena libertad al comprador para bajar y subir las cantidades compradas según su interés y voluntad, como veremos en lo que sigue. 210

Según los términos de esta Cláusula y en relación a todos los tipos de crudos, incluido el Reconstituido…

“…el Comprador tendrá la opción, en cualquier año calendario, de variar los volúmenes a ser comprados y vendidos bajo este Contrato, hacia arriba o hacia abajo, en una cantidad a ser determinada por el Comprador, que no sea mayor del 10% de los volúmenes a ser comprados y vendidos bajo este Contrato.” 211

En su segundo aparte la cláusula establece que esa opción será del 15% para los volúmenes de GLP comprados y, en el tercero, haciendo gala de la manera sibilina y críptica como están redactados todos estos contratos, duplican la "tolerancia" del 10 por ciento transcrita arriba, al disponer que las variaciones de los volúmenes comprados, trimestralmente, no podrán ser de "más de un 20%." 212

Como lo señalan todos los análisis consultados, esta Cláusula equivale a dejar en manos de las transnacionales la potestad de fijar los volúmenes de producción del país. En particular, el aparte c) referido permite al comprador manipular oscilaciones trimestrales de hasta un 40% en los volúmenes contratados. 213

Posteriormente fuimos testigos de cómo operaba esta cláusula: En los meses finales de 1979 y en vísperas de una elevación de los precios, las operadoras venezolanas estuvieron produciendo a plena capacidad. En el caso de Lagoven, según se conoció de manera extraoficial, se estaba produciendo a

208 Proceso Político, Op. Cit., pág. 155

209 Contrato Shell Caribbean-Maraven, Cláusula No. 2: DURACION

210 Ibíd. . Cláusula No. 5. TOLERANCIAS

211 Ibíd. . Loc. Cit

212 Ibíd. . Loc. Cit

213 Proceso Político, Op. Cit., Págs. 186-187.

104% de la capacidad potencial. Ya en 1980, y luego del incremento de los precios decidido por la OPEP, los niveles productivos de nuestras operadoras llegaron a ubicarse entre 60 y 70 por ciento de la capacidad potencial. Subrayamos el 'nuestras' porque una conducta productiva como la descrita sólo es explicable por la imposición del interés del comprador transnacional a través de la cláusula de tolerancia.

3.- Sin embargo, es en la Cláusula referida a los precios, como es obvio tratándose de convenios para la compra- venta de mercancías, donde se encuentra el meollo de los mismos. Allí, confirmando su carácter lesivo del interés nacional, se consagra un retroceso fundamental en la política petrolera venezolana: el abandono de la potestad del Estado para fijar unilateralmente los valores de exportación del petróleo de acuerdo con las decisiones de la OPEP, aceptando negociar dichos valores con el comprador.

“Los precios a ser pagados por el Comprador al Vendedor por el Petróleo serán justos y comerciales y, según lo que se estipula a continuación se establecerán por acuerdo mutuo de las partes y expresadas en listas apropiadas a ser anexadas a este contrato.”


“Dentro de 15 días de ocurrido tal cambio en el precio del petróleo crudo marcador de la OPEP, el Vendedor notificará al Comprador lo que él considera debería ser el precio de cada Petróleo Crudo Pesado. Dentro de 15 días de cualquier notificación, el Vendedor y el Comprador usarán sus mejores esfuerzos para lograr un acuerdo sobre dichos precios.” 214

A partir de esa concesión fundamental, los convenios de comercialización disponen una serie de mecanismos de negociación sesgados hacia el interés del comprador. Acuerdan una negociación trimestral de los precios en unos términos tales que, por ejemplo, llegan a prever la posibilidad de que los precios sean notificados por el Comprador al Vendedor, un retroceso a la época en que las concesionarias declaraban los precios "de realización" del petróleo extraído por ellas de Venezuela.

“…Si el Vendedor dejara de dar tal notificación a tiempo al Comprador y continuara en falta de hacerlo durante dos (2) días después de ser notificado por el Comprador de tal falta, el Comprador tendrá derecho de notificar al Vendedor por lo

214 Shell-Maraven, Cláusula 7, PRECIOS, apartes a) y b).

menos veinte (20) días antes de finalizar el trimestre calendario sobre sus propuestas para los precios a ser aplicados durante el siguiente trimestre.” 215

Si en esas negociaciones trimestrales el Comprador no estuviera de acuerdo con los precios propuestos -que no fijados- por el Vendedor, se dispone un período de terminación gradual ("phase-out period") de cuatro trimestres sucesivos, durante el cual el Comprador irá reduciendo la cantidad contratada originalmente en una cuarta parte cada trimestre. En ese período regirá un precio especial, distinto del exigido por el Comprador, que se calculará como un promedio entre el precio vigente en el trimestre precedente y el precio notificado. Sin embargo, si dentro de los nueve meses iniciales del período de terminación las partes llegan a un arreglo, las cantidades básicas contratadas originalmente serán restablecidas. 216

En otras palabras, los convenios otorgan al Comprador una facultad de regateo y presión, aceptando además, la vigencia durante 9 meses de precios inferiores a los fijados por el Ejecutivo nacional.

El resultado del otorgamiento de todo ese poder negociador a los compradores de nuestro petróleo tuvo su efecto inmediato en los precios de realización. Acosta Hermoso constata, al comparar los precios para 1975 y 1976 de los crudos objetos del contrato Shell-Maraven, Lagunillas, Tiajuana Pesado, Bachaquero, Lagomar y los reconstituidos, que para el segundo de esos años, primero de vigencia del contrato, se produjo un deterioro en dichos precios de 2,60, 2,70, 2,68, 3,08 y 1,90 dólares por barril, respectivamente.

"Todos estos guarismos comprueban que Petroven negoció el petróleo con Shell (y así con Exxon y el resto de transnacionales) a un precio inferior al oficial…" 217

Según los cálculos que hace el Dr. Acosta Hermoso, la diferencia entre los precios oficialmente establecidos y los contratados por Maraven con Shell significaron para 1976 una pérdida de 472,9 Millones de dólares, 2.033,5 millones de bolívares.

4.- La Cláusula No. 8 del Contrato Shell-Maraven, referente a la forma de pagos de los embarques es escueta pero sustanciosa. A pesar de que en los usos normales de la industria petrolera internacional, los plazos de pago no exceden los treinta días, en esta Cláusula se acuerdan plazos

215 Ibíd. . Aparte d)

216 Ibíd., Aparte e).

217 Acosta Hermoso, Op. Cit., Págs. 37-39

de 45 días a partir de la finalización del mes del embarque para el GLP y los crudos pesados y de 60 días del fin del mes del embarque para todos los otros tipos de petróleo. 218

No se necesita ser experto en finanzas para darse cuenta que estos plazos exagerados constituyen un financiamiento del vendedor para el comprador y tipifican un descuento sustancial, si consideramos las tasas de interés en vigencia entonces y ahora.

5.- Ya hicimos referencia, cuando tratábamos de los Contratos de Asistencia Técnica, a la cláusula que coloca las disputas surgidas entre las partes contratantes bajo jurisdicción de Árbitros y reglas de conciliación internacional, así como al carácter inconstitucional de la misma. 219 No añadiremos nuevos comentarios.

