Contrato PDVSA-CHEVRON
Inició Nueva Apertura Petrolera
Gustavo Márquez Marín - Carlos Mendoza Pottellá - Oly Millán Campos
El contrato suscrito entre PDVSA
y CHEVRON, previa aceptación por el gobierno nacional de los términos y
condiciones contenidos en la Licencia General LG41[i] de la OFAC[ii], autorizó a dicha transnacional estadounidense
a reabrir sus operaciones en el país bajos ciertas restricciones. Esta licencia
resultó de un proceso de negociación de varios meses entre los gobiernos de
Venezuela y e EEUU, negociación que
condujo además a un intercambio de prisioneros, a la reapertura del diálogo en
México entre el gobierno y la oposición del G4 coordinada con la
Casa Blanca y a un acuerdo mediante el cual EEUU aceptó liberar algunos activos
que le mantiene bloqueados al Estado venezolano, para crear un fondo
humanitario administrado por la ONU estimado en 3.000 millones de dólares,
destinado a la atención de la salud, la alimentación y la recuperación del
Sistema Eléctrico Nacional.
De hecho, la solicitud de esa
licencia por Chevron fue acompañada por un voluminoso proyecto de contrato de
1000 páginas el cual se mantiene en secreto, negociado y consensuado
previamente con la estatal PDVSA, del cual hemos podido conocer parcialmente su
contenido por declaraciones de altos ejecutivos de ambas empresas.
Una vez que la OFAC publicó la
licencia de marras, simultáneamente se produjo la suscripción definitiva de
dicho documento por los presidentes de ambas corporaciones, violando el
artículo 150 de la Constitución que establece el requisito de la previa
autorización del Poder Legislativo por tratarse de un contrato de interés
nacional.
Esta sincronización entre ambos
momentos y el silencio otorgante, tanto del gobierno como de los partidos de la
oposición en casi todo su espectro,
confirmó nuestra denuncia[iii] en el sentido de la
existencia de un consenso de élites de espaldas al pueblo, entre el gobierno
nacional, FEDECAMARAS y el gobierno de EEUU,
contando con el silencio cómplice de la mayoría de los partidos
opositores, para avanzar en una nueva apertura petrolera al margen de la
Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, mediante la cual se
renuncia a la conquista histórica de la
soberanía del Estado y la nación sobre el petróleo.
Desde luego que ese consenso de élites no ha sido el
resultado de un debate nacional, con real participación de la sociedad
venezolana como debió haber sido, por tratarse de un asunto de relevancia e
impacto para las generaciones presentes y futuras.
La verdad es que nos quedamos
cortos al estimar los escenarios que podrían presentarse en la implementación
de la Nueva Apertura Petrolera. Creímos que ésta se haría mediante la reforma
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos violando la Constitución. Por el contrario
el gobierno tomó la vía rápida a través de una negociación directa con el
gobierno de los EEUU en coordinación con las empresas petroleras
transnacionales. El gobierno se dejó de eufemismos leguleyos y decidió actuar
por la calle del medio haciendo gala de su talante autoritario, violando la
Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, al cambiar la relación entre
el Estado y el capital privado extranjero, al entregar a este último la gestión
de la industria petrolera sin alterar la composición accionaria del capital
social de las empresas mixtas.
Esto significa que en materia de
aprovechamiento y disponibilidad del
recurso, el interés nacional
queda relegado y subordinado a los intereses económicos de las corporaciones
petroleras y a los intereses geopolíticos de las potencias que le dan soporte
diplomático y militar.
Licencia a
Chevron da inicio a la NAP[iv]
El contrato con Chevron es el
referente para los contratos futuros, porque se trata de un patrón y una
política del gobierno de EEUU y sus aliados, para imponer un modelo de negocio
colonial ortodoxo, que encaja en el proyecto neoliberal profundizador del extractivismo primario exportador que
adelanta el gobierno nacional, el cual conlleva el allanamiento de la soberanía
del Estado y la nación sobre los recursos naturales y los bienes comunes.
