Resurrección de las viejas ilusiones
productivistas y demonizadoras
de la participación fiscal
Carlos
Mendoza Pottellá
“La
nación sigue siendo propietaria de los yacimientos y PDVSA ha pasado a ser la
accionista fundamental de todo el proceso, con el 60% de participación en todos
los acuerdos que ha firmado con las distintas empresas. Los impuestos que se
cobran a los participantes en estos convenios son muy altos, quizá los más
altos del marco petrolero. Esto hace que las compañías que firmaron estos
convenios no están en capacidad de hacer inversiones.”
….
“Habría
que eliminar la visión rentista del petróleo y pasar a una visión productiva,
aumentando la producción.”
“El problema petrolero”,
Luis Carlos Palacios, Tal Cual, p. 8, 25 de junio de 2013.
“El país lleva años estancado en un volumen de producción que no alcanza los 3 MMB/diarios…”
“Petróleo y soberanía / II” Luis Pedro España N., El Mundo Economía y Negocios, p. 3, 17 de mayo de 2012
“La producción petrolera lleva cinco meses estancada” (Titular)
Andrés Rojas Jiménez, El Nacional, Pág. 7, Economía y Negocios, 12 de junio de 2013
En materia de política económica, como en
cualquier tema en donde estén implicados intereses antagónicos de diversos grupos
y sectores sociales, es inevitable volver sobre caminos trillados y no dar por
saldada ninguna discusión teórica. Ello es así, sobre todo en materia de
política petrolera, porque independientemente de victorias, derrotas y
retiradas circunstanciales, esos
intereses, de cualquier signo, seguirán
generando frentes en la batalla por la instauración de su verdad particular y
la conquista de la voluntad política mayoritaria.
En tiempos recientes acudimos a la resurrección de
los viejos argumentos productivistas y de críticas a las supuestas posiciones
rentistas en materia petrolera. No pasa día sin que aparezca en las páginas de
economía de los distintos diarios, los análisis de expertos petroleros criticando
el estancamiento de los niveles de producción (que “lamentablemente”, y 42 años
después, no han superado el tope alcanzado en 1971) y “demostrando” los efectos
nocivos de la alta tributación fiscal.
Botón de muestra lo constituye la cita con la cual
encabezo estas reflexiones y que manifiesta de manera dolida que “la nación sigue siendo propietaria de los
yacimientos”.
Y ello se
produce precisamente en un ambiente de desmovilización del espíritu analítico y
crítico, de desinformación generalizada, propicio para ese renacimiento.
En
tiempos de globalización, es decir, en el mundo unipolar donde se impone la
integración de las economías mundiales bajo la égida de los países integrantes
del Grupo de los Siete, el carácter estatal del petróleo y de su industria en
Venezuela es combatido, cada día con más fuerza y por todos los medios de comunicación
masiva, por los agentes internos de la
“modernidad”.
Estando ubicados en uno de esos sectores antagónicos,
el de los defensores de la propiedad estatal y los mecanismos de control y fiscalización pública como medios eficientes para garantizar una
justa participación de la Nación en la renta que se genera a nivel
internacional con la comercialización de sus recursos de hidrocarburos, no nos
queda otra alternativa que recorrer esos caminos trillados y rescatar
argumentos sostenidos en las últimas cuatro décadas.
Esos argumentos, de los cuales presentamos una
selección en lo que sigue, fueron esgrimidos en debates recurrentes sobre la
política del Estado venezolano en materia petrolera y el papel de los
hidrocarburos en el desarrollo de la economía nacional.
En primer lugar, creo que no es ocioso recordar el
origen del carácter estatal de nuestra industria petrolera, que se remonta a
las Actas de Minería para la Nueva España y la constitución en 1777 de la
Capitanía General de Venezuela.
Herencia jurídica colonial transferida
a la República por decreto bolivariano de octubre de 1829, el principio de la
soberanía del Estado sobre las riquezas de su subsuelo se constituyó en el
pilar fundamental de la estructura formal de relaciones entre el gobierno
venezolano y las compañías extranjeras que se establecieron en el país para la
búsqueda y explotación del asfalto, primero, y del petróleo, después.
Ahora bien, quiero
destacar que el punto focal de las nuevas embestidas privatizadoras y productivista
lo constituyen los términos de la nueva Ley de Hidrocarburos,
tal como refiriéramos en enero del año pasado:
“… se ha planteado un debate en los medios de
comunicación nacionales, caracterizado por la tergiversación y la pretensión de
escandalizar negativamente contra la potestad nacional de establecer un régimen
que rescata los derechos de justa participación del país en los proventos
derivados de la explotación de sus recursos de hidrocarburos.