6.- Concluido el articulado del cuerpo principal del contrato Shell-Maraven aparecen, en la versión que logró conocerse, una serie de añadidos que vienen a convertir el Contrato en un sistema modular, que no se sabe cuándo termina realmente y si existen otros añadidos, más secretos y más dañinos que los conocidos. Así, nos encontramos con un Anexo No 1, Anexo A, y Cartas Convenios Adicionales del 1 al 4. Es posible suponer que si se inician dos tipos de anexos, ordenados respectivamente con dígitos y letras, deban existir, cuando menos, los anexos 2 y B. Mucho más si consideramos la vocación de negociadores trascorrales de los responsables de la política petrolera venezolana y el aprovechamiento leonino que de ello han hecho las transnacionales.

El anexo No. 1 discrimina, más allá de lo hecho en la cláusula 7 del cuerpo del Contrato, los precios de los diferentes tipos de crudo negociados y las condiciones de entrega de los mismos. Se ratifica y precisa el ya anotado deterioro de los precios oficiales. En el anexo "A" da cuenta de las características específicas de cada uno de esos crudos. 220

No obstante, es en las Cartas Convenios Adicionales donde salta la liebre de nuevas concesiones y nuevas condiciones leoninas:

En la No. 1 simplemente se deja constancia de los términos y condiciones en que la Shell Caribbean utilizará los Títulos de la Deuda Pública Venezolana para cancelar parcialmente los

218 Contrato Shell-Maraven, Cláusula No. 8, PAGO

219 Ibíd., Cláusula No. 14, DISPUTAS

220 Ibíd. . Loc. Cit
volúmenes de crudo y productos comprados bajo los términos del contrato en referencia.221

Pero en la No. 2 Petróleos de Venezuela "reconoce" que la capacidad de la Shell Caribbean para comprar y colocar grandes cantidades de petróleo depende de "la aptitud" de Petróleos de Venezuela para mantener una posición competitiva. En virtud de ello…

“…"La Vendedora" y "La Compradora" convienen en que si, en cualquier momento durante la vigencia de "El Convenio", "La Vendedora" y/o sus compañías afiliadas vendieren a terceros volúmenes iguales o inferiores de grados o tipos similares de crudos o productos refinados venezolanos, a no ser que se trate de volúmenes de cargamentos adicionales (spot cargo lots), en los mismos mercados específicos en los cuales "La Compradora" normalmente coloca el petróleo venezolano, bajo términos y condiciones, exceptuando precios correspondientes a procesos de terminación gradual, para cualquier grado y tipo que sean más favorables que los aplicables, en ese entonces a "La Compradora", entonces "La Compradora" puede solicitar de "La Vendedora" reunirse de inmediato para considerar posibles revisiones a los volúmenes y/o precios.” 222

En otras palabras, Petróleos de Venezuela hipoteca su capacidad de incursionar en aquellos mercados donde la Shell lleve petróleo venezolano, de lo contrario, tiene que otorgar a la Shell un tratamiento parecido a una figura del comercio internacional: "Condición de País Más Favorecido".

Como es obvio, éste es otro mecanismo que refuerza el control transnacional sobre la producción petrolera y tiende a la perpetuación de esos vínculos al obstruir el desarrollo de una capacidad negociadora independiente.

La No. 3 es la Carta Convenio Adicional más importante y de más graves implicaciones. Lo primero que hay que observar es que en ella se ratifica el carácter modular de este tipo de contratos, ya señalado por nosotros antes. En efecto, comienza declarando que "A pesar de cualquiera disposición contraria contenida en el Contrato...". Es decir, que pese a todo lo antinacional que es el Contrato en sí mismo, no pasa de ser una fachada para negociaciones más oscuras aún. Lo que se acuerda a continuación de las líneas transcritas arriba es un ejemplo de ello:

221 Ibíd. . Loc. Cit

222 Ibíd. . Loc. Cit
“… Los precios aplicables para las ventas exportadas a Shell Curazao N. V. durante el primer trimestre de 1976 serán el resultado de aplicar un descuento sobre el volumen total de crudos pesados adicionales sobre la base ofrecida…” 223

Como lo señala el Dr. Acosta Hermoso 224, se trata de que, para poder colocar volúmenes adicionales a los acordados en el cuerpo del Contrato, Petróleos de Venezuela concede un descuento adicional sobre todas las ventas. Ese descuento, calculado por la fórmula inserta en la Carta Convenio, fue de 0,49 dólares por barril. Un descuento de la misma especie, pero de proporciones mayores, 0,60 dólares por barril, otorgó Lagoven a Exxon en la adquisición por esta última de crudos destinados a su refinería de Aruba. Las referencias a este contrato no pueden ser documentadas porque su texto se mantiene como secreto bien guardado, pero es del dominio común en las esferas petroleras el monto del descuento concedido.

Los descuentos estipulados en los contratos de comercialización resultan en un descomunal trasiego de excedentes a las transnacionales cuyo monto no queda registrado, ni siquiera de manera aproximada, como el de los contratos de asistencia técnica.

Considérese, por ejemplo, que el "rendimiento económico final" de la Asistencia Técnica, tasado en 15 centavos de dólar por barril producido y refinado, significó para las transnacionales ingresos del orden de los 7 mil millones de bolívares, 3.350 millones después de cancelar un Impuesto Sobre la Renta de 50 por ciento, en los cuatro años de vigencia de los primeros contratos. En este mismo período ¿Cual fue el orden de los beneficios producidos por los descuentos sin contrapartida impositiva de 49 y 60 centavos de dólar por barril acordados en los convenios de compraventa de crudos? Cabría pensar en un factor que multiplique 8 ó 10 veces lo percibido por las transnacionales por concepto de Asistencia Técnica. Aún así nos quedaríamos cortos y es lo que constatábamos en el ya citado trabajo conjunto con los profesores Maza Zavala, Mieres y Parra Luzardo, al estimar en tres dólares por barril el sacrificio fiscal en beneficio de las transnacionales implícito en los contratos, porque a los descuentos hay que añadir una serie de ajustes "tan desmesurados que el crudo Tía Juana mediano resulta más barato FOB que el 'Arabian Heavy'." 225

223 Ibíd. . Loc. Cit.

224 Acosta Hermoso, Op. Cit., Págs. 43-44.

225 Maza Zavala, Parra, Mieres y Mendoza, Op. Cit., pág. 14.

XIII.- Los Contratos Renegociados:

Renovación de la Fórmula Dependiente

Ni la denuncia del 22 de mayo del 77, ni la confirmación de la misma por la Contraloría General de la República en su informe de 1978 hicieron mella en los gestores de la política petrolera venezolana. Tampoco se hizo caso al Colegio de Ingenieros y a los técnicos que, como Eduardo Acosta Hermoso exigían modificaciones substanciales del esquema pactado.

Prevaleció la decisión política de mantener el proceso de "transición sin traumas" con el que estaban comprometidos los partidos del status. Por su parte, las denuncias de los partidos de izquierda nunca tuvieron la fuerza que da la convicción; siempre fueron eventos esporádicos, movidos por la coyuntura de alguna revelación impactante, con gancho publicitario, en los que no se comprometía todo el activo de esos partidos y, por el contrario, aparecían como fruto de la opinión personal de algunos de sus técnicos y dirigentes. Pesaba mucho el temor a hacer denuncias demasiado radicales, que pudieran interpretarse como poco serias, típicas de las visiones apocalípticas que habían caracterizado durante años al mensaje izquierdista.

