martes, 30 de marzo de 2010

DOCUMENTOS DEL BLOG - "Contra la Corriente", Columna de Ernesto Villegas

Brasil planeó invadir Venezuela para controlar la Faja



Por: Ernesto Villegas Poljak
Fecha de publicación: 05/09/08


Hace ya tres semanas que dedicamos este espacio al tema de la Faja del Orinoco y nos permitimos cerrar la saga con las líneas -sin desperdicio- que nos envía Carlos Mendoza Potellá a propósito de los cambios de apellido (un día “bituminosa”, otro “petrolífera”) que ha experimentado esa oceánica reserva de hidrocarburo, cuyos negros contenidos –¿quién lo duda?- son a las potencias consumidoras lo que la cocaína a un adicto con síndrome de abstinencia.

Mendoza Potellá es economista, profesor de Economía Petrolera y asesor de la presidencia del Banco Central de Venezuela. Fue director de Pdvsa en los tiempos convulsos del 2002 y luego embajador en Rusia.

El hombre tiene in pectore un libro sobre el tema. Veamos qué dice:

“Apreciado Ernesto: Acabo de leer tu columna y no resistí la tentación de escribirte para discutir las afirmaciones que hacen algunos de tus informantes sobre cuál fue el primer nombre de la Faja y los supuestos vínculos de ese cambio de nombre con la Orimulsión.

Desde los años 30, los geólogos norteamericanos que perforaban en la formación Oficina (Sur de Anzoátegui, recuerda Oficina No .1) detectaron lo que para ellos era una ‘curiosidad’.

Sus reportes anotaban algo así como esto: ‘...perforando en la Formación Oficina se atraviesa un tar belt...’. (claro, toda la frase en inglés).

Si buscas en el diccionario de Google, encontrarás que la única acepción de la palabra tar es "alquitran". Los geólogos citados estarían hablando entonces de un cinturón de alquitran. O de una faja de alquitrán. En aquellos años 30 nadie estaba pensando en centipoises y diferenciando "pegoste" de crudo extrapesado pero fluyente, así que no tiene nada de extraño que se hiciera una traducción más elegante, de faja de alquitrán a faja bituminosa. Y así fue conocida desde entonces.


Así se tratara de crudos extrapesados o de bitúmenes, para las compañías petroleras de entonces la tal Faja constituía simplemente una curiosidad geológica, sin importancia para su negocio, que se limitaba a los crudos livianos. Tan curiosa, como los esquistos bituminosos de Colorado o las arenas bituminosas de Athabasca”.

El plan “Cahla Norte” y la visita de Akins

“El cambio de nombre se produce en otras circunstancias y no tiene que ver con la Orimulsión, porque no existía todavía. Se remonta a los tiempos de Nixon, Caldera I y la dictadura de los militares brasileños, desde Castello Branco hasta Ernesto Geisel, protagonistas de las circunstancias que te narraré a continuación.

A comienzos de los años 70, cuando se hablaba intensamente de una ‘crisis energética’, los geoestrategas norteamericanos habían identificado como únicos petróleos restantes en cantidades considerables, después del inminente agotamiento de los crudos livianos y medianos -previsto para una fecha entre 1995 y 2010-, a las arenas bituminosas de Athabasca y la Faja Bituminosa del Orinoco.( Los esquistos de Colorado no eran, ni son hoy, factibles).

A partir de esa constatación, comenzaron a proliferar estudios de varios Comités del Congreso estadounidense donde se evaluaba la capacidad y la voluntad de los venezolanos para poner a disposición del mundo (vale decir, de EEUU) esos inmensos recursos.

Conocedores de estos estudios, los también estrategas de la dictadura militar brasileña, teniendo en cuenta el fervor nacionalista que bullía entonces entre los venezolanos y honrando los compromisos asumidos al considerarse a sí mismos como el ‘subimperialismo’, diseñaron un plan para garantizar que la explotación de la Faja se iniciara ‘on time’. El ‘Plan Cahla Norte’ (Cuña Norte) promovido por el entonces presidente de Petrobras y luego Presidente del Brasil, Ernesto Geisel, contemplaba la ‘toma’ por Brasil de todo el sur de Venezuela hasta la mitad del Estado Anzoátegui.

Este Plan, difundido entre los círculos del poder venezolano, aflojó muchos esfínteres y motivó muchas declaraciones sobre la buena voluntad venezolana de continuar siendo un suministrador confiable. No por casualidad, el presidente Caldera recibió la visita de James Akins, para a época ‘zar energético’ de Nixon.

Después de las seguridades que se le dieron aparecieron otros estudios de Comités de Congreso norteamericano en los que se afirmaba enfáticamente que ‘los venezolanos sí están dispuestos a explotar la Faja’.

Una de esas muestras de disposición lo constituyó, precisamente, el cambio de nombre ordenado por el Gobierno: la Faja Bituminosa sería, a partir de ahora, petrolífera.

Juan Pablo Pérez Alfonzo alzó su airada voz de protesta, denunciando que se estaba poniendo sobre el mostrador algo que ha debido reservarse para las generaciones futuras. Pero la contención del excesivo nacionalismo y el conservacionismo fue una de las promesas de los dirigentes venezolanos que llevó James Akins a Richard Nixon.

Así pues, nada tuvieron que ver los centipoises, ni la Orimulsión.

Se trata, como muchas veces sucede de un anacronismo utilizado para jusitificar determinadas posiciones en un debate que debe ser conducido con mayor seriedad. (Me hace recordar a Pedro Picapiedras, un troglodita que disfruta del american way of life).

Recibe mis atentos saludos.

Carlos Mendoza Potellá”.


Carlos Mendoza Potellá: "Es prioritario acelerar los proyectos de gas”

Carlos Mendoza Potellá: "Es prioritario acelerar los proyectos de gas”

lunes, 29 de marzo de 2010

Carlos Mendoza te ha recomendado un artículo de eluniversal.com

Hola Petroleo Venezolano,

Carlos Mendoza(cmendop@gmail.com) te ha invitado a leer el artículo "Afirman que se requiere mayor impulso para proyectos de gas" de eluniversal.com, si tienes problemas para verlo coloca en tu navegador de internet la dirección:

http://www.eluniversal.com/2010/03/22/eco_art_afirman-que-se-requi_1805178.shtml

Mensaje Opcional

martes, 23 de marzo de 2010

DOCUMENTOS DEL BLOG - ENTREVISTA EN "Sexto Poder"

“6° Poder”
Caracas, lunes 24 de marzo de 2008

“Lo que le debe PDVSA a Exxon Mobil es apenas una fracción de su capital”


El profesor universitario jubilado y ex director de PDVSA, Carlos Mendoza Pottellá, considera que la decisión de la Corte Británica es lógica, porque los argumentos de los abogados de PDVSA eran razonables y valederos. Por otra parte manifiesta que el arbitraje es una negociación donde nadie gana ni pierde, sino que se llega a una solución concertada entre las partes en disputa. Sin embargo considera que a pesar de los acuerdos entre PDVSA y Exxon Mobil esa negociación jamás podrá comportar que Exxon Mobil permanezca en Venezuela, porque al país no le conviene una empresa tramposa

“Existían medios para garantizar el pago sin necesidad de un tribunal y PDVSA jamás se ha negado a cumplir sus compromisos, porque eso está dis¬puesto por las leyes y en los propios convenios que se hicieron con ellos”


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¿Cómo evalúa la situación entre PDVSA- Exxon Mobil y el fallo de la Corte Británica a favor de Estatal Petrolera?

Exxon Mobil acusa a Venezuela de mala fe, pero cada ladrón juzga por su condición. Ellos fueron los que actuaron de mala fe. Le plantearon al tribunal – Corte Británica- que PDVSA estaba en proceso crítico, que estaba desmoronán¬dose y que no podría pagar. Pero, ¿qué es lo que demuestra PDVSA ante el tribunal británico?, que lo que se le debe a ellos –Exxon Mobil-, que no pasa de dos mil millones de dólares y que no justificaba un congelamiento de12 mil millones de dólares, es apenas una fracción del capital total de PDVSA, que pasa por 100 mil millones de dólares. Es decir que PDVSA tiene 50 veces la capacidad de pagar esa cantidad de dinero. Lo peor de todo, no es esto, sino que tenemos activos conjuntos, por ejemplo la refinería de Chalmette, activo que está prácticamente congelado, porque ninguna de las dos firmas puede negociar sin autorización de la otra.


Existían medios para garantizar el pago sin necesidad de un tribunal y PDVSA jamás se ha negado a cumplir sus compromisos, porque eso está dispuesto por las leyes y en los propios convenios que se hicieron con ellos; independientemente de quienes hayan hecho esas leyes y que las hayan hecho en contra de la Nación.


Podrán ahora modificarlas mediante habilitantes, reforma constitucional, lo que sea, pero hasta ahora eso es lo que está vigente y el Estado tenía que honrar y eso fue lo que los abogados le fueron a decir a la Corte Británica. No es cierto que PDVSA esté negada a pagar, a aceptar una decisión arbitral, porque para eso fueron al arbitraje.


Se trata de 30 compañías que fueron obligadas a emigrar y de esas 30, 26 aproximadamente, aceptaron la emigración sin problemas, lo cual quiere decir que no había nada malo en la medida, más bien fue favorable, porque ahora son socios del país, cuando antes eran contratistas. Pero estos –Exxon Mobil- que son unos camaleones, unas águilas rapaces, querían ser socios mayoritarios y nada más.


Venezuela justipreció lo que tenía que pagarle a las trasnacionales, pero Exxon Mobil no lo aceptó, ellos aspiran el doble, pero aun ese doble no pasa de 2 mil millones de dólares. Por lo tanto allí se ve claramente que una demanda de congelación en 12 mil millones de dólares es un exabrupto, es una cosa que se hizo con mala intención política evidente, que nos produjo daños financieros en nuestras transacciones y bonos, pero que ahora están obligados a reparar por la decisión del tribunal, que en principio los condenó a pagar unos costos procesales de unos 385 mil dólares, pero además a reparar otras cuotas que se determinen.


Exxon Mobil quiso presentar a Venezuela como un país maula, que se negó a cancelar sus compromisos, un país que hace trampa en sus transacciones internacionales, cuando es todo lo contrario.