En efecto, al liquidar un sistema de "convenios operativos"
y "asociaciones estratégicas" impuesto a la Nación en medio de
la euforia neoliberal globalizadora de las dos últimas décadas del siglo
pasado, claramente lesivo de la soberanía nacional sobre sus recursos petroleros, y
forzar la conversión de ese tipo de asociación en empresas mixtas
sometidas al nuevo régimen fiscal establecido en la Ley de Hidrocarburos
promulgada en 2001, el Estado venezolano estaba restituyendo parcialmente los
niveles de control y fiscalización vigentes hasta que la onda aperturista y
desreguladora impusiera su destrucción y, por ejemplo, eliminara
el Valor Fiscal de Exportación que blindaba la participación nacional contra
las manipulaciones de costos y precios, redujera la regalía de 16 2/3 por
ciento a 1% y el Impuesto Sobre la Renta desde 67% a 34.
http://petroleovenezolano.blogspot.com/2012/01/la-soberania-nacional-frente-al.html
A
fuer de sincero, debo manifestar que me cupo el honor de participar como
invitado en las deliberaciones de la Comisión Presidencial para la Reforma de la Ley de Hidrocarburos, encabezada por el Dr. Alvaro Silva Calderón en
su condición de Ministro de Energía y Minas, e integrada, entre otros, por Domingo
Felipe Maza Zavala, Gastón Parra Luzardo, Nelson Merentes y Mazhar Al Shereidah,
siendo esta una sentida motivación personal para replantear este debate, cuando
el mismo se nos presenta incluso como un reto en las deliberaciones de grupos de análisis petrolero bastante
cercanos a nuestras propias convicciones en la materia.
Extractos de viejos textos sobre
la apertura petrolera
y los
escenarios
“productores” y “rentistas”
·
Concluido
el ciclo concesionario, esas relaciones (Estado venezolano-transnacionales
petroleras) cambiaron de forma con la
“nacionalización” de la industria, pero no sólo se mantuvieron, sino que se
intensificaron y extendieron a campos inusitados.
Hacíamos referencia a
los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización, suscritos pocos días
antes del tránsito formal de la industria petrolera a manos del Estado, como
los eventos paradigmáticos en cuanto a los vínculos Estado-Corporaciones en los
años que siguieron hasta nuestros días. Utilizando una terminología
contemporánea, en esos contratos se plasmaron los pasos iniciales de la
apertura petrolera, porque fue a través de ellos que las antiguas concesionarias
pasaron a tener injerencia en espacios distintos a los de las antiguas
concesiones.
Fue así como se
inició un curso fatal de deterioro de la participación nacional en el negocio
petrolero, constituyendo la llamada “apertura petrolera” sólo el Capítulo
contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la
expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital
transnacional y de las elites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la
constituyen hoy, y desde hace 20 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad
privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal.
·
…violando
la Constitución y las leyes, aceptando las imposiciones del enclave
antinacional enquistado en PDVSA, un inadvertido y displicente Congreso
Nacional aprobó la suscripción de “Convenios de Asociación para la Exploración
a Riesgo y Explotación de Nuevas Areas bajo el Esquema de Ganancias
Compartidas”, un instrumento contractual insólito en nuestra legislación
petrolera y mercantil, totalmente desequilibrado, en el cual se ensarta un
rosario de cláusulas que otorgan todas
las ventajas al socio extranjero, lesionan la soberanía nacional y nos
devuelven a la tradicional imagen de cambiar oro por espejitos.
Tras ese rimbombante
nombre se esconde, como hemos dicho, un nuevo otorgamiento de concesiones, en
peores circunstancias que las prevalecientes entre 1920 y 1975: En 2.000
kilómetros cuadrados por área, en vez de 100, como era lo establecido en la Ley
de 1943, con un plazo de exploración de 9 años en vez de 3, liquidada la
capacidad de fiscalización del Ministerio de Energía y Minas, eliminado el
Valor Fiscal de Exportación, reducida la Regalía por diversos mecanismos hasta
un mínimo de 1%, otorgando depreciaciones aceleradas y reconociendo costos de
exploración que se cargarán en pesadas alícuotas a los ingresos que se obtengan
por cada barril producido.
·
En
los últimos eventos de esa política hubo todo un proceso previo de preparación
y hasta un ensayo general: el Proyecto Cristóbal. En cada escaramuza por la
“internacionalización”, la Orimulsión, el mejoramiento de crudos extrapesados y
la entrega de los “campos marginales”, se quedaron pedazos de soberanía, de
capacidad de control y fiscalización, jurisdicción de las leyes y tribunales nacionales,
y, como se constata en las cifras oficiales, de integridad de la participación
fiscal. Todo ello, en nombre del mantenimiento de la autonomía operativa y
financiera de PDVSA y sus filiales, pero con los propósitos reales abiertamente
planteados por su Presidente: expansión del negocio y “estímulo” a la
participación del capital extranjero.
