miércoles, 24 de julio de 2019

EL CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES


El cartero siempre
llama dos veces

Carlos Mendoza Pottellá
24 de julio de 2019

Este film de Lana Turner en 1941, basado en un libro de James M. Cain y protagonizado por Jack Nicholson y Jessica Lange en su versión de 1981,  nos muestra que la suerte no te acompañará siempre y que algún día te tocará pagar la cuenta.



Aquí, en verdad,  me refiero a otro mensajero insistente.

En mis últimos trabajos he tratado de denunciar el extremismo  privatizador que se esconde tras las novedosas propuestas de quienes promueven la medicina neoliberal como cura de todos los males estatistas que infectan a nuestra industria petrolera.

Sin embargo, y como en todo proceso en el que se juzgan inocencias y culpabilidades, a confesión de parte, relevo de pruebas.

Y este es el caso de ahora, con el Anteproyecto de Ley de Hidrocarburos que ha sido presentado ante la Subcomisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional por el Partido Voluntad Popular y al cual me referí como “Ley Orgánica para la regulación del comercio de esclavos en Venezuela”. (https://www.aporrea.org/energia/a280531.html)

Mi trabajo hizo reaccionar al mensajero, el Diputado Luis Stefanelli, quien reconoce, en declaraciones posteriores  a Petroguía, (http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/nueva-ley-de-hidrocarburos-en-venezuela-prev%C3%A9-recuperar-2-millones-de-barriles-en)
que se trata de parte del Plan Venezuela Energética de Baquero-López, sobre el cual escribí “La oportunidad la pintan calva” (https://www.aporrea.org/energia/a280644.html)

El titular Petroguía de la entrevista a Stefanelli comienza con la oferta caza bobos de siempre: “Nueva ley de hidrocarburos en Venezuela prevé recuperar 2 millones de barriles en tres años”.

Se trata de un instrumento legal, verdaderamente mágico, que pretende soplar y hacer botellas. Veamos, pues, como lo refiere  el cartero:

“…cuyo objetivo es masificar la producción petrolera lo antes posible, rescatar la producción nacional petrolera y desde luego hacer el aporte que siempre el petróleo hará, al menos en los próximos años, a la economía venezolana.”

E inmediatamente viene el mazazo privatizador:

Para lograr estos objetivos planteamos la apertura a la inversión privada nacional e internacional, para lo cual nosotros no limitamos, es decir no obligamos a una asociación para explotar el petróleo venezolano en la cual el Estado venezolano sea necesariamente el socio mayoritario en las acciones, sencillamente desde 0% a 100%, es un proceso de negociaciones, de ganar- ganar.
Si no se abre la industria petrolera, el país está condenado al fracaso. Entonces, lo primero será incentivar la inversión nacional e internacional en la industria petrolera suprimiendo la reserva de la actividad primaria al Estado venezolano, pero teniendo en cuenta que sí mantiene la propiedad de los pozos petroleros y PDVSA, como lo establece la Constitución.
En las disposiciones transitorias se aclara muy bien que los contratos deben ser respetados y que no puede haber cambios en los contratos que no sean autorizados por las minorías. ¿Quiénes son las minorías? Los del 40%, las trasnacionales.

Mención especial merece la frase en donde vincula el ejercicio de la soberanía con la muerte por hambre de los venezolanos, de niños en los hospitales y de 32 balseros desaparecidos en las aguas de Falcón.

Ese término de soberanía, ultroso, grandilocuente que maneja esta gente y que llevan al país a que 5 millones de venezolanos estemos en el exterior, es un término que nosotros vamos a combatir en todos los terrenos.

En un mundo donde las grandes naciones soberanas y sus Estados pugnan por el control de su espacio vital, sojuzgando a las que no tienen como defender su propia soberanía,  Venezuela se adelanta a renunciar a la suya y ofrecer graciosamente su territorio y sus recursos como tierra de nadie, una “no man’s land” esperando a ser capturada.

Dejo al cartero en su laberinto y vuelvo al origen de las propuestas. 

Petroguía nos ofrece una entrega reveladora:

La participación en CERA-Week, evento petrolero norteamericano de importancia global, de los representantes venezolanos de la nueva era petrolera aperturista, Luisa Palacios y Ricardo Hausmann:


Hausmann: PDVSA al mínimo
La intervención de Ricardo Hausmann estuvo centrada en señalar los aspectos que se contemplan adoptar en un eventual gobierno de transición para atraerá inversiones y recuperar la producción petrolera. "Necesitamos abrir la industria petrolera a la inversión privada sin la participación de la compañía petrolera nacional", dijo Ricardo Hausmann en la conferencia, según la reseña de Bloomberg.