Al menos ése es el caso, del cual podemos dar fe por experiencia propia, del Movimiento al Socialismo. Aunque de todas maneras la entente AD-Copei hubiera frustrado, en nombre de la sensatez y el pragmatismo, cualquier posición más decidida, otra muy distinta hubiera sido la percepción de la opinión pública y se hubieran dificultado los posteriores negociados que se hicieron en la materia.

En fin, impermeables a toda crítica, los contratos de asistencia técnica y comercialización cumplieron sin ninguna alteración el lapso, vergonzantemente negado, pero previsto, de cuatro años. Sólo entonces se negociaron nuevos términos.

Ya para entonces los contratos iniciales habían cumplido su cometido como mecanismo para el pago disimulado del lucro cesante y, por sobre todo, se habían instaurado como nueva forma de existencia, como nueva manera de justificar la presencia del capital transnacional en el negocio petrolero venezolano, en la determinación del destino de sus proventos, trazando las líneas maestras de su gestión y planificación.

El grado de afianzamiento de la nueva fórmula reguladora de las relaciones del Estado venezolano con el capital petrolero transnacional es tal, que las negociaciones de "los nuevos contratos" constituyeron un episodio más de la ya larga secuencia de entreguismos trascorrales que hemos venido relatando.

Al firmarse los nuevos contratos, se tuvo el cuidado de no hacerlos tan vulnerables a la crítica como lo fueron sus primeras ediciones. Se eliminaron las cláusulas más cuestionadas, como el pago unitario por barril producido y barril refinado, la confidencialidad y la jurisdicción de tribunales extranjeros para dirimir las disputas. Pagado, como ya dijimos, el lucro cesante, era conveniente despojarlos de su carácter odioso y compulsivo. La tarea principal de los nuevos contratos es la de convertirse en modelos idóneos, incuestionables, para garantizar la presencia transnacional en los sectores claves y, sobre todo, en los nuevos desarrollos.

Sin embargo, esa presencia no será, desde luego, a título gracioso. Así lo confirman algunos descubrimientos posteriores en torno a la secreta renegociación. Descubrimientos que serían escandalosos en cualquier país del mundo, menos en éste, curado de espanto mil millonario por la cotidianidad de los asaltos al patrimonio público.

En su tesis para optar al título de Magíster Scientiarum, Soledad Serrano Zerpa nos da las primeras pistas, al hacer un recuento de las modificaciones sufridas por el sistema de tasas impositivas aplicables a los enriquecimientos netos provenientes de las actividades de Asistencia Técnica. Modificaciones que se producen a veces de la noche a la mañana, como en el caso de la reimpresión de la Gaceta Oficial del día anterior, en una clara muestra del estilo de las negociaciones en curso. Veamos:

"a) El enriquecimiento neto de las empresas que prestan Asistencia Técnica y Servicio Tecnológico a la Industria Petrolera Nacionalizada desde el momento en que fueron contratadas (1-1-76), estaban gravadas, a los efectos del Impuesto Sobre la Renta, por la Tarifa B, contemplada en el Artículo No. 62 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

b) Según Decreto No. 476 del 31 de diciembre de 1979, fue modificada parcialmente la base del cálculo del Impuesto sobre la Renta que pecha a este tipo de Empresas (Gaceta Oficial No. 2.531, Extraordinaria, del 31-12-79)

c) Posteriormente se deroga el anterior Decreto, estableciéndose una exoneración total del Impuesto a los enriquecimientos de las empresas que prestan el apoyo tecnológico, según Decreto No. 479 publicado en la Gaceta Oficial No. 31.899 del 9 de Enero de 1980.

d) Se reimprime la Gaceta Oficial No. 31.899, de fecha 9 de enero de 1980, en la cual se elimina el Decreto No. 479, quedando en vigencia lo dispuesto en el citado Decreto No. 476 del 31-12-79." 226

Obsérvese que las incidencias b), c) y d) ocurrieron en los 10 días que van del 31 de diciembre de 1979 al 9 de enero de 1980.

El resultado final, si bien no fue la exoneración total, significó una rebaja sustancial de la Tasa del Impuesto Sobre la Renta aplicable a esos enriquecimientos. En efecto, hasta el 31 de Diciembre de 1979 la Tasa correspondiente de la Tarifa B de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (Artículo 62), aplicable a enriquecimientos que excedan los 20 millones de bolívares, como es el caso de todas estas empresas, era de 50%. Según el esquema vigente a partir de enero de 1980, se seguía aplicando la misma Tarifa B, pero ahora, los mismos enriquecimientos se consideraban ingresos brutos y se clasificaban previamente como provenientes de la prestación de "servicios tecnológicos" por una parte y "asistencia técnica" por la otra, para luego determinar la renta neta gravable. El Artículo 1o. del Decreto 476 antes citado es explícito al respecto:

“Los enriquecimientos netos de los contribuyentes que desde el exterior suministren asistencia técnica o servicios tecnológicos a personas o comunidades que en función productora de renta los utilicen en el país o los cedan a terceros, estarán constituidas por las cantidades representativas del treinta por ciento (30%) de los ingresos brutos que obtengan por el suministro de asistencia técnica y del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos brutos que obtengan por el suministro de servicios tecnológicos." 227

Por ejemplo, una empresa que obtuviera ingresos por ese concepto de 100 millones de bolívares, tenía que pagar hasta 1979 el 50% de esa suma como Impuesto Sobre la Renta. A partir de 1980 y suponiendo que esa suma proviniera por partes iguales de la "Asistencia Técnica" y de los "Servicios Tecnológicos" paga de la siguiente manera:

226 Serrano Z., Soledad, Participación Extranjera y Nacional en la Industria Petrolera Venezolana. Pág. 89., Caracas, Dic. 1981., Inédito.

227 Gaceta Oficial No. 2.531, Extraordinaria, del 31 de Diciembre de 1979, pág. 1.

50% del 30% de 50 millones de bolívares por concepto de Asistencia Técnica: 7,5 millones de bolívares.

50% del 50% de 50 millones de bolívares por concepto de Servicios Tecnológicos: 12,5 millones de bolívares.

En total 20 millones de bolívares. 30 millones menos que en el período anterior. Obviamente, tal nivel de desgravamen impositivo -sesenta por ciento- es la compensación otorgada a las compañías por las modificaciones introducidas en los Contratos para suavizar sus leoninas cláusulas.

Con todo, a partir de 1980 el monto neto de los pagos hechos por las operadoras por concepto de "apoyo tecnológico" comenzó a disminuir, como lo muestran las cifras oficiales:

COSTO OFICIAL DE LOS CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA . (Millones de Bolívares)

Apoyo Impuesto Costo Neto Años Tecnológico Sobre la Renta Asistencia Técnica

1976 1.413 572 841

1977 1.457 681 776

1978 1.384 632 752

1979 1.531 550 981

1980 562 142 420

1981 478 120 358

1982 277 65 212

Fuentes: PODE, 1982, BCV Anuario de Series Estadísticas 1981 PDVSA, Informe de Actividades 1982.

Cifras aportadas por PDVSA indican que el pago bruto por este concepto disminuyó para 1983 a 231 millones de bolívares. 228

El mantenimiento de esta tendencia manifiesta desde 1980 hacia la minimización del costo del apoyo tecnológico es, sin embargo, engañoso, pues se trata de una presentación trucada que intencionadamente deja de contabilizar una parte de lo pagado por asistencia técnica trasladando esa parte a otras clasificaciones del gasto.

