Un proyecto desnacionalizador

 

Antiestatismo petrolero:

Máscara de lo antinacional

Carlos Mendoza Pottellá

Septiembre 2020

“…cuando manyés que a tu lado

se prueban la ropa que vas a dejar…”

[Enrique Santos Discépolo, “Yira, Yira”]

 

El estado de postración del país es tal que, como en el tango, se da cuenta de que ya se están repartiendo sus despojos, pero se muestra indefenso, inerme y resignado al destino fatal.

Tal es la situación frente a los reiterados proyectos desnacionalizadora que se vienen proponiendo desde hace décadas, desde los inicios del “adelanto de la reversión” en 1976, para anular todo el recorrido de los esfuerzos nacionalistas en materia petrolera, desde Gumersindo Torres hasta nuestros días.

Se trata de verdaderas cargas de profundidad contra los principios históricos, constitucionales y legales sobre los cuales se instituyó, al menos formalmente, el carácter nacional de la explotación de los recursos de hidrocarburos.

Hace unos días reapareció en la Asamblea Nacional, nuevamente bañadito y bien afeitado, el recurrente proyecto desnacionalizador que caractericé en el momento de su primera aparición, hace un año como “Proyecto de Ley Orgánica para la regulación del Comercio de Esclavos en Venezuela” [https://www.aporrea.org/energia/a280531.html] y al cual dediqué varios trabajos desde entonces, recogidos también en Aporrea: Entre otros, “El Cartero siempre llama dos veces”, “Agencia para el despojo del patrimonio público”, “Agencia Venezolana de Hidrocarburos Marca A.C.M.E.”, “Venezuela petrolera en la tercera década: Cerco y aniquilación”, “Aquelarre privatizador de PDVSA-Ad Hoc”, reunidos en el siguiente enlace: [https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella]

En efecto, en esta oportunidad, como en las anteriores, se trata del mismo discurso supuestamente anti-estatista, pero en esencia antinacional.

Lo de nuevamente afeitadito y bien bañado viene a cuento porque ha sido presentado ya varias veces desde  el año pasado, cuando era un verdadero adefesio, hasta la del 27 de abril pasado, con algunas mejoras de redacción y la más reciente, de hace una semana, el 7 de septiembre, una presentación más sibilina, con toques de vaselina, pero con el mismo planteamiento esencial, “una visión competitiva, audaz, moderna y sobre todo desprejuiciada” [Anteproyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos , Asamblea Nacional, 7 de Septiembre 2020]

Lo desprejuiciado de este Anteproyecto, al cual me referiré en lo sucesivo como ALOH, es evidente por el desaprensivo abandono de toda nuestra tradición legal y constitucional que se materializa en él, con el pretexto de la modernización y máxima flexibilidad.

Una flexibilidad y competitividad extrema que sigue proponiendo la disminución de la regalía del 16,67% al 1%, eliminación de los impuestos municipales, despojo de las facultades ejecutivas estatales de control y fiscalización de la industria para asignarla a un ente autónomo, independiente de los poderes públicos nacionales, y el sometimiento de los contratos de interés público nacional a las normas de arbitraje internacional.

En palabras reiteradas una y otra vez, con el perdón del lector:

Crea un   paraíso terrenal petrolero para los inversionistas privados,  inexistente en otro lugar de la Tierra, donde la Nación venezolana asume todos los riesgos.

Anula la potestad nacional de legislar y regular en materia de hidrocarburos, al establecer, en favor de los contratistas privados, nacionales o extranjeros, la garantía de intangibilidad  legal y fiscal de los términos de sus contratos.

Transgrede todo la evolución  del sistema legal venezolano y lo retrotrae a la época previa a  Cipriano Castro,  antes del Código de Minas de 1904 y  mucho antes de la primera Ley de Hidrocarburos de 1920.  Deja de lado al artículo 1° de la Ley de Hidrocarburos  de 1943, que  estableció el carácter de interés público nacional de la industria petrolera y es el fundamento de su reserva al Estado, vale decir, a la Nación.

