Política petrolera venezolana
En cinco décadas
Carlos Mendoza Pottellá
Septiembre 2020
Originalmente había titulado estas notas, que
pretendían ser volanderas, apelando a una rima de Gustavo Adolfo Bécquer: “¿Volverán las oscuras golondrinas
petroleras?” Y me respondía: Todo parece indicar que sí, según las insistentes
propuestas privatizadoras, que con todo su poder de fuego mediático y político
están impulsando el desmantelamiento de la actual estructura legal y
constitucional de la industria petrolera venezolana.
Pero la magnitud del asunto planteado me obligó a
revisar los términos de un debate en el cual he participado desde los años 70
del siglo pasado, para revivir aquí algunas de esas incidencias.
Es legítimo que, en las circunstancias trágicas
como las venezolanas actuales, cada sector de opinión pública, partido, gremio o asociación privada,
elabore sus diagnósticos y proponga la salida que a su parecer sea la más
factible, menos dolorosa y conveniente para el
país o que se amolde a sus preferencias político-ideológicas y a sus
intereses, colectivos o particulares.
En ejercicio de ese derecho, debo decir que en este
diferendo político está en juego, nada más y nada menos que el destino de este
país como Nación soberana. Esa es, para mí, la entidad de lo que se dirime. Un
asunto que tiene que ser asumido con conciencia de su gravedad y sometido un detallado
escrutinio público sobre la pertinencia colectiva, social y, una vez más, nacional,
de las opciones planteadas.
Lamentablemente, en el debate político actual, más
allá de las propuestas inmediatas de los grupos en pugna por el control
político del país, nos encontramos, de repente, debatiendo con insólita
ligereza sobre la pertinencia de que un Estado tenga injerencia en el destino
de los recursos naturales de la Nación.
De hecho, esa discusión es asumida por algunos
proponentes modernos, con un desconocimiento, real o pretendido, de la historia
universal después de la comunidad primitiva, la cual no es otra que la historia
de los Estados-Nación, de sus orígenes sangrientos, guerras, conquistas,
colonizaciones y destrucciones de unos para que otros prevalezcan, desde
asirios, babilónicos, faraónicos, chinos, tártaros, mongoles, persas, griegos, romanos, aztecas, incas y mayas,
para sólo citar a los más conocidos de los antiguos, hasta los Estados feudales
absolutistas europeos y asiáticos como el otomano y los modernos Estados
liberales, monarquías constitucionales, reinos despóticos, socialdemócratas.
comunistas, clericales o fascistas.
En medio de esa historia universal y en un mundo
como el actual, donde los mayores de esos Estados se están disputando el
control del globo desde los comienzos del Siglo XX y hoy definen sus fronteras,
zonas de influencia, “patios traseros” continentales y derechos mineros en la
Luna, en Venezuela prosperan discursos demonizadores de nuestro Estado: “Estado
Omnipotente”, “Petroestado”, etc.
Lo más paradójico es que esa discusión se produce
en un país con una cruenta historia de luchas por la soberanía e independencia
como república, como Nación independiente, propietaria de sus minas desde hace
190 años.
Con un discurso que desconoce esa tradición y su
evolución a través de todos los instrumentos constitucionales de los cuales se
ha dotado, para pretender que el Estado no es la representación jurídica
de la Nación y que los propietarios de
sus recursos de hidrocarburos son “sus ciudadanos”.
Vale decir, en nuestro caso, un porcentaje de los
venezolanos vivos y ninguno de los que han de nacer en los años y siglos por
venir, precisamente aquéllos que hacen eterna a la Nación.
Para ello se utiliza una socorrida confusión entre
los conceptos de Estado y Gobierno, atribuyendo a esta instancia temporal los
atributos del Estado perenne.
Como muestra de que se trata de un problema de
larga data, transcribo mis reflexiones de hace 25 años sobre este asunto,
salvando la distancia y las circunstancias particulares:
“La
consideración fundamental que hay que hacer sobre el tema es que se trata de un
problema político, de un problema de relaciones de poder, en el cual una
peculiar agrupación, integrada por factores privados nacionales y extranjeros
vinculados al negocio petrolero y cúpulas gerenciales de la empresa pública, ha
logrado imponer como verdades indiscutidas un conjunto de postulados que
mezclan realidades objetivas con una carga considerable de falacia.
