domingo, 7 de julio de 2019

VOLVER AL FUTURO IV


Carlos Mendoza Pottellá
6 de julio de 2019


Pensaba titular esta nota como “La Oportunidad la Pintan Calva II”, en referencia al tema tratado en la reláfica anterior (1), sobre las “novedosas” propuestas de repartir anualmente la renta petrolera venezolana entre los ciudadanos -los mayores de edad según el código civil- que habitamos hoy en este país, pero una casual limpieza de viejos papeles me hizo topar con los argumentos esgrimidos durante la polémica desatada a finales de 1999, a raíz de la propuesta y aprobación de los artículos, 12, 302 y 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Además, me enteré hace tres días de que Robert Zemeckis, realizador de  la trilogía de los viajes en el tiempo, se niega a producir la versión IV de la saga.



Por ambas razones decidí hacer yo mismo el viaje al fin del siglo pasado y volver a nuestros días con mi vieja argumentación:

     -      Petróleos de Venezuela y de todos los venezolanos
-      Alcance y significación del carácter estatal de PDVSA y su nuevo rango        constitucional
-      ¡Alerta! Los privatizadores petroleros no se han rendido
-      La insistencia expansionista y privatizadora: ¿Intoxicación teórica o          voluntaria ceguera?
 

Sin más que mis disculpas por alguna vetusta afirmación, tal vez desmentida por la realidad en estas dos décadas, y por tanto anacrónica, otras demasiado citadas desde entonces, como rittornello, transcribo los trabajos referidos, tres de ellos insertos en mi libro-recopilación “Nacionalismo Petrolero Venezolano…” [2] y el cuarto, publicado  en mi columna de FUNDAPATRIA.[3]

-----------------------------------------------------------------------------------(1) https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/06/opportunity-only-knocks-once-for-oil.html
[3]. Mendoza P.,“ABC Petrolero”FUNDAPATRIA, 27 de diciembre de 1999.


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Petróleos de Venezuela…

La reserva constitucional al Estado de la propiedad sobre las acciones de Petróleo de Venezuela, o del ente a cuyo cargo se encuentre el control de la industria petrolera venezolana, es la única manera de mantener la titularidad accionaria de cada uno de los venezolanos sobre su principal fuente generadora de riquezas.

Cuando menciono a todos los venezolanos, no me refiero a los mayores de 18 años, como pretende establecer la más detestable de las propuestas privatizadoras, sino a todos, incluyendo a los que nacerán mañana, el mes que viene o dentro de 150 años. Y así tendría que ser, por cuanto se trata del control sobre una industria cuyas expectativas de duración, considerando el nivel actual de sus reservas petroleras, pasa de los mil años. 

Ello sin contar con los inmensos recursos de hidrocarburos depositados al norte del Orinoco, la mayoría de los cuales todavía hoy no tienen valor comercial y hacen de Venezuela el mayor reservorio mundial de ese prodigioso legado acumulado bajo el subsuelo hace decenas de millones de años.

Pero, sin necesidad de colocarnos en esas perspectivas milenarias, razones de peso inmediatas, de nuestra contemporaneidad, de corto, mediano y largo plazo humanos, sustentan la necesidad de establecer la garantía constitucional del control estatal sobre su industria petrolera. La principal de esas razones es que PDVSA es, por su magnitud y por la importancia de sus operaciones, un instrumento estratégico para garantizarle al país una presencia digna y considerable en el concierto de las naciones.

En efecto, sólo manteniendo el control operativo sobre su ingente producción petrolera puede Venezuela tener injerencia decisiva en un aspecto vital para las relaciones económicas internacionales como lo es el suministro energético.

Precisamente, la condición de ser una de las primeras empresas petroleras del mundo es la razón de ser de las apetencias que sobre PDVSA ejercen poderosos capitales privados nacionales e internacionales. Para esos sectores, es una verdadera incongruencia que un país de miserables sea propietario de una empresa de nivel mundial, y por eso mismo, sucumben a la tentación de ofrecerle montañas de espejitos a sus desprevenidos 23 millones de propietarios actuales.

Lo triste del caso es que esos poderosos intereses internacionales tienen voceros nativos –auténticos cipayos- que ejecutan insólitos malabarismos argumentales para convertirse en defensores de la supuesta “necesidad” que tenemos los venezolanos de sentirnos propietarios sin la tutela del Estado. Todo ello, desde luego, sin importar que, en realidad,  ese “sentido de propiedad” sólo nos durará el tiempo necesario para hacer la transferencia de esa propiedad hacia otras manos.

Por ello, mueven a risa los pícaros argumentos de los “vivos” criollos que claman “¿Cómo es posible que yo pueda comprar en la Bolsa una acción de la Royal Dutch Shell y no una de PDVSA? ¡Exijo mi derecho a ser accionista de PDVSA y poder hacer con esa acción lo que me dé la gana!” Desde luego, ese vivaracho podrá comprarle sus acciones a otros venezolanos que, como los habitantes de Carapita o el barrio El Carpintero, no tendrán otra alternativa que convertir esas acciones en efectivo para sufragar mercados, vehículos populares o cuotas atrasadas del alquiler del rancho.

Pero a la postre, esos privilegiados venezolanos que expropiarán a la mayoría de sus coterráneos, serán a su vez expropiados, porque en el país no existen los capitales privados requeridos para el desarrollo de una industria petrolera como la venezolana y tendrán que acudir a los mercados financieros internacionales y al "bondadoso" capital petrolero internacional para que asuma el control, tal como lo han tenido que hacer el Grupo Polar, Inelectra y otras compañías venezolanas que se han aventurado en las licitaciones de contratos operativos.

Para quienes tenemos algún sentido de la trascendencia de nuestras responsabilidades, lo peor de todo será la maldición que pesará sobre las cabezas de esta generación finisecular, si se convierte en desheredadora de los cientos de millones de venezolanos por nacer en los próximos años y siglos.

Y precisamente para impedir que alguien en el futuro se sienta tentado, por dificultades económicas coyunturales, por un simple problema de flujo de caja, a liquidar el capital accionario de PDVSA y con ello, a desistir del control venezolano sobre su petróleo, es que creemos indispensable el establecimiento de obstáculos constitucionales que alejen esas tentaciones.

Ahora bien, el otorgarle rango constitucional a la propiedad estatal sobre la empresa a la cual se reservan las operaciones petroleras, no representa ningún obstáculo para que esa misma empresa sea dotada de la autonomía, flexibilidad y capacidad de negociación suficientes para realizar sin complejos todo tipo de negociaciones con el capital privado y se comporte como una empresa moderna y competitiva.

