Esbozos programaticos

Una política petrolera fundada en los
intereses del pueblo venezolano

Septiembre 1998


Hablar de una política petrolera para el pueblo venezolano puede sonar a demagogia populista, pero no hay otra manera de denominar el sentido de nuestras aspiraciones en esta materia. Partiendo de la crítica a la actual política petrolera venezolana, orquestada en torno a una alianza incondicionalmente dependiente del gran capital petrolero internacional, nuestros planteamientos programáticos parten de una visión positivamente distinta de la realidad de nuestra industria petrolera y de los principios que deben orientar su funcionamiento, la magnitud y sentido de sus proyectos, su integración dinámica a la economía nacional y de manera particular, el manejo y disposición de sus ingresos.

Al respecto, debemos indicar que el principio rector de esas posiciones es aquél que considera al petróleo como patrimonio colectivo de los venezolanos y, en tanto que tal, que esa riqueza debe ser administrada según convenga al legítimo interés de las mayorías nacionales. La realidad contemporánea nos presenta evidencias dramáticas de que, por el contrario, esas mayorías han sido permanentemente despojadas del usufructo de ese patrimonio: En un país que fue durante décadas segundo productor y primer exportador mundial de petróleo, un país que hoy produce más del 4 por ciento de todos los hidrocarburos que se extraen en la Tierra y es propietario de una de las mas grandes acumulaciones de reservas probadas y probables, en ese privilegiado país, el 85 por ciento de su población, de escasos 23 millones de personas, vive en condiciones que no alcanzan al nivel de satisfacción de sus necesidades básicas, y más del 50 por ciento de los mismos lo hace en condiciones de miseria extrema.

Partiendo de esa terrible constatación, motivo suficiente para la ira, el dolor y la desesperación, sentimientos que conducen a algunos a la inmolación nihilista o a la preparación de una violenta revancha y a otros los hunde en la ciénaga del cinismo descreído y egoísta, hemos tratado hilvanar planteamientos constructivos.

Las posibilidades generadoras de excedentes del petróleo venezolano, mermadas por la explosión de inversiones, costos inflados y malos negocios, todavía son considerablemente superiores a las del resto de la economía nacional y pueden ser utilizadas para la reconstrucción de la sociedad venezolana sobre nuevas bases: de autosuficiencia, autonomía y diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales, mediante un proceso integrador e internalizador de esos rendimientos, que acabe con la anómala situación de una industria desproporcionadamente volcada hacia afuera, dependiente de los requerimientos de sus mercados externos y con escasos encadenamientos internos, hacia el resto de la industria y demás sectores económicos.

Se trata de conducir a la industria petrolera más allá de su papel de proveedora de divisas, hacia su fusión con los recursos humanos y materiales disponibles en el país. Se trata de diseńar un perfil de producción y actividades de comercialización que respondan prioritariamente a los requerimientos del resto de la economía nacional. Perfil dentro del cual la búsqueda de las magnitudes y escalas óptimas desde los puntos de vista técnico, empresarial, macroeconómico y social deben ser procesos coherentes y estrechamente imbricados.

En nuestra opinión, fundada en el análisis de las circunstancias históricas pertinentes, esos óptimos no se encuentran en el camino de la producción a todo trance, de la multiplicación de proyectos no prioritarios, de dudosa rentabilidad a largo plazo; para cuyo financiamiento aparentemente no se cuenta con recursos propios, lo cual, a su vez, se aduce como excusa para buscar la intervención de capitales extranjeros bajo condiciones que intesifican el drenaje de excedentes hacia el exterior. Así lo confirman, contundentemente, los términos bajo los cuales se ha pactado la vuelta del capital petrolero internacional a las posiciones de control y usufructo de las reservas de hidrocarburos remanentes en el país.

Un conglomerado de factores económicos y políticos, empresariales y corporativos, nucleado en torno a las cúpula directiva de PDVSA, al cual hemos denominado el Poder Petrolero, ha impuesto, con la complicidad por acción u omisión de todo el espectro político nacional, la expansión creciente y sin pausa de la inversión pública en el sector petrolero como garantía de multiplicación de las oportunidades de los negocios privados. De sus negocios.

Por el contrario, la industria petrolera venezolana, en tanto que propiedad pública, reservada legal y constitucionalmente al Estado, debe ser dirigida y administrada en consonancia con una estrategia nacional, que trascienda los límites de lo meramente empresarial.

Y al hablar de estrategia nacional no estamos limitando el horizonte al estrecho ámbito de lo estatal, tal como pretenden las presentaciones maniqueas para vender las presuntas bondades de las concepciones ultraprivatizantes. Una estrategia nacional no es contradictoria con una voluntaria cesión a la actividad privada de áreas reservadas al Estado. Pero ello debe ser el resultado de una seria consideración por parte de los poderes públicos y los órganos planificadores competentes, en un ambiente de consenso nacional. Sobre todo, esa cesión no podría comportar, como sucedió en el pasado y sigue sucediendo en el presente, transferencias unilaterales, sin la justa contraprestación debida por la liquidación de un activo público.