Dichas
afirmaciones forman parte de un programa definido que tiene como norte la
expansión constante del negocio petrolero –independientemente de la pertinencia
macroeconómica y el rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente
privatización de las actividades en esa industria en particular.”
[Mendoza P. De la participación estatal en el negocio petrolero, Noviembre 1995, Inserto en Mendoza P. 2010, Nacionalismo
Petrolero Venezolano en Cuatro Décadas, BCV, Colección Venezuela y su
Petróleo, pág.273.]
https://www.academia.edu/41805065/Nacionalismo_petrolero_en_4_d%C3%A9cadas
También de esa época datan los argumentos generados
por la gerencia petrolera aperturista, los cuales son esgrimidos ahora como palabras sagradas para justificar sus
“novedosas” propuesta:
“Al
no resolver las diferencias entre Estado y Nación, le dejará al Estado la propiedad
de los yacimientos petroleros cuando estos deberían ser propiedad de la Nación.
Es decir de todos nosotros. El Estado es su ente regulador más no su dueño.
Mientras
no entendamos que el Estado es parte de nosotros, pero no es todos nosotros,
y que todos nosotros somos la Nación, seguiremos leyendo declaraciones como las
de la UCV en relación con la apertura petrolera, en la cual se sugiere que todo
lo que reste propiedad al Estado sobre la industria petrolera es
“desnacionalizador”, así esa propiedad o parte de ella pase a manos
venezolanas.”
[Alberto Quirós Corradi, El
Universal, 14/9/1995- pág. 2-2] Subrayado mío, 2020]
Cinco días antes, Andrés Sosa Pietri se preguntaba:
¿Cómo
invertir la inmensa fortuna que recibirá Venezuela si privatizamos a PDVSA? [El
Universal, 9/9/1995, p. 2-2]
Mi comentario, en el mismo texto donde reproduje
esas declaraciones fue:
“Planteadas
las cosas en estos términos hipotéticos, también podríamos preguntarnos por la
magnitud de la fortuna que recibiría la Nación venezolana –y sobre todo sus
fuerzas “vivas”- por la venta del estado Zulia o ese deshabitado e improductivo
estado Amazonas.”
[Mendoza P., 1996, Apertura
Petrolera Apertura petrolera: Nombre de estreno para un viejo proyecto
antinacional, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Instituto
de Investigaciones FACES-UCV, N° 2-3, págs. 225-254] - Reproducido en Mendoza P. 2014, Nacionalismo… págs. 279-307. https://www.academia.edu/41805065/Nacionalismo_petrolero_en_4_d%C3%A9cadas
Como ya dije, pero repito, los citados personajes
pretendieron olvidar que patrimonio
público significa propiedad colectiva y, en el caso de las minas e
hidrocarburos, dada su magnitud, propiedad transgeneracional, eterna.
La privatización es una expropiación de la Nación
presente y futura en beneficio de unos pocos, aquél mínimo porcentaje de sus ciudadanos que
tienen posibilidades económicas para participar del festín, y peor aún, que la
lógica del mercado conducirá a la concentración de ese patrimonio en manos
corporativas transnacionales.
En nuestros días, en lo que debería ser una
legítima lucha política de oposición a un gobierno sustentado en una ideología
política que no se comparte, al cual se le puede juzgar y condenar por
corrupto, tiránico, ineficiente y fallido, justificando con ello que se promueva su sustitución legal, algunos herederos
de aquellas concepciones cruzan la línea para poner en juego, de manera
irresponsable, el patrimonio Nacional.
Peor aún, se pone ese patrimonio en la mesa de
negociación con el Estado más poderoso de la Tierra, el cual ha ejercido y
mantenido permanentes pretensiones geoestratégicas de control sobre los
recursos de este rincón de su patio trasero, pretensiones, por cierto, mencionadas
recientemente en su debate electoral: “Venezuela
es parte de los Estados Unidos”.
