jueves, 24 de abril de 2014

Geopolítica y Petróleo en tiempos de globalización

Petróleo y Geopolítica


Carlos Mendoza Pottellá

Abordar el tema propuesto obliga a una exploración del proceso histórico que ha determinado las características contemporáneas de la industria del petróleo y su inserción en el escenario geopolítico global, entendiendo como tal, el espacio en el que se dirimen los intereses contradictorios de los Estados nacionales, sean grandes potencias o no.
La industria del petróleo tal como la conocemos hoy, en cuanto a sus productos específicos y sus usos energéticos,  surge hace poco menos de 160 años al calor del crecimiento de las necesidades de alumbrado nocturno impuestas por la expansión e intensificación del desarrollo industrial capitalista, inicialmente en Estados Unidos y posteriormente en todo el mundo. 
Ese proceso se inicia y evoluciona en una fase específica del desarrollo socioeconómico: el capitalismo monopolista, del cual es coetáneo y de cuya evolución e implantación global es simultáneamente tributario y motor fundamental.
Del kerosén y el alumbrado, esa industria pasa a la gasolina y al gasóleo (diésel),  los cuales, con el motor de combustión interna  -inventado justamente por la preexistencia de esos líquidos combustibles-  liberarán al transporte de las vías férreas y del carbón, amén de convertirse en la energía que moverá  aviones, tanques y acorazados.
Y es  con esas características y con la evolución técnica subsiguiente que irrumpe en la historia, durante la Primera Guerra Mundial, la destacada significación geopolítica del petróleo. En pleno apogeo del capitalismo monopolista de Estado, en su  fase superior, imperialista,  como la caracterizaran Lenin y otros ideólogos marxistas contemporáneos de ese momento.
La historia anterior de la industria del petróleo, que se desarrolló fundamentalmente  dentro de los Estados Unidos, fue la del proceso de monopolización y el surgimiento de los trusts en ese país, que en el caso emblemático del Standard Oil Trust de John D. Rockefeller llegó hasta controlar, hacia 1880 el 80% de esa industria. Su posterior desmembramiento en 33 compañías, por efecto de las leyes antitrust y la concentración de los capitales controlados  por el trust original en cinco de ellas, forman parte de las incidencias, ampliamente documentadas que darán forma general al capitalismo monopolista norteamericano.  (1)
La “guerra del petróleo” de las primeras décadas del Siglo XX que tuvo como principales protagonistas a los ya para entonces mayores consorcios globales, Standard Oil of New Jersey y Royal Dutch Shell, y que determinó la desaparición de centenares de empresas medianas y pequeñas,  amén de la emergencia de  las “siete hermanas”, estuvo mediada  siempre por la intervención de las dos grandes potencias imperiales de la época: Inglaterra y los Estados Unidos.
De hecho, la constitución del cartel petrolero internacional en 1929 y el reparto entre los integrantes del mismo de los más promisorios territorios del derrotado Imperio Otomano, fue apadrinada por los dirigentes de esos dos Estados y sus aliados, vencedores de la Gran Guerra y regentes de los “protectorados” coloniales resultantes. Ello dio lugar a la aparición de subconjuntos de las siete hermanas y la Compañía Francesa de Petróleos, cuyos nombres lo dicen todo: Arabian American Oil Company (ARAMCO), Abu Dhabi Marine Areas, Irak Petroleum Company, National Iran Oil Company, Kuwait Petroleum Company.
Como lo documenta una extensa bibliografía en todos los idiomas, (2)  la industria del petróleo se convirtió en el  negocio por el cual se llegaron a producir a mediados del siglo XX más de la mitad  de las transferencias de divisas entre las naciones  y cuyos productos ocuparon también más de la mitad de los buques que surcaban los siete mares: el mayor negocio del mundo por su volumen y rentabilidad, en torno al cual pujaban los mayores poderes políticos, económicos y –desde luego- militares de la Tierra.  Si devino elemento vital, base energética fundamental del desarrollo industrial, esa condición no fue el resultado necesario del simple desarrollo tecnológico y, por el contrario, es uno de los condicionantes del modelo de acumulación capitalista contemporáneo. Sobre ese rol energético se levantó la mayor acumulación concentrada de poder económico y político no estatal  de mediados de ese siglo: el Cartel Petrolero Internacional, las siete hermanas que usufructuaron casi exclusivamente durante décadas la circunstancia de monopolizar una fuente de energía global, cuyos costos de extracción estaban muy por debajo de los de las otras alternativas. El petróleo se convierte así en un gigantesco portador de renta diferencial y absoluta. Las luchas que se desataron en torno a él fueron, desde el punto de vista estrictamente económico-mercantil,  por la apropiación de los beneficios excedentes que genera, los cuales se incrementaron durante varias décadas, en la medida en que su disponibilidad se hacía insuficiente para cubrir la demanda que por él se generaba.
En consecuencia, la lucha por la apropiación de esos beneficios excedentes fue también la esencia del conflicto entre las clases dominantes internas –semifeudales o incipientemente burguesas- de los países poseedores de los yacimientos petroleros, parapetadas tras sus respectivos Estados y las compañías petroleras internacionales con el apoyo y sustento de las grandes potencias capitalistas.
La generación de excedentes en la industria petrolera ha sido una materia objeto de estudio desde múltiples ópticas y perspectivas para poder definir el carácter y significación económica de tales antecedentes. Capital, renta o beneficio; renta absoluta o diferencial (3)   la cuestión no está definitivamente resuelta, pero lo esencial estriba en el hecho mismo de la generación constante en el siglo XX de ese excedente en la industria petrolera y en los resultados de la lucha que se ha entablado por su control y reparto. En este sentido consideramos que la pugna por la renta petrolera ha sido la base del modo de articulación existente entre los agentes económicos en conflicto dentro de esa industria.
En general compartimos el enfoque que considera a la industria petrolera, protagonista esencial del proceso que analizamos, como el conjunto de capitales públicos y privados, nacionales e internacionales, invertidos en todas las fases del proceso productivo que termina en los derivados primarios del petróleo: gasolina, kerosén, gasoil, fuel-oil, etc. Ese enfoque parte de la constatación del carácter global de dicha industria y de la existencia en su seno de una dinámica de la desigualdad entre dominadores y dominados en la creación y apropiación de la renta petrolera, motor de dicha industria:
La puesta en marcha del proceso de producción de la industria petrolera por parte del capital petrolero permitirá la creación de la renta petrolera, y las condiciones de instrumentación de este proceso de producción determinarán, en última instancia, el monto absoluto de la renta petrolera, así como las partes relativas de la renta percibidas por el capital petrolero, sus Estados metropolitanos, en donde radican los consumidores por excelencia y los Estados periféricos, dependientes, bajo cuyo subsuelo se encuentran esos hidrocarburos.
Ahora bien si, como ya mencionamos, con  la Primera Guerra Mundial el petróleo revela su gran significación estratégica, derivada de su carácter de combustible de la maquinaria bélica moderna y, como tal, objeto y motivación de la geopolítica de las grandes potencias de entonces, pasadas la gran depresión y la subsecuente Segunda Guerra Mundial, el petróleo emerge como la fuente energética por excelencia de una sociedad que se define a sí misma como automovilístico-petrolera, en mención de los sectores industriales que van a convertirse en los ejes dinámicos del desarrollo capitalista imperante en los años subsiguientes.
Pero una vez más, fueron decisiones geopolíticas, impuestas por las potencias que emergieron triunfantes de esa guerra, las que determinaron esa condición para los hidrocarburos líquidos, como pilar energético de un sistema político económico global organizado por ellas.  Es así como, desde los primeros años de esa segunda postguerra, el capitalismo vivió uno de sus más prolongados períodos de expansión. Una expansión que tiene como sustento lo político a la constitución de unas Naciones Unidas férreamente controladas por un Consejo de Seguridad integrado por las potencias vencedoras y parte en lo económico del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa y Japón y se fundamenta en los acuerdos de Bretton Woods (Nueva Hampshire), de julio de 1944, donde se trazan las líneas maestras de lo que sería el nuevo sistema monetario internacional con el dólar norteamericano como base del nuevo patrón "oro-cambio modificado", respaldado por el poderío, que permaneció intacto durante la guerra, del aparato productivo norteamericano. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, sistema de paridades fijas-flexibles, libre convertibilidad y mecanismos compensatorios para los países con déficits de Balanza de Pagos, tipo derechos especiales de giro, DEG, son parte del instrumental financiero de una política económica basada en la intervención estatal reguladora y dirigida a garantizar la expansión económica según las fórmulas keynesianas de contención de las crisis de superproducción y promoción del “welfare state” intensificador del consumo y amortiguador de las peligrosas tendencias socializantes, amenazantes entonces por la implantación de ese sistema en más de la cuarta parte del globo..
Tal como acabamos de referir, en la base productiva de esa expansión se encuentran como generadores fundamentales las gigantescas corporaciones industriales integradas que monopolizan los rubros productivos que se van a convertir en sectores punta de ese desarrollo: petróleo, automotores, metalurgia, electrodomésticos, química-petroquímica. 
En estos sectores, siguiendo la dinámica natural del modelo de acumulación capitalista, la acentuada y creciente concentración y monopolización se cumple con sucesivos y concomitantes aumentos de la productividad del trabajo, mediante la incorporación de una tecnología cada vez más capital-intensiva y consumidora dispendiosa de energía fósil que se sabe barata y se suponía inagotable para todo efecto práctico, pues sea avizoraba entonces –con exagerado optimismo- una sustitución en el largo plazo por una energía atómica más barata aún. Y se sabía barata también porque, precisamente, otro de los fundamentos del sistema capitalista de postguerra siguió siendo el mantenimiento de un patrón de relaciones económicas especiales con la periferia subdesarrollada, según la cual  ésta era la fuente de materias primas baratas y siempre en baja, a la vez que mercado para bienes manufacturados cada vez más caros, "tijeras del intercambio", intercambio desigual… Lo cierto es que el petróleo fue una de esas materias primas consumidas cuantiosamente y pagada a precio vil.
Pues bien, este renovado sistema de explotación nacional e internacional en beneficio del centro capitalista y en particular de sus grandes corporaciones funcionó "aceitadamente" durante casi tres décadas, a tal punto que...
"Llegó a tomar carta de nacionalidad la creencia de que el keynesianismo y la planificación habían dado a los sacerdotes del capital instrumentos infalibles para evitar la crisis y dominar rápidamente las inflaciones y las recesiones. Por ello ha habido tanta incredulidad y tanta sorpresa ante el avance de la crisis." (4)  
Así pues, en 1970 se pone de manifiesto una vez más el axioma físico de que no existe máquina perfecta: las políticas de gasto público deficitario y de generalización del crédito no dan ya todo el oxígeno necesario a la demanda global. Se agotan los motores de la expansión.
"En el epicentro del capitalismo se registraban desde mediados de los 60 síntomas claros de sobreacumulación y/o infrarealización, como son la caída general de la tasa de la ganancia, la reducción persistente de la productividad, frente a la saturación marcada de los principales mercados (automóviles, electrodomésticos, otros bienes durables)" (5)  
La de 1970 fue la primera gran crisis de la postguerra, se manifestó en todos los países del centro capitalista y en su periferia más inmediata. Sus raíces yacen fuera del campo monetario, en la trasgresión de los límites físicos, de disponibilidad de recursos, por el funcionamiento del mecanismo expansivo comentado, que determinó una creciente escasez de materias primas básicas, industriales y agrícolas. 