Sin la anestesia encubridora de Stefanelli, Hausmann habla con la autoridad de un halcón de los centros financieros y corporativos internacionles, auténticas hermanitas de la caridad, que tienen un generoso “plan de rescate” para Venezuela: Banco Mundial, FMI, Exxon, Conoco, Chevron, Shell, BP, Soros, Trump, etc…

La propuesta se centra en que las empresas transnacionales puedan participar en el negocio petrolero sin que necesariamente se rijan por el esquema de empresa mixta con mayoría accionaria de PDVSA como se impuso en Venezuela después de 2001 y sobre todo de 2007 cuando se migró del esquema de asociaciones estratégicas y convenios operativos a un modelo de empresas mixtas.


Podríamos decir, como en las matemáticas de bachillerato: L.Q.Q.D., Pero el asunto no es tan sencillo.

En primer lugar: nadie niega que estamos al borde del precipicio y que tendremos que hacer todos los esfuerzos necesarios para rescatar una industria petrolera en su peor momento.

Que inevitablemente tendremos que negociar con empresas y centros financieros internacionales, pero, definitivamente, considero que no podemos ir a esa negociación colocándonos en posiciones previas de absoluta minusvalía.

En un país contra la pared, cercado por sanciones internacionales, con una industria petrolera en colapso indetenible, padeciendo de una hemorragia de capacidades técnicas, minada de corrupción, pésima gerencia  y proyectos de pajaritos preñados inviables económicamente,  -que nunca han funcionado a su favor, como la “internacionalización” y los “megaproyectos de la Faja del Orinoco”.

Con el hambre ya instalada en los sectores más desfavorecidos y acechando al 98% de la población para fines de 2019, según pronósticos de Luis Vicente León (http://www.eluniversal.com/el-universal/45982/quien-se-queda-aqui), es tentadora la oferta mefistofélica:

“Esto es un programa de entre 5, 8 y 10 años, en ese lapso ocurren las cosas. De 8 o 10 puede alcanzar entre 3,5 millones y 4 millones de barriles diarios, pero creemos que los primeros 2 millones de barriles de recuperación petrolera, que son los más sencillos, porque son pozos de reciente baja de producción pudieran  ser con un costo bastante menor que reactivar 100.000 barriles normales o nuevos 100.000 mil barriles que requerirían entre 20.000 millones y 30.000 millones de dólares. Esos 2 millones de barriles, nosotros estimamos que podrían recuperarse en 3 o 5 años, quizás menos, todo depende de cómo estén las instalaciones porque, como ya hemos dicho, no tenemos información oficial ni inventario, pero repito una vez más que podemos subir 1,5 millones de barriles en 5 años.”

La eterna danza de los cientos de miles de millones de barriles  anunciada desde 1978 por Guillermo Rodríguez Eraso y fracasada siempre por la insistencia de los “técnicos puros”, quienes no quieren, o pretenden no querer, distinguir entre el 90% de los recursos de crudos extrapesados técnicamente recuperables  del mundo, efectivamente estimadas por el US Geological Survey al norte del Orinoco, y las supuestas mayores reservas  probadas del mundo, “certificadas” con 600 millones de dólares pagados a Ryder Scott entre 2005 y 2007, para engañar a los incautos planificadores públicos.

Pero ahora… ¿Quién quita Venezuela? ¡Sólo tienes que vender tu alma!
¿O es que acaso a los puertorriqueños les ha ido mal? Sin soberanía, pero con nacionalidad norteamericana de segunda, pero que les da derecho a viajar a Miami sin visa, ¡Que envidia!
cmp / 24 de julio 2019

OTROSÍ:

Tal como en trabajos anteriores, la antigüedad y persistencia del debate me obliga a traer al presente viejos argumentos. Las circunstancias cambian, pero los argumentos son los mismos. El 21 de mayo del año pasado, después de terminar el día anterior el trabajo titulado “Política Petrolera a la manera de los músicos del Titanic”,  reproduje dos trabajos de 1997, que ahora mantienen su pertinencia y anexo una vez más:

Bonus Track: Viejos argumentos
para un debate permanente

Carlos Mendoza Pottellá
21 de mayo de 2018

En la sustentación de las posiciones que he venido sosteniendo en torno a las causas y perspectivas de solución de los graves problemas que confronta la industria petrolera nacional y el país mismo, hurgué en materiales propios para encontrar datos y argumentos procesados en otros tiempos sobre situaciones similares . 

Además de los datos que presenté en mi trabajo anterior, terminado el día de ayer en medio de la turbulencia electoral y, por ello mismo, con la sensación de estar en la misma posición  de los músicos del Titanic,  encontré dos textos que reproduzco aquí por considerar que los argumentos esgrimidos en ellos siguen estando vigentes y ponen en evidencia que las circunstancias críticas y las posiciones de los participantes en el debate no han cambiado.  

Escenarios, falacias y caballos de Troya

FUNDAPATRIA, “ABC Petrolero”, 30 de enero de 1997. 