En todos los Estados que poseen petróleo en el
mundo, aún en aquéllos anglosajones donde priva el principio de la accesión
minera que otorga la propiedad de las
minas al propietario privado del suelo, la industria petrolera que esos ciudadanos
erigen sobre el mismo está controlada por el Estado y sujeta a las prioridades
estratégicas de éste, a una pesada carga fiscal y a un control directo de sus operaciones.
En tiempo presente, no se necesita más muestra que
la intervención del Presidente de los Estados Unidos durante la más reciente
crisis de los precios petroleros, en febrero-marzo pasados, imponiendo
limitaciones a los productores petroleros privados y negociando límites de producción con los
países de la OPEP Plus y hasta presionando a un reticente México para que
accediera a los recortes asignados.
Sobre las propuestas de desmontaje de lo que
un sector de la opinión ha dado en
llamar “petroestado” y los proyectos que cursan en instancias legislativas y
centros académicos promotores del neoliberalismo más radical, he escrito recientemente
varios artículos.
Impúdicamente, a fuer de haberme declarado en
campaña personal contra estos desaguisados, transcribo una vez más los links en
los cuales pueden encontrarse trabajos tales como
“Proyecto
de Ley Orgánica para regularizar el comercio de esclavos en Venezuela”, “Agencia
para el Despojo del patrimonio público”, “Agencia Venezolana de Hidrocarburos
marca A.C.M.E”, “Soberanía, Delenda Est”,
“Cambalache Petrolero: La nueva apertura de PDVSA Ad Hoc”, “El Cuervo,
El Pozo y el petróleo”, “La oportunidad la pintan calva… para la rebatiña
petrolera”, “Vuelan los rebullones…
sobre el petróleo venezolano”, “Aquelarre privatizador de PDVSA Ad Hoc”,
y otros:
https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella
https://petroleovenezolano.blogspot.com
Insistiendo en ese empeño, en esta oportunidad
pretendo enfocarme en otros aspectos del problema, en particular, en la
interpretación de la historia petrolera venezolana al gusto de ciertos consumidores.
Esto, sin mencionar muestras de ignorancia e
irrespeto supino, como la del Presidente de la “Junta Directiva ad hoc de PDVSA”,
Luis A. Pacheco, Ph.D., quien reduce esa historia a la pervivencia de ocho
mitos sostenidos por Pero Grullo, Tarzán de los monos y Corín Tellado: “Venezuela’s Oil Mythologies Have Hindered
Its Development”, [https://www.bakerinstitute.org/files/12818/]
A ese profundo estudio universitario me referí en
mi “Cambalache Petrolero”. https://www.aporrea.org/energia/a287932.html
Para algunos escudriñadores del pasado, la
oportunidad trágica que vivimos es propicia para sostener, a la manera de Jorge
Manrique, que todo tiempo pasado fue
mejor.
¡Pero cuidado! No cualquier tiempo pasado, sino
precisamente aquél que suponen más conveniente para fundamentar sus argumentos
y al cual adoban a su manera con tonos heroicos, omitiendo grises y
oscuridades, y presentándolo lleno de bondades, para contrastar con el desastroso
presente.
Tal es el producto de comparaciones trucadas con
épocas pasadas omitiendo los contextos prevalecientes en cada
oportunidad. Este es el caso de nuestra historia petrolera.
Una historia contada anacrónicamente, a la manera de
“Los Picapiedras”, trogloditas
antediluvianos que manejaban “rocomóviles”
y en sus hogares middle class se
disfrutaba de la “rocovisión”.
Es el caso de los relatores de esta historia
revisada “de la industria petrolera en Venezuela”, a la cual conciben como un
ente con principios y valores perennes, independientes de cada contexto
histórico, idealizan el papel que ese
ectoplasma desempeñó en todas las etapas que transcurren entre 1914 y 1998, en
su lucha contra el “estatismo”, una peculiar enfermedad tropical de la cual sufrimos
los venezolanos.