¡Pero claro! Es obvio: Todo eso es el pasado que impidió que Venezuela se hubiera convertido en la primera potencia petrolera del Mundo. Contra ese pasado es precisamente que se levanta este monumento a la modernidad y la competitividad.

El instrumento ejecutor de esta nueva política será una Agencia Venezolana de Hidrocarburos, adscrita formalmente a un Ministerio sin nombre,  el cual quedará reducido a actividades protocolares y de representación.

En efecto, ello está dispuesto  en los Capítulos dedicados a la asignación de atribuciones, [ALOH Art. 69] de los cuales presento una versión resumida:

El Ministerio sin nombre tendrá, entre otras, las siguientes:

Representar a la República ante los organismos… Representar la titularidad de las acciones de la República… Otorgar los permisos que son de su competencia. Formular las políticas públicas del Estado… Diseñar del Plan Nacional de Hidrocarburos… con el apoyo técnico de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos…

Delimitar de las Áreas Contractuales…  Dictar las bases y ejecutar los procesos de selección o adjudicación directa… Fomentar la inversión privada nacional e internacional… Elaborar el plan estratégico para la expansión y optimización de la infraestructura … Regular, supervisar y fiscalizar las actividades refinación, procesamiento, licuefacción, compresión, regasificación, industrialización, almacenamiento, transporte, distribución y mercado interno; Dictar las resoluciones necesarias en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, Higiene y Protección al Medio Ambiente… Recopilar información sobre los precios, fórmulas y volúmenes…  en el mercado interno… Promover el desarrollo de un mercado secundario… Publicar información periódica sobre los permisos otorgados…

Se puede observar, de entrada, que ese Ministerio anónimo no tendrá nada que con las “Actividades Delegadas” aguas arriba, a los contratistas privados.

Todas esas funciones las asumirá la todopoderosa Agencia Venezolana de Hidrocarburos,  ente con autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, con personalidad jurídica propia, dotada de un  patrimonio constituido por el 1% de la Regalía y todo el Impuesto Superficial que pagaran los “asignatarios” privados, “tendrá a su cargo la administración, regulación, el control y la fiscalización de las Actividades Delegadas, la disposición de los hidrocarburos producidos por las Empresas Asignatarias, así como de la implementación técnica de las políticas públicas” [ALOH Art. 70]

El Ministro “del sector  de hidrocarburos” es apenas uno de los miembros ordinarios de la Junta Directiva de esa AVH, un voto entre cinco, que no puede presidirla. Presento una versión recortada para dar una idea de esas atribuciones magnas:

Preparar los procesos de selección o adjudicación directa… Evaluar y calificar las capacidades técnicas y financieras... Informar trimestralmente a la Asamblea Nacional.. Suscribir el contrato que corresponda según la modalidad de negocio... Dictar las normas y lineamientos de carácter técnico, legal y financiero aplicables a las Actividades Delegadas de hidrocarburos; Aprobar los planes de exploración y producción de hidrocarburos;  Evaluar las propuestas técnicas para optimizar los factores de recobro… Evaluar las solicitudes de asignación, cesión, renovación, y renuncia... Facilitar la tramitación  de ...la excepción temporal del porcentaje obligatorio de personal venezolano exigido en la legislación laboral… Establecer las metodologías para el cálculo de las tarifas de almacenamiento, transporte y distribución… Facilitar la tramitación de las solicitudes de permisos para el desarrollo de proyectos integrados…  Aprobar los planes de inversión para el desarrollo de las Actividades Delegadas; Calcular y fiscalizar las regalías y las ventajas especiales que serán aplicadas a las Actividades Delegadas; Realizar los estudios y análisis comparativos de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional; Fomentar la inversión privada nacional e internacional en las Actividades Delegadas; Establecer los parámetros para calificar a las empresas de capital nacional y vigilar su cumplimiento; Cobrar el Impuesto Superficial equivalente a cada Área Contractual y el Impuesto de Exportación… Cobrar las tasas por los servicios de acceso a la información… Proponer a las autoridades competentes para su consideración, la modificación de leyes, reglamentos u otros instrumentos regulatorios, incluyendo esquemas económicos y fiscales para exoneraciones fiscales temporales, que se consideren necesarias para la captación o preservación de las inversiones necesarias en el sector de los hidrocarburos. Consolidar y divulgar la información sobre las reservas de hidrocarburos; Coordinar, mantener y administrar el Banco Nacional de Información de Hidrocarburos;  Publicar información periódica sobre las Áreas Contractuales disponibles, los contratos asignados, su gestión y administración, la capacidad utilizada y disponible en las instalaciones, los volúmenes de hidrocarburos producidos, los hidrocarburos exportados y volúmenes los hidrocarburos comercializados en el mercado interno. Administrar la taquilla única que permita la gestión centralizada de todos los trámites administrativos relacionados con las actividades a las cuales se refiere esta Ley, incluyendo los trámites ambientales. [ALOH Art. 71] Remito al lector a la lectura completa para verificar el sentido completo de lo resumido aquí..

