Entendemos a la política petrolera como parte indisoluble de la estrategia nacional de desarrollo integral, en la que se contemplan todas las aristas económicas, políticas y sociales. Por ello postulamos la inscripción de la política petrolera dentro del marco de las políticas macroeconómicas y sociales orientadas a ese desarrollo. Aunque parezcan obsoletos para muchos, los principios de autodeterminación, soberanía, seguridad alimentaria, desarrollo social y humano, constituyen el espíritu en el que formulamos nuestras apreciaciones y propuestas en esta materia..
El basamento central de nuestras propuestas se encuentra en la concepción de los hidrocarburos como patrimonio colectivo de los venezolanos. Resultaría inútil formular unos lineamientos de política petrolera si esa industria fundamental va a dejar de pertenecernos. Sin embargo, y a pesar de todo lo hecho por dirigencia petrolera para enajenar progresivamente nuestra industria petrolera y sus esfuerzos por imponer la venta de las acciones de PDVSA, todavía el Estado puede recuperar el control perdido sobre la misma.
Por esa misma condición de irrenunciable patrimonio colectivo, la riqueza petrolera debe ser administrada según convenga al legítimo interés de los sectores mayoritarios de nuestra Nación y no como se ha hecho durante todo este siglo, cuando esas mayorías han sido permanentemente despojadas del usufructo de ese patrimonio, hasta el punto de mantenerlas, en más de un 80%, en condiciones que van desde pobreza relativa hasta la miseria extrema.
Se trata pues, de encontrar el camino más conveniente para garantizar el desarrollo nacional, para lo cual debemos conducir a la industria petrolera, por sobre todo, hacia su fusión con los recursos humanos y materiales disponibles en el país.
En este sentido, es ineludible la sustitución de la fracasada dirigencia petrolera por venezolanos con un verdadero sentido nacionalista, para deslastrar a nuestra política petrolera de todos los postulados y planes antinacionales y entreguistas de la llamada apertura petrolera.
Formulamos un perfil de producción y transformación de los hidrocarburos, así como de su comercialización, que responde, prioritariamente, a los requerimientos del resto de la economía nacional. Perfil dentro del cual la búsqueda de las magnitudes y escalas óptimas desde los puntos de vista técnico, empresarial, macroeconómico y social deben constituir procesos coherentes y estrechamente imbricados, y no, como hasta ahora, que los planes petroleros se han impuesto desde la cúpula de PDVSA, por la vía de los hechos cumplidos, contraviniendo, y de hecho anulando, los postulados formales de la planificación realizada en los despachos ejecutivos competentes para ello.
Desde luego que también se establecerán las indispensables relaciones con las empresas petroleras y gobiernos extranjeros que controlan tecnologías y mercados, pero haciendo valer nuestra fuerte posición negociadora como un país clave para el suministro petrolero del hemisferio occidental, poseedor de inmensas reservas. Venezuela puede y debe integrarse al concierto económico global, pero con la conciencia de que tiene en sus recursos de hidrocarburos un valioso instrumento para exigir que ello se haga en condiciones que garanticen su autonomía política y el control nacional sobre las variables fundamentales de su economía. Una estrategia nacional no es contradictoria con una voluntaria asociación con la iniciativa privada para la operación en áreas específicas reservadas al Estado, tales como las de petróleo ultrapesado de la Faja del Orinoco. Pero esto último debe ser el resultado de un de consenso nacional. Las negociaciones que sean necesarias no comportarán, como hasta ahora, transferencias unilaterales, sin justa contraprestación debida por la liquidación de un activo público. Cualquiera sea el esquema que se adopte para garantizar una gestión eficiente de la industria petrolera nacional, es indispensable acabar con el actual abusivo aprovechamiento privado de ese bien colectivo.
Se impone la toma de decisiones trascendentales, las cuales requieren una clara y definida voluntad política, expresada, por ejemplo, en la revisión, a través de un Poder Judicial cabal, probo e imparcial, de los vicios constitucionales y legales de todos los contratos de la apertura. Restablecida la legalidad, pueden plantearse incluso, nuevas asociaciones, especialmente en la Faja Petrolífera del Orinoco, con los consorcios que ya están en el país y con otros que no han ingresado al mismo, bajo el imperio absoluto de nuestras leyes y el control del Estado venezolano.
Un objetivo central de la política petrolera básica será el mantenimiento de un nivel adecuado de precios para nuestros crudos y productos petroleros. Para ello se ejercerá e una acción diplomática intensa respecto a la OPEP, con el objeto de o recuperar la credibilidad del país ante la Organización y fortalecer el papel de ésta en la defensa de los precios. En tal sentido, hay que actuar con plena conciencia del poder de mercado que representan las reservas y la capacidad de producción de la OPEP, desestimando las posiciones de quienes confunden a la opinión pública y niegan la efectividad de una política restrictiva con el argumento de que la misma favorece a los productores no-OPEP. No se trata de un inocente abandono de posiciones en el mercado, sino del uso inteligente del poder de la única organización de oferentes que existe motorizando, si fuera el caso, alianzas circunstanciales o permanentes, y tratando de neutralizar a quienes quieran boicotear su acción.