"Crítica Petrolera Contemporánea 1996-2000" 

                                                                                    
En la entrega anterior de “Apuntes...” prometíamos continuar la historia de las relaciones que se instauran en Venezuela en torno al petróleo y su explotación industrial, cuyos protagonistas, contradictorios pero mutuamente dependientes, han sido el Estado venezolano y las grandes corporaciones petroleras internacionales.

Decíamos entonces que esas relaciones florecieron inicialmente dentro del marco del régimen concesionario heredado de nuestro pasado colonial. Concluido el ciclo concesionario, esas relaciones cambiaron de forma con la “nacionalización” de la industria, pero no sólo se mantuvieron, sino que se intensificaron y extendieron a campos inusitados.

Hacíamos referencia a los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización, suscritos pocos días antes del tránsito formal de la industria petrolera a manos del Estado, como los eventos paradigmáticos en cuanto a los vínculos Estado-Corporaciones en los años que siguieron hasta nuestros días. 

Utilizando una terminología contemporánea, en esos contratos se plasmaron los pasos iniciales de la apertura petrolera, porque fue a través de ellos que las antiguas concesionarias pasaron a tener injerencia en espacios distintos a los de las concesiones de las que habían sido titulares hasta 1976.

Fue así como se inició un curso fatal de deterioro de la participación nacional en el negocio petrolero, constituyendo la llamada “apertura petrolera” sólo el Capítulo contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las elites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyen hoy, y desde hace 20 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal.

En los últimos eventos de esa política hubo todo un proceso previo de preparación y hasta un ensayo general: el Proyecto Cristóbal Colón.

En cada escaramuza por la “internacionalización”, la Orimulsión, el mejoramiento de crudos extrapesados y la entrega de los “campos marginales”, se quedaron pedazos de soberanía, de capacidad de control y fiscalización, jurisdicción de las leyes y tribunales nacionales, y, como se constata en las cifras oficiales, de integridad de la participación fiscal.

Todo ello, en nombre del mantenimiento de la autonomía operativa y financiera de PDVSA y sus filiales, pero con los propósitos reales abiertamente planteados por su Presidente: expansión del negocio y “estímulo” a la participación del capital extranjero.

De esta manera es que llegamos "preparados"  para negociar nuevas concesiones con nuestros antiguos y renovados socios extranjeros: con un viejo cuerpo legal, reglamentario y de control desmantelado, pero con un instrumento completamente nuevo y aceitado para el regreso transnacional: el “esquema de ganancias compartidas”.

Es así, pues, como PDVSA ha devenido en la antítesis de lo que debería ser y la empresa del Estado para la administración eficiente de los recursos públicos de hidrocarburos se transforma en facilitadora de oportunidades de negocios privados, promoviendo paulatinas modificaciones legales o propiciando transgresiones legales, multiplicando proyectos de limitada o nula rentabilidad fiscal, impulsando múltiples formas de participación privada, desde la internacionalización, la contratación de servicios y el “outsourcing” de ciertas funciones considerada no medulares, hasta los diversos niveles de “asociaciones estratégicas” que desembocan en el presente otorgamiento subrepticio de concesiones, paso previo a la “democratización del capital” mediante la colocación de bonos y  la venta en forma de acciones de PDVSA y sus filiales.

Tal es nuestra opinión en torno al proceso de la política petrolera venezolana en los últimos 20 años. A contrapelo de las formulaciones legales y reglamentarias, de las tradiciones y rituales de la política petrolera venezolana, con el disfraz de la nacionalización hemos introducido en nuestra casa un caballo de Troya antinacional, el cual, en nombre de supuestos “escenarios productores” y de “combate al rentismo” ha liquidado la capacidad efectiva de captación nacional de una renta que de todas maneras se produce, en tanto que su determinación es el resultado de un intrincado conjunto de relaciones económicas internacionales, establecidas y consolidadas en un proceso que se inició a principios de siglo.   

La falacia del “escenario productor” enfrentado a otro “rentista” queda en evidencia cuando constatamos que uno de los resultados evidentes que tendrá el “esquema de ganancias compartidas” será la minimización de la participación de PDVSA, tanto en su condición de operadora como en la de perceptora de beneficios, colocándose en una posición que no tiene otro nombre sino el de rentista, en tanto y en cuanto usurpa el papel que le corresponde al Ministerio de Energía y Minas en la fiscalización y control de entes operadores extranjeros.

Ahora bien, todo lo anterior constituye una visión particular de un proceso que puede ser evaluado desde ópticas más modernas y con colores menos sombríos. Visiones que, entre otras cosas,  desechen anticuados principios nacionalistas, de soberanía o autarquía, muchos de los cuales se resumen en el antediluviano y pavoso concepto de “patria”.
Visiones que entiendan la realidad unipolar y las condiciones que nos son exigidas para integrarnos a los mercados mundiales, cumpliendo más eficientemente, y sobre todo competitivamente, con nuestro tradicional papel de suministradores de materias primas baratas.