Sólo una visión acomplejada y fatalista, desconocedora de experiencias históricas de empresas petroleras estatales exitosas, como las de Noruega y Gran Bretaña, puede atribuir a priori a nuestra empresa estatal todas las perversidades del estatismo burocrático.

Desde luego, y como suele suceder, los argumentos contra la referida previsión constitucional no son el producto de visiones acomplejadas, surgen mas bien de visiones interesadas, minuciosamente construidas, alimentadas y convertidas en matrices de opinión que se instalan en las mentes de los sectores "modernos y globalizados" de nuestra sociedad.

Ahora bien, la existencia de sectores particulares, nacionales y extranjeros, con intereses y apetencias sobre la actividad petrolera, no es algo necesariamente malo ni ilegítimo, el problema se plantea cuando esos intereses entran en contradicción con los intereses permanentes de la Nación venezolana actual y los de sus descendientes. Este es precisamente el caso en cuanto a la propiedad de las acciones de PDVSA.

jueves, 28 de octubre de 1999



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Alcance y significación del carácter  estatal   de PDVSA
 y su nuevo rango constitucional

La reserva constitucional al Estado de la propiedad exclusiva sobre la totalidad de las acciones de PDVSA ha sido recibida como una gran derrota por parte de las fuerzas interesadas en el jugoso negocio que ya tenían  asegurado, de haber continuado la gestión petrolera del combo Giusti-Arrieta-Quirós o una parecida. Como dice Veneconomía en su edición semanal correspondiente al 10 de noviembre pasado, "El sector privado plenó los diferentes medios de comunicación para expresar su rechazo a tal decisión".

Nada más obvio, cuando ya esos medios habían silenciado, por dos meses el hecho de que esa propuesta existiera, y ello obligó a FUNDAPATRIA a publicar un comunicado pagado anunciando al país que esa medida había sido aprobada por la Comisión de lo Económico y Social de la Asamblea Nacional Constituyente.

Claro, confiaban en el ejercicio de sus silentes mecanismos de presión, para torcerle en privado, a la sombra del "bajo perfil", el brazo a la ANC.

Ahora, como la estrategia les fracasó, se desgañitan en protestas y en interpretaciones trucadas de las implicaciones de la norma constitucional aprobada.

Por lo demás, se han presentado de cuerpo entero los sectores y personalidades que, agazapados, han estado trabajando por la privatización de PDVSA, aunque digan que sólo se trate de prevenir "rigideces" en el futuro.

En primer lugar es necesario aclarar que en ningún caso la propiedad exclusiva de las acciones implica la imposibilidad de contratar o convenir con empresas privadas del sector, nacionales o extranjeras. Esto hay que puntualizarlo, porque las falacias voceadas este sentido pretenden demostrar que ahora PDVSA no podrá realizar contratos operativos o realizar operaciones de "outsourcing" sobre actividades no medulares.

Se trata simplemente de satanizar la norma constitucional y de dar por sentado que la estupidez burocrática es consustancial con la propiedad estatal.

La realidad es que PDVSA, en tanto que empresa a la cual su propietario estatal tuvo que darle la forma de sociedad anónima ([i]), puede realizar toda clase de operaciones mercantiles, mientras ellas no involucren enajenación del capital accionario de la empresa. Es decir, que no puede comprometer la integridad de la empresa, ni comprometer su patrimonio como garantía en  operaciones financieras o contratos de cualquier índole con terceros.

Pero ello no quiere decir que no pueda, por ejemplo, enajenar activos cuya prescindencia no dañe el normal desenvolvimiento de las actividades reservadas al Estado, o contratar servicios externos para la operación de alguna de sus instalaciones y equipos, cuando así se considere conveniente.

Más aún, si la propia Constitución la autoriza a realizar Convenios de Asociación, aún con la previsión de que Estado deberá detentar el control, automáticamente la está autorizando a participar en la propiedad sobre los activos de esa Asociación, compartida  con las empresas privadas participantes.

La intención del constituyente es una sola: mantener bajo el control del Estado, como ejecutor y garante de la propiedad colectiva de los venezolanos, el poder de decisión sobre esa industria fundamental. Para que eso se cumpla a plenitud, es absolutamente necesario impedir la cesión, por mínima que ella pretenda ser, de porciones de la propiedad y el control sobre el ente estatal bajo cuya responsabilidad se ha colocado la administración física de los recursos y las operaciones de producción que habrán de realizarse, en función de las políticas que determinen los poderes públicos.

Esa propiedad absoluta es la que permitirá a la Nación venezolana tener una voz propia, clara y distinta en el mercado petrolero, no sólo como propietaria de sus inmensos yacimientos, sino como soberana en las principales decisiones para su disposición, manufactura y comercialización.

No se trata de cerrar las puertas a los capitales privados nacionales y extranjeros en esas actividades. Quienes conocen el negocio petrolero saben que aún con el control estatal exclusivo sobre PDVSA  existen muchas vías para la participación de esos capitales en los negocios que se generan a partir de la producción petrolera venezolana. Es más  aún,  existen múltiples ventajas, que son las que han atraído permanentemente al capital petrolero internacional hacia nuestro país y que lo seguirán atrayendo.

De lo que se trata es de una negociación dura, con los capitales internacionales más avezados, acostumbrados a imponer ruinosas condiciones a quienes no estén preparados para hacerse respetar. Venezuela tiene en sus manos un poderoso instrumento de negociación y no puede renunciar a él. Por el contrario, debe utilizarlo, debe hacer valer su poder y sus condiciones inmejorables como suministrador seguro, políticamente estable y cercano al principal mercado mundial.

Es claro que una de las maneras de negociar preferidas por el poder petrolero es la del chantaje y el soborno, la de: amenazar con bloqueos, boicots y restricciones y la de comprar "lobbystas" y fabricar solidaridades automáticas. Para ello cuentan con inmensos recursos y el poder suficiente como para lograr coros de aparente unanimidad en los medios de comunicación.

Pero Venezuela cuenta con suficientes recursos para enfrentar esa "!negociación dura". A las mencionadas ventajas estratégicas de nuestro petróleo y al control estatal sobre PDVSA, hay que agregar la pertenencia a la OPEP y la posibilidad de hacer un frente común con los principales exportadores para evitar posibles boicots de los consumidores.