Consecuente, se promoverán cambios drásticos de los planes de expansión de PDVSA para garantizar un sometimiento riguroso a las cuotas reducidas de la OPEP que se proponen. Ello será coherente con la necesidad de liberar los inmensos fondos que ha venido comprometiendo PDVSA en sus desaforados planes expansivos, para dedicarlos, por el contrario, a financiar un programa nacional de recuperación económica urgente.
En el plano organizativo promovemos la recuperación por parte del Ministerio de Energía y Minas, de su rol como ductor de la política petrolera y de la supervisión de su ejecución, con un control intenso, de auditoría y contraloría, sobre todos los entes de la industria petrolera. En concordancia con ello debe desarrollarse una PDVSA fuerte y defensora integral de los intereses nacionales, estructurada por individuos y estadios organizativos con suficiente capacidad de análisis y de consideración de toda la realidad que manejan. PDVSA deberá centrarse en sus áreas de competencia, para lo cual será necesario detener y revertir el proceso de penetración de PDVSA en otros los órganos del Estado.
En materia de política fiscal petrolera nuestras propuestas son directas: Restituir el Valor Fiscal de Exportación. Detener el proceso de envilecimiento de la Regalía. Revisar la política de declaración voluntaria de dividendos, con la cual se ha dado a PDVSA un carácter netamente de empresa privada y una suerte de soberanía particular e irregular sobre los ingresos petroleros nacionales.
En cuanto a la “Apertura Petrolera” proponemos concretamente: Suspender la suscripción de nuevos convenios operativos o de asociación bajo el esquema de ganancias compartidas y propiciar la utilización máxima de los recursos técnicos propios de PDVSA. En los convenios operativos y de asociación que queden vigentes hay que incorporar ventajas al proveedor nacional, exigiendo a éstos calidad, entrega y precios dentro de sus posibilidades reales de suministro de insumos y servicios.
Respecto a la Orimulsión, es necesario efectuar un análisis de sus reales posibilidades y de la pertinencia de la utilización de los recursos comprometidos en este programa, rediseñándolo y ubicándolo dentro del esfuerzo nacional de desarrollo integral de la Faja Petrolífera del Orinoco, para lo cual se requiere, allí si, de asociaciones con empresas extranjeras, en función de garantizar financiamiento, mercados y transferencia de tecnologías.
Proponemos revisar la política de internacionalización de la industria petrolera, reorientándola en función de los intereses del país Planteamos como indispensable la realización de una severa investigación sobre las principales transacciones realizadas hasta la fecha en materia de contratos y adquisición de instalaciones y equipos, tanto en el país como en el exterior. En cada una de ellas será necesario, además, analizar claramente, de manera desagregada, el rendimiento real de las mismas para la Nación y sus perspectivas futuras.
Igualmente, consideramos necesaria una evaluación inmediata para determinar qué operaciones se llevan a cabo en condiciones de costos crecientes, en abierta violación de normas técnicas y en desmedro de las posibilidades futuras de recuperación de los yacimientos. Consecuentemente, resulta indispensable estabilizar la producción petrolera dentro de los márgenes técnicos aconsejables, lo cual debe coincidir con el óptimo económico de máxima rentabilidad unitaria. Esta es una decisión que rebasa los límites de lo simplemente técnico operativo y debe ser evaluada en el contexto global de todas sus implicaciones políticas y económicas.
De esa decisión fundamental debe derivarse, por ejemplo, nuestra posición en el seno de la OPEP, la cual debería estar, sin ninguna vacilación o duda, en consonancia con la estrategia nacional que se decida en materia de producción petrolera. .
Al expresar la voluntad de defender la participación nacional en el negocio petrolero queremos indicar el sentido de las acciones políticas requeridas para revertir el curso de liquidación en el que estamos inmersos. En un mercado de tan alta sensibilidad como el petrolero, el sólo anuncio de un cambio de política de Venezuela en el seno de la OPEP allanará el camino hacia una solución favorable a los intereses comunes.
La conciencia de la importancia mundial de nuestra industria petrolera nos impone la tarea de conservar incólume para los venezolanos, ese tesoro, que hemos aprendido a manejar, pero no a dirigir. Basta pues esa conciencia para reiterar que sin la posesión y el control de nuestra industria petrolera, no tenemos presente ni futuro como nación. No estamos en condiciones de ser, como personas naturales o jurídicas, los propietarios de la industria petrolera a través de la tenencia de acciones de PDVSA o por otros medios, porque no tenemos la capacidad financiera para mantener y expandir esa colosal actividad de carácter mundial. Por lo tanto, tiene que ser el Estado venezolano el representante de todos los venezolanos en esta extraordinaria actividad. Y en esa condición administrarla e invertir los ingresos de la misma, de manera eficiente y honesta en beneficio de todos los venezolanos.
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