Petróleo, chambonería e impunidad
Carlos Mendoza Pottellá
Julio 1998
El país vive una conmoción económica y social a causa de la inmensa brecha que se ha abierto entre sus expectativas y exigencias presupuestarias y un ingreso petrolero abatido por la descomunal caída de los precios. Esa debacle tiene uno de sus factores fundamentales en la ceguera, la soberbia y la ignorancia de nuestros dirigentes petroleros, y no tiene nada que ver con la tesis oficial de que se trata de “maniobras de los especuladores”.
Como confesara en febrero pasado el Presidente de PDVSA, esa Corporación ha violado consistentemente las cuotas de la OPEP desde hace unos diez años, porque la gerencia petrolera venezolana no cree en la política de defensa de los precios y, por el contrario, se trazaron planes para alcanzar los 7 millones de barriles diarios en el año 2007 (intervención del Economista Jefe de PDVSA en un evento del World Energy Council, echando más leña al fuego en plena zambullida de los precios)
En noviembre pasado fue aprobada la Ley de Presupuesto 1998. De acuerdo a los parámetros asumidos para la exportación de crudo y productos, más el consumo interno, se autorizó allí una producción cercana a los 3 millones 700 mil barriles diarios. En esos mismos días, el Ministro de Minas y el Presidente de PDVSA estaban conviniendo, por consenso en Jakarta, una cuota de 2.580.000 b/d. Es decir, que la previsión presupuestaria oficializaba legislativamente la trampa a la OPEP, planificando una nueva violación, del orden de 1.120.000 b/d durante 1998, cifra superior a las violaciones incurridas en 1996 y 1997 de 740.000 y 1.060.000 b/d respectivamente.
Este comportamiento tramposo se justificaba con el argumento de que PDVSA basaba su estrategia a largo plazo sobre un escenario de precios bajos y la inmensa base de recursos petroleros que la convierten en la segunda empresa petrolera del mundo. No importaba que los precios cayeran, pues se podía incrementar la producción casi indefinidamente. Lo que importa es la actividad productiva, generadora de movimiento económico en general, y desde luego... de negocios de todo tipo.
Y todo ello se hace en nombre del combate al “rentismo” parasitario, permitiendo simultáneamente que la renta, que de todas maneras se produce, sea apropiada –en una sintomática explosión de los costos- por los asociados privados nacionales y, sobre todo, extranjeros de la gerencia petrolera. La justificación ética y económica de este comportamiento se basa en la aplicación dogmática de los preceptos de la economía de mercado: El Estado no puede seguir siendo propietario de medios de producción y debe restringirse a sus funciones “naturales”, en la prestación de servicios de seguridad, educación, salud e infraestructuras no rentables.
Pues bien, anclados en ese paradigma y munidos con los escenarios del Banco Mundial que predecían un permanente crecimiento de la economía mundial a tasas aceleradas, los gerentes petroleros construyeron su “Plan de Negocios” en 1992 para comenzar una expansión que llevaría la producción a 6,3 millones de barriles en el 2.006. Desde entonces lo han sostenido a troche y moche, contra todas las modificaciones de ese escenario que poco a poco, pero sin pausa, se estaban generando: Desde hace más de dos años, por ejemplo, los precios petroleros estaban dando muestras de debilidad y su caída, a pesar de no ser pronunciada, fue contínua durante todo ese lapso.
Los dirigentes petroleros siguíeron pontificando con soberbia hasta el 22 de marzo pasado: “si la OPEP nos critica, nos salimos y sanseacabó”, “la OPEP no puede hacer nada para detener la caída”, “nuestra estrategia se basa en precios bajos”, “aún a trece dólares nos dan las cuentas”, “la producción de los países no-OPEP va a disminuir muy pronto”, “compensaremos la caída de los precios con más producción”, “la caída de los precios es pasajera, es un efecto psicológico culpa de los especuladores”, “en el 2007 produciremos 7 millones de barriles diarios”.
La gravedad de la situación los hizo callar y fueron obligados a ir a la capital de Arabia Saudita, el 23 de marzo, a pactar un recorte de la producción que resolviera la situación. Pero lo hicieron con tan mala conciencia, que el recorte pactado no convenció al mercado y los precios siguieron cayendo.
El propio Presidente de PDVSA dejó entrever en declaraciones a un vespertino las razones de esa ineficiencia: En verdad, PDVSA redujo su producción, pero mantuvo el mismo nivel de suministros internacionales, apelando a los inventarios. Es decir, continuaron su tradicional burla a los compromisos adquiridos. Esto es tan conocido en esos mercados, que ni las promesas de un segundo recorte han detenido la caída de los precios. Asi lo expresan algunos analistas: la palabra de los dirigentes petroleros venezolanos no vale ni el papel donde está escrita.
Otros reconocen el valor de esas conductas: Giusti consagrado como el ejecutivo petrolero del año. Estados Unidos se ahorrará este año 15 mil millones de dólares en factura petrolera. Pero ¿quién responde por la brecha fiscal y presupuestaria venezolana?
lunes, 28 de diciembre de 2009
CONTRA LA "APERTURA"
Comentarios al Documento
"Consolidación del Desarrollo del Sector Petrolero Venezolano”
(Texto justificador de la Apertura Petrolera)
El ciudadano Presidente de la República, en la Sesión Ordinaria No. 55 del Consejo de Ministros celebrada el día 7 de diciembre de 1994, consideró y aprobó el llamado “Documento Base para la Consolidación del Desarrollo del Sector Petrolero Venezolano”, el cual contiene la propuesta de llevar a cabo un proceso de “apertura de las actividades de exploración y producción de nuevas áreas a la participación de capitales privados”
El documento consta de dos grandes partes: una exposición de motivos y una presentación de los aspectos legales del esquema de ganancias compartidas.
Respecto a la exposición de motivos debemos decir, de plano, que nos parece un texto fabricado con el sólo propósito de convencer al lector de las bondades de la política que se propone, sin parar mientes en los argumentos que se utilizan. Por esto mismo, es un documento contradictorio, haciendo afirmaciones exactamente contrapuestas, según le convenga demostrar una u otra cosa:
Así, para demostrar que el desarrollo de esas áreas no puede ser emprendido directamente por el Estado, se les califica de "alto riesto, alta complejidad geológica y sofisticados requerimientos tecnológicos", todo lo cual se traduce en altos costos. Pero, para ponderar la factibilidad del negocio se habla de una alta prospectividad, de una tasa de hallazgos del 30%.
En general, se hacen una serie de afirmaciones poco fundamentadas y se utilizan los más comunes latiguillos de la propaganda corporativa para justificar los planes de expansión:
El primero de esos latiguillos es el que pretende demostrar que incrementar la producción petrolera nos hará dejar de ser rentistas y comenzar a ser productivos. Esta es una falacia, difundida por los Planificadores de PDVSA en sus Planes y Guías Corporativas,, que ha corrido con una gran suerte: todos, desde el Presidente de la República hasta los políticos más radicales del espectro nacional la repiten. Es realmente increíble como ha podido asimilarse la creciente caída de los rendimientos fiscales netos de la industria petrolera nacional -además del acentuamiento del sacrificio fiscal en favor de ésta- con el camino hacia una Venezuela productiva.
Segundo: Cuantiosa base de recursos y capacidad de crecimiento casi ilimitado. Un análisis detenido de las relaciones reservas-producción en los diversos rangos de gravedad (extrapesado, pesado, mediano y liviano) demuestra que no son tan ciertas las posibilidades de, por ejemplo, duplicar los niveles actuales de producción. Ver cuadros y gráficos anexos.
Tercero: Venezuela es un país de bajos costos de producción.
En Venezuela se han perforado alrededor de 37 mil pozos petroleros, de los cuales 26.000 están en capacidad de producir, 14.000 cerrados y 12.000 fluyentes, con una producción promedio de 250 barriles diarios por pozo. En todo el Medio Oriente no hay 12.000 pozos y el promedio de producción diaria por pozo en los cinco Países ribereños del Golfo Pésico que encabezan la lista de países petroleros en cuanto a la magntiud de sus reservas, pasa de los 5.000 barriles. Si a ello agregamos que la mayor parte de la producción de estos países es de petróleo liviano, de más de 30 grados API, contra un promedio de 26 en Venezuela ¿De dónde salen esos supuestos bajos costos de producción? Por el contrario, las cifras de la propia PDVSA reflejan que hay un proceso constante de crecimiento de los costos, habiéndose producido una explosión de los mismos a partir de 1991.
Y no es sólo por pozos cerrados y baja producción unitaria. Es tambien por en el envejecimiento de los yacimientos, algunos casi exhaustos, a los cuales se les sigue exigiendo altas cuotas de producción: La inmensa mayoría de nuestros campos tradicionales se encuentran sometidos a la terapia intensiva permanente de la recuperación secundaria. PDVSA, para justificar el creciente costo del mantenimiento del potencial, sostiene que éste indicador, el potencial productivo, declinaría a una tasa anual del 23% si no se hacen las inversiones pertinentes.
El análisis de las perspectivas del mercado se hace con un manejo perverso de la realidad. A pesar de que se reconoce que los capitales petroleros internacionales están volcados sobre otros países que correctamente se mencionan, se pretende que los problemas coyunturales que se viven en algunos de esos países se convierte en una ventana de oportunidades para Venezuela, que puede ofrecer la posibilidad de desarrollar hasta 40.000 millones de barriles de crudos livianos y medianos adicionales.
Por cierto que, sobre esta cifra es pertinente hacer ciertas consideraciones.
Para tener una idea de la magnitud de la misma, debe considerarse que las reservas remanentes de los Estados Unidos están por debajo de los 26.000 millones de barriles y las propias reservas reales de Venezuela (pesados, medianos y livianos) no pasan de 32.000 millones. Descubrir 40.000 millones de barriles en las limitadas áreas por explorar en Venezuela sería casi como descubrir un nuevo Kuwait.
Ese optimismo exagerado se manifiesta en el prospecto analizado: descubrir los 6.379 millones de barriles programados en los 17.601 Km² de los lotes establecidos, significa descubrir el 17% de los supuestos 40.000 posibles en menos del 2% del territorio nacional, vale decir, decubrir un nuevo Campo Costanero Bolívar, el mismo de donde ha salido el 60% de la producción petrolera venezolana..
Esto, de paso, es lo que explica que las posibilidades de hallazgo de petróleo sean estimadas en una proporción tan alta como el 30%.
En cuanto a las favorables perspectivas de mercado, debemos hacer algunas precisiones:
Dadas las circunstancias económicas prevalecientes en las diversas regiones del globo, se pueden identificar claras tendencias al crecimiento de la demanda en Asia, América Latina y Europa Oriental. Y ello es así, en parte, porque se supone que estos países recorrerán "el camino hacia el desarrollo" al estilo norteamericano: acero, aluminio, automóviles, electrodomésticos, petroquímica.
A nuestra manera de ver, independientemente que el "ciclo del producto nuevo" lleve a los países industrializados a reservarse para sí las ramas productivas de mayor nivel tecnológico y los correspondientes adelantos en materia de ahorro y sustitución de energía, ello no puede hacernos inferir que se repetirán en estas áreas de nuevo desarrollo las mismas relaciones entre crecimiento y consumo de energía -y sobre todo de petróleo- características de los años 50-60 en los Estados Unidos y Europa Occidental. Inevitablemente, el crecimiento futuro de la economía, en cualquier región del planeta, incorporará niveles crecientes de eficiencia energética. Lo cual nos conduce a considerar con moderación las expectativas de crecimiento de la demanda energética y particularmente de la petrolera. Esta última, afectada de más en más por las políticas de protección ambiental que están comenzado a ponerse en práctica en los principales países consumidores y cuyos efectos sobre la demanda se manifestarán abiertamente en el mediano y largo plazo.
Por el contrario, las perspectivas de crecimiento y diversificación de las fuentes de la oferta petrolera son claras. Como ya citáramos, en el propio documento analizado se listan cuáles serán los nuevos escenarios de expansión de la oferta petrolera. Pero eso no es todo, ni lo más rel;evante, porque es en los propios países de la OPEP donde existen las mayores posibilidades de expansión de la oferta. Ya hoy en día, el elemento fundamental para el debilitamiento de los precios -que los ha conducido a niveles reales inferiores a los prevalecientes en 1973- es la gran capacidad cerrada que mantienen los miembros de esta organización.
Con lo cual nos permitimos decir que nos parece exageradamente optimista la predicción de 6 millones de barriles diarios como cuota de Venezuela en la oferta futura.
Todo lo expuesto nos ratifica que se trata de un documento armado sin mucha seriedad y confiando en la ignorancia de los lectores. Ello no indica, necesariamente que todo esquema de ganancias compartidas sea malo, ni que sea nociva la presencia de capital privado internacional en el negocio.
Lo malo estriba en una distorsión de la realidad que tiende a colocarnos en una posición minusválida a la hora de negociar: El doble propósito de atraer al capital extranjero y convencer de la inevitabilidad de ello a la opinión pública nacional -y en primer lugar al Congreso Nacional- es la fuente de la contradicciones intrínsecas del documento: Altos riesgos que PDVSA no puede asumir, complejidad tecnológica, largos plazos de maduración de la inversión, versus alta prospectividad, bajos costos y, sobre todo, bajos impuestos, para atraer al capital extranjero.
Un elemento característico de todas las presentaciones de PDVSA, y ésta no deja de serlo, es la de apelar a argumentos del tipo "o se hace lo que proponemos o las consecuencias serán catastróficas", con el agravante de que la decisión debe tomarse ya. Este es el caso de la "ventana de oportunidades" a que hace referencia el documento. No parece pertinente sostener que, por el contrario, existen muchas alternativas y todas ellas debemos estudiarlas detenidamente. En materia petrolera Venezuela no está contra la pared, sino en condiciones de exigir una justa compensación por abrir unas áreas que ya han sido trabajadas y sobre las cuales existen, incluso como lo revela el documento, estimaciones respecto a la magnitud de las acumulaciones de petróleo que podría ubicarse en ellas.
Si Venezuela no está en guerra, si se encuentra muy cerca de los mercados con mayores posibilidades de crecimiento, si los lotes previstos no se encuentran en el Círculo Polar Artico, si alrededor de ellos existe una previa infraestructura petrolera y una base de recursos humanos no despreciable, ¿por qué negociar como si estuviéramos mendigando? ¿por qué aceptar un instrumento que desmejora los términos en que se negociaba el petróleo venezolano en los años 40?
"Consolidación del Desarrollo del Sector Petrolero Venezolano”
(Texto justificador de la Apertura Petrolera)
Carlos Mendoza Pottellá 1995
El ciudadano Presidente de la República, en la Sesión Ordinaria No. 55 del Consejo de Ministros celebrada el día 7 de diciembre de 1994, consideró y aprobó el llamado “Documento Base para la Consolidación del Desarrollo del Sector Petrolero Venezolano”, el cual contiene la propuesta de llevar a cabo un proceso de “apertura de las actividades de exploración y producción de nuevas áreas a la participación de capitales privados”
El documento consta de dos grandes partes: una exposición de motivos y una presentación de los aspectos legales del esquema de ganancias compartidas.
Respecto a la exposición de motivos debemos decir, de plano, que nos parece un texto fabricado con el sólo propósito de convencer al lector de las bondades de la política que se propone, sin parar mientes en los argumentos que se utilizan. Por esto mismo, es un documento contradictorio, haciendo afirmaciones exactamente contrapuestas, según le convenga demostrar una u otra cosa:
Así, para demostrar que el desarrollo de esas áreas no puede ser emprendido directamente por el Estado, se les califica de "alto riesto, alta complejidad geológica y sofisticados requerimientos tecnológicos", todo lo cual se traduce en altos costos. Pero, para ponderar la factibilidad del negocio se habla de una alta prospectividad, de una tasa de hallazgos del 30%.
En general, se hacen una serie de afirmaciones poco fundamentadas y se utilizan los más comunes latiguillos de la propaganda corporativa para justificar los planes de expansión:
El primero de esos latiguillos es el que pretende demostrar que incrementar la producción petrolera nos hará dejar de ser rentistas y comenzar a ser productivos. Esta es una falacia, difundida por los Planificadores de PDVSA en sus Planes y Guías Corporativas,, que ha corrido con una gran suerte: todos, desde el Presidente de la República hasta los políticos más radicales del espectro nacional la repiten. Es realmente increíble como ha podido asimilarse la creciente caída de los rendimientos fiscales netos de la industria petrolera nacional -además del acentuamiento del sacrificio fiscal en favor de ésta- con el camino hacia una Venezuela productiva.
Segundo: Cuantiosa base de recursos y capacidad de crecimiento casi ilimitado. Un análisis detenido de las relaciones reservas-producción en los diversos rangos de gravedad (extrapesado, pesado, mediano y liviano) demuestra que no son tan ciertas las posibilidades de, por ejemplo, duplicar los niveles actuales de producción. Ver cuadros y gráficos anexos.
Tercero: Venezuela es un país de bajos costos de producción.
En Venezuela se han perforado alrededor de 37 mil pozos petroleros, de los cuales 26.000 están en capacidad de producir, 14.000 cerrados y 12.000 fluyentes, con una producción promedio de 250 barriles diarios por pozo. En todo el Medio Oriente no hay 12.000 pozos y el promedio de producción diaria por pozo en los cinco Países ribereños del Golfo Pésico que encabezan la lista de países petroleros en cuanto a la magntiud de sus reservas, pasa de los 5.000 barriles. Si a ello agregamos que la mayor parte de la producción de estos países es de petróleo liviano, de más de 30 grados API, contra un promedio de 26 en Venezuela ¿De dónde salen esos supuestos bajos costos de producción? Por el contrario, las cifras de la propia PDVSA reflejan que hay un proceso constante de crecimiento de los costos, habiéndose producido una explosión de los mismos a partir de 1991.