Después de  200 años de crecimiento de la producción material en los países del centro capitalista,  aún a pesar de las crisis cíclicas que aquejaron al sistema hasta entonces, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial ese crecimiento no fue interrumpido ni moderado por recesiones cíclicas. La Guerra Fría que emergió entonces agravó aún más esas circunstancias por la explosión de los gastos militares que ella determinó y que analistas de ese período histórico estimaron en  más de 200.000 millones de dólares al año.
El carácter global de la crisis ya reflejaba en parte el creciente grado de "mundialización" de las relaciones económicas internacionales, impulsada por la autonomía financiera de las corporaciones transnacionales, que hicieron cada día más incapaces a los Estados nacionales -aun los más grandes- de ejercer un real control sobre las variables económicas claves.
Con esta apretada síntesis pretendemos destacar la entidad de los procesos que, a nivel del modelo de acumulación capitalista se desatan a partir de 1970 y que van a ser rubricados en agosto del siguiente año al derrumbarse del sistema de Bretton Woods por la suspensión de la libre convertibilidad del dólar y las subsecuentes devaluaciones que abren paso a la irrupción de la pesadilla liquidadora del sueño keynesiano: stag-flation,  estanflación. Crecimiento  del estancamiento y la desocupación, simultáneamente con la inflación. Por primera vez desde 1893 Estados Unidos registra un déficit en su balanza comercial. 
Como lo constataran muchos estudiosos de ese proceso, el índice de la producción industrial de Estados Unidos, que había mantenido una tendencia creciente desde 1963 hasta la primera mitad de 1969, ya hacia finales de ese año comenzó a registrar un rumbo descendente que se mantuvo a lo largo de 1970 y que llegó a su mínimo relativo a finales de ese año, en el cual también el porcentaje de ocupación de la capacidad de producción industrial llegó a su nivel más bajo.
En ese mismo año trascendente de 1970 Estados Unidos llega al tope de su producción petrolera convencional e inicia el descenso de su capacidad potencial  y el incremento de sus necesidades de importación. La insuficiencia de los suministros energéticos comienzan a hacerse palpables y críticos: Fuera del caso de Estados Unidos, en plena decadencia, las inversiones para el sector de producción petrolera en el resto del mundo occidental sólo aumentaron en un tercio durante  la década de los sesenta, en tanto que el consumo creció, en ese mismo período, hasta más que duplicarse.
Comienza para los principales países del centro capitalista industrializado una nueva realidad que van a marcar sus prioridades geopolíticas en el campo energético: la inseguridad del suministro y la necesidad de garantizarlo  por todos los medios políticos y bélicos.
Para acentuar el carácter crítico de esa nueva realidad, en plena Guerra Fría y con la presencia amenazante de la Unión Soviética muy cerca de las mayores reservas petroleras del mundo,  en  el Medio Oriente, sucedían para ese entonces cosas inusitadas:  (6)
Libia reduce su producción en pugna con las compañías para aumentarles los impuestos y recabar para sí parte de los incrementos de precios de realización de sus crudos como consecuencia del continuado cierre del Canal de Suez desde 1967. El oleoducto Tapline, que transportaba medio millón de barriles diarios desde Arabia Saudita hasta el Mediterráneo fue roto por un tractor y el gobierno sirio rehusó permitir su reparación El petróleo para sustituir estos cortes tuvo que tomar la ruta de dar la vuelta al cabo de Buena Esperanza y los fletes se fueron a las nubes.
Con estos elementos y una creciente demanda insatisfecha, se dan las condiciones para que la OPEP, crisálida durante diez años, emerja como efectivo órgano de defensa de sus respectivas participaciones en el excedente petrolero y lo hace, tal como se anunciaba en 1960 impulsando también los precios de sus petróleos: el 12 de diciembre de 1970, en su vigésimo primera Conferencia, realizada en Caraballeda (Venezuela), se resuelve aumentar a por lo menos 55 por ciento el nivel del impuesto sobre la renta y negociar con las compañías mejores precios para los crudos del Golfo Pérsico. Cinco días después el Congreso venezolano faculta al Ejecutivo Nacional para fijar unilateralmente los valores de exportación para fines fiscales, esto es, las bases para el cálculo del impuesto sobre la renta, para el cual se establece una tasa única del 60 por ciento. Dos meses más tarde, el 4 de febrero de 1971, la fijación unilateral de precios cotizados se convierte en norma generalizada para toda la OPEP (XXII Conferencia).
Al cabo de muchos forcejeos, cabildeos en la Casa Blanca, viajes de Subsecretarios y abierta coordinación del Cartel en la estrategia de las compañías, éstas se ven forzadas a firmar, el 14 de febrero del 71, el Acuerdo de Teherán con los productores del Golfo Pérsico y el 2 de Abril de ese mismo Año el de Trípoli, con Libia. En ambos se establecen aumentos de los precios vigentes y se acuerda una escalada para el  futuro.
Ya en su número de marzo de 1971, Petroleum Press Service una  revista especializada afecta a los intereses de las corporaciones, reconoce:
"Es evidente, tras los acontecimientos de los últimos meses, que el mercado favorable al comprador ha terminado y que los precios del petróleo van en todas partes a subir hacia el nivel de los Estados Unidos."  (7)
Y tenía fundamento esa predicción, por cuanto las incidencias inusitadas no cesarían en el convulsionado mundo petrolero. La Conferencia de la OPEP reunida en Beirut en septiembre de 1971 aprueba una resolución sobre la urgencia de una más efectiva participación de sus miembros en el negocio petrolero. La erosión de los ingresos de dichos países por las fluctuaciones del dólar fue el acicate de esa resolución, en cumplimiento de la cual iniciaron conversaciones con las compañías que devinieron en una instancia más de la lucha por la renta petrolera: Después de intensos debates se acuerdan incrementos de los precios cotizados en un 8,49%. 
Pero la participación efectiva también fue concebida como adquisición por parte de los países productores de porciones significativas de los activos de las compañías concesionarias. Esta idea, rechazada en primera instancia por las empresas y los gobiernos de los países industrializados por considerarlo un cambio radical en la naturaleza de las relaciones y en el balance de poder entre ellos y los países productores fue aceptada finalmente dadas las nada favorables circunstancias geopolíticas en proceso, como "la alternativa menos peligrosa". 
De hecho,  el panorama era entonces desfavorable para los interesas transnacionales, pues ya se habían producido nacionalizaciones no pactadas: en febrero de 1971 Argelia tomó el control de su mercado interno y creó a la Sonatrach, compañía estatal que posteriormente asumiría la propiedad de las empresas concesionarias. En diciembre del mismo año Libia comenzó un proceso de nacionalizaciones escalonadas, partiendo de las más pequeñas concesionarias y en junio de 1972 se produjo la nacionalización de la Irak Petroleum Company.
Son evidentes, entonces,  las circunstancias conflictivas que obligaron a la suscripción, en octubre de 1972, del "Acuerdo General Participación", propuesto por los representantes del Cartel petróleo internacional a los países productores del Golfo Pérsico, mediante el cual a esos países se “les otorga”, previa justa indemnización, desde luego, una “participación” en el capital accionario de las industrias implantadas en sus países por las corporaciones extranjeras. Arabia Saudita y Abu Dhabi aplicaron el acuerdo en diciembre de ese mismo año: se fijó una participación inicial de 25 por ciento, la cual entraría en vigencia el 1° de enero de 1973 y permanecería constante hasta el 31 de diciembre de 1977. A partir de esta fecha el porcentaje de participación se iría incrementando hasta llegar a un 51% para el 1° de enero de 1982. Un proceso paulatino que ya estaba siendo superado  por la realidad y que luego sería dejado de lado al producirse  nacionalizaciones integrales  en cada uno de esos países.
El Acuerdo General de Participación, limitado a las operaciones de exploración y producción, constituyó el primer gran ensayo de una fórmula substitutiva del régimen concesionario. En él están prefiguradas todas las características que van a ser plasmadas con virtuosismo en la nacionalización petrolera venezolana y que garantizan el mantenimiento de la relación dependiente establecidas anteriormente por el Cartel y los “Estados petroleros”:  además de ser resarcidas con largueza con un inflado “valor en libros” de los activos cedidos, las compañías obtuvieron prioridad para comprar la proporción de la producción que correspondería desde entonces a los países, a los precios que fueran convenidos en cada oportunidad. En la mayoría de los acuerdos y nacionalizaciones parciales o totales que se realizaron en el Medio Oriente a partir de entonces los consorcios mantuvieron intacto su control sobre la comercialización internacional y suscribieron convenios de asesoría y asistencia técnica. 
En verdad, desde hacía ya tiempo, y haciendo referencia a la inestabilidad del Medio Oriente y la creciente severidad de los instrumentos fiscales de los Estados petroleros, habían comenzado a aparecer estudios de voceros del gran capital petrolero internacional y de las agencias estratégicas de las principales potencias capitalistas sobre la necesidad de barajar el juego, de repartir de nuevo las cartas para explorar nuevas opciones... Es así como se conocen las primeras propuestas internacionales de nuevos tratos petroleros. 
De 1968 data un trabajo (8)  en el cual se exponen, entre otras cosas, las conveniencias de dejar la fase de producción en manos de países que no tendrían otros con quienes dirigir esa industria que no fueran los hombres formados por las compañías, imbuidos y comprometidos con su cultura e intereses corporativos y fieles garantes, por eso mismo, del mantenimiento de nexos con sus casas matrices. Además,  siempre urgidos de obtener mayores ingresos forzando la producción,  los gobiernos "nativos" no observarían la disciplina requerida para mantener precios altos. En particular, hemos de señalar que desde esos años sesenta, la concesionarias petroleras iniciaron en Venezuela un programa de “venezolanización” de la gerencia, cuyos frutos cosecharían a partir de 1976, Otro destacado analista petrolero, Secretario de Energía de Nixon por más señas, advierte, más tarde, sobre de los peligros del creciente nacionalismo árabe y postula la apertura de esa olla a punto de explotar, sin que ello signifique, en verdad, una pérdida apreciable de control real sobre el negocio. (9)    
Todo lo anterior se va a convertir en fundamento del ya citado “Acuerdo General de Participación” de 1972 y luego de la “nacionalización” petrolera venezolana de 1976.
Las implicaciones geopolíticas de ambos procesos, dos capítulos de una misma estrategia van a modificar radicalmente el escenarios de relaciones entre los polos de las relaciones petroleras globales, “productores” y “consumidores”, como candorosamente son agrupados, con la interesada mediación de las corporaciones transnacionales, 
Pero esas relaciones va a tomar un cariz conflictivo en el interín de las dos fechas citadas: el 6 octubre de 1973, día del Yom Kipur  judío, Siria y Egipto atacan a Israel. La guerra iniciada ese día es ganada por este país con el apoyo de las principales potencias capitalistas, lo cual determina, a su vez, que la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP) decreten, el 26 de ese mismo mes, un embargo petrolero contra esas potencias.
Estos eventos agudizaron aún más la percepción de inseguridad del suministro energético  por parte de los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que agrupa a los principales países industrializados y consumidores por excelencia de petróleo importado.  Ello condujo a la constitución, por parte de esta Organización, de la Agencia Internacional de Energía como instrumento coordinador de las políticas para garantizar el flujo constante de energía a esos países. Estas circunstancias fueron referidas en un reciente trabajo de un think tank geopolítico de la capital estadounidense en los siguientes términos:

