Carlos Mendoza Potellá
La
renta petrolera:
Génesis
y fundamento de la formación social venezolana en el Siglo XX:
La categoría renta de la tierra,
cuya conceptualización, en la versión marxista, es la misma que la de los
beneficios e intereses: plusvalía creada por el trabajo, de la cual se apropia,
en este caso, el propietario de la tierra, tiene una expresión particular, pero
de su misma naturaleza, en la renta petrolera.
Apelemos a la reseña y cita que
hace nuestro ilustre colega, el doctor Bernardo Ferrán sobre la visión
marxista:
En lo que
concierne a la renta de la tierra, Marx distingue diferentes tipos. Y la renta
de las minas se ajusta a las mismas leyes de la renta diferencial agrícola. De
hecho, la renta diferencial se presenta en todas partes. “Donde quiera que las fuerzas
naturales son monopolizadas y aseguran al industrial que las emplea, una
ganancia excedente, ya se trate de un salto de agua, de una mina rica, de aguas
abundantes en pesca o de solares bien situados, nos encontraremos que la
persona que por su título sobre una porción del planeta puede alegar un derecho
de propiedad sobre estos objetos naturales, se apropia de esta ganancia
excedente y se la sustrae al capital activo en forma de renta”.[1]
Las condiciones de monopolio
universal establecido desde finales del Siglo XIX por las corporaciones
norteamericanas e inglesas y su afianzamiento a partir de los años 30 del Siglo
XX crearon un inmenso mecanismo planetario de apropiación de la renta generada
por los hidrocarburos en perjuicio de los países bajo cuyo subsuelo se
encontraba esa riqueza que se liquidaba.
En una obra dedicada
específicamente a esta categoría, Jean Pierre Angelier, define así a la renta
petrolera.
… la renta petrolera, en sí misma,
está constituida por plusvalía originada en esferas de producción distintas de
la industria petrolera y realizada en la venta de los productos petroleros.
…
Pero la renta petrolera no está únicamente
constituida por la ganancia extraordinaria del capital petrolero. También
incluye el ingreso de los agentes no productores que participan en la actividad
petrolera: los Estados petroleros y los Estados consumidores … [quienes] … pueden beneficiarse con dichos ingresos
gracias al poder monopólico que detentan, ya sea en el nivel de la propiedad de
los yacimientos, o en el mercado de los productos refinados. [2]
Aunque la calificación de “agentes no productores” aplicada a los “Estados productores” no se corresponde
con la realidad contemporánea, cuando esos Estados han asumido directamente la
gestión de sus industrias, es evidente que el reparto de la renta petrolera es
la base del modo de articulación existente entre los agentes económicos,
nacionales e internacionales en conflicto, dentro y fuera de la industria petrolera venezolana.
Abordamos el análisis de ese
conflicto partiendo de las definiciones de lo que consideramos como forma y
contenido en la lucha por la apropiación de la renta petrolera, en la evolución
de las relaciones entre el Estado y las distintas clases sociales venezolanas
con las compañías petroleras internacionales, materializada esa evolución en la
dinámica de la economía y política petrolera venezolana desde principios del
Siglo XX hasta el presente.
Definimos como forma, a los
instrumentos jurídicos, contractuales y reglamentarios con arreglo a los cuales
se otorgaban y recibían las concesiones hasta 1976, y aquéllos que posteriormente,
y hasta 1999, determinaron el funcionamiento de la cúpula gerencial de la industria
petrolera venezolana como una ‘compañía anónima’ que podía pactar convenios de
asistencia técnica y comercialización, asociaciones estratégicas, convenios
operativos y otras formas de asociación, a espaldas de los poderes públicos, atribuciones
que la convirtieron en una entidad para-estatal, semiautónoma. Desde el último
año mencionado, y partiendo del establecimiento de una nueva Constitución
Nacional, está surgiendo, y se sigue conformando todos los días, una nueva
forma, que también corresponde al nuevo contenido de la política petrolera en
la última década.
Por otra parte, entendemos como
contenido, esencia real del movimiento que analizamos, a la resultante del
conjunto de factores de poder e intereses que ejercen sus fuerzas en uno u otro
sentido en cada oportunidad y determinan el verdadero carácter de las
relaciones Estado – capital petrolero internacional, a sus resultados en
términos de usufructo de beneficios y de control de las decisiones en la
industria petrolera; determinación que se ha impuso siempre, durante todo el
siglo pasado, independientemente del cascarón legal correspondiente, bajo su
cobertura si es posible, retorciéndolo convenientemente en otras oportunidades
o, en último caso, ignorándolo, a favor de ese capital
Y es que el contenido de esas
relaciones no es otra cosa que una forma particular de expresión de la lucha de
clases dentro del capitalismo contemporáneo.