El esquema que se adopte para garantizar una gestión eficiente de la industria petrolera nacional puede responder a diferentes concepciones administrativas, políticas y sociales, pero, en cualquier caso, será indispensable acabar con el abusivo aprovechamiento privado de ese bien colectivo.

Por tales motivos, consideramos que dentro de un proceso de verdadera profundización de la nacionalización petrolera, de auténtica apropiación por los venezolanos de su patrimonio colectivo, se impone la toma de decisiones trascendentales, las cuales requieren una clara y definida voluntad política. Esa voluntad política no existe hoy, pero contribuiremos a su construcción al seńalar cuáles son, a nuestro entender, esas tareas:

Realizar una severa investigación de las principales transacciones realizadas hasta la fecha en materia de contratos y adquisición de instalaciones y equipos, tanto en el país como en el exterior. Analizar claramente, de manera desagregada, el rendimiento de cada una de estas inversiones y sus perspectivas futuras. En particular establecer la conveniencia o no de mantener la propiedad de esos activos o realizar ventas, como la que estuvo prevista y no se concretó, con el 50% de la CITGO.

Detener las operaciones que se llevan a cabo en condiciones de costos incrementales, en abierta violación de normas técnicas y en desmedro de las posibilidades futuras de recuperación de los yacimientos. Investigar las causas de pérdidas y accidentes ocurridos en las áreas donde se realizan estas operaciones.

Estabilizar los niveles de producción dentro de los márgenes técnicos aconsejables para la preservación de la vida de los yacimientos, lo cual debe coincidir con el óptimo económico de máxima rentabilidad unitaria.

Mantener la política de propiciar, en el seno de la OPEP, un escenario de defensa de los precios, garantizando la asignación de una cuota de producción cónsona con el nivel óptimo de producción de nuestras reservas. No se trata de una posición “rentista” a ultranza. Se trata de que la renta petrolera se produce, independientemente de nosotros, como resultado de la operación del mecanismo universal de fijación de precios, y si nosotros renunciamos a ella, otros se la apropiarán.

Evaluar los planes de desarrollo de la Faja del Orinoco y la Orimulsión, estableciendo claramente sus costos de oportunidad frente a destinos alternativos del ingreso disponible. Detener las operaciones que se estén realizando con pérdidas y bajo el supuesto de estar pagando un hipotético "posicionamiento en el mercado". Iniciar un proceso de investigación científica sobre los posibles usos no energéticos de las acumulaciones petrolíferas de la Faja. Establecer un programa de largo plazo con las Universidades, CONICIT, IVIC, INTEVEP, etc., para la formación de personal científico y técnico multidisciplinario dedicado a esa investigación.

Someter todas las transacciones de la industria petrolera nacional a la supervisión efectiva de la Contraloría General de la República. Crear un equipo multidisciplinario y operativo, bajo control del Consejo de Ministros y con representación legislativa, laboral y empresarial, para la planificación en materia de economía petrolera y energética. En ese equipo, que debería recibir los aportes -técnicos, que no deliberantes- de PDVSA, el Ministerio de Energía y Minas, Hacienda, Fomento, Cancillería, CORDIPLAN, Defensa, Banco Central, Gobernaciones de Estado y toda otra instancia pública o privada interesada, debe concentrarse toda la información disponible sobre la materia y el entorno socioeconómico nacional, para que pueda producir propuestas de acción coherentes y bien fundamentadas.

Detener el proceso de liquidación de los instrumentos de percepción fiscal que ha ocurrido en los veinte ańos anteriores, llegando al extremo de la eliminación de los Valores Fiscales de Exportación y estableciendo la minimización de la Regalía en los contratos con las corporaciones extranjeras. A más largo plazo, debe establecerse un sistema coherente de asignación de recursos, tal como el que han propuesto diversos estudiosos de la materia: Procurar los fondos que sean necesarios para garantizar el funcionamiento eficiente de la industria a todos sus niveles, para que responda eficazmente a las alternativas cambiantes de un mercado cada día más complejo, pero presupuestando cada ańo los proyectos recurrentes y los nuevos emprendimientos que se consideren viables, prioritarios y concordantes con los demás aspectos de la política económica establecidos en cada oportunidad, de acuerdo con la ya referida necesidad de integrar esa industria al esfuerzo general de reconstrucción de la economía nacional sobre bases más sólidas, que permitan superar los desequilibrios y carencias que la hacen vulnerable e ineficiente.