La licencia LG41 de la OFAC
aceptada por el gobierno nacional sirve de marco al nuevo contrato suscrito
entre PDVSA y Chevron y permite a las empresas
mixtas (4), en las cuales participa ésta última como socia minoritaria,
producir y exportar petróleo venezolano exclusivamente al mercado
estadounidense hasta cubrir su capacidad instalada.
Esta
licencia LG41 permitiría, que a través de Chevron, el petróleo venezolano
retorne a las refinerías estadounidenses de la costa del golfo, luego de
paralizarse su envío debido a las sanciones impuestas por Washington a PDVSA.
Un dato importante a tener en cuenta para identificar los intereses que están detrás
de esta decisión, es que dichas refinerías fueron diseñadas originalmente para
procesar el crudo pesado venezolano, particularmente el producido por las
empresas mixtas en las cuales participa Chevron. Esto explica la presión que
hizo Chevron sobre la OFAC para que le concediese la licencia en cuestión y la
preferencia que ésta le otorga como destino a EEUU.
La
referida licencia autoriza la compra e importación de bienes e insumos
requeridos por las actividades de producción, comercialización y mantenimiento
de los sistemas operados por las empresas mixtas. Sin embargo, se excluye a las
empresas proveedoras iraníes y rusas porque ello forma parte de la política
estadounidense de bloquear a éstos países.
De
ésta manera se limita el ejercicio de la soberanía y control del Estado sobre las empresas
mixtas que legalmente controla. Esta restricción podría impactar los costos
operativos y por ende los ingresos fiscales, al limitarse el origen y
diversificación de los proveedores, lo cual además va en contra del “libre
comercio” que tanto pregona Washington.
Esta
limitación responde directamente a las directrices de la política exterior
estadounidense en relación con Rusia e Irán, enmarcada en su estrategia
geopolítica imperial eurasiática y para el medio oriente. Por ello, constituye
una injerencia inaceptable que viola nuestro derecho de nación libre y soberana
a la autodeterminación en los asuntos de
política exterior. Así se está limitando nuestro derecho de país
soberano a decidir con cuáles Estados nos relacionamos en franca violación a la
Constitución y del derecho internacional.
Al
aceptar los términos de la LG41, el gobierno le está cediendo de facto a
Chevron el control de la gestión de la industria petrolera, especialmente las
funciones de administración y operación de las empresas mixtas, lo cual
significa que Chevron asumirá el control de la producción y comercialización
del petróleo extraído, atendiendo a las restricciones impuestas por el gobierno
de EEUU y no por la legislación y el Estado venezolano.
Por
otra parte, esta licencia prohíbe taxativamente a Chevron que cancele al Estado
la regalía y los impuestos que genere la extracción y venta del petróleo,
pasando por encima de nuestro ordenamiento jurídico. También le prohíbe
cancelar los dividendos que le correspondan a PDVSA, incluso tampoco podrá
pagarlo con el petróleo que genere la actividad de las mismas empresas mixtas.
Según
este nuevo modelo de negocio quien tiene la sartén por el mango es la empresa
transnacional estadounidense siguiendo estrictamente las directrices de su
gobierno (EEUU), lo cual no es otra cosa que un despojo.
Ante
el absurdo de que Venezuela prácticamente le regalaría su petróleo a EEUU, sin
recibir contraprestación alguna pero asumiendo el mayor porcentaje de los
costos y la inversión por ser el socio mayoritario, el pago de la venta del
petróleo al Estado podría ser predeterminado en especies, por ejemplo, en alimentos, medicinas e insumos o en
proyectos que no serían administrados por el Estado sino por quién decida la
OFAC o cualquier otra Agencia Federal de EEUU. También se ha mencionado el
cambio de deuda por petróleo, vale decir que el producto fiscal de la venta se
emplee en el pago de deuda.
