VOLVER AL FUTURO IV

Volver al futuro IV

Carlos Mendoza Pottellá

6 de julio de 2019

Pensaba titular esta nota como “La Oportunidad la Pintan Calva II”, en referencia al tema tratado en la reláfica anterior (1), sobre las “novedosas” propuestas de repartir anualmente la renta petrolera venezolana entre los ciudadanos -los mayores de edad según el código civil- que habitamos hoy en este país, pero una casual limpieza de viejos papeles me hizo topar con los argumentos esgrimidos durante la polémica desatada a finales de 1999, a raíz de la propuesta y aprobación de los artículos, 12, 302 y 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Además, me enteré hace tres días de que Robert Zemeckis, realizador de  la trilogía de los viajes en el tiempo, se niega a producir la versión IV de la saga.

Por ambas razones decidí hacer yo mismo el viaje al fin del siglo pasado y volver a nuestros días con mi vieja argumentación:

     -      Petróleos de Venezuela y de todos los venezolanos
-      Alcance y significación del carácter estatal de PDVSA y su nuevo rango        constitucional
-      ¡Alerta! Los privatizadores petroleros no se han rendido
-      La insistencia expansionista y privatizadora: ¿Intoxicación teórica o          voluntaria ceguera?

 

Sin más que mis disculpas por alguna vetusta afirmación, tal vez desmentida por la realidad en estas dos décadas, y por tanto anacrónica, otras demasiado citadas desde entonces, como rittornello, transcribo los trabajos referidos, tres de ellos insertos en mi libro-recopilación “Nacionalismo Petrolero Venezolano…” [2] y el cuarto, publicado  en mi columna de FUNDAPATRIA.[3]

-----------------------------------------------------------------------------------(1) https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/06/opportunity-only-knocks-once-for-oil.html

1][2] . Mendoza P., Nacionalismo Petrolero Venezolano en Cuatro Décadas, Págs. 415-423.

http://publicacionesbcv.alejandria.biz/cgi-win/be_alex.cgi?Documento=T210000170350/0&Nombrebd=BCV&CodAsocDoc=6185&DSalida=CRes&Sesion=1795489705&DSalida=CRes

[3]. Mendoza P.,“ABC Petrolero”, FUNDAPATRIA, 27 de diciembre de 1999.

--------------------------------------------------------------------------

Petróleos de Venezuela…

Y de cada uno de los venezolanos

La reserva constitucional al Estado de la propiedad sobre las acciones de Petróleo de Venezuela, o del ente a cuyo cargo se encuentre el control de la industria petrolera venezolana, es la única manera de mantener la titularidad accionaria de cada uno de los venezolanos sobre su principal fuente generadora de riquezas.

Cuando menciono a todos los venezolanos, no me refiero a los mayores de 18 años, como pretende establecer la más detestable de las propuestas privatizadoras, sino a todos, incluyendo a los que nacerán mañana, el mes que viene o dentro de 150 años. Y así tendría que ser, por cuanto se trata del control sobre una industria cuyas expectativas de duración, considerando el nivel actual de sus reservas petroleras, pasa de los mil años. 

Ello sin contar con los inmensos recursos de hidrocarburos depositados al norte del Orinoco, la mayoría de los cuales todavía hoy no tienen valor comercial y hacen de Venezuela el mayor reservorio mundial de ese prodigioso legado acumulado bajo el subsuelo hace decenas de millones de años.

Pero, sin necesidad de colocarnos en esas perspectivas milenarias, razones de peso inmediatas, de nuestra contemporaneidad, de corto, mediano y largo plazo humanos, sustentan la necesidad de establecer la garantía constitucional del control estatal sobre su industria petrolera. La principal de esas razones es que PDVSA es, por su magnitud y por la importancia de sus operaciones, un instrumento estratégico para garantizarle al país una presencia digna y considerable en el concierto de las naciones.

En efecto, sólo manteniendo el control operativo sobre su ingente producción petrolera puede Venezuela tener injerencia decisiva en un aspecto vital para las relaciones económicas internacionales como lo es el suministro energético.

Precisamente, la condición de ser una de las primeras empresas petroleras del mundo es la razón de ser de las apetencias que sobre PDVSA ejercen poderosos capitales privados nacionales e internacionales. Para esos sectores, es una verdadera incongruencia que un país de miserables sea propietario de una empresa de nivel mundial, y por eso mismo, sucumben a la tentación de ofrecerle montañas de espejitos a sus desprevenidos 23 millones de propietarios actuales.

Lo triste del caso es que esos poderosos intereses internacionales tienen voceros nativos –auténticos cipayos- que ejecutan insólitos malabarismos argumentales para convertirse en defensores de la supuesta “necesidad” que tenemos los venezolanos de sentirnos propietarios sin la tutela del Estado. Todo ello, desde luego, sin importar que, en realidad,  ese “sentido de propiedad” sólo nos durará el tiempo necesario para hacer la transferencia de esa propiedad hacia otras manos.

Por ello, mueven a risa los pícaros argumentos de los “vivos” criollos que claman “¿Cómo es posible que yo pueda comprar en la Bolsa una acción de la Royal Dutch Shell y no una de PDVSA? ¡Exijo mi derecho a ser accionista de PDVSA y poder hacer con esa acción lo que me dé la gana!” Desde luego, ese vivaracho podrá comprarle sus acciones a otros venezolanos que, como los habitantes de Carapita o el barrio El Carpintero, no tendrán otra alternativa que convertir esas acciones en efectivo para sufragar mercados, vehículos populares o cuotas atrasadas del alquiler del rancho.

Pero a la postre, esos privilegiados venezolanos que expropiarán a la mayoría de sus coterráneos, serán a su vez expropiados, porque en el país no existen los capitales privados requeridos para el desarrollo de una industria petrolera como la venezolana y tendrán que acudir a los mercados financieros internacionales y al "bondadoso" capital petrolero internacional para que asuma el control, tal como lo han tenido que hacer el Grupo Polar, Inelectra y otras compañías venezolanas que se han aventurado en las licitaciones de contratos operativos.

Para quienes tenemos algún sentido de la trascendencia de nuestras responsabilidades, lo peor de todo será la maldición que pesará sobre las cabezas de esta generación finisecular, si se convierte en desheredadora de los cientos de millones de venezolanos por nacer en los próximos años y siglos.

Y precisamente para impedir que alguien en el futuro se sienta tentado, por dificultades económicas coyunturales, por un simple problema de flujo de caja, a liquidar el capital accionario de PDVSA y con ello, a desistir del control venezolano sobre su petróleo, es que creemos indispensable el establecimiento de obstáculos constitucionales que alejen esas tentaciones.

Ahora bien, el otorgarle rango constitucional a la propiedad estatal sobre la empresa a la cual se reservan las operaciones petroleras, no representa ningún obstáculo para que esa misma empresa sea dotada de la autonomía, flexibilidad y capacidad de negociación suficientes para realizar sin complejos todo tipo de negociaciones con el capital privado y se comporte como una empresa moderna y competitiva.

Sólo una visión acomplejada y fatalista, desconocedora de experiencias históricas de empresas petroleras estatales exitosas, como las de Noruega y Gran Bretaña, puede atribuir a priori a nuestra empresa estatal todas las perversidades del estatismo burocrático.

Desde luego, y como suele suceder, los argumentos contra la referida previsión constitucional no son el producto de visiones acomplejadas, surgen mas bien de visiones interesadas, minuciosamente construidas, alimentadas y convertidas en matrices de opinión que se instalan en las mentes de los sectores "modernos y globalizados" de nuestra sociedad.

Ahora bien, la existencia de sectores particulares, nacionales y extranjeros, con intereses y apetencias sobre la actividad petrolera, no es algo necesariamente malo ni ilegítimo, el problema se plantea cuando esos intereses entran en contradicción con los intereses permanentes de la Nación venezolana actual y los de sus descendientes. Este es precisamente el caso en cuanto a la propiedad de las acciones de PDVSA.

jueves, 28 de octubre de 1999

-------------------------------------------------------------------------

Alcance y significación del carácter  estatal   de PDVSA
 y su nuevo rango constitucional

La reserva constitucional al Estado de la propiedad exclusiva sobre la totalidad de las acciones de PDVSA ha sido recibida como una gran derrota por parte de las fuerzas interesadas en el jugoso negocio que ya tenían  asegurado, de haber continuado la gestión petrolera del combo Giusti-Arrieta-Quirós o una parecida. Como dice Veneconomía en su edición semanal correspondiente al 10 de noviembre pasado, "El sector privado plenó los diferentes medios de comunicación para expresar su rechazo a tal decisión".

