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jueves, 6 de febrero de 2020

PETROLEO VENEZOLANO EN LA TERCERA DÉCADA


Cerco y aniquilación
Carlos Mendoza Pottellá
05/02/2020


La situación de sálvese quien pueda que está viviendo  el país es de tal magnitud y gravedad, a niveles de Sodoma y Gomorra en los planos éticos y morales, que hace parecer intrascendentes las discusiones neutras sobre la situación presente y futura de  sus recursos petroleros y de su industria, principales  motivadores de nuestros pecados capitales.

En esta materia no se puede atravesar el charco sin salpicaduras.  Por ello, si la charca tiene dos o más orillas, debo advertir que yo trato de ubicarme en una de ellas, aquélla en la cual considero que se agrupa, con todas sus falencias y contradicciones internas, el nacionalismo petrolero. 

Ello sin pretender ser árbitro imparcial, dueño de la verdad y, mucho menos,  hipócrita inquisidor de las culpas de los demás.

Inmersos en el profundo abismo donde han terminado los sueños de ser el primer país petrolero del mundo...



...es muy fácil encontrar culpables, pero muy difícil establecer un diagnóstico certero, que nos permita encontrar un piso sólido para remontar la cuesta y no terminar, como Sísifo, de nuevo en el foso, con la roca a cuestas. Tal es la magnitud del reto.

El comienzo de esta tercera década del siglo es ocasión propicia para continuar desentrañando las claves de una realidad que con frecuencia se nos hace inasible.

Al respecto, creo indispensable ratificar mi visión y opinión sobre el estado actual de la industria petrolera venezolana, registrada en  trabajos publicados en mi blog y en otros portales electrónicos como Aporrea.org y Costa del Sol, a los cuales refiero a los lectores:




A partir de esas exposiciones, centradas en un enfoque personal, con un balance crítico profundamente pesimista, al cual deberé incorporar las más recientes manifestaciones de esa  inenarrable catástrofe,   creo indispensable comenzar la tarea de este año y década por la revisión del entorno en el cual se debe desempeñar nuestro país y su industria petrolera. Vale decir, despejar el panorama de opciones que se nos plantean en los espacios de lo económico, geopolítico y energético global.

En el más amplio de esos espacios, el de la geopolítica, las condiciones para nuestro país han estado y estarán determinadas por su pertenencia al patio trasero norteamericano. Así nos lo recordó la declaratoria de Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”, por parte de Barak Obama, ratificada ahora por su caracterización como “país forajido” dentro de la política energética “Estados Unidos Primero” de Donald Trump.

El Presidente Trump está comprometido con lograr la independencia energética del cartel de la OPEP y cualquier otra nación hostil  a nuestros intereses. Al mismo tiempo, trabajaremos con nuestros aliados del Golfo para desarrollar una relación positiva sobre la energía como parte de nuestra estrategia antiterroristmo. [1]




Esa política, materializada en las crecientes sanciones a funcionarios e instituciones gubernamentales y en el bloqueo de las transacciones financieras y mercantiles de todo tipo, ha sido elemento fundamental en la profundización, a partir de 1917, de la situación crítica que confrontaba ya desde 2014 la economía venezolana y, en particular, su industria petrolera, hundida  -como he repetido insistentemente- por la terca y ciega planificación de “pajaritos preñados” (1981
-1999 y 2005-2018) [2]


... además de la siempre presente y rampante corrupción generalizada.


Hoy, el país todo –y no sólo el gobierno- se encuentra con la soga al cuello, parado en tambaleante equilibrio sobre una silla y tratando de eludir la patada fatal.

En tales circunstancias aparecen todas las propuestas aprovechadoras posibles, sobre todo, las de quienes consideran que “la oportunidad la pintan calva” y a las cuales me referí en varios  de los artículos anteriormente citados [3]

2020 comienza con una creciente proliferación de las propuestas aperturistas y privatizadoras, apelando a todos los medios de presión y de convencimiento de la inevitabilidad de las mismas, tanto si se mantiene en funciones el actual gobierno, como si se dan los escenarios políticos alternativos y se implantan los programas prediseñados desde los centros de difusión del pensamiento neoliberal como CEDICE y las Universidades norteamericanas.[4]

Precisamente, el masaje mediático recomenzó este año con un “tubazo” marca Bloomberg, fabricado sin ninguna confirmación efectiva, a partir de hipótesis y especulaciones sobre una realidad innegable: el gobierno, acorralado por las sanciones, está buscando todos los medios para eludirlas y en ese intento, se encuentra en permanente contacto con los operadores extranjeros que son sus socios en las empresas mixtas ya constituidas, Chevron, ENI, Repsol, Rosneft, China National Petroleum Corporation.