De
éste modo, en la práctica el Estado deja de ser quien dispone qué hacer, cómo y
con quién explotar su petróleo, a quién
y en qué condiciones lo vende, sí tiene
o no derecho a recibir un beneficio y
cómo se materializará éste. Para colmo, por ser el socio mayoritario deberá
aportar la mayor parte del capital y las inversiones, pero sometiéndose a lo
que decida el socio privado minoritario y el gobierno de EEUU en función de sus intereses
geopolíticos y económicos.
Se
pierde así de un plumazo la conquista histórica de la soberanía petrolera bajo
un modelo que nada tiene que envidiarle
al existente en la Venezuela colonial. Bajo estas condiciones decir que el “petróleo es nuestro” no pasa de
ser, como nunca antes, una frase hueca vaciada de todo contenido.
La
licencia LG41 autoriza a Chevron para que las cuatro empresas mixtas, en las
cuales participa como socio minoritario de PDVSA, reactiven la producción y
exportación petrolera pero no le permite realizar inversiones que vayan más
allá de la activación y mantenimiento de las capacidades existentes. Esto
significa que no podrá realizar inversiones en nuevos yacimientos. Sin embargo,
es de destacar que explotar dichas capacidades le permitirá a Chevron
convertirse progresivamente en el principal productor de la variedad de crudos que manejan las empresas mixtas en la Faja,
en el occidente y oriente del país, la cual constituye buena parte de la
capacidad potencial real con que cuenta el país para incrementar la producción
sin abordar la inversión en nuevos desarrollos. Esto significa que Chevron se convertirá
eventualmente a corto plazo en el principal operador de la industria petrolera
nacional, que tendrá en sus manos las
decisiones en materia petrolera más importantes, despojando al Estado de
su principal herramienta para hacer política petrolera independiente y
soberana.
Con
la aceptación por el gobierno de los términos y condiciones de la licencia LG41
de la OFAC y la firma del consecuente contrato entre PDVSA y CHEVRON para darle
inicio a un nuevo modelo de negocios en la que el socio minoritario tendrá el
control tanto de las operaciones como de la comercialización del petróleo
extraído, se inició la implementación de la Nueva Apertura Petrolera,
entregando nuestra soberanía a las grandes corporaciones transnacionales y a
las potencias neocoloniales que le dan soporte político y militar. De esta manera, el gobierno nacional está
profundizando su régimen autoritario al margen de la Constitución, al violar
sus artículos 12, 150, 302 y 303, así como también la Ley Orgánica de
Hidrocarburos. Este contrato ilegal e inconstitucional sienta un precedente que
le permitirá a otras corporaciones transnacionales solicitar el mismo trato que
a Chevron, tal como ya se está
anunciando.
Con
la licencia LG41 de la OFAC el gobierno de EEUU está ensayando en Venezuela un
modelo de coerción sin utilizar su fuerza militar para someter a pueblos y
países a sus intereses económicos y geopolíticos, rompiendo con el derecho
internacional y la soberanía del Estado nacional, para imponer sus reglas de
dominación por encima de la Constitución y la soberanía de la nación. Aplicando
las sanciones como instrumento de extorsión y coerción para imponer sus
intereses económicos y geopolíticos, el imperio estadounidense pretende allanar
la soberanía de la Nación venezolana para despojarla de sus recursos naturales
y energéticos.
La saga de la NAP: Licencia a Trinidad y Tobago para
explotar gas
A
solicitud del gobierno de Trinidad y Tobago la OFAC emitió otra licencia
“autorizando a este país” para desarrollar el yacimiento de gas no asociado
“Dragón”, ubicado en aguas territoriales venezolanas en las cercanías de la
frontera marítima de ambos países. En ella se establecen restricciones
similares a las mencionadas en la Licencia otorgada a Chevron.
En
este caso el alcance se limita al
referido yacimiento gasífero, pero también se establece que la compra
del gas a Venezuela no podrá ser pagada con dinero efectivo, que su propósito
de es mejorar la seguridad energética del Caribe y de una Europa afectada por
efecto de las mismas sanciones que viene aplicando a Rusia, en conjunto con
EEUU, en el contexto de la guerra de Ucrania.