La crisis empujó a la energía hacia el centro de la estrategia estadounidense, de todas formas, entre otras cosas, ayudando a estimular la innovación en instituciones internacionales. “La crisis energética nos despertó frente a un nuevo reto que requerirá tanto un pensamiento creativo como cooperación internacional en función de preservar nuestro bienestar colectivo” decía Henry Kissinger. Como Secretario de Estado norteamericano impulsó el establecimiento de la Agencia Internacional de Energía (AIE) en 1974 como un club de importadores de energía que balanceara el poder negociador de los exportadores de petróleo. Bajo el liderazgo estadounidense esta nueva institución fue creada rápidamente y con un amplio rango de poderes, con una junta directiva acreditada para tomar decisiones que comprometerían a sus países. Por cuarenta años ella se ha mantenido el principal centro de cooperación energética de los países industrializados. (10)
La AIE surge así como una agencia de los Estados consumidores e importadores netos de petróleo, enfrentados a los productores agrupados en la OPEP y  un tanto deslindados de sus antiguas corporaciones petroleras norteamericanas e inglesas, que comienzan a ser tildadas de transnacionales, en gran medida por su comportamiento indefinido durante el embargo petrolero árabe.
Sus objetivos iniciales fueron formulados como los principios de ahorro y sustitución. Ahorro de energía en general y de petróleo en particular, promoviendo la sustitución de los hidrocarburos líquidos por otras fuentes de energía y, en particular, del petróleo OPEP por petróleos procedentes de cualquier otra fuente. Aparece así en las estadísticas globales esa nueva agrupación de países productores: los No-OPEP.
En verdad, la civilización automovilístico-petrolera se había desbordado en un sobredimensionado consumo energético, acorde con los intereses de las mega corporaciones de ambas industrias, que no por casualidad se encontraban dentro de las 10 mayores del mundo: se abandonaron tecnologías energéticamente eficientes, al punto de que estudios realizados en esos años críticos constataban que en las ramas industriales donde se consumía las mayores magnitudes de energía por tonelada de producto (vidrio, papel, aluminio, hierro y petróleo) existían tecnologías, dejadas de lado, con las cuales se podrían ahorrar entre un 30 y un 60 por ciento de ese consumo unitario. De hecho, el desarrollo de automóviles cada vez mayores y más potentes, con descuido de su eficiencia energética involucró también una involución en este aspecto, al pasar de los 17 kilómetros por litro de gasolina de rendimiento de  un Volkswagen en 1936 a los 4,1 km/litro alcanzados por los motores de un Grand Torino o un Fairlane 500 en 1971.
Todo lo anterior configuró, además, una nueva etapa geopolítica, en la que la seguridad del suministro energético, fundamentalmente petrolero, se convierte en la principal preocupación y motivo del accionar político y militar internacional de las grandes potencias capitalistas, en particular de los Estados Unidos. Ello es obvio al revisar el conjunto de conflictos bélicos en los que se involucran esas potencias en el Medio Oriente y sus alrededores.