La primera de ellas, junto a las prestadoras de servicios petroleros Schlumberger, Halliburton, Weatherford, ha obtenido licencias sucesivas del propio gobierno norteamericano para posponer la cancelación de sus operaciones en el país. (Una brillante muestra de que los movimientos tácticos no deben comprometer a los intereses estratégicos).

Rosneft ha apelado a la excusa de que los envíos petroleros que realiza son para cancelar deudas previas y embarca crudo venezolano que luego vende a los clientes de PDVSA en China y la India.

Repsol y ENI continúan en operaciones en el Campo Gasífero Perla IX, del Bloque Cardón IV en el Golfo de Venezuela, por muy buenas razones:

Repsol ha confirmado que el pozo Perla 1X en Venezuela es el mayor descubrimiento de gas de la historia de la empresa y el más grande jamás realizado en ese país. El campo podría contener reservas de gas recuperables de entre 1.000 y 1.400 millones de barriles equivalentes de petróleo, suficientes para satisfacer la demanda de gas en España durante 5 años.[5]

CNPC America Ltd., está recuperando el “mejorador" de Petrosinovensa en Jose, utilizado hasta ahora como “mezclador” de crudos livianos y extrapesados para producir  crudo  Merey de 16° API.

Pues bien, es muy lógico inferir que  PDVSA y el Gobierno mantienen un permanente contacto y negociación con esas empresas, sobre todo, en un ambiente de cambiantes condiciones para su relación comercial. 

Por tales razones, para la periodista de Bloomberg no es nada descabellado colegir que, dadas las presiones a que está sometido el gobierno, con la soga al cuello, como ya mencioné, esté intentando  un último recurso para salvarse y esté explorando opciones extremas como la privatización total de las asociaciones petroleras. De allí a darlo como un hecho inminente no hay sino un paso.

Y así, sin citar fuentes, dada la confidencialidad debida, Bloomberg presenta su “tubazo”:

“Venezuela analiza privatizar petróleo ante desplome económico”
 Ante el colapso económico y rígidas sanciones, el gobierno socialista del presidente venezolano Nicolás Maduro propuso otorgar participaciones mayoritarias y el control de su industria petrolera a las grandes corporaciones internacionales, una medida que terminaría con décadas de monopolio estatal.
Representantes de Maduro han mantenido conversaciones con la rusa Rosneft PJSC, Repsol SA de España y Eni SpA de Italia. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal, Petróleos de Venezuela SA, a cambio de activos, según personas con conocimiento del tema. (subrayado mío) [6]
Como se observa en lo subrayado, no se trata ni siquiera de fuentes oficiosas, sino de personas “con conocimiento del tema”.

El estilo de fabricación de un “tubazo” cubierto de “investigación periodística” es característico de una de las firmantes del reporte, como me consta personalmente, por la solicitud que esa misma profesional me hiciera, de informarle, dada mi condición de Asesor del BCV, sobre cómo y quiénes estaban sacando el oro de las bóvedas del Banco, tal como se rumoraba insistentemente  en twitterlandia durante la “contingencia eléctrica” de abril del año pasado.

Mi desconocimiento de tales “operaciones” me valió el calificativo de “cómplice encubridor”. ¡El posible “tubazo” bien valía la pena el enojoso intento!

Lo cierto del caso es que, ahora sí, la “matriz de opinión” privatizadora quedó establecida, y en los siguientes días, hasta hoy, sigue siendo tema de renovadas discusiones e intercambio de diagnósticos críticos, propuestas salvadoras, acusaciones y negaciones, entre “estatistas” y “aperturistas”.

No es pues una coincidencia que, dos días después del tubazo, saliera a la luz un refrito académico de la opción opuesta: lo que deberá hacer la “nueva administración” para recuperar la industria petrolera, con el concurso de las “majors” petroleras occidentales y el FMI.





Se trata de una reposición, al mejor estilo de Hollywood, de los eternos planteamientos modernizadores citados en la nota 4 de este trabajo. 