Con
la licencia en mano se presentó en Miraflores el Primer Ministro de T&T,
Keith Rowley, para cerrar el trato con el gobierno nacional proponiendo que sea
la Shell quién opere el campo Dragón y no PDVSA, ofreciendo pagar el gas con
alimentos y medicinas.
Esta
propuesta reproduce el patrón del contrato PDVSA-Chevron, pero esta vez
mediante la intermediación del Gobierno de T&T.
Actualmente
la Shell opera y participa con el
50% del yacimiento “Hibiscus” de
T&T, el cual se encuentra a 17 km
del yacimiento venezolano Dragón. De aceptar el gobierno esa propuesta, ésta
transnacional pasaría a controlar el sistema integrado por ambos países.
El
interés de T&T en el gas existente en los cuantiosos yacimientos de la
península de Paria (Rio Caribe, Mejillones, Patao y Dragón), se debe a que
dicho país cuenta con una enorme
infraestructura industrial de procesamiento de gas[v], la cual
consta de 4 trenes de licuefacción y una industria petroquímica de 7 plantas de
metanol y 10 plantas de amoniaco, puertos y una flota de barcos, con gran
capacidad para licuar el gas natural para su exportación a los mercados
internacionales. Con esas instalaciones han explotado sus considerables
yacimientos de gas, los cuales han comenzado a declinar, al punto que uno de
los trenes de licuefacción está fuera de servicio por falta de materia prima
(GN) y por la misma razón, aguas abajo,
tiene plantas de amoníaco y metanol inactivas.
T&T
es el sexto exportador de GLP del mundo y entre sus principales destinos están
EEUU y Europa. Sus reservas de gas natural se estimaron en 10 billones de pies
cúbicos[vi] en
2021, con una vida útil de 10 a 15 años.
Guyana y Surinam podrían suplir el déficit de gas de T&T pero a largo
plazo. Por otra parte, la demanda de Europa ha crecido en el contexto de la
guerra de Ucrania y la capacidad ociosa
de Trinidad podría suplirla. He ahí la razón por la cual el gobierno de EEUU le
otorga la licencia para desarrollar e importar el gas venezolano del yacimiento
Dragón.
Para
la evaluación del impacto que tendría para Venezuela la aceptación del
alcance de la oferta de T&T, debe tenerse en consideración la importancia
estratégica que tiene el gas como combustible clave de la transición de la
matriz energética global y nacional, ante la disminución progresiva del uso de
los combustibles fósiles sólidos y líquidos como energéticos dominantes. Esto
es particularmente importante para un país como Venezuela, exportador de
petróleo, que atraviesa por una profunda
crisis sistémica multidimensional aguda y particularmente de su industria
petrolera nacional. Venezuela posee la octava reserva de gas del mundo y la
primera de la región.
Comprometer
por un tiempo largo, quizás 30 años o más, parte importante de las reservas de
gas natural no asociado solo para la exportación sin agregarle valor, al
entregárselo a empresas o países extranjeros en condiciones vergonzosas y
deplorables con pérdida de soberanía, atenta contra los intereses presentes y
futuros de la Nación, Por ello, el contrato de largo plazo para la exportación
del gas a T&T debe ser el resultado de una negociación bilateral, sin la
injerencia ni el condicionamiento de EEUU, basada en los principios de
cooperación, complementariedad y
reciprocidad y por supuesto, sin ceder
el control del Estado sobre el recurso.
La
estrategia del gobierno de EEUU en el Caribe es sustituir a Venezuela por
T&T en el liderazgo energético del mismo, el cual adquirió un protagonismo
relevante al cooperar con la seguridad energética de la subregión a partir de
la iniciativa de Petrocaribe. Considerando la actual crisis petrolera
venezolana, profundizada por las medidas coercitivas unilaterales de
Washington, el gobierno de Biden pretende aprovechar esta circunstancia para
convertir a T&T en el nodo energético central del Caribe, buscando retomar el control sobre el
CARICOM[vii].