Una negociación dura fue la "disuasión nuclear" de los tiempos de la guerra fría, cuando la mutua destrucción que aseguraban los inmensos arsenales nucleares de que disponían los contrincantes impedía que alguno de ellos pensase en la posibilidad de "ganar" una guerra nuclear. Aunque en verdad ese escenario de confrontación no está planteado hoy en día en Venezuela, y las campañas alarmistas de los corifeos de la privatización no son otra cosa que "bluff" de fulleros, es necesario estar preparado para algún tipo de negociación dura.

Claro que hay diversas maneras de estar preparados para una confrontación o para evitarla, y por ello, mientras algunos piensan que hay que tener los pantalones bien puestos, otros están dispuestos a aflojárselos.

En verdad, de lo que se trata es de una cuestión de intereses. De un conflicto de intereses. En primer lugar, para nosotros, está el interés colectivo de los venezolanos. De todos y cada uno de los venezolanos. Luego está el interés de sectores importantes de la sociedad venezolana, respetables y valederos dentro de una sociedad capitalista, donde cada cual  busca legítimamente un beneficio particular, pero dentro de los límites que establece la sociedad nacional, es decir, siempre y cuando ese interés privado no choque con el interés colectivo. Si se tienen claros esos límites, siempre será posible una actividad lucrativa privada  en cualquier actividad sin afectar el interés colectivo sino, por el contrario, contribuyendo a su salvaguarda. El conflicto de intereses se presenta de manera muy aguda en este caso, cuando es estimulado por la intervención de intereses foráneos claramente antagónicos a los nacionales en lo que respecta al control del negocio petrolero venezolano y de los grandes beneficios que genera: el capital petrolero internacional.
miércoles, 10 de noviembre de 1999
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 (¡) El gobierno se vio obligado a ello por la presión que ejercieron los hombres que irían a ocupar los niveles gerenciales y altos cargos técnicos en la empresa nacionalizadas, quienes amenazaron, a través de la asociación que los agrupaba, AGROPET, con decretar una estampida, una verdadera "fuga de cerebros", si no se les garantizaban los niveles de sueldos de los cuales disfrutaban en las empresas concesionarias extranjeras. La figura de sociedad anónima, del dominio del derecho privado, era la única que permitía eludir las normas de la administración centralizada, que establecían como tope de los sueldos en el sector público el asignado al Presidente de la República, cuyo monto era unas diez veces inferior al devengado por los máximos niveles de la gerencia petrolera de entonces.




El quincenario FUNDAPATRIA acaba de cumplir 3 años, y junto con él, "ABC Petrolero", columna de divulgación y debate petrolero que suscribo en ese medio y de la cual se nutren estos "Apuntes para una discusión" que publica Anexo I. Durante ese lapso he acompañado a FUNDAPATRIA en un intenso combate por la defensa del principal patrimonio colectivo de los venezolanos del presente y del futuro: sus recursos de hidrocarburos.

A pesar de haber sido derrotados muchas veces, de haber sido silenciados y vetados en los grandes medios de comunicación, remontamos la "moderna" matriz de opinión, que se instauró en el inconsciente de los venezolanos, según la cual era urgente la privatización de PDVSA para propiciar la expansión ilimitada del negocio petrolero y lograr por esa vía el luminoso desarrollo de Venezuela. Combatimos las políticas expansivas y las trampas a la OPEP. Resistimos las difamaciones que nos presentaban como "tontos útiles" y agentes al servicio de los gobiernos árabes y por el otro lado, contradictoriamente, nos presentaban como unos ignorantes, fundamentalistas y atrasados dinosaurios patrioteros.

Hoy, el balance es positivo. Como he dicho en anteriores oportunidades, incluido "Apunte" de la quincena pasada, hoy PDVSA sigue siendo de todos y cada uno de los venezolanos, la OPEP ha demostrado una vez más su vigencia y el precio del petróleo más que triplica los niveles de febrero de este mismo año.

Pero además, concluido el debate constituyente -en el cual participé como asesor de la Comisión de lo Económico y Social y, especialmente, apoyando el arduo trabajo de los constituyentes Luis Vallenilla y Gastón Parra Luzardo- puedo decir que una parte sustancial de ese balance positivo lo representan los artículos del Proyecto de Constitución donde se ratifican la propiedad inalienable e imprescriptible de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos (Art. N° 12), la reserva al Estado de la actividad petrolera (Art. N° 302) y la propiedad estatal de la totalidad de las acciones de PDVSA (Art. N° 303). 

No fue una batalla fácil, ni tampoco ganada en toda la línea. Las fuerzas de la privatización y la integración sin condiciones a los mercados globalizados ejercieron toda clase de presiones sobre la Asamblea Nacional Constituyente y, con los buenos oficios de algunos "constituyentes sensatos y modernos" lograron insertar, en los dos últimos artículos mencionados, algunos párrafos -denominados "coletillas" en la jerga legislativa- atenuantes de la disposición fundamental, con los cuales buscarán, en el futuro inmediato y en un contexto más favorable a sus intereses, adulterar la voluntad del constituyente, convertir lo negro en blanco e imponer su antinacional voluntad privatizadora.

Por eso, es necesario no dormirse en los laureles y mantenerse alerta, porque se trata de un combate sin fin. Y por eso mismo creo pertinente traer a colación lo dicho en una edición anterior de esta columna, (ABC Petrolero N° 66), cuando hacía referencia a los logros de FUNDAPATRIA frente al gobierno anterior, a propósito del inicio del debate constituyente:
"Responsablemente, sin embargo, debemos reconocer que no hemos ganando la guerra. Que a pesar del gigantesco logro de haber impedido que la administracion Caldera-Giusti-Arrieta concluyera sus planes privatizadores, las fuerzas e intereses que mueven esos planes siguen vivos y actuando en nuestra esfera pública, planteando nuevas batallas, mejorando sus armas, afinando sus estrategias.En razón de ello, los sectores e individualidades que se consideran identificados con la defensa del patrimonio nacional deben, también, preparar sus armas." (Miércoles, 11 de agosto de 1999).
Apenas tres meses después de haber escrito lo anterior debemos ratificarlo. No basta el texto de los artículos constitucionales citados porque, como ya dije, en ellos ha quedado inserto el virus que posibilita su propia destrucción. Así lo perciben y anuncian con aires de triunfalismo los más perspicaces e insistentes voceros de la privatización, quienes adaptan sus propuestas al ritmo de los acontecimientos y nunca se dan por vencidos, porque se trata de la defensa de unos intereses muy jugosos y particulares.