Y no es sólo por pozos cerrados y baja producción unitaria. Es tambien por en el envejecimiento de los yacimientos, algunos casi exhaustos, a los cuales se les sigue exigiendo altas cuotas de producción: La inmensa mayoría de nuestros campos tradicionales se encuentran sometidos a la terapia intensiva permanente de la recuperación secundaria. PDVSA, para justificar el creciente costo del mantenimiento del potencial, sostiene que éste indicador, el potencial productivo, declinaría a una tasa anual del 23% si no se hacen las inversiones pertinentes.
El análisis de las perspectivas del mercado se hace con un manejo perverso de la realidad. A pesar de que se reconoce que los capitales petroleros internacionales están volcados sobre otros países que correctamente se mencionan, se pretende que los problemas coyunturales que se viven en algunos de esos países se convierte en una ventana de oportunidades para Venezuela, que puede ofrecer la posibilidad de desarrollar hasta 40.000 millones de barriles de crudos livianos y medianos adicionales.
Por cierto que, sobre esta cifra es pertinente hacer ciertas consideraciones.
Para tener una idea de la magnitud de la misma, debe considerarse que las reservas remanentes de los Estados Unidos están por debajo de los 26.000 millones de barriles y las propias reservas reales de Venezuela (pesados, medianos y livianos) no pasan de 32.000 millones. Descubrir 40.000 millones de barriles en las limitadas áreas por explorar en Venezuela sería casi como descubrir un nuevo Kuwait.
Ese optimismo exagerado se manifiesta en el prospecto analizado: descubrir los 6.379 millones de barriles programados en los 17.601 Km² de los lotes establecidos, significa descubrir el 17% de los supuestos 40.000 posibles en menos del 2% del territorio nacional, vale decir, decubrir un nuevo Campo Costanero Bolívar, el mismo de donde ha salido el 60% de la producción petrolera venezolana..
Esto, de paso, es lo que explica que las posibilidades de hallazgo de petróleo sean estimadas en una proporción tan alta como el 30%.
En cuanto a las favorables perspectivas de mercado, debemos hacer algunas precisiones:
Dadas las circunstancias económicas prevalecientes en las diversas regiones del globo, se pueden identificar claras tendencias al crecimiento de la demanda en Asia, América Latina y Europa Oriental. Y ello es así, en parte, porque se supone que estos países recorrerán "el camino hacia el desarrollo" al estilo norteamericano: acero, aluminio, automóviles, electrodomésticos, petroquímica.
A nuestra manera de ver, independientemente que el "ciclo del producto nuevo" lleve a los países industrializados a reservarse para sí las ramas productivas de mayor nivel tecnológico y los correspondientes adelantos en materia de ahorro y sustitución de energía, ello no puede hacernos inferir que se repetirán en estas áreas de nuevo desarrollo las mismas relaciones entre crecimiento y consumo de energía -y sobre todo de petróleo- características de los años 50-60 en los Estados Unidos y Europa Occidental. Inevitablemente, el crecimiento futuro de la economía, en cualquier región del planeta, incorporará niveles crecientes de eficiencia energética. Lo cual nos conduce a considerar con moderación las expectativas de crecimiento de la demanda energética y particularmente de la petrolera. Esta última, afectada de más en más por las políticas de protección ambiental que están comenzado a ponerse en práctica en los principales países consumidores y cuyos efectos sobre la demanda se manifestarán abiertamente en el mediano y largo plazo.
Por el contrario, las perspectivas de crecimiento y diversificación de las fuentes de la oferta petrolera son claras. Como ya citáramos, en el propio documento analizado se listan cuáles serán los nuevos escenarios de expansión de la oferta petrolera. Pero eso no es todo, ni lo más rel;evante, porque es en los propios países de la OPEP donde existen las mayores posibilidades de expansión de la oferta. Ya hoy en día, el elemento fundamental para el debilitamiento de los precios -que los ha conducido a niveles reales inferiores a los prevalecientes en 1973- es la gran capacidad cerrada que mantienen los miembros de esta organización.
Con lo cual nos permitimos decir que nos parece exageradamente optimista la predicción de 6 millones de barriles diarios como cuota de Venezuela en la oferta futura.
Todo lo expuesto nos ratifica que se trata de un documento armado sin mucha seriedad y confiando en la ignorancia de los lectores. Ello no indica, necesariamente que todo esquema de ganancias compartidas sea malo, ni que sea nociva la presencia de capital privado internacional en el negocio.
Lo malo estriba en una distorsión de la realidad que tiende a colocarnos en una posición minusválida a la hora de negociar: El doble propósito de atraer al capital extranjero y convencer de la inevitabilidad de ello a la opinión pública nacional -y en primer lugar al Congreso Nacional- es la fuente de la contradicciones intrínsecas del documento: Altos riesgos que PDVSA no puede asumir, complejidad tecnológica, largos plazos de maduración de la inversión, versus alta prospectividad, bajos costos y, sobre todo, bajos impuestos, para atraer al capital extranjero.
Un elemento característico de todas las presentaciones de PDVSA, y ésta no deja de serlo, es la de apelar a argumentos del tipo "o se hace lo que proponemos o las consecuencias serán catastróficas", con el agravante de que la decisión debe tomarse ya. Este es el caso de la "ventana de oportunidades" a que hace referencia el documento. No parece pertinente sostener que, por el contrario, existen muchas alternativas y todas ellas debemos estudiarlas detenidamente. En materia petrolera Venezuela no está contra la pared, sino en condiciones de exigir una justa compensación por abrir unas áreas que ya han sido trabajadas y sobre las cuales existen, incluso como lo revela el documento, estimaciones respecto a la magnitud de las acumulaciones de petróleo que podría ubicarse en ellas.
Si Venezuela no está en guerra, si se encuentra muy cerca de los mercados con mayores posibilidades de crecimiento, si los lotes previstos no se encuentran en el Círculo Polar Artico, si alrededor de ellos existe una previa infraestructura petrolera y una base de recursos humanos no despreciable, ¿por qué negociar como si estuviéramos mendigando? ¿por qué aceptar un instrumento que desmejora los términos en que se negociaba el petróleo venezolano en los años 40?
El Tratado para evitar la Doble Tributación:
¿Primacía de la Razón de Estado?
Carlos Mendoza Pottellá
sábado, 26 de junio de 1999
La "razón de Estado" ha sido siempre una fórmula utilizada por gobernantes autoritarios para no explicar algunas acciones dudosas, a las cuales se cubre con un manto de importancia estratégica para justificar la exigencia de acatamiento sin discusión. La lógica de esta práctica se basa en la pretensión de que la consideración de las cuestiones del más alto interés nacional es materia exclusiva del alto gobierno.
El Canciller, José Vicente Rangel, un insigne luchador contra el totalitarismo y los abusos concomitantes con él, nos acaba de dar una lacónica demostración del imperio de la razón de Estado por encima de cualquier otra consideración. En efecto, frente al conjunto de observaciones críticas que se han levantado contra el Tratado para evitar la doble tributación, suscrito con los Estados Unidos por el anterior gobierno y expeditamente enviado al Congreso para su ratificación por la Cancillería del actual gobierno, el Doctor Rangel ha sido contundente: "El gobierno no revisará acuerdo de doble tributación con los Estados Unidos" (El Nacional, 25/6/99, pág. E-1).
La argumentación del Doctor Rangel es sencilla: "Antes de llevar el acuerdo al Congreso, la Cancillería realizó las consultas y recibió las asesorías respectivas, las cuales determinaron que se trata de un convenio favorable al país". Señala, asimismo, que los funcionarios de su despacho, "a quienes compete la revisión de los tratados internacionales", recibieron información del Seniat, el cual avaló la suscripción de este convenio. "La opinión del Seniat es prioritaria" (Subrayado nuestro)
Quedamos atónitos ante la insólita celeridad de esta Cancillería. Es realmente impresionante -me atrevería a decir que increíble- que, habiendo asumido sus funciones el 2 de febrero pasado, en dos semanas, mucho antes de terminar ese pequeño mes, ya la Cancillería, y "los funcionarios a quienes compete la revisión de los tratados internacionales", habían hecho todas las consultas y recibido todas las asesorías necesarias para remitir ese Tratado a la Comisión de Política Exterior del Senado para iniciar el proceso de ratificación legislativa.
El Senado también abrevió la consideración de este instrumento y, a la velocidad del rayo, lo remitió con su aprobación, a la Cámara de Diputados.
Permítaseme una digresión personal para destacar el nivel de seriedad del análisis con el cual fue considerado este delicado asunto en la Cámara Alta: una senadora amiga, miembro de la mencionada Comisión de Política Exterior, al explicarme las razones de su aprobación al Tratado en discusión me manifestó categóricamente que "... bueno, como eso lo mandó mi gobierno y, además, me convencieron los argumentos de la Oficina de Asesoría Económica del Congreso...".
FUNDAPATRIA, Luis Britto García, el suscrito y los parlamentarios del Polo Patriótico que pidieron la posposición de la ratificación de ese tratado en la Cámara de Diputados hemos demostrado, con nuestras observaciones críticas, que en verdad no todas las consultas habían sido hechas. Por el contrario, fuera de Venancham y algunos otros organismos empresariales interesados en la materia, la inmensa mayoría de los venezolanos comunes y corrientes, e incluso sectores importantes de la dirigencia de este país, desconocen los términos de este Tratado.
La gravedad de esta circunstancia queda de manifiesto cuando se considera que se trata de un convenimiento internacional que afectará sensiblemente a lo que será, por virtud de la apertura petrolera y otros mecanismos de "estímulo a la inversión extranjera", una las fuentes fundamentales de captación de recursos para el Estado venezolano: los impuestos pagados por las empresas norteamericanas en el país.
A confesión de parte, relevo de pruebas:
No voy a reiterar mis argumentos anteriores sobre la insignificancia de Citgo y Polar frente a los consorcios Exxon-Mobil y BP-Amoco. Simplemente me voy a remitir a la máxima jurídica que afirma que "a confesión de parte, relevo de pruebas". No existe mejor argumento sobre la inconveniencia inmediata para Venezuela de este Tratado que los alegatos en los cuales basan su aprobación los órganos parlamentarios que así lo recomiendan:
1)
"Esta doble tributación es altamente perjudicial para el flujo de capitales e inversiones entre los países, en especial para Venezuela que está tratando de captarlas.
Para evitar esta situación es necesario la realización de estos convenios, que si bien significan sacrificios fiscales para nuestra República, otorgan mayor rentabilidad a las inversiones extranjeras en nuestro país" (Comisión Permanente de Política Exterior de la Cámara de Diputados, subrayado nuestro)
Evidentemente, estos diputados no parecen entender que no es "si bien", sino que, por el contrario y sin el condicional, una cosa determina a la otra: la mayor rentabilidad de las inversiones extranjeras en nuestro país se fundamentará en los sacrificios fiscales de Venezuela.
2)
"Lamentablemente, el Seniat no dispone de información suficiente para medir el impacto que se producirá en la recaudación fiscal venezolana cuando las empresas americanas en Venezuela comiencen a repatriar dividendos a los Estados Unidos pagando solamente una tasa de 5% en nuestro país. Si bien, esto puede disminuir en el corto plazo la recaudación de este tipo de ingresos en Venezuela, la eliminación de la doble tributación generará en el mediano y el largo plazo un incremento en el flujo de inversiones y capitales americanos a Venezuela. Los efectos fiscales positivos originados por un universo tributario de compañías americanas más amplio en el mediano y el largo plazo debieran superar los efectos fiscales negativos de corto plazo originados por una tasa impositiva más baja." (Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de la República", subrayado nuestro).
Aquí surge la explicación de un subrayado anterior, en las declaraciones del Canciller Rangel: . "La opinión del Seniat es prioritaria". Pregunto entonces ¿a cuál opinión del Seniat se refiere el Dr. Rangel? ¿no se tratará, más bien, de una aprobación a priori, por razones de Estado deconocidas para el común, pero lo suficientemente "importantes y estratégicas" como para obviar la circunstancia de que ese organismo no dispone, tal como lo sostiene la Oficina de Asesoría Económica del Congreso, de la "...información suficiente para medir el impacto que se producirá en la recaudación fiscal venezolana..."?
De los términos del referido Tratado, y de las justificaciones anteriores, se desprende que la primera consecuencia de su aplicación será una merma impositiva incuantificable, a cambio de la cual sólo se obtendría un futuro e hipotético crecimiento de las inversiones norteamericanas en el país, las cuales vendrían, precisamente, a aprovechar las grandes ventajas que ofrece Venezuela. Los párrafos citados constituyen una paladina confesión del grado de irresponsabilidad con el cual se está tratando una materia vital: se reconoce la incapacidad del Seniat para cuantificar ese sacrificio fiscal con el cual se incrementará la rentabilidad de las inversiones norteamericanas en Venezuela, pero ese desconocimiento de las potencialidades negativas del Tratado en referencia pareciera no ser obstáculo para su aprobación por los poderes públicos nacionales.
Por mi parte, estoy seguro de que ese sacrificio fiscal será gigantesco, porque las principales empresas norteamericanas que se acogerán a este sistema serán las compañías petroleras, las cuales se constituyen en las principales beneficiarias de este tratado, pues disponen desde hace unos años, por virtud de la apertura petrolera, de nuevas áreas para su explotación directa y numerosos contratos operativos. Tal como fue denunciado en su oportunidad por FUNDAPATRIA y el grupo de venezolanos que introdujimos ante la Corte Suprema de Justicia las demandas de ilegalidad e inconstitucionalidad del Acuerdo del Congreso Nacional que aprobó los convenios de asociación para la exploración "a riesgo" y la explotación bajo el esquema de ganancias compartidas, más de la tercera parte de la producción petrolera venezolana se hará, en el mediano plazo, a través de esos convenios y contratos. Se trata pues, reiteramos, de un atentado contra el principal rubro de los ingresos fiscales venezolanos, generador de más del 60 por ciento de éstos. Creo que no es necesario nada más para demostrar la gravedad del asunto.
Este tratado viene a completar el cuadro de políticas antinacionales desarrolladas por el pasado gobierno bajo el paraguas de dicha apertura petrolera: la eliminación de los valores fiscales de exportación, la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta de 67 a 34 por ciento en los convenios de asociación y en los contratos operativos y la minimización de la regalía desde su nivel tradicional del 16,66 por ciento hasta un 1 por ciento en dichos instrumentos de asociación con el capital extranjero, concomitante con el otorgamiento del beneficio de depreciación acelerada de la inversión y amortización también acelerada de los gastos exploratorios y convenios para el pago de regalías que otorgan descuentos por "costos de recolección" que la reducen aún más, a los niveles casi imperceptibles del 0,67 por ciento. Con este conjunto de medidas y el tratado en referencia, Venezuela se convierte en un paraíso para la inversión petrolera norteamericana, la cual consigue de esta manera la vuelta de los buenos viejos tiempos, cuando sus corporaciones obtenían el petróleo venezolano a precio de baratija.
En los actuales momentos se busca imponer ese acuerdo leonino haciéndolo pasar como un simple instrumento de técnicas comerciales de aceptación general. De hecho, se alude a la circunstancia de que Venezuela ha suscrito tratados similares con otros trece países. Justamente, uno de los argumentos norteamericanos para presionar la firma de este Tratado reza así: "...los Estados Unidos no están dispuestos a aceptar un trato menos favorable que el otorgado al resto de las naciones Europeas occidentales más importantes y tampoco están dispuestos a descartar los resultados obtenidos durante varios años en las reuniones previas y comenzar de nuevo" (Memorándum HGJT-97-9-18 del Gerente Jurídico Tributario del Seniat)
Por el contrario, la preponderancia petrolera y la magnitud de las inversiones norteamericanas en Venezuela hacen particularmente distinto este caso, razón por la cual es ineludible una discusión transparente y pública, a través de la cual se exponga el verdadero balance de las consecuencias negativas y positivas del Tratado en cuestión. Precisamente, por lo poco confiables que son los criterios con los cuales el anterior gobierno realizó estas negociaciones y dadas las reiteradas evidencias de su entreguismo en materia petrolera y fiscal, es necesario que se revise todo lo actuado en esta materia.
¿Primacía de la Razón de Estado?
Carlos Mendoza Pottellá
sábado, 26 de junio de 1999
La "razón de Estado" ha sido siempre una fórmula utilizada por gobernantes autoritarios para no explicar algunas acciones dudosas, a las cuales se cubre con un manto de importancia estratégica para justificar la exigencia de acatamiento sin discusión. La lógica de esta práctica se basa en la pretensión de que la consideración de las cuestiones del más alto interés nacional es materia exclusiva del alto gobierno.
El Canciller, José Vicente Rangel, un insigne luchador contra el totalitarismo y los abusos concomitantes con él, nos acaba de dar una lacónica demostración del imperio de la razón de Estado por encima de cualquier otra consideración. En efecto, frente al conjunto de observaciones críticas que se han levantado contra el Tratado para evitar la doble tributación, suscrito con los Estados Unidos por el anterior gobierno y expeditamente enviado al Congreso para su ratificación por la Cancillería del actual gobierno, el Doctor Rangel ha sido contundente: "El gobierno no revisará acuerdo de doble tributación con los Estados Unidos" (El Nacional, 25/6/99, pág. E-1).
La argumentación del Doctor Rangel es sencilla: "Antes de llevar el acuerdo al Congreso, la Cancillería realizó las consultas y recibió las asesorías respectivas, las cuales determinaron que se trata de un convenio favorable al país". Señala, asimismo, que los funcionarios de su despacho, "a quienes compete la revisión de los tratados internacionales", recibieron información del Seniat, el cual avaló la suscripción de este convenio. "La opinión del Seniat es prioritaria" (Subrayado nuestro)
Quedamos atónitos ante la insólita celeridad de esta Cancillería. Es realmente impresionante -me atrevería a decir que increíble- que, habiendo asumido sus funciones el 2 de febrero pasado, en dos semanas, mucho antes de terminar ese pequeño mes, ya la Cancillería, y "los funcionarios a quienes compete la revisión de los tratados internacionales", habían hecho todas las consultas y recibido todas las asesorías necesarias para remitir ese Tratado a la Comisión de Política Exterior del Senado para iniciar el proceso de ratificación legislativa.