El grueso de la anterior afirmación es tal que nos obliga a hacer una importante digresión. Es ya tan larga la lista de trapacerías antinacionales que hemos reseñado que puede dar pié a una justificada suspicacia sobre su veracidad. Por ello, nos vemos precisados a manifestar que no se trata, ni en esta oportunidad ni en las anteriores, de cegarnos ante la evidencia por una actitud de crítica sistemática, de caza de gazapos que justifiquen la visión negativa. Somos conscientes del peligro -pecado de lesa objetividad- que comporta una presentación maniquea. No nos recreamos en el descubrimiento de los manejos antinacionales que confirman nuestras hipótesis porque no asumimos esas hipótesis como un credo dogmático. Por el contrario, realmente lamentamos y nos

228 Exposición del Presidente de PDVSA Ante la Comisión Permanente de Energía y Minas del Senado, 9/5/84.

indignamos al constatar que las cifras transcritas anteriormente sólo constituyen un señuelo para distraer a la opinión nacional y ocultar la evolución real de los pagos por apoyo tecnológico.

El carácter fraudulento de las cifras oficiales sobre la magnitud de estos pagos es la descarnada evidencia que surge del análisis de las diferentes categorías de pagos externos de la industria petrolera nacional en la Balanza de Pagos de la Actividad Petrolera, 229 como veremos a continuación.

Revisando la evolución de los egresos en divisas de la industria petrolera a partir de 1976 podemos darnos cuenta de que el componente más importante de esos egresos, por encima de las importaciones, es un rubro denominado "Otros Servicios". Y, a poco indagar, descubrimos que esa es la nomenclatura utilizada por el Banco Central para clasificar pagos a extranjeros0s por los siguientes conceptos:

1.- Por contratos de Asistencia Tecnológica en las actividades de producción y refinación.

2.- Al personal de las empresas que prestan la Asistencia Tecnológica.

3.- Por Contratos especiales de Asistencia Técnica, distintos de los mencionados en el primer aparte.

4.- Por concepto de servicios técnicos, reparación y mantenimiento, comisiones, gastos bancarios o jurídicos en el exterior y otros servicios industriales o comerciales prestados por extranjeros.

En el aparte No. 1 quedan reflejados los montos reconocidos públicamente como pagados por "Apoyo Tecnológico", anotados en el cuadro anterior. Esos montos corresponden exclusivamente a lo que en los nuevos contratos se denomina el "estipendio básico", con exclusión de todos los otros pagos que se derivan de la ejecución de dichos contratos.

El aparte No. 2 sirve para registrar los pagos hechos por concepto de la asignación de "personal calificado" estipulada en los Contratos. En otras palabras, es el pago hecho al personal de las empresas que prestan el servicio de asistencia técnica y puesto a disposición de las operadoras. Si hay algún rubro que pueda tipificarse como remunerador de una cierta asistencia tecnológica, es precisamente éste, sin embargo, como veremos, no es contabilizado como tal en las presentaciones oficiales de ese tipo de costos.

229 BCV. Anuario de Series Estadísticas 1982, Cuadros II-2 y II-3, Págs. 31-32. Informe Económico 1979, Cuadros A-VI-3 y A-VI-4.

Por el punto 3 descubrimos que existen otros contratos de asistencia técnica, distintos de los que vienen siendo objeto de seguimiento por todos los analistas de esta problemática, pero que no por ello es lícito dejar de contabilizar a la hora de determinar el monto de los pagos hechos por este concepto para presentar la ficticia tendencia descendiente de dichos pagos que registran las cifras oficiales. En otras palabras, que el "apoyo tecnológico" pagado a Lummus y a Bechtel, a Phillips, British Petroleum o CFP-Total, a C.F. Braun o a William Brothers, es tan contabilizable en ese rubro como el pagado a Exxon, a Shell, Mobil y Gulf. Si se presentaran abiertamente todos esos pagos podríamos discriminar entonces cuánto de ese gasto es efectivamente imputable a operaciones normales de producción y refinación y cuánto a proyectos especiales. Sólo así se podría hacer una evaluación certera de la incidencia de estos pagos en el desmesurado incremento de los costos unitarios por barril producido registrado a partir de 1980.

En el punto 4 también están difuminados otros "servicios técnicos" y "comisiones" concurrentes en la remuneración de la asistencia técnica contratada, pero clasificados bajo distinta denominación, con el mismo propósito ya anotado de hacerlos desaparecer de la contabilidad de lo pagado por virtud de tales Contratos.

No disponemos de las cifras desagregadas que nos permitirían demostrar palmariamente esta manipulación y sólo podemos llegar a ella por inferencia, dado el alto nivel de secreto con el que se trata de estos asuntos.

Podría, desde luego, discutirse en torno a cómo clasificar los ítems "reparación y mantenimiento" y averiguar cuál es la naturaleza de los "gastos bancarios o jurídicos", pero nada de eso invalida la certeza de que en el rubro "Otros Servicios" de la Balanza de Pagos de la Actividad Petrolera se esconde el verdadero monto de los pagos hechos a extranjeros por los distintos conceptos inherentes a la Asistencia Técnica. Conceptos que han sido divididos, subdivididos y mezclados para ocultar su verdadero carácter. El margen de error implícito al asumir la identificación de esos "Otros Servicios" con la Asistencia Técnica viene dado, justamente, por los elementos de distorsión añadidos con fines de desinformación, no por nosotros, sino por los embellecedores de las estadísticas petroleras. De todas maneras ese margen de error es muy pequeño, y ello quedará demostrado en las precisiones que seguiremos haciendo en la continuación de nuestro análisis.

Tres de los apartes señalados corresponden plenamente a rubros de asistencia técnica y sólo los ítems del cuarto punto que ya discutimos como dudosos incorporan elementos no necesariamente imputables a tal actividad. En todo caso, queda demostrado sin lugar a dudas que las cifras oficiales han sido manipuladas para ocultar la incómoda verdad: Que la sangría tecnológica no sólo se mantiene en los mismos niveles previos a la renegociación de los contratos, sino que se ha incrementado.

La responsabilidad de precisar qué porcentaje del rubro "Otros Servicios" de la Balanza de Pagos de la Actividad Petrolera está "contaminado" con categorías del gasto en divisas no clasificables como apoyo tecnológico queda en manos de quienes hacen tal presentación. Por lo pronto, veamos sin más la evolución de lo que para nosotros es el indicador más certero de la magnitud de los pagos hechos por la industria petrolera venezolana bajo los conceptos de asistencia técnica, apoyo tecnológico o servicios técnicos:

BALANZA DE PAGOS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA . . (Millones de Dólares)

Años Egresos Totales Otros Servicios

1976 229 114

1977 480 176

1978 767 238

1979 1.373 618

1980 1.545 526

1981 1.637 736

1982 1.967 985

FUENTES: BCV, Informe Económico 1980, Anuario de Series Estadísticas 1981, 1982.

Según estas cifras, y al cambio de 4,30 bolívares por dólar, la industria canceló por tecnología 9.662 millones de bolívares en el trienio 80-82, el triple de lo reconocido como pagado en lo cuatro años de vigencia de los primeros y supuestamente más desventajosos contratos. Estimaciones preliminares no confirmadas indican que para 1983 el monto de estos "otros servicios" desbordó con creces la cota de los mil millones de dólares.