Es en este sentido que
utilizamos la nomenclatura propuesta por Petter Nore y Terisa Turner en la
introducción de su recopilación "Oil and Class Struggle" (1981),
donde identifican cinco dimensiones, cinco formas de manifestarse la lucha de
clases en la industria petrolera a nivel mundial. Su esquema de
"dimensiones" de la lucha de clases en la industria petrolera nos
permite precisar el campo en el que ubicamos nuestro análisis.
La primera de estas dimensiones
o formas de la lucha de clases es la del "antagonismo existente entre las
burguesías nacionales e internacionales, representadas respectivamente por los
Estados-Nación y las compañías petroleras”
Nuestro análisis se va a
centrar en esta dimensión y las referencias a las otras cuatro se harán siempre
en función de su incidencia en este ámbito particular, pero es indispensable
mencionarlas y asumir su existencia como parte indisoluble de la compleja
realidad que estudiamos. En el orden expuesto por los mencionados autores, esas
otras dimensiones serían:
·
Las contradicciones en el propio seno
de la industria entre el capital y los trabajadores petroleros.
·
Las contradicciones entre clases y
fracciones por el control del poder estatal en el seno de los países
productores.
·
La lucha entre clases explotadas y
explotadoras, tanto en estos mismos países como a nivel internacional.
·
El antagonismo entre fracciones de la
propia burguesía internacional basada en los principales países industriales.
Estas cinco dimensiones agregan
un sentido más preciso a la múltiple determinación de los factores que inciden
en la evolución de la industria petrolera, nacional e internacionalmente. Pero
es indispensable aclarar, por nuestra parte, que al ubicarnos en la dimensión
que hace referencia al antagonismo entre el Estado y el capital petrolero
internacional no asumimos la identificación del Estado-Nación con la burguesía
nacional que se desprende de la formulación citada y que a nuestro entender
peca por excesivo esquematismo, simplificador de una realidad mucho más
compleja, en todos los casos y en particular en el venezolano.
En este sentido, compartimos las
formulaciones que sobre esa complejidad hiciera el investigador mexicano Marcos
Kaplan, que ejemplificamos con una sintética referencia:
La llamada infraestructura, las
fuerzas productivas y las relaciones de producción, son base y marco de lo que
ocurre en los otros niveles y aspectos de la sociedad; en la política, el
Estado y el derecho; en la organización y funcionamiento del sistema global y
de su evolución histórica; ejerce sobre unos y otros condicionamientos y
determinaciones; contribuye a engendrarlos, como sus productos que no pueden
desarrollarse sino dentro de los límites fijados por los caracteres y
tendencias de lo infraestructural. Ello no ocurre sin embargo de manera
automática, mecánica, inmediata, sino, en última instancia, en grandes líneas y
alargo plazo.[3]
En nuestro país el control del
Estado no ha sido detentado exclusivamente por la burguesía y en los años
iniciales de su historia petrolera ni siquiera existía una clase que mereciera
tal denominación.
El proceso de conformación de
una burguesía nacional y su lucha por participar y hegemonizar el control del
Estado en Venezuela es coetáneo con la implantación de la industria petrolera
como generadora fundamental de los ingresos externos del país.
En muchas oportunidades la
política petrolera viene a ser, también, reflejo de esa pugna por el control
del Estado nacional y a ella haremos referencia en el transcurso de nuestra
exposición.
Es pertinente señalar que nuestro enfoque
parte de la concepción global que sustentamos sobre el contexto socio-
económico contemporáneo y la situación de Venezuela dentro del mismo como país
capitalista subdesarrollado, petrolero - dependiente, caracterización sobre la
cual hay discusiones y matices desarrollados por varios autores, pero en torno
a los cuales no vamos a insistir.
En particular, compartimos la
formulación del Profesor Francisco Mieres, quien postuló una interpretación de
la estructura del sistema capitalista mundial, considerándolo
1) Como conjunto de Naciones-Estado o
formaciones económico-sociales nacionales en las que el modo de producción
capitalista es dominante, organizado como ente bipolar con un centro dominante
y una periferia subdesarrollada.