Siempre con pretensiones de antiestatismo, pero efectivamente desnacionalizadores, acreditadas en esta oportunidad por  universidades americanas e investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo y… ¡que casualidad! profusas citas de la corresponsal de Bloomberg en Caracas.
El renacimiento del sector petrolero de Venezuela será la piedra angular de su recuperación económica cuando la transición política tenga lugar. Y dada la destrucción de la petrolera estatal venezolana, las empresas privadas extranjeras serán sin duda la clave para la reanimación de la industria petrolera.
Este informe, basado en entrevistas con representantes de importantes empresas petroleras internacionales, busca comprender mejor el desafío que perciben las compañías petroleras extranjeras y las condiciones que serían necesarias para atraer la inversión privada a Venezuela bajo un nuevo gobierno.[7]

La propuesta es sustanciosa: aumentar en 10 años la producción petrolera venezolana en 2 millones 600 mil barriles diarios, con una inversión de 90 mil millones de dólares en gastos de capital y 122 mil millones en gastos de operación, que incluyen la perforación de 13.400 pozos adicionales.

¡Nada que envidiar a los Planes de la Patria de 2005, 2012, 2014 para alcanzar 7 millones de barriles diarios en 2021 y menos al más moderado de la Agenda de Inversiones de PDVSA en 2018, para alcanzar 5 millones de bd en 2025!







La pequeña diferencia es que, ante la evidente incapacidad nativa, estos proyectos serán ejecutados por las grandes corporaciones extranjeras occidentales, generosamente remuneradas, según sus propios proyectos y presupuestos de costos y gastos, con los recursos que obtenga la Nación de los también generosos rescates del Fondo Monetario Internacional, a cuya ineludible honra quedará atado el país durante varias décadas.

Además del levantamiento de las sanciones norteamericanas, asegurado porque se trataría de un nuevo gobierno,  las condiciones expresadas por los voceros de las “western majors” consultadas comportan una limpieza previa total de riesgos, que deberán ser asumidos por ese gobierno: un favorable régimen fiscal, estabilidad política, solución de cuellos de botella infraestructurales, disposición de adecuado capital humano, resolución de problemas de seguridad,  remoción previa de peligros y riesgos ambientales, etc.

Las decisiones de inversión en Venezuela de estas corporaciones estarían condicionadas también por las circunstancias externas, tales como la consideración de las perspectivas  de alta competitividad  que se avizoran en la oferta global, las restricciones que afrontaría un petróleo de alto contenido de carbono, el nuevo balance del mercado petrolero alcanzado después que las sanciones norteamericanas fueron impuestas...   

Los autores concluyen que el régimen fiscal establecido por un nuevo gobierno tendrá que ser más flexible y reducir el precio de equilibrio del petróleo extraído en el país, para compensar la cantidad de costos y riesgos que no existen en otras regiones productoras. Un nuevo gobierno tendrá que enviar señales de que allí habrá estabilidad política y una certidumbre regulatoria de largo plazo.

Como se puede observar, para imponer condiciones al país si cuentan en estos proyectos las limitadas expectativas de la demanda petrolera mundial y la plétora de oferta actual y de nuevas localizaciones de crudos livianos en Noruega, Guyana y Brasil, para no citar las recurrentes expansiones de los yacimientos sauditas y kuwaitíes en la reabierta Zona Neutral, de Irak e Irán cuando se consolide la “pax americana” y el “pasajero” boom norteamericano de las lutitas (shale oil) que ha convertido a ese país en el mayor productor mundial.

Las demás precondiciones de inversión que se mencionan en el documento citado como consenso de las corporaciones consultadas son contundentes, e incorporan un cambio radical de la cultura política venezolana, que alcance hasta  la modificación del ordenamiento legal y constitucional histórico, el cual establece la propiedad de la Nación sobre sus recursos minerales de cualquier tipo:

Venezuela tiene una larga historia de nacionalismo de los recursos y expropiaciones en el sector petrolero. Esta ideología podría seguir siendo popular en sectores de la población, incluso después de una transición política.

La afirmación de que los recursos naturales de Venezuela son propiedad del pueblo y que el Estado debe ejercer un alto grado de control sobre ellos, es uno de los pilares del chavismo y sirvió de justificación para la expropiación de algunos proyectos de compañías petroleras extranjeras bajo el presidente Hugo Chávez.

Para no dejar nada al azar, y al arbitrio de la tradicional irresponsabilidad planificadora de los gerentes petroleros nativos...


...advierten:

Los autores también consideran que hay numerosos retos para recuperar el sector petrolero venezolano, y que  tomará meses, e incluso años para que un monto sustancial de inversiones fluya hacia el mismo, razón por la cual, manejar las expectativas de la población y encontrar fuentes alternativas de ingresos pueden ser la clave.