Todas estas atribuciones lo fueron alguna vez del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y muchas de ellas comenzaron a ser transferidas a PDVSA en 1983, cuando el Ministro de la época quiso “ascender” a la Presidencia de PDVSA e inició el desmantelamiento de las oficinas técnicas de ese MMH.

El Anteproyecto en cuestión establece el sometimiento obligatorio de los contratos de “asignación” a las leyes y arbitrajes internacionales, en violación del principio constitucional respecto a los contratos de interés público nacional,  garantizando a los contratistas niveles de ganancias intangibles y “trato justo” según los estándares internacionales y la tácita condición de “nación más favorecida”.  

Todo se plantea, según el texto, como el cumplimiento de una responsabilidad histórica, para apalancar la recuperación y la estabilización del país, al dinamizar nuevas inversiones a gran escala al generar un clima de inversiones acorde con las circunstancias.

Estas “inversiones a gran escala” salen de la misma matriz planificadora de producciones de 5 a 8 millones de barriles diarios en plazo de cinco años cuyo fracaso hemos contemplado trágicamente desde 1983 hasta el día de hoy.

Como siempre, todo se basa en el optimismo ciego con el cual se evalúan posibilidades de desarrollo de nuestros crudos extrapesados y de las perspectivas del mercado petrolero futuro:

Incremento acelerado de la demanda a partir del 2021, motorizado por el crecimiento de la población mundial, de un 30% en la próxima década, y el agotamiento de las reservas de otros países: la gran oportunidad para Venezuela.

Para aprovechar esa oportunidad hay que ser  competitivos. Como no podemos serlo por la calidad y costos de nuestros crudos, lo seremos por la reducción a niveles ínfimos de nuestra participación fiscal.

Y sobre todo en las condiciones actuales y post pandemia,  cuando las mayores empresas petroleras internacionales están redefiniendo hacia la baja sus compromisos de inversión petrolera, abandonando proyectos en las lutitas norteamericanas, posponiendo inversiones en Arabia Saudita y el Mar del Norte…

La magnitud y entidad de la materia que pretende desregular este Anteproyecto obligan a que su consideración sea hecha con una visión holística, ameritan un estudio detallado de sus implicaciones nacionales, filosóficas, políticas y económicas, amén de un análisis jurídico circunstanciado.

Con esto quiero decir que las cláusulas eficientes de este anteproyecto, apartadas de la hojarasca de adornos que las cubre,  deben ser abordadas multidisplinariamente, en un debate público frente a esos ciudadanos en nombre de cuyos intereses se propone esta degollina institucional.   

Por ahora, asumiendo la antigua parcialidad de mi visión sobre el tema, quiero ir a los tiempos germinales del asunto y, para ello, apelo a mis derechos de autor para copiar textualmente extractos de trabajos anteriores.

La idea fundamental sobre la cual se construye esta propuesta ha sido expresada desde hace más de 40 años por dirigentes petroleros de formación y vocación transnacional, a quienes enfrenté en su momento: se trata   de una intencionada confusión entre las categorías Estado y Nación, propiedad pública con propiedad estatal, etc.