2) Como formación económico-social
única mundializada, transnacional, compleja y heterogénea, donde el modo
capitalista domina sobre otras formas económicas secundarias. El proceso
mundial de acumulación, concentración y centralización de capital, eje
dinámico, condujo a la cúpula de la dominación y explotación, primero, a los
monopolios internacionales. [4]
En lugar de relaciones entre
naciones, tenemos aquí relaciones entre clases sociales y grupos económicos, a
nivel trans-nacional, más allá de los intereses nacionales de sus respectivas
clases enfrentadas internamente.
Estas características del
sistema capitalista mundial se han acentuado, como se sabe, con los procesos de
globalización y la preeminencia del capital financiero y ficticio, sobre el capital industrial. De ello se han
hecho, en este mismo espacio, muy completas exposiciones. Cito como ejemplo de
ellas las caracterizaciones que del
proceso referido hicieron los colegas Reinaldo Carcanholo y Jorge Pérez
Mancebo en la anterior edición de estas jornadas.
De
las concesiones a la “apertura petrolera”, evolución e involución de la
política petrolera venezolana.
La expresión concreta de la
política petrolera venezolana en el Siglo XX tuvo un ilustre fundamento
histórico, anterior al uso de los hidrocarburos como combustibles masivos: el
decreto emitido por el Libertador Simón Bolívar, como Presidente de Colombia desde
Guayaquil, provincia de Quito, en 1828, donde se establece que los derechos
soberanos de la corona española sobre el subsuelo y las minas de cualquier
clase, pasarían desde ese momento a ser derechos de la República Colombiana.
A pesar de intentos en contrario que no es del caso relatar aquí, desde 1830,
al producirse la disolución del proyecto colombiano, esos derechos soberanos pasan
a ser, en su territorio, potestad de la República de Venezuela.
De tal suerte que “Concesiones”
y “Regalías”, fueron figuras legales preexistentes a los primeros hallazgos de
hidrocarburos en nuestro suelo, en 1866 y 1878. El régimen concesionario tuvo
su infancia, desarrollo y declinación desde entonces y hasta 1976.
Las incidencias de esa historia
han sido expuestas por ilustres cronistas y protagonistas, como Salvador de la Plaza , Juan Pablo Pérez
Alfonzo, Manuel Egaña, Rómulo Betancourt, Rubén Sader Pérez, Pedro Esteban
Mejías, Edwin Lieuwen, Francisco Mieres y Gastón Parra Luzardo, para citar sólo
algunos ya fallecidos. Nosotros nos limitaremos a señalar el proceso general de
evolución de la lucha por el reparto de la renta petrolera en esas décadas,
fundamentalmente desde 1920 y hasta 1976.
Una caracterización aparte
merecen, tanto el régimen que imperó en
la industria petrolera venezolana a
partir de este último año y hasta 1999, así como las radicales transformaciones
que desde entonces y hasta el presente han conducido al rescate de una justa
participación nacional en el reparto de los beneficios de la liquidación de
nuestro principal patrimonio natural no renovable.
Señalamos especialmente a 1920,
como el año en el que se formuló por primera vez una Ley de Hidrocarburos,
donde se regularon de manera completa y detallada todos los aspectos de la
industria y quedó plasmada, por muy poco tiempo y para la historia, una
posición nacionalista, que correspondía a los intereses de las clases que se
disputaban el control del Estado venezolano en ese momento: la de los grandes
propietarios latifundistas que todavía establecían relaciones de producción
semifeudales en el campo venezolano y la de la incipiente burguesía nacional,
que aparecía al calor del aprovechamiento de la escuálida participación del
Estado venezolano en la renta generada por la explotación petrolera.
Es precisamente la voluntad de
aumentar esta participación la que queda reflejada en esta Ley, muerta al
nacer, pero que prefiguró la estructura que tendrían todas las que le
siguieron, hasta 1943 y más allá, con las sucesivas modificaciones de esta
última.
En 1976, la “nacionalización
petrolera” fue la conclusión, entre otros desarrollos, de un largo y
conflictivo proceso de agotamiento del patrón normativo formal de las
relaciones entre el Estado venezolano y las compañías extranjeras
concesionarias; es decir, del conjunto de estructuras legales y reglamentarias
en el marco del cual se desarrollan esas relaciones.
