El Cuervo, el Pozo y el Petróleo
Carlos Mendoza Pottellá
El
actual estado catastrófico de la
industria petrolera venezolana es campo propicio para que se multipliquen
fórmulas para su resurrección. Muchas de ellas, antagónicas entre sí, responden
a posiciones ideológicas que pretenden vender un mundo luminoso, saltando sobre
los escombros de la realidad y haciendo tabla rasa con la historia y las
circunstancias que la determinaron.
En
mis trabajos anteriores he expuesto una particular posición, ubicada en una de esas orillas conceptuales, cuya evaluación
y crítica corresponderá a los lectores.
Sin
pretensiones de ser portador de la verdad absoluta sobre un problema de carácter complejo y
multifactorial, he combatido, sin embargo, al extremismo neoliberal, el cual
propone como solución para todos los males del país la pulverización de la
gestión estatal venezolana sobre los recursos de hidrocarburos de la Nación,
liberándolos, cual morrocoy sin caparazón, a las fuerzas del mercado, ungido
como supremo garante de la asignación más eficiente de los excedentes generados
por su explotación e industrialización… en un mundo cuyo control se disputan a
sangre y fuego los grandes… Estados. [2]
Pero
en tiempo real, el debate debe continuar. En esta oportunidad debo referirme a
otro trabajo incluido en el libro-recopilación del colega Luis Oliveros, ya citado
en mi artículo anterior. [3]
Se
trata del artículo “Aspectos Jurídicos de
la reconstrucción de la industria petrolera: Hacia un nuevo marco para promover
la inversión extranjera” de José Ignacio Hernández G.[4]
Tal
como proclama este autor con legítimo
orgullo en su primera nota al pié, (pág. 63),
“Este
trabajo se basa en las investigaciones adelantadas desde el Centro
Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Harvard sobre la reforma
de la regulación de hidrocarburos en Venezuela”.
Una
referencia que explica casi todo: la
búsqueda, en el contexto científico, cultural y político de Harvard, con todo
su acervo ideológico, de una nueva legislación petrolera para Venezuela.
Desde
luego que se trata de un ambiente mucho más glamoroso y técnicamente equipado
que el de las subdesarrolladas instancias académicas y legislativas nacionales,
pero cuyas carencias históricas y conceptuales se manifiestan de inmediato:
Un
trabajo que ya en su segundo párrafo afirma que “el Gobierno eliminó la autonomía política de Petróleos de Venezuela…”, sentencia que evidencia la profundidad de
su bagaje en materia de jurisprudencia
venezolana.
La pregunta obvia es: ¿En cuál instrumento
legal o constitucional venezolano se consagró, desde 1976 hasta nuestros días,
que PDVSA tendría “autonomía
política”.
Por
el contrario, esa afirmación sustenta la denuncia, hecha en su momento por políticos
e investigadores nativos, entre ellos
quien suscribe, de que PDVSA pretendió siempre comportarse como un Estado dentro del Estado, tomando
decisiones de indudable interés nacional a espaldas de los poderes públicos.
De
hecho, he dejado testimonio del más flagrante logro de esa conducta de “soberanía
empresarial”, al analizar la “Internacionalización”,
el programa de inversiones que llevó a la adquisición de 17 refinerías chatarra
en el exterior, que se llevó a cabo eludiendo siempre el control público y legislativo en una materia de interés nacional
por su magnitud, justificándola, de paso, con otra expresión de soberana voluntad
empresarial: garantizar mercados para la producción triplicada de Venezuela… lo
cual haría inevitable su liberación de las gríngolas de la OPEP, según postulaban
y aspiraban sus “escenarios productores”
enfrentados al rentismo fiscalista que había animado, desde 1866 y hasta entonces, a todas
las “ediciones” del Estado venezolano. [5]
Pues
bien, y siguiendo el hilo de Ariadna que
nos da el párrafo citado, en las siguientes páginas del texto in comento se
espolvorea una lista de afirmaciones totalmente arbitrarias, con anacronismos similares
al de Los Picapiedras o Trucutú –trogloditas con usos, costumbres y valores de
clase media norteamericana- sobre las cuales caben dos posibilidades: o una
magistral manipulación interesada para sustentar su posición ideológica o un supino
desconocimiento de la historia social, política y económica de Venezuela, de
sus fundamentos constitucionales, del origen de su jurisprudencia minera y
petrolera y, en general, de su conformación como Nación soberana.
