Antiestatismo petrolero:
Máscara de lo antinacional
Carlos Mendoza Pottellá
Septiembre 2020
“…cuando manyés que a tu
lado
se prueban la ropa que
vas a dejar…”
[Enrique Santos
Discépolo, “Yira, Yira”]
El estado de postración del país es tal que, como en el tango, se da cuenta de que ya se están repartiendo sus despojos, pero se muestra indefenso, inerme y resignado al destino fatal.
Tal es la situación
frente a los reiterados proyectos desnacionalizadora que se vienen proponiendo
desde hace décadas, desde los inicios del “adelanto de la reversión” en 1976,
para anular todo el recorrido de los esfuerzos nacionalistas en materia
petrolera, desde Gumersindo Torres hasta nuestros días.
Se trata de verdaderas
cargas de profundidad contra los principios históricos, constitucionales y
legales sobre los cuales se instituyó, al menos formalmente, el carácter
nacional de la explotación de los recursos de hidrocarburos.
Hace unos días
reapareció en la Asamblea Nacional, nuevamente bañadito y bien afeitado, el
recurrente proyecto desnacionalizador que caractericé en el momento de su
primera aparición, hace un año como “Proyecto
de Ley Orgánica para la regulación del Comercio de Esclavos en Venezuela”
[https://www.aporrea.org/energia/a280531.html] y al cual dediqué varios trabajos desde entonces,
recogidos también en Aporrea: Entre otros, “El
Cartero siempre llama dos veces”, “Agencia
para el despojo del patrimonio público”, “Agencia Venezolana de Hidrocarburos
Marca A.C.M.E.”, “Venezuela petrolera en la tercera década: Cerco y
aniquilación”, “Aquelarre privatizador de PDVSA-Ad Hoc”, reunidos en el
siguiente enlace: [https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella]
En efecto, en esta
oportunidad, como en las anteriores, se trata del mismo discurso supuestamente anti-estatista,
pero en esencia antinacional.
Lo de nuevamente afeitadito y bien bañado
viene a cuento porque ha sido presentado ya varias veces desde el año pasado, cuando era un verdadero
adefesio, hasta la del 27 de abril pasado, con algunas mejoras de redacción y
la más reciente, de hace una semana, el 7 de septiembre, una presentación más
sibilina, con toques de vaselina, pero con el mismo planteamiento esencial, “una visión competitiva, audaz, moderna y
sobre todo desprejuiciada” [Anteproyecto de Ley Orgánica de
Hidrocarburos , Asamblea Nacional, 7 de Septiembre 2020]
Lo desprejuiciado de este Anteproyecto, al cual me referiré en
lo sucesivo como ALOH, es
evidente por el desaprensivo abandono de toda nuestra tradición legal y
constitucional que se materializa en él, con el pretexto de la modernización y
máxima flexibilidad.
Una flexibilidad y
competitividad extrema que sigue proponiendo la disminución de la regalía del
16,67% al 1%, eliminación de los impuestos municipales, despojo de las
facultades ejecutivas estatales de control y fiscalización de la industria para
asignarla a un ente autónomo, independiente de los poderes públicos nacionales,
y el sometimiento de los contratos de interés público nacional a las normas de
arbitraje internacional.
En palabras reiteradas
una y otra vez, con el perdón del lector:
Crea un paraíso terrenal petrolero para los
inversionistas privados, inexistente en
otro lugar de la Tierra, donde la Nación venezolana asume todos los riesgos.
Anula la potestad
nacional de legislar y regular en materia de hidrocarburos, al establecer, en
favor de los contratistas privados, nacionales o extranjeros, la garantía de
intangibilidad legal y fiscal de los
términos de sus contratos.
Transgrede todo la
evolución del sistema legal venezolano y
lo retrotrae a la época previa a
Cipriano Castro, antes del Código
de Minas de 1904 y mucho antes de la
primera Ley de Hidrocarburos de 1920.
Deja de lado al artículo 1° de la Ley de Hidrocarburos de 1943, que
estableció el carácter de interés público nacional de la industria
petrolera y es el fundamento de su reserva al Estado, vale decir, a la Nación.
¡Pero claro! Es obvio:
Todo eso es el pasado que impidió que Venezuela se hubiera convertido en la
primera potencia petrolera del Mundo. Contra ese pasado es precisamente que se
levanta este monumento a la modernidad y la competitividad.