En un trabajo de octubre de 1997 me referí a ese
síndrome:
“A
lo largo de toda la historia de la industria petrolera venezolana, incluso
antes de la nacionalización, nunca
ha faltado un capítulo dedicado a la educación”. (Subrayado nuestro)
Es decir, que para la Gerencia Corporativa de
Asuntos Públicos de PDVSA, “la industria petrolera” sigue siendo la misma,
desde 1917 para acá, y que el “Petróleo en Gotas” de Maraven tiene los mismos propósitos del “Petróleo en
Pocas Palabras” de la Shell, que en 1960 trataba de convencer a los venezolanos
de la peligrosidad de la competencia del petróleo árabe y de la inconveniencia
de asociarse con esos milenarios negociantes que se aprovecharían de nuestra
ingenuidad.
[Mendoza P.
“Privatizadores a la ofensiva... y
con todos los hierros”, en Crítica
Petrolera Contemporánea, FACES-UCV, Caracas 2000. págs. 80-83]
Veamos una lectura, con sesgo malicioso, de ese
trayecto.
En ese lapso “la industria” logró vencer, en cada
momento, las acechanzas del estatismo, y se dio maña para preservar y maximizar
la inmensa tajada de la renta petrolera que extraían en Venezuela para sus
respectivas casas matrices.
Así lo expone abiertamente el principal teórico de
esta visión, quien también es la fuente de la mención anterior:
“Se
pueden distinguir tres etapas en el desarrollo de la industria petrolera
venezolana: la primera culmina con la nacionalización a mediados de los
setenta, la segunda corresponde a la consolidación de Petróleos de Venezuela
S.A. (PDVSA), y la tercera es la etapa actual, de reapertura del sector a la
inversión privada”.
…
“Entre
1920 y 1938 se aprobaron siete leyes de hidrocarburos. Cada una representaba un
avance en la posición rentista del Estado.”
“La presión tributaria, la limitación de las
concesiones y el hostigamiento constante en las operaciones, desestimuló la
inversión petrolera a lo largo de los sesenta...”
“Después
de sesenta años de operaciones, la industria petrolera era tan nacional como
cualquier otra. La gerencia, el personal técnico, los obreros, eran
esencialmente venezolanos”
“La
segunda muestra de adopción de una política de orientación productora fue la
eliminación, en 1993, del Valor Fiscal de Exportación...”
[Ramón Espinasa en su trabajo “El Negocio Petrolero” en Debates IESA
N°2 – Citado por Mendoza P. 2000, Loc. Cit.]
Así pues, “la industria” derrotó las incipientes pretensiones
reivindicativas del interés estatal de
Gumersindo Torres en 1920-1930 y de Néstor Pérez Luzardo en 1936. Luego, y a pesar de haber sido obligada por el
Departamento de Estado norteamericano a concertar un convenio con Isaías Medina
Angarita en 1943, se dio maña para encontrar
mecanismos amortiguadores de los dañosos mecanismos estatistas que ya se
asomaban.
En Noviembre de 1948, “la industria” derrotó por
nocaut las pretensiones perezalfonzianas de ejercer la soberanía nacional ¿?, sobre la regalía petrolera, cobrada en especie
para cambiarla por carne argentina. Insolencia que se puede medir por el hecho
de que se trataba del 16,6% del valor de la producción del mayor exportador
petrolero del mundo… y para negociarlo fuera de los canales corporativos con
otros paisitos.
Desde entonces, “la industria” vivió diez años de
paz y cosecha fructífera de dividendos, en tiempos de Pérez Jiménez, cuando
obtuvo nuevas concesiones en áreas probadas y nadie se acordó de estar
vigilando puntillosamente las relaciones entre utilidad neta empresarial y
participación fiscal.
En el transcurso de cuatro décadas, 1920-1960, “Venezuela se convirtió en el mayor exportador mundial de petróleo”,
comprendiendo que en ese entrecomillado la referencia al país es apenas un
pudoroso velo para no decir Creole, Shell, Mobil, Gulf Oil, Texaco, Phillips,
Standard de California y otras eficientísimas filiales corporativas.
En efecto, partiendo de menos de 20 mil barriles
diarios en los años 20, “la industria” llegó a extraer de Venezuela 3 millones
700 mil barriles diarios, en 1970.