Hay otras trasnacionales que no estuvieron tampoco de acuerdo con la medida del gobierno venezolano, como son el caso de Total y Eni, quienes fueron al arbitraje y actualmente están recibiendo una compensación que fue pactada. Por su parte Conoco Phillips, están en plena negociación hasta obtener una compensación que considere justa. Este es una especie de juego de Póker, o de 31. Me planto en 29 o pido una nueva carta. Este es el arbitraje donde hay una negociación civilizada entre las partes.


Pero lo que si es trampa y coger piedra fue la demanda de congelar 12 mil millones de dólares de los activos de PDVSA, eso si es trampa y romper las reglas del juego. Estás en medio de un arbitraje y de repente acudes a un tribunal que no tiene nada que ver con eso, utilizando una estrategia imperial, de esas, de las que siempre ha abusado Exxon. Así como tumbaban gobiernos, presidentes y máximos representantes de otras compañías, decidieron no esperar a tribunales de arbitrales, porque consideran que eso son tonterías de muchachitos. Acudieron a un tribunal en Londres, que consideraban favorable a sus intereses. Lo que pasa, es que los argumentos de PDVSA eran incontestables y ellos no tenían argumentos reales.


Según Ramírez el fallo a favor de PDVSA es producto del manejo firme de la Estatal Petrolera, ¿usted comparte este argumento o hay aspectos dentro de la empresa que hay que modificar?

Una cosa no tiene que ver con la otra. Uno puede tener críticas. Pero eso no tiene ningún sentido de evaluarlo en este momento, porque de lo que se trata es de estar solidamente detrás de la defensa de Petróleos de Venezuela frente a Exxon Mobil. Uno puede tener diversas opiniones, mis críticas, pero en este momento, en este contexto y en esta discusión no tienen absolutamente nada que ver.


¿Considera que el arbitraje puede traerle consecuencias desfavorables al país?



El arbitraje es una evaluación contable, es una evaluación a punta de lápiz y contabilidad, activos fijos circulantes, derechos adquiridos, de evaluación de los activos que estaban en juego, ese tipo de cosas, cuanto aportaste tu, cual es el valor actual neto. En este caso el juez va a evaluar las argumentaciones de PDVSA y Exxon Mobil. Esto no tiene nada que ver con otros argumentos, porque el arbitraje es una negociación.


Ahora cuando se dice vamos a negociar antes de llegar al arbitraje, bueno eso puede ser, como es el caso de Conoco Phillips, que no quiere esperar la decisión del arbitraje, sino que quiere negociar directamente con PDVSA.


Si Exxon Mobil quiere negociar antes del arbitraje, eso es perfecto, pero esa negociación jamás podrá comportar que Exxon Mobil permanezca en Venezuela, porque, en eso estoy de acuerdo completamente con el Ministro Ramírez, a Venezuela no le conviene una compañía tramposa como Exxon Mobil, que es capaz de firmar un contrato contigo, de llegar a un acuerdo de arbitraje y luego salir con una demanda o con unas cañoneras o con unos misiles. Si actuó de mala fe la primera, de igual forma va a actuar, en la segunda, en la tercera y la quinta.


En este momento lo mejor es seguir negociando en presencia del árbitro, para que las decisiones se tomen de común acuerdo. Porque la decisión jamás será el arbitro y Exxon contra Venezuela. No. La decisión del tribunal arbitral tiene que estar convalidada por las dos partes y el árbitro, porque la idea del arbitraje es que las dos partes lleguen a un acuerdo. No es condenar, sino que se llegue a un término medio entre las partes.


Esta es una de las cosas locas que se han dicho en estos días, que Venezuela puede ser condenada en el tribunal arbitral, pero ¿cómo que condenada?. Todas estas son falacias, para poner a la gente a pensar mal, de que las cosas no se están haciendo bien, nada de eso es cierto, esas son meras especulaciones. Venezuela nunca se ha negado a ir al arbitraje.

El que diga eso no sabe que es un arbitraje. Porque un arbitraje no es un juicio, donde Venezuela va a quedar condenada o va a ganar. Un arbitraje es lo que hace exactamente en un juego de fútbol un árbitro, que es evaluar que se respeten las reglas del juego.



domingo, 21 de marzo de 2010

DOCUMENTOS DEL BLOG Entrevista en "El Nacional" 17/3/2010

El Nacional, 17 de marzo de 2010
Suplemento Estrategia, pág. 5 
Entrevista a Carlos Mendoza Potellá 

 PERIODISTA
ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
arojas@el-nacional.com  



«El uso político del petróleo es garantía de solidaridad de nuestros vecinos»



El economista advierte sobre los riesgos políticos y económicos en la faja del Orinoco. "No fue casualidad que en el momento de la negociación para el bloque Carabobo, haya salido el servicio geológico de Estados Unidos diciendo que en la faja no hay 280.000 millones sino 500.000 millones de barriles", afirma


La faja petrolífera del Orinoco plantea un conjunto de retos que van más allá de la consecución de inversiones, dice el economista Carlos Mendoza Potellá, y menciona que el desarrollo de esta zona implica políticas para afrontar desafíos políticos, económicos y sociales.
Aún en su condición de experto en materia energética que apoya buena parte de las políticas que impulsa el gobierno del presidente Hugo Chávez, no deja de advertir que pueden adoptarse políticas que terminen convirtiéndose en una réplica de lo que ha sido el desarrollo del sector de hidrocarburos durante más de 100 años.
--¿Cuáles son esos desafíos que plantea el desarrollo de la Faja?
--Los retos son evidentes en cuanto a magnitud, pero debo referirme más a los riesgos.

--¿Qué riesgos encuentra?

--No fue casualidad que en el momento en que se daba la negociación para el bloque Carabobo, haya salido el servicio geológico de Estados Unidos diciendo que en la faja no hay 280.000 millones sino 500.000 millones de barriles de reservas recuperables.
--¿Por qué dice que no fue casual?

--Porque en ese informe no hay un elemento geológico nuevo, sino que parte de una cifra que no se ha modificado como es la referida al petróleo originalmente en sitio, que se calculó en 1,3 billones de barriles en 1983. En esa época, Pdvsa hizo un cálculo muy optimista cuando se dijo que se podía recuperar 22%, y ahora el servicio geológico dice que podría ser 40%.
--En el informe se habla de más de 40% de factor de recobro.

--El factor de recobro de los campos convencionales está llegando cerca de 60%.

--En Venezuela hay expertos que consideran demasiado que se use 20% e indican que el recobro debería ser 10% o 12%.


--Ese es el factor de recobro actual. En el fondo hay un problema de muchas ilusiones porque en la faja sí es cierto que hay una acumulación gigantesca de hidrocarburos, pero si se intentara producir 3 millones de barriles diarios, la inversión que se requeriría sería gigantesca y se tendrían que construir entre 20 y 25 mejoradores para convertir ese crudo pesado en uno más liviano; y cada mejorador debe estar alrededor de 15 millardos o 20 millardos de dólares. Los riesgos justamente están en que intereses internacionales puedan decir que necesitamos que ese proyecto esté disponible en 5 años, un mayor ritmo al que quieren los venezolanos, o que alguien piense que un organismo internacional debería regir eso en beneficio de la humanidad.
--La licitación del bloque Carabobo pareciera mostrar que no hay tanto interés: un área quedó desierta y en las otras nunca se dio la puja que esperaban en Pdvsa.


--Las cosas tienen dos maneras de verse. El día que se anunció la licitación, la BBC de Londres hizo dos entrevistas, una decía que han debido ser 36 empresas; y la otra que se otorgaron demasiadas concesiones a esas compañías porque se establece que se podrá bajar la regalía de 30% hasta 20%. Hubo una negociación dura y no ocurrió como en los tiempos de la apertura petrolera que vinieron 35 compañías para la rebatiña y la piñata. En esta oportunidad, hubo 19 empresas que al principio manifestaron su interés, y los consorcios que quedaron lo hicieron porque aceptaron las condiciones, están arriesgando porque no es un emprendimiento que producirá beneficios inmediatos, pero apuestan por el futuro y por tener reservas cuantificables en sus cuentas, que seguramente les servirá para obtener más financiamiento y vender mejor sus acciones.
--Hay quienes dicen que esta licitación es una versión de la apertura petrolera.


--Comparado con lo que se hizo en los tiempos de la apertura, no hay punto de comparación. En la época de Luis Giusti se llegó hasta anular el pago de regalía de 16,66% hasta menos de 1% y el impuesto sobre la renta se bajó de 67,7% a 34% en los convenios operativos y asociaciones estratégicas. Ahora el ISLR es 50% y la regalía 30% con la promesa de que si los resultados son limitados se podrá bajar a 20%.
--¿No es un acto de fe para las empresas decir que se bajará la regalía a 20% si no se recupera la inversión en 7 años?


--Las empresas aceptaron esa condición. Las corporaciones petroleras siempre planifican a 40 y 50 años.

--¿Con esas condiciones fiscales no hay el riesgo de que el país no cuente con esas inversiones, tomando en cuenta las limitaciones financieras que tiene Pdvsa?


--El país no tiene la tecnología y los recursos que se necesitan son gigantescos, pero esa negociación se debe llevar a cabo con pie de plomo.
La licitación se hizo con una visión multilateral tratando de diversificar en lo posible el origen de la inversión y de la tecnología que se va a requerir, sin excluir a nadie y por eso allí está Chevron.
--Pero no está Exxon Mobil.


--Porque ellos quieren condiciones mejores y lo demuestran cuando nos demandan porque no aceptaron las condiciones en las que se hicieron las empresas mixtas.
--El resultado de la licitación de Carabobo, ¿confirma el éxito o el fracaso de la Ley de Hidrocarburos de 2001?


--Es una nueva realidad y con nuevas condiciones políticas.