El instrumento ejecutor
de esta nueva política será una Agencia Venezolana de Hidrocarburos, adscrita
formalmente a un Ministerio sin nombre, el cual quedará reducido a actividades
protocolares y de representación.
En efecto, ello está
dispuesto en los Capítulos dedicados a
la asignación de atribuciones, [ALOH Art. 69] de los cuales presento una
versión resumida:
El Ministerio sin nombre
tendrá, entre otras, las siguientes:
Representar a la
República ante los organismos… Representar la titularidad de las acciones de la
República… Otorgar los permisos que son de su competencia. Formular las
políticas públicas del Estado… Diseñar del Plan Nacional de Hidrocarburos… con
el apoyo técnico de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos…
Delimitar de las Áreas
Contractuales… Dictar las bases y
ejecutar los procesos de selección o adjudicación directa… Fomentar la
inversión privada nacional e internacional… Elaborar el plan estratégico
para la expansión y optimización de la infraestructura … Regular, supervisar y
fiscalizar las actividades refinación, procesamiento, licuefacción, compresión,
regasificación, industrialización, almacenamiento, transporte, distribución y
mercado interno; Dictar las resoluciones necesarias en materia de Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa, Higiene y Protección al Medio Ambiente… Recopilar
información sobre los precios, fórmulas y volúmenes… en el mercado interno… Promover el desarrollo
de un mercado secundario… Publicar información periódica sobre los permisos
otorgados…
Se puede observar, de
entrada, que ese Ministerio anónimo no tendrá nada que con las “Actividades
Delegadas” aguas arriba, a los contratistas privados.
Todas esas funciones las
asumirá la todopoderosa Agencia Venezolana de Hidrocarburos, ente con autonomía funcional, presupuestaria y
administrativa, con personalidad jurídica propia, dotada de un patrimonio constituido por el 1% de la
Regalía y todo el Impuesto Superficial que pagaran los “asignatarios” privados,
“tendrá a su cargo la administración,
regulación, el control y la fiscalización de las Actividades Delegadas, la
disposición de los hidrocarburos producidos por las Empresas Asignatarias, así
como de la implementación técnica de las políticas públicas” [ALOH Art.
70]
El Ministro “del sector de hidrocarburos” es apenas uno de los
miembros ordinarios de la Junta Directiva de esa AVH, un voto entre cinco, que
no puede presidirla. Presento una versión recortada para dar una idea de esas
atribuciones magnas:
Preparar los procesos de
selección o adjudicación directa… Evaluar y calificar las capacidades técnicas
y financieras... Informar trimestralmente a la Asamblea Nacional.. Suscribir el
contrato que corresponda según la modalidad de negocio... Dictar las normas y
lineamientos de carácter técnico, legal y financiero aplicables a las
Actividades Delegadas de hidrocarburos; Aprobar los planes de exploración y
producción de hidrocarburos; Evaluar las
propuestas técnicas para optimizar los factores de recobro… Evaluar las
solicitudes de asignación, cesión, renovación, y renuncia... Facilitar la
tramitación de ...la excepción temporal
del porcentaje obligatorio de personal venezolano exigido en la legislación
laboral… Establecer las metodologías para el cálculo de las tarifas de
almacenamiento, transporte y distribución… Facilitar la tramitación de las
solicitudes de permisos para el desarrollo de proyectos integrados… Aprobar los planes de inversión para el
desarrollo de las Actividades Delegadas; Calcular y fiscalizar las regalías y
las ventajas especiales que serán aplicadas a las Actividades Delegadas; Realizar
los estudios y análisis comparativos de los precios de los hidrocarburos en el
mercado internacional; Fomentar la inversión privada nacional e internacional
en las Actividades Delegadas; Establecer los parámetros para calificar a las
empresas de capital nacional y vigilar su cumplimiento; Cobrar el Impuesto
Superficial equivalente a cada Área Contractual y el Impuesto de Exportación… Cobrar
las tasas por los servicios de acceso a la información… Proponer a las
autoridades competentes para su consideración, la modificación de leyes,
reglamentos u otros instrumentos regulatorios, incluyendo esquemas económicos y
fiscales para exoneraciones fiscales temporales, que se consideren necesarias
para la captación o preservación de las inversiones necesarias en el sector de
los hidrocarburos. Consolidar y divulgar la información sobre las reservas de
hidrocarburos; Coordinar, mantener y administrar el Banco Nacional de
Información de Hidrocarburos; Publicar
información periódica sobre las Áreas Contractuales disponibles, los contratos
asignados, su gestión y administración, la capacidad utilizada y disponible en
las instalaciones, los volúmenes de hidrocarburos producidos, los hidrocarburos
exportados y volúmenes los hidrocarburos comercializados en el mercado interno.