Pero no todo lo bueno dura para siempre…
Como dije, en tiempos de Pérez Jiménez “la
industria” disfrutó la gloria… hasta llegar al funesto año de 1960, (según lo evalúa
Espinasa en el párrafo citado) cuando comenzó
a sufrir los primeros embates reales del estatismo:
El mismo proponente de la percepción de regalías
en especie, sin haber cogido escarmiento con la lección de 1948, se atrevió a
inventar una satánica Corporación
Venezolana del Petróleo, de propiedad… ¡válgame Dios!... estatal y, además, logró el
establecimiento por vía constitucional de un principio según el cual no se
otorgarían nuevas concesiones a “la industria” al vencimiento de las entonces
vigentes.
Años más tarde, “la industria”, ya en su etapa
“nacionalizada”, evaluó la política de “no más concesiones como una agresión a
“la actividad productiva petrolera”:
…y
ya en la era democrática, se desataron fuerzas nacionalistas en contra de la
actividad productiva petrolera. En lo institucional, esto se sintetizó en la
política de “no más concesiones” --- La presión a partir de 1958 en contra del
capital provoca un proceso de desinversión neta…“ [PDVSA. Guías
Corporativas 1993-1998. Visión a Largo Plazo, pág. 6]
Respecto a aquella sulfurosa Corporación, “la
industria” logró en su momento torcerle el brazo a gobiernos bastante
asustadizos en materia de sus relaciones con las casas matrices y sus Estados
metropolitanos, logrando que ese engendro se mantuviera prácticamente nonato,
reducida a una mínima capacidad de producción, dos mini barquitos, una
oficinita de comercio en New York y una mini refinería, que no hacían mella en
el control de “la industria” sobre el petróleo venezolano.
Pero, simultáneamente, se produjo otro evento
estatista, esta vez de proporciones internacionales: el mismo genio del mal que
ideó a la fulana “CVP”, propuso la constitución de un “compacto petrolero” para
concertar las voluntades de un puñado de
paisitos para la defensa de los precios de sus crudos, base de cálculo de sus
respectivas participaciones fiscales, países en los cuales “la industria”
extraía más del 60% del petróleo producido en el mundo.
Pero, como siempre hay un Dios que protege a los
buenos, ese organismo, pomposamente autodenominado “OPEP” no logró funcionar,
más allá de mudarse de Ginebra para Viena y organizar Secretariados y
departamentos de estudios, sin tener incidencia efectiva en los precios de
realización, los cuales siguieron siendo dictados unilateralmente por “la
industria” hasta 1971.
En esta nueva década sucedieron eventos que
obligaron a “la industria” a remozarse: las guerras entre árabes e israelíes,
el embargo petrolero anunciado por aquéllos contra quienes apoyaron a su contrincante,
la cuadruplicación de los precios del petróleo y un sinfín de novedades
suficientemente documentadas desde entonces, hicieron aparecer el fantasma de
la “seguridad energética de Occidente” y la necesidad de planificar un
suministro garantizado a largo plazo..
Entendiendo los peligros que en ese entonces,
tiempos de aguda Guerra Fría,
comportaban para “la industria” y “Occidente” en general, los brotes de un nacionalismo
radical, el cual ya despuntaba en Libia y Argelia, los peligrosos proyectos como
el de la República Árabe Unida de Nasser, más la presencia amenazante de la
Unión Soviética en las cercanías de sus yacimientos en el Medio Oriente, “la
industria” ideó un plan para desmontar esos riesgos del extremismo.
Textualmente, según sus principales ideólogos,
usar la política del palo y la zanahoria: impulsar una “nacionalización”
diseñada por ella misma. Una retirada táctica al estilo judoka que le
permitiría a “Occidente” ganar la estratégica guerra del petróleo.
La ejecución de ese plan comenzó en octubre de
1972, con el Acuerdo General de Participación, mediante el cual los países
productores del Golfo Pérsico se hicieron propietarios del 25% de los activos
de las industrias que extraían el petróleo en sus respectivos territorios.
Su justificación fue expuesta por los voceros y geo
estrategas de “la industria”, en particular James Akins, Zar energético de
Richard Nixon [“The Oil Crisis: This
Time the Wolf is Here”, J. E. Akins; 1973; Foreign Affairs] y Gerard M.