Veamos algunos ejemplos.

Alberto Quirós Corradi, en su columna dominical de El Nacional, el 24 de octubre pasado, proponía la realización de un referendum, "que le pregunte al pueblo si quiere que el subsuelo y Pdvsa sean del Estado, o si prefieren ser los dueños directos de esos bienes, bajo un sistema de administración que les conceda acceso directo a parte de los beneficios que generan, y una voz en la forma de gerenciar el negocio petrolero"

Muy precavidamente, concluía afirmando que "Si el referendum favorece al estatismo será porque todavía no estamos listos para entrar en la modernidad"

Y precisamente, poco tiempo después, (El Nacional, domingo 14 de diciembre de 1999, "El cónclave del desvarío") cuando ya era evidente que se aprobarían las citadas disposiciones constitucionales de reserva al Estado y adoptando la típica actitud de decir que las uvas estaban verdes, sostiene que, aunque "esa pudiera ser una posibilidad a largo plazo, no la promuevo ahora".

Pero lo más importante de todo es que en ese artículo Quirós Corradi, haciendo gala de su muy reconocida experticia gerencial, delata la forma como, de todas maneras, podría ser utilizada la "coletilla" del Artículo 303 del Proyecto constitucional, según la cual se pueden vender filiales de PDVSA, para desnaturalizar el sentido inicial de la norma: transferir a esas filiales todos los activos de PDVSA y dejar a los venezolanos con una titularidad vacía. Veamos.

"Como no se podrán vender acciones de PDVSA… ¿Se podrán vender activos? (Eso permitiría descapitalizar totalmente a Pdvsa sin vender acciones).
¿Se podrán vender empresas propiedad de Pdvsa, como Citgo y Veba-Oel? (Otra descapitalización).
¿Se podrán crear filiales del tipo de las antiguas Maraven, Lagoven y Corpoven y venderlas después? (sin vender acciones de PDVSA).
Como se podrá apreciar, ese afán de "blindar" algo, lo que hace es abrir mas huecos de los que tapa."

Por su parte Francisco Monaldi, el ideólogo de la más antipática propuesta privatizadora que conozco, aquélla que postula el reparto de las acciones de PDVSA entre los venezolanos mayores de 18 años, es decir, entre menos de la tercera parte de la población actual, desheredando a las otras dos terceras partes y, desde luego, a los cientos de millones de venezolanos que nacerán en el futuro previsible de existencia del petróleo en nuestro subsuelo, anuncia triunfalmente que lo que se omitió en el texto del proyecto constitucional fue precisamente la propuesta radical de FUNDAPATRIA en materia petrolera y que, por ello, ahora están dadas las condiciones para "transformar a los ciudadanos en socios-propietarios de su principal negocio" 
("¿Por qué Chávez se la juega con Pdvsa?", El Nacional, 28-11-99, pág. E-9).

Pues bien, si ellos no se cansan de postular sus posiciones privatizadoras, nosotros tampoco debemos cansarnos de defender la propiedad colectiva sobre un bien cuya duración trasciende la vida de varias generaciones de venezolanos y sobre el cual esta generación sólo puede ejercer un derecho de usufructo parcial y tiene el inmenso deber de garantizar el mantenimiento en óptimas condiciones de la industria, con una producción eficiente y racional que no violente -como se hizo entre 1997 y 1998- los óptimos y máximos técnicos y que, por el contrario, preserve, para el disfrute de nuestros descendientes, la larga vida de los inmensos yacimientos, muchos de los cuales todavía no son explotables.

En verdad que todas las propuestas antinacionales de enajenación de ese patrimonio son posibles porque así lo permiten las rendijas que han quedado en las normas constitucionales mencionadas, pero para poder llevarlo a cabo tendrán que enfrentar a una colectividad mucho más consciente de sus derechos. El fomento de esa conciencia dependerá precisamente de todos aquellos que, como FUNDAPATRIA, comprenden que un reparto de las acciones de PDVSA, así sea en la más atractiva de las versiones, concluirá inevitablemente en el despojo de los venezolanos por parte del gran capital transnacional. En esa tarea estamos comprometidos.

jueves, 02 de diciembre de 1999




Una de las argucias que se han convertido en moneda de curso legal entre algunos de nuestros analistas petroleros es aquélla de calificar como "rentista y estatista" a la política petrolera tradicional venezolana de defensa de los precios y aumento de la participación fiscal. 

Esta política, que fue abandonada con resultados desastrosos en el quinquenio pasado y viene siendo rescatada  desde el inicio de este gobierno, logrando la triplicación de los precios petroleros vigentes en febrero pasado, cobra nuevos bríos ahora, cuando se le ha otorgado rango constitucional al tradicional derecho soberano de la Nación sobre el subsuelo y los "bitúmenes y jugos de la tierra", establecido por ley (Real Cédula) desde la constitución de la Capitanía General de Venezuela.

La referencia histórica no es ociosa. Intento poner de bulto el reduccionismo de quienes pretenden que postular la defensa de la soberanía nacional sobre los recursos de hidrocarburos y su industria es una actitud política derivada de la persistencia en un enfoque teórico recientemente desfasado: estatista, paternalista, benefactor de los desposeídos, asistencialista, redistribuidor de los ingresos, promotor de la justicia social y no del desarrollo, originado por una mezcla indigesta de cepalismo, marxismo, keynesianismo y cuanta cosa "pasada de moda" se pueda uno imaginar.

Así, utilizando la transmisión al pasado de la ideología contemporánea que utilizan los autores de las comiquitas norteamericanas "Trucutú" y "Los Picapiedras", podríamos pensar que de alguna de esa desviaciones teóricas, características del siglo XX, ha debido sufrir el Rey Carlos III de España en 1783, cuando aplicó a la Capitanía General de Venezuela las normas del Fuero Viejo de Castilla en materia de minería y con ello, en su condición de soberano absoluto de las colonias americanas, se reservó para sí el usufructo privilegiado de las riquezas de esos subsuelos.

Todo esto viene a cuento, porque de lo que se trata en esta discusión es de una cuestión de ejercicio de la soberanía, no carente, desde luego, de intencionalidad ideológica, pero que no puede identificarse, como se pretende, con determinadas concepciones políticas venidas a menos en este último cuarto del siglo veinte. Por el contrario, sea cual sea nuestra posición en materia de política económica o nuestra condición social -Rey absolutista, empresario multinacional, economista neoliberal, obrero petrolero o recogelatas- todos tenemos posiciones, ambiciones y aspiraciones sobre la propiedad y usufructo de un bien que, por su magnitud y su perdurabilidad, algunos creemos que sólo debe ser aprovechado colectivamente y en el transcurso de varias generaciones.