Surge una pregunta ¿Por arte de qué sortilegio es posible convertir mil millones de dólares en 231 millones de bolívaress? La respuesta hay que buscarla en la serie de manipulaciones contables y "reclasificaciones para fines comparativos" de que están plagadas las estadísticas petroleras venezolanas.

Uno de los primeros aspectos sospechosos de esas estadísticas lo constituye la simultaneidad de la baja aparente de los costos tecnológicos con la subida violenta de los costos de operación. Así lo hacíamos constar en un artículo escrito en mayo de 1983 (desconocíamos entonces el verdadero carácter del rubro "Otros Servicios"):

“…las aguas de la exacción tecnológica volvieron aparentemente a su cauce a partir de 1980. Pero la simultánea y violenta elevación de los costos de operación, de naturaleza no discriminada en las estadísticas disponibles, nos pone a dudar sobre esa regularización. Los previos intentos de la gerencia petrolera de justificar la necesidad de los contratos y minimizar el monto de sus pagos nos dan pie para exigir una aclaratoria de estos mecanismos. Mucho más si recordamos que durante la renegociación de esos contratos, en 1980, se produjeron una serie de manipulaciones, decretos y contradecretos y hasta reimpresiones de la Gaceta Oficial por "errores de copia" para establecer reducciones del impuesto sobre la renta que deben pagar estas compañías, cuya experiencia en transferencias ocultas es proverbial.” 230

Las cifras referidas en aquella oportunidad eran las siguientes:

230 Mendoza Pottellá, Carlos "La Otra Cara de la Luna Petrolera", en Punto Socialista No. 1, Págs. 10-12. Caracas mayo de 1983.

COSTOS DE OPERACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA INDUSTRIA . (Millones de Bolívares)

Años Operación Asistencia Totales . . Técnica

1977 5.162 1.457 18.319

1978 6.742 1.384 19.266

1979 8.448 1.531 23.596

1980 12.509 561 28.398

1981 13.167 478 29.871

FUENTE: BCV, Anuario de Series Estadísticas 1981, Pág. 342. "Venezuela: Industria Petrolera, Algunos Indicadores Financieros"

Nota: La fuente de este cuadro fue suprimida de la edición 1982 del "Anuario".


COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA IDUSTRIA PETROLERA 76-82

(Millones de Bolívares)

Años 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Sueldos y Jornales 1.842 2.090 2.535 2.864 4.489 4.751 5.218

Depreciación, Amor- 878 990 1.117 1.479 1.646 2.065 2.555

tización, Agotamiento

Pérdida por Retiros 35 18 231 16 46 76 94

de Activos

Otros Gastos de 2.517 2.978 3.976 5.585 7.605 7.983 7.511

Operación

Regalías 7.425 7.976 7.515 7.803 7.409 7.535 6.706

Aporte a PDVSA 2.492 2.624 2.318 4.172 6.046 6.343 5.107

Asistencia Técnica 1.468 1.533 1.384 1.531 561 478 277

Impuestos Varios 102 110 190 166 595 692 1.430

FUENTE: MEM, PODE 1982, Pág. 116.

¿Cómo explicar el incremento de más de 4 mil millones de bolívares en los costos de operación en el sólo año de 1980? En los Resultados Financieros de las Operaciones de la Industria presentados por el Ministerio de Energía y Minas en el PODE-82, 231, se puede observar que la mitad de ese incremento, 2.020 millones de bolívares, la genera el rubro "Otros Gastos de Operación" y otra parte sustancial, 1.624 millones, corresponde a "Sueldos y Jornales".

Surgen entonces otras preguntas:

¿Qué rubros están comprendidos en estos "otros" gastos de operación? ¿Que proporción de los mismos corresponde a proyectos diferentes a las operaciones normales de la industria? ¿Qué proporción es consecuencia del incremento natural de los costos por el deterioro de los yacimientos y la necesidad de aplicar nuevas técnicas de recuperación? ¿Cuál es la real incidencia de la inflación en la verticalización de esos incrementos? ¿Cómo es posible que los "otros" gastos de operación aumenten en tales magnitudes y al mismo tiempo esté ocurriendo una reducción de 70 millones de barriles en la producción? La exagerada conciencia existente en PDVSA y en sus operadoras en torno a que información es poder y la convicción de que el monopolio de una garantiza el del otro hacen que sea una especie de misión imposible responder a estas preguntas directamente. Pero es posible detectar que bajo esta denominación del gasto se oculta parte de la asistencia no contabilizada como tal, como veremos más adelante.

El crecimiento en la partida sueldos y jornales es posible explicarlo por el aumento de 2.931 personas en el número de empleados al servicio de la industria y la renovación de la contratación colectiva. Esta última podría explicar, en parte, el hecho de que la remuneración promedio haya pasado, de 93.923,20 bolívares anuales por empleado en 1979 a 134.304,70 en 1980, aún cuando nos luzca exagerado tan pronunciado incremento. 232

Tenemos, pues, que es la partida "Otros Gastos de Operación" la receptora fundamental de esos incrementos de los costos que no corresponden a las tendencias prevalecientes en la industria, ni a ninguna variación espectacular de las mismas.

Intentaremos demostrar, en lo que sigue, que la fuente de esos costos fantasmas Está en el renovado conjunto de cláusulas de los "nuevos" contratos de asistencia técnica por

231 Op. Cit., pág. 116.

232 Ministerio de Energía y Minas PODE 1982, Págs. 1 y 116.
virtud del cual se han capilarizado y multiplicado los conductos por donde fluye la exacción tecnológica.



XIV.- Los "Caminos de Verdes" del Costo Tecnológico.

Como ilustráramos en el capítulo anterior, con la renegociación de los Contratos de Asistencia Técnica y Comercialización se inauguró un nuevo estilo, producto de una elaboración más prolija de la exitosa fórmula encarnada en dichos contratos. El virtuosismo cosmético fue tal que en esta oportunidad, a diferencia de la primera, los contratos no se "filtraron" a la opinión pública por la indignación de algún técnico imbuido de romanticismo nacionalista, sino que fueron presentados de buen grado ante el Congreso Nacional por los directivos de Petróleos de Venezuela como muestra de los avances logrados en el ajuste de esos contratos a las reales necesidades de la industria.

Y no estaban errados los estrategas de la desinformación petrolera: A cuatro años de su aparición pública, estos "nuevos" contratos ya han caducado y han sido renegociados nuevamente, ahora sin la presión ejercida sobre sus predecesores. Los críticos del nuevo sistema de relaciones con el capital transnacional no encontramos, en ese lapso, motivos de denuncia distintos al hecho mismo del mantenimiento del vínculo dependiente, de la ubicua presencia de ese capital en todos los proyectos de la industria petrolera venezolana, que esos contratos garantizaban. Los asertos referentes a la inconveniencia para el país de tal asociación se fundamentaban más en criterios cualitativos -soberanía e independencia en el proceso de toma de decisiones- y en sus consecuencias futuras sobre la capacidad de generación de excedente. Las cifras del presente mostraban cuando mucho un apoyo tecnológico costoso. Costo tal vez exagerado entonces, "pero indispensable para el mantenimiento saludable de la gallina de los huevos de oro" y que, además, se reducía de año en año -pasar de 1531 millones de bolívares en 1979 a 231 millones en 1983 fue, más bien, una impresionante caída en picada.