Que tomen en cuenta que, si en alguna oportunidad nos pudimos colar entre los resquicios de la guerra fría y ello nos permitió invertir transitoriamente el sentido de la corriente expoliadora de nuestras riquezas y capacidades productivas, ahora esa posibilidad ya no existe y debemos renunciar a lo que “modernamente” se considera como una participación “exagerada” en la renta generada por nuestro subsuelo.

Eliminemos controles e impuestos, minimicemos esa excrecencia feudal que es la regalía, acordemos depreciaciones aceleradas para la inversión extranjera, reconozcamos toda clase de gastos como costos deducibles para fines fiscales y recibamos los beneficios de empleo y prosperidad que nos ofrecen los capitales internacionales que vendrán a ubicarse dentro de nuestras fronteras, los cuales no serán “capitales golondrinas” aprovechadores de ondas especulativas, sino avezados “capitales vampiros” que chuparán nuestros recursos mientras ello sea lo suficientemente rentable y luego nos dejarán, como siempre, enfrentados a otro “viernes negro” y preguntándonos ¿ en qué nos equivocamos esta vez?

La realidad es terca... pero mucho más lo son los planificadores petroleros 

Carlos Mendoza Pottellá
FUNDAPATRIA, “ABC Petrolero”,  20 de enero de 1997
 "Crítica Petrolera Contemporánea 1996-2000"  (CDCH-UCV 2000)                                                                                                                                                                                                                
Enero comienza y ya casi termina, con noticias nada auspiciosas en materia petrolera: Una caída de los precios del petróleo que ha obligado a redefinir los cálculos presupuestarios y  ha puesto a los planificadores petroleros a producir declaraciones apresuradas sobre el carácter coyuntural del fenómeno: un invierno moderado y los coletazos del “efecto dragón” –que se suponen también coyunturales- son los factores que más se mencionan.

Como comentáramos ya en la columna anterior, algunos llegan al cinismo de achacar el desencadenamiento del proceso a “la sobreproducción saudita” sin mirar la viga en el ojo propio, materializada en varios años de sobreproducción venezolana, la cual en el último de ellos promedió bastante más de un millón de barriles diarios.
De esta manera se pretende, con la clásica “viveza criolla” que no engaña a nadie, que nuestros excesos son benignos y no causan sobreoferta y que la culpa es de los demás.

Por otro lado, considerar coyuntural la crisis de los países asiáticos cuyas monedas han caído entre un 30 y un 80 por ciento desde julio del pasado año, tal como lo reportara recientemente el Wall Street Journal en su versión de El Nacional, deja ver a las claras la voluntad gerencial de cerrar los ojos ante realidades que anuncian tendencias distintas a las pregonadas.

El dogmático optimismo de los escenarios en los cuales basan su política expansiva los planificadores de PDVSA puede evaluarse por su inmutabilidad. 

En efecto, desde 1991 se han mantenido incólumes –salga sapo o salga rana- las proyecciones de un crecimiento de la demanda energética global a una tasa del 2% anual “en los próximos 20 años”.

Más recientemente, en su “Plan de Negocios 1997-2006”  el optimismo siguió creciendo: ahora se proyecta que ya no será la demanda energética, sino la petrolera, la que crecerá a esa tasa  interanual y un poco más (2,1%), con lo cual resulta que el consumo petrolero pasará de 70 millones de barriles diarios en 1995 a 88 MMBD en el año 2006, es decir,  un crecimiento de casi 26 por ciento respecto al año inicial.

Pero las cosas no se quedan allí. Según las previsiones de ese Plan de Negocios, el suministro No-OPEP se mantendrá estacionario durante el lapso considerado lapso, registrándose al final del período una disminución del 1,2%. 

La emergencia de Kazajastán, Colombia, Vietnam, Papúa Nueva Guinea, Uzbekishtán y otros nuevos productores, y la próxima recuperación de un tradicional productor gigante, Rusia, en el cual el capital petrolero internacional está realizando grandes inversiones, será compensada con la inevitable caída de la producción en Estados Unidos, México y el Mar del Norte.

Por el contrario, el suministro petrolero aportado por los miembros de la OPEP crecerá a una tasa del 5% interanual, al pasando de 27,8 millones de BD en 1995 a 47 millones en el 2006, para registrar un 69% durante el lapso considerado. (Nota 2019: trece años después esa producción es de 29 millones de bd)

Y dentro de esas auspiciosas perspectivas de la OPEP a Venezuela se le asigna, por arte de Birlibirloque,  la mayor tasa de crecimiento: un 7,5% interanual, que elevará la producción del país desde los 2,7 millones de BD de 1995 a los proyectados 6 millones de 2006, un crecimiento total de 122,22% durante el lapso.

¡Que sabroso es “planificar” así! Minimizar los factores negativos, espolvorear las dificultades sobre los competidores y  paralizarlos:

Así, PDVSA aprovecha que ellos seguirán empeñados en defender los precios y se lanza a la conquista de una mayor tajada del mercado.