Nada más obvio, cuando ya esos medios habían silenciado, por dos meses el hecho de que esa propuesta existiera, y ello obligó a FUNDAPATRIA a publicar un comunicado pagado anunciando al país que esa medida había sido aprobada por la Comisión de lo Económico y Social de la Asamblea Nacional Constituyente.

Claro, confiaban en el ejercicio de sus silentes mecanismos de presión, para torcerle en privado, a la sombra del "bajo perfil", el brazo a la ANC.

Ahora, como la estrategia les fracasó, se desgañitan en protestas y en interpretaciones trucadas de las implicaciones de la norma constitucional aprobada.

Por lo demás, se han presentado de cuerpo entero los sectores y personalidades que, agazapados, han estado trabajando por la privatización de PDVSA, aunque digan que sólo se trate de prevenir "rigideces" en el futuro.

En primer lugar es necesario aclarar que en ningún caso la propiedad exclusiva de las acciones implica la imposibilidad de contratar o convenir con empresas privadas del sector, nacionales o extranjeras. Esto hay que puntualizarlo, porque las falacias voceadas este sentido pretenden demostrar que ahora PDVSA no podrá realizar contratos operativos o realizar operaciones de "outsourcing" sobre actividades no medulares.

Se trata simplemente de satanizar la norma constitucional y de dar por sentado que la estupidez burocrática es consustancial con la propiedad estatal.

La realidad es que PDVSA, en tanto que empresa a la cual su propietario estatal tuvo que darle la forma de sociedad anónima ([i]), puede realizar toda clase de operaciones mercantiles, mientras ellas no involucren enajenación del capital accionario de la empresa. Es decir, que no puede comprometer la integridad de la empresa, ni comprometer su patrimonio como garantía en  operaciones financieras o contratos de cualquier índole con terceros.

Pero ello no quiere decir que no pueda, por ejemplo, enajenar activos cuya prescindencia no dañe el normal desenvolvimiento de las actividades reservadas al Estado, o contratar servicios externos para la operación de alguna de sus instalaciones y equipos, cuando así se considere conveniente.

Más aún, si la propia Constitución la autoriza a realizar Convenios de Asociación, aún con la previsión de que Estado deberá detentar el control, automáticamente la está autorizando a participar en la propiedad sobre los activos de esa Asociación, compartida  con las empresas privadas participantes.

La intención del constituyente es una sola: mantener bajo el control del Estado, como ejecutor y garante de la propiedad colectiva de los venezolanos, el poder de decisión sobre esa industria fundamental. Para que eso se cumpla a plenitud, es absolutamente necesario impedir la cesión, por mínima que ella pretenda ser, de porciones de la propiedad y el control sobre el ente estatal bajo cuya responsabilidad se ha colocado la administración física de los recursos y las operaciones de producción que habrán de realizarse, en función de las políticas que determinen los poderes públicos.

Esa propiedad absoluta es la que permitirá a la Nación venezolana tener una voz propia, clara y distinta en el mercado petrolero, no sólo como propietaria de sus inmensos yacimientos, sino como soberana en las principales decisiones para su disposición, manufactura y comercialización.

No se trata de cerrar las puertas a los capitales privados nacionales y extranjeros en esas actividades. Quienes conocen el negocio petrolero saben que aún con el control estatal exclusivo sobre PDVSA  existen muchas vías para la participación de esos capitales en los negocios que se generan a partir de la producción petrolera venezolana. Es más  aún,  existen múltiples ventajas, que son las que han atraído permanentemente al capital petrolero internacional hacia nuestro país y que lo seguirán atrayendo.

De lo que se trata es de una negociación dura, con los capitales internacionales más avezados, acostumbrados a imponer ruinosas condiciones a quienes no estén preparados para hacerse respetar. Venezuela tiene en sus manos un poderoso instrumento de negociación y no puede renunciar a él. Por el contrario, debe utilizarlo, debe hacer valer su poder y sus condiciones inmejorables como suministrador seguro, políticamente estable y cercano al principal mercado mundial.

Es claro que una de las maneras de negociar preferidas por el poder petrolero es la del chantaje y el soborno, la de: amenazar con bloqueos, boicots y restricciones y la de comprar "lobbystas" y fabricar solidaridades automáticas. Para ello cuentan con inmensos recursos y el poder suficiente como para lograr coros de aparente unanimidad en los medios de comunicación.

Pero Venezuela cuenta con suficientes recursos para enfrentar esa "!negociación dura". A las mencionadas ventajas estratégicas de nuestro petróleo y al control estatal sobre PDVSA, hay que agregar la pertenencia a la OPEP y la posibilidad de hacer un frente común con los principales exportadores para evitar posibles boicots de los consumidores.

Una negociación dura fue la "disuasión nuclear" de los tiempos de la guerra fría, cuando la mutua destrucción que aseguraban los inmensos arsenales nucleares de que disponían los contrincantes impedía que alguno de ellos pensase en la posibilidad de "ganar" una guerra nuclear. Aunque en verdad ese escenario de confrontación no está planteado hoy en día en Venezuela, y las campañas alarmistas de los corifeos de la privatización no son otra cosa que "bluff" de fulleros, es necesario estar preparado para algún tipo de negociación dura.

Claro que hay diversas maneras de estar preparados para una confrontación o para evitarla, y por ello, mientras algunos piensan que hay que tener los pantalones bien puestos, otros están dispuestos a aflojárselos.

En verdad, de lo que se trata es de una cuestión de intereses. De un conflicto de intereses. En primer lugar, para nosotros, está el interés colectivo de los venezolanos. De todos y cada uno de los venezolanos. Luego está el interés de sectores importantes de la sociedad venezolana, respetables y valederos dentro de una sociedad capitalista, donde cada cual  busca legítimamente un beneficio particular, pero dentro de los límites que establece la sociedad nacional, es decir, siempre y cuando ese interés privado no choque con el interés colectivo. Si se tienen claros esos límites, siempre será posible una actividad lucrativa privada  en cualquier actividad sin afectar el interés colectivo sino, por el contrario, contribuyendo a su salvaguarda. El conflicto de intereses se presenta de manera muy aguda en este caso, cuando es estimulado por la intervención de intereses foráneos claramente antagónicos a los nacionales en lo que respecta al control del negocio petrolero venezolano y de los grandes beneficios que genera: el capital petrolero internacional.

miércoles, 10 de noviembre de 1999

---------------

 (¡) El gobierno se vio obligado a ello por la presión que ejercieron los hombres que irían a ocupar los niveles gerenciales y altos cargos técnicos en la empresa nacionalizadas, quienes amenazaron, a través de la asociación que los agrupaba, AGROPET, con decretar una estampida, una verdadera "fuga de cerebros", si no se les garantizaban los niveles de sueldos de los cuales disfrutaban en las empresas concesionarias extranjeras. La figura de sociedad anónima, del dominio del derecho privado, era la única que permitía eludir las normas de la administración centralizada, que establecían como tope de los sueldos en el sector público el asignado al Presidente de la República, cuyo monto era unas diez veces inferior al devengado por los máximos niveles de la gerencia petrolera de entonces.

¡Alerta! Los privatizadores 
petroleros  no se han rendido

El quincenario FUNDAPATRIA acaba de cumplir 3 años, y junto con él, "ABC Petrolero", columna de divulgación y debate petrolero que suscribo en ese medio y de la cual se nutren estos "Apuntes para una discusión" que publica Anexo I. Durante ese lapso he acompañado a FUNDAPATRIA en un intenso combate por la defensa del principal patrimonio colectivo de los venezolanos del presente y del futuro: sus recursos de hidrocarburos.