Administrar la taquilla única que permita la gestión centralizada de todos los
trámites administrativos relacionados con las actividades a las cuales se
refiere esta Ley, incluyendo los trámites ambientales. [ALOH Art. 71] Remito al lector a la lectura completa para
verificar el sentido completo de lo resumido aquí..
Todas estas atribuciones
lo fueron alguna vez del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y muchas de ellas
comenzaron a ser transferidas a PDVSA en 1983, cuando el Ministro de la época
quiso “ascender” a la Presidencia de PDVSA e inició el desmantelamiento de las
oficinas técnicas de ese MMH.
El Anteproyecto en
cuestión establece el sometimiento obligatorio de los contratos de “asignación”
a las leyes y arbitrajes internacionales, en violación del principio
constitucional respecto a los contratos de interés público nacional, garantizando a los contratistas niveles de
ganancias intangibles y “trato justo” según los estándares internacionales y la
tácita condición de “nación más favorecida”.
Todo se plantea, según
el texto, como el cumplimiento de una
responsabilidad histórica, para apalancar la recuperación y la estabilización
del país, al dinamizar nuevas inversiones a gran escala al generar un clima de
inversiones acorde con las circunstancias.
Estas “inversiones a gran escala” salen de la
misma matriz planificadora de producciones de 5 a 8 millones de barriles
diarios en plazo de cinco años cuyo fracaso hemos contemplado trágicamente
desde 1983 hasta el día de hoy.
Como siempre, todo se
basa en el optimismo ciego con el cual se evalúan posibilidades de desarrollo
de nuestros crudos extrapesados y de las perspectivas del mercado petrolero
futuro:
Incremento acelerado de
la demanda a partir del 2021, motorizado por el crecimiento de la población
mundial, de un 30% en la próxima década, y el agotamiento de las reservas de
otros países: la gran oportunidad para Venezuela.
Para aprovechar esa
oportunidad hay que ser competitivos.
Como no podemos serlo por la calidad y costos de nuestros crudos, lo seremos
por la reducción a niveles ínfimos de nuestra participación fiscal.
Y sobre todo en las
condiciones actuales y post pandemia, cuando las mayores empresas petroleras
internacionales están redefiniendo hacia la baja sus compromisos de inversión
petrolera, abandonando proyectos en las lutitas norteamericanas, posponiendo
inversiones en Arabia Saudita y el Mar del Norte…
La magnitud y entidad de
la materia que pretende desregular este Anteproyecto obligan a que su
consideración sea hecha con una visión holística, ameritan un estudio detallado
de sus implicaciones nacionales, filosóficas, políticas y económicas, amén de un
análisis jurídico circunstanciado.
Con esto quiero decir
que las cláusulas eficientes de este anteproyecto, apartadas de la hojarasca de
adornos que las cubre, deben ser
abordadas multidisplinariamente, en un debate público frente a esos ciudadanos
en nombre de cuyos intereses se propone esta degollina institucional.
Por ahora, asumiendo la antigua
parcialidad de mi visión sobre el tema, quiero ir a los tiempos germinales del asunto
y, para ello, apelo a mis derechos de autor para copiar textualmente extractos
de trabajos anteriores.
La idea fundamental
sobre la cual se construye esta propuesta ha sido expresada desde hace más de
40 años por dirigentes petroleros de formación y vocación transnacional, a
quienes enfrenté en su momento: se trata de una intencionada confusión entre las
categorías Estado y Nación, propiedad pública con propiedad estatal, etc.