Una de las pocas cosas evidentemente inconvenientes que se desprendían del texto de los contratos era la condición de agentes universales de compras en el exterior que se otorgaba a las "suplidoras". A todas luces el monto convenido previamente de esas compras y la comisión establecida para remunerar tal servicio eran una fórmula para abultar el "estipendio básico" y resarcir, parcialmente, a las transnacionales por los ingresos que dejarían de percibir según el nuevo esquema. Pero, comparado con las cifras anteriores, este pago era de menor significación cuantitativa y no calzaba los puntos para una denuncia del mismo tenor. Pero al descubrir el verdadero carácter del rubro "Otros Servicios" de la Balanza de Pagos de la Actividad Petrolera nos encontramos ante la evidencia de que ése es apenas uno de los mecanismos utilizados para mimetizar los pagos contemplados en los Contratos y, consecuentemente, dispersarlos bajo diferentes denominaciones de gastos.

Esa evidencia nunca estuvo oculta, pues tales mecanismos aparecen descritos en las cláusulas referentes a "Pagos" de los contratos puestos a disposición del Congreso en 1980. El quid de la manipulación está en que se ha inducido en la opinión pública nacional la errónea percepción de que todas esas categorías de pagos estaban incluidas en las cifras reportadas por la industria como costo del apoyo tecnológico. Pruebas al canto:

Las cláusulas "Pagos" de los Contratos de Asistencia Técnica suscritos en 1980 que disponemos -Exxon Services Company y Gulf Oil Services Inc., con Lagoven y Meneven respectivamente- Además de corresponderles el mismo ordinal, tienen una redacción muy similar, como todo el cuerpo de ambos contratos:

Las partes acuerdan que la base general de los pagos a ser efectuados a ESC será el pago por Apoyo Tecnológico contratado y recibido. Queda igualmente convenido que, según se describe en los párrafos siguientes, las formas de pago contemplan la modalidad de un "estipendio básico" por Servicios Tecnológicos Globales y Asistencia técnica, así como la de "pagos variables" por concepto de la Asistencia técnica recibida en base a precios unitarios, bien sea proveniente del exterior o prestada en Venezuela. 233

(Subrayado nuestro, CMP).

En el Contrato Gulf Oil Services-Meneven se habla de "pagos básicos" y "retribuciones variables" 234(216) para designar idénticos conceptos.

Por el análisis de las distintas cláusulas de ambos contratos constatamos que el "estipendio básico" -pago básico- es el heredero directo del antiguo pago por barril producido y refinado. En verdad, dicho estipendio consiste en una suma previamente determinada para la cual se busca luego justificación listando los "montos básicos" a cuya remuneración corresponde.

233 Contrato Exxon Services-Lagovén, (1980), pág. 14

234 Contrato Gulf Oil Services-Meneven, (1980) Págs. 22-23.
Así, por ejemplo, el estipendio básico acordado con Exxon fue de 4.900.416 dólares mensuales, los cuales remuneran Apoyo Tecnológico prestado en Venezuela por 1.770.833 dólares, Servicios Tecnológicos prestados desde el exterior por 2.083.333 dólares y Asistencia técnica prestada desde el exterior por 1.046.250. 235

Esta primera clasificación de los pagos responde a los fines impositivos según lo dispuesto en el Decreto No. 476, ya transcrito, y al resto de la normativa aplicable a los enriquecimientos provenientes de esta actividad.

A continuación, el contrato especifica los montos básicos de los servicios que remunera el referido estipendio:

Servicio de compra de materiales y equipos en el exterior hasta 63 millones de dólares al año.

Entrenamiento. Cursos. Asignaciones Especiales. Manuales. Documentación técnica. Informes. Reportes. Boletines. Publicaciones. Instrucciones. Especificaciones Técnicas. Procedimientos y Sistemas. Fórmulas. Sistemas y Programas de Computación. análisis de muestras y otros trabajos de Laboratorio. Transferencia de Tecnología.

Obsérvese que la anterior es una enumeración cualitativa -y repetitiva en algunos ítems- del tipo de servicios que serán cubiertos por el pago del estipendio básico, excluyendo toda precisión cuantitativa. Queda allí de manifiesto que lo que se está pagando es el "derecho" a recibir esos servicios, cuyos costos serán cancelados según las tarifas que les son aplicables y que se establecen en otras cláusulas.

Para el caso de Gulf-Meneven, el estipendio básico fue de 19 millones 600 mil dólares al año y remuneraba conceptos similares a los listados arriba.236

Pero además del estipendio básico, que remunera servicios globales, las operadoras tienen que pagar a las suplidoras, como se anotó, los "pagos variables". Uno de ellos es la "Asignación de Personal Calificado" para cumplir tareas específicas. Se trata de los empleados de "la suplidora" que "asesorarán" a la operadora en cada uno de sus departamentos claves.

En el caso de Lagoven, se trata de hasta 105 empleados de ESC por los cuales la operadora pagará 15 millones 750 mil dólares al año. En el contrato Gulf- Meneven la asignación es de 50 personas y la operadora se compromete a reembolsar a la

235 Exxon-Lagovén, pág. 15.

236 Gulf-Maraven, Loc. Cit.

suplidora "todos los sueldos, sumas correspondientes a sistemas y beneficios laborales procedentes, de acuerdo con las normas y política de personal de la SUPLIDORA".237

Otro pago variable lo constituye la remuneración del personal de la suplidora que presta Asistencia técnica desde el exterior. Para Lagoven se trata de pagar, a 80 dólares la hora-hombre hasta 80.000 horas hombres al año.

El tercer pago variable es la comisión por compras de materiales y equipos que excedan el monto básico remunerado por el estipendio básico. Lagoven pagaría 3,5% del valor de las compras que excedan a los 63 millones de dólares contratados.238

Para ilustrar acerca de la multiplicación de clasificaciones del gasto a que hacíamos referencia, transcribiremos la descripción de las modalidades de pagos básicos y retribuciones variables que se hace en el Contrato Gulf-Meneven:

237 Ibíd. Pág. 13.

238 Exxon-Lagovén, Págs. 13-16.
"Límites de magnitud

Montos Básicos Totales

a) Apoyo Tecnológico, en Horas-Hombre 30.000 Anual

b) Personal Especializado asignado(Numero de personas) 50

c) Cursos en Venezuela, Días-Instructor 140 Anual

d) Cursos en el exterior, Días de Instrucción 200 Anual

e) Asignaciones de Trabajo, Meses-Hombre 120 Anual

f) Servicios de Compras de Materiales y Equipos, millones de US$ 50 Anual

g) Manuales técnicos Según Art. 8

h) Programas de Computación Según Art. 9

Las partes convienen en que la remuneración unitaria que corresponde respectivamente a los literales a), c), d), e), y f) arriba mencionados es la siguiente:

Horas-Hombre de Apoyo Tecnológico US$ 100

Días-Instructor (cursos en Venezuela) US$ 640

Días-Instrucción (cursos en el exterior) US$ 640

Meses-Hombre - Asignaciones de Trabajo US$ 7.350

Servicio de Compras de Materiales y Equipos (por encima de

US$ 50.000.000/anuales) 3%"- 239

Ya sabíamos, por el texto del Decreto 476, que el Apoyo Tecnológico es el nombre genérico para referirse a la Asistencia técnica y a los Servicios Tecnológicos. El Contrato Exxon-Lagoven nos recuerda la nomenclatura original, en inglés y mucho más precisa, de estos conceptos: "Technical Assistance" y "Technology", respectivamente. 240

239 Gulf-Maraven, Loc. Cit.

240 Exxon-Lagovén, pág. 2.
Pero el listado anterior nos dice que Apoyo Tecnológico es una cosa distinta a cursos, manuales, asignación de personal especializado, etc., Y todas esas cosas que uno creía que eran el sentido de la "Asistencia técnica" simplemente no lo son. ¡Cosas de la taxonomía petrolera, demasiado profunda para los no iniciados!