Esas
páginas son las que trajeron a mi memoria la técnica del ritornelo inquietante,
utilizada por Edgar Alan Poe en su poema “El Cuervo”:
Tal
como el pajarraco del poema, que replicaba, ante cada triste y nostálgica
reflexión del relator, con un desesperanzador “never more”, -“nunca más”, según la traducción de José Antonio
Pérez Bonalde, o “jamás” según otras versiones- en las primeras 10 páginas de su trabajo, Hernández menciona 84 veces las palabras Estado
y Gobierno, con abierta intención peyorativa, en un continuo sin solución,
desde 1914 hasta 2019, en el cual relata la historia de los arbitrarios
intentos de ese Estado para entrometerse en los negocios de “la industria”, ente mitológico lleno de
bondades, Caperucita Roja eternamente asediada por el malvado lobo estatista.
Así
por ejemplo, el autor obvia los orígenes de nuestra legislación minera, -reminiscencia absolutista feudal según
algunos- y tergiversa, de paso, el sentido del Decreto del Presidente de
Colombia en 1829, transfiriendo a la República la soberanía sobre sus minas,
hasta entonces ejercida por los reyes de España, y elude referirse al ejercicio
de esa soberanía estatal durante el
Siglo XIX:
- Las fallidas concesiones de 1866
en los Estados Nueva Andalucía y Zulia.
- La concesión de 1878 a Petrolia
del Táchira, primera compañía de propiedad privada venezolana, que se instaló
rudimentariamente, pero produjo, refinó y exportó hacia Colombia por 52 años, hasta 1930.
- La explotación y exportación masiva
del asfalto de Guanoco, desde 1885 por la New York and Bermúdez, compañía
concesionaria de ese lago hidrocarburífero, la cual financia en 1899 la “Revolución
Libertadora” de Manuel Antonio Matos -la última guerra con miles de muertos sucedida en este país- contra
Cipriano Castro, por haberle éste cobrado 14 años de impuestos impagos,
que es derrotada junto a su “revolución” en 1902 y resucita en 1908, al propiciar
la instauración del primer Presidente petrolero venezolano, Juan Vicente Gómez.
Pese
a esos antecedentes, nuestro autor sostiene que “la historiografía señala como fecha de inicio de la industria
petrolera venezolana el año 2014.[6]
Ergo:
la verdadera historia sólo comienza cuando se ajusta a mi particular concepción
del mundo, a mis argumentos y a mis protagonistas preferidos. Fue entonces,
cuando…
“…las
empresas internacionales comenzaron a interesarse por el petróleo venezolano”.[7]
Pero
nuestro citado no se da pausas: reconociendo la vigencia del principio
concesionario en esa época auroral de “la
industria”, sostiene sin embargo, que en ese entorno político, favorable
entonces a la inversión extranjera, la concesión…
“…era
considerada como un contrato regido por el derecho privado que otorgaba
‘derechos de propiedad’ sobre los yacimientos con pocas restricciones estatales.
Por lo anterior, el marco regulativo era claramente liberal” [8]
Baste
señalar la pequeña incongruencia, de concebir una concesión temporal que otorga derechos
de propiedad eternos sobre los yacimientos.