Esta era geopolítica, en la cual todavía nos encontramos, es coetánea con los procesos económicos críticos y transformaciones estructurales que se han producido en el seno del capitalismo contemporáneo al calor de la renovada preeminencia que adquieren los dogmas neoliberales después del agotamiento de los mecanismos keynesianos de regulación en los años 70 y particularmente, después del colapso de la Unión Soviética y su sistema de “democracias populares”. 
Este es un hito geopolítico trascendental que modificará todas las relaciones de poder internacional y particularmente las vinculadas con el control de las fuentes de energía y en especial de los hidrocarburos. Ello se manifiesta localmente en cada uno de los países petroleros (los “periféricos” y subdesarrollados poseedores de los yacimientos). Para el caso de Venezuela, escribíamos entonces lo siguiente:
En materia de política petrolera venezolana, las vigentes tendencias hacia la globalización de la economía se manifiestan a través de una peculiar apertura que, en general, tiene características similares a las que se registran en otras ramas de la economía: se trata del regreso a los viejos y buenos tiempos pre-keynesianos, de imperio del capitalismo sin desviaciones terceristas ni demasiadas consideraciones sobre justicia y seguridad  social, equidad y otros contaminantes. Y por encontrarnos en tiempos de globalización, es decir, en el mundo unipolar donde se impone la integración de las economías mundiales bajo la égida de los países integrantes del Grupo de los Siete y, sobre todo, de sus corporaciones transnacionales, el carácter estatal del petróleo y de su industria en Venezuela es combatido, cada día con mas fuerza y por todos los medios de comunicación masiva, por los agentes internos de la  “modernidad”. En este sentido, la “apertura petrolera” ha comportado, aún antes de adquirir ese nombre,  el desmontaje de todo el aparato interno de control y fiscalización de las actividades petroleras, minimización de algunos instrumentos tributarios de percepción de la renta petrolera, la liquidación de otros y la creación de un nuevo y laxo ambiente político, legal y reglamentario para propiciar el retorno triunfal de las grandes corporaciones a las posiciones dominantes dentro de la industria petrolera venezolana. El colofón definitivo de este proceso será puesto cuando se cumplan los propósitos del enclave transnacional entronizado en los altos mandos de la propia empresa petrolera estatal, el cual impulsa la desnacionalización de PDVSA mediante el reparto y venta de acciones de esa empresa. (Véase a este respecto las reiteradas declaraciones de Luis Giusti, Alberto Quirós Corradi y ciertos investigadores del IESA; pero sobre todo el aviso de 4 páginas inserto en la edición latinoamericana de la Revista TIME del 21 de julio de 1997, pagado con fondos públicos y en donde los directivos de la empresa estatal petrolera identifican como una tarea prioritaria para ellos la de “convencer a un público todavía demasiado nacionalista acerca de la inevitabilidad de la privatización total de PDVSA”)  (11)  


Otro caso paradigmático para el diseño de una geopolítica de la seguridad energética estadounidense en el ámbito latinoamericano nos es referido en el trabajo, “El papel de México en la integración y seguridad energética de Norteamerica”:
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas y al Pentágono, y el despliegue de la Doctrina de la Defensa Preventiva, para justificar el combate en contra del terrorismos internacional que amenazaba la seguridad nacional de Estados Unidos, la zona de influencia más cercana a este país cumple un papel clave, pues los mecanismos e iniciativas destinados a proteger dicha seguridad nacional estadounidense aumentaron, incorporando elementos económicos, políticos y en materia de energéticos. (12)
En esta obra, la Profesora Vargas Suárez destaca como “la política energética mexicana responde, en buena medida, a los intereses de Estados Unidos”, país para el cual, aumentar la oferta de hidrocarburos y de exportaciones de México es vital para su seguridad energética, porque permitiría “reducir la dependencia de aprovisionamientos petroleros de países considerados riesgosos”, dentro de los cuales señala a tres de los actuales proveedores  importantes: Venezuela, Rusia y Arabia Saudita.


Valga la digresión, México y Venezuela han sido escenarios receptores de la geopolítica petrolera desde sus inicios como productores y no es ocioso rememorar casos como el del financiamiento de la compañía asfaltera New York & Bermúdez a la “Revolución Libertadora” del banquero Manuel Antonio Matos  contra Cipriano Castro, que desató la última y sangrienta guerra vivida por Venezuela, entre 1902 y 1903, aliñado ese conflicto por el bloqueo en 1902 de nuestros principales puertos por  potencias Europeas (Alemania, Italia e Inglaterra) para cobrar deudas. Los conflictos generados por la nacionalización petrolera del Presidente Lázaro Cárdenas en 1938 que entre presiones y amenazas internacionales, particularmente de Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, países metropolitanos de las empresas expropiadas, sabotajes a las instalaciones nacionalizadas y boicots a la producción petrolera mexicana,  llegaron hasta la ruptura de relaciones del Reino Unido con ese país. El golpe militar contra Rómulo Gallegos en 1948, también de factura petrolera, por el asomo de no otorgamiento de nuevas concesiones y el intento de cobrar la regalía petrolera en especie y su venta directa por el país –lo que hubiera significado una intervención en el mercado monopolizado por el cartel de la siete hermanas-, políticas impulsadas por el Ministro de Fomento de la época, Juan Pablo Pérez Alfonzo.


Ahora bien, volviendo al eje central de nuestra exposición, referido a la evolución del sistema de relaciones globales en el cual se generan las líneas geopolíticas contemporáneas, al calor del “fin de la historia”, del mundo unipolar y globalizado, bajo el “Consenso de Washington”, se acentúan los procesos de centralización y concentración capitalista, que conducen a una también renovada preeminencia del capital financiero sobre el capital industrial, como lo atestiguan muchos analistas del proceso económico contemporáneo .  (13)
Esos procesos tienen también, y desde luego, incidencia en la modificación de las relaciones económicas en el seno de la industria petrolera, en particular en cuanto a la determinación y significación del precio del petróleo para garantizar las inversiones que asegurarán los suministros del futuro. Esos precios, determinados a partir de los mercados de “commodities”, de futuros y opciones,  de Wall Street, Chicago y la City londinense van a divorciarse cada vez más de la evolución de las relaciones entre oferta, demanda e inventarios, los manidos  “fundamentos del mercado” a que hacen referencia los analistas de los mercados físicos. Los mismos han alcanzado niveles que han permitido hacer rentables, vale decir, “convencionales”, a reservas petroleras antes consideradas “marginales”. (14) 
Ello es lo que ha permitido la desaforada búsqueda de nuevas localizaciones petroleras y desarrollos tecnológicos que permitieran maximizar la extracción de los recursos ya conocidos, desde las primeras plataformas submarinas del Mar del Norte y de aguas profundas en el Golfo de México, Brasil y las costas occidentales de África, pasando por las reservas de crudos bituminosos y extrapesados de Canadá y Venezuela  -hasta hace poco marginales pero ahora “convencionales- y la proliferación de las tecnologías de perforación direccional y horizontal, que unidas a la fracturación hidráulica de rocas madres ha conducido al reciente boom del “shale oil”,  petróleo de los esquistos.
El costo de producir petróleo “ligero y difícil”, el light tight oil  de los esquistos, así como los de aguas profundas y arenas petrolíferas, se ha convertido en el costo marginal de producción, definido éste como el costo de extraer el último y más costoso barril requerido para satisfacer la demanda. Ese costo está ligado en lo fundamental a los precios de largo plazo. Si los precios caen por debajo de ese nivel, no habrá incentivos para producir esos barriles y la demanda se mantendrá insatisfecha hasta que los consumidores estén dispuestos a pagar más. Para que el suministro de petróleos procedentes de esas tres fuentes se realice, los productores necesitan que sus inversiones sean rentables. 
Dada esta premisa, para algunos analistas el costo de producción de estas fuentes constituye un buen indicador de los precios futuros del petróleo. Diversas fuentes consultadas estiman que ese precio debe estar en el entorno de los 90 a 100 dólares el barril en el corto y mediano plazo.
Esas perspectivas de expansión de las fronteras petroleras existen en varios países, en particular en los ya mencionados poseedores de reservas en aguas profundas y arenas petrolíferas, añadiendo además a los países en cuyas rocas madres –lutitas, esquistos- existen ingentes acumulaciones de hidrocarburos líquidos y gaseosos. 
Estos desarrollos, sin embargo, deben afrontar obstáculos superiores a encontrados en los Estados Unidos, país dotado de una infraestructura industrial y de transporte inexistente en países como China, Argentina, México y Australia, poseedores de grandes acumulaciones de hidrocarburos de esquistos.
Ahora bien debido a esos desarrollos tecnológicos y nuevos hallazgos que han extendido y profundizado las fronteras tradicionales de las cuencas petrolíferas, se plantea un nuevo panorama geopolítico, en el cual, cuando menos para los Estados Unidos, el suministro energético pierde connotaciones críticas inmediatas y puede dar paso a manejos estratégicos de largo plazo en este campo. 
La realidad sobre el supuesto “peak oil”, el pico de la producción petrolera a partir de cuya cumbre se iniciaría la irremediable declinación que, como ya refiriéramos, había comenzado en 1971 para Estados Unidos y se había manifestado como fatalidad inexorable hasta 2010, cuando la producción de ese país llegaba ya a los niveles mínimos de 5 millones de barriles diarios, se ha revertido desde entonces y ha colocado a ese indicador estadounidense a la par del de los mayores productores mundiales, en más 7 millones de barriles diarios en 2013 y con perspectivas crecientes. Para los más optimistas, como se observa en el gráfico del Citi GPS que se anexa al final, para 2020 la producción de ese país alcanzaría los 15 millones de barriles diarios, lo cual triplica el crecimiento estimado por la Agencia Internacional de Energía hace dos años. Por lo pronto ya la realidad se manifiesta en la incorporación a la producción, ya citada hasta  2013,  de casi dos millones y medio de barriles diarios adicionales.



Estas novedosas circunstancias han convertido a ese país en un exportador neto de gas natural licuado y, en menores magnitudes, de productos petroleros. Más aún, ya se han registrado movimientos de los clásicos “lobbies” petroleros que, en esta oportunidad, promueven medidas legislativas para suspender o anular la prohibición que pesa desde los años setenta del siglo pasado sobre la exportación de crudos.
Las consecuencias para el mercado petrolero global  de este denominado “boom del shale oil” son trascedentes, pero todavía es demasiado pronto para evaluarlas en toda su significación. (15) 
En un primer momento, por tratarse de crudos extra-livianos, esa producción ha afectado las importaciones de países productores de crudos similares, en particular Nigeria y la propia Arabia Saudita.