El mensaje a los venezolanos en general es claro: Señores, los que proclaman que somos Salvador con su arpa los están engañando, ¡pónganse a trabajar en otras cosas y dejen de estar contando con una renta que ya no existe para ustedes, sino para alimentar nuestros negocios!

Con todo eso en consideración, asegurados  los rendimientos óptimos de su inversión, a ninguno de los proyectistas importa la tasa interna de retorno neta negativa para el país en toda la vida útil del proyecto, y mucho menos, los activos varados después de esta década, que seguirán el destino, ya presente, de los que constituyeron la  capacidad instalada de 1 millón 400 mil barriles diarios de la Faja del Orinoco, la cual está siendo utilizada actualmente, a lo sumo en un 20 por ciento, sin perspectivas de remontar esa cuesta.

Total…, la chatarra puede ser procesada para producir acero nuevo, budares y ollas mondongueras de aluminio.

Pero tranquilos, ¡que es jugando!.

Venezuela vencerá todos esos obstáculos y augurios agoreros. Su industria petrolera, con una gerencia moderna,  sin tiquismiquis socialistoides y patrioteros capturará todo el crecimiento de la demanda petrolera mundial de aquí al 2030, tal como se ha propuesto varias veces y ha sido saboteada por fuerzas oscuras, como las de ciertos pronosticadores coludidos contra la Patria:


Después de eso, transición energética de por medio, el que venga atrás que arree. Pérez Alfonzo dixit.
CMP - 05/02/2020




[1] http://www.lacasablanca.com/america-first-energy En su versión original -aquí modificada- publicada por la Página de la Casa Blanca el primer día de la administración Trump, se mencionaban específicamente a Irán, Venezuela y Rusia como “rogue states” que serían combatidos directamente.
[4] González Cruz, Diego, PROPUESTAS PARA VENEZUELA, CÓMO RESCATAR A LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL, http://petroleumag.com/wp-content/uploads/2018/08/cedice_petroleo.pdf.  Comentadas por mí en:  Mendoza P., Carlos, “Agencia  Venezolana  de Hidrocarburos ... Marca A.C.M.E.” https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/11/agencia-venezolana-de-hidrocarburos.html
[6]   https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-27/venezuela-analiza-privatizar-petr-leo-ante-desplome-econ-mico-k5wvx14l  Fabiola Zerpa, Lucia Kassai y Ben Bartenstein
January 27, 2020, 4:08 PM GMT-4
 Lisa Viscidi & Nate Graham, REVIVING VENEZUELA'S OIL SECTOR, The Role of Western Majors. © 2020, Inter-American Dialogue.

sábado, 16 de noviembre de 2019

EL CUERVO, EL POZO Y EL PETRÓLEO



El Cuervo, el Pozo y el Petróleo

Política petrolera venezolana la manera de Edgar Allan Poe [1]



Carlos Mendoza Pottellá

El actual estado catastrófico  de la industria petrolera venezolana es campo propicio para que se multipliquen fórmulas para su resurrección. Muchas de ellas, antagónicas entre sí, responden a posiciones ideológicas que pretenden vender un mundo luminoso, saltando sobre los escombros de la realidad y haciendo tabla rasa con la historia y las circunstancias que la determinaron.

En mis trabajos anteriores he expuesto una particular posición, ubicada  en una de esas orillas conceptuales, cuya evaluación y crítica corresponderá  a los lectores.

Sin pretensiones de ser portador de la verdad absoluta  sobre un problema de carácter complejo y multifactorial, he combatido, sin embargo, al extremismo neoliberal, el cual propone como solución para todos los males del país la pulverización de la gestión estatal venezolana sobre los recursos de hidrocarburos de la Nación, liberándolos, cual morrocoy sin caparazón, a las fuerzas del mercado, ungido como supremo garante de la asignación más eficiente de los excedentes generados por su explotación e industrialización… en un mundo cuyo control se disputan a sangre y fuego los grandes… Estados. [2]

Pero en tiempo real, el debate debe continuar. En esta oportunidad debo referirme a otro trabajo incluido en el libro-recopilación del colega Luis Oliveros, ya citado en mi artículo anterior. [3]

Se trata del artículo “Aspectos Jurídicos de la reconstrucción de la industria petrolera: Hacia un nuevo marco para promover la inversión extranjera” de José Ignacio Hernández G.[4]

Tal como proclama este  autor con legítimo orgullo en su primera nota al pié, (pág. 63),
“Este trabajo se basa en las investigaciones adelantadas desde el Centro Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Harvard sobre la reforma de la regulación de hidrocarburos en Venezuela”.