El Senado también abrevió la consideración de este instrumento y, a la velocidad del rayo, lo remitió con su aprobación, a la Cámara de Diputados.
Permítaseme una digresión personal para destacar el nivel de seriedad del análisis con el cual fue considerado este delicado asunto en la Cámara Alta: una senadora amiga, miembro de la mencionada Comisión de Política Exterior, al explicarme las razones de su aprobación al Tratado en discusión me manifestó categóricamente que "... bueno, como eso lo mandó mi gobierno y, además, me convencieron los argumentos de la Oficina de Asesoría Económica del Congreso...".
FUNDAPATRIA, Luis Britto García, el suscrito y los parlamentarios del Polo Patriótico que pidieron la posposición de la ratificación de ese tratado en la Cámara de Diputados hemos demostrado, con nuestras observaciones críticas, que en verdad no todas las consultas habían sido hechas. Por el contrario, fuera de Venancham y algunos otros organismos empresariales interesados en la materia, la inmensa mayoría de los venezolanos comunes y corrientes, e incluso sectores importantes de la dirigencia de este país, desconocen los términos de este Tratado.
La gravedad de esta circunstancia queda de manifiesto cuando se considera que se trata de un convenimiento internacional que afectará sensiblemente a lo que será, por virtud de la apertura petrolera y otros mecanismos de "estímulo a la inversión extranjera", una las fuentes fundamentales de captación de recursos para el Estado venezolano: los impuestos pagados por las empresas norteamericanas en el país.
A confesión de parte, relevo de pruebas:
No voy a reiterar mis argumentos anteriores sobre la insignificancia de Citgo y Polar frente a los consorcios Exxon-Mobil y BP-Amoco. Simplemente me voy a remitir a la máxima jurídica que afirma que "a confesión de parte, relevo de pruebas". No existe mejor argumento sobre la inconveniencia inmediata para Venezuela de este Tratado que los alegatos en los cuales basan su aprobación los órganos parlamentarios que así lo recomiendan:
1)
"Esta doble tributación es altamente perjudicial para el flujo de capitales e inversiones entre los países, en especial para Venezuela que está tratando de captarlas.
Para evitar esta situación es necesario la realización de estos convenios, que si bien significan sacrificios fiscales para nuestra República, otorgan mayor rentabilidad a las inversiones extranjeras en nuestro país" (Comisión Permanente de Política Exterior de la Cámara de Diputados, subrayado nuestro)
Evidentemente, estos diputados no parecen entender que no es "si bien", sino que, por el contrario y sin el condicional, una cosa determina a la otra: la mayor rentabilidad de las inversiones extranjeras en nuestro país se fundamentará en los sacrificios fiscales de Venezuela.
2)
"Lamentablemente, el Seniat no dispone de información suficiente para medir el impacto que se producirá en la recaudación fiscal venezolana cuando las empresas americanas en Venezuela comiencen a repatriar dividendos a los Estados Unidos pagando solamente una tasa de 5% en nuestro país. Si bien, esto puede disminuir en el corto plazo la recaudación de este tipo de ingresos en Venezuela, la eliminación de la doble tributación generará en el mediano y el largo plazo un incremento en el flujo de inversiones y capitales americanos a Venezuela. Los efectos fiscales positivos originados por un universo tributario de compañías americanas más amplio en el mediano y el largo plazo debieran superar los efectos fiscales negativos de corto plazo originados por una tasa impositiva más baja." (Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de la República", subrayado nuestro).
Aquí surge la explicación de un subrayado anterior, en las declaraciones del Canciller Rangel: . "La opinión del Seniat es prioritaria". Pregunto entonces ¿a cuál opinión del Seniat se refiere el Dr. Rangel? ¿no se tratará, más bien, de una aprobación a priori, por razones de Estado deconocidas para el común, pero lo suficientemente "importantes y estratégicas" como para obviar la circunstancia de que ese organismo no dispone, tal como lo sostiene la Oficina de Asesoría Económica del Congreso, de la "...información suficiente para medir el impacto que se producirá en la recaudación fiscal venezolana..."?
De los términos del referido Tratado, y de las justificaciones anteriores, se desprende que la primera consecuencia de su aplicación será una merma impositiva incuantificable, a cambio de la cual sólo se obtendría un futuro e hipotético crecimiento de las inversiones norteamericanas en el país, las cuales vendrían, precisamente, a aprovechar las grandes ventajas que ofrece Venezuela. Los párrafos citados constituyen una paladina confesión del grado de irresponsabilidad con el cual se está tratando una materia vital: se reconoce la incapacidad del Seniat para cuantificar ese sacrificio fiscal con el cual se incrementará la rentabilidad de las inversiones norteamericanas en Venezuela, pero ese desconocimiento de las potencialidades negativas del Tratado en referencia pareciera no ser obstáculo para su aprobación por los poderes públicos nacionales.
Por mi parte, estoy seguro de que ese sacrificio fiscal será gigantesco, porque las principales empresas norteamericanas que se acogerán a este sistema serán las compañías petroleras, las cuales se constituyen en las principales beneficiarias de este tratado, pues disponen desde hace unos años, por virtud de la apertura petrolera, de nuevas áreas para su explotación directa y numerosos contratos operativos. Tal como fue denunciado en su oportunidad por FUNDAPATRIA y el grupo de venezolanos que introdujimos ante la Corte Suprema de Justicia las demandas de ilegalidad e inconstitucionalidad del Acuerdo del Congreso Nacional que aprobó los convenios de asociación para la exploración "a riesgo" y la explotación bajo el esquema de ganancias compartidas, más de la tercera parte de la producción petrolera venezolana se hará, en el mediano plazo, a través de esos convenios y contratos. Se trata pues, reiteramos, de un atentado contra el principal rubro de los ingresos fiscales venezolanos, generador de más del 60 por ciento de éstos. Creo que no es necesario nada más para demostrar la gravedad del asunto.
Este tratado viene a completar el cuadro de políticas antinacionales desarrolladas por el pasado gobierno bajo el paraguas de dicha apertura petrolera: la eliminación de los valores fiscales de exportación, la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta de 67 a 34 por ciento en los convenios de asociación y en los contratos operativos y la minimización de la regalía desde su nivel tradicional del 16,66 por ciento hasta un 1 por ciento en dichos instrumentos de asociación con el capital extranjero, concomitante con el otorgamiento del beneficio de depreciación acelerada de la inversión y amortización también acelerada de los gastos exploratorios y convenios para el pago de regalías que otorgan descuentos por "costos de recolección" que la reducen aún más, a los niveles casi imperceptibles del 0,67 por ciento. Con este conjunto de medidas y el tratado en referencia, Venezuela se convierte en un paraíso para la inversión petrolera norteamericana, la cual consigue de esta manera la vuelta de los buenos viejos tiempos, cuando sus corporaciones obtenían el petróleo venezolano a precio de baratija.
En los actuales momentos se busca imponer ese acuerdo leonino haciéndolo pasar como un simple instrumento de técnicas comerciales de aceptación general. De hecho, se alude a la circunstancia de que Venezuela ha suscrito tratados similares con otros trece países. Justamente, uno de los argumentos norteamericanos para presionar la firma de este Tratado reza así: "...los Estados Unidos no están dispuestos a aceptar un trato menos favorable que el otorgado al resto de las naciones Europeas occidentales más importantes y tampoco están dispuestos a descartar los resultados obtenidos durante varios años en las reuniones previas y comenzar de nuevo" (Memorándum HGJT-97-9-18 del Gerente Jurídico Tributario del Seniat)
Por el contrario, la preponderancia petrolera y la magnitud de las inversiones norteamericanas en Venezuela hacen particularmente distinto este caso, razón por la cual es ineludible una discusión transparente y pública, a través de la cual se exponga el verdadero balance de las consecuencias negativas y positivas del Tratado en cuestión. Precisamente, por lo poco confiables que son los criterios con los cuales el anterior gobierno realizó estas negociaciones y dadas las reiteradas evidencias de su entreguismo en materia petrolera y fiscal, es necesario que se revise todo lo actuado en esta materia.
DOCUMENTOS DEL BLOG - ARCHIVO JURÍDICO (Septiembre 1996)
DEMANDA DE NULIDAD ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN
PARA LA EXPLORACIÓN A RIESGO BAJO EL ESQUEMA DE GANANCIAS COMPARTIDAS
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ARGUMENTOS DE CARACTER ECONÓMICO
PARA LA EXPLORACIÓN A RIESGO BAJO EL ESQUEMA DE GANANCIAS COMPARTIDAS
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ARGUMENTOS DE CARACTER ECONÓMICO
Carlos Mendoza Pottellà
SEPTIEMBRE DE 1996
El planteamiento central de la impugnación de los Convenios de Asociación para la Exploración a riesgo de áreas nuevas bajo el esquema de ganancias compartidas estriba en que, más allá de la ilegalidad e inconstitucionalidad de ciertas cláusulas, tales convenios son claramente inconvenientes para la Nación desde el punto de vista de sus intereses vitales, pues significan no solamente una declinación de nuestra soberanía nacional, sino que con su aplicación se le infligirá un grave daño patrimonial al país, cuyos efectos golpearán rudamente a las presentes y futuras generaciones de venezolanos.
Esos daños provienen, tanto de la errada fundamentación de los convenios, como de la acción perversa de cláusulas económicas injustificadamente sesgadas hacia el interés de estos nuevos “concesionarios extranjeros”.
Precisamente se trata, a nuestro entender, de un nuevo, ilegal e inconstitucional otorgamiento de concesiones, disfrazadas de “convenios de asociación”, pero en peores condiciones que las prevalecientes en el país hasta 1975.
Es así como en la proposición de PDVSA, acogida y tramitada por el Ejecutivo Nacional, de licitar diez áreas exploratorias, en más de 17 mil kilómetros cuadrados (un millón 700 mil hectáreas), no se contempla la reversión de tierras valorizadas por la actividad exploratoria de las contratistas (o ‘inversionistas’ como se les denominan) como sí se contemplaban en las antiguas concesiones, sino que, además de extenderse el período de exploración a nueve años, en ningún momento se definen lotes de explotación. Dada la extensión de las áreas otorgadas sin ninguna restricción, a las contratistas se les concede la explotación de los yacimientos íntegros, hecho sin precedente en nuestra legislación.
A manera de explicación de la afirmación anterior, debemos recordar que, desde 1920, con la promulgación de la primera Ley de Hidrocarburos, se estableció que las concesiones exploratorias eran lotes definidos de diez mil hectáreas. (100 km² según la nueva unidad de superficie que ahora utiliza PDVSA para hacer aparecer menores los lotes licitados). Lotes sobre las cuales se realizaba -durante sólo tres años- una labor exploratoria, al término de la cual se determinarían 10 parcelas, de 500 has. cada una, para la explotación por parte de la concesionaria; en la restante mitad de la concesión exploratoria -5.000 hectáreas- , se establecía el área de reserva nacional. En una superficie de esas limitadas magnitudes, no había lugar para que el yacimiento completo quedara en manos de las compañías extranjeras, garantizando que siempre habría una participación estatal, sino para fines directamente productivos, para otorgarlas exigiendo “ventajas especiales”, como en efecto sucedió en 1956-57. Por el contrario, en la inmensidad de 200.000 hectáreas, “unidad típica” -según PDVSA- de las nuevas áreas que fueron licitadas, puede ubicarse fácilmente uno o más yacimientos completos.
El análisis comparativo del esquema de “ganancias compartidas” con los instrumentos concesionarios y con los contratos de servicios establecidos en nuestra pasada legislación, demuestra cómo el sistema adoptado para instrumentar la política de apertura es un engendro concebido a espaldas de toda nuestra tradición jurídica y política en materia petrolera: ninguna figura contractual petrolera conocida hasta hoy otorga tantas ventajas al socio extranjero y retrocede tanto en las conquistas históricas en esa materia, como los actuales convenios bajo el llamado “esquema de ganancias compartidas”, el cual satisface a plenitud las aspiraciones máximas del capital transnacional.
Una de las bases “principistas” de la propuesta de asociación en referencia reza así : “Venezuela cuenta con la base de recursos más abundante del hemisferio occidental”. Aunque ello es cierto en términos generales, no lo es completamente, cuando observamos las composición de tales recursos: el país cuenta con 64 mil millones de barriles de reservas probadas, compuestas éstas en un 75% aproximadamente por crudos pesados y extrapesados. De esto claramente se deduce que Venezuela sólo posee unos 17 mil millones de barriles de crudos medianos y livianos de reservas probadas, de los cuales se realizó y se realiza una explotación intensiva por tener mucho mejor precio en el mercado internacional que los pesados, lo cual agrava la situación deficitaria de aquéllos, desmejorando la composición de nuestras reservas probadas. Entonces, no es cierta la suposición de contar con una base ilimitada de recursos y los lotes que se entregan, conforman nuestro más preciado patrimonio, pues contienen en su subsuelo lo mejor de los relativamente pocos crudos livianos y medianos que le quedan al país.
Por otra parte, las áreas licitadas no son, como se pretenden fundamentar, “de alto riesgo”. Por el contrario, y tal como ha quedado plasmado en publicaciones promocionales de la propia corporación y en paquetes de información detallada con registros geofísicos y los archivos de datos obtenidos de los pozos exploratorios perforados en dichas áreas, entregados a las empresas precalificadas para el proceso licitatorio, y luego, con un mayor nivel de detalle aún, los entregados a las compañías y consorcios transnacionales ganadoras de las ocho áreas asignadas, las excelentes condiciones prospectivas de dichas áreas no permitían justificar la realización de convenios con el sector privado, pues, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley de nacionalización petrolera, ello sólo es posible en casos excepcionales (“casos especiales”), cuando ello realmente convenga a los intereses nacionales y, además, siempre que se garantice el control del Estado. La exploración realizada en las áreas licitadas -en una de ellas, Guarapiche, desde 1913 y en otras desde hace más de 50 años- no fue meramente superficial y en las mismas se cumplió un esfuerzo de perforación de alto nivel tecnológico y altos costos, por cuya realización y resultados no se exige a los futuros socios una compensación razonable, sino que, por el contrario, se les entrega de manera graciosa, con un exagerado sacrificio fiscal, garantías y ventajas de todo tipo. Los datos que se aportan a nuestras argumentaciones confirman que, si existió -en el pasado- un “alto riesgo”, el mismo fue asumido y llevado a niveles mínimos por PDVSA, a un elevado costo y a fondo perdido.
Al analizar las cláusulas económicas del mencionado esquema de ganancias compartidas, tal y como ellas fueron aprobadas por el Congreso Nacional para cada uno de los 8 lotes entregados a las transnacionales, se puede observar que la mayor proporción de participación del Estado en el ingreso petrolero se obtiene a partir de los pagos de Impuesto de Explotación (Regalía) y la Participación del Estado en las Ganancias (denominada PEG), disminuyendo la significación del Impuesto Sobre la Renta, el cual llegaría a niveles marginales, dentro de un escenario de altos costos.
En cuanto a al PEG, el mismo va a aplicarse, de acuerdo a las proporciones contratadas en cada lote, al saldo entre el ingreso bruto y los costos más la regalía. Esas proporciones alcanzan un máximo de 50% en los lotes La Ceiba, Guarapiche, Golfo de Paria Oeste, Guanare y Punta Pescador, 41% en Delta Centro, 40% en San Carlos y un mínimo de 29% en Golfo de Paria Este.
El rendimiento porcentual de este instrumento respecto al ingreso bruto en ventas podría escenificarse de la siguiente manera : con unos costos moderados, parecidos a los declarados por PDVSA para fines fiscales, del orden de 50% del ingreso bruto y con la tasa PEG máxima de 50%, ese rendimiento alcanzaría a un 17 - 18%. Pero si consideramos un escenario de costos del orden de 70% y una tasa PEG del 29% (GPE), tal rendimiento se limitaría a 4,50% del referido ingreso bruto.
Esta última alternativa de costos o de un nivel mayor, es mucho más factibles que la primera referida a los costos históricos de PDVSA, por tratarse de nuevas inversiones y por haberse acordado en los convenios en referencia un sistema de depreciación acelerada y un reconocimiento de gastos de exploración cargados a la producción inicial. De tal manera que, de arrancada, el monto de PEG (Participación del Estado en las Ganancias) que pueda eventualmente percibir el fisco nacional, podría caer por debajo de un 4% y minimizarse, tendiendo, sin exageraciones, a cero, durante los primeros años de operación del sistema. En realidad, el verdadero sentido del esquema de participación del Estado en las ganancias estriba en que, con una combinación de cláusulas y disposiciones económicas de diversa índole, puede lograrse la anulación de esa participación. Y es en este punto, desconocido por la gran mayoría de los venezolanos pertenecientes a la dirigencia nacional, donde se encuentra la mayor evidencia de la inconveniencia del referido esquema: Las decisiones fundamentales, en cuanto a gastos y costos, serán tomadas, en lo fundamental, por los “socios” extranjeros, quienes se encuentran, en el Comité de Control paritario contemplado en el nuevo esquema, acompañados por unos gerentes de PDVSA muy dispuestos a dejarse convencer. De hecho, ya hoy se han convertido en fieros defensores de los términos más favorables para los futuros socios extranjeros. Ello puede apreciarse en la carta de fecha 16 de febrero de 1996, cuya copia anexamos con su traducción al castellano, en la que el Presidente de la Mobil solicita al de PDVSA que obtenga de los poderes públicos garantías para su representada en cuanto a que, las ya acordadas depreciaciones aceleradas no se contaminen con ese “extraño” concepto de vida útil de los activos o para que promueva una importantísima a reforma de la Ley de Nacionalización que los resguarde contra los efectos nocivos de una de nuestras demandas de ilegalidad : la referente a la excensión de impuestos municipales.