Para ello es necesario asignarse a sí misma todas las bondades competitivas: eficiencia productiva, cercanía a los mercados, garantía de suministro sin perturbaciones bélicas, cultura occidental, bajos precios, apertura a la inversión extranjera con impuestos mínimos y ofertas de privatización total a mediano plazo ¡y ya! la producción comenzará a crecer a tasas aceleradas.

Poco importa que los incrementos de producción se hagan a costos unitarios crecientes y con una participación fiscal y nacional cada día menor. En fin, lo que importa es la expansión del “negocio” y las oportunidades de ganancias rápidas que ofrece a los potenciales socios e inversionistas.

Ah, pero cuando los efectos de la sobreoferta comiencen a sentirse, habrá que echarle la culpa a otros, en particular a “nuestros competidores”, quienes han tenido la osadía de seguir nuestro ejemplo y comienzan a recorrer el camino de la sobreproducción. ¡El colmo es que hasta santificaron nuestra sobreproducción en su última Asamblea OPEP, para poder hacer lo mismo! “Pero eso es coyuntural”.

Venezuela, que tiene 27.000 pozos en capacidad de producir y que en efecto produce por unos 14.000, a una tasa de 250 barriles diarios es, a pesar de ello, y según los cálculos de PDVSA, uno de los productores de más bajos costos unitarios, tanto, que puede competir ventajosamente con  Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Irán y los Emiratos Arabes, los cuales producen por mucho menos pozos y a una tasa promedio de 5.000 barriles diarios.

Sólo los eternos inconformes se atreven a insinuar que en esos países el costo unitario por barril está por debajo de los dos dólares y que en el nuestro pasa de cuatro de esos billetes... y hasta de seis si es para declararle costos a la OCEPRE.

Ironías aparte, se trata de un asunto de una gravedad particular, donde están en juego gigantescas cantidades de recursos materiales y financieros y donde un tratamiento subjetivo, falaz y sesgado por los intereses particulares, nacionales y sobre todo extranjeros, que han impuesto la política de expansión a todo trance, tendrá consecuencias catastróficas para el país y, sobre todo, para los más golpeados sectores de la población.
cmp / 24 de julio de 2019

miércoles, 17 de julio de 2019

NUEVO PROYECTO DE LEY DE HIDROCARBUROS


Ley Orgánica para la regulación
del comercio de esclavos en Venezuela

Carlos Mendoza Pottellá
17 de julio de 2019




En  trabajos anteriores he estado denunciando a los pescadores en río revuelto, aquellos que se adelantan a proponer la construcción de un futuro petrolero para Venezuela centrado en el aprovechamiento privado del patrimonio colectivo. [i]

En el último de ellos tuve que retroceder 20 años para referir los términos del debate constituyente de 1999 sobre el tema, para seguir insistiendo en los argumentos esgrimidos desde entonces frente a quienes continúan difundiendo, como señuelo demagógico, definiciones trucadas de los conceptos Estado-Nación, Gobierno, propiedad pública, propiedad colectiva y propiedad privada, para proponer que, como “la Nación somos todos”, podemos repartir ese patrimonio entre los vivos mayores de 18 años, despojando al futuro.

La discusión de estos temas desborda los limitados conocimientos legales de un economista asomado a leyes, códigos y constituciones. De hecho, el rebuscado galimatías privatizador se fundamenta en la seguridad de que existe un generalizado desconocimiento de la historia de nuestro ordenamiento jurídico y político.

Pero hete aquí que aparece, introducido para su discusión en la Asamblea Nacional, un “Anteproyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos”[ii] que resume todas las falacias y distorsionadas interpretaciones denunciadas desde hace treinta años, lo cual me obliga a seguir incursionando en estas aguas procelosas.

Con este instrumento se trata de proponer el desconocimiento de todo el ordenamiento legal y constitucional venezolano y retrotraer al país a la época anterior al Código de Minas de 1904, con el cual, previamente modificado, Cipriano Castro otorgó masivas concesiones en 1906 a un grupo de 6 compadres suyos que, como es sabido, las transfirieron a las compañías inglesas que iniciaron la explotación petrolera en Venezuela.

Los términos de este anteproyecto desconocen todos los aportes de Gumersindo Torres, en tiempos de Gómez, de Nestor Luis Pérez Luzardo en tiempos de López Contreras, de Manuel Egaña en tiempos de Medina Angarita, para no hablar de Juan Pablo Pérez Alfonzo, demoníaco estatista que hasta se atrevió a proponer y constituir una compañía petrolera auténticamente nacional, la CVP, de cortos 15 años de mal ejemplo, porque fue desmantelada en 1976 para fundirla con las “culturas corporativas” herederas de las concesionarias Mobil y Gulf, en Corpoven, munida de sus respectivos convenios de asistencia técnica y comercialización,  y así borrar, de paso, todo vestigio de la anterior administración petrolera, autóctona y alineada con los intereses de esa “Nación que somos todos”.