Una referencia que explica casi todo: la búsqueda, en el contexto científico, cultural y político de Harvard, con todo su acervo ideológico, de una nueva legislación petrolera para Venezuela.

Desde luego que se trata de un ambiente mucho más glamoroso y técnicamente equipado que el de las subdesarrolladas instancias académicas y legislativas nacionales, pero cuyas carencias históricas y conceptuales se manifiestan de inmediato:

Un trabajo que ya en su segundo párrafo afirma que “el Gobierno eliminó la autonomía política de Petróleos de Venezuela…”,  sentencia que evidencia la profundidad de su bagaje  en materia de jurisprudencia venezolana.  

La pregunta obvia es: ¿En cuál instrumento legal o constitucional venezolano se consagró, desde 1976 hasta nuestros días, que PDVSA tendría “autonomía política”.

Por el contrario, esa afirmación sustenta la denuncia, hecha en su momento por políticos e investigadores nativos, entre ellos quien suscribe, de que PDVSA pretendió siempre comportarse como un Estado dentro del Estado, tomando decisiones de indudable interés nacional a espaldas de los poderes públicos.

De hecho, he dejado testimonio del más flagrante logro de esa conducta de “soberanía empresarial”, al analizar la “Internacionalización”, el programa de inversiones que llevó a la adquisición de 17 refinerías chatarra en el exterior, que se llevó a cabo eludiendo siempre  el control público y  legislativo en una materia de interés nacional por su magnitud, justificándola, de paso, con otra expresión de soberana voluntad empresarial: garantizar mercados para la producción triplicada de Venezuela… lo cual haría inevitable su liberación de las gríngolas de la OPEP, según postulaban y aspiraban sus “escenarios productores” enfrentados al rentismo fiscalista que había animado, desde 1866 y hasta entonces, a todas las “ediciones” del Estado venezolano. [5]

Pues bien,  y siguiendo el hilo de Ariadna que nos da el párrafo citado, en las siguientes páginas del texto in comento se espolvorea una lista de afirmaciones totalmente arbitrarias, con anacronismos similares al de Los Picapiedras o Trucutú –trogloditas con usos, costumbres y valores de clase media norteamericana- sobre las cuales caben dos posibilidades: o una magistral manipulación interesada para sustentar su posición ideológica o un supino desconocimiento de la historia social, política y económica de Venezuela, de sus fundamentos constitucionales, del origen de su jurisprudencia minera y petrolera y, en general, de su conformación como Nación soberana.

Esas páginas son las que trajeron a mi memoria la técnica del ritornelo inquietante, utilizada por Edgar Alan Poe en su poema “El Cuervo”:

Tal como el pajarraco del poema, que replicaba, ante cada triste y nostálgica reflexión del relator, con un desesperanzador “never more”,  -“nunca más”, según la traducción de José Antonio Pérez Bonalde, o “jamás” según otras versiones-  en las primeras 10 páginas de su trabajo, Hernández menciona 84 veces las palabras Estado y Gobierno, con abierta intención peyorativa, en un continuo sin solución, desde 1914 hasta 2019, en el cual relata la historia de los arbitrarios intentos de ese Estado para entrometerse en los negocios de “la industria”, ente mitológico lleno de bondades, Caperucita Roja eternamente asediada por el malvado lobo estatista.

Así por ejemplo, el autor obvia los orígenes de nuestra legislación minera,   -reminiscencia absolutista feudal según algunos- y tergiversa, de paso, el sentido del Decreto del Presidente de Colombia en 1829, transfiriendo a la República la soberanía sobre sus minas, hasta entonces ejercida por los reyes de España, y elude referirse al ejercicio de esa soberanía estatal  durante el Siglo XIX:

-        Las fallidas concesiones de 1866 en los Estados Nueva Andalucía y  Zulia.

-      La concesión de 1878 a Petrolia del Táchira, primera compañía de propiedad privada venezolana, que se instaló rudimentariamente, pero produjo, refinó y exportó hacia Colombia  por 52 años, hasta 1930.

-      La explotación y exportación masiva del asfalto de Guanoco, desde 1885 por la New York and Bermúdez, compañía concesionaria de ese lago hidrocarburífero, la cual financia en 1899 la “Revolución Libertadora” de Manuel Antonio Matos -la última guerra con  miles de muertos sucedida en este país- contra Cipriano Castro, por haberle éste cobrado 14 años de impuestos impagos, que es derrotada junto a su “revolución” en 1902 y resucita en 1908, al propiciar la instauración del primer Presidente petrolero venezolano, Juan Vicente Gómez. 