Así pues, bástenos con saber que "Apoyo Tecnológico" es lo que se paga con el estipendio básico y que todas las actividades reales implícitas en la prestación de ese apoyo se pagan según las tarifas anotadas y constituyen los pagos variables. En otras palabras, reiteramos, que se mantiene el esquema anterior de un pago genérico, global, por el "derecho a la asistencia" dentro de unos límites determinados, y pagos específicos por los servicios que se utilicen en ejercicio de ese derecho.

Que el estipendio básico es un pago que no remunera prestación alguna se infiere del texto de los contratos ya referidos -revísese el texto de las cláusulas de pagos transcritas. Pero queda perfectamente claro en otro contrato referido en el Trabajo Especial de Grado del Economista José G. Hernández M.: el firmado por Maraven con la Shell International Petroleum Maatschappij B.V.

"En el convenio firmado con SHELL, desde el 1o. de enero de 1980 al 31 de diciembre de 1981, el pago de estipendio básico se calculaba mediante una fórmula de acuerdo a la utilización de los servicios (asistencia profesional, asesoramiento, cursos en el exterior, cursos en Venezuela, entrenamiento y comisión en compras), y oscilaba entre un monto máximo de 38,25 MM $ al año (máximo uso de los servicios) y un mínimo de 28,52 MM $ al año (ningún uso de los servicios).241 Subrayado Nuestro.

Es decir que en este Contrato se confirma el derecho de la Shell a cobrar una participación graciosa en el negocio petrolero venezolano, 28 y medio millones de dólares, en este caso, aun cuando Maraven no haga ningún uso de la "Asistencia" convenida. Y ése es, también, el significado del estipendio básico en los restantes contratos. Podemos decir, entonces, que Venezuela sigue cancelando el peaje que comenzó a pagar en 1976 a los guapos del petróleo transnacional para garantizar la "transición sin traumas".

241 José Gregorio Hernández M. Los Convenios de Asistencia Tecnológica y la Transferencia de Tecnología en la Industria Petrolera Venezolana. (1976-1983) Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Economista. Caracas, Septiembre, 1983.

Ahora bien, afirmábamos que las cifras oficiales sobre la asistencia técnica pagada eran el resultado de una manipulación que las minimizaba y que estaban constituidas mayoritariamente por el estipendio básico, dejando de lado la mayoría de los pagos variables y todo lo pagado por asistencia técnica a otras empresas internacionales, en particular, a firmas de ingeniería como Bechtel y Lummus. Veamos ahora qué nos dicen las cifras que hemos podido recabar:

Para 1980 se reportaba un costo total de asistencia técnica de 561 millones de bolívares. En ese mismo año, la suma de los estipendios básicos pagados a Exxon, Shell, Gulf, Mobil y British Petroleum oscilaba entre 530.28 millones de bolívares como mínimo y 572.12 millones como máximo. Para 1983 las fuentes oficiales reportan un costo de 231 millones de bolívares y los estipendios mínimos previstos para ser pagados a las mismas empresas según los contratos vigentes en ese año alcanzaban a 185 millones, es decir, el 80 por ciento del pago admitido:


ESTIPENDIO BASICO

(Millones de Dólares Anuales)

CONVENIO 1980 1983

British Petroleum 1,7 2,81

Exxon 58,8 6,77(*)

Gulf 24,0 2,00

Mobil 10,3 2,75

Shell 38,25 - 28,52 (**) 28,63

TOTALES 133.05 123.32 42.96

------ (MM Bs.) 572.12 530.28 184.73

(*) Hasta el 31 de diciembre de 1982.

(**) Rango máximo-mínimo

FUENTE: Hernández, José G. "Los Convenios...", Pág. 90

Si a los totales de estipendios básicos se añadiera cualquiera de los "pagos variables" contemplados en los mismos contratos el resultado excedería con creces las cifras oficiales de costo de la asistencia técnica. Ese es el caso, en 1980, de los pagos por "personal asignado" en los dos mayores contratos, Exxon y Shell: El pago por ese concepto a dichas empresas fue de 28,25 millones de dólares, 121,48 millones de bolívares que sumados a los 530,28 millones -tomando el rango mínimo- de estipendios básicos hacen un total de 651.76 millones de bolívares, superior en 90 millones a la cifra oficial de 561 millones.

No disponemos de todas las cifras para calcular el exceso total, partida por partida, pero considérese que para completar ese cálculo habría que agregar magnitudes tales como 170.000 horas hombre de asistencia técnica a tarifas variables entre 80 y 200 dólares la hora hombre, y miles de días/instructor, días instrucción, días/hombre de cursos en Venezuela y en el exterior, o entrenamiento (on the job training) en las instalaciones de las "Suplidoras", con costos unitarios entre 475 y 800 dólares.

Es muy valiosa la información que en este sentido aporta José G. Hernández en su ya citada Tesis de Grado, de la cual hemos tomado algunas de las cifras anteriores e insertamos al final de este capítulo los cuadros correspondientes.

A estas alturas, consideramos demostrada nuestra afirmación en torno al carácter trucado de las cifras oficiales sobre el costo del apoyo tecnológico y de que las magnitudes reales de esa variable están más cerca de las expresadas en el rubro "Otros Servicios" de la Balanza de Pagos de la Actividad Petrolera.

Hay que señalar que esa demostración la hemos hecho manteniéndonos en el marco de los contratos celebrados con las tradicionales "suplidoras" de asistencia técnica, con la excepción de las menciones hechas a la British Petroleum. Pues bien, ahora habremos de reforzar las pruebas aportadas señalando que en ellas no incluimos los costos derivados de otros contratos de asistencia técnica suscritos por la industria petrolera, "poniendo en práctica una política de diversificación de las fuentes del apoyo tecnológico". Las nuevas beneficiarias de estos novísimos contratos son, además de BP y la Compañía Francesa de Petróleos -"Total", la octava de las Siete Hermanas- 5 empresas de ingeniería: Bechtel, William Brothers, Davy McKee, Heyward Robinson y Braun Worldwise Services. Más allá todavía, podríamos preguntarnos si no son clasificables como asistencia técnica los servicios contratados con la Lummus en la Faja Petrolífera.

Además de cerrar un ciclo demostrativo, las informaciones transcritas en éste y el anterior capítulo plantean la necesidad de un análisis ulterior, al detalle, de tales circunstancias. Este es el terreno en donde se escenifica ahora la lucha por el reparto de la renta petrolera y en donde Venezuela está perdiendo la pelea, como lo patentiza la decreciente capacidad generadora de excedente de la industria petrolera nacional. Sin embargo, tales rumbos analíticos desbordan los objetivos de este trabajo. Quedan, eso sí, como los elementos de partida de un nuevo esfuerzo investigativo, al cual estamos comprometidos.