A pesar de haber sido derrotados muchas veces, de haber sido silenciados y vetados en los grandes medios de comunicación, remontamos la "moderna" matriz de opinión, que se instauró en el inconsciente de los venezolanos, según la cual era urgente la privatización de PDVSA para propiciar la expansión ilimitada del negocio petrolero y lograr por esa vía el luminoso desarrollo de Venezuela. Combatimos las políticas expansivas y las trampas a la OPEP. Resistimos las difamaciones que nos presentaban como "tontos útiles" y agentes al servicio de los gobiernos árabes y por el otro lado, contradictoriamente, nos presentaban como unos ignorantes, fundamentalistas y atrasados dinosaurios patrioteros.

Hoy, el balance es positivo. Como he dicho en anteriores oportunidades, incluido "Apunte" de la quincena pasada, hoy PDVSA sigue siendo de todos y cada uno de los venezolanos, la OPEP ha demostrado una vez más su vigencia y el precio del petróleo más que triplica los niveles de febrero de este mismo año.

Pero además, concluido el debate constituyente -en el cual participé como asesor de la Comisión de lo Económico y Social y, especialmente, apoyando el arduo trabajo de los constituyentes Luis Vallenilla y Gastón Parra Luzardo- puedo decir que una parte sustancial de ese balance positivo lo representan los artículos del Proyecto de Constitución donde se ratifican la propiedad inalienable e imprescriptible de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos (Art. N° 12), la reserva al Estado de la actividad petrolera (Art. N° 302) y la propiedad estatal de la totalidad de las acciones de PDVSA (Art. N° 303). 

No fue una batalla fácil, ni tampoco ganada en toda la línea. Las fuerzas de la privatización y la integración sin condiciones a los mercados globalizados ejercieron toda clase de presiones sobre la Asamblea Nacional Constituyente y, con los buenos oficios de algunos "constituyentes sensatos y modernos" lograron insertar, en los dos últimos artículos mencionados, algunos párrafos -denominados "coletillas" en la jerga legislativa- atenuantes de la disposición fundamental, con los cuales buscarán, en el futuro inmediato y en un contexto más favorable a sus intereses, adulterar la voluntad del constituyente, convertir lo negro en blanco e imponer su antinacional voluntad privatizadora.

Por eso, es necesario no dormirse en los laureles y mantenerse alerta, porque se trata de un combate sin fin. Y por eso mismo creo pertinente traer a colación lo dicho en una edición anterior de esta columna, (ABC Petrolero N° 66), cuando hacía referencia a los logros de FUNDAPATRIA frente al gobierno anterior, a propósito del inicio del debate constituyente:

"Responsablemente, sin embargo, debemos reconocer que no hemos ganando la guerra. Que a pesar del gigantesco logro de haber impedido que la administracion Caldera-Giusti-Arrieta concluyera sus planes privatizadores, las fuerzas e intereses que mueven esos planes siguen vivos y actuando en nuestra esfera pública, planteando nuevas batallas, mejorando sus armas, afinando sus estrategias.En razón de ello, los sectores e individualidades que se consideran identificados con la defensa del patrimonio nacional deben, también, preparar sus armas." (Miércoles, 11 de agosto de 1999).

Apenas tres meses después de haber escrito lo anterior debemos ratificarlo. No basta el texto de los artículos constitucionales citados porque, como ya dije, en ellos ha quedado inserto el virus que posibilita su propia destrucción. Así lo perciben y anuncian con aires de triunfalismo los más perspicaces e insistentes voceros de la privatización, quienes adaptan sus propuestas al ritmo de los acontecimientos y nunca se dan por vencidos, porque se trata de la defensa de unos intereses muy jugosos y particulares.

Veamos algunos ejemplos.

Alberto Quirós Corradi, en su columna dominical de El Nacional, el 24 de octubre pasado, proponía la realización de un referendum, "que le pregunte al pueblo si quiere que el subsuelo y Pdvsa sean del Estado, o si prefieren ser los dueños directos de esos bienes, bajo un sistema de administración que les conceda acceso directo a parte de los beneficios que generan, y una voz en la forma de gerenciar el negocio petrolero". 

Muy precavidamente, concluía afirmando que "Si el referendum favorece al estatismo será porque todavía no estamos listos para entrar en la modernidad". 

Y precisamente, poco tiempo después, (El Nacional, domingo 14 de diciembre de 1999, "El cónclave del desvarío") cuando ya era evidente que se aprobarían las citadas disposiciones constitucionales de reserva al Estado y adoptando la típica actitud de decir que las uvas estaban verdes, sostiene que, aunque "esa pudiera ser una posibilidad a largo plazo, no la promuevo ahora".

Pero lo más importante de todo es que en ese artículo Quirós Corradi, haciendo gala de su muy reconocida experticia gerencial, delata la forma como, de todas maneras, podría ser utilizada la "coletilla" del Artículo 303 del Proyecto constitucional, según la cual se pueden vender filiales de PDVSA, para desnaturalizar el sentido inicial de la norma: transferir a esas filiales todos los activos de PDVSA y dejar a los venezolanos con una titularidad vacía. Veamos.

"Como no se podrán vender acciones de PDVSA… ¿Se podrán vender activos? (Eso permitiría descapitalizar totalmente a Pdvsa sin vender acciones).

¿Se podrán vender empresas propiedad de Pdvsa, como Citgo y Veba-Oel? (Otra descapitalización).

¿Se podrán crear filiales del tipo de las antiguas Maraven, Lagoven y Corpoven y venderlas después? (sin vender acciones de PDVSA).

Como se podrá apreciar, ese afán de "blindar" algo, lo que hace es abrir mas huecos de los que tapa."

Por su parte Francisco Monaldi, el ideólogo de la más antipática propuesta privatizadora que conozco, aquélla que postula el reparto de las acciones de PDVSA entre los venezolanos mayores de 18 años, es decir, entre menos de la tercera parte de la población actual, desheredando a las otras dos terceras partes y, desde luego, a los cientos de millones de venezolanos que nacerán en el futuro previsible de existencia del petróleo en nuestro subsuelo, anuncia triunfalmente que lo que se omitió en el texto del proyecto constitucional fue precisamente la propuesta radical de FUNDAPATRIA en materia petrolera y que, por ello, ahora están dadas las condiciones para "transformar a los ciudadanos en socios-propietarios de su principal negocio" 

("¿Por qué Chávez se la juega con Pdvsa?", El Nacional, 28-11-99, pág. E-9).

Pues bien, si ellos no se cansan de postular sus posiciones privatizadoras, nosotros tampoco debemos cansarnos de defender la propiedad colectiva sobre un bien cuya duración trasciende la vida de varias generaciones de venezolanos y sobre el cual esta generación sólo puede ejercer un derecho de usufructo parcial y tiene el inmenso deber de garantizar el mantenimiento en óptimas condiciones de la industria, con una producción eficiente y racional que no violente -como se hizo entre 1997 y 1998- los óptimos y máximos técnicos y que, por el contrario, preserve, para el disfrute de nuestros descendientes, la larga vida de los inmensos yacimientos, muchos de los cuales todavía no son explotables.

En verdad que todas las propuestas antinacionales de enajenación de ese patrimonio son posibles porque así lo permiten las rendijas que han quedado en las normas constitucionales mencionadas, pero para poder llevarlo a cabo tendrán que enfrentar a una colectividad mucho más consciente de sus derechos. El fomento de esa conciencia dependerá precisamente de todos aquellos que, como FUNDAPATRIA, comprenden que un reparto de las acciones de PDVSA, así sea en la más atractiva de las versiones, concluirá inevitablemente en el despojo de los venezolanos por parte del gran capital transnacional. En esa tarea estamos comprometidos.

jueves, 02 de diciembre de 1999

La insistencia expansionista y privatizadora: 

¿Intoxicación teórica o voluntaria ceguera?  

Una de las argucias que se han convertido en moneda de curso legal entre algunos de nuestros analistas petroleros es aquélla de calificar como "rentista y estatista" a la política petrolera tradicional venezolana de defensa de los precios y aumento de la participación fiscal. 

Esta política, que fue abandonada con resultados desastrosos en el quinquenio pasado y viene siendo rescatada  desde el inicio de este gobierno, logrando la triplicación de los precios petroleros vigentes en febrero pasado, cobra nuevos bríos ahora, cuando se le ha otorgado rango constitucional al tradicional derecho soberano de la Nación sobre el subsuelo y los "bitúmenes y jugos de la tierra", establecido por ley (Real Cédula) desde la constitución de la Capitanía General de Venezuela.