·
De
esta manera es que llegamos "preparados" para negociar nuevas concesiones con nuestros
antiguos y renovados socios extranjeros: con un viejo cuerpo legal,
reglamentario y de control desmantelado, pero con un instrumento completamente
nuevo y aceitado para el regreso transnacional: el “esquema de ganancias
compartidas”.
Es así, pues, como
PDVSA ha devenido en la antítesis de lo que debería ser y la empresa del Estado
para la administración eficiente de los recursos públicos de hidrocarburos se
transforma en facilitadora de oportunidades de negocios privados: promoviendo
paulatinas modificaciones legales o propiciando transgresiones legales,
multiplicando proyectos de limitada o nula rentabilidad fiscal, impulsando
múltiples formas de participación privada, desde la internacionalización, la
contratación de servicios y el “outsourcing” de ciertas funciones considerada
no medulares, hasta los diversos niveles de “asociaciones estratégicas” que
desembocan en el presente otorgamiento subrepticio de concesiones, paso previo
a la “democratización del capital” mediante la colocación de bonos y la venta en forma de acciones de PDVSA y sus
filiales.
Tal es nuestra
opinión en torno al proceso de la política petrolera venezolana en los últimos
20 años. A contrapelo de las formulaciones legales y reglamentarias, de las
tradiciones y rituales de la política petrolera venezolana, con el disfraz de
la nacionalización hemos introducido en nuestra casa un caballo de Troya
antinacional, el cual, en nombre de supuestos “escenarios productores” y de
“combate al rentismo” ha liquidado la capacidad efectiva de captación nacional
de una renta que de todas maneras se produce, en tanto que su determinación es
el resultado de un intrincado conjunto de relaciones económicas internacionales,
establecidas y consolidadas en un proceso que se inició a principios de siglo.
·
La
falacia del “escenario productor” enfrentado a otro “rentista” queda en
evidencia cuando constatamos que uno de los resultados evidentes que tendrá el
“esquema de ganancias compartidas” será la minimización de la participación de
PDVSA, tanto en su condición de operadora como en la de perceptora de
beneficios, colocándose en una posición que no tiene otro nombre sino el de rentista,
en tanto y en cuanto usurpa el papel que le corresponde al Ministerio de
Energía y Minas en la fiscalización y control de entes operadores extranjeros.
·
Ahora
bien, todo lo anterior constituye una visión particular de un proceso que puede
ser evaluado desde ópticas más modernas y con colores menos sombríos. Visiones
que, entre otras cosas, desechen
anticuados principios nacionalistas, de soberanía o autarquía, muchos de los
cuales se resumen en el antediluviano y pavoso concepto de “patria”.
Visiones que
entiendan la realidad unipolar y las condiciones que nos son exigidas para
integrarnos a los mercados mundiales, cumpliendo más eficientemente, y sobre
todo competitivamente, con nuestro tradicional papel de suministradores de
materias primas baratas. Que tomen en cuenta que, si en alguna oportunidad nos
pudimos colar entre los resquicios de la guerra fría y ello nos permitió
invertir transitoriamente el sentido de la corriente expoliadora de mis
riquezas y capacidades productivas, ahora esa posibilidad ya no existe y
debemos renunciar a lo que “modernamente” se considera como una participación
“exagerada” en la renta generada por nuestro subsuelo.
Eliminemos
controles e impuestos, minimicemos esa excrecencia feudal que es la regalía,
acordemos depreciaciones aceleradas para la inversión extranjera, reconozcamos
toda clase de gastos como costos deducibles para fines fiscales y recibamos los
beneficios de empleo y prosperidad que nos ofrecen los capitales
internacionales que vendrán a ubicarse dentro de nuestras fronteras, los cuales
no serán “capitales golondrinas” aprovechadores de ondas especulativas, sino
avezados “capitales vampiros” que chuparán nuestros recursos mientras ello sea
lo suficientemente rentable y luego nos dejarán, como siempre, enfrentados a
otro “viernes negro” y preguntándonos ¿ en qué nos equivocamos esta vez?
·
Las
políticas aperturistas, privatizadoras y, en suma, desnacionalizadoras, fueron
conducidas con plena conciencia de sus implicaciones: la minimización de la
renta petrolera percibida por el Estado, en beneficio de sus contrapartes
transnacionales y del capital privado nativo asociado a esas corporaciones.
Peor aún, fueron diseñadas con ese bien definido propósito.