Desmontado completamente, como ha sido, el sistema de control y participación fiscal que se estableció trabajosamente en el país a partir de 1920, volveremos a la época en que las concesionarias tenían todas las de ganar. Ese desmontaje, que se inició hace varios años, con el planteamiento de permanentes conflictos de competencia entre PDVSA y el Ministerio de Energía y Minas, llegó a momentos culminantes con la salida de varios centenares de funcionarios profesionales y técnicos de ese Ministerio, con lo cual se liquidó de hecho la capacidad fiscalizadora de ese despacho y se transfirieron a PDVSA muchas de sus anteriores funciones de control. Control que dejó de ser tal, pues ningún ente puede ser ejecutor y contralor simultáneamente.
Otro de los elementos de este conjunto de circunstancias negativas dentro del cual se plantea el esquema de “ganancias compartidas” se refiere al más importante de los sacrificios fiscales materializados en los últimos años : la reducción escalonada del Valor Fiscal de Exportación a partir de 1992, que ha conducido hasta su eliminación definitiva a partir del presente año. El argumento utilizado por la industria petrolera ante el Congreso y ante el Ejecutivo Nacional para inducirlos a eliminar el Valor Fiscal de Exportación (VFE) tenía dos puntos de apoyo: En primer lugar, se esgrimía que ese sobreimpuesto, aplicado desde 1970, tenía plena justificación en el caso de las petroleras concesionarias que operaron en Venezuela, más no en el caso de la industria nacionalizada, la cual no tenía por qué pagar un impuesto adicional basado en un sobreprecio por un bien que había sido vendido a un precio diferente al que el fisco venezolano elegía para calcular el impuesto sobre la renta. Y en segundo lugar, porque era justo que PDVSA obtuviese, por vía de ganancia justa, lo que representaba ese 20% de VFE, ya que de este modo la industria podría aumentar su capacidad financiera para atender la fuerte exigencia de inversión planteada por sus programas de expansión dentro y fuera del país.
Las consecuencias y verdadera significación de este retroceso fiscal lo vamos a ejemplificar con las palabras de un alto funcionario público, Jefe hasta entonces de la Oficina Central de Presupuesto de la Presidencia de la República: “la reducción del aporte fiscal de PDVSA, de más del 80% de los ingresos corrientes del Fisco en 1990 y 1991, a 40% este año, es fruto directo de la eliminación del valor fiscal de exportación de petróleo, exigido como primer prerequisito por los presuntos socios foráneos. Ello ha sido el principal factor de agravación del déficit fiscal en estos años, agudizado por otras licencias concedidas a PDVSA. Además se rebajó el Impuesto sobre la Renta para el proyecto “Cristóbal Colón” y las asociaciones estratégicas del 67%, al mismo nivel (34%) imperante en cualesquiera otras actividades. Para el otorgamiento de contratos de reactivación de campos marginales, se rebajó además la regalía en diversas proporciones. Una rebaja del mismo impuesto está contenida en las bases de “ganancias compartidas”. No se contemplan bonos, impuesto superficial, ni otro pago por explotación. Todo indica que el modelo tributario que persigue PDVSA es el británico, que permite a las empresas petroleras pagar impuestos al nivel de cualquier otra, lo cual comportaría un descalabro fiscal gigantesco”. (Marcos Morales, ex-Jefe de la OCEPRE, “Economía Hoy”, 30.07.95). Los cálculos hechos por nosotros para 1996, con las presunciones oficiales de precio de realización promedio de 17,50 $/bl y al tipo de cambio estimado promedio para este año de 425 Bs./$, reflejan que la eliminación del Valor Fiscal de Exportación comportará una merma de 3.186,80 millones de dólares en la percepción de impuesto sobre la renta. Y la proyección para el período 1996-2000, realizada teniendo en cuenta las expectativas de incremento de la producción que se deducen del Plan de Negocios de PDVSA, representará, para la Nación, un sacrificio fiscal por ese sólo concepto, de eliminación del VFE, de 21.823 millones de dólares. (Se anexan a la presente cuadros con las cifras y cálculos correspondientes).
Si ello es así ¿cuál es la razón financiera que impide a PDVSA realizar la inversión de 410 millones de dólares en los próximos 4 años, que constituye el único compromiso obligatorio legalmente asumido por los supuestos “inversionistas” en los Convenios de “Ganancias Compartidas”? ¿Y cuál es la que le impide, también, asumir las inversiones previstas en esas áreas para los próximos 9 años, estimadas por ella misma en 8.750 millones de dólares? Reiteramos que las sumas en montos de miles de millones que se mencionan propagandísticamente, no están realmente aseguradas y, en todo caso, de llegarse a ejecutar, ellas servirían simplemente para cortar el pastel ya servido por las actividades exploratorias previamente realizadas por PDVSA en esas áreas.
Por último, pero no por ello menos grave, debemos mencionar, el hecho de que para la percepción del Impuesto de Explotación o Regalía, correspondiente a los crudos extraídos de estas áreas, se a previsto un régimen especial de rebaja de la tasa básica aplicable de 16,67% a 1% en los desarrollos de baja rentabilidad, considerando como tales a aquéllos con Tasa Interna de Retorno Inferior al 12%, y de montos intermedios entre 1 y 16,67% en aquellos desarrollos cuya Tasa Interna de Retorno resulte entre 12 y 20%. Con este instrumento prácticamente se anula la Regalía durante los primeros 6 a 9 años -por lo menos- de desarrollo productivo de estas áreas, debido al reconocimiento de depreciaciones aceleradas de los activos y al descuento de los gastos de exploración que se imputará -en alícuotas por barril- a la producción de esos años iniciales. Pero, por si algo quedara, se prevé también la aplicación de un “factor fiscal” para reconocer costos de recolección de los crudos extraídos, que consiste en una ponderación inferior a la unidad -entre 0,76 y 0,85 para los ocho lotes- que se aplicará a la tasa básica de regalía de 16,67%, o a la ya previamente disminuida por el sistema antes descrito para los desarrollos de baja rentabilidad.
Como es dable inferir de todo lo anterior, la participación fiscal quedará casi completamente limitada a una “Participación del Estado en las Ganancias” que será función, también, de una de las artes exquisitas de las consorcios extranjeros establecidos en las áreas en cuestión: el registro, en sus estados financieros, de cifras de costos inflados e ingresos minimizados.
CRÓNICA DE UNA SENTENCIA ANUNCIADA
CRONICAS
DE UNA
SENTENCIA ANUNCIADA
El pasado 17 de agosto, en momentos en los cuales se estaba discutiendo en la Asamblea Nacional Constituyente las medidas a tomar ante la crisis de la justicia venezolana, producto, entre muchas otras cosas, de la acumulación de juicios que duermen el sueño eterno, la Corte Suprema de Justicia produce una sentencia declarando sin lugar los recursos de nulidad elevados ante ese tribunal, hace casi cuatro años, por inconstitucionalidad del Acuerdo del Congreso de la República que autorizó la celebración de los Convenios de Asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas.
Esta sentencia era esperada. Todos los pasos anteriores de la Corte así lo anunciaban.
Personalmente, fui uno de los recurrentes activos en ese juicio: promoví pruebas, apelé de la decisión de no admitirlas y protesté contra lo que consideré manipulaciones del expediente.
Participé también en la redacción de un escrito para ser presentado en el Acto de Informes, pero ya para entonces estaba convencido de que nada de lo que arguyéramos los actores sería tomado en cuenta, porque el sentido de la sentencia estaba ya pre-establecido.
Ahora, cuando las cosas han llegado a su lógica conclusión tribunalicia, comienza la batalla de la historia.
Y comenzaré esa batalla volviendo al pasado: en primer lugar, presentando algunos de los elementos que sustentaban mi convicción previa de que la Corte decidiría en contra de los recursos intentados.
Esos elementos se encuentran en el conjunto de incidencias irregulares que rodearon el proceso en cuestión. A mi manera de ver, ésta es una pequeña, pero oportuna muestra de las razones por las cuales se justifica el reconocimiento y declaratoria de una emergencia judicial en Venezuela. Desde el punto de vista contrario y conservador del status quo, podría decirse que la Corte Suprema de Justicia encontró el momento más inoportuno para decidir un conflictivo asunto donde el Poder Petrolero (nacional e internacional, público y privado) ejerció toda clase de presiones, ante las cuales ese máximo tribunal se había rendido desde un principio.
Así lo revela el siguiente texto, publicado como un remitido en el diario "El Nacional" el 30 de octubre de 1996. No es el primer capítulo de esta historia, pero creo que es el más propicio para iniciar el relato:
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Resumen, reiteración y nuevas incidencias
Con toda la intención reiterativa del mundo, quiero hacer un resumen de lo dicho en ese comunicado de 1996 utilizando para ello un texto escrito en agosto de 1997 y llevado a consulta de los abogados que me asistían, con motivo de la sentencia de la Corte en Pleno desestimando definitivamente las pruebas promovidas por mí:
El 24 de septiembre de 1996, se introdujo ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia un escrito de promoción de pruebas. El 22 de Octubre del mismo año, ese Tribunal produce una decisión según la cual admite varias de las pruebas promovidas, pero declara improcedentes otras.
Para sorpresa nuestra, los argumentos utilizados para desestimar estas últimas pruebas fueron los aportados por una oposición introducida, el 1° de Octubre de 1996, ante ese mismo juzgado, por Román J. Duque Corredor, Apoderado Judicial de PDVSA.
Es decir, introducida siete días después de la promoción de pruebas, y sin que éstas hubieran sido anexadas al expediente, como nos consta a varios litigantes en este juicio por haber acudido a la Corte durante las tres primeras semanas del mes de octubre. La decisión del Juzgado de Sustanciación fue cocinada a espaldas de los otros litigantes, de consuno con el Consultor Jurídico de PDVSA y, en este caso sí, impidiendo que las otras partes conocieran previamente las oposiciones interpuestas.
Ahora, en su sentencia del 5 de agosto de 1997, esta misma Corte, ahora en pleno, afirma, falazmente, todo lo contrario de lo que hizo en aquella oportunidad : Que “en resguardo del derecho de defensa de las partes, es necesario entender que en tales procedimientos, una vez promovida la prueba, ésta debe publicarse agregándola al expediente”. (Pág. 11).
Pues bien, debemos desmentir enfáticamente a la Corte, pues nos consta personalmente y ponemos como testigos al mismísimo Secretario de ese Alto Tribunal, y al personal administrativo de esa Secretaría, quienes nos negaron permanentemente que las pruebas hubieran sido anexadas al expediente durante los primeros veintiún días del mes de octubre, apareciendo el día 23, simultáneamente, la sentencia del día 22 y la oposición del apoderado de PDVSA, del día primero de ese mismo mes.
En consecuencia, reafirmamos que miente abiertamente el Ponente Dr. César Bustamante Pulido, y lo hace también la Corte en Pleno al admitir esa ponencia, cuando afirma “...que el Juzgado de Sustanciación no quebrantó el principio de igualdad de las partes ni afectó el deber de reserva de las pruebas promovidas, cuando una vez presentadas, las incorporó al expediente y permitió el acceso a las mismas.” (Subrayado nuestro, Loc. Cit.)
¡El Juzgado permitió el acceso privilegiado a una sola de las partes, PDVSA, -representada en este juicio por un Ex-Magistrado de esa suprema Corte, quien hizo uso abusivo de esa condición con una oposición extemporánea y furtiva- y ocultó durante 21 días la actuación de esa parte!
¿Qué términos jurídicos se pueden utilizar? Agavillamiento, vulgo cayapa ventajista, es uno de los que se nos viene a la mente. ¿De qué otra manera se puede tipificar lo que consideramos un atentado contra la recta administración de justicia y el derecho humano de obtener esa justicia?
Después de todo lo expuesto, y volviendo ahora al 25 de agosto de 1999, pregunto a los lectores, ¿Cómo podía esperarse que la sentencia de la Corte tuviera otro sentido? Repito, sin embargo, que lo único afortunado del caso, para nosotros los demandantes, es la torpe oportunidad en que esa sentencia se ha producido: justamente cuando esa Corte está siendo cuestionada y escrutada en sus actuaciones por la Asamblea Nacional Constituyente. De haberse producido durante el imperio aperturista y petrolero del quinquenio anterior, hubiera podido ser presentada gloriosamente como la muestra de la sinrazón de nuestras argumentaciones. Hoy en día se convierte en un poderoso acicate para airear nuestros argumentos y exponer las pruebas que fueron desechadas entonces.
25 de agosto de 1999
DE UNA
SENTENCIA ANUNCIADA
Carlos Mendoza Pottellá
martes, 24 de agosto de 1999
"Háganle un juicio justo y fusílenlo"
(Anónimo mexicano)
El pasado 17 de agosto, en momentos en los cuales se estaba discutiendo en la Asamblea Nacional Constituyente las medidas a tomar ante la crisis de la justicia venezolana, producto, entre muchas otras cosas, de la acumulación de juicios que duermen el sueño eterno, la Corte Suprema de Justicia produce una sentencia declarando sin lugar los recursos de nulidad elevados ante ese tribunal, hace casi cuatro años, por inconstitucionalidad del Acuerdo del Congreso de la República que autorizó la celebración de los Convenios de Asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas.
Esta sentencia era esperada. Todos los pasos anteriores de la Corte así lo anunciaban.
Personalmente, fui uno de los recurrentes activos en ese juicio: promoví pruebas, apelé de la decisión de no admitirlas y protesté contra lo que consideré manipulaciones del expediente.
Participé también en la redacción de un escrito para ser presentado en el Acto de Informes, pero ya para entonces estaba convencido de que nada de lo que arguyéramos los actores sería tomado en cuenta, porque el sentido de la sentencia estaba ya pre-establecido.
Ahora, cuando las cosas han llegado a su lógica conclusión tribunalicia, comienza la batalla de la historia.
Y comenzaré esa batalla volviendo al pasado: en primer lugar, presentando algunos de los elementos que sustentaban mi convicción previa de que la Corte decidiría en contra de los recursos intentados.
Esos elementos se encuentran en el conjunto de incidencias irregulares que rodearon el proceso en cuestión. A mi manera de ver, ésta es una pequeña, pero oportuna muestra de las razones por las cuales se justifica el reconocimiento y declaratoria de una emergencia judicial en Venezuela. Desde el punto de vista contrario y conservador del status quo, podría decirse que la Corte Suprema de Justicia encontró el momento más inoportuno para decidir un conflictivo asunto donde el Poder Petrolero (nacional e internacional, público y privado) ejerció toda clase de presiones, ante las cuales ese máximo tribunal se había rendido desde un principio.
Así lo revela el siguiente texto, publicado como un remitido en el diario "El Nacional" el 30 de octubre de 1996. No es el primer capítulo de esta historia, pero creo que es el más propicio para iniciar el relato:
Abusando de su condición de ex-Magistrado,el Apoderado Judicial de PDVSA promueveParcialidad y Denegación de Justiciaen contra de la Constitución y las Leyes
Carlos Mendoza Pottellá
El 24 de septiembre de 1996, en mi carácter de co-demandante en el juicio de nulidad por inconstitucionalidad parcial del acuerdo del Congreso que autorizó la celebración de Convenios de Asociación para la exploración y producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas, introduje ante el Juzgado de Substanciación de la Corte Suprema de Justicia un escrito de promoción de pruebas. El pasado 22 de Octubre del mismo año, ese Tribunal de Substanciación produce una decisión según la cual admite varias de las pruebas promovidas, pero declara improcedentes otras.
Para nuestra sorpresa, los argumentos utilizados para desestimar estas últimas pruebas son los aportados por una oposición introducida, el 1° de Octubre de 1996, ante ese mismo juzgado, por Román J. Duque Corredor, Apoderado Judicial de PDVSA (Siete días después de nuestra promoción de pruebas, y sin que éstas hubieran sido anexadas al expediente).
Es necesario tener en consideración que el Dr. Román Duque Corredor, quien fuera Magistrado de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, fue el ponente de la sentencia de fecha 23 de abril de 1991 que decidió la derogatoria de la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural de 1971, lo cual preparó, o abonó el terreno para que Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) se dirigiera a una “apertura” petrolera con rasgos de inconstitucionalidad e ilegalidad.
Con respecto a la decisión del Tribunal, el 28 de Octubre intenté presentar una apelación formal, justificando la pertinencia de las pruebas promovidas para demostrar la ilegalidad e inconstitucionalidad del referido acuerdo del Congreso. Ello no fue posible, porque se nos informó que la Corte, en pleno, se encontraba sesionando en Cumaná. Hoy 30 de octubre estoy presentándola nuevamente.
Respecto a la Oposición de PDVSA y a la acogida parcial de sus argumentos por el Tribunal de Substanciación, debemos decir lo siguiente :
El presente es un juicio de acción popular por inconstitucionalidad. Dado ese carácter, no puede haber contraparte. Se supone que todas las partes están interesadas en velar por la correcta aplicación de la Constitución y las leyes. PDVSA es parte en este juicio de acción popular.
Se supone que el interés que la anima es demostrar la constitucionalidad y la legalidad de los convenios, pero es inadmisible que intente, con alegatos y argumentos de reducida técnica legal, impedir la evacuación de pruebas que puedan demostrar la inconstitucionalidad e ilegalidad de tales Convenios, ya que con tal posición no hace más que atentar contra el interés nacional, contra el bien común, no actuando con patriotismo.
La posición procesal-jurídica de PDVSA en este proceso acumulado es la de “contraparte” incitando o arguyendo alegatos en pro de violaciones de la Constitución y de Leyes Orgánicas de la República. Enfáticamente declaramos que PDVSA no puede ser “contraparte” para promover la violación de la Constitución y las Leyes.