La referencia histórica no es ociosa. Intento poner de bulto el reduccionismo de quienes pretenden que postular la defensa de la soberanía nacional sobre los recursos de hidrocarburos y su industria es una actitud política derivada de la persistencia en un enfoque teórico recientemente desfasado: estatista, paternalista, benefactor de los desposeídos, asistencialista, redistribuidor de los ingresos, promotor de la justicia social y no del desarrollo, originado por una mezcla indigesta de cepalismo, marxismo, keynesianismo y cuanta cosa "pasada de moda" se pueda uno imaginar.

Así, utilizando la transmisión al pasado de la ideología contemporánea que utilizan los autores de las comiquitas norteamericanas "Trucutú" y "Los Picapiedras", podríamos pensar que de alguna de esa desviaciones teóricas, características del siglo XX, ha debido sufrir el Rey Carlos III de España en 1783, cuando aplicó a la Capitanía General de Venezuela las normas del Fuero Viejo de Castilla en materia de minería y con ello, en su condición de soberano absoluto de las colonias americanas, se reservó para sí el usufructo privilegiado de las riquezas de esos subsuelos.

Todo esto viene a cuento, porque de lo que se trata en esta discusión es de una cuestión de ejercicio de la soberanía, no carente, desde luego, de intencionalidad ideológica, pero que no puede identificarse, como se pretende, con determinadas concepciones políticas venidas a menos en este último cuarto del siglo veinte. Por el contrario, sea cual sea nuestra posición en materia de política económica o nuestra condición social -Rey absolutista, empresario multinacional, economista neoliberal, obrero petrolero o recogelatas- todos tenemos posiciones, ambiciones y aspiraciones sobre la propiedad y usufructo de un bien que, por su magnitud y su perdurabilidad, algunos creemos que sólo debe ser aprovechado colectivamente y en el transcurso de varias generaciones.

En este debate, que ya lleva varios años, los partidarios de la privatización petrolera han venido utilizando regularmente un recurso argumental muy manido pero efectivo: poner al adversario a sostener estupideces para luego rebatirlo a placer. Atribuirle al contrario toda clase de dogmatismos y fundamentalismos para hacer gala de moderna racionalidad. 

Si además, se hace mención de estar utilizando los postulados de alguna novedosa escuela de pensamiento, se habrá demostrado que quien habla es un actualizado ser que utiliza los últimos adelantos de la ciencia para enfrentar a hordas de fanáticos ignaros.

Tal es el caso del Dr. Luis Carlos Palacios en su artículo "El contenido económico del proyecto de Constitución", aparecido en la edición correspondiente a la primera semana de diciembre de Venezuela Analítica y cuyas apreciaciones fueron reproducidas editorialmente por el diario El Mundo pocos días después. 

El Dr. Palacios, apelando a los preceptos de la "nueva economía institucional", critica al proyecto constitucional por ser "rentista y estatista". Al hacerlo, identifica al "esquema rentista" como aquél que sostiene "que la explotación de los recursos petroleros naturales … debe ser reservada al Estado … o regulada de manera tal, que buena parte de los ingresos que se derivan de esta actividad se trasvasen al colectivo social a través del Estado". (Lugar citado)

Ante esta formulación, mi única observación se refiere al calificativo de "esquema rentista", endilgado a lo que, como ya dije, es simplemente un problema de soberanía, de propiedad sobre un bien que hasta ahora es inconmensurable. 

Por el contrario, la presunción de una voluntad redistributiva en la reivindicación de la reserva al Estado del control y administración de esos recursos es correcta, en tanto que quienes sostenemos esa posición consideramos que se trata de una propiedad colectiva y que su usufructo debe tener también esa característica colectiva, pero no lo hacemos por irracional romanticismo justiciero y socialistoide, sino por una cuestión de derechos ancestrales que hasta nuestros días han sido convertidos en letra muerta.

Aunque parezca lo contrario, lo que yo estoy reivindicando es mi derecho particular, privado, pero compartido con otros 23 millones de venezolanos, de tener acceso al disfrute de una riqueza descomunal y, más allá, garantizarle a mis descendientes de las próximas y lejanas generaciones una herencia también colectiva. 

Creo que el único medio efectivo que tengo yo -hijo de obrero ascendido socialmente por virtud de la renta petrolera a la condición de profesor de una mendicante universidad estatal- para garantizar esas aspiraciones privadas e individuales, es manteniendo semejante riqueza bajo el control de un administrador colectivo: el Estado.

No se trata de que el Estado bondadoso me esté "trasvasando" algo, a manera de la beneficencia pública. Se trata de mis legítimos derechos como venezolano, como titular de un respetable acervo patrimonial. Y lo que defiendo es mi derecho a no ser despojado de mi propiedad y a que no se desherede a mis descendientes.

Desde luego, hay algunos venezolanos, miembros de la élite que durante ocho décadas estableció, consolidó y usufructuó el viejo modelo parasitario-clientelal de reparto de la renta petrolera, quienes, en consecuencia, poseen mayores y mejores medios que el 90 por ciento de sus coterráneos y quienes, por ende, podrían aplicar con ventaja el dicho, común entre los que alguna vez disfrutáramos del plebeyo placer de sorber cucuruchos de harina de maíz Cariaco tostado, según el cual, "el que tiene más saliva traga más harina".

Esos venezolanos no están preocupados por el escenario privatizador. Por el contrario, lo promueven: competitivos al fin y al cabo, sueñan con que, a diferencia de los habitantes de Carapita o Barrio a Juro, ellos sobrevivirán indemnes, y aún más opulentos, a la masiva adquisición de acciones de PDVSA a precios de gallina flaca que será organizada por sus fraternales socios del capital petrolero internacional después del cándido y equitativo reparto inicial. 

[Valga una digresión para decir que cada quien es libre de soñar lo que le dé la gana, pero en mi opinión, estos "venezolanos competitivos" saldrán tan chasqueados como todo aquél que hace pactos con el diablo]

Ahora bien, hasta aquí podría considerarse que la discusión versa sobre una diferencia de enfoques, producto de posiciones ideológicas y sociales divergentes. Pero hete aquí que aparece en el artículo comentado la apelación al recurso de atribuir sandeces al adversario:

"Esta fuente de recursos sería capaz de financiar en forma amplia tanto servicios como gastos para dinamizar la economía: gasto corriente o transferencias (amplias y relativamente indiscriminadas), servicios sociales subsidiados, apoyo a otras actividades productivas y gasto fiscal de inversión. La idea central es que la actividad que genera este ingreso excepcional no debe quedar bajo la égida del sector privado y que el Estado debe y puede funcionar como un benefactor honesto, eficiente y benevolente." (L.C. Palacios, lugar citado)

Tales afirmaciones, llevadas a los límites del absurdo, no son sostenidas por ningún agente o factor político actuante en la Venezuela contemporánea, pero son bien útiles para redondear la posición del Dr. Palacios, quien de seguidas procede a demostrar lo obvio: que los futuros recursos generados por la industria petrolera no alcanzarán para cubrir semejante gula redistributiva. 

De hecho, y cuando ya estábamos concluyendo estas líneas, aparece en Venezuela Analítica de la tercera semana de diciembre la referencia a la existencia en "Analítica Research" de un nuevo trabajo del Dr. Palacios, preñado de estadísticas y escenarios: "El aumento de los ingresos petroleros puede no ser suficiente para superar la crisis". 

La gran pregunta es ¿quien sostiene lo contrario?

A mi manera de ver, tal descubrimiento del agua tibia es el resultado de no haber tomado en cuenta lo que al respecto ya había sido expuesto por Juan Pablo Pérez Alfonzo en un año tan lejano como 1971, cuando alertaba sobre la tendencia declinante de la participación fiscal petrolera y la incapacidad de tales ingresos para reproducirse: "la imposible siembra". Ello quedó documentado en varios de sus trabajos posteriores:

"Actualización de hechos y cifras muy trajinados pero frecuentemente olvidados. II.- Venezuela: la siembra imposible" Prensa Petrolera, Documentos No. 3, Caracas Diciembre de 1974. Recopilado en Hundiéndonos en el excremento del diablo, Editorial Lisbona, Caracas, 1977. Págs. 203-242.