Desconocen en primera
instancia el carácter eterno de la Nación y pretenden que los ciudadanos,
una fracción de la población viviente y una ínfima parte de la Nación por
venir, pueden disponer hoy de un patrimonio público que trasciende
generaciones, para comprometerlo a larguísimos plazos –cuarenta años en el
anteproyecto considerado- y, cuando hayan desaparecido los últimos enfermos del
mal estatista, repartirlo, directa o
indirectamente, entre los ciudadanos del momento.
Desde luego, todo de
acuerdo con las leyes del mercado que implican, según una antigua jerga oriental venezolana, que
“el que tiene más saliva, traga más harina”, refiriéndose al astringente polvo del
maíz Cariaco tostado.
No se necesita ser muy
perspicaz para predecir que esos ciudadanos, poseedores individuales de
fracciones cienmillonésimas de ese
patrimonio, buscarán la manera de “realizar” en el mercado esa propiedad, única
manera de convertirla en bienes para su disfrute inmediato. (Pienso en los
ciudadanos habitantes de las barriadas de todo el país) Y tampoco se necesitan
complicadas series estadísticas, ni análisis de varianzas, para saber en manos
de quienes se van a concentrar esas fracciones.
Esa idea privatizadora
se instrumenta con la pretensión de
aplicar normas sobrevenidas de la anglosajona “common law”, desconociendo la tradición romana de nuestra
legislación ancestral y los principios filosóficos y políticos sobre los cuales se constituyó la República de
Venezuela.
En “La oportunidad la pintan calva” [https://www.aporrea.org/energia/a280644.html] de julio del año pasado,
inserté las siguientes autocitas y consideraciones, las cuales reproduzco
textualmente:
"…hoy está de moda el dejar de
ser rentistas y estimular escenarios productivos donde el sector privado lleve
la batuta, como en toda sociedad capitalista que se precie de serlo.
Superando las obstrucciones que genera
la propiedad estatal sobre el recurso petrolero, el interés colectivo real, en
este sector, estaría en los efectos multiplicadores que tendrían los negocios
privados en la reactivación de la oferta y demanda agregada de bienes y
servicios, los cuales, a su vez, estimularán el crecimiento de la producción y
el empleo en el resto de la economía nacional." [C. Mendoza P.
“Privatizar PDVSA ¿vender el sofá”? en Crítica
petrolera contemporánea, Crónicas
Disidentes Sobre la Apertura y el Poder
Petrolero (1996-1999), FACES-UCV]
"Muchos compatriotas han sido
tocados por la matriz de opinión según la cual, la privatización de Petróleos
de Venezuela, S.A. (Pdvsa) puede ser la cura de todos nuestros males
económicos. Pagaremos la deuda externa y seguiremos expandiendo nuestra
producción petrolera. El desarrollo de las actividades no petroleras vendrá
después. Las graves circunstancias en que vive la inmensa mayoría de los
venezolanos, ubicados entre la pobreza crónica y la miseria extrema, dan
carácter de urgencia a la vía privatizadora. Las posiciones nacionalistas en
esta materia son equiparadas a las actitudes del avaro, que muere de indigencia
en un lecho de morocotas de oro."
[C. Mendoza P. “¿La privatización petrolera hará el
milagro?” ABC Petrolero, FUNDAPATRIA, 22 de julio 1998]
El principal instrumento
de esas propuestas se fundamenta en una distorsionada interpretación de nuestra
historia y una intencionada confusión de conceptos tales como Estado, Nación,
gobierno, república, patrimonio colectivo y ciudadanía, a partir de la cual se
pergeña un discurso falaz, según el cual los ciudadanos, verdaderos dueños de
los recursos petroleros, son despojados por el Estado, cuando éste se "apropia"
de los beneficios –la renta- que genera la industria que convierte a esos
minerales en productos para el mercado.
"Justamente, la confusión entre
los términos gobierno, Estado y Nación, forman parte del arsenal discursivo de
quienes postulan la primacía de la propiedad privada sobre la propiedad
pública, la privatización como sinónimo de democratización liberal. Cuando
condenan las políticas "estatistas" que maximizan lo que el gobierno
"pretende cogerse", obvian el hecho de que ese gobierno y ese Estado
son entes temporales que representan los derechos de la Nación eterna, es
decir, el concepto que engloba a todos los venezolanos, vivos y por nacer, cuyo
patrimonio debe ser administrado con criterios de máximo aprovechamiento
presente y futuro."