Desconocen en primera instancia el carácter eterno de la Nación y pretenden que los ciudadanos, una fracción de la población viviente y una ínfima parte de la Nación por venir, pueden disponer hoy de un patrimonio público que trasciende generaciones, para comprometerlo a larguísimos plazos –cuarenta años en el anteproyecto considerado- y, cuando hayan desaparecido los últimos enfermos del mal estatista, repartirlo,  directa o indirectamente, entre los ciudadanos del momento.

Desde luego, todo de acuerdo con las leyes del mercado que implican, según  una antigua jerga oriental venezolana, que “el que tiene más saliva, traga más harina”, refiriéndose al astringente polvo del maíz Cariaco tostado.

No se necesita ser muy perspicaz para predecir que esos ciudadanos, poseedores individuales de fracciones  cienmillonésimas de ese patrimonio, buscarán la manera de “realizar” en el mercado esa propiedad, única manera de convertirla en bienes para su disfrute inmediato. (Pienso en los ciudadanos habitantes de las barriadas de todo el país) Y tampoco se necesitan complicadas series estadísticas, ni análisis de varianzas, para saber en manos de quienes se van a concentrar esas fracciones.  

Esa idea privatizadora se instrumenta con la  pretensión de aplicar normas sobrevenidas de la anglosajona “common law”,  desconociendo la tradición romana de nuestra legislación ancestral y los principios filosóficos y políticos  sobre los cuales se constituyó la República de Venezuela.

En “La oportunidad la pintan calva”  [https://www.aporrea.org/energia/a280644.html]  de julio del año pasado, inserté las siguientes autocitas y consideraciones, las cuales reproduzco textualmente:

"…hoy está de moda el dejar de ser rentistas y estimular escenarios productivos donde el sector privado lleve la batuta, como en toda sociedad capitalista que se precie de serlo.

Superando las obstrucciones que genera la propiedad estatal sobre el recurso petrolero, el interés colectivo real, en este sector, estaría en los efectos multiplicadores que tendrían los negocios privados en la reactivación de la oferta y demanda agregada de bienes y servicios, los cuales, a su vez, estimularán el crecimiento de la producción y el empleo en el resto de la economía nacional."  [C. Mendoza P. “Privatizar PDVSA ¿vender el sofá”? en  Crítica petrolera contemporánea,  Crónicas Disidentes Sobre la Apertura y el Poder  Petrolero (1996-1999), FACES-UCV]

"Muchos compatriotas han sido tocados por la matriz de opinión según la cual, la privatización de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) puede ser la cura de todos nuestros males económicos. Pagaremos la deuda externa y seguiremos expandiendo nuestra producción petrolera. El desarrollo de las actividades no petroleras vendrá después. Las graves circunstancias en que vive la inmensa mayoría de los venezolanos, ubicados entre la pobreza crónica y la miseria extrema, dan carácter de urgencia a la vía privatizadora. Las posiciones nacionalistas en esta materia son equiparadas a las actitudes del avaro, que muere de indigencia en un lecho de morocotas de oro."

[C. Mendoza P. “¿La privatización petrolera hará el milagro?” ABC Petrolero, FUNDAPATRIA, 22 de julio 1998]

El principal instrumento de esas propuestas se fundamenta en una distorsionada interpretación de nuestra historia y una intencionada confusión de conceptos tales como Estado, Nación, gobierno, república, patrimonio colectivo y ciudadanía, a partir de la cual se pergeña un discurso falaz, según el cual los ciudadanos, verdaderos dueños de los recursos petroleros, son despojados por el Estado, cuando éste se "apropia" de los beneficios –la renta- que genera la industria que convierte a esos minerales en productos para el mercado.

"Justamente, la confusión entre los términos gobierno, Estado y Nación, forman parte del arsenal discursivo de quienes postulan la primacía de la propiedad privada sobre la propiedad pública, la privatización como sinónimo de democratización liberal. Cuando condenan las políticas "estatistas" que maximizan lo que el gobierno "pretende cogerse", obvian el hecho de que ese gobierno y ese Estado son entes temporales que representan los derechos de la Nación eterna, es decir, el concepto que engloba a todos los venezolanos, vivos y por nacer, cuyo patrimonio debe ser administrado con criterios de máximo aprovechamiento presente y futuro."