"Peligros del petróleo, el efecto Venezuela", Le Monde, 31 de octubre de 1975. Recopilado en Hundiéndonos en el excremento del diablo, Editorial Lisbona, Caracas, 1977. Págs. 19-31.

"Venezuela se acerca a la debacle" Caracas 1978. Recopilado en Petróleo y Ecodesarrollo de Venezuela. Dorothea Metzger, compiladora. Coedición ILDIS – Editorial del Ateneo de Caracas, Caracas 1981. Pags. 85-179.

Años después, ya en los 80 y con la industria petrolera nacionalizada, algunos de los discípulos de J.P. Pérez Alfonzo, con Francisco Mieres como mentor principal, identificábamos el problema en cuestión como "una tendencia estructural a la declinación de la capacidad generadora de excedentes de la producción petrolera".

Por sostener tal caracterización y advertir de sus consecuencias, algunos fueron catalogados por el entonces Presidente de la República, Luis Herrera Campíns, como profetas del desastre… hasta que sucedió el viernes negro venezolano de febrero de 1983…

Debo decir, finalmente, que la técnica del boxeo de sombras contra escenarios absurdos es una rutina argumental, muy propia del moderno expansionismo privatizador petrolero, a la cual he denunciado en trabajos anteriores. 

De manera particular, en mi libro "El Poder Petrolero y la Economía Venezolana", (CDCH-UCV, Caracas 1995), hice referencia a soliloquios similares contenidos en las "Guías Corporativas 1993-1998" de PDVSA, material confidencial que pretendía sustentar teóricamente los faraónicos planes de expansión de la producción petrolera propuestos y adelantados ruinosamente por esa corporación para el quinquenio mencionado. Veamos:

"El [escenario, n.n.] primero, al cual llamaremos PRODUCTOR, supondrá que se dan las condiciones políticas y fiscales para la expansión de la Industria en función de nuestra base de recursos de hidrocarburos. En contraposición, un segundo escenario al cual llamaremos RENTISTA, supone que dichas condiciones dan pie a un nivel de desarrollo de la Industria que estaría por debajo del potencial que brinda la base de recursos existente…"

"…en el escenario PRODUCTOR, el desarrollo del sector petrolero permitiría realizar la transición de una economía petrolera rentista hacia una economía menos petrolera y definitivamente no rentista, donde el petróleo apuntalaría el desarrollo de otros sectores económicos…"

"El escenario RENTISTA, por su parte, representa otro extremo, la ausencia de acción, la simple explotación de la base actual de recursos con su agotamiento paulatino. La consecuencia sería la prolongación, por quince años más, de un cuadro de crisis y estancamiento." (Guías Corporativas citadas)

Huelga decir que los autores de ambos escenarios los adoban convenientemente y el resultado es siempre el esperado por ellos. No importa que, por ejemplo, no existan los sostenedores del escenario rentista ni se puedan identificar sus supuestos en ningún escrito o discurso público o privado... lo que importa es que el escenario que yo defiendo siempre gana. Pero cuando un tercero hace ejercicios imparciales con tales escenarios aparecen sorprendentes contradicciones…"

(C. Mendoza P., lugar citado).

Hoy en día, vistos los catastróficos y lamentables resultados del expansionismo petrolero, que en esas "Guías Corporativas 1993-1998" defendía el Economista Jefe de PDVSA, Ingeniero Ramón Espinasa, no es necesario hacer "ejercicios imparciales", basta simplemente con constatar la realidad de los años 1997-1998 y su espectacular reversión a partir de febrero de 1999. Lo lamentable a estas alturas es la persistencia en el error de algunos analistas… ¿Error? Nos remitimos al título que encabeza estas líneas.

FUNDAPATRIA, ABC Petrolero, lunes, 27 de diciembre

CITGO: LA "INTERNACIONALIZACIÓN" REVISITADA

CITGO: 

La "Internacionalización" revisitada

Carlos Mendoza Pottellá

3/1/2019

Las manifestaciones de la trágica situación económica y social que padece el país se pueden palpar en todos los ámbitos del mismo, pero tiene en su industria petrolera uno de sus principales escenarios, con certeza el más importante, en donde se pueden identificar las causas eficientes de esta crisis.

El principal de esos factores, al que he dedicado varios trabajos en los últimos años y más recientemente en mi columna "Apuntes de Política Petrolera Venezolana" en el portal petroanalysis.net [1]  es el referido a la caída de los ingresos de esa industria, y en particular de los ingreso netos de la Nación, los ingresos fiscales. 

Caídas que han generado las crecientes dificultades para equilibrar el presupuesto de gastos de la Nación, provocado urgencias de nuevo endeudamiento externo y, consecuentemente, incapacidad  para honrar esos compromisos financieros.  Circunstancias estas que, en una proporción considerable, son consecuencia de la multiplicación,  desde hace décadas, de planes inviables y decisiones erradas en el manejo de PDVSA, tal como lo referí recientemente en el trabajo publicado por Aporrea, "Política petrolera a la manera de los músicos del Titanic" [2].

Una de las más ruinosas de esas políticas perversas, que sin embargo todavía es presentada con orgullo por la autodenominada meritocracia, fue la política de "internacionalización", con la cual se pretendió convertir a PDVSA en una "corporación global", a la par de Exxon-Mobil, Shell, BP, con refinerías y otros activos en Alemania, Suecia, Bélgica, Reino Unido, Antillas Holandesas y Estados Unidos (Texas, Illinois, Pensilvania, Georgia, Islas Vírgenes). 

A la denuncia de lo que considero uno de los mayores saqueos privados del patrimonio público he dedicado varios trabajos desde 1993, en particular en mi libro El Poder Petrolero y la Economía Venezolana [3], reproducido y ampliado en Nacionalismo Petrolero en Cuatro Décadas" [4]

Al revisar el Capítulo “La internacionalización” referido en las dos notas anteriores, es factible percibir que fue escrito, escarbando en tiempo real, a partir de informes discontinuos y cifras  parciales y maquilladas,  precisamente presentados por PDVSA y los responsables de sus operaciones internacionales  para ocultar la realidad a su accionista, la Nación venezolana. 

Concluida  su redacción, y estando el libro ya en proceso de edición, llegó a mis manos el prospecto publicado el 1º de julio de 1993 por Salomon Brothers Inc., cuya portada inserto de seguidas:

Este prospecto de endeudamiento mil millonario fue la primera información completa sobre los reales reales resultados de las operaciones internacionales de PDVSA de la que pude disponer entonces y hube de insertar un apéndice, que llamé OTROSÍ [5], para presentar una reseña de su contenido y una tabla resumen del período 1988-1992:

Aquí aparece prístino el motivo de nuestras denuncias, -las de Francisco Mieres, Gastón Parra Luzardo y mías, siendo yo entonces  antiguo discípulo de ambos.

Compárense simplemente las dos primeras lineas del cuadro anterior, Ingreso Bruto y Costo de ventas y gastos operativos, entre sí y con las dos útimas, Ingreso bruto unitario e Ingreso neto unitario. Y para macerar el amargo sabor de la verdad pueden revisarse las líneas que contienen las  relaciones porcentuales. Sobran las palabras.

Comentaba en ese tiempo algo a lo que me referiré más adelante respecto a los resultados 2012-2016 y que se ha convertido en un arte exquisito de PDVSA para eludir la presentación descarnada de la realidad: la consolidación de cifras.

A partir de 1989, PDVSA presenta sus estados financieros de manera consolidada, incluyendo en ellos, tanto los resultados de sus operaciones dentro y desde Venezuela, como los obtenidos en sus filiales en el extranjero –un escalón más de agregación para esconder resultados parciales comprometedores-. De tal manera que los 9.469 millones de dólares de ingresos brutos de las actividades en el exterior en 1992 forman parte de los 20.820 millones de dólares de ingresos por ventas netas de petróleo crudo y sus derivados que se presentan en el informe anual de actividades para ese mismo año. Igualmente, los 9.157 millones de costos externos alimentan el monto global de costos operativos de PDVSA, 13.231 millones de dólares, donde juegan un papel destacado los 6.430 millones de dólares por concepto de compra de crudos y productos en el exterior (cifra cuya magnitud se puede apreciar, si consideramos que CITGO es el mayor comprador individual de crudos mexicanos)  Loc. Cit. Pág- 183.