Yo no apuesto por el fracaso sino por el éxito, y fui uno de los que participó en el equipo que redactó la Ley de Hidrocarburos. Yo era embajador de Venezuela en Arabia Saudita, fui invitado a participar en la comisión que estuvo discutiendo esa ley, la cual anuló los efectos perversos de una apertura totalmente desconsiderada y sin establecer un bloque o muralla contra la inversión extranjera. El problema es la orientación de quien está negociando, sería un error que se acepte todo lo que digan las corporaciones extranjeras asumiendo que sólo ellas son las que saben de petróleo, tienen la tecnología y el capital, mientras que nosotros pobres mortales lo único que tenemos es un montón de pegoste, y entonces debemos moderar nuestras apetencias.

--¿Cree que en la licitación de Carabobo se cedió a favor de empresas transnacionales?


--Yo creo que no. Nosotros tenemos la posibilidad de discutir con cara de póquer para decirle a las empresas internacionales hasta donde llegamos. Es una negociación donde hay un toma y dame. En este caso, fue una negociación dura, y la muestra fue que quedaron tres consorcios. Por otra parte, no sólo se trata de multilateralizar el origen de las inversiones, sino también el destino de las exportaciones petroleras para estar vinculados a nuestro entorno latinoamericano, como Petrocaribe; y los acuerdos que se han suscrito en ese sentido se han hecho para privilegiar nuestro entorno

--¿Tienen sentido las ventas de petróleo dentro de Petrocaribe, porque se señala que Pdvsa prácticamente obtiene ganancia cero con esas ventas?


--Tal vez Petrocaribe sea ganancia cero desde el punto de vista comercial, pero puede ser una ganancia neta en el sentido político. No temo decir que el uso político del petróleo es garantía de soberanía y solidaridad de nuestros vecinos.
--¿Eso no afecta los ingresos de Pdvsa y el aporte fiscal? Esas ventas a Petrocaribe son cuentas por cobrar a largo plazo


--A lo mejor, pero no son cantidades considerables.
 Todavía 40% de las exportaciones petroleras va a Estados Unidos.







Prólogo a la obra de Gastón Parra Luzardo en la colección "Venezuela y su Petróleo" del BCV


Prólogo
Carlos Mendoza Potellá

El Banco Central de Venezuela dedica este primer volumen de la Colección “Venezuela y su Petróleo” a quien fuera el principal promotor de esta iniciativa editorial y Presidente de la Institución hasta el día de su fallecimiento, el Dr. Gastón Parra Luzardo.

Para hablar de la personalidad del autor apelaremos a extractos de las palabras pronunciadas con motivo del homenaje póstumo que se le rindiera en enero de 2009 en Maracaibo, al designar con su nombre el auditorio de la Subsede del BCV en esa ciudad..

La vida de Gastón Parra Luzardo, su lucha incansable en defensa de la soberanía nacional sobre su más valioso patrimonio, constituyen un auténtico apostolado. Un ejemplo de perseverancia en los principios que debe ser imitado, un mandato para todo venezolano consciente de su gentilicio y de sus responsabilidades nacionales. Según sus propias palabras, plasmadas en la Introducción de la primera edición de “De la nacionalización a la apertura…”, en 1995:

“Examinar y reflexionar sobre cuáles han sido las relaciones y causas que han impedido una genuina nacionalización del principal recurso natural agotable con que cuenta Venezuela; desentrañar por qué se ha permitido de manera preponderante, absorbente y dominante la presencia del capital transnacional en la planificación, desarrollo y aplicación en la estrategia energética del país e investigar el por qué la actividad petrolera no ha estado orientada al servicio de la economía para impulsar la transformación del proceso económico, político y social, en beneficio de la colectividad, es un compromiso insoslayable que debe asumirse con la mayor responsabilidad histórica”.

Gastón Parra jamás eludió esa responsabilidad, asumida desde muy joven, al identificarse con el ideario socialista. Se mantuvo fiel a esas convicciones en todas las circunstancias que le tocó vivir, muchas veces amargas y frustrantes, al punto de generar la desilusión, el cansancio, la renuncia y desbandada de muchos otros.

Era, por sobre todo, un ideario sustentado en el más profundo estudio de autores e investigadores sociales de todas las corrientes del pensamiento económico y social, ratificado constantemente en la lucha diaria por impulsar el pleno desarrollo de la soberanía nacional, en el combate contra las fuerzas internacionales que nos imponían la dependencia y contra los voceros nativos del entreguismo.

El suyo nunca fue un ideario libresco y de catecismo, sino que se forjó continuamente en la observación y el análisis de nuestra realidad nacional y latinoamericana, subdesarrollada y dependiente, sometida al saqueo de las potencias imperiales y grandes corporaciones internacionales.

De esas constataciones y experiencias surgió su permanente y radical identificación con las causas de la justicia social y de defensa de la soberanía nacional. La búsqueda constante de un camino hacia el desarrollo integral de Venezuela y de su población De allí su humanismo e integridad, su vertical comportamiento, acorde con la clara percepción que tenía sobre lo que era su responsabilidad histórica.

La problemática de la economía y política petrolera venezolana, de los procesos de generación, distribución y apropiación de la renta petrolera, el carácter dependiente del desarrollo económico del país que esa actividad contribuyó a reforzar durante tantas décadas y la búsqueda de alternativas que superaran esa dependencia rentística, fueron los temas en los cuales centró su actividad de investigador.

En 1974, cuando ya contaba con una larga experiencia docente en las materias de Economía Petrolera y Economía Venezolana, y siendo Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, fue designado representante del Consejo Nacional de Universidades en la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera. En el seno de esa Comisión y junto a otros ilustres venezolanos batalló durante todo ese año para hacer surgir, según sus palabras, “la esperanza de abrir caminos en la búsqueda de una nacionalización que realmente fuera para el pueblo venezolano, que creara y afianzara la autonomía de decisión”.

Más precisamente, y tal como lo expresara en octubre de 1974 en una Conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia y lo ratificara el 28 de noviembre de ese mismo año, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México:

“…queremos una nacionalización del petróleo para beneficio del pueblo venezolano, una nacionalización genuina, real, que contribuya con corregir y no con reforzar la desigual distribución del ingreso en nuestro país; una nacionalización petrolera que sea un soporte firme y poderoso para avanzar en el camino de la liquidación de la dependencia estructural; una nacionalización que sea el fundamento de una sociedad en la que, por lo menos, las diferencias entre las clases sociales en Venezuela sean menos marcadas y donde la pobreza no reine y la riqueza abunde. Queremos una nacionalización para el pueblo venezolano y que esté al servicio de la humanidad entera, sin distinciones ni privilegios. Queremos, en suma, una nacionalización para que la producción y distribución de los medios materiales sirvan para satisfacer las necesidades humanas.”

Pero, como él mismo lo señala en el libro que hoy prologamos, las modificaciones realizadas por el Ejecutivo al proyecto original presentado desvirtuaron lo que pudo haber sido una auténtica nacionalización.

Esas modificaciones se centraron en la inserción en el Artículo Quinto de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos de la posibilidad de que las actividades reservadas pudieran ser desarrolladas por empresas mixtas.

Desde entonces se pudieron experimentar sus nefastas consecuencias, las cuales quedaron de bulto en las dos últimas décadas del siglo XX, con todas las perversidades de la apertura petrolera.

A partir de entonces una gran tarea del debate petrolero nacional debió ser la denuncia de la gran estafa que constituyó la supuesta “nacionalización” de 1976. Ese fue el “derrumbe de una esperanza” al que aludía en el subtítulo de su obra.

Gastón Parra Luzardo no cesó de escribir, de publicar artículos, ensayos, conferencias, diseccionando la realidad petrolera nacional, descubriendo las trapacerías del poder petrolero y los perversos resultados, nocivos para la Nación pero altamente provechosos para las corporaciones petroleras extranjeras y sus agentes internos, de las políticas impuestas por ese poder.

Como era de esperar entonces, dada la preeminencia del poder petrolero, los vetos mediáticos y la sordera generalizada convirtieron a Gastón Parra y a quienes le acompañamos, en predicadores del desierto, “profetas del desastre” como anatematizó un Presidente de la República.

“De la nacionalización a la apertura petrolera…” constituye una obra paradigmática, que resume en sí misma y con elocuencia, gran parte de las luchas del autor en defensa de la soberanía nacional sobre sus recursos de hidrocarburos.

Hoy, a 14 años de su primera edición, es pertinente una reflexión, a la luz de todo lo acontecido hasta nuestros días en esa materia, sobre cómo se forjó la “esperanza” y cuál fue la naturaleza del “derrumbe” al cual alude el autor.

Para la gran mayoría de los venezolanos la nacionalización petrolera de 1976 constituye un hito en el curso natural de evolución de la política petrolera venezolana de orientación nacionalista. De tal manera, podría hacerse un encadenamiento histórico con eventos precedentes y colocar dicha “nacionalización” como punto culminante de esa política. Veamos esa retrospectiva y la ubicación dentro de ella de los eventos de 1974-76::

Uno de los primeros eslabones de la política petrolera venezolana, más allá de los antecedentes pre-petroleros, que se hunden hasta el Fuero Viejo de Castilla y el Decreto del Libertador de 1829, lo constituye la Ley de Hidrocarburos de 1920 y la acción vital de Gumersindo Torres, pionero del nacionalismo petrolero, paradójicamente en tiempos de Juan Vicente Gómez, adalid del entreguismo.

En 1943, después de una larga discusión nacional, fue suscrito un convenio entre el gobierno del General Isaías Medina Angarita y las compañías petroleras, con la "mediación" del Departamento de Estado norteamericano. En cumplimiento de ese convenio se promulgó la Ley de Hidrocarburos vigente hasta el año 2000.

En ese entonces, las compañías extranjeras concesionarias se acogieron a los términos de dicha Ley, obteniendo, a cambio de ello, una extensión por 40 años de sus derechos de exploración, explotación y manufactura de los hidrocarburos en las áreas bajo su control.

El gobierno de Marcos Pérez Jiménez otorgó, entre 1956 y 1957, y también por cuarenta años, de acuerdo a los términos de la citada Ley, las últimas concesiones.

En 1961 y por inspiración del Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo -en el marco de la política petrolera promovida en su "Pentágono de Acción", que incluyó, entre otras cosas la creación de la CVP y de la OPEP- el Congreso Nacional, al promulgar la nueva Constitución, dejó establecida la norma de que no se otorgarían nuevas concesiones de hidrocarburos (Art. 97), mejor conocida como la "política de no más concesiones".