La significación geopolítica de esta inusitada involución quedó evidenciada en la reciente visita del Presidente Obama al Rey de Arabia Saudita. Con posterioridad a ese encuentro se han registrado algunos movimientos en ese indicador, que por el sentido de los mismos, parecen estimulados por el interés estatal estadounidense para detener esa tendencia y preservar los lazos comerciales con su principal aliado en el mundo árabe. 
Con todo, algunos analistas creen ver en esta novedosa “seguridad energética” la explicación de  comportamientos no convencionales del gobierno norteamericano en la gestión de los conflictos que se desarrollan en áreas geopolíticamente sensibles. 
En particular, es notorio el nerviosismo de la dirigencia israelí ante la moderación de la administración Obama en el caso del conflicto sobre el desarrollo nuclear iraní, lo cual permitió el inicio de negociaciones multinacionales específicas con ese gobierno, una redefinición de lo que se consideraría una “línea roja” infranqueable en esa materia y, consecuentemente, una moratoria de las sanciones a las que Irán se habría hecho acreedor. En el mismo sentido se ha evaluado la anuencia norteamericana a una negociación regida por las Naciones Unidas en el caso de Siria. 
Sin embargo, otros autores consideran que nada de ello puede significar un cambio sustancial de la injerencia de los Estados Unidos en el Medio Oriente o en la estructura de sus alianzas. Aun cuando su presencia militar sea inferior a la de los tiempos posteriores al 11 de septiembre, su “preocupación” por la inestabilidad política de la región se mantendrá por mucho tiempo. (16)   
En este mismo sentido se pronuncian investigadores del CSIS (Center for Strategic & Interntional Studies) en un reciente trabajo, "New Energy, New Geopolitics"  en el cual se analizan las opciones geopolíticas de los Estados Unidos en los probables escenarios de desarrollo del shale gas y el light tight oil, desde el más pesimista, acorde con los pronósticos de quienes sostienen que se trata de una veta productiva temporal que declinará en la próxima década y que, además, estará limitada a la región norteamericana, hasta los más optimistas que consideran que el desarrollo tecnológico vencerá los límites que imponen los costos y expandirá el desarrollo de esos productos a todas las localizaciones, dentro y fuera de la América del Norte, donde ya se estiman considerables reservas recuperables. Cualquiera de estos escenarios debe determinar, según las autoras, una postura geopolítica específica de los Estados Unidos, que podrá oscilar entre promover la estabilidad de los mercados energéticos para fomentar economías más fuertes y aumentar la estabilidad geopolítica, o tomar el camino de utilizar las nuevas ventajas obtenidas en la producción de gas y petróleo como instrumentos al servicio de más amplios objetivos económicos y geopolíticos. (17)
Podemos encontrar manifestaciones de posicionamiento geopolítico-energético en otros conflictos en desarrollo en la actualidad, como el Ucraniano-Ruso que, aunque tiene implicaciones petroleras y energéticas, éstas, sin embargo, no afectan directamente a los Estados Unidos, pero son de una gran significación para la Unión Europea, a la cual fluye el vital suministro de gas natural ruso, atravesando, en parte, territorio ucraniano. El conjunto de intereses económicos involucrado es de una magnitud tal que ha permitido que la toma de Crimea por Rusia haya sucedido con poco efectivas protestas occidentales, al admitir, de hecho, tanto los Estado Unidos como la Unión Europea, que ese asunto es pertinente al espacio geopolítico ruso, en el cual no es posible intervenir sin muy sensibles “daños colaterales”. Para colmo de moderación, se asoma como una solución a mediano plazo que disminuiría la extrema dependencia del gas ruso, precisamente, el aumento del suministro de gas natural norteamericano a Europa y a Ucrania en particular. 
Por supuesto, esta crisis política sigue en desarrollo y el aumento de las tensiones entre Estados Unidos, Europa y Rusia continúa cada día, con marchas y retrocesos, revueltas nacionalistas de signo antagónico, movimientos tácticos, amenazas de sanciones, referéndum, elecciones, etc., pero el trasfondo energético será determinante en el sentido y contundencia de las piezas que moverán los diversos contrincantes.
Podemos concluir que el petróleo, y los hidrocarburos en general, continúan constituyendo, ahora y en el futuro previsible, un elemento motivador del comportamiento geopolítico de las principales potencias industriales y, en general, de todos los países, sean consumidores o productores. Ello se fundamenta en que todos los pronósticos que avizoran un panorama energético global dominado, en las próximas décadas, por el gas natural, los hidrocarburos líquidos y el carbón, fuentes que sumarían más un 85% por ciento del suministro esperado hasta la cuarta década de este siglo. 



Todo ello, a pesar de sus conocidos efectos generadores de calentamiento global, los cuales se dejan de lado por las urgencias del desarrollo de las economías emergentes y ante la realidad de las considerables limitaciones técnicas y económicas de las alternativas “limpias” y renovables disponibles –energía hidráulica, solar, eólica, geotérmica, etc.- y de las muy posibles ominosas consecuencias de una masificación nuclear sobre la cual no se han generado los controles necesarios para hacerla absolutamente confiable. 
Con el petróleo y el gas de los esquistos, los crudos extra pesados de Venezuela y arenas bituminosas de Canadá, los de aguas profundas de Brasil, Angola y el Golfo de México, el espacio geográfico hidrocarburífero se amplía, dejando de estar relativamente concentrado en el Medio Oriente y abriendo espacio a nuevas localizaciones en diversas partes del globo, desde los océanos polares hasta los mares tropicales. 
En cualquier caso, lo conducente será explorar el sentido de los nuevos vectores de la geopolítica energética, que seguirá siendo motor de una industria  en la cual el componente estatal es y será ineludible. 
Ello nos toca directamente a los venezolanos, quienes no podemos ser espectadores pasivos de esos escenarios y, por el contrario, debemos continuar generando las iniciativas geopolíticas que nos doten de los instrumentos indispensables para la defensa de nuestra soberanía sobre los recursos de nuestro subsuelo.  
CMP, mayo 2014








 [1] O’Connor, Richard, Los barones del petróleo, Editorial Euros, Barcelona, España, 1974-

[2]  Tugendhat, Christopher, Petróleo el mayor negocio del mundo, Alianza Editorial, Madrid, 1969, Sampson, Anthony, Las siete hermanas,  Grijalbo, Barcelona, España, 1977, Blair, John M., The Control of Oil, Pantheon Books, New York 1974, Odell, Peter, Petróleo y poder mundial, Tiempo Nuevo, Caracas 1970, Medvin, Norman, The energy Cartel, Vintage Books, Random House, 1974.

[3] Angelier, J. P., La renta petrolera, Mommer, B., Renta del suelo e historia, Ferrán, B., Los precios del petróleo,  Massarrat Mosen, Crisis de la energía o crisis del capitalismo.

[4] Mieres, Francisco, Una Crisis de Verdad Verdad, Mimeo CEAP, 1975. Pág. 1.


[5] Mieres, Francisco, Crisis Capitalista y Crisis Energética, Editorial Nuestro tiempo, México 1979.

[6] Herrera Navarro, Ramón, OPEP, Precios del Petróleo y Crisis Energética, Publicaciones FACES-UCV, Caracas 1977.  Tugwell, Franklin,  La política del petróleo en Venezuela, Monte Avila Editores, Caracas 1975. Anzola Jiménez, Hernán La Crisis Energética, Sus Orígenes y su Desarrollo.

[7] Prensa Petrolera, Número Promocional, Caracas, mayo 1971.

[8]  Brannon, Gerard "Políticas Respecto a la OPEP",  Informe para el Proyecto de Políticas Energéticas de la Fundación Ford,  Nueva York, 1968. Versión castellana mimeografiada, CEAP-FACES-UCV, Caracas, 1976.

[9]  Akins, James, "The Oil Crisis. This time the wolf is here". En Foreign Affairs, abril 1973. Versión castellana mimeografiada CEAP-FACES-UCV, Caracas, 1975.


[10]  Bruce Jones, David Stevens, Emily O’Brien, Fueling a New Order? The New Geopolitical and Security Consequences of Energy. Project of International Order and Strategy at Brookings. Washington, marzo 2014.
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2014/04/14%20geopolitical%20security%20consequences%20energy%20jones/14%20geopolitical%20security%20energy%20jones%20steven_fixed.pdf

[11] Mendoza Pottellá, Carlos "Apertura y Globalización, Mitos de la Postmodernidad". En Dimensión Económica de la Globalización, libro publicado por el Postgrado en Economía Internacional. Coedición Tropikos-UCV, Caracas 1999.

[12] Vargas Suárez, Rosío, El papel de México en la integración y seguridad energética de Norteamérica. Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México, marzo 2014. 

[13] Foster, John Bellamy, "La financiarización del capital",  Artículo publicado en Monthly Review, vol. 58, n° 11, abril de 2007, pp. 1-12. Traducción de Joan Quesada. de Nueva York, 11 de marzo de 2007. Reproducido en la Revista BCV, Vol XXIV, 1-2010. Caracas.