Sólo las estrictas leyes del mercado financiero norteamericano obligaron a Salomon Brothers a publicar ese prospecto revelador.

Para la fecha, julio de 1993, la estructura organizativa de PDVSA y sus filiales era registrada en el referido prospecto con el siguiente gráfico. 

Físicamente, desde entonces, los negocios internacionales de PDVSA, implantados en América y Europa se presentaban gloriosamente en el mapamundi, tal como en éste gráfico de 2005, en donde se muetra la capacidad refinadora  de 4,1 millones de barriles diarios que se requeriría al salirnos de la OPEP :    

CITGO es el nombre del actual residuo pírrico de ese megaplán meritocrático para eludir lo que el gobierno se coge, "the government take" en el lenguaje corporativo internacional. Es decir, para minimizar la participación fiscal, auténtico resultado nacional de las actividades petroleras en el país. Así lo constataba el comisario de PDVSA en 1999:

‘...cabe destacar que el precio de venta de crudo inferior al precio de mercado, significa una transferencia al fisco norteamericano según el siguiente detalle: incrementa las ganancias de CITGO en 210 millones de dólares, con un efecto de impuesto [norteamericano, n.n.] estimado a la tasa nominal de 71 millones de dólares y disminuye las ganancias de PDVSA en 210 millones de dólares, lo cual representa una disminución nominal de impuesto sobre la renta venezolano de 142 millones.’ [6]

Según la historia oficial, la marca CITGO fue creada en 1965 por Cities Service Company, empresa comprada por Occidental Petroleum en 1982, a la cual CITGO fue incorporada como una subsidiaria de refinación, comercialización y transporte en la primavera de 1983.[7] 

Fue comprada posteriormente por la Corporación Southland quien, amenazada de quiebra por los márgenes negativos en el negocio de la refinación que imperaban en esos años, vendió como ganga y en artículo mortis, el 50% al Estado venezolano en 1986 y luego, ya quebrada, el otro 50% en el año 1990, pese a la reticencia expresa del Presidente Carlos Andrés Pérez, quien exigió que esa porción fuera nuevamente vendida, dados los riesgos para la República de poseer  el 100 por ciento de los restos de una bancarrota. Sin embargo, y tal como reseñaba la revista Petroleum Economist en su momento, “los defensores intransigentes de la internacionalización creen que pueden retrasar el pedido de Pérez hasta que deje el cargo en poco más de un año”  [8]

¡Y efectivamente así sucedió, incluso antes, cuando Pérez fue defenestrado por el Congreso Nacional! [9]
 

Así pues, en 1990, nació la posesión venezolana del 100% de CITGO.

 Las prevenciones del Presidente Pérez se están materializando ahora, cuando los acreedores de la República levantan la tesis del "alter ego", para cobrarse a la brava, capturando un patrimonio nacional desguarnecido, fuera del ámbito territorial soberano y del amparo de los poderes públicos nacionales.

Un patrimonio muy valioso hoy, tasado en varios miles de millones de dólares, -quince mil millones fue una estimación comentada recientemente-  pero que es el menguado resultado de desangrar al país en múltiplos de esa cantidad para beneficio privado de empresas extranjeras, de sus  pícaros promotores criollos que hoy disfrutan del resultado de sus andanzas... y del fisco norteamericano.[10]

Ahora es pertinente referir que mi posición sobre la materia in comento, sostenida desde el inicio del proceso de adquisición de refinerías en el exterior, en 1983, ha sido luego fundamentada extensamente por otros investigadores del tema, en particular por el ya citado Juan Carlos Boué [11]

Posteriormente, en el informe sobre la gestión de PDVSA en su política de “apertura”, aprobado unánimemente por la Asamblea Nacional en 2006, se reproducen aspectos indignantes de las circunstancias que referíamos antes, no siendo el menor de ellos el monto de los pagos al impuesto sobre la renta norteamericano, declarados  a partir de ganancias inexistentes y producto de los descuentos otorgados por PDVSA a sus filales:

 

La plenaria de la AN aprobó, por unanimidad, el informe de la Comisión Especial designada para investigar la apertura petrolera, ente legislativo, presidido por el diputado Rodrigo Cabezas (Independiente/Zulia), declarando la responsabilidad política de todos los funcionarios que formularon, celebraron y ejecutaron los convenios operativos, las asociaciones estratégicas y los negocios de internacionalización durante las décadas de los 80 y 90, particularmente a la Directiva de Pdvsa (1994-1999) presidida por Luis Giusti [12]

El siguiente gráfico, con cifras de los informes financieros de PDVSA entre 1998 y 2001, deja claro el verdadero carácter del negocio de la internacionalización: ruinoso para el país pero jugoso para los participantes privados. 

Obsérvese allí  el último de esos años:

26.927 millones de dólares en ingresos por ventas, que generan 638 millones de ganancias ficticias, financiadas por 938 millones de descuentos sobre el precio del petróleo venezolano enviado a ese destino. Por su parte, el accionista, la República de Venezuela, tuvo que invertir en ese año otros 517 millones de dólares en sus afiliadas-chatarra para mantenerlas en operación.

Otro de los puntos controversiales de la movida internacionalizadora fue su presentación como una “alternativa frente a la OPEP”, sostenida abiertamente en su momento por el Presidente Rafael Caldera: La posibilidad de aumentar la producción sin estar comprometidos a cuotas, cuando nos liberáramos de esa odiosa organización.  [13]

En “previsión” de esa salida de la OPEP se adquirieron posteriormente las capacidades de refinación mostradas en el gráfico de 2005, ya inserto, las cuales desbordaban las posibilidades de suministro desde Venezuela y que, desde un principio y hasta hoy en día han tenido que ser abastecidas por crudos mexicanos, árabes, canadienses, rusos y norteamericanos.

El porcentaje de esas compras dentro de los costos consolidados de PDVSA es una evidencia clara del carácter ruinoso de ese emprendimiento:

Allí puede observarse como, a partir de 1989, el costo de adquisición de crudos en el exterior se cuadruplicó, al elevarse  a un 40,4% de los costos consolidados netos, desde el 9,5% registrado el año anterior. También se observa que ese porcentaje siguió escalando niveles superiores desde entonces hasta nuestros días, superando el 60% en 2005, 2006 y 2012.[14]

Consecuentemente con esa evolución, desde 1989 se produjo un salto en los costos globales  y una caída violenta de la participación fiscal que, tal como se observa en el siguiente gráfico, no ha cesado de caer, hasta llegar en 2016 a un escuálido 13,17% de los ingresos totales.

¿Pueden estos resultados informarnos por qué hemos comenzado a dejar de ser un país rentista en contra de nuestra voluntad?

Treinta y cinco años después del inicio de este ruinoso programa, las 19 refinerías y otros activos que llegó a adquirir PDVSA en el exterior han quedado reducidos a las tres refinerías de CITGO y su sistema de oleoductos y estaciones de servicio "embanderadas" con esa marca, la Refinería  de Curazao cuyo arrendamiento concluye el próximo año y algunos tanques herrumbrosos en las otras tres Antillas Holandesas (Aruba, Bonaire y San Eustaquio)

Sobre ese patrimonio relativamente valioso, pero de sangriento origen, como ya mencioné, se ciernen voraces los acreedores de la República, quienes ven allí la posibilidad cierta de cobro a un deudor maula.

Las referencias históricas hechas  anteriormente están motivadas, precisamente por los recientes intentos de los acreedores de la República de cobrarse, a la brava, con patrimonios de ésta ubicados fuera de su jurisdicción y soberanía. 

Como a la oportunidad la pintan calva, así la vieron Conoco-Phillips y Cristallex, las cuales, para desconocer como  personas jurídicas y patrimonios  diferenciados a las compañías anónimas y corporaciones registradas por PDVSA en las Antillas Holandesas y en los Estados Unidos, adujeron que esas compañías son 100% propiedad  de la República de Venezuela, su “alter ego”, de donde podrían legítimamente rebanar sus respectivas acreencias contra aquélla.