XV.- Recapitulación y Conclusiones

Consideramos que en el conjunto de los procesos y circunstancias que hemos referido y destacado en los catorce capítulos anteriores se encuentran suficientes elementos de juicio demostrativos de la certeza de nuestros planteamientos hipotéticos.

Sin embargo, no pretendemos haber sido exhaustivos y, por el contrario, concebimos este trabajo como un punto de partida, bastante general todavía, para un subsiguiente esfuerzo de profundización en la caracterización, diagnóstico y pronóstico de las relaciones socioeconómicas y políticas que se establecen en torno al petróleo venezolano y su industria. Esa profundización tendremos que hacerla en todas direcciones, tanto hacia adelante con la actualización obligada por el desarrollo de los procesos en curso, como hacia atrás, precisando mejor el análisis histórico que aquí apenas esbozamos.

Las conclusiones que a continuación asentamos tienen, en consecuencia, un carácter general y están constreñidas a la reafirmación de la validez de nuestras hipótesis:

La nacionalización petrolera venezolana fue el resultado de un proceso de concertación y avenimiento mediante el cual, detrás del logro jurídico-político de expropiación de las antiguas concesionarias, se propicia el mantenimiento, modernización, extensión e intensificación de los mecanismos de control del capital transnacional sobre los recursos petroleros venezolanos.

Como hemos visto, desde los tiempos de la New York & Bermúdez hasta nuestros días, el destino de los hidrocarburos venezolanos ha sido y sigue siendo la resultante de una relación dialéctica, de un constante pendular entre la armonía y conflicto, cuyos protagonistas, el capital petrolero internacional y el Estado venezolano, a la hora de discutir las condiciones de la asociación tensan las cuerdas, pero nunca llegan a romperlas. La nacionalización no modificó -como ha debido hacerlo dadas las motivaciones que la impulsaron y constituyeron su razón de ser- las bases de esas relaciones, y, en consecuencia, la reivindicación nacional de una justa participación en el usufructo de la liquidación del petróleo no fue satisfecha y sigue siendo una meta a alcanzar. Las grandes corporaciones petroleras siguen percibiendo inmoderados beneficios provenientes del petróleo venezolano.

Por el imperio de los intereses de esas corporaciones y con la complicidad de políticos y gerentes venezolanos, dominados unos por el fatalismo geopolítico y otros por su formación e intereses transnacionales, los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización constituyeron el modelo inicial de lo que será la base de un nuevo, deletéreo, inasible, ubicuo y eficaz sistema de mantenimiento de las relaciones dependientes del Estado venezolano con dichas corporaciones: En la medida en que los gigantescos contratos iniciales han disminuido su magnitud, otros contratos han proliferado y se han extendido a todas las actividades de la industria petrolera venezolana.

Lo trascendente en el nuevo patrón es la fórmula de contrato, sin importar su naturaleza: de gestión, asesoría, o prestación de servicios, o de compra, comercialización o intermediación. La forma en que son suscritos tales contratos, manteniendo en lo esencial el esquema de los cuatro cordones umbilicales Exxon-Lagoven, Shell-Maraven, Mobil-Corpoven y Gulf-Meneven, pero ramificándose hasta asociadas, filiales o subsidiarias y aún a empleados directos de las cuatro corporaciones extranjeras mencionadas para ocultar el peso de cada una de ellas, hace pensar en el cumplimiento vergonzante de un inconfesable compromiso. Y si no ¿Qué fuerzas han impelido a Petróleos de Venezuela a incrementar los gastos en "Otros Contratos de Asistencia Técnica" y "Otros Servicios Tecnológicos" de 114 millones de dólares en 1976 a más de mil millones en 1983?

Por otro lado, las principales corporaciones siguen siendo las beneficiarias del complejo sistema de descuentos directos e indirectos sobre los precios oficialmente acordados en el seno de la OPEP que se materializan en los contratos de comercialización. Tales descuentos han llevado al petróleo venezolano a cotizarse como uno de los más baratos del mundo. Esta baratura no es mala en sí misma y, de hecho, es defendida ardorosamente por quienes postulan una política petrolera enrumbada hacia el incremento de la producción y la conquista de una mayor participación en el mercado mundial, pero en el contexto de la política oficialmente aceptada y proclamada es expresión de un pobre resguardo del interés nacional en la materia.

Pese a manifestaciones en contrario que proclaman la diversificación de nuestros mercados, el petróleo venezolano se sigue realizando dentro de los canales tradicionales, los controlados por el capital transnacional. El crudo enviado a Aruba y Curazao, dos de esos destinos sedicentemente insinuados como distintos, representaron en 1983 el 24 por ciento de las exportaciones venezolanas de crudo y productos, dicho porcentaje hace escala en las refinerías de la Exxon y Shell en esas islas antes de seguir los rumbos que sigue, directamente, el 56 por ciento: Estados Unidos, Canadá y Europa. En total, después de 9 años de nacionalización y anuncios de una política de diversificación de mercados, el 80% del petróleo venezolano sigue fluyendo hacia su destino tradicional por los canales tradicionales.242 (224)

Las anteriores cifras son apenas algunas de las tantas que pueden citarse, y que de hecho se citan constantemente, como una muestra de la capacidad de los dirigentes petroleros venezolanos para realizar una transición sin traumas y mantener el récord de proveedores seguros de nuestros clientes.

A propósito de este tipo de enfoque, y volviendo sobre afirmaciones que hiciéramos en la oportunidad de formular nuestras hipótesis en torno al contenido de lucha de clases que cristaliza en cada estadio de la relación Estado venezolano-capital petrolero internacional, debemos recordar que en el análisis de todas las circunstancias de la historia petrolera venezolana a que nos hemos referido es pertinente hacer una precisión sobre la relatividad de los juicios de valor que pueden hacerse en torno a cada una de ellas. Con el perdón de Pero Grullo apuntaremos, en consecuencia, que los grados de certeza, bondad, justicia y conveniencia que se atribuyen a políticas y estrategias en ésta o en cualquier materia constituyen variables dependientes del partido o posición, intereses corporativos o de clase, que se defiendan explícita o implícitamente. En la materia objeto de nuestro estudio identificamos al principio dos bandos opuestos que luchan por imponer sus enfoques: el que forman los partidarios de una irrestricta asociación con el capital petrolero transnacional y el de los que impugnan esa asociación como inconveniente para Venezuela. Entre esos dos polos se dan multitud de matices, adornados de oportunismo, "real politik", fatalismo geopolítico y, en suma, de acomodo a las circunstancias supuestamente inmodificables, que abarcan casi todo el espectro político venezolano.

Ubicados en esa perspectiva podemos entender que en la mayoría de las oportunidades tengan tan poca resonancia las denuncias referentes a las manipulaciones ventajistas de las transnacionales y sus asociados internos en desmedro del patrimonio nacional: la continuada exacción extranjera es percibida como el costo inevitable del mantenimiento del aflujo de petrodólares al país, en particular por aquellos sectores internos asociados y beneficiarios en el desproporcionado reparto del ingreso petrolero nacional, pero también, resignadamente, por sectores mayoritarios del país y de su opinión pública. Tal fue la situación durante el régimen concesionario y tal es hoy, en la era de los contratos. La lucha contra esa pervivencia del conformismo forma parte de las motivaciones de este trabajo.
242 Petróleos de Venezuela S.A., Informe Anual 1983. Págs. 24-26, Impreso por Refolit C. A., Caracas 1984.
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