En este debate, que ya lleva varios años, los partidarios de la privatización petrolera han venido utilizando regularmente un recurso argumental muy manido pero efectivo: poner al adversario a sostener estupideces para luego rebatirlo a placer. Atribuirle al contrario toda clase de dogmatismos y fundamentalismos para hacer gala de moderna racionalidad. 

Si además, se hace mención de estar utilizando los postulados de alguna novedosa escuela de pensamiento, se habrá demostrado que quien habla es un actualizado ser que utiliza los últimos adelantos de la ciencia para enfrentar a hordas de fanáticos ignaros.

Tal es el caso del Dr. Luis Carlos Palacios en su artículo "El contenido económico del proyecto de Constitución", aparecido en la edición correspondiente a la primera semana de diciembre de Venezuela Analítica y cuyas apreciaciones fueron reproducidas editorialmente por el diario El Mundo pocos días después. 

El Dr. Palacios, apelando a los preceptos de la "nueva economía institucional", critica al proyecto constitucional por ser "rentista y estatista". Al hacerlo, identifica al "esquema rentista" como aquél que sostiene "que la explotación de los recursos petroleros naturales … debe ser reservada al Estado … o regulada de manera tal, que buena parte de los ingresos que se derivan de esta actividad se trasvasen al colectivo social a través del Estado". (Lugar citado)

Ante esta formulación, mi única observación se refiere al calificativo de "esquema rentista", endilgado a lo que, como ya dije, es simplemente un problema de soberanía, de propiedad sobre un bien que hasta ahora es inconmensurable. 

Por el contrario, la presunción de una voluntad redistributiva en la reivindicación de la reserva al Estado del control y administración de esos recursos es correcta, en tanto que quienes sostenemos esa posición consideramos que se trata de una propiedad colectiva y que su usufructo debe tener también esa característica colectiva, pero no lo hacemos por irracional romanticismo justiciero y socialistoide, sino por una cuestión de derechos ancestrales que hasta nuestros días han sido convertidos en letra muerta.

Aunque parezca lo contrario, lo que yo estoy reivindicando es mi derecho particular, privado, pero compartido con otros 23 millones de venezolanos, de tener acceso al disfrute de una riqueza descomunal y, más allá, garantizarle a mis descendientes de las próximas y lejanas generaciones una herencia también colectiva. 

Creo que el único medio efectivo que tengo yo -hijo de obrero ascendido socialmente por virtud de la renta petrolera a la condición de profesor de una mendicante universidad estatal- para garantizar esas aspiraciones privadas e individuales, es manteniendo semejante riqueza bajo el control de un administrador colectivo: el Estado.

No se trata de que el Estado bondadoso me esté "trasvasando" algo, a manera de la beneficencia pública. Se trata de mis legítimos derechos como venezolano, como titular de un respetable acervo patrimonial. Y lo que defiendo es mi derecho a no ser despojado de mi propiedad y a que no se desherede a mis descendientes.

Desde luego, hay algunos venezolanos, miembros de la élite que durante ocho décadas estableció, consolidó y usufructuó el viejo modelo parasitario-clientelal de reparto de la renta petrolera, quienes, en consecuencia, poseen mayores y mejores medios que el 90 por ciento de sus coterráneos y quienes, por ende, podrían aplicar con ventaja el dicho, común entre los que alguna vez disfrutáramos del plebeyo placer de sorber cucuruchos de harina de maíz Cariaco tostado, según el cual, "el que tiene más saliva traga más harina".

Esos venezolanos no están preocupados por el escenario privatizador. Por el contrario, lo promueven: competitivos al fin y al cabo, sueñan con que, a diferencia de los habitantes de Carapita o Barrio a Juro, ellos sobrevivirán indemnes, y aún más opulentos, a la masiva adquisición de acciones de PDVSA a precios de gallina flaca que será organizada por sus fraternales socios del capital petrolero internacional después del cándido y equitativo reparto inicial. 

[Valga una digresión para decir que cada quien es libre de soñar lo que le dé la gana, pero en mi opinión, estos "venezolanos competitivos" saldrán tan chasqueados como todo aquél que hace pactos con el diablo]

Ahora bien, hasta aquí podría considerarse que la discusión versa sobre una diferencia de enfoques, producto de posiciones ideológicas y sociales divergentes. Pero hete aquí que aparece en el artículo comentado la apelación al recurso de atribuir sandeces al adversario:

"Esta fuente de recursos sería capaz de financiar en forma amplia tanto servicios como gastos para dinamizar la economía: gasto corriente o transferencias (amplias y relativamente indiscriminadas), servicios sociales subsidiados, apoyo a otras actividades productivas y gasto fiscal de inversión. La idea central es que la actividad que genera este ingreso excepcional no debe quedar bajo la égida del sector privado y que el Estado debe y puede funcionar como un benefactor honesto, eficiente y benevolente." (L.C. Palacios, lugar citado)
Tales afirmaciones, llevadas a los límites del absurdo, no son sostenidas por ningún agente o factor político actuante en la Venezuela contemporánea, pero son bien útiles para redondear la posición del Dr. Palacios, quien de seguidas procede a demostrar lo obvio: que los futuros recursos generados por la industria petrolera no alcanzarán para cubrir semejante gula redistributiva. 

De hecho, y cuando ya estábamos concluyendo estas líneas, aparece en Venezuela Analítica de la tercera semana de diciembre la referencia a la existencia en "Analítica Research" de un nuevo trabajo del Dr. Palacios, preñado de estadísticas y escenarios: "El aumento de los ingresos petroleros puede no ser suficiente para superar la crisis"

La gran pregunta es ¿quien sostiene lo contrario?

A mi manera de ver, tal descubrimiento del agua tibia es el resultado de no haber tomado en cuenta lo que al respecto ya había sido expuesto por Juan Pablo Pérez Alfonzo en un año tan lejano como 1971, cuando alertaba sobre la tendencia declinante de la participación fiscal petrolera y la incapacidad de tales ingresos para reproducirse: "la imposible siembra". Ello quedó documentado en varios de sus trabajos posteriores:

"Actualización de hechos y cifras muy trajinados pero frecuentemente olvidados. II.- Venezuela: la siembra imposible" Prensa Petrolera, Documentos No. 3, Caracas Diciembre de 1974. Recopilado en Hundiéndonos en el excremento del diablo, Editorial Lisbona, Caracas, 1977. Págs. 203-242.

