Forja de un Estatista (II)
Continúo en el arqueo de los argumentos esgrimidos hace más de 20 años sobre el tema del cual versan mis artículos recientes, en particular el último, “The Government take, el Silbón y La Llorona”. [1]
Se trata de traer a colación un viejo discurso, para insertarlo en el debate actual, en los términos y circunstancias que se plantearon desde entonces.
Alcance y
significación
del carácter estatal de
PDVSA
y su nuevo rango constitucional
Carlos Mendoza Pottellá
“ABC Petrolero”, Fundapatria - 10/11/1999
La reserva constitucional al Estado de
la propiedad exclusiva sobre la totalidad de las acciones de PDVSA ha sido
recibida como una gran derrota por parte de las fuerzas interesadas en el
jugoso negocio que ya tenían asegurado, de haber continuado la gestión
petrolera del combo Giusti-Arrieta-Quirós o una parecida.
Como dice Veneconomía en su edición semanal correspondiente al 10 de noviembre
pasado, "El sector privado plenó los diferentes medios de comunicación
para expresar su rechazo a tal decisión". Nada más obvio, cuando ya esos
medios habían silenciado, por dos meses el hecho de que esa propuesta
existiera, y ello obligó a FUNDAPATRIA a publicar un comunicado pagado
anunciando al país que esa medida había sido aprobada por la Comisión de lo
Económico y Social de la Asamblea Nacional Constituyente.
Claro, confiaban en el ejercicio de sus silentes mecanismos de presión, para
torcerle en privado, a la sombra del "bajo perfil", el brazo a la
ANC.
Ahora, como la estrategia les fracasó, se desgañitan en protestas y en
interpretaciones trucadas de las implicaciones de la norma constitucional
aprobada. Por lo demás, se han presentado de cuerpo entero los sectores y
personalidades que, agazapados, han estado trabajando por la privatización de
PDVSA, aunque digan que sólo se trate de prevenir "rigideces" en el
futuro.
En primer lugar es necesario aclarar
que en ningún caso la propiedad exclusiva de las acciones implica la
imposibilidad de contratar o convenir con empresas privadas del sector,
nacionales o extranjeras.
Esto hay que puntualizarlo, por las
falacias voceadas este sentido, pretenden demostrar que ahora PDVSA no podrá
realizar contratos operativos o realizar operaciones de "outsourcing"
sobre actividades no medulares.
Se trata simplemente de satanizar la
norma constitucional y de dar por sentado que la estupidez burocrática es
consustancial con la propiedad estatal.
La realidad es que PDVSA, en tanto que
empresa a la cual su propietario estatal tuvo que darle la forma de sociedad
anónima [3](1), puede
realizar toda clase de operaciones mercantiles, mientras ellas no involucren
enajenación del capital accionario de la empresa.
Es decir, que no puede comprometer la
integridad de la empresa, ni comprometer su patrimonio como garantía en
operaciones financieras o contratos de cualquier índole con terceros.
Pero ello no quiere decir que no
pueda, por ejemplo, enajenar activos cuya prescindencia no dañe el normal
desenvolvimiento de las actividades reservadas al Estado, o contratar servicios
externos para la operación de alguna de sus instalaciones y equipos, cuando así
se considere conveniente.
Más aún, si la propia Constitución la
autoriza a realizar Convenios de Asociación, aún con la previsión de que Estado
deberá detentar el control, automáticamente la está autorizando a participar en
la propiedad sobre los activos de esa Asociación, compartida con las empresas
privadas participantes.
La intención del constituyente es una
sola: mantener bajo el control del Estado, como ejecutor y garante de la
propiedad colectiva de los venezolanos, el poder de decisión sobre esa
industria fundamental.
Para que eso se cumpla a plenitud, es
absolutamente necesario impedir la cesión, por mínima que ella pretenda ser, de
porciones de la propiedad y el control sobre el ente estatal bajo cuya
responsabilidad se ha colocado la administración física de los recursos y las
operaciones de producción que habrán de realizarse, en función de las políticas
que determinen los poderes públicos.
Esa propiedad absoluta es la que
permitirá a la Nación venezolana tener una voz propia, clara y distinta en el
mercado petrolero, no sólo como propietaria de sus inmensos yacimientos, sino
como soberana en las principales decisiones para su disposición, manufactura y
comercialización.
No se trata de cerrar las puertas a
los capitales privados nacionales y extranjeros en esas actividades. Quienes
conocen el negocio petrolero saben que aún con el control estatal exclusivo
sobre PDVSA existen muchas vías para la participación de esos capitales en los
negocios que se generan a partir de la producción petrolera venezolana.
Es más aún, existen múltiples
ventajas, que son las que han atraído permanentemente al capital petrolero
internacional hacia nuestro país y que lo seguirán atrayendo. De lo que se
trata es de una negociación dura, con los capitales internacionales más
avezados, acostumbrados a imponer ruinosas condiciones a quienes no estén
preparados para hacerse respetar.
Venezuela tiene en sus manos un
poderoso instrumento de negociación y no puede renunciar a él. Por el
contrario, debe utilizarlo, debe hacer valer su poder y sus condiciones
inmejorables como suministrador seguro, políticamente estable y cercano al
principal mercado mundial.