Ese agotamiento se venía
haciendo crítico en la medida en que nos acercábamos a 1983, año en el cual, por
virtud de la Ley
de 1943 se iniciaría el vencimiento y por ende la reversión de las concesiones
de hidrocarburos, sin que para esa fecha estuviera prevista entonces una
alternativa clara para el ulterior desarrollo de la industria petrolera bajo
control transnacional, cercada por la norma que Juan Pablo Pérez Alfonzo logró
insertar en la
Constitución de 1961, la cual establecía el no otorgamiento
de nuevas concesiones y el voluntario enanismo en el que fue mantenida la Corporación Venezolana
del Petróleo durante sus quince años de existencia.
Tal dilema tenía soluciones
divergentes perfectamente identificables: Una, "subversiva" a los
ojos del status y lesiva de las reglas del juego impuestas por la "buena
vecindad", era la preparación del país para asumir plenamente el control
de su industria. Esta opción, defendida por los sectores de avanzada del país,
en especial por verdaderos profetas en el desierto de la talla de Salvador de la Plaza , fue delineada en
términos de posibilidad realizable incluso para gobiernos no necesariamente
revolucionarios por Juan Pablo Pérez Alfonzo, al postular, dentro de su
"Pentágono Petrolero", junto al principio de “no mas concesiones”, la
creación y desarrollo de la CVP.
Pero esa posibilidad fue eludida, ignorada e
incluso desnaturalizada con la negociación de unos Contratos de Servicios que,
como lo demostraran en su oportunidad diversos analistas, no eran otra cosa que
concesiones disfrazadas para burlar el principio constitucional que prohibía
nuevos otorgamientos de las mismas.
La segunda de las opciones a
que nos referimos es, desde luego, la propiciada por las compañías y sus
voceros en FEDECAMARAS, quienes consideraban que el principio de "no más
concesiones había colocado a la industria petrolera en un curso de declinación"
Los esfuerzos de este sector se
van a encaminar a la búsqueda de una alternativa cónsona con la preservación de
su participación privilegiada en el negocio. Una nueva fórmula de asociación
dependiente con el capital transnacional que incorporara algún maquillaje
renovador era la solución más "saludable", si se miraba con los ojos
geopolíticos de sus proponentes criollos.
Los Contratos de Servicio se
van a convertir en el primer ensayo de esa fórmula alternativa y preservadora
de la buena salud del negocio. El largo debate en torno a estos contratos y su
ulterior frustración vienen a constituir una expresión de la confrontación
entre las dos opciones mencionadas; confrontación alrededor de la cual gira la
política petrolera en todo el Siglo XX: con marchas y contramarchas, pero con
el predomino a la larga de los sostenedores de la asociación incondicional con
el capital petrolero internacional.
La puesta en escena definitiva
se produjo en 1976, año en el cual la “nacionalización”, evento culminante de
esa política petrolera, plasmó, en realidad, el estado de las fuerzas de estas
dos posiciones y, no siendo una excepción de la tendencia secular, también en
esta oportunidad triunfó el partido de la asociación transnacional.
De una manera tal que, al cabo de un
forcejeo trascorrales, la nacionalización viene a ser convertida en su opuesto:
un pacto laboriosamente trabajado que propiciará el mantenimiento y la
ampliación, en extensión e intensidad, del control transnacional sobre el
petróleo venezolano.
El instrumento fundamental para la
obtención de tan paradójico resultado de una nacionalización fue el bloque de
convenios firmados tras bastidores mientras se discutían públicamente los
términos de la "Ley que Reserva al Estado la industria y el comercio de
los hidrocarburos". Con lo que, en suma, la nacionalización resulta ser
fruto de un nuevo paquete Ley-Convenios al estilo del pacto entre el gobierno
de Isaías Medina y las compañías norteamericanas e inglesas que
institucionalizó en 1943 el régimen concesionario.
En otras palabras, con el fin de la
era concesionaria no pasamos a la era del control pleno por parte del Estado
sobre su industria petrolera, sino a una nueva modalidad de relación
subordinada Estado-transnacionales. Más elástica y sutil, más adaptable a la
evolución de las realidades económicas y políticas contemporáneas, que
manteniendo y profundizando las características esenciales de la situación
anterior, fuera a la vez un cierto "aggiornamento", una puesta a tono
con el signo de los tiempos que desmovilizara los sentimientos negativos que
despertaba el viejo sistema concesionario. [5]
Esta nueva forma de existencia
de la relación dependiente se funda inicialmente en un también nuevo tipo de
contrato, distinto formalmente del contrato concesionario, pero que obtiene con
más eficiencia los mismos resultados: Los Convenios de Asistencia Técnica y
Gerencial y los contratos de compraventa de petróleo y productos para su
comercialización internacional. Las
condiciones que quedan establecidas en todo contrato siempre están determinadas
por el poder negociador de cada una de las partes y, evaluando los resultados
reales de este nuevo sistema, podemos afirmar que las corporaciones petroleras
transnacionales y sus asociados nativos impusieron sus condiciones a los
gobernantes y principales gestores de la política petrolera venezolana.