Ahora, ante el evidente desastre operativo y gerencial que es la actual administración petrolera estatal, cundida de incapacidad, corrupción y abierta delincuencia; enfrentada a la inviabilidad de megaplanes fantasiosos y de resultados ruinosos, cercada, además, por las agresivas sanciones políticamente motivadas y aplicadas por el Estado más poderoso del planeta, llegó la hora de cobrar para los privatizadores ancestrales.

De restituir todos los negocios que garantizan el aprovechamiento privado de un bien colectivo.

En el escenario mundial contemporáneo, en cual los grandes Estados dirimen el reparto del planeta, la salida propuesta por nuestros modernos epígonos de la libertad económica sin restricciones socialistoides  es una huida hacia adelante: desmantelar el Estado-Nación venezolano. Pulverizarlo.

En lo económico, este sería el resultado del propuesto Fondo Patrimonial de los Venezolanos, al que ya me referí en los trabajos anteriores,  pero con el cual quiero ajustar algunas cuentas.

Si nos atenemos a los cálculos y expectativas de sus autores:

“De haberse creado el fondo en 1998, hubiese alcanzado un monto total de 250.000 millones de USD para 2016, lo que implicaría que cada venezolano (mayor de edad y hasta edad de retiro) hubiese tenido al término del año 2016 más de 12.000 USD en su cuenta personal” [iii]

Abundan en su argumento señalando que bajo una PDVSA bien administrada, que hubiese cumplido las ilusorias metas de producir seis millones de barriles diarios, ese monto habría sido de 26.000 dólares. (Perdonen el uso del español dólares en vez de USD)

Pues bien, saquemos las cuentas prometidas y evaluemos el significado de esa demagógica y pírrica oferta de 12 o 26 mil dólares en 18 años a cada uno de los venezolanos mayores de edad, pero menores de sesenta, según  su mención de “hasta la edad de retiro”:

Los venezolanos mayores de 18 años somos ahora unos 20 millones y seguramente menos si nos descontamos los mayores de 60, lo cual comporta que la cifra a repartir es de unos 240 mil millones de dólares, si fueran sólo 12.000  por persona, o 520 mil millones, en el caso de los 26.000.

En 18 años, eso hubiese significado, en el primer caso, 667 dólares anuales, 1,84 dólares diarios,  y en el segundo caso, 1.444 dólares anuales, 3,96 dólares diarios.

¿Para qué otra cosa, que no sea para un escuálido consumo, pueden alcanzar tales montos?

¿Cómo se puede comparar un Fondo de Ahorro para la Nuevas Generaciones, como el noruego, con un Fondo de dispendio directo y al detal como el propuesto aquí?

En materia legal, la propuesta privatizadora se materializa en el ya referido Anteproyecto de Ley de Hidrocarburos cuyo análisis  motiva este trabajo y que reanudamos aquí.

En mi opinión, la significación más importante de esta propuesta es el desconocimiento de todo el ordenamiento legal y constitucional  que regula las asociaciones con capitales extranjeros, ofreciendo completo sometimiento del país a la legalidad corporativa internacional, garantizando rendimientos y e intangibilidad de los contratos, anulando toda la capacidad del Estado-Nación venezolano para legislar y darle rango constitucional a esta materia.

Desaparecerá de la Constitución Nacional vigente el artículo 151, que recoge la “Cláusula Calvo”  -denominada así en honor al jurista argentino del Siglo XIX Carlos Calvo, quien la concibió- la cual fue asentada en los textos constitucionales venezolanos desde 1893, (Art 143), en tiempos de Joaquín Crespo. 

Ella se registra también en varias constituciones latinoamericanas, precisamente en ejercicio de sus respectivas soberanías y patrimonios nacionales. Su versión venezolana de 1999 reza de la siguiente manera:

Artículo 151. En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.

En materia de hidrocarburos, en particular, el primer artículo de la Ley  de 1943, que tiene el carácter de Disposición Fundamental,  declara de utilidad pública todo lo relativo a la exploración, explotación, manufactura y transporte de petróleo, asfalto, gas natural y demás hidrocarburos.

Sobre la base de tal declaración se sustenta la instauración de todo el ordenamiento particular en esta materia. De hecho, esta declaratoria de utilidad pública es el fundamento sobre el cual se promulga la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos de 1976.

Por el contrario, y saltándose las leyes y la ancestral norma constitucional, el Anteproyecto de marras establece en el aparte 10 de su Artículo 27:

10. Cláusula de arbitraje en el entendido que cualquier controversia que surja de los contratos o en relación a los mismos será resuelta definitivamente mediante arbitraje –incluyendo el arbitraje internacional- conforme a lo acordado por las partes en el respectivo contrato, todo ello dejando a salvo los Tratados aplicables.