Es claro que una de las maneras de
negociar preferidas por el poder petrolero es la del chantaje y el soborno, la
de amenazar con bloqueos, boicots y restricciones y la de comprar
"lobbystas" y fabricar solidaridades automáticas.
Para ello cuentan con inmensos
recursos y el poder suficiente como para lograr coros de aparente unanimidad en
los medios de comunicación.
Pero Venezuela cuenta con suficientes
recursos para enfrentar esa "negociación dura". A las mencionadas
ventajas estratégicas de nuestro petróleo y al control estatal sobre PDVSA, hay
que agregar la pertenencia a la OPEP y la posibilidad de hacer un frente común
con los principales exportadores para evitar posibles boicots de los
consumidores.
Una negociación dura fue la
"disuasión nuclear" de los tiempos de la guerra fría, cuando la mutua
destrucción que aseguraban los inmensos arsenales nucleares de que disponían
los contrincantes impedía que alguno de ellos pensase en la posibilidad de
"ganar" una guerra nuclear.
Aunque en verdad ese escenario de
confrontación no está planteado hoy en día en Venezuela, y las campañas
alarmistas de los corifeos de la privatización no son otra cosa que
"bluff" de fulleros, es necesario estar preparado para algún tipo
de negociación dura.
Claro que hay diversas maneras de
estar preparados para una confrontación o para evitarla, y por ello, mientras
algunos piensan que hay que tener los pantalones bien puestos, otros están
dispuestos a aflojárselos.
En verdad, de lo que se trata es de
una cuestión de intereses. De un conflicto de intereses.
En primer lugar, para nosotros, está
el interés colectivo de los venezolanos. De todos y cada uno de los
venezolanos. Luego está el interés de sectores importantes de la sociedad
venezolana, respetables y valederos dentro de una sociedad capitalista, donde
cada cual busca legítimamente un beneficio particular, pero dentro de los
límites que establece la sociedad nacional, es decir, siempre y cuando ese
interés privado no choque con el interés colectivo.
Si se tienen claros esos límites,
siempre será posible una actividad lucrativa privada en cualquier actividad sin
afectar el interés colectivo sino, por el contrario, contribuyendo a su
salvaguarda. El conflicto de intereses se presenta de manera muy aguda en este
caso, cuando es estimulado por la intervención de intereses foráneos claramente
antagónicos a los nacionales en lo que respecta al control del negocio
petrolero venezolano y de los grandes beneficios que genera: el capital
petrolero internacional.
.cmp miércoles, 10 de noviembre de 1999
Se
trata de que el 1º de enero de 1976 se inició un proceso de desmovilización de aquel
sentimiento y movimiento nacionalista que inspiró las luchas de insignes pensadores
venezolanos, y que dio pie a los sueños de una plena independencia económica
del país que abrigaron varias generaciones a partir de los años veinte del
siglo pasado.
Pero
se trata también de que, más allá de la mera frustración intelectual del ideario
nacionalista, en esa misma fecha se comienza a poner en ejecución una de las
mayores y más efectivas estrategias de que tengamos noticia, enfilada hacia la
merma paulatina, constante y creciente, de la participación nacional en los
beneficios de la liquidación de nuestro principal patrimonio colectivo.
Con
las galas de la “nacionalización” se inició el desmontaje de todos los logros laboriosamente
obtenidos, entre avances y retrocesos, por la política petrolera de inspiración
nacionalista entre 1920 y 1973: comenzando por la liquidación del control y
fiscalización total de la industria por parte del Ministerio de Minas e Hidrocarburos
y llegando al desmoronamiento de la regalía y de las tasas del Impuesto sobre
la Renta (ISRL)
El
“adelanto de la reversión” de 1976 resultó en la completa frustración del camino iniciado
por Pérez Alfonzo con la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y el
principio de “no más concesiones”, camino que, sustentado definitivamente en la
Ley sobre Bienes a Reversión, debía concluir en una auténtica nacionalización en
1983.
.cmp /Vigencia del nacionalismo petrolero (13/01/2006).
[2]
Mendoza P., Carlos, Nacionalismo
Petrolero Venezolano en Cuatro Décadas, Pág. 417. Banco Central de
Venezuela, Colección Venezuela y su Petróleo, Caracas 2017.
[3]
El gobierno se vio obligado a ello por
la presión que ejercieron los hombres que irían a ocupar los niveles
gerenciales y altos cargos técnicos en la empresa nacionalizadas, quienes
amenazaron, a través de la asociación que los agrupaba, AGROPET, con decretar
una estampida, una verdadera "fuga de cerebros", si no se les
garantizaban los niveles de sueldos de los cuales disfrutaban en las empresas
concesionarias extranjeras.
La figura de sociedad anónima,
del dominio del derecho privado, era la única que permitía eludir las normas de
la administración centralizada, que establecían como tope de los sueldos en el
sector público el asignado al Presidente de la República, cuyo monto era unas
diez veces inferior al devengado por los máximos niveles de la gerencia
petrolera de entonces.
1 comentario:
Excelente material, digno de compartir y debatir.
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