En
efecto, esa política fue sustentada en formulaciones teóricas que planteaban la
existencia de un modelo fracasado de gestión de la participación nacional en la
administración de los ingresos petroleros, que conformaba una opción
“rentista”, estatista y socializante, enfrentada a una política moderna,
racional, cónsona con las exigencias de
la globalización, que se resumía en un escenario “productor”.
Según
los autores de estos escenarios (Ramón Espinaza y otros), planificadores
mayores de PDVSA, “rentistas” eran las políticas que postulaban la defensa de
la participación fiscal, porque intensificaban la ineficiencia estatista y las
distorsiones estructurales del
“capitalismo rentístico”, forma particular que asumió ese sistema en Venezuela.
Para
eludir esos males, el “escenario productor”, postulado por estos planificadores
y asumido entusiastamente por la cúpula antiestatal de PDVSA, sostenía que la
opción racional de utilización reproductiva de los ingresos petroleros era la
reinversión de la renta petrolera en la propia industria, multiplicando
proyectos dentro y fuera del país, tales como los megaproyectos de la Faja del
Orinoco y la compra de refinerías dilapidadas en el exterior. Proyectos
inviables desde el punto de vista de la Nación, pero altamente rentables para
los intereses complotados en el diseño y ejecución los mismos, quienes
aportarían la capacidad gerencial del capital internacional en el manejo de
esos recursos.
En
otras palabras: sustraer la mayor cantidad posible de ingresos del alcance de
la “garra fiscal” del Estado venezolano (“the government take” ó lo que se coge
el gobierno, en el lenguaje usual de la industria) y dedicarlos a la siembra
del petróleo en el petróleo. Para lograrlo eso y “estimular” la inversión
extranjera que nos ayudaría al desarrollo de ese luminoso futuro “productor”
era necesario hacer lo que hicieron en esos 25 años: desmantelar todo el
sistema estatal de percepción de la renta.
·
El
esquema de ganancias compartidas, aprobado por la Cámara de Diputados en primera y apresurada discusión, es el
instrumento diseñado para permitir la vuelta del capital petrolero
internacional a las operaciones de exploración y producción en Venezuela. Es la
"apertura" de lo que hasta ahora estuvo reservado con exclusividad al
Estado.
Esta definición es
importante para limitar los verdaderos alcances de la nueva política
petrolera resultante, la cual se nos
quiere vender como la panacea que curará todos los males de la Nación.
En verdad, en ese
instrumento se ha materializado la voluntad política de quienes consideran que
el petróleo es la única salvación del país, y que la expansión de ese negocio, dinamizará al resto de la economía
nacional. Aun cuando esa expansión se
haga a costa de sacrificar conquistas y
principios anticuados -rentistas, estatistas o socializantes- tales como los de
maximización de la participación fiscal y control soberano del Estado sobre el
recurso y su industria. Porque lo importante es que sobre el país se volcarán
flujos masivos de inversión extranjera que, inmediatamente harán positivos los
saldos de nuestra balanza de pagos, detendrán la caída del bolívar, generarán
empleo y serán el detonante de una reactivación generalizada de nuestra
economía. Los poderosos efectos multiplicadores serían tales, que el país se
convertiría en destino privilegiado para capitales de inversión en otras ramas
y hasta sería posible que retornaran los más de 100 mil millones de dólares
depositados en el exterior por los beneficiarios criollos de la anterior bonanza
petrolera.
·
El
escenario óptimo de esta concepción -que cobra adeptos en la misma medida en la
que no se le encuentran otras salidas a la crisis- es el de una privatización
completa de la industria petrolera, la cual podría iniciarse con un reparto del
capital accionario de PDVSA entre todos los venezolanos. Así, la empresa y su
patrimonio dejarían de ser estatales. Lo colectivo se haría privado y las
fuerzas del mercado harían el resto: asignarían, de la manera más eficiente,
las mayores tajadas a los más capaces: Tales son la leyes del capitalismo, y
con mayor razon, en el estadio salvaje en el que el mismo se encuentra en
Venezuela. Pero, mientras eso sucede, el país se desarrollaría, desaparecerían
la inflación y los desajustes
macroeconómicos, y los venezolanos sembrarían, al fin, su petróleo.
Pero los sueños,
sueños son. La apertura, tal cual se plantea, se ejercerá sobre 17 lotes ya
suficientemente explorados desde la superficie, completamente listos para
verificación, mediante perforación exploratoria, de las auspiciosas
estimaciones que arroja la geología. En tal situación, la inversión es
capital-intensiva y se concentra en
equipos de perforación de alto nivel tecnológico, con un gran componente importado. Las firmas nacionales -principalmente
metalmecánicas- especializadas en los suministros de esta fase, funcionan con
capacidad instalada ociosa, por lo tanto, no requerirán la creación de nuevos
puestos de trabajo para cubrir el paulatino incremento de la demanda.