[C. Mendoza P. Ignorancia Petrolera y Neocolonialismo, en  Crítica petrolera contemporánea.  Loc. Cit.]

Una muestra de ese discurso manipulador nos lo entregó hace más de dos décadas un destacado epígono de las bondades del liberalismo norteamericano, avergonzado de nuestra tradición legal "absolutista" y distorsionando, de paso, el espíritu bolivariano que quedó expreso en su decreto de 1829, el cual reserva las minas de cualquier clase a la República y ha sido fundamento del derecho minero venezolano hasta nuestros días:

... nuestra historia republicana evidencia el tránsito del soberano-rey al soberano-civil, ya sea éste el dictador-déspota antes o el dictador-partidos políticos ahora.

Influenciados además por las doctrinas marxista-leninista y fascista, igualmente absolutistas, muchos de nuestros pensadores se apartaron de las ideas liberales de Bolívar y Sucre, tomando la noción de que la soberanía descansa en el Estado o el pueblo como un todo...

... los Estados Unidos florecieron porque, en verdad, dieron la soberanía al individuo...

... No reservaron al Estado ningún bien material (a excepción de algunos parques naturales), o actividad industrial, comercial o de servicios. Cada quien produciría prioritariamente para sí y su familia, y subsidiariamente para la comunidad. ¡Gran distinción con el absolutismo! Pues en éste el trabajo pertenece primero al soberano-rey, al soberano-Estado o al soberano-pueblo y sólo después al trabajador y su familia. [Andrés Sosa Pietri "Apertura petrolera, soberanía y la parábola de los talentos". El Universal, pág. 2-2/ 6 de enero de 1996.]

A partir de esa falacia se ha promovido, y se sigue proponiendo hoy, la más demagógica y antinacional de las propuestas: repartir anualmente una parte sustancial de los beneficios y todos los dividendos de la industria petrolera entre los ciudadanos, vale decir, los mayores de 18 años:

Un antecedente de transparente demagogia electoral lo constituyó la promoción,  hecha en 2006 por el candidato presidencial Manuel Rosales, de una tarjeta, “Mi Negra”, en donde cada ciudadano recibiría una participación  en los beneficios de la industria petrolera como aporte para la cuota inicial de su vivienda.

Antinacional, sin ambages, porque es una propuesta que despoja a la Nación eterna, es decir, a todos los habitantes vivos y por nacer en este país hasta el momento en que desaparezca como tal entidad, por causas tales como conquista extranjera o cataclismo nuclear.

Los habitantes de Venezuela mayores de 18 años, estimados en unos 20 millones al final de este año, constituyen el 60% de la población total, estimada en 32 millones de personas para la misma fecha.

Al momento de aprobarse tal reparto de dividendos, la porción así privatizada sería dedicada en gran parte a alimentar el mercado de consumo y a la realización de inversiones que arderán en las grandes fogatas de los procesos de centralización y concentración de capitales característicos de cualquier mercado libre, pero más aún cuando se trata de hambrientos estimulados pavlovianamente hacia el consumo inmediato, en los cuales medra la propaganda masiva de compras por Amazon e inversiones "desde sólo 500 mil dólares" para obtener la Visa EB-5 de negocios en los Estados Unidos.

En consecuencia, con el tiempo, la participación recibida directamente por la mayoría de esos veinte millones de "privilegiados" se irá concentrando en las manos de los emprendedores de siempre y otra gran parte de ellos se agregará a los más de 10 millones de los "menores" que serán automáticamente desheredadas de su patrimonio. Dadas las actuales tasas de crecimiento poblacional, para el año 2050 habrán nacido en este país otros 8 ó 9 millones de nuevos desheredados.

Más allá no podemos aventurar nada, sobre todo si se cumplen los pronósticos sobre el cambio de la matriz energética, cuando a la disminución del uso de los hidrocarburos conduciría a que las instalaciones para extraer petróleo se conviertan en los temidos "stranded assets" (activos varados) que hoy aterran a los accionistas de Exxon Mobil y sus corporativas hermanas petroleras.