En cuanto al Tribunal de Substanciación, debemos observar que la admisión y consideración de la oposición de PDVSA a nuestra promoción de pruebas, hecha en un momento procesal cuando el contenido de esa diligencia no podía ser del conocimiento público, puesto que las pruebas son secretas hasta tanto ellas no sean publicadas por el Tribunal, una vez vencido el lapso de promoción de las mismas; siendo por tanto improcedente y extemporánea esa admisión.
Ello revela parcialidad por parte del Tribunal, reforzada por el hecho de que esa oposición no apareció en el expediente sino hasta el momento en el cual se conoce la referida decisión en cuanto a la pertinencia de las pruebas. A la evidente ilegalidad de esa oposición y de su admisión por parte del Tribunal de Substanciación de la Corte Suprema de Justicia se suma el agravante del sigilo y manejo subrepticio del expediente en perjuicio de la parte actora en este juicio.
Como ponente de la referida sentencia de abril de 1991, el Dr. Duque Corredor indujo a la Corte Suprema de Justicia a cometer los vicios procesales de ultrapetita y extrapetita, como muy bien lo demostrara el Dr. Luis Vallenilla en su obra “Apertura Petrolera, Un Peligroso Retorno al Pasado”.
Ahora, prevalido de su antigua condición y ascendiente en esta Corte, actuando por tanto con alevosía y ventaja, se permite hurgar en el proceso de instrucción de este expediente e interferir en el mismo con una oposición extemporánea y furtiva a las pruebas promovidas por mí, logrando -de paso- que la Corte incurra en un nuevo vicio procesal al admitir y considerar semejante arbitrariedad.
La no evacuación de pruebas que demuestran, palmariamente a nuestro entender, la ilegalidad e inconstitucionalidad de los referidos convenios de asociación a riesgo para la exploración y producción bajo el esquema de ganancias compartidas comporta una evidente denegación de justicia y en estos términos queremos denunciarlo.
Carlos Mendoza Pottellá
Caracas, 30 de Octubre de 1996
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Resumen, reiteración y nuevas incidencias
Con toda la intención reiterativa del mundo, quiero hacer un resumen de lo dicho en ese comunicado de 1996 utilizando para ello un texto escrito en agosto de 1997 y llevado a consulta de los abogados que me asistían, con motivo de la sentencia de la Corte en Pleno desestimando definitivamente las pruebas promovidas por mí:
El 24 de septiembre de 1996, se introdujo ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia un escrito de promoción de pruebas. El 22 de Octubre del mismo año, ese Tribunal produce una decisión según la cual admite varias de las pruebas promovidas, pero declara improcedentes otras.
Para sorpresa nuestra, los argumentos utilizados para desestimar estas últimas pruebas fueron los aportados por una oposición introducida, el 1° de Octubre de 1996, ante ese mismo juzgado, por Román J. Duque Corredor, Apoderado Judicial de PDVSA.
Es decir, introducida siete días después de la promoción de pruebas, y sin que éstas hubieran sido anexadas al expediente, como nos consta a varios litigantes en este juicio por haber acudido a la Corte durante las tres primeras semanas del mes de octubre. La decisión del Juzgado de Sustanciación fue cocinada a espaldas de los otros litigantes, de consuno con el Consultor Jurídico de PDVSA y, en este caso sí, impidiendo que las otras partes conocieran previamente las oposiciones interpuestas.
Ahora, en su sentencia del 5 de agosto de 1997, esta misma Corte, ahora en pleno, afirma, falazmente, todo lo contrario de lo que hizo en aquella oportunidad : Que “en resguardo del derecho de defensa de las partes, es necesario entender que en tales procedimientos, una vez promovida la prueba, ésta debe publicarse agregándola al expediente”. (Pág. 11).
Pues bien, debemos desmentir enfáticamente a la Corte, pues nos consta personalmente y ponemos como testigos al mismísimo Secretario de ese Alto Tribunal, y al personal administrativo de esa Secretaría, quienes nos negaron permanentemente que las pruebas hubieran sido anexadas al expediente durante los primeros veintiún días del mes de octubre, apareciendo el día 23, simultáneamente, la sentencia del día 22 y la oposición del apoderado de PDVSA, del día primero de ese mismo mes.
En consecuencia, reafirmamos que miente abiertamente el Ponente Dr. César Bustamante Pulido, y lo hace también la Corte en Pleno al admitir esa ponencia, cuando afirma “...que el Juzgado de Sustanciación no quebrantó el principio de igualdad de las partes ni afectó el deber de reserva de las pruebas promovidas, cuando una vez presentadas, las incorporó al expediente y permitió el acceso a las mismas.” (Subrayado nuestro, Loc. Cit.)
¡El Juzgado permitió el acceso privilegiado a una sola de las partes, PDVSA, -representada en este juicio por un Ex-Magistrado de esa suprema Corte, quien hizo uso abusivo de esa condición con una oposición extemporánea y furtiva- y ocultó durante 21 días la actuación de esa parte!
¿Qué términos jurídicos se pueden utilizar? Agavillamiento, vulgo cayapa ventajista, es uno de los que se nos viene a la mente. ¿De qué otra manera se puede tipificar lo que consideramos un atentado contra la recta administración de justicia y el derecho humano de obtener esa justicia?
CMP, Agosto de 1997
CMP, Agosto de 1999
25 de agosto de 1999
¡Se salvó la Patria, vuelven los petrodólares ! ...y FACES-UCV no puede quedarse atrás...
Carlos Mendoza Pottellá
22 de noviembre de 1996
La apertura petrolera avanza, viento en popa, a toda vela: Fedecámaras, George Bush, Exxon, Mobil, Atlantic Richfield, Amoco, Quirós Corradi, Calderón Berti, Sosa Pietri, Teodoro Petkoff y toda la corte celestial le dan su bendición. El Poder Petrolero ofrece, generoso, todo el combustible necesario para impulsar ese viento y defiende con furia a su criatura de los desconsiderados ataques de unos cuantos dinosaurios agrupados en Fundapatria y de un pequeño grupo de profesores extremistas.
La ofensiva “comunicacional” de la Gerencia petrolera apela a todas las armas e incurre en cualquier costo para imponer su verdad. Ello se lo permite la incontrolada discrecionalidad con la que administran los recursos públicos puestos bajo su cuidado: palangre (periodismo tarifado), censura de avisos críticos, vendavales de propaganda abierta y disimulada, foros con inocentes cuervos internacionales que nos vienen a convencer de la conveniencia de poner los ojos cerca de sus picos, donaciones con piquete censor a televisoras regionales y hasta redacción y financiamiento dispendioso de avisos para ser firmados por avispados presidentes de centros estudiantiles.
Vale la pena destacar, en otro ámbito, ese uso irregular de nuestros ingresos petroleros : la contratación, por centenares de millones de bolívares, de abogados de lujo, para intervenir impropiamente en las demandas interpuestas por un grupo de venezolanos, encabezados por tres rectores de esta Universidad, incluido el actual, ante la Corte Suprema de Justicia contra el acuerdo del Congreso Nacional que autoriza la suscripción de convenios de asociación para la “exploración a riesgo” y la producción de hidrocarburos en áreas nuevas. Eruditos y costosos picapleitos que pretenden esconder las flagrantes violaciones de la Constitución y las Leyes en que incurrió el Congreso al aprobar tales convenios. Para ello se han valido de toda clase de argucias leguleyas, interponiendo oposiciones subrepticias y extemporáneas, violando lapsos procesales y aprovechando los “contactos” de uno de ellos, antiguo Magistrado de esa Corte, para enterarse de los escritos y diligencias de los actores mucho antes de ser anexados al expediente.
El masaje ha sido tal, que las expectativas de un nuevo “boom” petrolero, generadas por el masivo otorgamiento de concesiones disfrazadas en esas áreas de “exploración a riesgo” y en los “convenios operativos” para la entrega de varias decenas de “campos marginales” no tan marginales, con los cuales se promete una elevación de la producción petrolera hasta 6 millones de barriles diarios, ya han comenzado a reblandecer a algunos espíritus, de esos que siempre han sido sensibles al “poderoso caballero”, pero que nunca antes, como ahora, habían percibido su hipnótico aliento tan de cerca. Por ello, y en la medida que multitudes desesperadas se apiñan en el autobús de la oferta aperturista y neoliberal como única vía para salir de la crisis, quienes sostenemos posiciones críticas en esta materia, que siempre hemos sido minoría, ahora lo somos mucho más... Pero tercos al fin, insistimos en lo que creemos que es la verdad y parodiamos a Enrik Ibsen en “Un enemigo del pueblo” : Las mayorías casi nunca tienen la razón. Y mucho menos mayorías como ésta que enfrentamos, forjada a punta de billete, con el control de todos los medios de comunicación, y apelando al chantaje y el soborno.
En la propia UCV, otrora refugio de idiotas idealistas, se está comenzando a imponer la sensatez : Ya la Escuela de Comunicación Social se había adelantando, rindiendo sus primeros sacrificios ante el becerro de oro del palangre petrolero, celebrando su quincuagésimo aniversario entre gente decente, globalizada e integrada al nuevo orden mundial, en el auditorio del Banco Central, bien lejos de sus marginales instalaciones de la UCV y bien olvidados del pluralismo y la libertad de expresión. Y ahora, para escarnio de individuos no iniciados en el arte de la pragmática contemporánea, que pensábamos que “eso no sucede en mi Facultad”, en sus 58 años, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales repite la misma medicina, en el mismo escenario elegante y neutral, donde, a diferencia de su vulgar Auditorio Naranja, si puede ir la gente decente: el auditorio del Banco Central. (La pudibundez asoma en la risible excusa de los organizadores, más parecida a un hilo dental playero : “es que allí los podremos oír a ellos y después nos traemos ese material y discutimos aquí, entre nosotros”)
Todo parece indicar que, con su oferta de tres campos petroleros a tres universidades entre ellas la UCV, PDVSA ha hecho una jugada maestra. Una oferta al estilo de “El Padrino”, de esas que no pueden rechazarse, ha puesto la carne de gallina y vencido algo más que los escrúpulos de ciertos sectores universitarios, que desde entonces han comenzado a recoger sus discursos radicales y a rezar todas las noches el “yo pecador me acuso ante Dios-Giusti”, por haber tolerado -venialmente, porque fue sin identificarse mucho- las irracionales críticas a la política petrolera oficial que hacían algunos profesores extremistas como el suscrito. Además -perdónalos Dios- había el atenuante de que se consideraba a esas críticas como folklóricas e inofensivas.
Esa oferta de la cúpula gerencial de PDVSA ha sido percibida y acogida como lo que es: un soborno para que las autoridades universitarias “sensibles” acallen, ellas mismas, y en nombre de los intereses trascendentes de la Universidad, a los molestos críticos universitarios. Muchos, eufóricos, pero callados, se frotaban las manos... Pero no hay felicidad completa, nunca falta un aguafiestas... y aparece Maíz Vallenilla recordando el feo nombre de esa movida y nombrando la soga en la casa del ahorcado.
En el caso de FACES-UCV, eso está siendo aceptado de la manera más humillante, dándole tribuna segura y neutral a un Vice-Ministro de Energía y Minas que agredió y vejó a un profesor jubilado de esta misma Facultad ; a nuestro colega por 24 años de encuentros y desencuentros, el Prof. Mazhar Al-Shereidah ; a quien personalmente le advirtió que se le podrían aplicar métodos parecidos a los utilizados por Saddam Hussein contra los disidentes, si continuaba refiriéndose a lo que es público y notorio en todas las publicaciones petroleras internacionales: la desmesurada violación, por parte de Venezuela, de las cuotas OPEP.
Esa agresión -de hace muy pocos meses- fue objeto de sendas declaraciones condenatorias, aprobadas unánimemente, por el Consejo Universitario y la APUCV . Pero ahora y como dice el bolero, “olvidando el pasado”, FACES manda el muerto al hoyo y recibe a ese cuestionado Vice-Ministro, Evanán Romero, cuya renuncia ha sido solicitada por la Sub-Comisión de la Cámara de Diputados investigadora del caso de los aviones, como ponente estrella en materia petrolera. Y nuevamente aparece el pudibundo hilo dental : “Es que viene en representación del Ministro y no podemos decirle que no”.
Tales son mis razones para no aceptar el papel que me ofrece el Prof. Rafael Ramírez, Decano de FACES-UCV, para participar como relator en el Foro Petrolero del próximo miércoles 27 de noviembre. Debo aclarar -ante la observación que me hiciera uno de los organizadores- que con esto no pretendo vetar a nadie. Jamás lo he hecho en mi desempeño de una década como Responsable de un Postgrado donde imparten docencia regularmente casi dos decenas de profesores contratados, los cuales prestan sus servicios, en cargos de alta responsabilidad, dentro de la industria petrolera pública, en el sector privado conexo y en los Ministerios de Energía y Minas y Relaciones Exteriores. Y quien hace la observación conoce, por experiencia propia, esa manera de conducirme con los adversarios, que otros han calificado como muy cándida. Pero la tolerancia tiene los límites de la dignidad y ser relator de ese Vice-Ministro en particular, rebasa los límites de la mía.
Por el contrario, considero propicia la oportunidad para proponer, por este intermedio, la realización de una jornada de análisis de la política petrolera venezolana con la participación de Luis Giusti, Andrés Sosa Pietri, Humberto Calderón Berti, Humberto Peñaloza, Alberto Quirós Corradi, Richard Corrie, Klaus Graff, Allan Viergutz, César Pieve, Ulises Ramírez, Carlos Alcántara, Miguel Bocco, Ramón Espinaza, Franciso Mieres, Gastón Parra Luzardo, Mazhar Al-Shereidah, Alejandro Padrón, Asdrúbal Baptista, Jesús Mora, Hugo Pérez La Salvia, Luis Vallenilla, José Román Duque Corredor, Alvaro Silva Calderón, Allan R. Brewer Carías, Agustín Calzadilla, Alí Rodríguez y los rectores Trino Alcides Díaz, Simón Muñoz y Luis Fuenmayor. Sería un debate abierto y sin mayores límites de tiempo, que podría realizarse en varios días, en la Sala César Augusto Ríos (conocida también como Auditorio Naranja) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Así aceptaría yo el papel de relator que me fue ofrecido, o el de simple participante en los debates. Esa podría ser una jornada mucho más digna del 58 aniversario y de las más caras tradiciones universitarias.
Anexo : Suelto distribuído por mí con ocasión del Foro Periodismo, Petróleo y Finanzas, realizado en el Auditorio del BCV, con motivo del quincuagésimo aniversario de la Escuela de Comunicación Social.
Periodi$mo, Petróleo y Palangre
Tal sería un título más adecuado para este seminario que oscurece los 50 años de la Escuela de Comunicación Social.
Es verdaderamente doloroso: una Escuela que ha sido vanguardia en la lucha por una auténtica libertad de expresión celebrando su aniversario con un seminario dedicado a absorber sin antídotos la visión petrolera de los dueños de la pauta publicitaria, un seminario en donde están quirúrgicamente extirpadas las visiones disidentes en esta materia, sin olvidar, desde luego, colocar una púdica hoja de parra: el décimo de participación asignado al Diputado Alí Rodríguez.
¿Cómo es posible que los directivos de la Escuela de Comunicación Social de la UCV hayan olvidado que en esta materia tres rectores de esa casa de estudios encabezan a un grupo de ciudadanos venezolanos que introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia sendas demandas por inconstitucionalidad e ilegalidad del principal instrumento de política petrolera de nuestros días: la entrega graciosa de ocho de los mas promisorios campos petroleros de crudos livianos de Venezuela al capital extranjero, en peores condiciones que las prevalecientes en el país entre 1920 y 1975?
Lamentablemente, y aunque nos duela profundamente, eso tiene una sola explicación: Incluir dentro de los conferencistas a Simón Muñoz, Luis Fuenmayor y Trino Alcides Díaz, a Francisco Mieres, Luis Vallenilla, Juan Liscano, Román Rojas Cabot, Ernesto Maiz Vallenilla, Tobías Lasser, o a este suscrito hubiera significado no contar con los auspicios de Maravén y el Banco Provincial, tal vez el Banco Central no prestaría sus salas para debates tan poco refinados y con seguridad, Luis Giusti y Emilio Abouhamad hubieran eludido elegantemente el bulto, en nombre del “low profile” y para no darle tribuna a ese coro de críticos desquiciados.
De esa manera, la Fundación Amigos de la ECS-UCV habría sacrificado el financiamiento del evento y la asistencia de la verdadera gente noticia y chic, por la inclusión de individuos mal vistos y que, como ya se sabe en las Jefaturas de Prensa y Redacción de todos los medios impresos y audiovisuales, están vetados para opinar sobre estos temas. Bueno es el cilantro de la democracia y la libertad de expresión, pero no tanto como para meterse con los dueños de la verdad petrolera... y sus generosas pautas.
¡Abrase visto! Los jóvenes periodistas deben aprender temprano quiénes son noticia y quiénes no lo son, ni lo serán, por más que lo pretendan.
Carlos Mendoza Pottellá
Profesor de la Escuela de Economía FACES UCV
Jefe de la Cátedra de Política Económica
Coordinador del Postgrado en Economía y
Administración de Hidrocarburos.
Carlos Mendoza Pottellá
22 de noviembre de 1996
La apertura petrolera avanza, viento en popa, a toda vela: Fedecámaras, George Bush, Exxon, Mobil, Atlantic Richfield, Amoco, Quirós Corradi, Calderón Berti, Sosa Pietri, Teodoro Petkoff y toda la corte celestial le dan su bendición. El Poder Petrolero ofrece, generoso, todo el combustible necesario para impulsar ese viento y defiende con furia a su criatura de los desconsiderados ataques de unos cuantos dinosaurios agrupados en Fundapatria y de un pequeño grupo de profesores extremistas.