A mediados de 1971 el Congreso Nacional aprueba la "Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión", a tenor de la cual quedaron totalmente identificados y cuantificados los activos de la industria petrolera que revertirían a la Nación al término de las concesiones.

Por virtud de todo lo anterior, 1983 pasó a convertirse en un año muy importante para los venezolanos de las décadas 60 y 70:

En ese año revertiría a la Nación, sin posibilidad de renovación y sin ninguna indemnización, el 80% de las concesiones otorgadas hasta entonces. En otras palabras, en 1983, Venezuela pasaba a ser dueña directa, en un 80%, de la industria petrolera establecida en su territorio. En 1996-97 revertiría el otro 20% constituido por las concesiones otorgadas por Pérez Jiménez.

1983 era, pues, el año en que se iniciaría, con todos los hierros, el despegue definitivo de Venezuela hacia la liberación económica y el desarrollo.

Sin embargo, la dinámica de la política petrolera internacional y la voluntad de las corporaciones de imponer una transición a su imagen y semejanza, determinaron que esa "reversión", dispuesta en la Ley de 1943 y completamente reglamentada por la Ley de 1971, se adelantara a 1976.

De tal suerte que en ese año, después de ser ventajosamente indemnizadas por la entrega de equipos, instalaciones e inmuebles largamente depreciados, habiendo obtenido unos contratos de asistencia técnica que simplemente disimulaban injustificados pagos adicionales, unos contratos de comercialización en donde se les otorgaban jugosos descuentos y, previo también, un avenimiento secreto en el cual recibieron garantías no escritas -pero fielmente cumplidas- de participación en todos los futuros emprendimientos petroleros del país, las grandes corporaciones internacionales renunciaron a sus concesiones; dejando de paso, y como garantes de sus intereses en las que ahora serían operadoras nacionalizadas, a los "nativos" de su confianza: un caballo de Troya antinacional que a partir de los años 90 promovió la privatización a marcha forzada de PDVSA, vía las aperturas, las asociaciones estratégicas, el "outsourcing" y la venta de parte del capital en acciones, pero cuyas actividades de evasión fiscal y saboteo del control que debía ejercer el Ministerio de Energía y Minas comenzaron desde el propio 1º de enero de 1976.

Se materializó así, en ese año, el adelanto de la "reversión", siete años antes del término establecido en la Ley de 1943. Ese evento fue denominado impropiamente, "nacionalización petrolera". Y hasta sus críticos aceptaron ese término, agregándole el calificativo de "chucuta".

Vistas desde otra perspectiva, nos podríamos explicar las circunstancias descritas, al reconocer que la nacionalización no fue otra cosa que la conclusión de un largo y conflictivo proceso de agotamiento del patrón normativo de las relaciones entre el Estado venezolano y las compañías extranjeras concesionarias.

Ese conjunto legal y reglamentario, modus vivendi alcanzado a través de décadas de una asociación conflictiva, cuyo sustento fue el reparto de la extraordinaria renta del petróleo, se cristalizaba, en cada oportunidad, en los diversos instrumentos que establecían las respectivas participaciones -del Estado venezolano y las concesionarias extranjeras- en ese reparto.

Desde la primera Ley de Hidrocarburos de 1920 hasta la Ley sobre bienes afectos a reversión en 1971 el Estado venezolano fue incrementando su capacidad de control y fiscalización sobre las actividades de las concesionarias y, con ello, aumentando su participación teórica –al menos- en el mencionado reparto.

Pero ese proceso, por su propia naturaleza, caminaba hacia el agotamiento: En 1974, por ejemplo, cuando eran notorias las inmensas ganancias de los consorcios petroleros a nivel global, el reparto teórico de los beneficios netos de la actividad petrolera en Venezuela resultaba en una proporción de 95% para el Estado venezolano y sólo 5% para las filiales transnacionales.

La irrealidad de estas proporciones y la dificultad de mantener semejante engaño en el mismo año en el cual la Creole Petroleum Corporation aportaba un desmesurado porcentaje de las ganancias internacionales de la Exxon fueron elementos determinantes de ese agotamiento.

Ello se hacía crítico en la medida en que se acercaba 1983, año en el cual se iniciaría el vencimiento y por ende la reversión de las concesiones de hidrocarburos, sin que para esa fecha estuviera prevista una alternativa clara para el ulterior desarrollo de la industria, cercada por la norma constitucional que establecía el no otorgamiento de nuevas concesiones y el voluntario enanismo en el que fue mantenida la Corporación Venezolana del Petróleo durante sus quince años de existencia.

El dilema tenía soluciones divergentes, pero perfectamente identificables:

Una, era la preparación del país para asumir plenamente el control de su industria. Esta opción, defendida por los sectores de avanzada del país, fue delineada en términos de posibilidad realizable por Juan Pablo Pérez Alfonzo, al postular, dentro de su "Pentágono Petrolero", junto al principio de "no más concesiones", la creación y desarrollo de la CVP.

Pero esa posibilidad fue eludida, ignorada e incluso desnaturalizada con la negociación de unos Contratos de Servicios diseñados originalmente durante la presidencia de Rómulo Betancourt y ejecutados infructuosamente durante la primera gestión presidencial de Rafael Caldera, los cuales, como lo demostraran en su oportunidad diversos analistas, no fueron otra cosa que concesiones disfrazadas para burlar el principio constitucional que prohibía nuevos otorgamientos de las mismas.

La segunda de las opciones a que nos referimos es, desde luego, la propiciada por las compañías petroleras y sus voceros en FEDECAMARAS.

Los esfuerzos de este sector se van a encaminar a la búsqueda de una alternativa cónsona con la preservación de su participación privilegiada en el negocio. Una nueva fórmula de asociación dependiente con el capital transnacional que incorporara algún maquillaje renovador era la solución más "saludable", si se miraba con los ojos geopolíticos de sus proponentes criollos.

Los Contratos de Servicio se van a convertir en el primer ensayo de esa fórmula alternativa y preservadora de la buena salud del negocio. El largo debate en torno a estos contratos y su ulterior frustración, con el escándalo de los sobornos otorgados por la Occidental Petroleum incluido, vienen a constituir una expresión de la confrontación entre las dos opciones mencionadas; confrontación alrededor de la cual ha girado la política petrolera de los últimos ochenta años, y que se ha resuelto siempre con el predominio de los sostenedores de la asociación incondicional con el capital petrolero internacional.

Así pues, la "nacionalización", evento culminante de la política petrolera venezolana, plasmó, en realidad, el estado de las fuerzas de estas dos posiciones y, no siendo una excepción de la tendencia secular, también en esa oportunidad terminó por triunfar el partido de la asociación transnacional.

De una manera tal que, al cabo de un forcejeo trascorrales, la nacionalización viene a ser convertida en su opuesto: un pacto laboriosamente trabajado que propiciará el mantenimiento y la ampliación, en extensión e intensidad, del control transnacional sobre el petróleo venezolano.

Allí comienza el derrumbe de la esperanza con la cual Gastón Parra Luzardo se integró a la Comisión Presidencial para la Reversión petrolera.

El instrumento fundamental para la obtención de tan paradójico resultado de una nacionalización fue, en un principio, el bloque de convenios de avenimiento firmados tras bastidores mientras se discutían públicamente los términos de la "Ley que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos".

En consonancia con esas negociaciones subterráneas, con el fin de la era concesionaria no se pasó a la era del control pleno por parte del Estado sobre su industria petrolera, sino a una nueva modalidad de relación subordinada Estado-transnacionales. Más elástica y sutil, más adaptable a la evolución de las realidades económicas y políticas contemporáneas, que manteniendo y profundizando las características esenciales de la situación anterior, fuera a la vez una puesta a tono con el signo de los tiempos que permitiera desmovilizar los sentimientos negativos que despertaba el viejo sistema concesionario.

Esta nueva forma de existencia de la relación dependiente se fundó en sus inicios, en un también nuevo tipo de contrato, distinto formalmente del contrato concesionario, pero que obtuvo con más eficiencia los mismos resultados: Los contratos de asistencia técnica y los contratos de comercialización con los cuales quedaron atadas las nuevas operadoras nacionalizadas, Lagoven, Maraven, Llanoven, Meneven, etc., a sus antiguas casas matrices Exxon, Shell, Mobil, Gulf, etc.

De tal suerte que, cosas veredes, Sancho amigo, la apertura petrolera se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.

Atrincheradas en el privilegiado papel de asesoras tecnológicas (convidadas permanentes en todas las actividades de sus antiguas filiales) y comercializadoras de toda la producción exportable de crudos y derivados, las más poderosas de las antiguas concesionarias se mantuvieron a la espera de su reinserción como protagonistas directas en las operaciones petroleras venezolanas.

El atajo para esa reinserción lo constituyeron los contratos de servicios y empresas mixtas que permitía el Artículo Quinto de la mencionada Ley de 1976. Las primeras excusas se buscaron, como siempre, en la complejidad tecnológica implícita en el desarrollo de los crudos de la Faja, en la imperiosa necesidad de contar con el apoyo y la experiencia del gran capital petrolero internacional para reactivar difíciles campos marginales y la explotación del gas no asociado costa afuera de Paria y la Plataforma Deltana.

Una salida como ésta venía siendo discutida y propuesta desde finales de los años sesenta por investigadores vinculados al gobierno norteamericano y a las transnacionales. En particular, James Akins, Zar energético de Nixon, posteriormente Embajador en Arabia Saudita y asesor petrolero en ese mismo país, expuso las ventajas, para los intereses de las compañías y del sistema en general, de darle una vía de escape al peligroso vapor del nacionalismo, en un ensayo titulado "La Crisis del Petróleo, esta vez el lobo ha llegado" (Foreign Affairs, abril 1973).

Según este autor, un gran número de funcionarios de las empresas petroleras examinaba las posibilidades de establecer un nuevo sistema de relaciones con los países productores, pues se hacía evidente cada día que la era de las concesiones estaba agotándose. "...una nueva y dramática oferta a los productores podría garantizar la tranquilidad durante otra generación" y en particular, al hacer referencia a la situación que se vivía entonces en el Medio Oriente, que ya había conducido a dos nacionalizaciones no amistosas, en Irak y Argelia, concluye que no sería fácil, ni aún deseable resistir un cambio en esos momentos, porque...