La falacia de estas propuestas es inconmensurable, cuando se pretende comparar un fondo de reparto anual de dividendos con otros fondos de ahorro transgeneracional, como el noruego o el kuwaití, que son precisamente diseñados para "las nuevas generaciones" y para posponer el consumo de ingresos extraordinarios que, de otra forma provocarían efectos perversos en sus respectivas economías, tales como los que dieron lugar a los denominados "efecto Venezuela" (justamente caracterizado así por los noruegos y predicho en 1930 por Alberto Adriani) o la más reciente y popular "enfermedad holandesa".

Y se trata de privatizar, no de "desestatizar", porque se trata de hacer privado lo que es un bien público, que debe tener un destino de beneficio colectivo, de servicio público, de inversión para acrecentar el patrimonio de todos, de la Nación toda.

La manipulación mediática de estos conceptos, hace que hasta quien escribe dude antes de utilizar la palabra "público", porque puede ser interpretada como "perteneciente al Estado".

Esta manipulación condujo a extremos como los de un conocido gerente petrolero de los 70, Shell- Maravén, cuando proclamaba: "Si yo soy accionista de la Shell, ¿por qué no puedo serlo de PDVSA?"

Y ése, precisamente, fue uno de los primeros proponentes del reparto de las acciones de PDVSA entre los mayores de 18 años, fundado siempre en el mismo argumento:

"- Al no resolver las diferencias entre Estado y nación, le dejará al Estado la propiedad de los yacimientos petroleros cuando éstos deberían ser propiedad de la nación. Es decir, de todos nosotros. El Estado es su ente regulador, mas no su dueño." [Alberto Quirós Corradi, “XX Aniversario, PDVSA en la encrucijada”. El Universal,  14 de septiembre de 1995. Pág. 2-2.]   

Ya para entonces inmerso en el debate de la "apertura petrolera", respondía:

La apertura es apenas el capítulo contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las élites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyen hoy, y desde hace 20 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal. [C. Mendoza Pottellá, 1996. “Apertura petrolera: Nombre de estreno para un viejo proyecto antinacional”. Inserto en Nacionalismo Petrolero en Cuatro Décadas.  Op. Cit. Pág. 279]

Con el paso de los años, enfrentados ahora a la situación crítica referida en las primeras líneas, renace la matriz neoliberal, ahora institucionalizada en centros promotores de esa doctrina, como CEDICE:

"Es necesario revisar la relación Estado-Sociedad con respecto a la renta que produce la actividad de los hidrocarburos, para que esta vaya directamente a los ciudadanos. El excedente económico que se origine en la actividad petrolera, que corresponde a la Nación, será destinado totalmente a la creación de un FONDO, que será el Fondo de ahorro, patrimonio e inversión de los venezolanos. Su rendimiento será entregado directamente a cada venezolano a través de cuentas individuales.

…

Será preciso que PDVSA deje de ser una operadora y convertirla en una excelente administradora de los Contratos de Producción Compartida ("Production Sharings"), en nombre de los propietarios del recurso, todos los ciudadanos."  [Diego González Cruz.  Propuestas para Venezuela. Cómo rescatar a la industria petrolera nacional. CEDICE Libertad. Caracas 2016]

Justamente ahora, en momentos críticos para la Nación y partiendo de esta matriz CEDICE, nos alcanzó el futuro, y aparece una nueva propuesta privatizadora, envuelta en el atractivo papel de regalo de "democratizar el ingreso petrolero".

Los señuelos, son los mismos de siempre: Maximizar la producción petrolera y gasífera, diversificar la economía, desarrollo sustentable y equilibrio ambiental. El mejor de los mundos posibles.  [Leopoldo López, Gustavo Baquero: Venezuela Energética. Propuesta para el bienestar y el progreso de los venezolanos.  pág. 166.]