Pero
en esos mismos tiempos comenzaron a aparecer signos inquietantes para el gusto
de J. I. Hernández, razón por la cual, en su historia, se incrementa la
frecuencia ominosa de la mención Estado, hasta convertirla en ritornelo
amenazante al estilo Poe, como puede
observarse en el subrayado mío en las siguientes frases:
“…el
crecimiento de la industria, y de los ingresos públicos que ésta generaba,
impulsó al Estado a interesarse más en el control del sector. En 1920,
bajo iniciativa de Gumersindo Torres se dictó la primera ley sobre el sector de
hidrocarburos…”[9]
A
finales de la década de los treinta, el Estado decidió asumir la
realización de ciertas actividades económicas…
…
con ello se inició en Venezuela la era del Estado empresario esto es, la
técnica de intervención del Estado en la economía
…
Luego, en 1939 el Estado decidió ampliar su rol regulador… surgió
entonces el Estado regulador
…Todos
estos cambios… estuvieron acompañados de un debate crítico orientado a promover
una mayor participación del Estado sobre el sector petrolero
…Todo
lo anterior marcó el fin del modelo económico liberal, basado en el principio
según el cual la intervención del Estado debe ser mínima. Ahora, el Estado
comenzó a asumir nuevos y crecientes cometidos por medio del Estado
empresario y el Estado regulador. Este cambio se trasladó al sector
de hidrocarburos ante la necesidad de ampliar la participación del Estado… (cinco veces en un párrafo)
…El
mejor reflejo de este progresivo cambio lo encontramos en la Ley de
Hidrocarburos de 1943 que, aunque mantuvo el modelo de concesiones, reconoció
mayores responsabilidades al Estado.[10]
Para
no seguir estresando los nervios del angustiado y fastidiado lector, baste
decir que en la siguiente página, la terrorífica palabra, a la cual deberíamos
aplicar la maldición de Lord Voldemort, se menciona impíamente, junto con su
variedad también satánica, Gobierno, 14 veces, en la siguiente 9 y así
sucesivamente, hasta completar las señaladas 84 menciones en 10 páginas.
Obsérvese
que en esa reláfica de 105 años el Estado es un ente ahistórico, intemporal, un
ectoplasma que trasciende conflictos ideológicos, políticos y sociales y se
convierte en una permanente y diabólica presencia amenazante para el
emprendimiento privado sin restricciones, para el mercado como mecanismo óptimo de asignación de los
recursos, única fuente real de riqueza y progreso.
No
quisiera cargar las tintas con referencias ad hominem, ofensivas para el autor
que comento, pero en mi opinión, ese conjunto de afirmaciones arbitrarias, colocadas
una al lado de la otra sin relación de causalidad y sin fundamento
histórico, no puede merecer el título de “Aspectos
jurídicos de la reconstrucción de la industria petrolera” que presume.
Lo
que si expresa abiertamente es la voluntad de liquidar el actual régimen legal
y constitucional que rige la materia de hidrocarburos en Venezuela, voluntad
que se ha venido manifestando recientemente y cada día con mayor intensidad,
dada la agudización de la crisis que vive el país, desde los polos generadores
del pensamiento neoliberal. Sobre ello he emitido mi opinión en los trabajos citados
en la nota al pié número 2, de estas páginas.
De
manera específica, he comentado el novedoso proyecto de Ley de Hidrocarburos
introducido en la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, al
cual me refiero en mi artículo “Proyecto
de Ley Orgánica para la regulación del comercio de esclavos en Venezuela”, [11]
del cual reproduzco de seguidas algunos párrafos pertinentes a la discusión
que estoy planteando, en los cuales aludo...
“…
a los pescadores en río revuelto, aquellos que se adelantan a proponer la
construcción de un futuro petrolero para Venezuela centrado en el
aprovechamiento privado del patrimonio colectivo.”
“…quienes
continúan difundiendo, como señuelo demagógico, definiciones trucadas de los
conceptos Estado-Nación, Gobierno, propiedad pública, propiedad colectiva y
propiedad privada, para proponer que, como “la Nación somos todos”, podemos
repartir ese patrimonio entre los vivos mayores de 18 años, despojando
al futuro.”