Pese a esos antecedentes, nuestro autor sostiene que “la historiografía señala como fecha de inicio de la industria petrolera venezolana el año 2014.[6]
Ergo: la verdadera historia sólo comienza cuando se ajusta a mi particular concepción del mundo, a mis argumentos y a mis protagonistas preferidos. Fue entonces, cuando… 

“…las empresas internacionales comenzaron a interesarse por el petróleo venezolano”.[7]

Pero nuestro citado no se da pausas: reconociendo la vigencia del principio concesionario en esa época auroral de “la industria”, sostiene sin embargo,  que en ese entorno político, favorable entonces a la inversión extranjera, la concesión…

“…era considerada como un contrato regido por el derecho privado que otorgaba ‘derechos de propiedad’ sobre los yacimientos con pocas restricciones estatales. Por lo anterior, el marco regulativo era claramente liberal” [8]

Baste señalar la pequeña incongruencia, de concebir una concesión temporal que otorga derechos de propiedad eternos sobre los yacimientos.

Pero en esos mismos tiempos comenzaron a aparecer signos inquietantes para el gusto de J. I. Hernández, razón por la cual, en su historia, se incrementa la frecuencia ominosa de la mención Estado, hasta convertirla en ritornelo amenazante al estilo Poe, como  puede observarse en el subrayado mío en las siguientes frases:

“…el crecimiento de la industria, y de los ingresos públicos que ésta generaba, impulsó al Estado a interesarse más en el control del sector. En 1920, bajo iniciativa de Gumersindo Torres se dictó la primera ley sobre el sector de hidrocarburos…”[9]

A finales de la década de los treinta, el Estado decidió asumir la realización de ciertas actividades económicas…

… con ello se inició en Venezuela la era del Estado empresario esto es, la técnica de intervención del Estado en la economía

… Luego, en 1939 el Estado decidió ampliar su rol regulador… surgió entonces el Estado regulador

…Todos estos cambios… estuvieron acompañados de un debate crítico orientado a promover una mayor participación del Estado sobre el sector petrolero

…Todo lo anterior marcó el fin del modelo económico liberal, basado en el principio según el cual la intervención del Estado debe ser mínima. Ahora, el Estado comenzó a asumir nuevos y crecientes cometidos por medio del Estado empresario y el Estado regulador. Este cambio se trasladó al sector de hidrocarburos ante la necesidad de ampliar la participación del Estado… (cinco veces en un párrafo)

…El mejor reflejo de este progresivo cambio lo encontramos en la Ley de Hidrocarburos de 1943 que, aunque mantuvo el modelo de concesiones, reconoció mayores responsabilidades al Estado.[10]

Para no seguir estresando los nervios del angustiado y fastidiado lector, baste decir que en la siguiente página, la terrorífica palabra, a la cual deberíamos aplicar la maldición de Lord Voldemort, se menciona impíamente, junto con su variedad también satánica, Gobierno, 14 veces, en la siguiente 9 y así sucesivamente, hasta completar las señaladas 84 menciones en 10 páginas.

Obsérvese que en esa reláfica de 105 años el Estado es un ente ahistórico, intemporal, un ectoplasma que trasciende conflictos ideológicos, políticos y sociales y se convierte en una permanente y diabólica presencia amenazante para el emprendimiento privado sin restricciones, para el mercado como  mecanismo óptimo de asignación de los recursos, única fuente real de riqueza y progreso.

No quisiera cargar las tintas con referencias ad hominem, ofensivas para el autor que comento, pero en mi opinión, ese conjunto de afirmaciones arbitrarias, colocadas una al lado de la otra sin relación de causalidad y sin   fundamento histórico, no puede merecer el título de “Aspectos jurídicos de la reconstrucción de la industria petrolera” que presume.

Lo que si expresa abiertamente es la voluntad de liquidar el actual régimen legal y constitucional que rige la materia de hidrocarburos en Venezuela, voluntad que se ha venido manifestando recientemente y cada día con mayor intensidad, dada la agudización de la crisis que vive el país, desde los polos generadores del pensamiento neoliberal. Sobre ello  he emitido mi opinión en los trabajos citados en la nota al pié número 2, de estas páginas.