La ofensiva “comunicacional” de la Gerencia petrolera apela a todas las armas e incurre en cualquier costo para imponer su verdad. Ello se lo permite la incontrolada discrecionalidad con la que administran los recursos públicos puestos bajo su cuidado: palangre (periodismo tarifado), censura de avisos críticos, vendavales de propaganda abierta y disimulada, foros con inocentes cuervos internacionales que nos vienen a convencer de la conveniencia de poner los ojos cerca de sus picos, donaciones con piquete censor a televisoras regionales y hasta redacción y financiamiento dispendioso de avisos para ser firmados por avispados presidentes de centros estudiantiles.
Vale la pena destacar, en otro ámbito, ese uso irregular de nuestros ingresos petroleros : la contratación, por centenares de millones de bolívares, de abogados de lujo, para intervenir impropiamente en las demandas interpuestas por un grupo de venezolanos, encabezados por tres rectores de esta Universidad, incluido el actual, ante la Corte Suprema de Justicia contra el acuerdo del Congreso Nacional que autoriza la suscripción de convenios de asociación para la “exploración a riesgo” y la producción de hidrocarburos en áreas nuevas. Eruditos y costosos picapleitos que pretenden esconder las flagrantes violaciones de la Constitución y las Leyes en que incurrió el Congreso al aprobar tales convenios. Para ello se han valido de toda clase de argucias leguleyas, interponiendo oposiciones subrepticias y extemporáneas, violando lapsos procesales y aprovechando los “contactos” de uno de ellos, antiguo Magistrado de esa Corte, para enterarse de los escritos y diligencias de los actores mucho antes de ser anexados al expediente.
El masaje ha sido tal, que las expectativas de un nuevo “boom” petrolero, generadas por el masivo otorgamiento de concesiones disfrazadas en esas áreas de “exploración a riesgo” y en los “convenios operativos” para la entrega de varias decenas de “campos marginales” no tan marginales, con los cuales se promete una elevación de la producción petrolera hasta 6 millones de barriles diarios, ya han comenzado a reblandecer a algunos espíritus, de esos que siempre han sido sensibles al “poderoso caballero”, pero que nunca antes, como ahora, habían percibido su hipnótico aliento tan de cerca. Por ello, y en la medida que multitudes desesperadas se apiñan en el autobús de la oferta aperturista y neoliberal como única vía para salir de la crisis, quienes sostenemos posiciones críticas en esta materia, que siempre hemos sido minoría, ahora lo somos mucho más... Pero tercos al fin, insistimos en lo que creemos que es la verdad y parodiamos a Enrik Ibsen en “Un enemigo del pueblo” : Las mayorías casi nunca tienen la razón. Y mucho menos mayorías como ésta que enfrentamos, forjada a punta de billete, con el control de todos los medios de comunicación, y apelando al chantaje y el soborno.
En la propia UCV, otrora refugio de idiotas idealistas, se está comenzando a imponer la sensatez : Ya la Escuela de Comunicación Social se había adelantando, rindiendo sus primeros sacrificios ante el becerro de oro del palangre petrolero, celebrando su quincuagésimo aniversario entre gente decente, globalizada e integrada al nuevo orden mundial, en el auditorio del Banco Central, bien lejos de sus marginales instalaciones de la UCV y bien olvidados del pluralismo y la libertad de expresión. Y ahora, para escarnio de individuos no iniciados en el arte de la pragmática contemporánea, que pensábamos que “eso no sucede en mi Facultad”, en sus 58 años, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales repite la misma medicina, en el mismo escenario elegante y neutral, donde, a diferencia de su vulgar Auditorio Naranja, si puede ir la gente decente: el auditorio del Banco Central. (La pudibundez asoma en la risible excusa de los organizadores, más parecida a un hilo dental playero : “es que allí los podremos oír a ellos y después nos traemos ese material y discutimos aquí, entre nosotros”)
Todo parece indicar que, con su oferta de tres campos petroleros a tres universidades entre ellas la UCV, PDVSA ha hecho una jugada maestra. Una oferta al estilo de “El Padrino”, de esas que no pueden rechazarse, ha puesto la carne de gallina y vencido algo más que los escrúpulos de ciertos sectores universitarios, que desde entonces han comenzado a recoger sus discursos radicales y a rezar todas las noches el “yo pecador me acuso ante Dios-Giusti”, por haber tolerado -venialmente, porque fue sin identificarse mucho- las irracionales críticas a la política petrolera oficial que hacían algunos profesores extremistas como el suscrito. Además -perdónalos Dios- había el atenuante de que se consideraba a esas críticas como folklóricas e inofensivas.
Esa oferta de la cúpula gerencial de PDVSA ha sido percibida y acogida como lo que es: un soborno para que las autoridades universitarias “sensibles” acallen, ellas mismas, y en nombre de los intereses trascendentes de la Universidad, a los molestos críticos universitarios. Muchos, eufóricos, pero callados, se frotaban las manos... Pero no hay felicidad completa, nunca falta un aguafiestas... y aparece Maíz Vallenilla recordando el feo nombre de esa movida y nombrando la soga en la casa del ahorcado.
En el caso de FACES-UCV, eso está siendo aceptado de la manera más humillante, dándole tribuna segura y neutral a un Vice-Ministro de Energía y Minas que agredió y vejó a un profesor jubilado de esta misma Facultad ; a nuestro colega por 24 años de encuentros y desencuentros, el Prof. Mazhar Al-Shereidah ; a quien personalmente le advirtió que se le podrían aplicar métodos parecidos a los utilizados por Saddam Hussein contra los disidentes, si continuaba refiriéndose a lo que es público y notorio en todas las publicaciones petroleras internacionales: la desmesurada violación, por parte de Venezuela, de las cuotas OPEP.
Esa agresión -de hace muy pocos meses- fue objeto de sendas declaraciones condenatorias, aprobadas unánimemente, por el Consejo Universitario y la APUCV . Pero ahora y como dice el bolero, “olvidando el pasado”, FACES manda el muerto al hoyo y recibe a ese cuestionado Vice-Ministro, Evanán Romero, cuya renuncia ha sido solicitada por la Sub-Comisión de la Cámara de Diputados investigadora del caso de los aviones, como ponente estrella en materia petrolera. Y nuevamente aparece el pudibundo hilo dental : “Es que viene en representación del Ministro y no podemos decirle que no”.
Tales son mis razones para no aceptar el papel que me ofrece el Prof. Rafael Ramírez, Decano de FACES-UCV, para participar como relator en el Foro Petrolero del próximo miércoles 27 de noviembre. Debo aclarar -ante la observación que me hiciera uno de los organizadores- que con esto no pretendo vetar a nadie. Jamás lo he hecho en mi desempeño de una década como Responsable de un Postgrado donde imparten docencia regularmente casi dos decenas de profesores contratados, los cuales prestan sus servicios, en cargos de alta responsabilidad, dentro de la industria petrolera pública, en el sector privado conexo y en los Ministerios de Energía y Minas y Relaciones Exteriores. Y quien hace la observación conoce, por experiencia propia, esa manera de conducirme con los adversarios, que otros han calificado como muy cándida. Pero la tolerancia tiene los límites de la dignidad y ser relator de ese Vice-Ministro en particular, rebasa los límites de la mía.
Por el contrario, considero propicia la oportunidad para proponer, por este intermedio, la realización de una jornada de análisis de la política petrolera venezolana con la participación de Luis Giusti, Andrés Sosa Pietri, Humberto Calderón Berti, Humberto Peñaloza, Alberto Quirós Corradi, Richard Corrie, Klaus Graff, Allan Viergutz, César Pieve, Ulises Ramírez, Carlos Alcántara, Miguel Bocco, Ramón Espinaza, Franciso Mieres, Gastón Parra Luzardo, Mazhar Al-Shereidah, Alejandro Padrón, Asdrúbal Baptista, Jesús Mora, Hugo Pérez La Salvia, Luis Vallenilla, José Román Duque Corredor, Alvaro Silva Calderón, Allan R. Brewer Carías, Agustín Calzadilla, Alí Rodríguez y los rectores Trino Alcides Díaz, Simón Muñoz y Luis Fuenmayor. Sería un debate abierto y sin mayores límites de tiempo, que podría realizarse en varios días, en la Sala César Augusto Ríos (conocida también como Auditorio Naranja) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Así aceptaría yo el papel de relator que me fue ofrecido, o el de simple participante en los debates. Esa podría ser una jornada mucho más digna del 58 aniversario y de las más caras tradiciones universitarias.
Anexo : Suelto distribuído por mí con ocasión del Foro Periodismo, Petróleo y Finanzas, realizado en el Auditorio del BCV, con motivo del quincuagésimo aniversario de la Escuela de Comunicación Social.
Periodi$mo, Petróleo y Palangre
Tal sería un título más adecuado para este seminario que oscurece los 50 años de la Escuela de Comunicación Social.
Es verdaderamente doloroso: una Escuela que ha sido vanguardia en la lucha por una auténtica libertad de expresión celebrando su aniversario con un seminario dedicado a absorber sin antídotos la visión petrolera de los dueños de la pauta publicitaria, un seminario en donde están quirúrgicamente extirpadas las visiones disidentes en esta materia, sin olvidar, desde luego, colocar una púdica hoja de parra: el décimo de participación asignado al Diputado Alí Rodríguez.
¿Cómo es posible que los directivos de la Escuela de Comunicación Social de la UCV hayan olvidado que en esta materia tres rectores de esa casa de estudios encabezan a un grupo de ciudadanos venezolanos que introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia sendas demandas por inconstitucionalidad e ilegalidad del principal instrumento de política petrolera de nuestros días: la entrega graciosa de ocho de los mas promisorios campos petroleros de crudos livianos de Venezuela al capital extranjero, en peores condiciones que las prevalecientes en el país entre 1920 y 1975?
Lamentablemente, y aunque nos duela profundamente, eso tiene una sola explicación: Incluir dentro de los conferencistas a Simón Muñoz, Luis Fuenmayor y Trino Alcides Díaz, a Francisco Mieres, Luis Vallenilla, Juan Liscano, Román Rojas Cabot, Ernesto Maiz Vallenilla, Tobías Lasser, o a este suscrito hubiera significado no contar con los auspicios de Maravén y el Banco Provincial, tal vez el Banco Central no prestaría sus salas para debates tan poco refinados y con seguridad, Luis Giusti y Emilio Abouhamad hubieran eludido elegantemente el bulto, en nombre del “low profile” y para no darle tribuna a ese coro de críticos desquiciados.
De esa manera, la Fundación Amigos de la ECS-UCV habría sacrificado el financiamiento del evento y la asistencia de la verdadera gente noticia y chic, por la inclusión de individuos mal vistos y que, como ya se sabe en las Jefaturas de Prensa y Redacción de todos los medios impresos y audiovisuales, están vetados para opinar sobre estos temas. Bueno es el cilantro de la democracia y la libertad de expresión, pero no tanto como para meterse con los dueños de la verdad petrolera... y sus generosas pautas.
¡Abrase visto! Los jóvenes periodistas deben aprender temprano quiénes son noticia y quiénes no lo son, ni lo serán, por más que lo pretendan.
Carlos Mendoza Pottellá
Profesor de la Escuela de Economía FACES UCV
Jefe de la Cátedra de Política Económica
Coordinador del Postgrado en Economía y
Administración de Hidrocarburos.
NACIONALIZACIÓN "CHUCUTA"
Carlos Mendoza Pottellá
Versión: Diciembre 2002
El “adelanto de la reversión” que se produjo en 1975-76, sedicentemente denominado “nacionalización”, no fue más que el resultado de una composición de fuerzas nacionales e internacionales que lograron, como siempre, convertir una consigna nacionalista en el mejor camino para fortalecer la presencia del gran capital transnacional en las fases más rentables del negocio petrolero venezolano.
Es así como se inician, en 1975, las negociaciones trascorrales que, con el nombre de "avenimiento", dieron luz verde al adelanto de la reversión y garantizaron a las concesionarias, jugosas indemnizaciones sobre activos largamente depreciados, contratos de asistencia técnica y comercialización mediante los cuales se les remuneró con creces su tan reclamado, cuan inmerecido, lucro cesante y permanencia en todos los emprendimientos de sus antiguas filiales, ahora "operadoras" nacionalizadas. (Maza Zavala, D.F.; Parra Luzardo, Gastón; Mieres, Francisco; Mendoza P., Carlos, Incidencia de los contratos de tecnología y comercialización en el rumbo de la industria petrolera nacionalizada. Caracas 1977, mimeografiado)
Comenzó a funcionar entonces el conocido esquema umbilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven, Gulf-Meneven y así sucesivamente, el cual se manifestó de manera expresa, además de los referidos contratos, en los programas de cambio de patrón de refinación y en los "megaproyectos" de la Faja del Orinoco. Las corporaciones habían accedido, por estas nuevas vías, a zonas que antes les estaban vedadas por encontrarse limitadas a las fronteras de sus parcelas concesionarias.
De tal suerte que, cosas veredes, Sancho amigo, la apertura petrolera se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización constituyen el primer eslabón de esa “apertura”, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano.
Atrincheradas en el privilegiado papel de asesoras tecnológicas (convidadas permanentes en todas las actividades de sus antiguas filiales) y comercializadoras de la producción exportable de crudos y derivados, las más poderosas de las antiguas concesionarias se mantuvieron a la espera de su reinserción como protagonistas directas en las operaciones petroleras venezolanas.
El atajo para esa reinserción lo constituyeron los contratos de servicios y empresas mixtas que permite el Artículo Quinto de la mencionada Ley, y las primeras excusas se buscaron, como siempre, en la complejidad tecnológica implícita en el desarrollo de los crudos de la Faja, en la posibilidad de reactivar difíciles campos marginales y la explotación del gas no asociado costa afuera de Paria.
Así pues, los rostros desafiantes y las demostraciones de alegría de los petroleros nativos, en los días triunfales de la ronda licitatoria de las diez áreas en referencia, contrastan con el hecho nada enorgullecedor de que ése es y será el resultado de haber aceptado, de antemano, las aspiraciones máxi-mas de los potenciales socios. Y que los aparentemente suculentos bonos son apenas unas vergonzosas migajas que podrán ser recuperadas -de acuerdo con las propias estimaciones preliminares de reservas en cada lote- en uno o dos meses de una producción sobre la cual las nuevas concesionarias tendrán el control por casi cuarenta años.
Tal nivel de complacencia, inadmisible en una negociación donde estaba en juego el mayor patrimonio colectivo de los venezolanos, nos lleva a colegir, con serio fundamento, que los autores de esta propuesta simplemente se adscribieron, sin ninguna resistencia, a términos establecidos por intereses extranjeros ; tal cual como hicieron los negociadores oficiales en los 14 contratos de asistencia técnica suscritos en 1975 y tal como corresponde a la ya larga tradición cipaya de las élites hegemónicas de este desguarnecido país.
La realidad fundamental que pretenden eludir los gerentes petroleros es la de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos, y los derechos que como propietario le corresponden. Pese a la anómala condición de compañía anónima que se le confirió a PDVSA, sus ejecutivos no son otra cosa -aunque les pese- que funcionarios públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la política de los propietarios, en la gestión de esa industria.
PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en FEDECAMARAS o en VenAmCham : es una empresa estatal. Parecería una verdad de Pero Grullo, pero éste es uno de los problemas mas delicados que se le plantean al país en materia de política petrolera..
Las prioridades de los gerentes de PDVSA se orientan según los intereses de sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tienen secretos. y con cuyo concurso planifican estrategias para enfrentar las políticas y orientaciones estatales. Por eso mismo, recelan de los poderes públicos, esconden información a sus legítimos contralores y reniegan de su condición estatal. En su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. Como queda más que demostrado, el más importante foco generador de tendencias privatistas en la industria petrolera nacional se encuentra en esas cúpulas gerenciales.
En efecto, durante todos los años de existencia de PDVSA, los esfuerzos de su gerencia transnacional han estado enfrentados al más acendrado interés nacional: bajar la participación fiscal, boicotear a la OPEP, hacer descuentos a los "clientes tradicionales" y a "nuestras filiales en el exterior", fomentar negocios inviables para la Nación pero lucrativos para el capital privado.
La política de expansión a todo trance de la producción es característica. No importa si en esa expansión se violan normas técnicas, con lo cual se acelera el agotamiento de los yacimientos, no importa si esa expansión va a sobrealimentar a un mercado estructuralmente saturado y a convertirse en factor de debilitamiento de los precios reales, no importa violar los topes asumidos en el seno de la OPEP -en realidad, es lo que menos importa. No importa si crecen los costos y las posiciones competitivas del país a mediano plazo se comprometen. No importa si, para garantizar esa expansión se ofrecen condiciones exageradamente generosas al capital petrolero internacional, en desmedro de la participación nacional. Lo único que importa es que florezcan los negocios que alimentan el poder y las fortunas de los particulares y las corporaciones que los proponen y ejecutan.
Aclaremos, de paso, que no nos estamos refiriendo a las pequeñas raterías -aquéllas que hoy pueden llegar hasta las decenas y centenas de millones de bolívares- que se denuncian en los niveles operativos intermedios, de contratación y supervisión de proyectos, servicios, asesorías, construcciones civiles, donde ha comenzado a institucionalizarse el "¿Cuánto hay pa'eso?", Quirós dixit. A diferencia de nuestro citado, nos referimos a fiascos nacionales donde si está involucrada la alta gerencia de PDVSA.
Desde el punto de vista estrictamente político, en todos estos veintiseis años, las fuerzas de la apertura transnacional han tenido como gran acierto la imposición, a la sociedad venezolana, de su visión corporativa -la "verdad petrolera"- como axioma incontrovertible. Uno de los principales pilares del imperio de esta visión acrítica y deformada de la realidad lo constituyó el pacto de los máximos lideres de AD y Copei, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, para sacar al petróleo del debate político.