Y para abroquelar todo, en su Disposición Transitoria 12, ordena que:

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de esta Ley, el Ejecutivo Nacional comenzará los trámites requeridos para la reinserción de la República Bolivariana de Venezuela en el sistema internacional de protección de inversiones, específicamente en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial

Venezuela se convertirá así en el paraíso corporativo internacional. Un territorio sin Ley, sin Estado, en donde cualquier “emprendedor” –respaldado por cualquiera de los superpoderosos Estados que pugnan por jalar la brasa hacia su sardina  a nivel global- podrá venir a hacer fortuna sin fastidiosas limitaciones de los bárbaros nativos.

Las garantías al socio extranjero las dará, y vigilará por su cumplimiento, una nueva Compañía Guipuzcoana, la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, con poderes supraconstitucionales y supralegales, que reducirá al “Ministerio con competencia en el sector de hidrocarburos” -del cual se desconoce hasta el nombre- a un simple papel protocolar.

Los contratistas extranjeros recibirán garantías de rentabilidad e intangibilidad de los términos de sus contratos, según otro aparte del inefable Artículo 27:

14. Cláusula de estabilidad legal y fiscal. El estado garantizará en cada contrato, la estabilidad legal y fiscal durante la vigencia de cada contrato. Con respecto a la estabilidad fiscal si la promulgación de una nueva ley, reglamento o acto administrativo o modificación de una ley, regulación o acto administrativo incluyendo la imposición de nuevos tributos, tasas o cargos o la modificación de los mismos causa un efecto adverso e inesperado en el balance económico de los participantes en los Contratos de Exploración y Producción, el Estado adoptará las medidas que permitan restaurar el equilibrio económico-financiero del Contrato de Exploración y Producción.-

En consecuencia, los poderes públicos venezolanos no podrán proponer y aprobar modificaciones legales que “desmejoren” esos sagrados contratos. Y si se atreven, ya esta Ley les ordena que reparen el desaguisado.

En verdad, y respetando la inteligencia de los lectores, no sería necesario seguir interpretando lo que de manera tan diáfana revela este Anteproyecto, pero creo que la intención contrabandista de sus proponentes los hace escurrir el bulto vergonzantemente.

Por eso, recomiendo encarecidamente a los lectores que consigan un ejemplar del mismo y un protector gástrico, para que disfruten de las 16 disposiciones transitorias donde se termina de perfeccionar el nuevo modelo de relaciones con el capital petrolero internacional.  

De hecho, algunos colegas me han advertido de no gastar pólvora en zamuros, porque se trata de un evidente adefesio jurídico, completamente inconstitucional.

Basta con leer su pésima y atropellada redacción, sus imperfecciones de técnica jurídica y su abierto sesgo antinacional para saber a qué atenernos.

Pero no resistí la tentación de enfocarme en su dimensión política, dada la persistencia y calibre de los expositores y defensores de tesis como las que inspiran este instrumento, y quienes, como yo, no han sido precisamente juristas: Desde Alberto Quirós Corradi, Francisco Monaldi padre, Luis Giusti, Ramón Espinasa, Andrés Sosa Pietri, Gustavo Coronel, CEDICE y Diego González Cruz, hasta llegar a Moisés Naim, Leopoldo López y Gustavo Baquero y, para no dejar de mencionarlo, al Diputado-mensajero de última hora, Luis Stefanelli.

Para muestra, la argumentación Quirós Corradi, citada por Gustavo Coronel:

En su momento Alberto Quirós Corradi lo explicaba así: “El Estado es la representación político-jurídica de la Nación. La Nación somos todos nosotros… Al establecer y aceptar como Nación a todos los venezolanos... entenderíamos entonces que los yacimientos petroleros y las riquezas naturales de Venezuela no son del Estado sino de la nación… por lo que incorporar a los venezolanos a la propiedad de esa empresas (nacionalización), es el comienzo de una nueva era para la construcción de una sociedad moderna y participativa”. [iv]

Luis Giusti, por su parte, sostenía:

"La apertura petrolera deberá apuntar hacia una política de privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales, aseguró ayer el presidente del holding estatal, Luis Giusti.
'Debemos diseñar una política más agresiva para la apertura de Pdvsa y las empresas filiales al sector privado' dijo el máximo representante de la petrolera estatal... al referirse a la significación del proceso de licitación que se viene realizando para la adjudicación de las 10 áreas con potenciales reservas de crudos livianos y medianos“[v]

Por todo esto, es pertinente seguir mostrando algunas de las perlas de esta propuesta:

En su artículo 9°, el anteproyecto en comento establece las competencias del Poder Ejecutivo en materia de hidrocarburos, ejercidas por

a)   “El Ministerio con competencia en el sector de Hidrocarburos” –aquél cuyo nombre no debe ser mencionado- responsable de la formulación y seguimiento de las políticas públicas en la materia.

Esta “no mención” del Ministerio del Petróleo no es inocente, ni cosa de fantasías tipo Lord Voldemort. Está vinculada a la decisión de vaciarlo de contenido, y transferir todas sus atribuciones a la AVH, como en efecto se dispone.