Cumplidas
positivamente todas las previsiones, se estima que la producción en esas áreas
alcance a medio millón de barriles diarios a mediados de la primera década del
próximo siglo. Por tanto, las urgencias fiscales, que se tomaron como excusa
para acelerar el proceso, no encontrarán satisfacción inmediata.
Con perspectivas de un limitado
crecimiento de la demanda, esa producción adicional se añadirá a la de todos
los países que hoy en día proyectan nuevos desarrollos y a la hoy cerrada de
Irak, Irán y Arabia Saudita -para sólo
nombrar tres- contribuyendo a mantener deprimidos los precios y a poner en
aprietos la rentabilidad de proyectos de márgenes estrechos como la Orimulsión,
la internacionalización y el mejoramiento de crudos extrapesados.
Elementos importantes a considerar en el
análisis
de la participación estatal en el
negocio petrolero
Carlos
Mendoza Pottellá / Nov. 1995.
Tomando en cuenta la matriz de opinión plenamente
establecida y alimentada continuamente por todos los medios de comunicación y
asumida como verdad incontrovertible por destacados dirigentes de casi todo el
espectro político en cuanto a la exagerada carga tributaria que amenaza la
salud de “la gallina de los huevos de oro”, cualquier reivindicación del Fisco
frente a PDVSA, como detener el proceso de desgravación establecido con la
eliminación de los Valores Fiscales de Exportación, o hacer
reparos a sus declaraciones impositivas, será repelida como intentos de volver
a los tiempos del rentismo y el dirigismo populista.
La tarea por tanto, debe centrarse en desmontar,
con hechos y cifras, las falacias establecidas como verdades. Toda
reivindicación fiscal debe hacerse con una fundamentación exhaustiva, legal, macroeconómica y sobre todo, política.
La realidad fundamental que se soslaya en la
referida matriz de opinión es el de la propiedad del Estado sobre los recursos
de hidrocarburos y los derechos que como propietario,
independientemente de su condición de Estado, le corresponden.
Pese a la anómala condición de compañía anónima
que se le confirió a PDVSA, sus ejecutivos no son otra cosa que funcionarios
públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la
política de los propietarios, en la gestión de esa industria. PDVSA no es una
empresa que deba buscar cobijo en FEDECAMARAS o en Ven Am Cham : es una
empresa estatal. Parecería una verdad de Pero Grullo, pero éste es uno de los
principales problemas políticos que se plantean en el país en materia de
política petrolera.. Las fidelidades de PDVSA se orientan hoy hacia sus
clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no
tiene secretos. Por otro lado, recela de los poderes públicos, esconde
información a sus legítimos contralores y reniega de su condición estatal. En
su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio
de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. El más
importante foco generador de tendencias privatistas de la industria petrolera
nacional se encuentra en sus cúpulas gerenciales.
La política
petrolera venezolana debe definirse claramente a nivel Estatal, es decir, debe
ser establecida con la participación de todos los poderes públicos. La
motivación es doble: La primera se refiere a que, en cualquier circunstancia de
propiedad sobre los recursos del
subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación,
claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y
fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La
segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo,
pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es
el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.
Esa política petrolera, en tanto que política de
los propietarios colectivos, debe ser tambien el producto de una amplia
consulta en todos los estamentos de la sociedad. Para ello, debe dársele
participación cierta a todas las organizaciones representativas que no lo hacen
directamente en los poderes públicos centrales, como la CTV, FEDECAMARAS,
gremios profesionales, universidades, corporaciones de desarrollo regional,
estados y municipios, sin olvidar, desde
luego, a ese poder público no deliberante que son las Fuerzas Armadas. Este
también es el camino para hacer cualquier propuesta reivindicadora de los
derechos de los propietarios sobre su patrimonio.
En el plano técnico - operativo de esa
reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las
cuales se fundamenta la "verdad petrolera". se hace necesario, por
tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las
presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer
evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de
las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad. de manera de
establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.
Pero aun manejando las muy manipuladas cifras
actuales, en ellas se pueden encontrar los indicios de una grave situación en
cuanto al deterioro de la participción fiscal petrolera.
Ese deterioro tiene tres fuentes fundamentales: La
primera de esas fuentes está en el conjunto de disposiciones tendientes a la
desgravación impositiva que han sido establecidas, tanto por el Poder
Ejecutivo, como el Legislativo, en los cuatro períodos constitucionales
transcurridos desde el momento en que esas actividades fueron reservadas al
Estado.