De tal manera, en nombre de la importancia para el país de la actividad petrolera, de la necesidad de alejarla de la politiquería y el clientelismo partidista, se permitió que la más antinacional de las políticas, la de las transnacionales y las mafias aprovechadoras, se apoderara de ella.
Por otro lado, en nombre de la meritocracia, se ha permitido el enquistamiento de una dinastía gerencial que reproduce su filosofía y patrones de conducta antinacionales, a través de un sistema de premios y castigos que privilegia la incondicionalidad y el acriticismo y crea una verdadera cadena de complicidades y favoritismos dignos del mas rancio régimen feudal. (Como lo farfullan entre dientes muchas de sus víctimas, bajo la campana de Gauss de las evaluaciones anuales se produce toda suerte de injusticias, humillaciones y pasos de Horcas Caudinas.)
La camarilla gerencial petrolera, escudada en la condición de compañía anónima atribuida a PDVSA y arguyendo que se manejan asuntos de alta confidencialidad y complejidad técnica, ha convertido en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometen al recurso fundamental de la Nación. El ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a esa cúpula y a sus asesores externos, con el libre albedrío que les otorga el premeditado desmantelamiento del órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.
Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacen a partir de datos sobre cuya génesis no tienen ninguna posibilidad de modificación. Es decir, "planifican" a partir de parámetros que son fijados de manera independiente por los petroleros. Tal como lo haría un joven con la mesada asignada por su padre: a veces protestando su insuficiencia, pero sin poder ir más allá, por desconocer los factores determinantes de tal nivel de asignación.
Es en este ambiente de ignorancia y complicidad como se ha constituído, en torno al petróleo, el mayor centro de desviación de los bienes públicos hacia privilegiadas alforjas. Que no hay RECADI, ni banquero corrupto, ni beneficiario irregular del financiamiento estatal, que alcance siquiera a un punto porcentual de las perversas cumbres de enriquecimiento privado, nacional y extranjero, generadas por el poder petrolero. Tal es el trasfondo de esa vieja política que reaparece cada mañana con un nuevo nombre o moda. Ahora es el turno de la apertura y dentro de muy pronto -ya está en camino- será el de la privatización de PDVSA.
Es así como hemos llegado a tener, supuestamente, la segunda empresa petrolera a nivel mundial y, al mismo tiempo, cinco sextas partes de la población venezolana colocada entre los estratos de necesidades básicas insatisfechas, pobreza crítica y miseria extrema.
Es así, también, como en 1995, un negocio que movilizó 27.261 millones de dólares en sus operaciones nacionales e internacionales, y alcanzó las cifras máximas en producción de crudo y refinación en 20 años, reportó la mínima participación fiscal en ese mismo lapso, de 4.954 millones de dólares y retuvo para sí ganancias netas máximas, incurriendo, desde luego, en cifras máximas de costos e inversiones. Considérese, en contraposición, las cifras de 1976, cuando con ingresos de apenas 9 mil millones se generaba una participación fiscal de 7 mil millones.
(Ver Cuadro Anexo, con cifras actualizadas a 2001. Hemos preferido dejar la redacción intacta con las cifras de 1995, para dejar claro que se trata de una característica permanente de los resultados financieros de PDVSA) CMP, Dic. 2002
Y la responsabilidad de que éstas y todas las ya expuestas tropelías aperturistas sucedan impunemente, aunque parcialmente puede atribuirse al pacto "institucional" que tendió un manto cómplice sobre esas actividades irregulares, alcanza también a la voluntaria incultura petrolera de casi toda la dirigencia política y económica del país y a la inercia de sus Universidades, que las ha llevado a dejarse imponer una emasculación de su capacidad analítica y crítica en esta materia.
La sustitución del análisis por la fe proviene en mucho del abandono por las fuerzas políticas populares, por las Universidades y por los medios de la cuestión petrolera nacional, luego de la nacionalización, en la creencia ingenua de que con ella todo estaba resuelto, porque supuestamente "el petróleo estaba en buenas manos". Con alivio, los nacionalistas cerraron los libros y se echaron a dormir. Así dejaron al "caballo de Troya" en PDVSA actuar a sus anchas. Ahora Ministros, congresantes, dirigentes, profesores se sienten sorprendidos, perplejos, aún semidormidos. Su reacción es de desaliento y derrotismo
La crisis nacional exige a los poderes públicos, y a las colectividades políticas que pretenden encarnar la voluntad popular, una asunción plena de sus responsabilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una decisión política de amplias repercusiones, que afectaría a otros poderes constituídos y que sería duramente combatida.
El caso lamentable es que en la actualidad el país no cuenta con un liderazgo político capaz de emprender semejante tarea. Debemos empezar a construirlo. Y el primer paso en ese camino es delinear una política alternativa a la que se ha impuesto en los últimos veinte años.
La política petrolera venezolana debe formularse claramente a nivel Estatal, es decir, debe ser establecida con la participación de todos los poderes públicos. La justificación es doble: La primera se refiere a que, cualesquiera sean los titulares de la propiedad sobre los recursos del subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación, claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo, pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.
En el plano técnico - operativo de esa reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las cuales se fundamenta la "verdad petrolera". Se hace necesario, por tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad, de manera de establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.
La situación conforma un serio problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de consenso en torno a las propuestas concretas..
Por lo demás, esa política petrolera, en tanto que política reivindicadora de los vulnerados derechos de los propietarios colectivos, debe ser también el producto de una amplia consulta en todos los estamentos de la sociedad venezolana como un todo, en sus múltiples instancias gremiales, profesionales, políticas, etc.
El “adelanto de la reversión” que se produjo en 1975-76, sedicentemente denominado “nacionalización”, no fue más que el resultado de una composición de fuerzas nacionales e internacionales que lograron, como siempre, convertir una consigna nacionalista en el mejor camino para fortalecer la presencia del gran capital transnacional en las fases más rentables del negocio petrolero venezolano.
Es así como se inician, en 1975, las negociaciones trascorrales que, con el nombre de "avenimiento", dieron luz verde al adelanto de la reversión y garantizaron a las concesionarias, jugosas indemnizaciones sobre activos largamente depreciados, contratos de asistencia técnica y comercialización mediante los cuales se les remuneró con creces su tan reclamado, cuan inmerecido, lucro cesante y permanencia en todos los emprendimientos de sus antiguas filiales, ahora "operadoras" nacionalizadas. (Maza Zavala, D.F.; Parra Luzardo, Gastón; Mieres, Francisco; Mendoza P., Carlos, Incidencia de los contratos de tecnología y comercialización en el rumbo de la industria petrolera nacionalizada. Caracas 1977, mimeografiado)
Comenzó a funcionar entonces el conocido esquema umbilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven, Gulf-Meneven y así sucesivamente, el cual se manifestó de manera expresa, además de los referidos contratos, en los programas de cambio de patrón de refinación y en los "megaproyectos" de la Faja del Orinoco. Las corporaciones habían accedido, por estas nuevas vías, a zonas que antes les estaban vedadas por encontrarse limitadas a las fronteras de sus parcelas concesionarias.
De tal suerte que, cosas veredes, Sancho amigo, la apertura petrolera se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización constituyen el primer eslabón de esa “apertura”, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano.
Atrincheradas en el privilegiado papel de asesoras tecnológicas (convidadas permanentes en todas las actividades de sus antiguas filiales) y comercializadoras de la producción exportable de crudos y derivados, las más poderosas de las antiguas concesionarias se mantuvieron a la espera de su reinserción como protagonistas directas en las operaciones petroleras venezolanas.
El atajo para esa reinserción lo constituyeron los contratos de servicios y empresas mixtas que permite el Artículo Quinto de la mencionada Ley, y las primeras excusas se buscaron, como siempre, en la complejidad tecnológica implícita en el desarrollo de los crudos de la Faja, en la posibilidad de reactivar difíciles campos marginales y la explotación del gas no asociado costa afuera de Paria.
Así pues, los rostros desafiantes y las demostraciones de alegría de los petroleros nativos, en los días triunfales de la ronda licitatoria de las diez áreas en referencia, contrastan con el hecho nada enorgullecedor de que ése es y será el resultado de haber aceptado, de antemano, las aspiraciones máxi-mas de los potenciales socios. Y que los aparentemente suculentos bonos son apenas unas vergonzosas migajas que podrán ser recuperadas -de acuerdo con las propias estimaciones preliminares de reservas en cada lote- en uno o dos meses de una producción sobre la cual las nuevas concesionarias tendrán el control por casi cuarenta años.
Tal nivel de complacencia, inadmisible en una negociación donde estaba en juego el mayor patrimonio colectivo de los venezolanos, nos lleva a colegir, con serio fundamento, que los autores de esta propuesta simplemente se adscribieron, sin ninguna resistencia, a términos establecidos por intereses extranjeros ; tal cual como hicieron los negociadores oficiales en los 14 contratos de asistencia técnica suscritos en 1975 y tal como corresponde a la ya larga tradición cipaya de las élites hegemónicas de este desguarnecido país.
La realidad fundamental que pretenden eludir los gerentes petroleros es la de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos, y los derechos que como propietario le corresponden. Pese a la anómala condición de compañía anónima que se le confirió a PDVSA, sus ejecutivos no son otra cosa -aunque les pese- que funcionarios públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la política de los propietarios, en la gestión de esa industria.
PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en FEDECAMARAS o en VenAmCham : es una empresa estatal. Parecería una verdad de Pero Grullo, pero éste es uno de los problemas mas delicados que se le plantean al país en materia de política petrolera..
Las prioridades de los gerentes de PDVSA se orientan según los intereses de sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tienen secretos. y con cuyo concurso planifican estrategias para enfrentar las políticas y orientaciones estatales. Por eso mismo, recelan de los poderes públicos, esconden información a sus legítimos contralores y reniegan de su condición estatal. En su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. Como queda más que demostrado, el más importante foco generador de tendencias privatistas en la industria petrolera nacional se encuentra en esas cúpulas gerenciales.
En efecto, durante todos los años de existencia de PDVSA, los esfuerzos de su gerencia transnacional han estado enfrentados al más acendrado interés nacional: bajar la participación fiscal, boicotear a la OPEP, hacer descuentos a los "clientes tradicionales" y a "nuestras filiales en el exterior", fomentar negocios inviables para la Nación pero lucrativos para el capital privado.
La política de expansión a todo trance de la producción es característica. No importa si en esa expansión se violan normas técnicas, con lo cual se acelera el agotamiento de los yacimientos, no importa si esa expansión va a sobrealimentar a un mercado estructuralmente saturado y a convertirse en factor de debilitamiento de los precios reales, no importa violar los topes asumidos en el seno de la OPEP -en realidad, es lo que menos importa. No importa si crecen los costos y las posiciones competitivas del país a mediano plazo se comprometen. No importa si, para garantizar esa expansión se ofrecen condiciones exageradamente generosas al capital petrolero internacional, en desmedro de la participación nacional. Lo único que importa es que florezcan los negocios que alimentan el poder y las fortunas de los particulares y las corporaciones que los proponen y ejecutan.
Aclaremos, de paso, que no nos estamos refiriendo a las pequeñas raterías -aquéllas que hoy pueden llegar hasta las decenas y centenas de millones de bolívares- que se denuncian en los niveles operativos intermedios, de contratación y supervisión de proyectos, servicios, asesorías, construcciones civiles, donde ha comenzado a institucionalizarse el "¿Cuánto hay pa'eso?", Quirós dixit. A diferencia de nuestro citado, nos referimos a fiascos nacionales donde si está involucrada la alta gerencia de PDVSA.
Desde el punto de vista estrictamente político, en todos estos veintiseis años, las fuerzas de la apertura transnacional han tenido como gran acierto la imposición, a la sociedad venezolana, de su visión corporativa -la "verdad petrolera"- como axioma incontrovertible. Uno de los principales pilares del imperio de esta visión acrítica y deformada de la realidad lo constituyó el pacto de los máximos lideres de AD y Copei, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, para sacar al petróleo del debate político.
De tal manera, en nombre de la importancia para el país de la actividad petrolera, de la necesidad de alejarla de la politiquería y el clientelismo partidista, se permitió que la más antinacional de las políticas, la de las transnacionales y las mafias aprovechadoras, se apoderara de ella.
Por otro lado, en nombre de la meritocracia, se ha permitido el enquistamiento de una dinastía gerencial que reproduce su filosofía y patrones de conducta antinacionales, a través de un sistema de premios y castigos que privilegia la incondicionalidad y el acriticismo y crea una verdadera cadena de complicidades y favoritismos dignos del mas rancio régimen feudal. (Como lo farfullan entre dientes muchas de sus víctimas, bajo la campana de Gauss de las evaluaciones anuales se produce toda suerte de injusticias, humillaciones y pasos de Horcas Caudinas.)
La camarilla gerencial petrolera, escudada en la condición de compañía anónima atribuida a PDVSA y arguyendo que se manejan asuntos de alta confidencialidad y complejidad técnica, ha convertido en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometen al recurso fundamental de la Nación. El ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a esa cúpula y a sus asesores externos, con el libre albedrío que les otorga el premeditado desmantelamiento del órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.
Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacen a partir de datos sobre cuya génesis no tienen ninguna posibilidad de modificación. Es decir, "planifican" a partir de parámetros que son fijados de manera independiente por los petroleros. Tal como lo haría un joven con la mesada asignada por su padre: a veces protestando su insuficiencia, pero sin poder ir más allá, por desconocer los factores determinantes de tal nivel de asignación.
Es en este ambiente de ignorancia y complicidad como se ha constituído, en torno al petróleo, el mayor centro de desviación de los bienes públicos hacia privilegiadas alforjas. Que no hay RECADI, ni banquero corrupto, ni beneficiario irregular del financiamiento estatal, que alcance siquiera a un punto porcentual de las perversas cumbres de enriquecimiento privado, nacional y extranjero, generadas por el poder petrolero. Tal es el trasfondo de esa vieja política que reaparece cada mañana con un nuevo nombre o moda. Ahora es el turno de la apertura y dentro de muy pronto -ya está en camino- será el de la privatización de PDVSA.
Es así como hemos llegado a tener, supuestamente, la segunda empresa petrolera a nivel mundial y, al mismo tiempo, cinco sextas partes de la población venezolana colocada entre los estratos de necesidades básicas insatisfechas, pobreza crítica y miseria extrema.
Es así, también, como en 1995, un negocio que movilizó 27.261 millones de dólares en sus operaciones nacionales e internacionales, y alcanzó las cifras máximas en producción de crudo y refinación en 20 años, reportó la mínima participación fiscal en ese mismo lapso, de 4.954 millones de dólares y retuvo para sí ganancias netas máximas, incurriendo, desde luego, en cifras máximas de costos e inversiones. Considérese, en contraposición, las cifras de 1976, cuando con ingresos de apenas 9 mil millones se generaba una participación fiscal de 7 mil millones.
(Ver Cuadro Anexo, con cifras actualizadas a 2001. Hemos preferido dejar la redacción intacta con las cifras de 1995, para dejar claro que se trata de una característica permanente de los resultados financieros de PDVSA) CMP, Dic. 2002
Y la responsabilidad de que éstas y todas las ya expuestas tropelías aperturistas sucedan impunemente, aunque parcialmente puede atribuirse al pacto "institucional" que tendió un manto cómplice sobre esas actividades irregulares, alcanza también a la voluntaria incultura petrolera de casi toda la dirigencia política y económica del país y a la inercia de sus Universidades, que las ha llevado a dejarse imponer una emasculación de su capacidad analítica y crítica en esta materia.
La sustitución del análisis por la fe proviene en mucho del abandono por las fuerzas políticas populares, por las Universidades y por los medios de la cuestión petrolera nacional, luego de la nacionalización, en la creencia ingenua de que con ella todo estaba resuelto, porque supuestamente "el petróleo estaba en buenas manos". Con alivio, los nacionalistas cerraron los libros y se echaron a dormir. Así dejaron al "caballo de Troya" en PDVSA actuar a sus anchas. Ahora Ministros, congresantes, dirigentes, profesores se sienten sorprendidos, perplejos, aún semidormidos. Su reacción es de desaliento y derrotismo
La crisis nacional exige a los poderes públicos, y a las colectividades políticas que pretenden encarnar la voluntad popular, una asunción plena de sus responsabilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una decisión política de amplias repercusiones, que afectaría a otros poderes constituídos y que sería duramente combatida.
El caso lamentable es que en la actualidad el país no cuenta con un liderazgo político capaz de emprender semejante tarea. Debemos empezar a construirlo. Y el primer paso en ese camino es delinear una política alternativa a la que se ha impuesto en los últimos veinte años.
La política petrolera venezolana debe formularse claramente a nivel Estatal, es decir, debe ser establecida con la participación de todos los poderes públicos. La justificación es doble: La primera se refiere a que, cualesquiera sean los titulares de la propiedad sobre los recursos del subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación, claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo, pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.
En el plano técnico - operativo de esa reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las cuales se fundamenta la "verdad petrolera". Se hace necesario, por tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad, de manera de establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.
La situación conforma un serio problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de consenso en torno a las propuestas concretas..
Por lo demás, esa política petrolera, en tanto que política reivindicadora de los vulnerados derechos de los propietarios colectivos, debe ser también el producto de una amplia consulta en todos los estamentos de la sociedad venezolana como un todo, en sus múltiples instancias gremiales, profesionales, políticas, etc.
Esbozos programaticos
Una política petrolera fundada en los
intereses del pueblo venezolano
Septiembre 1998
Hablar de una política petrolera para el pueblo venezolano puede sonar a demagogia populista, pero no hay otra manera de denominar el sentido de nuestras aspiraciones en esta materia. Partiendo de la crítica a la actual política petrolera venezolana, orquestada en torno a una alianza incondicionalmente dependiente del gran capital petrolero internacional, nuestros planteamientos programáticos parten de una visión positivamente distinta de la realidad de nuestra industria petrolera y de los principios que deben orientar su funcionamiento, la magnitud y sentido de sus proyectos, su integración dinámica a la economía nacional y de manera particular, el manejo y disposición de sus ingresos.