"Sin importar lo que resulte de los acuerdos existentes, las compañías continuarán desempeñando un papel importante en el transporte, refinación y distribución del petróleo, y es muy probable que también lo harán en la producción del petróleo durante los próximos diez años."

Las reflexiones de Akins pasaron a formar parte del sustento de la estrategia principal de las grandes corporaciones petroleras en sus relaciones con los países productores, como lo demostraron los acuerdos de participación y nacionalizaciones parciales a que se avinieron esas empresas con los países del Medio Oriente.

En una fecha tan lejana como 1969, otro de los investigadores a los que nos referimos, Gerard M. Brannon, de la Fundación Ford, elaboró unas propuestas de "Políticas Respecto a la OPEP" como parte de un informe para el proyecto de políticas energéticas de esa Fundación, en el cual aporta argumentos similares a los expuestos y popularizados por Akins cuatro años después:

"Las leyes tributarias, hasta de esos países son más difíciles de cambiar que los precios. Si los países productores se adueñaran efectivamente de la producción petrolera, su interés estaría en seguir empleando la burocracia existente de las compañías petroleras para utilizarla como administradores y técnicos de la producción. La gran diferencia estaría en que los países productores podrían fijar los precios y no tendrían el recurso de los impuestos para asegurar la disciplina de precios contra los países particulares atraídos por la perspectiva de una venta mayor a un precio más bajo."

Esas proposiciones se hicieron política concreta y se ejecutaron con óptimos resultados para las compañías en las negociaciones que dieron paso a la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela.

De tal manera que, concluido el ciclo concesionario, las relaciones entre el Estado propietario del recurso y las transnacionales que lo explotaban cambiaron de forma con la "nacionalización" de la industria, pero no sólo se mantuvieron, sino que se intensificaron y extendieron a campos inusitados.

Los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización, suscritos bajo presiones chantajistas ejercidas sobre un gobierno que había aceptado términos de negociación inconfesables, pocos días antes del tránsito formal de la industria petrolera a manos del Estado, fueron los factores determinantes en cuanto a una nueva configuración de los vínculos Estado-Corporaciones en los 26 años que siguieron, durante los cuales esa configuración se desarrolló y consolidó.

Utilizando la terminología contemporánea, en esos contratos se plasmaron los pasos iniciales de la “apertura petrolera”, porque fue a través de ellos que Exxon, Shell, Mobil, y Gulf, principalmente, pasaron a tener injerencia en espacios distintos a los de sus antiguas concesiones, abriéndose simultáneamente nuevas oportunidades para otras grandes corporaciones.

Fue así como se inició el deterioro de la participación nacional en el negocio petrolero, constituyendo la llamada "apertura petrolera" sólo el capítulo contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las elites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyeron entonces, y por casi 30 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal.

Con esos contratos se inicia el proceso de desmontaje del aparato de control y fiscalización estructurado por el Estado venezolano a lo largo de décadas.

En ellos se consagró, por primera vez, la renuncia a la soberanía impositiva, al establecer una fórmula automática para compensar todo intento de incremento de las tasas impositivas vigentes a la firma del contrato. Igualmente, allí, por primera vez, se renunció a la "inmunidad de jurisdicción", al establecer, en contravención del Artículo 127 de la Constitución Nacional de 1961, el arbitraje internacional como medio para dirimir los desacuerdos entre las partes contratantes.

Posteriormente se incorporaron nuevas áreas a este proceso de expansión de la participación extranjera en el negocio petrolero venezolano: los programas para el cambio de patrón de refinación y los "megaproyectos" de la Faja del Orinoco fueron los siguientes escenarios en los cuales continuaron los retrocesos la soberanía nacional. A ellos siguieron la internacionalización y la Orimulsión, destacados componente de una estrategia enfrentada a la política oficial, y generalmente aceptada, de control de la producción como garantía para la defensa de los precios.

Las prioridades de los gerentes de PDVSA se orientaron entonces según los intereses de sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tenían secretos. y con cuyo concurso planificaban estrategias para enfrentar las políticas y orientaciones estatales.

Por eso mismo, irrespetaban a unos poderes públicos alcahuetes, escondían información a sus legítimos contralores y renegaban de su condición de funcionarios estatales. En su visión corporativa lo importante era la expansión del negocio, aun al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios.

Como quedó más que demostrado a partir de 2002, el más importante foco generador de tendencias privatistas en la industria petrolera nacional se encontraba en esas cúpulas gerenciales.

En efecto, durante todos los años previos, los esfuerzos de la gerencia transnacional de PDVSA estuvieron enfrentados al más acendrado interés nacional: bajar la participación fiscal, boicotear a la OPEP, hacer descuentos a los "clientes tradicionales" y a "nuestras filiales en el exterior", fomentar negocios inviables para la Nación pero lucrativos para el capital privado.

La política de expansión a todo trance de la producción es característica. No importaba si con esa expansión se violaban normas técnicas, con lo cual se aceleraba el agotamiento de los yacimientos; no importaba si esa expansión iba a sobrealimentar a un mercado estructuralmente saturado y a convertirse en factor de debilitamiento de los precios reales; no importaba violar los topes asumidos en el seno de la OPEP -en realidad, era lo que menos importaba. No importaba si crecían los costos y las posiciones competitivas del país a mediano plazo se comprometían. No importaba si, para garantizar esa expansión, se ofrecían condiciones exageradamente generosas al capital petrolero internacional, en desmedro de la participación nacional.

Lo único que importaba era que florecieran los negocios que alimentaban el poder y las fortunas de los particulares y las corporaciones que los proponían y ejecutaban.

Desde el punto de vista estrictamente político, en todos esos veintiseis años, las fuerzas de la apertura transnacional tuvieron como gran acierto la imposición, a la sociedad venezolana, de su visión corporativa -la "verdad petrolera"- como axioma incontrovertible. Uno de los principales pilares del imperio de esta visión acrítica y deformada de la realidad lo constituyó el pacto de los máximos lideres de AD y Copei, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, para sacar al petróleo del debate político.

De tal manera, en nombre de la importancia para el país de la actividad petrolera, de la necesidad de alejarla de la politiquería y el clientelismo partidista, se permitió que la más antinacional de las políticas, la de las transnacionales y las mafias aprovechadoras, se apoderara de ella.

En nombre de la meritocracia, se permitió el enquistamiento de una dinastía gerencial que reproducía la filosofía y patrones de conducta antinacionales, a través de un sistema de premios y castigos que privilegiaba la incondicionalidad y el acriticismo y creaba una verdadera cadena de complicidades y favoritismos dignos del mas rancio régimen feudal.

La camarilla gerencial petrolera, escudada en la condición de compañía anónima atribuida a PDVSA y arguyendo que se manejaban asuntos de alta confidencialidad y complejidad técnica, convirtió en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometían al recurso fundamental de la Nación.

El ámbito de discusión de estos temas se restringió a esa cúpula y a sus asesores externos, con el libre albedrío que les otorgó el premeditado desmantelamiento del órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.

Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumían mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacían a partir de datos sobre cuya génesis no tenían ninguna posibilidad de modificación. Es decir, "planificaban" a partir de parámetros fijados de manera independiente por los gerentes petroleros. Tal como lo haría un joven con la mesada asignada por su padre: a veces protestando su insuficiencia, pero sin poder ir más allá, por desconocer los factores determinantes de tal nivel de asignación.

Es en este ambiente de ignorancia y complicidad como se constituyó, en torno al petróleo, el mayor centro de desviación de los bienes públicos hacia privilegiadas alforjas. En la obra que prologamos Gastón Parra Luzardo realiza un análisis minucioso de muchos de los emprendimientos del poder petrolero y de los daños ocasionados al patrimonio nacional. Destacamos aquí algunas de las muestras más flagrantes de esta actividad abiertamente antinacional:

El Proyecto Cristóbal Colón, "diferido por 5 años" primero y definitivamente abandonado por inviable luego, fue sin embargo, el emprendimiento más exitoso de la gerencia petrolera desde el punto de vista de su rumbo hacia la desnacionalización total de la industria.

Escudados en la importancia estratégica de ese proyecto lograron imponer en el Congreso Nacional la eliminación de la figura de los Valores Fiscales de Exportación, la cual garantizaba adecuados niveles de participación fiscal.

Igualmente, y de manera subrepticia, forzaron un dictamen de una complaciente Corte Suprema de Justicia mediante el cual fueron derogados los Artículos 1°, 2° y 5° de la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural y modificado el Artículo 3° de la Ley de Hidrocarburos. En sí mismo, el Proyecto Cristóbal Colón incorporaba mermas del ISLR en 33 puntos porcentuales y una expresa renuncia a la soberanía impositiva, al disponer el compromiso de Lagoven de compensar a sus socios extranjeros en la eventualidad de incrementos tributarios dispuestos por las autoridades nacionales.

Con este ensayo general quedó servida la mesa para los nuevos hitos en el camino desnacionalizador: las "asociaciones estratégicas" para la operación de campos inactivos y los "convenios de asociación bajo el esquema de ganancias compartidas" vendidos ambos bajo el slogan de la "apertura".

Pero la realidad fue que, desde un principio, es decir, desde 1976, en cada escaramuza meritocrática por defender su autonomía operativa frente a la Contraloría General de la República, el Banco Central y el crecientemente desvalido y colonizado Ministerio de Energía y Minas, por imponer su visión de "negocios" y de producción incremental a cualquier precio frente al "rentismo estatista", en eventos tales como el cambio de patrón de refinación, la internacionalización, la orimulsión, los proyectos de mejoramiento de crudos extrapesados y la entrega de los "campos marginales", se quedaron pedazos de soberanía, de capacidad de control y fiscalización, de jurisdicción de las leyes y tribunales nacionales, y, como se constató entonces en las cifras aportadas por la propia industria, de integridad de la participación nacional en un negocio que fue controlado en todos sus intersticios, capilarmente, por el poder económico privado nacional y transnacional que rebanaba para sí las mayores tajadas: el poder petrolero.