Partiendo de una afirmación que puede ser generalizada a todos los gobiernos que en este país han sido, según la cual los grupos que controlan el poder político privatizan las ganancias de la industria petrolera al apropiársela ellos y que el resto de los venezolanos asumimos siempre las pérdidas, plantean un "nuevo esquema distributivo" en el que fundamentan su proyecto de "democratización del petróleo":

"Planteamos que parte de la renta petrolera sea depositada en cuentas individuales de cada venezolano mayor de edad sin distinción de ningún tipo y para ello proponemos contabilizar de manera clara y separada la parte del ingreso petrolero que le corresponde al Estado y la que les corresponde directamente a los ciudadanos…" [López-Baquero, Op. Cit.12]

Aunque se trata de una propuesta bastante más elaborada que las de sus predecesores, en cuanto a la restricción del destino que cada ciudadano dará a su porción del ingreso petrolero, al establecer que ella será aplicada al ahorro de una pensión, el financiamiento de la educación, la adquisición de vivienda, la atención médica hospitalaria y la inversión productiva, la sola mención de estos rubros prefigura un futuro en el cual la salud, la educación, la seguridad social y hasta la pensión de retiro, serán asuntos de los cuales cada individuo deberá proveerse, reduciendo el papel del Estado al de policía, administrador de justicia, vigilante de las fronteras y monopolista de las limitadas armas de la Republica. El propio ideal del extremismo liberal.

Todo lo demás puede y será privatizado: escuelas, universidades, hospitales, aeropuertos, parques, autopistas, fondos de pensiones, emisión de monedas, cárceles y manicomios. Y todo ello en beneficio de sus ciudadanos más aptos, emprendedores y sobrevivientes de la vorágine de la libre competencia.

La justificación teórica e ideológica de la recentísima propuesta López-Baquero es la misma y añeja de Quiroz Corradi-Monaldi, Sosa Pietri, Giusti, Espinasa y otros: Son los ciudadanos con derecho a voto, los mayores de 18 años, los auténticos propietarios de la renta del suelo y no el Estado. Vale decir, reiteraremos hasta el cansancio, no la Nación.

Parten como ya referí, de la confusión del Estado con la Nación y la reducción de ésta a su porción ciudadana, mayor de 18 años:

"…proponemos que el ingreso petrolero generado por la venta del petróleo sea dividido entre el Estado y los ciudadanos. …

La herencia y el marco actual definen que la propiedad del petróleo es de los venezolanos, sin embargo, esta propiedad para poder distribuirla debe ser extraída y vendida. La propiedad adquiere valor más allá del formalismo legal de que nos pertenece a todos. Es por esta razón que nosotros consideramos que es el ingreso petrolero y no los yacimientos en el subsuelo lo que debemos distribuir. [López-Baquero Op. Cit. Págs..256-262.]

A partir de estos postulados define las porciones que integrarán el "Ingreso Petrolero Ciudadano" y que deberán ser depositadas anualmente en las cuentas individuales de cada ciudadano, en un "Fondo Patrimonial de los Venezolanos": Toda la regalía, la sobretasa de 16% de Impuesto Sobre la Renta aplicada a los hidrocarburos y todos los dividendos que declare PDVSA.

Desde luego, este Fondo Patrimonial "manejará un monto importante de recursos que podrá bajo criterios estrictos de eficiencia y transparencia, garantizar un rendimiento seguro y razonable de las inversiones de estos fondos…"

En otras palabras, en vez de ser el Estado republicano, legal, constitucional e históricamente conformado como garante de los intereses permanentes de la Nación, serán los empresarios-administradores de un Fondo parcial, el de los ciudadanos mayores de 18 años, quienes van a decidir el destino del patrimonio colectivo ancestral y futuro de todos los venezolanos.

Y todo esto nada tiene que ver con los ya mencionados fondos creados en otras latitudes -Noruega, Kuwait- a los cuales se alude falazmente como supuestos paradigmas para la instauración de este novedoso contrabando expropiador.

Pues bien, tales son los antecedentes en los cuales se fundamenta el anteproyecto de Ley de Hidrocarburos que cursa en la Asamblea Nacional desde el año pasado. De ser aprobado, se convertiría en el primer instrumento para proceder al despojo de la Nación, hoy incapaz de defenderse de quienes “se prueban la ropa que vas a dejar”, con el perdón de Discépolo.

https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella

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 CMP/15 de Septiembre 2020