Ello se hizo evidente y se
acentuó durante los siguientes 25 años en los cuales prevaleció el poder
para-estatal de los gerentes públicos de cultura y mentalidad transnacional que
quedaron como herencia de las antiguas concesionarias en la operadoras
“nacionalizadas” que le sucedieron y en su nueva “casa matriz”, PDVSA.
La política de “apertura
petrolera” fue la cumbre de esta involución, cuyas principales características
resumimos:
El desmantelamiento de las
capacidades técnicas y políticas del Ministerio de Energía y Minas como ente
fiscalizador y garante de la adecuada operación y mantenimiento de los
yacimientos petrolíferos, su colonización por PDVSA y su conversión en un cascarón vacío.
El envilecimiento de todo el
régimen fiscal aplicable a los hidrocarburos, con la eliminación de la figura
del Valor Fiscal de Exportación, con la cual se maximizaba el Impuesto Sobre la Renta , la reducción de este rubro
impositivo de 67,9 a 34 por ciento. La
casi extinción de la Regalía
en los convenios operativos y asociaciones estratégicas al llevar de 16,6 por
ciento a menos de un 1%. Veamos sus resultados en la evolución de la alta
correlación inversa de costos y participación fiscal total, desde 1976 hasta
1999, año en cual, a duras penas, ha comenzado a revertirse esa tendencia :
Añádase a todo esto la evasión
fiscal a través de emprendimientos ruinosos en el exterior, con la compra de 17
refinerías en proceso de liquidación que se convirtieron, desde 1989 en
receptoras de “exportación de beneficios” que retornaban convertidos en costos,
al punto de que todavía en nuestros días, la compra de crudo y productos no
venezolanos por estas cafeteras constituye el mayor rubro de los costos
operativos totales de PDVSA, casi del 53% de los mismos. Justamente, el salto
que presenta el gráfico anterior en los
costos operativos de 1989, se corresponde con el registrado ese mismo año en
las compras ya referidas que se reproducen en el siguiente gráfico.
En este contexto, llevando a la
industria petrolera venezolana a condiciones de mínima capacidad generadora de
excedentes, es que se produce la campaña de la meritocracia petrolera para
lograr la privatización de PDVSA, no ya por la vía indirecta, en curso
entonces, del outsourcing o tercerización, las asociaciones estratégicas, los
contratos operativos de ganancias compartidas, la internacionalización, etc.,
sino directamente, por la venta directa de un 15% del capital accionario de
PDVSA o el reparto de la totalidad de ese capital entre los venezolanos mayores
de 18 años, como rezaba la más antipática de las propuestas privatizadoras.
Las políticas aperturistas, privatizadoras
y, en suma, desnacionalizadotas, fueron conducidas con plena conciencia de sus implicaciones:
la minimización de la renta petrolera percibida por el Estado, en beneficio de
sus contrapartes transnacionales y del capital privado nativo asociado a esas
corporaciones. Peor aún, fueron diseñadas con ese bien definido propósito.
En efecto, esa política fue
sustentada en formulaciones teóricas que planteaban la existencia de un modelo
fracasado de gestión de la participación nacional en la administración de los
ingresos petroleros, que conformaba una opción “rentista”, estatista y
socializante, enfrentada a una política moderna, racional, cónsona con las exigencias de la
globalización, que se resumía en un escenario “productor”. [6]
Según los autores de estos
escenarios, planificadores mayores de PDVSA, “rentistas” eran las políticas que
postulaban la defensa de la participación fiscal, porque intensificaban la
ineficiencia estatista y las distorsiones estructurales del “capitalismo rentístico”, forma
particular que asumió ese sistema en Venezuela.
Para eludir esos males, el
“escenario productor”, postulado por estos planificadores y asumido
entusiastamente por la cúpula antiestatal de PDVSA, sostenía que la opción
racional de utilización reproductiva de los ingresos petroleros era la
reinversión de la renta petrolera en la propia industria, multiplicando
proyectos dentro y fuera del país, tales como los megaproyectos de la Faja del Orinoco y la compra
de refinerías dilapidadas en el exterior. Proyectos inviables desde el punto de
vista de la Nación ,
pero altamente rentables para los intereses complotados en el diseño y ejecución
los mismos, quienes aportarían la capacidad gerencial del capital internacional
en el manejo de esos recursos.