Al respecto, debemos indicar que el principio rector de esas posiciones es aquél que considera al petróleo como patrimonio colectivo de los venezolanos y, en tanto que tal, que esa riqueza debe ser administrada según convenga al legítimo interés de las mayorías nacionales. La realidad contemporánea nos presenta evidencias dramáticas de que, por el contrario, esas mayorías han sido permanentemente despojadas del usufructo de ese patrimonio: En un país que fue durante décadas segundo productor y primer exportador mundial de petróleo, un país que hoy produce más del 4 por ciento de todos los hidrocarburos que se extraen en la Tierra y es propietario de una de las mas grandes acumulaciones de reservas probadas y probables, en ese privilegiado país, el 85 por ciento de su población, de escasos 23 millones de personas, vive en condiciones que no alcanzan al nivel de satisfacción de sus necesidades básicas, y más del 50 por ciento de los mismos lo hace en condiciones de miseria extrema.
Partiendo de esa terrible constatación, motivo suficiente para la ira, el dolor y la desesperación, sentimientos que conducen a algunos a la inmolación nihilista o a la preparación de una violenta revancha y a otros los hunde en la ciénaga del cinismo descreído y egoísta, hemos tratado hilvanar planteamientos constructivos.
Las posibilidades generadoras de excedentes del petróleo venezolano, mermadas por la explosión de inversiones, costos inflados y malos negocios, todavía son considerablemente superiores a las del resto de la economía nacional y pueden ser utilizadas para la reconstrucción de la sociedad venezolana sobre nuevas bases: de autosuficiencia, autonomía y diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales, mediante un proceso integrador e internalizador de esos rendimientos, que acabe con la anómala situación de una industria desproporcionadamente volcada hacia afuera, dependiente de los requerimientos de sus mercados externos y con escasos encadenamientos internos, hacia el resto de la industria y demás sectores económicos.
Se trata de conducir a la industria petrolera más allá de su papel de proveedora de divisas, hacia su fusión con los recursos humanos y materiales disponibles en el país. Se trata de diseńar un perfil de producción y actividades de comercialización que respondan prioritariamente a los requerimientos del resto de la economía nacional. Perfil dentro del cual la búsqueda de las magnitudes y escalas óptimas desde los puntos de vista técnico, empresarial, macroeconómico y social deben ser procesos coherentes y estrechamente imbricados.
En nuestra opinión, fundada en el análisis de las circunstancias históricas pertinentes, esos óptimos no se encuentran en el camino de la producción a todo trance, de la multiplicación de proyectos no prioritarios, de dudosa rentabilidad a largo plazo; para cuyo financiamiento aparentemente no se cuenta con recursos propios, lo cual, a su vez, se aduce como excusa para buscar la intervención de capitales extranjeros bajo condiciones que intesifican el drenaje de excedentes hacia el exterior. Así lo confirman, contundentemente, los términos bajo los cuales se ha pactado la vuelta del capital petrolero internacional a las posiciones de control y usufructo de las reservas de hidrocarburos remanentes en el país.
Un conglomerado de factores económicos y políticos, empresariales y corporativos, nucleado en torno a las cúpula directiva de PDVSA, al cual hemos denominado el Poder Petrolero, ha impuesto, con la complicidad por acción u omisión de todo el espectro político nacional, la expansión creciente y sin pausa de la inversión pública en el sector petrolero como garantía de multiplicación de las oportunidades de los negocios privados. De sus negocios.
Por el contrario, la industria petrolera venezolana, en tanto que propiedad pública, reservada legal y constitucionalmente al Estado, debe ser dirigida y administrada en consonancia con una estrategia nacional, que trascienda los límites de lo meramente empresarial.
Y al hablar de estrategia nacional no estamos limitando el horizonte al estrecho ámbito de lo estatal, tal como pretenden las presentaciones maniqueas para vender las presuntas bondades de las concepciones ultraprivatizantes. Una estrategia nacional no es contradictoria con una voluntaria cesión a la actividad privada de áreas reservadas al Estado. Pero ello debe ser el resultado de una seria consideración por parte de los poderes públicos y los órganos planificadores competentes, en un ambiente de consenso nacional. Sobre todo, esa cesión no podría comportar, como sucedió en el pasado y sigue sucediendo en el presente, transferencias unilaterales, sin la justa contraprestación debida por la liquidación de un activo público.
El esquema que se adopte para garantizar una gestión eficiente de la industria petrolera nacional puede responder a diferentes concepciones administrativas, políticas y sociales, pero, en cualquier caso, será indispensable acabar con el abusivo aprovechamiento privado de ese bien colectivo.
Por tales motivos, consideramos que dentro de un proceso de verdadera profundización de la nacionalización petrolera, de auténtica apropiación por los venezolanos de su patrimonio colectivo, se impone la toma de decisiones trascendentales, las cuales requieren una clara y definida voluntad política. Esa voluntad política no existe hoy, pero contribuiremos a su construcción al seńalar cuáles son, a nuestro entender, esas tareas:
Realizar una severa investigación de las principales transacciones realizadas hasta la fecha en materia de contratos y adquisición de instalaciones y equipos, tanto en el país como en el exterior. Analizar claramente, de manera desagregada, el rendimiento de cada una de estas inversiones y sus perspectivas futuras. En particular establecer la conveniencia o no de mantener la propiedad de esos activos o realizar ventas, como la que estuvo prevista y no se concretó, con el 50% de la CITGO.
Detener las operaciones que se llevan a cabo en condiciones de costos incrementales, en abierta violación de normas técnicas y en desmedro de las posibilidades futuras de recuperación de los yacimientos. Investigar las causas de pérdidas y accidentes ocurridos en las áreas donde se realizan estas operaciones.
Estabilizar los niveles de producción dentro de los márgenes técnicos aconsejables para la preservación de la vida de los yacimientos, lo cual debe coincidir con el óptimo económico de máxima rentabilidad unitaria.
Mantener la política de propiciar, en el seno de la OPEP, un escenario de defensa de los precios, garantizando la asignación de una cuota de producción cónsona con el nivel óptimo de producción de nuestras reservas. No se trata de una posición “rentista” a ultranza. Se trata de que la renta petrolera se produce, independientemente de nosotros, como resultado de la operación del mecanismo universal de fijación de precios, y si nosotros renunciamos a ella, otros se la apropiarán.
Evaluar los planes de desarrollo de la Faja del Orinoco y la Orimulsión, estableciendo claramente sus costos de oportunidad frente a destinos alternativos del ingreso disponible. Detener las operaciones que se estén realizando con pérdidas y bajo el supuesto de estar pagando un hipotético "posicionamiento en el mercado". Iniciar un proceso de investigación científica sobre los posibles usos no energéticos de las acumulaciones petrolíferas de la Faja. Establecer un programa de largo plazo con las Universidades, CONICIT, IVIC, INTEVEP, etc., para la formación de personal científico y técnico multidisciplinario dedicado a esa investigación.
Someter todas las transacciones de la industria petrolera nacional a la supervisión efectiva de la Contraloría General de la República. Crear un equipo multidisciplinario y operativo, bajo control del Consejo de Ministros y con representación legislativa, laboral y empresarial, para la planificación en materia de economía petrolera y energética. En ese equipo, que debería recibir los aportes -técnicos, que no deliberantes- de PDVSA, el Ministerio de Energía y Minas, Hacienda, Fomento, Cancillería, CORDIPLAN, Defensa, Banco Central, Gobernaciones de Estado y toda otra instancia pública o privada interesada, debe concentrarse toda la información disponible sobre la materia y el entorno socioeconómico nacional, para que pueda producir propuestas de acción coherentes y bien fundamentadas.
Detener el proceso de liquidación de los instrumentos de percepción fiscal que ha ocurrido en los veinte ańos anteriores, llegando al extremo de la eliminación de los Valores Fiscales de Exportación y estableciendo la minimización de la Regalía en los contratos con las corporaciones extranjeras. A más largo plazo, debe establecerse un sistema coherente de asignación de recursos, tal como el que han propuesto diversos estudiosos de la materia: Procurar los fondos que sean necesarios para garantizar el funcionamiento eficiente de la industria a todos sus niveles, para que responda eficazmente a las alternativas cambiantes de un mercado cada día más complejo, pero presupuestando cada ańo los proyectos recurrentes y los nuevos emprendimientos que se consideren viables, prioritarios y concordantes con los demás aspectos de la política económica establecidos en cada oportunidad, de acuerdo con la ya referida necesidad de integrar esa industria al esfuerzo general de reconstrucción de la economía nacional sobre bases más sólidas, que permitan superar los desequilibrios y carencias que la hacen vulnerable e ineficiente.
Una política petrolera fundada en los
intereses del pueblo venezolano
Septiembre 1998
Hablar de una política petrolera para el pueblo venezolano puede sonar a demagogia populista, pero no hay otra manera de denominar el sentido de nuestras aspiraciones en esta materia. Partiendo de la crítica a la actual política petrolera venezolana, orquestada en torno a una alianza incondicionalmente dependiente del gran capital petrolero internacional, nuestros planteamientos programáticos parten de una visión positivamente distinta de la realidad de nuestra industria petrolera y de los principios que deben orientar su funcionamiento, la magnitud y sentido de sus proyectos, su integración dinámica a la economía nacional y de manera particular, el manejo y disposición de sus ingresos.
Al respecto, debemos indicar que el principio rector de esas posiciones es aquél que considera al petróleo como patrimonio colectivo de los venezolanos y, en tanto que tal, que esa riqueza debe ser administrada según convenga al legítimo interés de las mayorías nacionales. La realidad contemporánea nos presenta evidencias dramáticas de que, por el contrario, esas mayorías han sido permanentemente despojadas del usufructo de ese patrimonio: En un país que fue durante décadas segundo productor y primer exportador mundial de petróleo, un país que hoy produce más del 4 por ciento de todos los hidrocarburos que se extraen en la Tierra y es propietario de una de las mas grandes acumulaciones de reservas probadas y probables, en ese privilegiado país, el 85 por ciento de su población, de escasos 23 millones de personas, vive en condiciones que no alcanzan al nivel de satisfacción de sus necesidades básicas, y más del 50 por ciento de los mismos lo hace en condiciones de miseria extrema.
Partiendo de esa terrible constatación, motivo suficiente para la ira, el dolor y la desesperación, sentimientos que conducen a algunos a la inmolación nihilista o a la preparación de una violenta revancha y a otros los hunde en la ciénaga del cinismo descreído y egoísta, hemos tratado hilvanar planteamientos constructivos.
Las posibilidades generadoras de excedentes del petróleo venezolano, mermadas por la explosión de inversiones, costos inflados y malos negocios, todavía son considerablemente superiores a las del resto de la economía nacional y pueden ser utilizadas para la reconstrucción de la sociedad venezolana sobre nuevas bases: de autosuficiencia, autonomía y diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales, mediante un proceso integrador e internalizador de esos rendimientos, que acabe con la anómala situación de una industria desproporcionadamente volcada hacia afuera, dependiente de los requerimientos de sus mercados externos y con escasos encadenamientos internos, hacia el resto de la industria y demás sectores económicos.
Se trata de conducir a la industria petrolera más allá de su papel de proveedora de divisas, hacia su fusión con los recursos humanos y materiales disponibles en el país. Se trata de diseńar un perfil de producción y actividades de comercialización que respondan prioritariamente a los requerimientos del resto de la economía nacional. Perfil dentro del cual la búsqueda de las magnitudes y escalas óptimas desde los puntos de vista técnico, empresarial, macroeconómico y social deben ser procesos coherentes y estrechamente imbricados.
En nuestra opinión, fundada en el análisis de las circunstancias históricas pertinentes, esos óptimos no se encuentran en el camino de la producción a todo trance, de la multiplicación de proyectos no prioritarios, de dudosa rentabilidad a largo plazo; para cuyo financiamiento aparentemente no se cuenta con recursos propios, lo cual, a su vez, se aduce como excusa para buscar la intervención de capitales extranjeros bajo condiciones que intesifican el drenaje de excedentes hacia el exterior. Así lo confirman, contundentemente, los términos bajo los cuales se ha pactado la vuelta del capital petrolero internacional a las posiciones de control y usufructo de las reservas de hidrocarburos remanentes en el país.
Un conglomerado de factores económicos y políticos, empresariales y corporativos, nucleado en torno a las cúpula directiva de PDVSA, al cual hemos denominado el Poder Petrolero, ha impuesto, con la complicidad por acción u omisión de todo el espectro político nacional, la expansión creciente y sin pausa de la inversión pública en el sector petrolero como garantía de multiplicación de las oportunidades de los negocios privados. De sus negocios.
Por el contrario, la industria petrolera venezolana, en tanto que propiedad pública, reservada legal y constitucionalmente al Estado, debe ser dirigida y administrada en consonancia con una estrategia nacional, que trascienda los límites de lo meramente empresarial.
Y al hablar de estrategia nacional no estamos limitando el horizonte al estrecho ámbito de lo estatal, tal como pretenden las presentaciones maniqueas para vender las presuntas bondades de las concepciones ultraprivatizantes. Una estrategia nacional no es contradictoria con una voluntaria cesión a la actividad privada de áreas reservadas al Estado. Pero ello debe ser el resultado de una seria consideración por parte de los poderes públicos y los órganos planificadores competentes, en un ambiente de consenso nacional. Sobre todo, esa cesión no podría comportar, como sucedió en el pasado y sigue sucediendo en el presente, transferencias unilaterales, sin la justa contraprestación debida por la liquidación de un activo público.
El esquema que se adopte para garantizar una gestión eficiente de la industria petrolera nacional puede responder a diferentes concepciones administrativas, políticas y sociales, pero, en cualquier caso, será indispensable acabar con el abusivo aprovechamiento privado de ese bien colectivo.
Por tales motivos, consideramos que dentro de un proceso de verdadera profundización de la nacionalización petrolera, de auténtica apropiación por los venezolanos de su patrimonio colectivo, se impone la toma de decisiones trascendentales, las cuales requieren una clara y definida voluntad política. Esa voluntad política no existe hoy, pero contribuiremos a su construcción al seńalar cuáles son, a nuestro entender, esas tareas:
Realizar una severa investigación de las principales transacciones realizadas hasta la fecha en materia de contratos y adquisición de instalaciones y equipos, tanto en el país como en el exterior. Analizar claramente, de manera desagregada, el rendimiento de cada una de estas inversiones y sus perspectivas futuras. En particular establecer la conveniencia o no de mantener la propiedad de esos activos o realizar ventas, como la que estuvo prevista y no se concretó, con el 50% de la CITGO.
Detener las operaciones que se llevan a cabo en condiciones de costos incrementales, en abierta violación de normas técnicas y en desmedro de las posibilidades futuras de recuperación de los yacimientos. Investigar las causas de pérdidas y accidentes ocurridos en las áreas donde se realizan estas operaciones.
Estabilizar los niveles de producción dentro de los márgenes técnicos aconsejables para la preservación de la vida de los yacimientos, lo cual debe coincidir con el óptimo económico de máxima rentabilidad unitaria.
Mantener la política de propiciar, en el seno de la OPEP, un escenario de defensa de los precios, garantizando la asignación de una cuota de producción cónsona con el nivel óptimo de producción de nuestras reservas. No se trata de una posición “rentista” a ultranza. Se trata de que la renta petrolera se produce, independientemente de nosotros, como resultado de la operación del mecanismo universal de fijación de precios, y si nosotros renunciamos a ella, otros se la apropiarán.
Evaluar los planes de desarrollo de la Faja del Orinoco y la Orimulsión, estableciendo claramente sus costos de oportunidad frente a destinos alternativos del ingreso disponible. Detener las operaciones que se estén realizando con pérdidas y bajo el supuesto de estar pagando un hipotético "posicionamiento en el mercado". Iniciar un proceso de investigación científica sobre los posibles usos no energéticos de las acumulaciones petrolíferas de la Faja. Establecer un programa de largo plazo con las Universidades, CONICIT, IVIC, INTEVEP, etc., para la formación de personal científico y técnico multidisciplinario dedicado a esa investigación.
Someter todas las transacciones de la industria petrolera nacional a la supervisión efectiva de la Contraloría General de la República. Crear un equipo multidisciplinario y operativo, bajo control del Consejo de Ministros y con representación legislativa, laboral y empresarial, para la planificación en materia de economía petrolera y energética. En ese equipo, que debería recibir los aportes -técnicos, que no deliberantes- de PDVSA, el Ministerio de Energía y Minas, Hacienda, Fomento, Cancillería, CORDIPLAN, Defensa, Banco Central, Gobernaciones de Estado y toda otra instancia pública o privada interesada, debe concentrarse toda la información disponible sobre la materia y el entorno socioeconómico nacional, para que pueda producir propuestas de acción coherentes y bien fundamentadas.
Detener el proceso de liquidación de los instrumentos de percepción fiscal que ha ocurrido en los veinte ańos anteriores, llegando al extremo de la eliminación de los Valores Fiscales de Exportación y estableciendo la minimización de la Regalía en los contratos con las corporaciones extranjeras. A más largo plazo, debe establecerse un sistema coherente de asignación de recursos, tal como el que han propuesto diversos estudiosos de la materia: Procurar los fondos que sean necesarios para garantizar el funcionamiento eficiente de la industria a todos sus niveles, para que responda eficazmente a las alternativas cambiantes de un mercado cada día más complejo, pero presupuestando cada ańo los proyectos recurrentes y los nuevos emprendimientos que se consideren viables, prioritarios y concordantes con los demás aspectos de la política económica establecidos en cada oportunidad, de acuerdo con la ya referida necesidad de integrar esa industria al esfuerzo general de reconstrucción de la economía nacional sobre bases más sólidas, que permitan superar los desequilibrios y carencias que la hacen vulnerable e ineficiente.
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