"Peligros del petróleo, el efecto Venezuela", Le Monde, 31 de octubre de 1975. Recopilado en Hundiéndonos en el excremento del diablo, Editorial Lisbona, Caracas, 1977. Págs. 19-31.

"Venezuela se acerca a la debacle" Caracas 1978. Recopilado en Petróleo y Ecodesarrollo de Venezuela. Dorothea Metzger, compiladora. Coedición ILDIS – Editorial del Ateneo de Caracas, Caracas 1981. Pags. 85-179.

Años después, ya en los 80 y con la industria petrolera nacionalizada, algunos de los discípulos de J.P. Pérez Alfonzo, con Francisco Mieres como mentor principal, identificábamos el problema en cuestión como "una tendencia estructural a la declinación de la capacidad generadora de excedentes de la producción petrolera".

Por sostener tal caracterización y advertir de sus consecuencias, algunos fueron catalogados por el entonces Presidente de la República, Luis Herrera Campíns, como profetas del desastre… hasta que sucedió el viernes negro venezolano de febrero de 1983…

Debo decir, finalmente, que la técnica del boxeo de sombras contra escenarios absurdos es una rutina argumental, muy propia del moderno expansionismo privatizador petrolero, a la cual he denunciado en trabajos anteriores. 

De manera particular, en mi libro "El Poder Petrolero y la Economía Venezolana", (CDCH-UCV, Caracas 1995), hice referencia a soliloquios similares contenidos en las "Guías Corporativas 1993-1998" de PDVSA, material confidencial que pretendía sustentar teóricamente los faraónicos planes de expansión de la producción petrolera propuestos y adelantados ruinosamente por esa corporación para el quinquenio mencionado. Veamos:

"El [escenario, n.n.] primero, al cual llamaremos PRODUCTOR, supondrá que se dan las condiciones políticas y fiscales para la expansión de la Industria en función de nuestra base de recursos de hidrocarburos. En contraposición, un segundo escenario al cual llamaremos RENTISTA, supone que dichas condiciones dan pie a un nivel de desarrollo de la Industria que estaría por debajo del potencial que brinda la base de recursos existente…"

"…en el escenario PRODUCTOR, el desarrollo del sector petrolero permitiría realizar la transición de una economía petrolera rentista hacia una economía menos petrolera y definitivamente no rentista, donde el petróleo apuntalaría el desarrollo de otros sectores económicos…"

"El escenario RENTISTA, por su parte, representa otro extremo, la ausencia de acción, la simple explotación de la base actual de recursos con su agotamiento paulatino. La consecuencia sería la prolongación, por quince años más, de un cuadro de crisis y estancamiento." (Guías Corporativas citadas)

Huelga decir que los autores de ambos escenarios los adoban convenientemente y el resultado es siempre el esperado por ellos. No importa que, por ejemplo, no existan los sostenedores del escenario rentista ni se puedan identificar sus supuestos en ningún escrito o discurso público o privado... lo que importa es que el escenario que yo defiendo siempre gana. Pero cuando un tercero hace ejercicios imparciales con tales escenarios aparecen sorprendentes contradicciones…"
(C. Mendoza P., lugar citado).

Hoy en día, vistos los catastróficos y lamentables resultados del expansionismo petrolero, que en esas "Guías Corporativas 1993-1998" defendía el Economista Jefe de PDVSA, Ingeniero Ramón Espinasa, no es necesario hacer "ejercicios imparciales", basta simplemente con constatar la realidad de los años 1997-1998 y su espectacular reversión a partir de febrero de 1999. Lo lamentable a estas alturas es la persistencia en el error de algunos analistas… ¿Error? Nos remitimos al título que encabeza estas líneas.


FUNDAPATRIA, ABC Petrolero, lunes, 27 de diciembre




sábado, 8 de junio de 2019

OPPORTUNITY ONLY KNOCS ONCE...... for the oil scramble


Opportunity only knocks once...

for the oil scramble


Carlos Mendoza Pottellá - May 28, 2019

In previous works I have exposed the oil tragedy that the Nation is living, a result, in part, of the terrible planning of “pregnant birds” around the Orinoco Belt and the supposed "greatest oil reserves of the world", the technical disability, especially political-economic, management increasingly less professional and the overwhelming corruption, factors whose perverse effects are accentuated in a hostile geopolitical environment, blockade and sanctions exercised by the most powerful world power. [1]

The following graph, which I have reproduced in previous works, and in which the path of 103 years of oil production is recorded, confirms the seriousness of the aforementioned circumstances.



If attention is focused on the last two decades, the following can be observed:
The oil production, recovered from the 2002-2003 sabotage, when it sank at specific levels of up to 300 thousand barrels per day and an average for all of 2003 of 2.8 mbd, rose by 469 thousand bd to reach, in 2005, the 3 million 269 barrels per day in the annual average.

From that year-precisely the one during which the new expansion plans were formulated up to 5 million barrels per day, heirs of the failed and open expansive plans of 1994-1998-the average production began to fall, until landing at 2 million 894 thousand bd in 2013. That is, a decrease of 375 thousand barrels per day in eight years.

In spite of everything, and as I have mentioned in the works cited, in the following years, from 2012 to 2016 the PDVSA planners continued to present projects with goals dissociated from reality, from 5, 6 and even 7 million barrels per day by 2021 , supported by budgets impossible to finance, at any price predictable then for the oil barrel.

In the 2015-2019 investment budget, $ 234,357 million were programmed in 5 years, only for exploration and production, and a total investment of 302,316 million.

And much less feasible were those disbursements for an industry with financial results such as the following:



On the contrary, and as can be observed in the first mentioned graph, production fell to 1 million 911 thousand barrels per day in 2017, five million barrels per day less than the goal that was intended to be reached two years later.

From then on, and with the downward trend exacerbated by the application of the policies established in the "America First Energy Plan" of Donald Trump against the "outlaw states" of Iran, Russia and Venezuela, the collapse precipitated up to 800 thousand barrels newspapers registered in April of this year, after the sanctions provided in that plan became effective.

In spite of everything, in a year of planning default, and as recorded in the same chart, at the end of 2018 PDVSA's new goal was published: to produce 5 million barrels per day in 2025. Do you need comments?