En otras palabras: sustraer la
mayor cantidad posible de ingresos del alcance de la “garra fiscal” del Estado
venezolano y dedicarlos a la siembra del petróleo en el petróleo. Para lograrlo
eso y “estimular” la inversión extranjera que nos ayudaría al desarrollo de ese
luminoso futuro “productor” era necesario hacer lo que hicieron en esos 25
años: desmantelar todo el sistema estatal de percepción de la renta.
Hacia
la reafirmación de la soberanía nacional sobre sus recursos naturales y la
integración latinoamericana.
El hundimiento de la Cuarta República ,
su consunción por putrefacción, tuvo mucho que ver con los resultados
catastróficos de esta política antinacional.
El advenimiento, en 1999 de un
gobierno revolucionario, que fundamenta su acción en una nueva Constitución y
una política de rescate de la soberanía nacional sobre sus recursos de
hidrocarburos ha cambiado radicalmente la situación.
Se detuvo el proceso de
privatización adelantado en los 25 años anteriores y se reformularon las bases
de la política petrolera con sentido nacional y solidario, enfocados hacia la
promoción de la multipolaridad y la solidaridad sur-sur.
Se desactivaron los mecanismos
entreguistas de desmoronamiento de la participación fiscal nacional,
restituyendo las tasas de impuesto sobre la renta a sus niveles históricos previos
a la debacle aperturista de los años 90 y se potenció la regalía, al sacarla de
las vecindades del 1% y llevarla hasta un 30%. Se reactivó la política de
defensa de los precios y el cumplimiento de los compromisos internacionales
adquiridos de manera soberana en la
OPEP.
El énfasis social que se le ha
dado al proceso de asignación de los ingresos petroleros ha permitido revertir
la tendencia prevaleciente hasta 1998, según la cual la participación nacional
se minimizaba en beneficio de unos costos que, en esencia, constituían la
abusiva participación de los sectores capitalistas internos e internacionales
en el reparto de la renta petrolera.
Los proyectos de desarrollo de
la industria petrolera venezolana en los sectores gasífero y de la Faja del Orinoco, que
constituyen los escenarios del futuro de los hidrocarburos en nuestro país, se
están adelantando con una voluntad de fortalecer nuestra soberanía afincados en
el establecimiento de vínculos financieros y tecnológicos multilaterales y una
visión de solidaridad continental, que privilegia nuestro entorno inmediato,
caribeño y suramericano, sin excluir las posibilidades de asociación con empresas y gobiernos de otras latitudes.
Los proyectos de integración
energética suramericana y caribeña que se han formulado con diverso nivel de
concreción son expresión de la voluntad
política de promoción y defensa de la soberanía nacional y regional en esa
materia. Se trata de una voluntad de desarrollo integral, no rentístico que
prefigura la inserción de Venezuela en el tejido económico y político regional
y la construcción de una colectividad de naciones con presencia global. El
Acuerdo Energético de Caracas, Petrocaribe, UNASUR, la ALBA , el sistema Sucre y más
recientemente el apoyo al surgimiento de la Comunidad de Naciones
Latinoamericanas y del Caribe, ejemplifican
esa disposición.
CMP/Febrero 2010
[1] Carlos
Marx, El Capital, vol. II, p. 717,
citado por Bernardo Ferrán, Los Precios
del Petróleo, p. 286.
[2] Jean Pierre Angelier, La Renta Petrolera
[3] Marcos Kaplan, Estado y Sociedad, 2ª. Ed. México, UNAM
1980. Citado en el trabajo del mismo autor “El
Derecho y los Hidrocarburos en la Experiencia
Internacional
[4] Francisco Mieres, La crisis actual del capitalismo. El
impacto energético. Mimeografiado, CEAP, FACES, UCV. s.f. (aprox. 1973-76)
[5] C. Mendoza P. “La era de los contratos”, en De
las concesiones a los contratos, visión retrospectiva de la política petrolera
venezolana. Caracas 1983, inédito,
[6] PDVSA, Guías Corporativas 1993-1998,
C. Mendoza P. La “verdad
petrolera” frente a la realidad, en
El Poder Petrolero y la
Economía Venezolana , pp. 87-98. CDCH UCV, Caracas 1995.
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