El quid de la cuestión no es un asunto de nombres, sino un aspecto central de este proyecto: sacar toda la materia de hidrocarburos, líquidos y gaseosos (tal como establece en su disposición transitoria Nº 10)  del ámbito y las regulaciones de la administración central,  dado el carácter “descentralizado y autónomo” que se asigna a la AVH:

Artículo 65. Se crea la AVH, como órgano desconcentrado del Ministerio competente del sector de Hidrocarburos, con autonomía técnica, presupuestaria y administrativa. La Agencia tendrá a su cargo la implementación técnica de las políticas públicas del sector de Hidrocarburos, de acuerdo con las competencias que le asigna la presente Ley. 
b)  La AVH (Agencia Venezolana de Hidrocarburos) “responsable de la regulación de las actividades reguladas por la presente Ley” (vale decir, supra-reguladora), la celebración de los Contratos de Exploración y Producción, el otorgamiento de las autorizaciones para la realización de todas las otras actividades reguladas por esta Ley, la inspección, supervisión y administración de los títulos habilitantes que permitan la gestión de las actividades reguladas en esta ley y las que le serán transferidas en materia de gas natural no asociado.
 
En su artículo 10°, el anteproyecto establece que:

PDVSA, o la(s) empresa(s) creada para cumplir con su objeto, directamente o mediante otras Empresas del Estado bajo su control, ejercerá actividades de Exploración y Producción, Transporte, Almacenamiento, Comercialización de Hidrocarburos, Refinación, Distribución, Expendio de Combustibles y Comercialización de Productos Derivados sujeto a la celebración de los contratos de exploración y producción y obtención de las autorizaciones requeridas conforme a lo establecido en esta Ley y bajo el control y supervisión de la AVH.

En otras palabras, según este artículo, PDVSA pasa a ser una contratista más, bajo control y supervisión de la AVH y en las condiciones de minusvalía establecida en el Artículo 18, que comentaremos más adelante.

Antes, veamos las disposiciones del Artículo 11:

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el capital social de PDVSA no podrá ser enajenado. No obstante, PDVSA podrá celebrar contratos de asociación con sociedades mercantiles o de hecho como consecuencia del desarrollo de negocios de PDVSA, en los términos de la presente Ley y bajo el control y supervisión de la AVH.

En este artículo del Anteproyecto se alude al 303 constitucional, precisamente aquél en el cual han explorado los privatizadores desde el momento de su promulgación, para utilizar  la fisura que lograron incluir -como me consta personalmente desde la madrugada en que concluyó su redacción- dos destacados constituyentes que no quiero mencionar, con la asesoría del Bufete Baker-Mankenzie, y que subrayo de seguidas:

Artículo 303 Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.

De acuerdo a esa coletilla -combatida entonces  infructuosamente por Gastón Parra Luzardo y otros miembros  de la Comisión de lo Económico y Social de la Asamblea Nacional Constituyente- PDVSA conservará todas sus acciones, pero puede ser vaciada de contenido y atribuciones con la privatización de sus filiales y asociadas.

Y ahora, lo prometido:

Artículo 18. De manera excepcional, la AVH podrá reservar áreas no asignadas para que Empresas del Estado sean las participantes en Contratos de Exploración y Producción y desarrollen dichas áreas. En ningún caso esta competencia será ejercida sobre derechos ya adjudicados, ni permitirá modificar los Contratos de Exploración y Producción suscritos.

La voluntad privatista llega aquí a extremos increíbles. No es neceatrio traducir el texto, pero insistiré fastidiosamente: la participación estatal en las actividades exploración y producción será una excepción, que podrá ser dispuesta por la AVH, mientras no colida con contratos ya asignados  a empresas comerciales.

Hablando de retrocesos históricos y volviendo al título de estas líneas, considero que nos faltan unas cuantas leyes orgánicas de  índole semejante a la de este anteproyecto, para regular, por ejemplo, la participación de indios, pardos y negros en los espacios públicos reservados a la gente de bien... y “del petróleo”.




[i] C. Mendoza Pottellá, “La Oportunidad la Pintan Calva”/ “Volver al Futuro” / “Pescadores en río revuelto”/ “Un barco en la tormenta”/ https://petroleovenezolano.blogspot.com/
[ii] Diputado Luis Stefanelli, 05-06-2019,  Anteproyecto de Ley de Hidrocarburos,
[iii] Leopoldo López – Gustavo Baquero, Venezuela Energética, pág. 272 Caracas, noviembre de 2017.
[iv] Diego González Cruz,   EL TRABAJO DE GUSTAVO CORONEL, Apuntes para una historia de la GENTE DEL PETRÓLEO Recopilados por: Acad. Ing. Diego J. González,Julio, 2019 . Referencia: http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2019/07/capitulo-final-xii-de-mis-de-apuntes.html?m=1
[v] Economía Hoy, 25 de enero de 1996, pág. 10.