Así, Conoco-Phillips, empresa norteamericana, busca su pago en las Antillas Holandesas y Cristallex, empresa minera canadiense va contra los activos de CITGO en los Estados Unidos. ^[15]

Tales intentos, aun partiendo de decisiones arbitrales  o de tribunales locales, constituyen una negación perversa del fundamento legal establecido, tanto en el derecho romano, como en la “common law”, en el que se basa, universalmente, la constitución de compañías anónimas y de responsabilidad limitada, con personalidad jurídica y patrimonios propios y distintos de los de sus accionistas, así estos detenten el 100 por ciento del capital suscrito.

Las causas por las cuales esa separación de patrimonios pueda ser desconocida, levantando “el velo corporativo”, están perfectamente tipificadas, vinculadas a la comisión de actividades delictivas, fraudulentas, bancarrota, narcotráfico, etc., ninguna de las cuales puede ser aducida en estos dos casos.
  

Pero dejemos a los abogados de la República que sustenten, en sus apelaciones, los argumentos contrarios a esas pretensiones. 

Lo que creo pertinente destacar aquí, es la paradoja de que estas personas jurídicas, distintas de la República, de las decenas  de compañías anónimas constituidas por PDVSA en el exterior durante los años 80 y 90 del siglo pasado, se crearon dentro del plan de la apertura y la internacionalización, precisamente para eludir las obligaciones fiscales de esa empresa con la Nación venezolana.

Se construyó así un complicado entramado de diques para represar en el exterior ingresos que de otra forma vendrían a alimentar el “gasto estatal improductivo”.

El esquema “simplificado” anterior, que sólo se refiere a CITGO, es apenas una parte un bosque de filiales que presenta el “Petróleos de Venezuela, S.A. Organizational Chart”, actualizado al 2 de septiembre de 2002 por la Dirección Ejecutiva de Finanzas de PDVSA, ilegible a menos que sea en una pantalla de 4 metros por 3, pero que dentro del cual se pueden contar, por sus colores distintivos, 57 casillas de “holding companies” y filiales ubicadas en los Estados Unidos, 20 en el Caribe y 10 en Europa.

¿Y cómo funcionó ese esquema de retención en el extranjero del ingreso petrolero nacional?

Nos lo explica el siguiente gráfico de flujos, también originado en PDVSA, el cual contiene el desarrollo de una declaración de dividendos de CITGO para su accionista en 1999:

1)  PDVSA exige a su filial CITGO que declare dividendos por 500 millones de dólares.

2)  CITGO remite 489 millones de dólares a PDV América Inc. (Delaware)

3)  PDV América envía 260 millones de dólares a PDVSA Finance Ltd. en Islas Caimán y 269 millones a PDVSA Holding Inc.

4)  PDVSA Holding, a su vez, se autoasigna 11 millones de dólares y distribuye 50 millones que retorna a CITGO, 3,4 millones que asigna a PDVSA Merey Sweeny y 277 millones que asigna a Chalmette Refining, la cual a su vez devuelve 30 millones a PDVSA Holding.

5)  El resultado final fue que Petróleo de Venezuela S.A., Caracas, tuvo que asignar 40 millones de dólares a PDVSA Holding como deducción de intereses de PDVSA Finance de impuesto sobre la renta en Venezuela.

Esta incidencia de 1999 se repite en las sombras, a espaldas de sus 30 millones de desinformados accionistas, en cada escaramuza del fisco nacional para de obtener mayor participación en los negocios de sus empresas en el exterior.

Muestra de todo lo referido hasta ahora son los Estados  de Resultados del sector internacional de PDVSA de los últimos años disponibles 2012-2016 ^[16], a cuyo análisis dedicaré los siguientes párrafos.  

Allí se puede constatar que no es gratuito el califícativo de “pírricos” que machaconamente he atribuido a los índices de rendimiento de ese emprendimiento de la gerencia profesional de PDVSA, en tanto que, aún hoy, a pesar de haber salido, en los últimos años, de las más ruinosas de esas instalaciones adquiridas desde 1983, se registran ganancias mínimas antes de impuestos y pérdidas netas luego de estos, en 4 de los 5 años considerados.

Estos datos, agregados a todos los revelados previamente,  desde el inicio del programa internacionalizador,  nos permiten inferir, con absoluta certeza, que los costos de adquisición, mantenimiento, refacción y modernización de chatarras, como eran las que hoy son valiosas filiales norteamericanas de PDV América, nunca han sido, ni serán, recuperados por la Nación.  Todo ello sin mencionar el balance negativo de los ya liquidados  activos refineros poseídos por Propernyn B.V. - PDV Holding en Alemania, Suecia, Bélgica y el Reino Unido.

Las cifras que se transcriben, corresponden a las del “Sector Internacional” de PDVSA en donde se presentan los resultados de CITGO y los otros negocios internacionales.

Estos deliberadamente confusos y contradictorios  “Estados de Resultados del Sector Internacional”, son el producto de “consolidaciones, eliminaciones y reclasificaciones” para obtener el “Consolidado Mundial”  de Resultados de PDVSA,  ameritan una auditoría contable independiente y explícita, que aclare las circunstancias que allí se evidencian: un “Sector” que registra las ya referidas pérdidas netas y cancela  Impuesto Sobre la Renta venezolano de menos del 1% de los ingresos totales en tres de esos cinco años y no alcanza al 2% en los restantes, que la compra de crudo y productos es en promedio el 90% de sus costos, sin determinarse cuánto de esas compras son suministros desde Venezuela, y si, como en el pasado aperturista se otorgan descuentos para ocultar pérdidas netas, y cuántas son, por otro lado, compras de crudo extranjero.

Para muestra, un botón:

Respecto a los registros históricos de esta “joya de la corona” de PDVSA, como la califican algunos medios,  reproduje antes el resultado de las investigaciones de la Asamblea Nacional en 2006, donde se revelan descuentos de hasta 2,5 dólares el barril en los crudo enviados a las distintas filiales existentes hasta entonces.

Se sabe que PDVSA -a falta de los inviables “mejoradores” planificados para generar 4 millones de barriles diarios antes de 2019- compra crudos livianos argelinos y rusos, amén de naftas norteamericanas, para mezclar con crudos extrapesados de su “producción temprana” y obtener el “Merey 16º”,  igualmente se sabe que desde los años 80,  las filiales norteamericanas de PDV America compran crudos mexicanos, canadienses y árabes para completar su dieta refinera en Estados Unidos y ahora, nos llega la noticia de que PDVSA está comprando, por primera vez desde 2003, crudo estadounidense Light Louisiana Sweet, para el mismo propósito de obtención del Merey… en Curazao. 
 https://blogs.platts.com/2018/11/27/loop-gulf-crude-exports-venezuela/ : Un millón de barriles en las últimas seis semanas.

Y una última e inocente pregunta ¿Cómo se contabilizan los 500 mil  dólares aportados por CITGO para el acto de investidura de Donald Trump? 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39647952
 

Se trata del cumplimiento del deber patriótico de una empresa norteamericana, (con el mismo monto de aporte  que Exxon-Mobil y J.P. Morgan), la compañía anónima CITGO  Inc. Delaware, que paga impuestos norteamericanos y declara pérdidas a sus desguarnecidos accionistas venezolanos. 

CITGO ¿alter ego de la República de Venezuela? ¿Será Donald Trump un Presidente tan malagradecido? ¿Permitirá que una empresa canadiense ¡válgame Dios! provoque la bancarrota de una empresa que cumple puntillosamente con las obligaciones que le impone su condición “americana”? In God we trust!!

cmp 3/1/2019

Adendum:

Por referirse a otras facetas del tema que me permiten sustentar lo expuesto, reproduzco de seguidas un artículo de 1999, inserto en  el ya citado, “Nacionalismo Petrolero…”[17]

CITGO Y LA DE DOBLE TRIBUTACIÓN

El Tratado sobre la Doble Tributación 
y su “justificación” CITGO

Uno de los últimos actos del gobierno anterior, el pasado mes de enero, fue la firma de un tratado con los Estados Unidos para evitar la doble tributación. El intenso y poderoso “lobby” que precedió a la suscripción de ese acuerdo apenas trascendió a la opinión pública, pero alcanzó momentos culminantes durante la visita que hiciera a nuestro país el presidente estadounidense, Bill Clinton.