[C. Mendoza P. Ignorancia Petrolera y Neocolonialismo,
en Crítica petrolera
contemporánea. Loc. Cit.]
Una muestra de ese
discurso manipulador nos lo entregó hace más de dos décadas un destacado
epígono de las bondades del liberalismo norteamericano, avergonzado de nuestra
tradición legal "absolutista" y distorsionando, de paso, el espíritu
bolivariano que quedó expreso en su decreto de 1829, el cual reserva las minas
de cualquier clase a la República y ha sido fundamento del derecho minero venezolano
hasta nuestros días:
... nuestra historia republicana
evidencia el tránsito del soberano-rey al soberano-civil, ya sea éste el
dictador-déspota antes o el dictador-partidos políticos ahora.
Influenciados además por las doctrinas
marxista-leninista y fascista, igualmente absolutistas, muchos de nuestros
pensadores se apartaron de las ideas liberales de Bolívar y Sucre, tomando la
noción de que la soberanía descansa en el Estado o el pueblo como un todo...
... los Estados Unidos florecieron
porque, en verdad, dieron la soberanía al individuo...
... No reservaron al Estado ningún
bien material (a excepción de algunos parques naturales), o actividad
industrial, comercial o de servicios. Cada quien produciría prioritariamente
para sí y su familia, y subsidiariamente para la comunidad. ¡Gran distinción
con el absolutismo! Pues en éste el trabajo pertenece primero al soberano-rey,
al soberano-Estado o al soberano-pueblo y sólo después al trabajador y su
familia. [Andrés Sosa Pietri "Apertura petrolera, soberanía y la
parábola de los talentos". El Universal, pág. 2-2/ 6 de enero de
1996.]
A partir de esa falacia
se ha promovido, y se sigue proponiendo hoy, la más demagógica y antinacional
de las propuestas: repartir anualmente una parte sustancial de los beneficios y
todos los dividendos de la industria petrolera entre los ciudadanos, vale
decir, los mayores de 18 años:
Un antecedente de
transparente demagogia electoral lo constituyó la promoción, hecha en 2006 por el candidato presidencial
Manuel Rosales, de una tarjeta, “Mi Negra”, en donde cada ciudadano recibiría
una participación en los beneficios de
la industria petrolera como aporte para la cuota inicial de su vivienda.
Antinacional, sin
ambages, porque es una propuesta que despoja a la Nación eterna, es decir, a
todos los habitantes vivos y por nacer en este país hasta el momento en que
desaparezca como tal entidad, por causas tales como conquista extranjera o
cataclismo nuclear.
Los habitantes de
Venezuela mayores de 18 años, estimados en unos 20 millones al final de este
año, constituyen el 60% de la población total, estimada en 32 millones de
personas para la misma fecha.
Al momento de aprobarse
tal reparto de dividendos, la porción así privatizada sería dedicada en gran
parte a alimentar el mercado de consumo y a la realización de inversiones que
arderán en las grandes fogatas de los procesos de centralización y
concentración de capitales característicos de cualquier mercado libre, pero más
aún cuando se trata de hambrientos estimulados pavlovianamente hacia el consumo
inmediato, en los cuales medra la propaganda masiva de compras por Amazon e
inversiones "desde sólo 500 mil dólares" para obtener la Visa EB-5 de
negocios en los Estados Unidos.
En consecuencia, con el
tiempo, la participación recibida directamente por la mayoría de esos veinte
millones de "privilegiados" se irá concentrando en las manos de los
emprendedores de siempre y otra gran parte de ellos se agregará a los más de 10
millones de los "menores" que serán automáticamente desheredadas de
su patrimonio. Dadas las actuales tasas de crecimiento poblacional, para el año
2050 habrán nacido en este país otros 8 ó 9 millones de nuevos desheredados.
Más allá no podemos
aventurar nada, sobre todo si se cumplen los pronósticos sobre el cambio de la
matriz energética, cuando a la disminución del uso de los hidrocarburos
conduciría a que las instalaciones para extraer petróleo se conviertan en los
temidos "stranded assets" (activos varados) que hoy aterran a los
accionistas de Exxon Mobil y sus corporativas hermanas petroleras.