El intento de cambiar este rumbo iniciado en 1976, puesto de manifiesto en 2002 con la designación de un directorio de PDVSA presidido por Gastón Parra Luzardo, dispuesto a hurgar en los más recónditos recovecos del secreto petrolero que se escondía tras las hermosas "presentaciones" de sus ejecutivos y las "consolidaciones" de sus artífices contables, fue uno de los factores desencadenantes del golpe petrolero de abril de ese año.

Esos mismos temores los llevaron luego, a finales de ese año y comienzo del 2003, a utilizar todas sus recursos, incluido el chantaje terrorista, para imponer su particular visión de la democracia; una que fuera complaciente con sus negocios y no invocara viejas, desteñidas, desfasadas, "rentistas" y amenazantes posturas nacionalistas.

Tal es, pues, la naturaleza del “derrumbe” antinacional que describió el autor prologado en su obra de 1995.

La actualidad y pertinencia de esta reedición quedan de manifiesto en los proyectos y propuestas que siguen postulando los partidarios de una asociación incondicional con el capital petrolero transnacional, quienes condenan toda reivindicación del interés nacional como expresión simple de estatismo populista, enfrentado a la modernidad del libre mercado y la globalización.



CMP 9/7/2009






DOCUMENTOS DEL BLOG - FUENTES DE MÉRITO 2

Reproducimos en esta edición de FUENTES DE MERITO un texto poco conocido de Francisco Mieres que data del año 2001, en el cual realiza señalamientos casi proféticos sobre lo que sería el para entonces recién instaurado gobierno norteamericano de George W. Bush. Al releerlo después de la ocupación de Irak y rememorar el papel jugado en esa desgracia humanitaria por los  Cheney, Runsfeld y sus Halliburton y demás perros de la guerra, podremos evaluar la significación de estas advertencias.
CMP Marzo 2010

Realidades



Francisco Mieres
2001
 
Los multimillonarios de Bush, el planeta y la OPEP

En el artículo “Estados Unidos: los petroleros al poder” (El Nacional, 29-01-2001), Maric Sommer caracteriza el gobierno de Bush como un directorio de ejecutivos de las ramas energética, automotriz y de armamento, polarmente opuestos a toda medida de protección ambiental y de conservación de la energía, tales como el Protocolo de Kioto.

Sommer cita a Cheney, Card, Abraham y Norton como probados litigantes de los empresarios en esas ramas, dominantes en Washington, contra los derechos sociales y ambientales de las mayorías. La “Associated Press”, por su parte juzga el gabinete de Bush como “gobierno de multimillonarios”, basándose en sus declaraciones de bienes, lo que demuestra que ya no son sólo lobbystas sino empresarios ellos mismos. Así, Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa, en el cuarto siglo transcurrido desde su ejercicio anterior de la misma cartera, ha amasado una fortuna de unos 50 millones de dólares, al frente de compañías privadas. Lo mismo hizo Dick Cheney después de vencer en la “tormenta del desierto” y ocupar la jefatura de Hallyburton. El otro héroe de esa campaña, el General Collin Powel, ahora a la cabeza del departamento de Estado, ha declarado 25 millones de dólares en activos. Paul O´Nell, Ministro del tesoro, logró 30 millones de dólares en Alcoa, la gigante del aluminio. Según A.P., Gale Norton, Ann Veneman y Spencer Abraham, Ministros del Interior, de Agricultura y de Energía, reportaron haberes de seis o más dígitos.

Charles Lewis, vocero del Center of Public Integrity, indica la nula sensibilidad social mostrada por estos empresarios super ricos, y se explica la abstención de la mayoría de norteamericanos, integrada por pobres que no se sienten representados por el gobierno.

Al responder a la pregunta ¿Qué puede esperarse de esta oligarquía en el poder?. Sommer pone énfasis en el despliegue de agresividad para imponer mayor explotación de hidrocarburos aún en las áreas ecológicamente más frágiles y desconociendo los compromisos internacionales, sin destacar el uso de la fuerza en nuevas “tormentas del desierto”. Estos arrestos de hegemonismo y desprecio por el resto de la comunidad internacional (incluida la ONU) se han manifestado en la decisión de lanzar el proyecto escudo antimisilístico (“guerra de las galaxias”) aunque acarrée la violación del tratado ABM y la proliferación de armas nucleares.

Su atractivo no es tanto militar como económico para la gran industria de armamento, con el gobierno como gran financiador.

Las reacciones iniciales a tales propósitos apuntan a su rechazo generalizado y hacia el aislamiento político internacional de Bush, así como el debilitamiento de su ya escuálida base social dentro de los propios Estado Unidos. Un programa antisocial y anti-ambiental basado en la creencia de que “estamos entrando al siglo de la globalización norteamericana” es terriblemente anacrónico e irrealista. Rusia, China, Europa, etc., han puesto en marcha diversas iniciativas para contrarrestar las amenazas más graves, dentro y fuera de la ONU.

Por su parte la comunidad científica global, a través del panel climático internacional, reunido en enero en Shanghai, ha lanzado la más documentada, precisa y tajante advertencia, ante el alarmante empeoramiento de las condiciones climáticas, generado por la actividad económica actual, dominada por el aparato militar – industrial – petrolero, y el panorama de desastre que espera a la humanidad si no emprendemos urgentemente las reformas destinadas a cumplir al menos los compromisos de Kioto. El deterioro del ecosistema global amenaza ser 10 veces mayor en este siglo XXI. La grave advertencia parece dirigida a Washington, que ya hizo fracasar las recientes negociaciones de La Haya, en principio destinadas a reglamentar su aplicación, y ahora con un gobierno que apuesta a desconocer por completo el Protocolo. El meollo del conflicto radica en que las actividades señaladas como fuentes principales de las emisiones constantes del calentamiento atmosférico son las mismas que concentran el poder en USA, y que despliegan influencias evidentes en otras latitudes, por vía de las inversiones, de la diplomacia, de la “protección” militar, amén de la publicidad consumista, y de la ideología desarrollista. Por eso es tan grave y difícil de resolver el conflicto. La responsabilidad al respecto recae sobre los gobiernos, impulsados por la movilización de la conciencia publica, pero la gravitación de la influencia corporativa dominante dentro de muchos de ellos los paraliza o debilita. Un reto especial al respecto, y una propensión a la debilidad, la tienen los países de la OPEP y demás exportadores de petróleo y gas, que son los contaminantes fundamentales del planeta, por ser los combustibles claves del complejo militar - industrial. El temor infundado una caída de sus precios por razones ambientales ha sembrado incertidumbre en una agrupación que nació bajo el signo del conservacionismo, y de la restricción de la producción petrolera, el cual sigue siendo, ahora más que antes, medida que la demanda mundial se concentra a fortiori en el petróleo de la OPEP, el camino más acorde con los severos condicionalismos ecológicos del globo puestos de relieve dramáticamente en Shanghai por la comunidad científica internacional.

Una posicion inequivoca de la OPEP al respecto, asi como de Rusia y de China, grandes productores y usuarios de energia (y de contaminantes, por ende), seria un aporte de primera importancia al triunfo de una causa global que ponga a las amenazas de desastre planetario que hoy tienen su foco principal en Washington.





sábado, 20 de marzo de 2010

DOCUMENTOS DEL BLOG - FUENTES DE MÉRITO


Con el siguiente trabajo del Dr. Gastón Parra Luzardo iniciamos una nueva sección de los Documentos del Blog: FUENTES DE MÉRITO, la cual estará constituída por textos de nuestros maestros, en los cuales pretendemos encontrar la fundamentación de los planteamientos que presentamos en este blog. CMP, marzo 2010.

La Privatización Petrolera en Venezuela

 

Gastón Parra Luzardo
1996
La presencia y la influencia del poder petrolero transnacional no desaparecieron con la promulgación de la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. "El articulo 5° preanunciaba, hace 20 años, la llamada apertura petrolera ahora de actualidad". Desde el inicio de la promulgación de la Ley de Nacionalización surgieron los contratos de comercialización y de asistencia técnica, mediante los cuales los ex-concesionarios conservaron sU dominio sobre la actividad petrolera. Continuaron los contratos para la formulación de los llamados megaproyectos para explotar el petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco, firmado con la Bechtel Corporation, que al final resultó en un rotundo fracaso con significativas pérdidas de millones de dólares para el país.


Posteriormente, fueron firmados 14 contratos con empresas privadas internacionales para la "re activación de campos marginales o inactivos" bajo la denominación de "convenios operativos", con lo cual se evitaba tener que recurrir al Congreso de la República para su aprobación. Conviene precisar que los llamados "campos marginales" fueron calificados así, dada la baja productividad de sus pozos, cuando el precio del barril del crudo era inferior a los 2 dólares; pero a los precios actuales, esos campos dejan de ser marginales. De igual manera, bajo la modalidad de "convenio operativo", fue suscrito un acuerdo con la empresa Chevron, con el objeto de iniciar actividades de producción en el Campo Boscán, estado Zulia.

Con la finalidad de poner en práctica una mayor apertura petrolera, cónsona con el proceso de la globalización del capitalismo, PDVSA impulsó las llamadas "Asociaciones Estratégicas "para la realización de las mismas el Congreso Nacional aprobó las condiciones por las cuales deberán regirse los contratos por firmarse. De esta manera fueron autorizados los convenios de asociación entre las empresas Maraven, S.A. y Conoco INC.; entre Maraven Total Itochu y Marubeni; y entre Lagoven con Exxon, Shell y Mitsubishu Los dos primeros convenios tienen como finalidad la explotación y mejoramiento de petróleos extra pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco y el tercero con el objeto de explotar y comercializar el gas natural proveniente de los yacimientos ubicados costa afuera al norte del estado Sucreo Este proyecto denominado "Cristóbal Colón", fue calificado por reconocidos expertos sobre la materia de inviable, de no conveniente para el país.