En esa oportunidad, uno de los voceros de la conveniencia para nuestro país de la firma urgente de semejante tratado fue el Embajador de Venezuela en los Estados Unidos, a cuyos argumentos hube de referirme críticamente en una carta enviada a “El Nacional”, porque el diplomático fundamentaba su posición en los grandes beneficios que dicho acuerdo significaba para la Citgo, filial norteamericana de PDVSA. La gigantesca desproporción entre las magnitudes de las operaciones de los capitales estadounidenses en Venezuela y las de CITGO es tal, que equivale a comparar un elefante con una hormiga. Si no fuera algo tan serio, por sus graves implicaciones económicas y políticas, parecería cosa de chiste.

Respeto mucho la especificidad del conocimiento y, aunque el asunto me huele mal, debo dejar el aspecto tributario  en manos de los especialistas en la materia. Algunas claves importantes en ese sentido las da el Dr. Humberto D´Ascoli, ex consultor jurídico del Seniat en entrevista concedida al diario El Nacional el pasado 29 de marzo (pág. E-2): “Imponer la renta mundial al ISLR solo beneficia a países industrializados”.

Ahora, cuando se plantea nuevamente el asunto, ya suscrito el acuerdo por el gobierno anterior, entre gallos y medianoche y a pesar de las objeciones de la Comisión de Política Exterior del Senado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la época, vuelven a aparecer como estandarte justificador los grandes beneficios que obtendrá CITGO. 

Y aquí si tengo alguna cosas que decir, muchas de ellas ya referidas en otros contextos:

En primer lugar y de una buena vez: Según cifras de resultados que han llegado a mis manos desde hace años, procedentes de la propia empresa estatal, las ganancias registradas por CITGO surgen de una transferencia de ingresos de las operadoras de PDVSA, por la vía del descuento en los suministros del crudo para aquella filial refinadora y vendedora de derivados en el mercado estadounidense.

Cada vez que he mencionado públicamente estas circunstancias, desde el IV Congreso Venezolano del Petróleo, donde las presenté en una ponencia, se me responde que CITGO no existe para dar ganancias, sino para garantizar el mercado, y que los descuentos son el costo de mantener esos mercados.

Tal es la lógica expansiva, que no para mientes en incrementar el costo del barril colocado, con tal de colocar el barril. No importa que caiga la participación fiscal unitaria: habrá mayores volúmenes colocados, mayores operaciones de producción, mas negocio para el sector privado conexo e internacional y, en algún momento en el lejano futuro, se compensarán las cargas y el fisco volverá a obtener cantidades considerables de ingresos. 

Pero si se reconoce que ello es así, si no existen realmente las supuestas ganancias, ¿cómo argüir ahora que el Tratado para evitar la doble tributación con los Estados Unidos se justifica por los beneficios de CITGO?

Carlos Mendoza Pottellá

Abril 1999

REFERENCIAS

---

[1] En este artículo se recogen y amplían los textos de cuatro de esos “Apuntes” (V-VIII)

[2]  https://petroleovenezolano.blogspot.com/2018/05/a-la-manera-de-los-musicos-del-titanic.html

https://www.aporrea.org/energia/a263621.html  -

 En el blog citado se pueden encontrar los trabajos previos referidos arriba, de 2014 a la fecha.

[3]  El Poder Petrolero y la Economía Venezolana.  Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Caracas 1995. Cap. V.2.3 La internacionalización, págs. 211-243.

[4] Nacionalismo petrolero venezolano en cuatro décadas. La Internacionalización, págs. 157-215

  BCV, Publicaciones, Fondo Editorial, Colecciones, Colección Venezuela y su Petróleo. 

http://publicacionesbcv.alejandria.biz/cgi-win/be_alex.cgi?Documento=T210000170350/0&Nombrebd=BCV&CodAsocDoc=6185&DSalida=CRes&Sesion=1028091991&DSalida=CRes

http://www.bcv.org.ve/fondoeditBCV/fondoeditorial.html

_{[5] Nacionalismo… Loc. Cit., págs. 176-184- /El corrector de estilo del Departamento de Publicaciones del BCV lo cambió por “Otro si”.}

[6]  Rafael Darío Ramírez Coronado, Informe del Comisario de PDVSA 1999, p. 28. Caracas 2000.

[7]  Eleuteria Uhuru / Rebelión  El caso CITGO ¿Revolución o Desencanto?:  https://www.aporrea.org/energia/a15370.html

[8] María Kielmas, "Little Moves Ahead Of an Explosion", Petroleum Economist, noviembre 1992, págs. 14-17, citada en "El Poder petrolero", pág. 215 y 217.  

La articulista concluye afirmado que “La campaña de internacionalización de PDVSA, que comenzó en Alemania en 1983, siempre ha sido polémica. Los críticos han dicho que los descuentos que PDVSA está obligada a aplicar en su crudo pesado para cumplir con las especificaciones del mercado alemán hacen que esa empresa no sea rentable.”

[9]  Una exposición de estas incidencias se encuentra en mi prólogo a la obra de Juan Carlos Boué, “Internacionalización - Una Costosa Ilusión”, que titulé con palabras del ya citado Comisario de PDVSA 1999, Ramírez Coronado: "Exportación de beneficios, importación de costos"   http://petroleovenezolano.blogspot.com/2010/04/prologo-internacionalizacion-de-juan.html

[10]   Rafael Ramírez, en reciente declaración a El Nuevo País, aporta, con conocimiento de causa, elementos respecto a la necesidad de vender Citgo en su momento:

 “Nuestro argumento era sencillo: esos activos están en territorio hostil, en una relación (con los Estados Unidos) que tendía a complicarse, estarían sujetos a cualquier acción de sanción, embargo, incautación, confiscación, etc. CITGO siempre fue un rehén, por ello, durante la ‘apertura petrolera’ se transfirieron más de 17 mil millones de dólares desde nuestro país, para adquirir esos activos en Estado Unidos, por eso se dieron descuentos de hasta un 40% en los envíos de petróleo, ya que, ‘era nuestra’, cuando en realidad nunca dio ni dividendos, ni ese era nuestro negocio, era una empresa 100% norteamericana”.

https://elnuevopais.net/2018/08/12/ramirez-asegura-que-se-pierde-citgo-por-no-venderla-antes/

[11] Boué, Juan Carlos  La internacionalización de PDVSA. Una costosa ilusión,

 Caracas, Ediciones del Ministerio de Energía y Minas de la República Bolivariana de Venezuela (Fondo Editorial Darío Ramírez), 2004

[12] www.aporrea.org/actualidad/n77459.html

[13] Justamente, bajo la Presidencia de un militante del partido Copei, Luis Herrera Campins, en 1983 se dio inicio a ese programa, con la constitución en Alemania de la compañía Ruhr Oël, en asociación 50-50 con la compañía Veba Oël y suministrando PDVSA el petróleo crudo bajo la fórmula net-back (retorno neto), cuyos resultados fueron ruinosos desde un principio, como lo registrara la propia PDVSA en su Informe 1991 y comenté en su momento:

“..los resultados del net-back sobre los envíos de crudo a Ruhr Oël, correspondientes a 1990 y 1991, 12,04 y 10,04 dólares por barril, respectivamente, arrojan un saldo negativo de 8,29 y 5,88 dólares por barril con respecto al promedio de los ingresos unitarios del país por ventas exportadas de crudo y productos en cada uno de esos años: 20,33 y 15,92 dólares por barril…” (Loc. Cit.: Mendoza P. “Nacionalismo Petrolero…” , pág. 162.

[14] Debo señalar, sin embargo, que el crecimiento de estas compras en los últimos años ha estado alimentado también por las importaciones de crudos extralivianos argelinos y rusos para diluir crudos extrapesados de la Faja del Orinoco y producir el crudo “Merey 16°”, cuestionable resultado de otra de las fantasías de los tecnócratas petroleros: producir 6 millones de barriles diarios en 2019.

[15] Recientemente referí en entrevista para el diario El Universal que tal comportamiento recordaba al de Shylock, el Mercader de Venecia de Shakespeare, quien se quería cobrar una libra de carne, que su deudor había ofrecido en garantía,  pero extrayéndola, según su particular elección, del costado izquierdo del mismo.

http://www.eluniversal.com/economia/23129/no-es-viable-plantear-venta-de-citgo-en-este-momento

[16] http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6538:inversionistas&catid=66:home&Itemid=1186&lang=es

[17] Nacionalismo petrolero venezolano en cuatro décadas. Loc. Cit.  Págs.359-361