[14] Al-Shereidah, Mazhar, La financiarización y convencionalización en el precio del petróleo. Colección Sendero de Luz, Cátedra Gumersindo Torres de la Universidad del Zulia. Maracaibo 2013. 

[15] Spencer, Oliver Sartor, Mathieu, Mathilde, Unconventional wisdom: an economic analysis of US shale gas and implications for de EU. IDDRI STUDY Nº 02/14 february 2014 / Climate Institute du développment durable et des relations internationales, Paris, Francia.

[16] Bruce Jones, David Stevens, Emily O’Brien, Loc. Cit. Fueling a New Order? 

[17] Sarah O. Ladislaw, Maren Leed, Molly A. Walton, New Energy, New Geopolitics, Balancing Stability and Leverage. CSIS, Center for Strategic & International Studies, Washington DC, abril 2014.
http://csis.org/publication/new-energy-new-geopolitics   http://csis.org/files/publication/140409_Ladislaw_NewEnergyNewGeopolitics_WEB.pdf






jueves, 24 de octubre de 2013

Viejos debates no saldados


Apuntes para una historia 
de las luchas 
contra la apertura y la privatización


Al calor de nuevas discusiones sobre políticas rentistas o volumétricas, sobre la necesidad de una política favorable a la apertura, a la creación de "estímulos fiscales" para la inversión extranjera, a mejorar la "posición conmpetitiva" del país,consideramos pertinente traer de nuevo al primer plano de este blog viejas incidencias de este debate, vigentes todavía hoy, porque en el renacimiento privatista y expansivo se reciclan los mismos argumentos que combatimos en su oportunidad.


CMP 2013


http://www.analitica.com/bitblioteca/potella/privatizadores.asp

sábado, 14 de septiembre de 2013

La economía política del petróleo en Venezuela

Carlos Mendoza Potellá


 La renta petrolera:
Génesis y fundamento de la formación social venezolana en el Siglo XX:

La categoría renta de la tierra, cuya conceptualización, en la versión marxista, es la misma que la de los beneficios e intereses: plusvalía creada por el trabajo, de la cual se apropia, en este caso, el propietario de la tierra, tiene una expresión particular, pero de su misma naturaleza, en la renta petrolera.

Apelemos a la reseña y cita que hace nuestro ilustre colega, el doctor Bernardo Ferrán sobre la visión marxista:

En lo que concierne a la renta de la tierra, Marx distingue diferentes tipos. Y la renta de las minas se ajusta a las mismas leyes de la renta diferencial agrícola. De hecho, la renta diferencial se presenta en todas partes.  “Donde quiera que las fuerzas naturales son monopolizadas y aseguran al industrial que las emplea, una ganancia excedente, ya se trate de un salto de agua, de una mina rica, de aguas abundantes en pesca o de solares bien situados, nos encontraremos que la persona que por su título sobre una porción del planeta puede alegar un derecho de propiedad sobre estos objetos naturales, se apropia de esta ganancia excedente y se la sustrae al capital activo en forma de renta”.[1]

Las condiciones de monopolio universal establecido desde finales del Siglo XIX por las corporaciones norteamericanas e inglesas y su afianzamiento a partir de los años 30 del Siglo XX crearon un inmenso mecanismo planetario de apropiación de la renta generada por los hidrocarburos en perjuicio de los países bajo cuyo subsuelo se encontraba esa riqueza que se liquidaba.
En una obra dedicada específicamente a esta categoría, Jean Pierre Angelier, define así a la renta petrolera.

… la renta petrolera, en sí misma, está constituida por plusvalía originada en esferas de producción distintas de la industria petrolera y realizada en la venta de los productos petroleros.

Pero la renta petrolera no está únicamente constituida por la ganancia extraordinaria del capital petrolero. También incluye el ingreso de los agentes no productores que participan en la actividad petrolera: los Estados petroleros y los Estados consumidores … [quienes] … pueden beneficiarse con dichos ingresos gracias al poder monopólico que detentan, ya sea en el nivel de la propiedad de los yacimientos, o en el mercado de los productos refinados. [2]

Aunque la calificación de “agentes no productores” aplicada a los “Estados productores” no se corresponde con la realidad contemporánea, cuando esos Estados han asumido directamente la gestión de sus industrias, es evidente que el reparto de la renta petrolera es la base del modo de articulación existente entre los agentes económicos, nacionales e internacionales en conflicto,  dentro y fuera  de la industria petrolera venezolana.

Abordamos el análisis de ese conflicto partiendo de las definiciones de lo que consideramos como forma y contenido en la lucha por la apropiación de la renta petrolera, en la evolución de las relaciones entre el Estado y las distintas clases sociales venezolanas con las compañías petroleras internacionales, materializada esa evolución en la dinámica de la economía y política petrolera venezolana desde principios del Siglo XX hasta el presente.
  
Definimos como forma, a los instrumentos jurídicos, contractuales y reglamentarios con arreglo a los cuales se otorgaban y recibían las concesiones hasta 1976, y aquéllos que posteriormente, y hasta 1999, determinaron el funcionamiento de la cúpula gerencial de la industria petrolera venezolana como una ‘compañía anónima’ que podía pactar convenios de asistencia técnica y comercialización, asociaciones estratégicas, convenios operativos y otras formas de asociación, a espaldas de los poderes públicos, atribuciones que la convirtieron en una entidad para-estatal, semiautónoma. Desde el último año mencionado, y partiendo del establecimiento de una nueva Constitución Nacional, está surgiendo, y se sigue conformando todos los días, una nueva forma, que también corresponde al nuevo contenido de la política petrolera en la última década.

Por otra parte, entendemos como contenido, esencia real del movimiento que analizamos, a la resultante del conjunto de factores de poder e intereses que ejercen sus fuerzas en uno u otro sentido en cada oportunidad y determinan el verdadero carácter de las relaciones Estado – capital petrolero internacional, a sus resultados en términos de usufructo de beneficios y de control de las decisiones en la industria petrolera; determinación que se ha impuso siempre, durante todo el siglo pasado, independientemente del cascarón legal correspondiente, bajo su cobertura si es posible, retorciéndolo convenientemente en otras oportunidades o, en último caso, ignorándolo, a favor de ese capital

Y es que el contenido de esas relaciones no es otra cosa que una forma particular de expresión de la lucha de clases dentro del capitalismo contemporáneo.

Es en este sentido que utilizamos la nomenclatura propuesta por Petter Nore y Terisa Turner en la introducción de su recopilación "Oil and Class Struggle" (1981), donde identifican cinco dimensiones, cinco formas de manifestarse la lucha de clases en la industria petrolera a nivel mundial. Su esquema de "dimensiones" de la lucha de clases en la industria petrolera nos permite precisar el campo en el que ubicamos nuestro análisis.

La primera de estas dimensiones o formas de la lucha de clases es la del "antagonismo existente entre las burguesías nacionales e internacionales, representadas respectivamente por los Estados-Nación y las compañías petroleras”

Nuestro análisis se va a centrar en esta dimensión y las referencias a las otras cuatro se harán siempre en función de su incidencia en este ámbito particular, pero es indispensable mencionarlas y asumir su existencia como parte indisoluble de la compleja realidad que estudiamos. En el orden expuesto por los mencionados autores, esas otras dimensiones serían:

·        Las contradicciones en el propio seno de la industria entre el capital y los trabajadores petroleros.

·        Las contradicciones entre clases y fracciones por el control del poder estatal en el seno de los países productores.

·        La lucha entre clases explotadas y explotadoras, tanto en estos mismos países como a nivel internacional.

·        El antagonismo entre fracciones de la propia burguesía internacional basada en los principales países industriales.


Estas cinco dimensiones agregan un sentido más preciso a la múltiple determinación de los factores que inciden en la evolución de la industria petrolera, nacional e internacionalmente. Pero es indispensable aclarar, por nuestra parte, que al ubicarnos en la dimensión que hace referencia al antagonismo entre el Estado y el capital petrolero internacional no asumimos la identificación del Estado-Nación con la burguesía nacional que se desprende de la formulación citada y que a nuestro entender peca por excesivo esquematismo, simplificador de una realidad mucho más compleja, en todos los casos y en particular en el venezolano.

En este sentido, compartimos las formulaciones que sobre esa complejidad hiciera el investigador mexicano Marcos Kaplan, que ejemplificamos con una sintética referencia:

La llamada infraestructura, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, son base y marco de lo que ocurre en los otros niveles y aspectos de la sociedad; en la política, el Estado y el derecho; en la organización y funcionamiento del sistema global y de su evolución histórica; ejerce sobre unos y otros condicionamientos y determinaciones; contribuye a engendrarlos, como sus productos que no pueden desarrollarse sino dentro de los límites fijados por los caracteres y tendencias de lo infraestructural. Ello no ocurre sin embargo de manera automática, mecánica, inmediata, sino, en última instancia, en grandes líneas y alargo plazo.[3]

En nuestro país el control del Estado no ha sido detentado exclusivamente por la burguesía y en los años iniciales de su historia petrolera ni siquiera existía una clase que mereciera tal denominación.