Brannon de la Fundación Ford, [“Políticas respecto a la OPEP” ,1974]
quienes teorizaban sobre la conveniencia de que los Estados productores
controlaran las fases primarias del negocio, teniendo en cuenta que las
mismas seguirían atadas a las redes de
la "industria global”, que la tecnología y los técnicos que utilizarían
estas empresas “estatizadas” seguirían siendo los mismos y, como broche de oro,
que no tendrían otra alternativa sino operar con los medios y canales de
comercialización de las casa matrices corporativas.
Ya en ese tiempo, Akins se refería a las propuestas hechas a Venezuela para comenzar la
explotación conjunta de la Faja del Orinoco, las cuales se estaban discutiendo
con el gobierno venezolano desde 1971.
El suscrito comentó estas incidencias de la
siguiente manera:
El
Acuerdo General de Participación, limitado a las operaciones de exploración y
producción, constituyó el primer gran ensayo de una fórmula substitutiva del
régimen concesionario. En él están prefiguradas todas las características que
van a ser plasmadas con virtuosismo en la nacionalización petrolera venezolana y
que garantizarían el mantenimiento de la relación dependiente que estamos
analizando. (Mendoza P.,
1983. De las Concesiones a los Contratos, / Ed.
El Perro y la Rana 2011, pág. 107.),
De tal suerte, en septiembre de 1973, el
Presidente de la mayor filial venezolana de “la industria”, planteaba la
conveniencia de esa salida: Robert N. Dolph, Presidente de la Creole Petroleum
Corporation declaraba, repitiendo los mismos argumentos de Akins, sostenía de
manera insólita, que…
“…es
al pueblo y al gobierno de Venezuela a
quienes corresponde decidir en ejercicio de su soberanía, el papel que jugarán
las corporaciones en Venezuela. A la luz de lo que ocurre en el mundo, … mucho antes de 1983.”
(22 de septiembre de 1973. Once
meses antes, en octubre de 1972 se habían producido declaraciones similares de J.J.
De Liefde, Presidente para entones de la Compañía Shell de Venezuela)
[Mendoza P. Loc. Cit. Pág 124, citando a Rodríguez G. y Yánez, Cronología
ideológica de la nacionalización petrolera venezolana, FACES UCV 1977, pág.
115]
Cuando los líderes de las mayores corporaciones extranjeras
instaladas en el país comienzan a hablar de los derechos soberanos del pueblo
venezolano… ¡prepárense! Que lo que viene
es joropo.
Sin embargo, habiendo sido ya concertada esa
transición escalonada en el Medio Oriente, la cual sólo en 1982 otorgaría a
aquellos países el 51% de la propiedad sobre los activos petroleros, los
venezolanos continuaban con su ilusión de tomar el control total de la industria en 1983. Incluso, aprobaron
una Ley en 1973 para garantizar la intangibilidad de los activos que deberían
“revertir” en aquel año.
Esa amenaza venezolana a “la industria” fue percibida entonces por tres
miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quienes
propusieron el envío de una “task force” para proteger sus intereses en
Venezuela.
Pero estos desprevenidos congresistas fueron
callados por la propia industria, la cual ya tenía, como hemos visto, una
salida diseñada: Su propia auto-nacionalización,
esta vez, a la venezolana.
A diferencia de otros tiempos, cuando promovía
golpes de Estado, y como confirman las citadas declaraciones de Dolph, más las K. Wetherell y J.J De Liefde, de la compañía Shell de
Venezuela, “la industria” espoleó el adormecido espíritu nacionalista de los
venezolanos.
Y así, previo debates para el público de galería,
sobre indemnizaciones y lucros cesantes, pero con “avenimientos” subterráneos,
en agosto de 1975 las mismas concesionarias
designaron, de su seno, a quienes asumirían el primero de enero de 1976,
la gerencia petrolera venezolana: el entonces Presidente de la Compañía Shell
de Venezuela se convirtió en Presidente de la “Operadora Nacionalizada”
Maraven. El Vice-Presidente de la Creole Petroleum Corporación, filial
venezolana de la Standard Oil-Exxon se transmutó en Presidente de Lagoven, otra
“Operadora Nacionalizada”.
El mismo esquema se repitió once veces con los gerentes
de las demás filiales transnacionales, travestidos en gerentes de empresas estatales, un tipo de empresa
que ellos habían enfrentado y ridiculizado durante décadas.