La más
grave de esas medidas ha sido, hasta ahora, la eliminación de los Valores de
Exportación, mecanismo con el cual el Estado contrrarrestaba las manipulaciones
en los costos que disminuían la base impositiva. En las "asociaciones
estratégicas", partiendo del Cristóbal Colón, se redujo la tasa aplicable
del ISLR del 67,7 al 30%, con garantía de que no habrá vuelta atrás. Hoy en día
ya se plantean, en documentos oficiales,
propuestas concretas para reducir el pago del impuesto de explotación o
regalía en las areas nuevas, aplicando factores de hasta 0,7 al precio de
liquidación, para el cálculo del 16 2/3 por ciento, con la excusa de reconocer
costos de transporte.
Dentro de esta misma fuente puede ubicarse una
variante: la omisión -voluntaria o nó- en las labores de fiscalización y
control, la inercia en el tratamiento de situaciones nuevas, etc. Este es, por
ejemplo, el caso del cobro del impuesto de explotación entre 1979 y 1986, lapso
en el cual los precios de liquidación se
dejaron estancados entre 11 y 12 dólares el barril, mientras que los precios de
realización subían de 17 a 29 y se
mantuvieron por encima de 25 dólares por barril hasta el final del período. (En
los tiempos pre-nacionacionalización los precios de liquidación de la regalía superaron siempre a los precios de
realización o de referencia)
La segunda fuente de deterioro de la participación
fiscal tiene una raigambre más antigua, y se refiere, precisamente, a las
prácticas de manipulación de costos en las que dictaron cátedra las antiguas
compañías concesionarias.
Tales prácticas son poco perceptibles en los
primeros años de funcionamiento de la industria petrolera en manos del Estado,
aún cuando se produjeron denuncias puntuales como el exagerado costo de los
contratos de asistencia tecnológica, los descuentos de precios establecidos en
los contratos de comercialización, los
"obscenos" -Gonzalo Barrios dixit- sueldos de los ejecutivos
petroleros o los costos imputados a unas supuestas "actividades de
producción en la Faja del Orinoco".
A partir de
1991, por el contrario, puede observarse una aceleración en el tendencial
crecimiento de los costos. Sería pertinente analizar en detalle este período
para determinar la naturaleza de ese extraordinario crecimiento. De manera
particular, cabría revisar los resultados de negocios tales como las
asociaciones estratégicas en la Faja del Orinoco, la explotación de
"campos marginales" que ahora no lo son tanto, la orimulsión y la
internacionalización. Los aportes o cargas que generan Carbozulia, Pequiven y
Palmaven. ¿Qué ha pasado y que pasará con Sucre Gas y el proyecto Cristóbal
Colón?
En la internacionacionalización por ejemplo, se
materializa una forma clara y evidente de sacrificio o elusión fiscal, al
entregar a las filiales de PDVSA en el estados Unidos cargamentos de petróleo
con descuentos de hasta 3 dólares por barril sobre su precio de realización.
Más grave aún es el net-back de Ruhr Oel, en el cual se reflejan, en algunos
años, descuentos superiores a los 5 dólares por barril.
La tercera fuente de la caída fiscal tiene que ver
con el crecimiento real de los costos operativos. Ese crecimiento se genera,
fundamentalmente, en la necesidad de revertir la tendencia física de los
yacimientos tradicionales a disminuir su capacidad productiva, calculada en 600
mil barriles diarios cada año. Esta tendencia era estimada en 200 mil barriles
diarios cada año en la década de los setenta y se ha venido incrementado debido
a las políticas de expansión constante de la producción. Precisamente para que
esa tendencia no se materialice y peor aún, para generar nueva capacidad
potencial, se debe incurrir en costos crecientes de reparación y
reacondicionamiento, de generación e inyección de vapor, de perforación de
avanzada y desarrollo dentro del area probada, sin mencionar aquí la
perforación exploratoria para encontrar nuevas localizaciones.
Como puede observarse, no se trata solamente de la
tendencia física. originada por el saqueo que hicieron las concesionarias entre
los años 60 y 70, sino también de la voluntad de revertirla. Aquí cabría
preguntarse, ¿Hasta cuándo será económicamente factible mantener ese esfuerzo?
¿No serían inferiores esos costos si se trazaran metas de producción cónsonas
con el grado de agotamiento de los yacimientos?
En resumen, podría afirmarse que para cada una de
estas tres fuentes de deterioro fiscal hay alternativas, pero ellas no son
sencillas, ni fáciles de aplicar. Repitiéndonos, la situación conforma un serio
problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la
mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la
sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de
consenso en torno a las decisiones que se propondrían.