De manera específica, he comentado el novedoso proyecto de Ley de Hidrocarburos introducido en la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, al cual me refiero en mi artículo “Proyecto de Ley Orgánica para la regulación del comercio de esclavos en Venezuela”, [11] del cual reproduzco de seguidas algunos párrafos pertinentes a la discusión que estoy planteando, en los cuales aludo...

“… a los pescadores en río revuelto, aquellos que se adelantan a proponer la construcción de un futuro petrolero para Venezuela centrado en el aprovechamiento privado del patrimonio colectivo.”

“…quienes continúan difundiendo, como señuelo demagógico, definiciones trucadas de los conceptos Estado-Nación, Gobierno, propiedad pública, propiedad colectiva y propiedad privada, para proponer que, como “la Nación somos todos”, podemos repartir ese patrimonio entre los vivos mayores de 18 años, despojando al futuro.”

De manera particular, destaco el siguiente párrafo,

Los términos de este anteproyecto desconocen todos los aportes de Gumersindo Torres, en tiempos de Gómez, de Nestor Luis Pérez Luzardo en tiempos de López Contreras, de Manuel Egaña en tiempos de Medina Angarita, para no hablar de Juan Pablo Pérez Alfonzo, demoníaco estatista que hasta se atrevió a proponer y constituir una compañía petrolera auténticamente nacional, la CVP, de cortos 15 años de mal ejemplo, porque fue desmantelada en 1976 para fundirla con las “culturas corporativas” herederas de las concesionarias Mobil y Gulf, en Corpoven, munida de sus respectivos convenios de asistencia técnica y comercialización,  y así borrar, de paso, todo vestigio de la anterior administración petrolera, autóctona y alineada con los intereses de esa “Nación que somos todos”.

En cuanto al proyecto presentado destaco:

En mi opinión, la significación más importante de esta propuesta es el desconocimiento de todo el ordenamiento legal y constitucional  que regula las asociaciones con capitales extranjeros, ofreciendo completo sometimiento del país a la legalidad corporativa internacional, garantizando rendimientos y e intangibilidad de los contratos, anulando toda la capacidad del Estado-Nación venezolano para legislar y darle rango constitucional a esta materia.

Y aquí vuelve mi remembranza al terror de Edgar Allan Poe:

Ese desmañado proyecto legislativo, cuyo fundamento se refleja en los “Aspecto jurídicos…”  que estoy comentando, se presenta como el péndulo que mueve una cuchilla afilada y desciende lentamente sobre el cuerpo atado en el fondo del pozo, del hereje, condenado en esta oportunidad por la inquisición neoliberal: El “estatismo” petrolero venezolano. [12]

Para mantener el “suspense” a la manera de las series televisivas, anuncio que “esta historia continuará…”

Pero antes, sin embargo, y para aportar un contexto particular a la crítica planteada en las líneas anteriores, trascribo de seguidas un material presentado en un ámbito de discusión y reflexión inusualmente abierta, en el cual intento resumir los fundamentos de mi posición sobre el tema abordado:



Notas para el Grupo de Boston:

En torno a los recursos de hidrocarburos de la Nación venezolana

En primer lugar, debo exponer mi opinión de que no se trata de “transformar” a la industria petrolera con novedosas –o ancianas- fórmulas mágicas, sino todo lo contrario,  de restituir los fundamentos de su constitución como gestora del patrimonio público: re-institucionalizarla.

En ese sentido, sostengo que la tarea que se le plantea a la Nación, de manera inaplazable,  es la de consolidar la condición legal y constitucional de   los hidrocarburos en general como propiedad pública nacional, sobre los cuales la República, en ejercicio de su soberanía,  establece los mecanismos para su administración, disposición, industrialización y operación.

Actividades que, en consecuencia, deben estar sujetas al control de los poderes del Estado –ejecutivo, legislativo, judicial, de control de gestión administrativa, etc.- de manera tal que se garantice a sus propietarios, vale decir a la Nación toda, -los habitantes actuales y por nacer en el territorio de la República- el óptimo, justo y equitativo aprovechamiento de ese recurso. (Hago esta puntualización para oponerme a la mistificación que pretende confundir a la Nación con una pequeña parte de ella, los ciudadanos, aquéllos quienes ostentan esa condición civil por ser mayores de 18 años)

Por ello, la organización operativa y ejecutiva que se establezca,  debe tener un ineludible carácter  estatal y debe ser capaz de llevar a la práctica, con los recursos técnicos y financieros requeridos, los fines de la Nación en esta materia

Desde luego, ello comporta un saneamiento del lamentable estado actual de su  organización, en particular de su órgano ejecutor PDVSA y la restitución de los prácticamente desaparecidos instrumentos y órganos de control previo y evaluación de gestión de su “único accionista”, la República.