JERARQUIZACIÓN DE NEGOCIOS DE PDVSA

PROYECTO                     INDICE DE RENTABILIDAD

Producción cosechar                                      5,98
Crecimiento de áreas nuevas                        4,47
Crecimiento de áreas tradicionales              4,24
Orimulsión adicional                                      1,92 
Orimulsión actual                                            1,77
Carbón actual                                                 1,75
Refinación de proyectos                                 1,67
GLP adicional                                                 1,60
Asociación Conoco                                        1,54
Asociación HDH                                            1,53
Asociación Total                                           1,43
Carbón adicional                                           1,40
CRISTOBAL COLON                                 1,35
Petroquímica actual                                       1,32
Petroquímica adicional                                  1,13
Ref. Sistema Referencia                              1,00
Mercado Interno                                           0,90



Dos años después de haber sido suscrito el convenio (1994), las empresas Shell, Exxon, Mitsubishi y Lagoven anunciaron postergar el mencionado proyecto.) Un documento interno de PDVSA reveló que para el momento de su aprobación el proyecto "Cristóbal Colón" era el de menor rentabilidad financiera de toda la industria petrolera (Véase cuadro). Pero las transnacionales lograron su objetivo de contar con un texto legal, mediante el cual pudiesen regresar al país.



Otros proyectos asociados a la Faja del Orinoco, tales como los acordados entre Lagoven con la Mobil y Corpoven con la empresa Atlantic Richfield (ARCO), se encuentran en proceso y para completar una fase más en el avance progresivo y sin límites de la privatización petrolera se firmaron los "Convenios de Asociación" para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas.4



La privatización de Petróleos de Venezuela se desarrolla a toda velocidad. Ciertamente, además de las acciones acordadas y ejecutadas hasta el presente, se acometen con apremio otros proyectos destinados a consolidar y desarrollar la participación del sector privado internacional. Tal cual afirmaba el propio presidente de PDVSA, Ing. Luis Giusti: "La apertura petrolera deberá apuntar hacia una política de privatización de Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales "Es una estrategia global de apertura de espacio para el capital privado". 6 Bajo esa concepción, fue creada Deltaven (empresa comercializadora que integra y coordina todas las actividades de mercadeo al detal de PDVSA) con el objeto de privatizar la comercialización interna de los hidrocarburos. Con el fin de lograr ese objetivo, PDVSA considera conveniente derogar la Ley del Mercado interno de hidrocarburos y a tal efecto, presentaría al Congreso de la República, a través del Ejecutivo Nacional, un nuevo proyecto de ley para proceder a la apertura del mercado nacional al sector privado transnacional.



De nuevo, bajo la modalidad de "Convenios Operativos", se ofrecerán, fundamentalmente a las corporaciones petroleras internacionales, veinte (20) campos "inactivos", que cubren un área de 7 mil 800 kilómetros cuadrados y comprenden unos 3 mil pozos, de los cuales 700 están produciendo actualmente unos 66 mil barriles de crudos livianos y medianos.



Estas veinte unidades serán entregadas, como las 14 anteriores, con tasas impositivas del 34% y según Ramón Espinasa, economista Jefe de Petróleos de Venezuela, sin pago por concepto de regalía. 8

De igual manera se avanza en el proyecto de Ley de Estímulo y Desarrollo de las actividades del Estado en materia de petroquímica, carboquímica y similares, que se encuentra en el Congreso para su discusión, con el propósito firme de proceder a la privatización de la Petroquímica (Pequiven).9



Asimismo, fue anunciada por PDVSA la creación de la Sociedad de Fomento de Inversiones Petroleras (SOFIP) bajo el atractivo objetivo de fortalecer el ahorro interno y promover la participación directa del venezolano en el sector petrolero a través de títulos ofrecidos en el mercado de capitales, para ampliar las opciones de financiamiento de la industria en proyectos petroleros, petroquímicas, gas, carbón, orimulsión, así como participaciones en las empresas mixtas de las asociaciones filiales privadas nacionales y extranjeras. El mensaje del presidente de Petróleos de Venezuela, correspondiente al informe anual de 1995, se señala entre otras iniciativas de apertura, la "creación del Fondo de Inversiones Petroleras, mediante el cual el ciudadano común, por primera vez en nuestra historia, podrá invertir en los proyectos del sector petrolero". En nuestro criterio, ese propósito es pura ilusión e incita al engaño. Lo cierto es que se trata de ganar terreno para imponer las ideas profundamente privatizadoras en perjuicio de los intereses verdaderamente nacionales. En un país como Venezuela, donde predomina una desigual distribución del ingreso, con un 80% de la población sumida en la pobreza y donde el 54% de la población económicamente activa percibe ingresos que oscilan entre 15.000 y 50.000 bolívares mensuales, cuando el valor de la canasta alimentaría se ubicó para diciembre de 1996, en Bs. 130.000 y el de la cesta básica, en Bs. 260.000, no es posible concebir realmente una capacidad de ahorro del venezolano común, por lo menos de la gran mayoría de la población, para destinarlo a los fines de invertir a través de títulos en el mercado bursátil en la industria petrolera. Puede ocurrir que los estratos con ingresos superiores y que constituyen la minoría y con toda seguridad sectores transnacionales, sean los verdaderos beneficiados.



Pero la apertura petrolera no concluye con esos proyectos. Los mentores y ejecutores de la "transnacionalización globalizadora" laboran permanentemente para lograr la reforma radical de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y del marco legal que rige el funcionamiento de la empresa estatal con el propósito de proceder a la venta de acciones de PDVSA. De igual modo, se pretende (vieja aspiración) la modificación de la Constitución de la República, en especial del artículo 97, donde se establece que "El Estado podrá reservarse determinadas industrias o servicios de interés público por razones de conveniencia nacional, y propenderá a la creación y desarrollo de una industria básica pesada bajo su control" .



La venta de acciones de PDVSA y el dominio transnacional



En ese orden de ideas, el propio presidente de PDVSA, Luis Giusti, afirmó: "Yo creo que para cualquier empresa como PDVSA, sin menoscabo para nada del control de la autonomía nacional, sería muy saludable tener un 15 por ciento en el mercado de capitales" y agregó: "Todo esto va en la dirección de la mayor participación de los privados en la industria petrolera" .10



Por supuesto, declaraciones de esta naturaleza revelan una vez más, a lo largo de los veinte años de haberse puesto en vigor la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, que la cúpula de Petróleos de Venezuela, no solamente se limita a las funciones para las cuales fue creada, sino que ha impuesto la política por desarrollar, desplazando y arrinconando al Ministerio de Energía y Minas. Afortunadamente, en esta oportunidad el Ministro de Energía y Minas sentenció que: "Los yacimientos ni se prestan, ni se venden ni se regalan". Pero lo realmente importante es que este juicio se mantenga en el tiempo y no aducir, en el futuro, interpretaciones de otra índole.



En todo caso, para que una propuesta como la formulada por los ideólogos y propagandistas de la apertura ilimitada sea efectiva, requiere de la modificación de la "Ley de Nacionalización" y, específicamente, del decreto mediante el cual fue creada la empresa estatal (Petróleos de Venezuela S.A.). En el propio informe anual de PDVSA de 1994, se señala, cónsone con lo establecido en la cláusula sexta de los Estatutos de la Empresa, que "El capital social está dividido en acciones de Bs. 25 millones cada una, que no pueden ser enajenadas ni gravadas en forma alguna" (Destacado nuestro).

Pero es innegable, dado el poder que ejerce PDVSA y la afirmación del dominio transnacional, que no debe extrañar ni sorprender que el Ejecutivo Nacional, a solicitud de la industria petrolera, modifique el decreto l2 mediante el cual se rige el funcionamiento de la empresa estatal petrolera y someta a la consideración del Congreso Nacional la reforma de la vigente Ley de Nacionalización Petrolera. Infaliblemente, en el país existe una arremetida contra los intereses nacionales, de forma tal que representantes de la clase dirigente transnacionalizada, políticos, intelectuales, etc., desde hace tiempo, se han dedicado a la siembra de la desnacionalización.



La privatización de PDVSA no es conveniente para el país, no solamente por razones estratégicas, políticas y sociales, que constituyen esencia de soberanía nacional, sino también porque existen argumentos desde el punto de vista económico y comercial, es decir, el considerar a la industria como instrumento de negocio válido para continuar defendiendo la tesis de la auténtica nacionalización petrolera y de los verdaderos intereses nacionales.



En todo caso ¿por qué propiciar la disminución de ingresos por concepto de impuestos y dividendos?



¿Por qué compartir con los inversionistas extranjeros, el sacrificio fiscal que ha hecho el Estado, al otorgar extraordinarios incentivos fiscales y monetarios a PDVSA, supuestamente, para su propio desarrollo?



¿Cuál es el valor de las acciones de PDVSA? El valor nominal de cada acción de Petróleos de Venezuela, según libros es de 25 millones de bolívares que a la tasa de cambio actual equivale a 53.191 dólares. Al venderse el 15 por ciento de las acciones se obtendría un ingreso de 196.966.273 dólares. Por supuesto, el valor real de las acciones es mucho mayor que lo indicado, así, por ejemplo, hay quienes han calculado que el valor de PDVSA debe estar alrededor de los 80 mil millones de dólares, lo que significaría una recaudación, por la venta del 15% de las acciones, de 12 mil millones de dólares. En caso de lograrse la venta de las acciones en la bolsa de valores por la suma indicada, lo cual va a depender de muchos factores 13, ¿se solucionaría, entre los agudos problemas económicos y sociales, realmente el de la deuda externa del país que asciende a más de 40 milo millones de dólares y se coadyuvaría con el desarrollo integral de la nación?

Indudablemente que no se trata de obtener unas cuantas divisas más a cualquier costo; en todo caso lo que más debe importar es que a través de esas negociaciones las transnacionales del petróleo se queden, mediante la propiedad privada, con la capacidad de control de la industria petrolera nacional, horadando la efectividad de la toma de decisiones propias para llevar a cabo políticas esenciales.



Es evidente que el objetivo es cercenar el poder de decisión del Estado en su industria fundamental, impedirle planificar, desarrollar y aplicar soberanamente la auténtica estrategia económica, política y social que el país requiere para satisfacer las necesidades esenciales y actuar de manera independiente frente al mundo.

La propuesta de la venta de acciones de la empresa petrolera nacional y su privatización integral no solamente es defendida por la cúpula de Petróleos de Venezuela y, por supuesto, de los monopolios energéticos internacionales, sino también por dirigentes de la clase política 14 y económica del país, que de igual manera, sustentan la posición de vender parcial o totalmente las acciones de PDVSA.