De
manera particular, destaco el siguiente párrafo,
Los
términos de este anteproyecto desconocen todos los aportes de Gumersindo
Torres, en tiempos de Gómez, de Nestor Luis Pérez Luzardo en tiempos de López
Contreras, de Manuel Egaña en tiempos de Medina Angarita, para no hablar de
Juan Pablo Pérez Alfonzo, demoníaco estatista que hasta se atrevió a proponer y
constituir una compañía petrolera auténticamente nacional, la CVP, de cortos 15
años de mal ejemplo, porque fue desmantelada en 1976 para fundirla con las
“culturas corporativas” herederas de las concesionarias Mobil y Gulf, en
Corpoven, munida de sus respectivos convenios de asistencia técnica y
comercialización, y así borrar, de paso,
todo vestigio de la anterior administración petrolera, autóctona y alineada con
los intereses de esa “Nación que somos todos”.
En
cuanto al proyecto presentado destaco:
En
mi opinión, la significación más importante de esta propuesta es el
desconocimiento de todo el ordenamiento legal y constitucional que regula las asociaciones con capitales
extranjeros, ofreciendo completo sometimiento del país a la legalidad
corporativa internacional, garantizando rendimientos y e intangibilidad de los
contratos, anulando toda la capacidad del Estado-Nación venezolano para
legislar y darle rango constitucional a esta materia.
Y
aquí vuelve mi remembranza al terror de Edgar Allan Poe:
Ese
desmañado proyecto legislativo, cuyo fundamento se refleja en los “Aspecto jurídicos…” que estoy comentando, se presenta como el
péndulo que mueve una cuchilla afilada y desciende lentamente sobre el cuerpo
atado en el fondo del pozo, del hereje, condenado en esta oportunidad por la
inquisición neoliberal: El “estatismo” petrolero venezolano. [12]
Para
mantener el “suspense” a la manera de las series televisivas, anuncio que “esta
historia continuará…”
Pero
antes, sin embargo, y para aportar un contexto particular a la crítica planteada
en las líneas anteriores, trascribo de seguidas un material presentado en un
ámbito de discusión y reflexión inusualmente abierta, en el cual intento
resumir los fundamentos de mi posición sobre el tema abordado:
Notas
para el Grupo de Boston:
En
torno a los recursos de hidrocarburos de la Nación venezolana
En primer lugar, debo exponer mi
opinión de que no se trata de “transformar” a la industria petrolera con
novedosas –o ancianas- fórmulas mágicas, sino todo lo contrario, de restituir los fundamentos de su
constitución como gestora del patrimonio público: re-institucionalizarla.
En ese sentido, sostengo que la
tarea que se le plantea a la Nación, de manera inaplazable, es la de consolidar la condición legal y
constitucional de los hidrocarburos en general como
propiedad pública nacional, sobre los cuales la República, en ejercicio de su
soberanía, establece los mecanismos para
su administración, disposición, industrialización y operación.
Actividades que, en consecuencia,
deben estar sujetas al control de los poderes del Estado –ejecutivo,
legislativo, judicial, de control de gestión administrativa, etc.- de manera
tal que se garantice a sus propietarios, vale decir a la Nación toda, -los
habitantes actuales y por nacer en el territorio de la República- el óptimo,
justo y equitativo aprovechamiento de ese recurso. (Hago esta puntualización para oponerme a la mistificación que pretende
confundir a la Nación con una pequeña parte de ella, los ciudadanos, aquéllos quienes
ostentan esa condición civil por ser mayores de 18 años)
Por ello, la organización
operativa y ejecutiva que se establezca,
debe tener un ineludible carácter estatal y debe ser capaz de llevar a la
práctica, con los recursos técnicos y financieros requeridos, los fines de la
Nación en esta materia
Desde luego, ello comporta un
saneamiento del lamentable estado actual de su
organización, en particular de su órgano ejecutor PDVSA y la restitución
de los prácticamente desaparecidos instrumentos y órganos de control previo y evaluación
de gestión de su “único accionista”, la República.
