La industria del petróleo venezolano en la
última década
Carlos Mendoza Pottellá
No es posible asumir el análisis propuesto en el título
de esta nota, que me solicita Tribuna
Popular, sin considerar las tendencias estructurales subyacentes en la
evolución centenaria de la explotación petrolera en nuestro país.
En efecto, en la
década pasada ha cristalizado, de manera aguda, la principal de esas
tendencias: la constante declinación de la capacidad de generación de
excedentes de esa industria, manifiesta en el agotamiento, acelerado por el
abandono, de los campos convencionales que habían sustentado la producción
petrolera nacional durante 9 décadas.
Factor fundamental de la agudización de este proceso
crítico lo constituyó la decisión de la gerencia petrolera venezolana, inducida
por factores de la geopolítica energética norteamericana, de acometer, como sustitutos de emergencia,
proyectos megalíticos, fundados en evaluaciones fantasiosas de las
posibilidades de desarrollo rentable de las gigantescas acumulaciones de crudos
extrapesados que se encuentran en la ribera norte del Orinoco.
La tendencia señalada queda de manifiesto en el gráfico
anterior, el cual muestra como 1971, con 3 millones 708 mil barriles diarios de
promedio, fue el pico, al cual nunca se
volvió, de una producción constantemente ascendente desde 1917, que llegó hasta
convertir al territorio venezolano en el origen de las mayores exportaciones de
petróleo del mundo, entre 1926 y mediados de los años 60.[1]
El señalado factor acelerador de la crisis se expresa en
los reiterados, y ruinosamente fracasados, proyectos para desarrollar
capacidades de producción de 4 hasta 7 millones de barriles diarios de promedio
anual, de los crudos extrapesados de la Faja, formulados desde 1983 y hasta
hace dos años.
Esos proyectos, además de hundir infructuosamente los
recursos generados en los yacimientos convencionales, han determinado, como ya
señalé, el abandono del mantenimiento y de las labores de recuperación
secundaria, lo cual ha acelerado la declinación de los mismos.
Agréguese a lo anterior la compra o arrendamiento en el
exterior de 17 refinerías, chatarras en su mayoría, para “asegurar” el mercado
de la creciente producción futura y la meta, reiterada sin escarmiento por los
fracasos anteriores, de 2010: aumentar el número de refinerías a 37 en el 2030:
Con ello se completa el panorama de la irresponsable y ruinosa
planificación petrolera venezolana, fundada en la fraudulenta conversión de
recursos de hidrocarburos no desarrollados en “reservas probadas”, pretendidas
como las mayores del mundo. [2]
Volviendo al gráfico inicial, si nos colocamos en 2012,
primero de la década que analizamos, podemos observar que ya en ese año se
había producido una caída de 674 mil barriles diarios respecto a la producción
en 2008. Y a partir de entonces, hasta 2017 esa caída se acentuó en otros 588
millones de barriles diarios. Vale decir que entre 2008 y 2017 ya la producción
petrolera venezolana había caído en 1 millón 252 mil barriles diarios.
Es importante señalar esto, porque es a partir de 2017
cuando se acentúan las sanciones norteamericanas contra Venezuela, a las cuales
se puede imputar, desde entonces, la mayor incidencia en la caída adicional de
1 millón 423 mil bd, hasta llevar ese baremo, en 2020, a un ínfimo promedio de
562 mil bd, equivalente a los niveles
prevalecientes hace 76 años.
La búsqueda de salidas de este cerco imperial condujo a la
exploración de vías alternas a los canales comerciales tradicionales controlados
por Estados Unidos. De hecho, ya desde principios de este siglo se
incrementaron los envíos petroleros hacia la India y China.
Pero ello no bastó. Hubo de apelarse a la recién
convocada Asamblea Nacional Constituyente para que, en octubre de 2020, se aprobara
una “Ley Constitucional Anti-Bloqueo”
que autorizó al Ejecutivo Nacional para “desaplicar”
normas legales y constitucionales, amparado en el supremo interés nacional y
protegido por un secreto de Estado cuya violación sería penada por traición a
la Patria.[3]
Hoy asistimos al primer resultado público de esos manejos
secretos, los cuales ampararon manipulaciones non sanctas que han permitido
evasiones del patrimonio nacional, estimadas preliminarmente en el orden de las
decenas de miles de millones de dólares y por las cuales se imputan a altísimos
personeros de los poderes públicos y sus operadores y trestaferros privados.
Lo que sigue ya es materia criminalística y no de mi
competencia.
CMP/abril 2023
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