Además, cada una de esas nuevas operadoras contaba,
de acuerdo con el avenimiento, con un Contrato de Asistencia Técnica que
garantizaba la presencia de su antigua casa matriz en todos los negocios
futuros. (Cambio de Patrón de Refinación, desarrollo de la Faja del Orinoco, proyectos gasíferos costa afuera, control de
siniestros, suministro de equipos, aditivos, partes y piezas, por ejemplo)
Las mayores de ellas habían sido dotadas, además,
con un Contrato de Comercialización que garantizaba sustanciales descuentos en
los precios de los crudos distribuidos en sus particulares redes de mercados.
Como alertaban las críticas de los eternos
inconformes y profetas del desastre, los negocios de “la industria” en
Venezuela continuaron viento en popa y con perspectivas de mejorías, en los
megaproyectos de la Faja, la posible expansión de la exploración y producción
hacia áreas que no habían estado bajo concesiones, los negocios internacionales
que se iniciaron en 1983 (la compra total o parcial de 19 refinerías chatarra
en el exterior, “porque las estaban vendiendo” y quedaban fuera de la garra
fiscal del Estado) y las perspectivas de materialización efectiva de la apertura
total, que ya estaba prevista en la Ley que Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de los Hidrocarburos con la disposición de su Artículo 5° que hacía
posible la constitución de empresas mixtas para el desarrollo de las actividades
reservadas al Estado.
Las condiciones para el regreso completo a los
negocios “as usual” se estaban haciendo propicias, además, por la eliminación del Valor Fiscal de
Exportación, la erosión paulatina de la Regalía, el desmantelamiento del
Ministerio de Minas e Hidrocarburos y el
sabotaje a las decisiones “anti-industria” de la OPEP, concretado en la
constante violación de las cuotas acordadas en esa perversa Organización.
Una muestra de los resultados de esa gestión, en
cuando a la minimización del exagerado “government take”, la presento en el siguiente gráfico:
La mencionada quita impositiva fue el factor
determinante de que 1998 y 1999 fueran los años de menor participación fiscal
petrolera en el lapso considerado 1990-2006. Aun tomando en cuenta la novedosa
figura de “dividendos” con la cual se quiso compensar el desmoronamiento.
Las perspectivas de la re-privatización ya se
estaban exponiendo públicamente. El máximo dirigente de “la industria”, Luis
Giusti, lo proclamaba abiertamente, hasta con un remitido pagado, el 21 de
junio de 1997, en la revista Time, precisamente dirigido a los oídos sensibles
en el escenario donde se debaten los destinos del mundo, en el cual expuso los planes de una privatización
parcial de “solo 15%”, debido a lo poco preparado que estaba el público
venezolano para lo inevitable: la privatización total.
Adentrándose
en espacios más amplios, hacia la toma del poder político directo, en
los escenarios estudiados por la dirigencia meritocrática para las elecciones
de 1998, este destacado estratega aparecía como la opción presidencial óptima para
una “Dictadura Modernizante”, cuya implantación
fue gestionada infructuosamente en el norte: El Vicealmirante Muñoz León, mensajero
de ocasión, no obtuvo la autorización indispensable del Departamento de Estado
para tal proyecto.
Con el perdón del lector, me voy a permitir otra
larga cita:
“…Y
es así, también, como el nombre de Luis Giusti comienza a ser mencionado como
el del consenso de las fuerzas conservadoras y antinacionales para una
“solución de emergencia”. Y es entonces cuando comienzan las confesiones que
hacen innecesarias las denuncias:
En
la industria petrolera “tenemos un proyecto político desde hace quince años”,
“una dictadura modernizante garantizaría el cumplimento pleno de los objetivos
de la corporación”: “Se elimina el Valor Fiscal de Exportación. Se modifica el
esquema tributario para promover la inversión. Apertura amplia a capitales
privados nacionales y extranjeros en
todas las actividades petroleras. Promoción efectiva de la industrialización de
los hidrocarburos. Precios del mercado interno competitivos... Venezuela se
sale de la OPEP”.