This reiterated diagnosis has always been animated by the will to find ways of solution, means for the preservation of the main national mining patrimony. Of this I leave testimony in the references of this note. [2]

But the evidence of the current tragic circumstances has stimulated a new proliferation of proposals and perverse solutions, loaded with the ancestral privatist will: that which promotes the dispossession of the collective patrimony for the benefit of the most qualified sectors to obtain great benefits of the free market.

Regarding the sustenance and seniority of this debate and my arguments in this regard, I am forced to insert other personal references that I consider pertinent:

"... today it is fashionable to stop being rentiers and to stimulate productive scenarios where the private sector leads the baton, as in any capitalist society that prides itself on being so. Overcoming the obstructions generated by the state property over the oil resource, the real collective interest, in this sector, would be in the multiplying effects that private businesses would have in the reactivation of the supply and aggregate demand of goods and services, which, in turn, they will stimulate the growth of production and employment in the rest of the national economy. " [3]

"Many compatriots have been touched by the opinion matrix according to which, the privatization of Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA) can be the cure of all our economic evils. We will pay the external debt and we will continue expanding our oil production. The development of non-oil activities will come later. The serious circumstances in which the immense majority of Venezuelans live, located between chronic poverty and extreme poverty, make the privatization route urgent. Nationalist positions in this area are equated to attitudes of the miser, who dies of indigence in a bed of golden morocotas. " [4]

The main instrument of these proposals is based on a distorted interpretation of our history and an intentional confusion of concepts such as State, Nation, government, republic, collective heritage and citizenship, from which a fallacious discourse is devised, according to which Citizens, true owners of oil resources, are dispossessed by the State when it "appropriates" the benefits -the rent- generated by the industry that converts these minerals into products for the market.

"Exactly, the confusion between the terms government, State and Nation, are part of the discursive arsenal of those who postulate the primacy of private property over public property, privatization as synonymous with liberal democratization. When they condemn the "statist" policies that maximize what the government "intends to take", they obviate the fact that that government and that State are temporary entities that represent the rights of the eternal Nation, that is, the concept that encompasses all Venezuelans, alive and unborn, whose heritage must be managed with criteria of maximum present and future use. " [5]

A sample of that manipulative discourse was delivered to us more than three decades ago by a prominent epigone of the kindness of American liberalism, ashamed of our "absolutist" legal tradition and distorting, incidentally, the Bolivarian spirit that was expressed in its 1829 decree, which reserves the mines of any kind to the Republic and has been the foundation of the Venezuelan mining right until our days:

... our republican history shows the transition from the sovereign-king to the sovereign-civilian, be it the dictator-despot before or the dictator-political parties now.
Influenced by the Marxist-Leninist and fascist doctrines, equally absolutist, many of our thinkers turned away from the liberal ideas of Bolivar and Sucre, taking the notion that sovereignty rests in the State or the people as a whole ...

... the United States flourished because, in truth, they gave sovereignty to the individual

... They did not reserve to the State any material good (except for some natural parks), or industrial, commercial or service activities. Each one would produce primarily for himself and his family, and subsidiary for the community. Great distinction with absolutism! For in this work belongs first to the sovereign-king, to the sovereign-State or to the sovereign-people and only later to the worker and his family. [6]

From that fallacy has been promoted, and is still proposed today, the most demagogic and anti-national proposals: distribute annually a substantial part of the profits and all the dividends of the oil industry among citizens, that is, the largest of 18 years old. [7]

Antinational, unambiguously, because it is a proposal that strips the eternal Nation, that is, all living and unborn people in this country until the moment it disappears as such entity, for causes such as foreign conquest or nuclear cataclysm.

The inhabitants of Venezuela over 18 years, estimated at 20 million at the end of this year, constitute 60% of the total population, estimated at 32 million people for the same date.

At the time of such distribution of dividends, the portion thus privatized would be devoted largely to fuel the consumer market and the realization of investments that will burn in the great fires of the processes of centralization and concentration of capital characteristic of any free market, but even more when it comes to hungry people stimulated as the Pavlov’s dog towards the immediate consumption, in which spreads the massive propaganda of purchases by Amazon and investments "from only 500 thousand dollars" to obtain the Visa EB-5 of business in the United States.

Consequently, over time, the participation directly received by the majority of those twenty million "privileged" will be concentrated in the hands of entrepreneurs and another large part of them will be added to more than 10 million of the " minors "who will automatically be disinherited from their heritage. Given the current population growth rates, by the year 2050 another 8 or 9 million new disinherited will have been born in this country.

Beyond, we can not venture anything, especially if the forecasts on the change of the energy matrix are met in terms of the decrease in the use of hydrocarbons in the next three decades, which would lead to the facilities to extract oil in the following 600 years to become the dreaded "stranded assets" that today terrify the shareholders of Exxon Mobil and its corporate oil sisters.

The fallacy of these proposals is immeasurable, when it is intended to compare an annual dividend distribution fund with other transgenerational savings funds, such as Norwegian or Kuwaiti, which are precisely designed for "the new generations" and to postpone the consumption of income. extraordinary, which otherwise would cause perverse effects in their respective economies, such as those that gave rise to the so-called "Venezuela effect" (just as well characterized by the Norwegians and predicted in 1930 by Alberto Adriani) or the most recent, and popular among our novelists economists unfamiliar with the national economic history, "Dutch disease".

And it is about privatizing, not "de-statistizing", because it is about making private what is a public good, which must have a destination of collective benefit, of public service, of investment to increase the patrimony of all, of the Nation everything.

The media manipulation of these concepts, makes even the person hesitate before using the word "public", because it can be interpreted as "belonging to the State".

This manipulation led to extremes such as those of a well-known oil manager of the 70s, Shell-Maraven, when he proclaimed: "If I am a shareholder of Shell, why can not I be one of PDVSA?"
And that, precisely, was one of the first proponents of the distribution of shares of PDVSA among those over 18 years, always founded on the same argument:

"- By not resolving the differences between the State and the nation, it will leave the State the property of the oil fields when these should be the property of the nation. That is, of all of us. The State is its regulator, but not its owner. " [8]

Already by then, I was immersed in the debate of the "oil opening", and responded:

The opening is just the contemporary chapter of a policy that has always had the same sign: the expropriation of the collective heritage for the benefit of transnational big capital and the creole exploiting elites, whose spearhead is today, and for 20 years, the managerial domes of privatization mentality entrenched in the command posts of the state company. [9]

Over the years, now faced with the critical situation referred to in the first lines, the neoliberal matrix is ​​now reborn, now institutionalized in centers that promote this doctrine, such as CEDICE:

 "It is necessary to review the relationship between the State and Society with respect to the income produced by hydrocarbon activity, so that it goes directly to citizens. The economic surplus that originates in the oil activity, which corresponds to the Nation, will be entirely destined to the creation of a FUND, which will be the Savings, Patrimony and Investment Fund of the Venezuelans. Your performance will be delivered directly to each Venezuelan through individual accounts.
...
It will be necessary for PDVSA to stop being an operator and turn it into an excellent administrator of the Production Sharing Agreements, on behalf of the owners of the resource, all citizens. " [10]

Right now, at critical moments for the Nation and starting from this matrix CEDICE, we reached the future, and appears a new privatization proposal, wrapped in the attractive gift role of "democratize the oil income".