Por todo eso es ineludible realizar un profundo diagnóstico de su funcionamiento actual, para erradicar las prácticas corruptas, la entronización de mafias, grupos de poder sectorial en las distintas fases del “negocio”  y, sobre todo, el manejo a espaldas  de la ciudadanía –en este caso sí- y de los órganos del poder público nacional de decisiones trascendentales.

La “caja negra” de la empresa estatal debe ser abierta a la evaluación de la colectividad nacional, la cual podrá decidir, en procesos de consulta democrática, los medios legales y operativos, dentro del marco de la Constitución vigente en cada momento, que conduzcan a un funcionamiento adecuado a los fines e intereses de la Nación.


Toda propuesta operativa, organizativa, de asociación con sectores privados nacionales e internacionales, de disposición de recursos para la inversión en proyectos en curso y prospectivos, debe ser encarada bajo estos principios.

Petróleos de Venezuela, Corporación Venezolana del Petróleo, o el nombre que se decida en un proceso de reestructuración de la industria, no debe ser una compañía anónima como tal, cuyas acciones se coticen en la Bolsa de Valores de Caracas o en Wall Street, aunque pueda tener en propiedad total o compartida  entes que sí lo sean, sobre proyectos limitados y específicos que no comprometan la propiedad del recurso.

Con ello quiero decir que esa Corporación estatal podrá constituir empresas mixtas, o asociaciones de cualquier clase para operaciones en áreas “aguas abajo”, sin mayores restricciones o para la inversión en proyectos  de explotación de yacimientos con amplitud de criterios, pero con límites claros, sin comprometer nunca el patrimonio nacional sobre el recurso, el cual es de una magnitud tal, que desborda los parámetros temporales y las magnitudes físicas máximas  de una operación económica a tiempo definido.

Lo contrario es el caso de una empresa estatal “sociedad anónima”, cuyas acciones podrían cotizarse en bolsa y, en consecuencia, transferir a particulares la propiedad parcial, pero eterna, sobre recursos no cuantificables e inalienables.

En cualquier caso, las operaciones y transacciones  que puedan comprometer el recurso por lapsos extensos y en magnitudes considerables, han estado siempre definidas  como materia de interés púbico nacional y han requerido, aunque ello se ha eludido irregularmente, la aprobación previa de los poderes legislativo y judicial.

Finalmente, todo lo concerniente a esta materia estará sujeto a las disposiciones del marco constitucional vigente en cada momento en el cual se tomen decisiones de este orden.
cmp/16/11/2019




[1]  Edgar Allan Poe es el precursor, denso e irrepetible, del “género negro” de la literatura, cuyas expresiones han  proliferado, desde Stephen King y la excelsa maestría cinematográfica de Alfred Hitchcock, hasta la bazofia de muertos vivientes y vampiros que inunda las modernas cadenas televisivas.  En primer lugar haré referencia a la utilización de una de sus técnicas, el ritornelo, en el debate político  petrolero. https://es.wikisource.org/wiki/El_cuervo_(Traducci%C3%B3n_de_P%C3%A9rez_Bonalde)

[2] Refiero aquí los trabajos donde he abordado el tema, y contienen gran parte de los argumentos aquí esgrimidos:  https://petroleovenezolano.blogspot.com  y
https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella, específicamente los titulados “Ley para la regularización del comercio de esclavos en Venezuela”, “La oportunidad la pintan calva”, “El cartero llama dos veces”, “Volver al Futuro IV”  “Soberanía, delenda est” y “Política petrolera venezolana en tiempos de catástrofe”.

[3] Oliveros, Luis, La Industria petrolera en la era chavista, crónica de un fracaso,  Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, UCAB, Caracas 2019.
[4] Op. Cit. Págs.. 63-92.
[5] “Citgo, la Internacionalización revisitada”, última actualización resumida de un trabajo iniciado en 1989, e inserto parcialmente como capítulo de mi libro El Poder Petrolero y la Economía Venezolana, UCV-CDCH, Caracaas 1995. (Cap. V.2.3. págs. 211-242)
[6] Op. Cit. Pág. 64.
[7] Ibíd.  
[8] Loc. Cit., pág. 65.
[9] Loc. Cit.
[10] Loc.Cit. págs. 65-66l