El proceso de conformación de una burguesía nacional y su lucha por participar y hegemonizar el control del Estado en Venezuela es coetáneo con la implantación de la industria petrolera como generadora fundamental de los ingresos externos del país.

En muchas oportunidades la política petrolera viene a ser, también, reflejo de esa pugna por el control del Estado nacional y a ella haremos referencia en el transcurso de nuestra exposición.

 Es pertinente señalar que nuestro enfoque parte de la concepción global que sustentamos sobre el contexto socio- económico contemporáneo y la situación de Venezuela dentro del mismo como país capitalista subdesarrollado, petrolero - dependiente, caracterización sobre la cual hay discusiones y matices desarrollados por varios autores, pero en torno a los cuales no vamos a insistir.

En particular, compartimos la formulación del Profesor Francisco Mieres, quien postuló una interpretación de la estructura del sistema capitalista mundial, considerándolo

1) Como conjunto de Naciones-Estado o formaciones económico-sociales nacionales en las que el modo de producción capitalista es dominante, organizado como ente bipolar con un centro dominante y una periferia subdesarrollada.

2) Como formación económico-social única mundializada, transnacional, compleja y heterogénea, donde el modo capitalista domina sobre otras formas económicas secundarias. El proceso mundial de acumulación, concentración y centralización de capital, eje dinámico, condujo a la cúpula de la dominación y explotación, primero, a los monopolios internacionales. [4]

En lugar de relaciones entre naciones, tenemos aquí relaciones entre clases sociales y grupos económicos, a nivel trans-nacional, más allá de los intereses nacionales de sus respectivas clases enfrentadas internamente.

Estas características del sistema capitalista mundial se han acentuado, como se sabe, con los procesos de globalización y la preeminencia del capital financiero y ficticio,  sobre el capital industrial. De ello se han hecho, en este mismo espacio, muy completas exposiciones. Cito como ejemplo de ellas las caracterizaciones que del  proceso referido hicieron los colegas Reinaldo Carcanholo y Jorge Pérez Mancebo en la anterior edición de estas jornadas.


De las concesiones a la “apertura petrolera”, evolución e involución de la política petrolera venezolana.

La expresión concreta de la política petrolera venezolana en el Siglo XX tuvo un ilustre fundamento histórico, anterior al uso de los hidrocarburos como combustibles masivos: el decreto emitido por el Libertador Simón Bolívar, como Presidente de Colombia desde Guayaquil, provincia de Quito, en 1828, donde se establece que los derechos soberanos de la corona española sobre el subsuelo y las minas de cualquier clase, pasarían desde ese momento a ser derechos de la República Colombiana. A pesar de intentos en contrario que no es del caso relatar aquí, desde 1830, al producirse la disolución del proyecto colombiano, esos derechos soberanos pasan a ser, en su territorio, potestad de la República de Venezuela.

De tal suerte que “Concesiones” y “Regalías”, fueron figuras legales preexistentes a los primeros hallazgos de hidrocarburos en nuestro suelo, en 1866 y 1878. El régimen concesionario tuvo su infancia, desarrollo y declinación desde entonces y hasta 1976.

Las incidencias de esa historia han sido expuestas por ilustres cronistas y protagonistas, como Salvador de la Plaza, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Manuel Egaña, Rómulo Betancourt, Rubén Sader Pérez, Pedro Esteban Mejías, Edwin Lieuwen, Francisco Mieres y Gastón Parra Luzardo, para citar sólo algunos ya fallecidos. Nosotros nos limitaremos a señalar el proceso general de evolución de la lucha por el reparto de la renta petrolera en esas décadas, fundamentalmente desde 1920 y hasta 1976.

Una caracterización aparte merecen, tanto el régimen que  imperó en la industria petrolera venezolana  a partir de este último año y hasta 1999, así como las radicales transformaciones que desde entonces y hasta el presente han conducido al rescate de una justa participación nacional en el reparto de los beneficios de la liquidación de nuestro principal patrimonio natural no renovable.

Señalamos especialmente a 1920, como el año en el que se formuló por primera vez una Ley de Hidrocarburos, donde se regularon de manera completa y detallada todos los aspectos de la industria y quedó plasmada, por muy poco tiempo y para la historia, una posición nacionalista, que correspondía a los intereses de las clases que se disputaban el control del Estado venezolano en ese momento: la de los grandes propietarios latifundistas que todavía establecían relaciones de producción semifeudales en el campo venezolano y la de la incipiente burguesía nacional, que aparecía al calor del aprovechamiento de la escuálida participación del Estado venezolano en la renta generada por la explotación petrolera.

Es precisamente la voluntad de aumentar esta participación la que queda reflejada en esta Ley, muerta al nacer, pero que prefiguró la estructura que tendrían todas las que le siguieron, hasta 1943 y más allá, con las sucesivas modificaciones de esta última.

En 1976, la “nacionalización petrolera” fue la conclusión, entre otros desarrollos, de un largo y conflictivo proceso de agotamiento del patrón normativo formal de las relaciones entre el Estado venezolano y las compañías extranjeras concesionarias; es decir, del conjunto de estructuras legales y reglamentarias en el marco del cual se desarrollan esas relaciones.

Ese agotamiento se venía haciendo crítico en la medida en que nos acercábamos a 1983, año en el cual, por virtud de la Ley de 1943 se iniciaría el vencimiento y por ende la reversión de las concesiones de hidrocarburos, sin que para esa fecha estuviera prevista entonces una alternativa clara para el ulterior desarrollo de la industria petrolera bajo control transnacional, cercada por la norma que Juan Pablo Pérez Alfonzo logró insertar en la Constitución de 1961, la cual establecía el no otorgamiento de nuevas concesiones y el voluntario enanismo en el que fue mantenida la Corporación Venezolana del Petróleo durante sus quince años de existencia.

Tal dilema tenía soluciones divergentes perfectamente identificables: Una, "subversiva" a los ojos del status y lesiva de las reglas del juego impuestas por la "buena vecindad", era la preparación del país para asumir plenamente el control de su industria. Esta opción, defendida por los sectores de avanzada del país, en especial por verdaderos profetas en el desierto de la talla de Salvador de la Plaza, fue delineada en términos de posibilidad realizable incluso para gobiernos no necesariamente revolucionarios por Juan Pablo Pérez Alfonzo, al postular, dentro de su "Pentágono Petrolero", junto al principio de “no mas concesiones”, la creación y desarrollo de la CVP.

 Pero esa posibilidad fue eludida, ignorada e incluso desnaturalizada con la negociación de unos Contratos de Servicios que, como lo demostraran en su oportunidad diversos analistas, no eran otra cosa que concesiones disfrazadas para burlar el principio constitucional que prohibía nuevos otorgamientos de las mismas.

La segunda de las opciones a que nos referimos es, desde luego, la propiciada por las compañías y sus voceros en FEDECAMARAS, quienes consideraban que el principio de "no más concesiones había colocado a la industria petrolera en un curso de declinación"

Los esfuerzos de este sector se van a encaminar a la búsqueda de una alternativa cónsona con la preservación de su participación privilegiada en el negocio. Una nueva fórmula de asociación dependiente con el capital transnacional que incorporara algún maquillaje renovador era la solución más "saludable", si se miraba con los ojos geopolíticos de sus proponentes criollos.

Los Contratos de Servicio se van a convertir en el primer ensayo de esa fórmula alternativa y preservadora de la buena salud del negocio. El largo debate en torno a estos contratos y su ulterior frustración vienen a constituir una expresión de la confrontación entre las dos opciones mencionadas; confrontación alrededor de la cual gira la política petrolera en todo el Siglo XX: con marchas y contramarchas, pero con el predomino a la larga de los sostenedores de la asociación incondicional con el capital petrolero internacional.

La puesta en escena definitiva se produjo en 1976, año en el cual la “nacionalización”, evento culminante de esa política petrolera, plasmó, en realidad, el estado de las fuerzas de estas dos posiciones y, no siendo una excepción de la tendencia secular, también en esta oportunidad triunfó el partido de la asociación transnacional.

De una manera tal que, al cabo de un forcejeo trascorrales, la nacionalización viene a ser convertida en su opuesto: un pacto laboriosamente trabajado que propiciará el mantenimiento y la ampliación, en extensión e intensidad, del control transnacional sobre el petróleo venezolano.

El instrumento fundamental para la obtención de tan paradójico resultado de una nacionalización fue el bloque de convenios firmados tras bastidores mientras se discutían públicamente los términos de la "Ley que Reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos". Con lo que, en suma, la nacionalización resulta ser fruto de un nuevo paquete Ley-Convenios al estilo del pacto entre el gobierno de Isaías Medina y las compañías norteamericanas e inglesas que institucionalizó en 1943 el régimen concesionario.