Expansionismo petrolero contumaz
Carlos
Mendoza Pottellá
Domingo,
1 de agosto de 1999
El pasado martes 13 de julio, el
precio del crudo marcador WTI superó, por primera vez en casi dos años, los
veinte dólares por barril. Todas las fuentes informativas indican que ello ha
sido posible por la disciplina de los miembros de la OPEP en el cumplimiento de
los recortes de producción acordados en marzo y efectivos a partir del 1º de
abril del presente año. Destacan esas fuentes, de manera particular, el cumplimiento
al 97% por parte de Venezuela, máximo violador en los años pasados, como un
claro indicador de que la Organización de los exportadores netos de petróleo ha
recuperado la conciencia de su poder.
Esta alza de los precios es explicada
más en detalle por la circunstancia de que el cumplimiento de los recortes ha
eliminado la sobreoferta de dos millones de barriles diarios que se registró
hasta marzo, con lo cual se ha impedido el mantenimiento de los altos niveles
de inventarios prevalecientes durante todo el año anterior.
Esa realidad, que está permitiendo al
país salir de la profunda crisis fiscal en que la hundieron las absurdas
políticas expansivas del combo Giusti-Arrieta y que hace factible destinar a un
Fondo de Estabilización Macroeconómica todo el ingreso petrolero que se perciba
por encima del estimado promedio presupuestario de 9 dólares el barril, debería
ser prueba irrefutable de la perversidad intrínseca de las políticas impuestas
por los anteriores dirigentes del país en materia petrolera; sin embargo, el
discurso expansionista sigue vivo en la mente de muchos venezolanos y se
manifiesta en las posiciones de algunos destacados exponentes de la vieja
dirigencia política y petrolera nacional. Para muestra un botón: El mismo
martes 13 en el que se alcanzó la cumbre de los 20 dólares el barril por
primera vez en 20 meses me tocó participar en el programa televisivo
"Triángulo" que se transmite por Televen y dirige el periodista Carlos
Fernández. El tema tratado fue el de las propuestas de privatización de PDVSA y
los otros participantes fueron el Prof. Mazhar Al Shereidah, el ex Ministro de
Cordiplán Miguel Rodríguez y el ex Presidente de PDVSA Andrés Sosa Pietri.
Aparte de argumentar sobre las
ventajas de colocar acciones de PDVSA en el mercado bursátil, los doctores Sosa
y Rodríguez retomaron la defensa de los planes de expansión de PDVSA sobre la
base casuística de que "mala fue la apertura de Caldera", pero el
Plan de Expansión de PDVSA de 1991 estaba muy bien fundamentado, preparado para
garantizar la participación del empresariado nacional y blindado a través de
políticas macroeconómicas que impedirían la exagerada apreciación del tipo de
cambio y con ello, que se produjera la famosa "enfermedad holandesa"
o el "efecto Venezuela", como más propiamente la denominaron los
economistas noruegos en los años sesenta y lo popularizara J. P. Pérez Alfonzo
en los setenta.
Bueno, ya se sabe que los sueños...
sueños son. Pero lo malo es que éstos son sueños pertinaces y, peor aún,
contumaces: A pesar de los golpes de la terca realidad, a pesar de la
catástrofe en la que nos sumió el expansionismo petrolero, precisamente desde
1991, se sigue soñando con un mundo ideal, donde es posible que Venezuela produzca,
impunemente, 8 millones de barriles diarios a 10 dólares. Un escenario absurdo
e irrealizable, porque antes de que ello pueda suceder, Arabia Saudita estaría
produciendo 20 millones de barriles diarios, sumados a los 12 a 15 millones que
producirían cada uno de los otros países del Golfo Pérsico, Irán e Irak en
primer lugar. En ese escenario, los precios estarían en las profundidades de
los 4 dólares el barril y Venezuela no podría producir ni un solo barril
rentable, porque tal nivel de precios estaría muy por debajo de los actuales
costos totales de operación de PDVSA.
Afortunadamente, ese escenario no le
interesa a nadie, sobre todo a los productores de los costosos crudos de Texas,
Alaska y el Mar del Norte, cuya presencia en el mercado no puede ser vista como
una pérdida de mercado para nuestros crudos, sino la garantía de que los
precios van a estar en un nivel tal que garantizará a los productores de crudos
más baratos una alta percepción unitaria de renta. Sosa Pietri sostiene que es
mejor producir 8 millones de barriles a 10 dólares cada uno que 2 millones de
barriles a 40 dólares cada uno. El problema es que, como ya dije, ese primer
escenario, el de su preferencia, es absolutamente irrealizable y, por lo demás,
nadie está proponiendo el segundo, el cual es también un extremo de la
argumentación por reducción al absurdo.