La falacia de estas
propuestas es inconmensurable, cuando se pretende comparar un fondo de reparto
anual de dividendos con otros fondos de ahorro transgeneracional, como el
noruego o el kuwaití, que son precisamente diseñados para "las nuevas
generaciones" y para posponer el consumo de ingresos extraordinarios que,
de otra forma provocarían efectos perversos en sus respectivas economías, tales
como los que dieron lugar a los denominados "efecto Venezuela" (justamente
caracterizado así por los noruegos y predicho en 1930 por Alberto Adriani) o la
más reciente y popular "enfermedad holandesa".
Y se trata de
privatizar, no de "desestatizar", porque se trata de hacer privado lo
que es un bien público, que debe tener un destino de beneficio colectivo, de
servicio público, de inversión para acrecentar el patrimonio de todos, de la
Nación toda.
La manipulación mediática de estos
conceptos, hace que hasta quien escribe dude antes de utilizar la palabra
"público", porque puede ser interpretada como "perteneciente al
Estado".
Esta manipulación condujo a extremos
como los de un conocido gerente petrolero de los 70, Shell- Maravén, cuando
proclamaba: "Si yo soy accionista de la Shell, ¿por qué no puedo serlo de
PDVSA?"
Y ése, precisamente, fue uno de los
primeros proponentes del reparto de las acciones de PDVSA entre los mayores de
18 años, fundado siempre en el mismo argumento:
"- Al no resolver las diferencias
entre Estado y nación, le dejará al Estado la propiedad de los yacimientos
petroleros cuando éstos deberían ser propiedad de la nación. Es decir, de todos
nosotros. El Estado es su ente regulador, mas no su dueño." [Alberto Quirós Corradi, “XX Aniversario, PDVSA en la encrucijada”. El
Universal, 14 de septiembre de 1995.
Pág. 2-2.]
Ya para entonces inmerso
en el debate de la "apertura petrolera", respondía:
La apertura es apenas el capítulo
contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la
expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional
y de las élites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyen
hoy, y desde hace 20 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista
enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal. [C. Mendoza Pottellá, 1996. “Apertura petrolera: Nombre de estreno para un viejo proyecto
antinacional”. Inserto en Nacionalismo Petrolero en Cuatro Décadas. Op.
Cit. Pág. 279]
Con el paso de los años,
enfrentados ahora a la situación crítica referida en las primeras líneas,
renace la matriz neoliberal, ahora institucionalizada en centros promotores de
esa doctrina, como CEDICE:
"Es necesario revisar la relación
Estado-Sociedad con respecto a la renta que produce la actividad de los
hidrocarburos, para que esta vaya directamente a los ciudadanos. El excedente
económico que se origine en la actividad petrolera, que corresponde a la
Nación, será destinado totalmente a la creación de un FONDO, que será el Fondo
de ahorro, patrimonio e inversión de los venezolanos. Su rendimiento será
entregado directamente a cada venezolano a través de cuentas individuales.
…
Será preciso que PDVSA deje de ser una
operadora y convertirla en una excelente administradora de los Contratos de
Producción Compartida ("Production Sharings"), en nombre de los
propietarios del recurso, todos los ciudadanos." [Diego González Cruz. Propuestas
para Venezuela. Cómo rescatar a la industria petrolera nacional. CEDICE
Libertad. Caracas 2016]
Justamente ahora, en
momentos críticos para la Nación y partiendo de esta matriz CEDICE, nos alcanzó
el futuro, y aparece una nueva propuesta privatizadora, envuelta en el
atractivo papel de regalo de "democratizar el ingreso petrolero".
Los señuelos, son los mismos de
siempre: Maximizar la producción petrolera y gasífera, diversificar la economía,
desarrollo sustentable y equilibrio ambiental. El mejor de los mundos posibles. [Leopoldo López, Gustavo
Baquero: Venezuela Energética. Propuesta
para el bienestar y el progreso de los venezolanos. pág. 166.]