Por todo eso es ineludible
realizar un profundo diagnóstico de su funcionamiento actual, para erradicar
las prácticas corruptas, la entronización de mafias, grupos de poder sectorial
en las distintas fases del “negocio” y,
sobre todo, el manejo a espaldas de la
ciudadanía –en este caso sí- y de los órganos del poder público nacional de
decisiones trascendentales.
La “caja negra” de la empresa estatal debe ser
abierta a la evaluación de la colectividad nacional, la cual podrá decidir, en
procesos de consulta democrática, los medios legales y operativos, dentro del
marco de la Constitución vigente en cada momento, que conduzcan a un
funcionamiento adecuado a los fines e intereses de la Nación.
Petróleos de Venezuela,
Corporación Venezolana del Petróleo, o el nombre que se decida en un proceso de
reestructuración de la industria, no debe ser una compañía anónima como tal,
cuyas acciones se coticen en la Bolsa de Valores de Caracas o en Wall Street, aunque
pueda tener en propiedad total o compartida entes que sí lo sean, sobre proyectos
limitados y específicos que no comprometan la propiedad del recurso.
Con ello quiero decir que esa
Corporación estatal podrá constituir empresas mixtas, o asociaciones de
cualquier clase para operaciones en áreas “aguas abajo”, sin mayores
restricciones o para la inversión en proyectos
de explotación de yacimientos con amplitud de criterios, pero con límites
claros, sin comprometer nunca el patrimonio nacional sobre el recurso, el cual
es de una magnitud tal, que desborda los parámetros temporales y las magnitudes
físicas máximas de una operación
económica a tiempo definido.
Lo contrario es el caso de una
empresa estatal “sociedad anónima”, cuyas acciones podrían cotizarse en bolsa
y, en consecuencia, transferir a particulares la propiedad parcial, pero eterna,
sobre recursos no cuantificables e inalienables.
En cualquier caso, las operaciones
y transacciones que puedan comprometer
el recurso por lapsos extensos y en magnitudes considerables, han estado
siempre definidas como materia de interés
púbico nacional y han requerido, aunque ello se ha eludido irregularmente, la
aprobación previa de los poderes legislativo y judicial.
Finalmente, todo lo concerniente
a esta materia estará sujeto a las disposiciones del marco constitucional
vigente en cada momento en el cual se tomen decisiones de este orden.
cmp/16/11/2019
[1] Edgar Allan Poe es el precursor, denso e
irrepetible, del “género negro” de la literatura, cuyas expresiones han proliferado, desde Stephen King y la excelsa
maestría cinematográfica de Alfred Hitchcock, hasta la bazofia de muertos
vivientes y vampiros que inunda las modernas cadenas televisivas. En primer lugar haré referencia a la
utilización de una de sus técnicas, el ritornelo, en el debate político petrolero. https://es.wikisource.org/wiki/El_cuervo_(Traducci%C3%B3n_de_P%C3%A9rez_Bonalde)
[2] Refiero aquí los trabajos donde he
abordado el tema, y contienen gran parte de los argumentos aquí esgrimidos: https://petroleovenezolano.blogspot.com y
https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella, específicamente los titulados “Ley para la regularización del comercio de
esclavos en Venezuela”, “La oportunidad la pintan calva”, “El cartero llama dos
veces”, “Volver al Futuro IV” “Soberanía, delenda est” y “Política petrolera
venezolana en tiempos de catástrofe”.
[3] Oliveros, Luis, La Industria petrolera en la era chavista, crónica de un fracaso,
Instituto de Estudios Parlamentarios
Fermín Toro, UCAB, Caracas 2019.
[4] Op. Cit. Págs.. 63-92.
[5]
“Citgo, la Internacionalización revisitada”, última actualización resumida de
un trabajo iniciado en 1989, e inserto parcialmente como capítulo de mi libro El
Poder Petrolero y la Economía Venezolana, UCV-CDCH, Caracaas 1995. (Cap.
V.2.3. págs. 211-242)
[6] Op. Cit. Pág. 64.
[8] Loc. Cit., pág. 65.
[9] Loc. Cit.