[PDVSA, Coordinación de
Planificación Estratégica, “Escenarios Nacionales a Mediano y Largo Plazo”,
Caracas junio de 1993. Luis Giusti, Coordinador].
“Venezuela
ha venido sobreproduciendo desde hace unos diez años”.
[Luis Giusti, El Nacional, 21 de
Febrero de 1998. Pág. E-1] (Traducción
CMP: PDVSA viene violando las cuotas concertadas con la OPEP desde hace 10
años)
[Mendoza P., La herencia transnacional en el seno de PDVSA: los bebés de Rosemary,
en Crítica Petrolera Contemporánea, FACES-UCV, Caracas 2000. pág. 113]
Y según las propias declaraciones de Giusti al Weekly Petroleum Argus en esos días, su próximo trabajo en Venezuela sería
el de Presidente de la República.
Ese mismo año, la caída de los precios como consecuencia
del sabotaje aperturista, los llevó hasta niveles inferiores a los 10 dólares
el barril, lo cual comportó una pérdida neta de más de 90 mil millones de
dólares para los países miembros de la OPEP en su conjunto, 10 mil de los
cuales correspondieron a Venezuela. La factura petrolera de los Estados Unidos
disminuyó, en consecuencia, en 30.000 millones de dólares.
“La industria” global no fue mezquina. Ese mismo
año, su principal mentor en el país fue proclamado el Ejecutivo Petrolero del
año, como el mejor representante de las ideas y principios de la industria a nivel global:
“Luis
Giusti recibió el premio “Petroleum Executive of The Year” que confiere la
Revista Petroleum Intelligence Weekly al más destacado líder de la industria a
nivel mundial, según el dictamen de un jurado integrado por directivos de las
principales corporaciones petroleras internacionales.”
"The process by which
the winner of this award is selected is particularly noteworthy and assures
that the selection is fully representative of the views of the industry".
Nominations for the award
were solicited from CEOs and other senior managers of over 100 of the world's
largest oil and gas firms, as they appear in the annual rankings by Petroleum
Intelligence Weekly (PIW). The nominations were reviewed by a group of senior
oil executives, who made the final selection.
[Raja Sidawi, Chairman of Energy
Intelligence, Marzo 2006]
Evidentemente, los principales dirigentes
venezolanos de “la industria” estaban
cumpliendo cabalmente con los intereses generales de la misma, ateniéndose a los
modernos principios de la gerencia corporativa globalizada en tiempos de
unipolaridad.
En esta instancia, me corresponde aclarar que mis
referencias a la gerencia petrolera de orientación transnacional no comporta
ninguna evaluación negativa individual y prejuiciada hacia los miles de
empleados y técnicos que laboraron y desarrollaron sus capacidades en las
antiguas concesionaras, quienes luego constituyeron la nómina operativa inicial
de la industria nacionalizada.
Confieso
que algunas de mis expresiones fueron en su tiempo demasiado genéricas, sobre
todo cuando hablé con rudeza de “los
bebés de Rosemary” de la trasnacionalidad y ocasioné la protestas de algunos, quienes se
sintieron aludidos injustamente.
La presunta meritocracia
fue, por el contrario, y como denunciaron varias de sus víctimas, un
mecanismo sibilino para seleccionar, vía campana de Gauss aplicada con vetos
previos y otros métodos non sanctos, a
una dirección complaciente con las líneas maestras anti estatales, decantándose
de funcionarios críticos e incómodos, a quienes se posponía y excluía, a pesar
de sus títulos y méritos reales.
En fin, este ha sido un resumen, apresurado por la
voluntad de hacer crónica urgente, de una novela que se quiere seguir vendiendo:
“La Industria Petrolera contra el Estado
Rentista”.
Ese pasado es, precisamente, el que hoy, con legítimo orgullo, sus albaceas
pretenden reverdecer con las propuestas aperturistas, -desnacionalizadoras, en
mi lenguaje extremista- en curso en la
Asamblea Nacional y en el debate público.
Pero también es el mismo que combatimos, desde su
gestación hace 45 años, algunos redomados estatistas, quienes pretendemos
garantizar que no vuelvan aquellas golondrinas que, a la manera de Bécquer,“aprendieron nuestros nombres”.
CMP/ 01/09/2020