Partiendo de una
afirmación que puede ser generalizada a todos los gobiernos que en este país
han sido, según la cual los grupos que controlan el poder político privatizan
las ganancias de la industria petrolera al apropiársela ellos y que el resto de
los venezolanos asumimos siempre las pérdidas, plantean un "nuevo esquema
distributivo" en el que fundamentan su proyecto de "democratización
del petróleo":
"Planteamos que parte de la renta
petrolera sea depositada en cuentas individuales de cada venezolano mayor de
edad sin distinción de ningún tipo y para ello proponemos contabilizar de
manera clara y separada la parte del ingreso petrolero que le corresponde al
Estado y la que les corresponde directamente a los ciudadanos…" [López-Baquero, Op.
Cit.12]
Aunque se trata de una
propuesta bastante más elaborada que las de sus predecesores, en cuanto a la
restricción del destino que cada ciudadano dará a su porción del ingreso
petrolero, al establecer que ella será aplicada al ahorro de una pensión, el
financiamiento de la educación, la adquisición de vivienda, la atención médica
hospitalaria y la inversión productiva, la sola mención de estos rubros
prefigura un futuro en el cual la salud, la educación, la seguridad social y
hasta la pensión de retiro, serán asuntos de los cuales cada individuo deberá
proveerse, reduciendo el papel del Estado al de policía, administrador de
justicia, vigilante de las fronteras y monopolista de las limitadas armas de la
Republica. El propio ideal del extremismo liberal.
Todo lo demás puede y
será privatizado: escuelas, universidades, hospitales, aeropuertos, parques,
autopistas, fondos de pensiones, emisión de monedas, cárceles y manicomios. Y
todo ello en beneficio de sus ciudadanos más aptos, emprendedores y
sobrevivientes de la vorágine de la libre competencia.
La justificación teórica
e ideológica de la recentísima propuesta López-Baquero es la misma y añeja de
Quiroz Corradi-Monaldi, Sosa Pietri, Giusti, Espinasa y otros: Son los
ciudadanos con derecho a voto, los mayores de 18 años, los auténticos
propietarios de la renta del suelo y no el Estado. Vale decir, reiteraremos
hasta el cansancio, no la Nación.
Parten como ya referí,
de la confusión del Estado con la Nación y la reducción de ésta a su porción
ciudadana, mayor de 18 años:
"…proponemos que el ingreso
petrolero generado por la venta del petróleo sea dividido entre el Estado y los
ciudadanos. …
La herencia y el marco actual definen
que la propiedad del petróleo es de los venezolanos, sin embargo, esta
propiedad para poder distribuirla debe ser extraída y vendida. La propiedad
adquiere valor más allá del formalismo legal de que nos pertenece a todos. Es
por esta razón que nosotros consideramos que es el ingreso petrolero y no los
yacimientos en el subsuelo lo que debemos distribuir. [López-Baquero Op. Cit. Págs..256-262.]
A partir de estos
postulados define las porciones que integrarán el "Ingreso Petrolero
Ciudadano" y que deberán ser depositadas anualmente en las cuentas
individuales de cada ciudadano, en un "Fondo Patrimonial de los
Venezolanos": Toda la regalía, la sobretasa de 16% de Impuesto Sobre la
Renta aplicada a los hidrocarburos y todos los dividendos que declare PDVSA.
Desde luego, este Fondo
Patrimonial "manejará un monto importante de recursos que podrá bajo
criterios estrictos de eficiencia y transparencia, garantizar un rendimiento
seguro y razonable de las inversiones de estos fondos…"
En otras palabras, en
vez de ser el Estado republicano, legal, constitucional e históricamente
conformado como garante de los intereses permanentes de la Nación, serán los
empresarios-administradores de un Fondo parcial, el de los ciudadanos mayores
de 18 años, quienes van a decidir el destino del patrimonio colectivo ancestral
y futuro de todos los venezolanos.
Y todo esto nada tiene
que ver con los ya mencionados fondos creados en otras latitudes -Noruega,
Kuwait- a los cuales se alude falazmente como supuestos paradigmas para la
instauración de este novedoso contrabando expropiador.
Pues bien, tales son los
antecedentes en los cuales se fundamenta el anteproyecto de Ley de
Hidrocarburos que cursa en la Asamblea Nacional desde el año pasado. De ser
aprobado, se convertiría en el primer instrumento para proceder al despojo de
la Nación, hoy incapaz de defenderse de quienes “se prueban la ropa que vas a dejar”, con el perdón de Discépolo.
https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella
https://petroleovenezolano.blogspot.com/
CMP/15 de Septiembre 2020