Haciendo referencia al mundo feliz
descrito por los doctores Rodríguez y Sosa en el programa comentado, en el cual
la industria petrolera se convertiría en la "locomotora" del
desarrollo económico, donde florecerían centenares y miles de industrias, dados
los encadenamientos y efecto multiplicador de la inversión petrolera (algo por
cuya demostración PDVSA pagó infructuosamente a un grupo de profesores
universitarios), debo decir que ésta es, una vez más, una contradicción
flagrante con la experiencia de 80 años de explotación petrolera en nuestro
país y con la circunstancia, bastante conocida por lo demás, del carácter de
enclave capital intensivo de la industria petrolera, no tanto por su voluntad
de serlo (expresada en muchos de sus anteriores dirigentes), sino por la
existencia real de encadenamientos tecnológicos, de insumos y suministros de
todo tipo con un complejo industrial internacional y monopólico, cuyos efectos no
pueden ser trasladados, de la noche a la mañana y por virtud de "una
política macroeconómica adecuada" a la inexistente industria nacional.
Mucho menos por decreto. ¿Compre venezolano? ¿A quién? Más allá de cabezales de
pozos, tubos sin costura, válvulas, varillas de succión, otros rubros
metal-mecánicos y algunos químicos, todo lo demás se importa y tendrá que
seguirse importando, sobre todo si se mantiene la política de privilegiar la
expansión de la producción de crudo en desmedro del desarrollo industrial no
petrolero y agropecuario.
La necesidad de un cambio de
mentalidad y orientación en la administración de nuestra industria petrolera
queda reflejada en los resultados que arrojan las estadísticas de estos últimos
22 años: Más producción, mayores costos unitarios, menor participación fiscal.
Valga la
oportunidad para referirnos a planteamientos en donde se esgrimen argumentos
del mismo tenor, tomando como muestra representativa los del Dr. Arturo Uslar
Pietri, consecuente detractor de la Organización, cuando afirma que la OPEP no
nos ha beneficiado mucho y sostiene, entre otras, la falacia que ya refutáramos
en torno a la historia oficial del muchacho bueno al que todos le hacen
trampas:
"Yo
no sé quién tiene la responsabilidad, pero alguien la tiene, de que Venezuela
haya aceptado que la OPEP establezca cuotas de producción petrolera. Eso va
contra el interés de Venezuela.
¿Nuestra
presencia en la OPEP no nos está beneficiando mucho?
-No creo que nos ha beneficiado mucho en ningún momento. Venezuela se ha
sentido un poco el padre o la madre de la OPEP. Ha soportado la mala conducta
de los demás. Casi todos los países principales productores han respetado muy
poco los sistemas de cuotas de la OPEP, y Venezuela es uno de los poquísimos
que las ha respetado siempre." (*)
(*) El
Universal, 12 de agosto de 1990, Entrevista a Arturo Uslar Pietri: La OPEP no
nos ha beneficiado mucho. Esa Organización nunca ha tomado en cuenta a
Venezuela ni sus intereses para nada. El sistema de cuotas es contrario a los
intereses de Venezuela.
Lo de consecuente detractor no es gratuito. En materia petrolera, el Premio
Príncipe de Asturias, como los patrocinantes borbones del galardón, ni olvida
nada, ni aprende nada.(*)
El Gráfico No. 38 puede permitir al lector visualizar cuán absurda era la pretensión
de que Venezuela debía mantener constante -a los niveles de 1960- su cuota de
participación en la producción OPEP: La producción anual del país ha debido
alcanzar los 4 millones de barriles diarios para 1963, creciendo constantemente
hasta alcanzar los 8 millones en 1970 y mantenerse por encima de este nivel, en
los alrededores de los 10 millones de b.d., hasta 1980. ¡El "propio"
sueño petrolero!
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Los
intereses de los países que integraron la OPEP no eran intereses coincidentes,
no lo han sido en ningún momento, y a lo largo de la vida de la OPEP las
contradicciones han surgido de manera continua. Venezuela entró de buena fe,
tal vez de excesiva buena fe...
Si nosotros viéramos los datos que voy
a citar ahora aquí, de lo que ha ocurrido en la posición relativa de los países
petroleros desde la creación de la OPEP para acá, tendríamos que dudar muy
fuertemente si la OPEP ha beneficiado a Venezuela hasta ahora o no. (*)
(*) Arturo
Uslar Pietri, "Política Petrolera y Desarrollo Nacional", Discurso en
el Senado, 18 de mayo de 1966, recopilado en "Los Venezolanos y el
Petróleo", Págs. 129-152. Edición del Banco de Venezuela, Caracas 1990.
Los párrafos citados aparecen en las páginas 143 y 144. Puede verse también en el
Diario de Debates del Congreso de la República, pág. 416-428 del volumen
correspondiente a 1966.