En otras palabras, con el fin de la era concesionaria no pasamos a la era del control pleno por parte del Estado sobre su industria petrolera, sino a una nueva modalidad de relación subordinada Estado-transnacionales. Más elástica y sutil, más adaptable a la evolución de las realidades económicas y políticas contemporáneas, que manteniendo y profundizando las características esenciales de la situación anterior, fuera a la vez un cierto "aggiornamento", una puesta a tono con el signo de los tiempos que desmovilizara los sentimientos negativos que despertaba el viejo sistema concesionario. [5]

Esta nueva forma de existencia de la relación dependiente se funda inicialmente en un también nuevo tipo de contrato, distinto formalmente del contrato concesionario, pero que obtiene con más eficiencia los mismos resultados: Los Convenios de Asistencia Técnica y Gerencial y los contratos de compraventa de petróleo y productos para su comercialización internacional.  Las condiciones que quedan establecidas en todo contrato siempre están determinadas por el poder negociador de cada una de las partes y, evaluando los resultados reales de este nuevo sistema, podemos afirmar que las corporaciones petroleras transnacionales y sus asociados nativos impusieron sus condiciones a los gobernantes y principales gestores de la política petrolera venezolana.

Ello se hizo evidente y se acentuó durante los siguientes 25 años en los cuales prevaleció el poder para-estatal de los gerentes públicos de cultura y mentalidad transnacional que quedaron como herencia de las antiguas concesionarias en la operadoras “nacionalizadas” que le sucedieron y en su nueva  “casa matriz”, PDVSA.

La política de “apertura petrolera” fue la cumbre de esta involución, cuyas principales características resumimos:

El desmantelamiento de las capacidades técnicas y políticas del Ministerio de Energía y Minas como ente fiscalizador y garante de la adecuada operación y mantenimiento de los yacimientos petrolíferos, su colonización por PDVSA y  su conversión en un cascarón vacío.

El envilecimiento de todo el régimen fiscal aplicable a los hidrocarburos, con la eliminación de la figura del Valor Fiscal de Exportación, con la cual se maximizaba el Impuesto Sobre la Renta, la reducción de este rubro impositivo de 67,9  a 34 por ciento. La casi extinción de la Regalía en los convenios operativos y asociaciones estratégicas al llevar de 16,6 por ciento a menos de un 1%. Veamos sus resultados en la evolución de la alta correlación inversa de costos y participación fiscal total, desde 1976 hasta 1999, año en cual, a duras penas, ha comenzado a revertirse esa tendencia :

 



Añádase a todo esto la evasión fiscal a través de emprendimientos ruinosos en el exterior, con la compra de 17 refinerías en proceso de liquidación que se convirtieron, desde 1989 en receptoras de “exportación de beneficios” que retornaban convertidos en costos, al punto de que todavía en nuestros días, la compra de crudo y productos no venezolanos por estas cafeteras constituye el mayor rubro de los costos operativos totales de PDVSA, casi del 53% de los mismos. Justamente, el salto que presenta el gráfico anterior  en los costos operativos de 1989, se corresponde con el registrado ese mismo año en las compras ya referidas que se reproducen en el siguiente gráfico.

 

En este contexto, llevando a la industria petrolera venezolana a condiciones de mínima capacidad generadora de excedentes, es que se produce la campaña de la meritocracia petrolera para lograr la privatización de PDVSA, no ya por la vía indirecta, en curso entonces, del outsourcing o tercerización, las asociaciones estratégicas, los contratos operativos de ganancias compartidas, la internacionalización, etc., sino directamente, por la venta directa de un 15% del capital accionario de PDVSA o el reparto de la totalidad de ese capital entre los venezolanos mayores de 18 años, como rezaba la más antipática de las propuestas privatizadoras.

Las políticas aperturistas, privatizadoras y, en suma, desnacionalizadotas, fueron conducidas con plena conciencia de sus implicaciones: la minimización de la renta petrolera percibida por el Estado, en beneficio de sus contrapartes transnacionales y del capital privado nativo asociado a esas corporaciones. Peor aún, fueron diseñadas con ese bien definido propósito.

En efecto, esa política fue sustentada en formulaciones teóricas que planteaban la existencia de un modelo fracasado de gestión de la participación nacional en la administración de los ingresos petroleros, que conformaba una opción “rentista”, estatista y socializante, enfrentada a una política moderna, racional,  cónsona con las exigencias de la globalización, que se resumía en un escenario “productor”. [6]

Según los autores de estos escenarios, planificadores mayores de PDVSA, “rentistas” eran las políticas que postulaban la defensa de la participación fiscal, porque intensificaban la ineficiencia estatista y las distorsiones estructurales   del “capitalismo rentístico”, forma particular que asumió ese sistema en Venezuela.

Para eludir esos males, el “escenario productor”, postulado por estos planificadores y asumido entusiastamente por la cúpula antiestatal de PDVSA, sostenía que la opción racional de utilización reproductiva de los ingresos petroleros era la reinversión de la renta petrolera en la propia industria, multiplicando proyectos dentro y fuera del país, tales como los megaproyectos de la Faja del Orinoco y la compra de refinerías dilapidadas en el exterior. Proyectos inviables desde el punto de vista de la Nación, pero altamente rentables para los intereses complotados en el diseño y ejecución los mismos, quienes aportarían la capacidad gerencial del capital internacional en el manejo de esos recursos.

En otras palabras: sustraer la mayor cantidad posible de ingresos del alcance de la “garra fiscal” del Estado venezolano y dedicarlos a la siembra del petróleo en el petróleo. Para lograrlo eso y “estimular” la inversión extranjera que nos ayudaría al desarrollo de ese luminoso futuro “productor” era necesario hacer lo que hicieron en esos 25 años: desmantelar todo el sistema estatal de percepción de la renta. 



Hacia la reafirmación de la soberanía nacional sobre sus recursos naturales y la integración latinoamericana.

El hundimiento de la Cuarta República, su consunción por putrefacción, tuvo mucho que ver con los resultados catastróficos de esta política antinacional.

El advenimiento, en 1999 de un gobierno revolucionario, que fundamenta su acción en una nueva Constitución y una política de rescate de la soberanía nacional sobre sus recursos de hidrocarburos ha cambiado radicalmente la situación.

Se detuvo el proceso de privatización adelantado en los 25 años anteriores y se reformularon las bases de la política petrolera con sentido nacional y solidario, enfocados hacia la promoción de la multipolaridad y la solidaridad sur-sur.

Se desactivaron los mecanismos entreguistas de desmoronamiento de la participación fiscal nacional, restituyendo las tasas de impuesto sobre la renta a sus niveles históricos previos a la debacle aperturista de los años 90 y se potenció la regalía, al sacarla de las vecindades del 1% y llevarla hasta un 30%. Se reactivó la política de defensa de los precios y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos de manera soberana en la OPEP.

El énfasis social que se le ha dado al proceso de asignación de los ingresos petroleros ha permitido revertir la tendencia prevaleciente hasta 1998, según la cual la participación nacional se minimizaba en beneficio de unos costos que, en esencia, constituían la abusiva participación de los sectores capitalistas internos e internacionales en el reparto de la renta petrolera.

Los proyectos de desarrollo de la industria petrolera venezolana en los sectores gasífero y de la Faja del Orinoco, que constituyen los escenarios del futuro de los hidrocarburos en nuestro país, se están adelantando con una voluntad de fortalecer nuestra soberanía afincados en el establecimiento de vínculos financieros y tecnológicos multilaterales y una visión de solidaridad continental, que privilegia nuestro entorno inmediato, caribeño y suramericano, sin excluir las posibilidades de asociación con  empresas y gobiernos de otras latitudes.
Los proyectos de integración energética suramericana y caribeña que se han formulado con diverso nivel de concreción son  expresión de la voluntad política de promoción y defensa de la soberanía nacional y regional en esa materia. Se trata de una voluntad de desarrollo integral, no rentístico que prefigura la inserción de Venezuela en el tejido económico y político regional y la construcción de una colectividad de naciones con presencia global. El Acuerdo Energético de Caracas, Petrocaribe, UNASUR, la ALBA, el sistema Sucre y más recientemente el apoyo al surgimiento de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y del Caribe,  ejemplifican esa disposición.



CMP/Febrero 2010



 [1]  Carlos Marx, El Capital, vol. II, p. 717, citado por Bernardo Ferrán, Los Precios del Petróleo, p. 286.
[2]  Jean Pierre Angelier, La Renta PetroleraEd. Terra Nova, México, 1980., p. 14.
[3]  Marcos Kaplan, Estado y Sociedad, 2ª. Ed. México, UNAM 1980. Citado en el trabajo del mismo autor “El Derecho y los Hidrocarburos en la Experiencia Internacional Contemporánea”. Versión PDF disponible en Internet.
[4]   Francisco Mieres, La crisis actual del capitalismo. El impacto energético. Mimeografiado, CEAP, FACES, UCV. s.f. (aprox. 1973-76)
[5]  C. Mendoza P. “La era de los contratos”, en  De las concesiones a los contratos, visión retrospectiva de la política petrolera venezolana. Caracas 1983, inédito,  
[6]  PDVSA, Guías Corporativas 1993-1998,  C. Mendoza P. La “verdad petrolera” frente a la realidad, en El Poder Petrolero y la Economía Venezolana, pp. 87-98. CDCH UCV, Caracas 1995.