The decoys, are the same as always: Maximize oil and gas production, diversify the economy, sustainable development and environmental balance.  The best of all possible worlds. [11]
Starting from an affirmation that can be generalized to all the governments that have been in this country, according to which the groups that control the political power privatize the profits of the oil industry by appropriating them and that the rest of the Venezuelans always assume the losses, they propose a "new distributive scheme" on which they base their "oil democratization" project:

"We propose that part of the oil income be deposited in individual accounts of each Venezuelan adult without distinction of any kind and for this we propose to account clearly and separately the part of the oil revenue that corresponds to the State and that which corresponds directly to them to the citizens ..." [12]

Although it is a much more elaborate proposal than those of its predecessors, regarding the restriction of the destiny that each citizen will give to his portion of the oil income, when establishing that it will be applied to the saving of a pension, the financing of education , the acquisition of housing, hospital medical care and productive investment, the mere mention of these items prefigures a future in which health, education, social security and even retirement pension will be matters of which each individual should be provided, reducing the role of the State to the police, administrator of justice, guard of the borders and monopolist of the limited arms of the Republic. The ideal of liberal extremism.

Everything else can and will be privatized: schools, universities, hospitals, airports, parks, highways, pension funds, issuance of coins, jails and asylums. And all this for the benefit of its most capable citizens, entrepreneurs and survivors of the vortex of free competition.

The theoretical and ideological justification of the very recent López-Baquero proposal is the same and old one of Quiroz Corradi-Monaldi, Sosa Pietri, Giusti, Espinaza and others: It is the citizens, those with the right to vote according to civil codes, those over 18 years, the real owners of land rent and not the State. That is to say, we will reiterate until we are tired, not the Nation.

Depart as already referred, from the confusion of the State with the Nation and the reduction of this to its citizen portion, over 18 years:

"... we propose that the oil income generated by the sale of oil be divided between the State and the citizens. ...

The inheritance and the current framework define that the ownership of oil belongs to Venezuelans; however, this property must be extracted and sold to distribute it. Property acquires value beyond the legal formalism that belongs to all of us. It is for this reason that we consider that it is the oil income and not the deposits in the subsoil that we must distribute. [13]

From these postulates defines the portions that will make up the "Citizen Petroleum Income" and that must be deposited annually in the individual accounts of each citizen, in a "Patrimonial Fund of the Venezuelans":

… All the royalty, the surcharge of 16% of Income Tax applied to hydrocarbons and all dividends declared by PDVSA.

That is to say, all the rentistic surplus, the oil rent, rent of the land, which is perceived by the ownership of the subsoil, of its mines of any kind, including "bitumen and juices of the earth", which "corresponds to the Republic" from the Decree of the President of Colombia in 1829, it will be assigned to 60% of the current living population.

Of course, this Patrimonial Fund "will manage an important amount of resources that can be based on strict criteria of efficiency and transparency, guarantee a safe and reasonable return on the investments of these funds ..."

In other words, instead of being the republican State, legally, constitutionally and historically constituted as guarantor of the permanent interests of the Nation, it will be the entrepreneurs-administrators of a partial Fund, that of citizens older than 18 years, who will decide the fate of the ancestral and future collective heritage of all Venezuelans.

And none of this has to do with the funds created in other latitudes - Norway, Kuwait - to which is falsely referred to as alleged paradigms for the establishment of a privatizing contraband.
The bloody irony of the authors of this proposal expropriating the future inhabitants of the country is in its dedication:

"We dedicate this book to the new Venezuelan generations" [14]
May, 2019

[2] Petróleo y Geopolítica, en  Nacionalismo Petrolero Venezolano en Cuatro Décadas, pág. 628.  

Venezuela: Potencia o botín
,

Política petrolera a la manera de los músicos del “Titanic”,
 

Citgo, la Internacionalización revisitada,

[3] C. Mendoza P. “Privatizar PDVSA ¿vender el sofá”? en  Crítica petrolera contemporánea,  Crónicas Disidentes Sobre la Apertura y el Poder  Petrolero (1996-1999)
Publicaciones FACES-UCV, Caracas, 2000.

[4] C. Mendoza P. “¿La privatización petrolera hará el milagro?” ABC Petrolero, FUNDAPATRIA, 22 de julio 1998. 
[5] C. Mendoza PIgnorancia Petrolera y Neocolonialismo, en  Crítica petrolera contemporánea.  Op. Cit.

[6] Andrés Sosa Pietri "Apertura petrolera, soberanía y la parábola de los talentos". El Universal, pág. 2-2/ 6 de enero de 1996.

[7]  A precedent of transparent electoral demagoguery was the promotion, made in 2006 by the presidential candidate Manuel Rosales, of a card, "Mi Negra", where each citizen would receive a share in the profits of the oil industry as a contribution to the initial payment of his home.
[8] Alberto Quirós Corradi, “XX Aniversario, PDVSA en la encrucijada”. El Universal,  14 de septiembre de 1995. Pág. 2-2.  

[9] C. Mendoza Pottellá, 1996. “Apertura petrolera: Nombre de estreno para un viejo proyecto antinacional”. Inserto en varios capítulos de  Nacionalismo Petrolero en Cuatro Décadas.  Op. Cit.
[10] Diego González Cruz.  Propuestas para Venezuela. Cómo rescatar a la industria petrolera nacional. CEDICE Libertad, Caracas 2016

[11] Leopoldo López, Gustavo Baquero: Venezuela Energética. Propuesta para el bienestar y el progreso de los venezolanos.  pág. 166.
[12] López-Baquero, Op. Cit.
[13] López-Baquero Op. Cit. Págs..256-262.

[14] López-Baquero Op. Cit. Pag. 11.