Por supuesto, que ante ese concierto de opiniones, también han surgido otras provenientes de las universidades, instituciones, organizaciones sociales y de alguno que otro partido político que ha manifestado públicamente su rechazo a la privatización de Petróleos de Venezuela.



En ese sentido, se pronunció la Cámara de Diputados del Congreso de la República, al acordar después de la exposición de incuestionables y razonables argumentos:



Primero: Rechazar, como un hecho inconveniente desde el punto de vista de 'os intereses económicos y políticos del país, la posible privatización parcial o total de PDVSA y sus filiales".



Segundo: "Exhortar al Ejecutivo Nacional, a la luz del debate planteado, a fijar y definir públicamente las líneas fundamentales de su política de hidrocarburos".16



Pero es indudable, en razón de la verdad, que el proceso de privatización de la industria petrolera marcha con celeridad y todo conduce, en definitiva, a la metamorfosis de la propiedad pública colectiva (dominio del Estado) en propiedad privada transnacional, dando muerte, de esa manera, al decreto del Libertador en Quito, el 24 de octubre de 1829, donde se establece que:



"Conforme a las leyes, las minas de cualesquiera clase corresponden a la República".

Ciertamente, existe el firme propósito de que el Estado se despoje de los derechos y atribuciones que le otorga la Constitución Nacional. Bajo esa concepción se sustenta la tesis de que los yacimientos petroleros deben pasar de la propiedad del Estado a la propiedad de la Nación. Así, por ej.: Alberto Quiroz Corradi, sostiene que a lo que no tiene derecho el Estado es a convertirse en propietario de lo que es de todos...""y enfatiza "yo quisiera sustituir el modelo de estatificación centralista, por una verdadera nacionalización de los recursos del país, en cabeza de sus ciudadanos. Pasando la producción de esos recursos del Estado a la Nación, de bienes estatales a bienes comunes", 17 y advierte de manera categórica que "Pasar del Estado propietario a la sociedad propietaria (los venezolanos), será el próximo paso a dar. Cuando ese paso se dé, habrá comenzado el verdadero proceso de nacionalización del petróleo venezolano" 18



De igual forma, Andrés Sosa Pietri, ex-presidente de PDVSA, sostiene que "...la industria petrolera debería pasar de empresa pública a una de acciones de derecho privado, en la que todos los venezolanos tengamos acceso a través de la Bolsa de Valores" .19

Ésas argumentaciones corresponden a la tesis de "achicar el Estado es agrandar la Nación"; es la de tratar de enfrentar al Estado contra la nación y considerarlos, como contrapuestos. El objetivo es que la función del Estado sea subsidiaria y dejar en manos de los agentes privados transnacionales las actividades redituables.

En razón de que los yacimientos petrolíferos deben ser propiedad de la nación, es decir, de los venezolanos, con separar a la nación del Estado -cosa falsa e incomprensible ya que el Estado es la representación jurídica de la nación y por tanto, no puede existir esa separación lo que se persigue es arrebatarle a los venezolanos -ya sin representación jurídica como un todo- su derecho inalienable de disponer de su propiedad y cederlo a las grandes corporaciones internacionales con la participación de la clase social transnacionalizada, constituida por empresarios venezolanos en evidente inferioridad de poder. Reducir y debilitar al Estado, disminuir su capacidad de acción, en realidad lo que conduce es a la desintegración de la nación. Como bien afirmara el General De Gaulle: "sin Estado no habría Francia". 20



Ahora bien, sin duda alguna, que una seria y conveniente reflexión nacional, debe estar fundamentada en el destino que debería dársele a los ingresos derivados de la actividad petrolera. En ese sentido, sustentamos la tesis de que el ingreso petrolero, por provenir de un recurso natural agotable, de la liquidación de un activo nacional, debería ser destinado, dentro de una auténtica estrategia económica, política y social, a las actividades de inversión, a la producción de bienes de capital real, a incrementar el potencial productivo nacional De lo contrario, se estaría dilapidando el patrimonio público. Se trata de utilizar racional y eficientemente los ingresos derivados por la explotación petrolera y de avanzar hacia la integración del petróleo a la nación venezolana, a la transformación estructural de la actividad petrolera y, por supuesto, de la economía en general.



En tomo de esa tesis debería conformarse un gran consenso nacional, con vocación verdaderamente nacionalista en procura de que el Estado, como propietario de las riquezas del subsuelo y como único representante de la nación, cumpla cabalmente con ese noble y fundamental objetivo para beneficio del desarrollo integral del país, que en nuestro criterio no puede ni debe dejarse en manos del sector privado, pues tal como afirmara el Papa Pío XI, en la Encíclica Quadragésimo Anno, emitida en 1931:

"Hay Ciertos bienes -respecto de los cuales se puede sostener con razón que deben estar reservados a la colectividad, porque ello confieren un poder tal que no puede, sin peligro para el bien común dejarlos en manos de personas privadas" (parr. 123).22

En efecto, "corresponde al Estado, en cuanto representante de la sociedad, señalar el rumbo estratégico de la nación, perfilar sus objetivos, presentar los desafíos y movilizar las energías sociales para encaminar el país en una cierta dirección"23 Al cumplir el Estado con esa función esencial, el país podría, mediante la planificación y aplicación de políticas auténticamente nacionales, transformarse en un plazo razonable y lograr un desarrollo firme, auto sostenido para el bienestar de la sociedad venezolana.



Para que todo eso sea factible se requiere, con urgencia, de una intensa y sincera reflexión, con las rectificaciones necesarias, sobre el presente y el futuro del país, se precisa que realmente se democratice el Estado y se garantice una verdadera democracia, donde el pueblo sea quien gobierne y ejerza efectivamente el poder.



Creo, tal cual lo afirmara Mario Briceño Iragorry, "que todo venezolano aspira a que el desarrollo material de la patria no llegue a desfigurar los valores que le dan fisonomía".24

Bajo esa concepción, debemos propiciar, trabajar y luchar incansablemente por el rescate de los recursos naturales para ponerlos al servicio de las verdaderas necesidades de la sociedad venezolana y, por tanto, impedir la privatización de la industria petrolera nacional.

Fuentes Citadas



1) MAZA ZAVALA, D.F. Crisis y Política Económica. 1989-1996. Caracas 1996. p. 54.



2) Véase la Gaceta Oficial N° 35.293 del 09-09-93.



3) El Nacional, 02-12-1996.



4) Para un mayor análisis de los aspectos tratados véase de Gastón Parra Luzardo: De la Nacionalización a la Apertura Petrolera. Derrumbe de una Esperanza. Edit. EDILUZ. 2da. edición. Maracaibo- Venezuela 1996.



5) Economía Hoy, 25-01-1996. 6 El Globo, 14-11-1996.



6) El Globo, 14-11-1996



7) Ramón Mantellini Quintero, presidente de Deltaven, afirmó que "Ellos serán los agentes de la apertura y desregulación del mercado interno de hidrocarburos, dando impulso a la participación ordenada del sector privado para contribuir con el proceso de dinamización de la economía". Petro finanzas. Dic. 1996. p.13.



8) ESPINASA, Ramón; El negocio petrolero: De enclave foráneo a industria nacional. Revista Debates. IESA, Vol. 2, N° 2, Octu.-Dic. 1996. p. 7.



9) En el informe anual de Petróleo de Venezuela de 1995 en el mensaje del Presidente se lee: "En 1995 avanzamos en otras iniciativas de apertura, cuyos resultados se verán en el corto plazo como la reforma del marco legal petroquímico destinado a una mayor apertura del sector, incluyendo la eventual privatización de Pequiven. p. 11.



10) El Universal 24-04-96.



11) El Nuevo País 25-04-96.



12) Véase la Gaceta Oficial extraordinaria de la República de Venezuela, N° 1770 del 30-08-1975.



13) Existen innumerables ejemplos donde se ha constatado que el monto que se ofrece en el mercado por la compra de ciertas empresas estatales es mucho más bajo que el que se cotiza como valor en libros. Así por ej.: en México la industria petroquímica tiene un valor en libros de 17.000 millones de dólares y la suma ofrecida por las transnacionales oscila entre 1.600 a 5.000 millones de dólares. Véase el trabajo de Arturo Bonilla Sánchez. México: Crisis acentuada y privatización. A propósito de la petroquímica. Revista Problemas del Desarrollo Nº 104 México 1996, p. 73.



14) Dirigentes políticos y ex-candidatos presidenciales como Eduardo Fernández, Oswaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín, Humberto Calderón Berti y organismos empresariales como Fedecámaras.



15) En tal sentido, se pronunciaron la Universidad Central de Venezuela, La Universidad del Zulia e instituciones como Pro-Venezuela, Fundapatria y los partidos políticos Acción Democrática y Causa R.



16) Véase la Gaceta Oficial N° 35.991 del 1 de julio de 1996. 17 El Nacional, 27-10-1996. 18 El Globo, 22-11-96



17) Idem. 26-12-96.



18) Citado por Calcagno Alfredo E. y Calcagno Alfredo Fernando, en el libro EL Universo Neoliberal. Recuento de sus lugares comunes. Alianza Editorial 1995. p.3l.



19) Esta tesis ha sido sostenida, desde hace años, por Salvador de La Plaza, D.F. Maza Zavala, T.E. Carrillo Batalla, Héctor Malavé Mata, Armando Córdova. Véanse los libros La dinámica del petróleo y Evaluación del ingreso fiscal petrolero en Venezuela. Colección Foros y Seminarios. UCV 1965.



20) Citado por NOVOA MONREAL, Eduardo, en el libro Nacionalización y recuperación de recursos naturales ante la Ley Internacional. Edit. FCE México, 1974. p.33.



21) FERNANDEZ, Gustavo, Pobreza, democracia y economía de mercado. Tomado del libro Reforma política, gobernabilidad y desarrollo social. Retos del siglo XXI. Carlos Contreras (compilador), Nueva Sociedad, Ira. Edición. 1996. p.46.



22) Mensaje sin Destino, Obras selectas, Ediciones Edime, Madrid - Caracas 1954, pag. 514