Esa
estrategia encaja también en su política de respaldo a Guyana frente al
diferendo territorial del Esequibo y la explotación petrolera en la zona en
reclamación. La alianza entre Guyana y Trinidad esbozada en una reciente
reunión de seguridad energética celebrada en Georgetown, apunta en esa
dirección.
Entregar
el gas de Paria a las transnacionales por un largo período en las condiciones
deplorables impuestas por EEUU, cuando podría aprovecharse esa ventaja
comparativa para negociar con T&T un acuerdo equilibrado, que no sólo
refleje los intereses del vecino país, sino también nuestras necesidades y el
desarrollo nacional teniendo en consideración la duración de la concesión. De
lo contrario se estaría vulnerando severamente el interés de la Nación.
Conclusiones
- Con el contrato
suscrito por PDVSA y CHEVRON enmarcado en los lineamientos establecidos en
Licencia General 41 otorgada por el
gobierno de EEUU a través de la OFAC, se inició de facto, al margen de la
Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Nueva Apertura
Petrolera adelantada por el gobierno nacional, quién ejecuta un proyecto
neoliberal desnacionalizador, contando con el consenso acordado tras
bastidores entre élites políticas y económicas, las cuales por acción u
omisión están avalando el despojo de lo que ha sido la conquista histórica
de la soberanía sobre los hidrocarburos. A pesar de la gran
trascendencia que tiene este asunto
para las generaciones presentes y futuras, el gobierno decidió soslayar la
consulta al pueblo soberano manteniéndolo
desinformado y sin siquiera
someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría,
a pesar de que este órgano constitucional tiene la responsabilidad de
autorizar los contratos de interés nacional como lo establece el artículo
150 de la Carta Magna.
- El modelo de
relación entre las empresas transnacionales del sector y el Estado para la
explotación del petrolero que comienza a implementarse tomando como
referente el contrato de Chevron-PDVSA, implica ceder al inversionista o
socio privado el control sobre la gestión de las actividades primarias,
incluyendo la producción y comercialización del petróleo, violando la
Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. De esta manera el
gobierno nacional abrió las puertas a un proceso de desnacionalización y
privatización de la industria
petrolera nacional, debilitando severamente el papel del Estado como
regulador y ejecutor de la política petrolera. No debe olvidarse que los
contratos petroleros o gasíferos estarán sometidos al arbitraje
internacional y a los tratados de protección y promoción de inversiones,
los cuales privilegian la ganancia de las corporaciones privadas por
encima del interés de las naciones, al operar como un “cepo” para
inmovilizar a los Estados en el ejercicio de su soberanía y en su rol de
promotores del desarrollo social y económico sustentable.
- Ante el fracaso de
la estrategia insurrecional del gobierno paralelo promovida por Washington
con el concurso de un sector de la oposición, el gobierno de Biden está
ensayando en Venezuela un modelo de dominación para imponer sus intereses
económicos y geopolíticos, utilizando el tira y encoje de las sanciones
como ariete para arrodillar al gobierno. Así es como ha logrado que la
corporación estadounidense Chevron haya pasado a controlar, a escondidas y
sin el tamiz del debate público, de la mayor parte de la capacidad
petrolera desarrollada del país contando con la anuencia del
gobierno.
- La licencia del gobierno de EEUU al gobierno de
T&T para desarrollar y explotar el yacimiento de gas “Dragón” ubicado
en aguas territoriales venezolanas del golfo de Paria, para que sea
gestionado por la corporación británica Shell, aplica restricciones que
condicionan el ejercicio soberano del Estado sobre una importante reserva
de gas en cuanto a su uso y su usufructo. En este caso también se pretende
obligar a Venezuela a entregar su gas a través de una concesión de largo
plazo, sin tener el derecho a recibir la contraprestación que legalmente
le corresponde en dinero efectivo y a decidir sobre su destino, al
predeterminar que el mismo debe ser empleado para satisfacer la demanda de
Europa y los países del Caribe, dejando por fuera los intereses
nacionales. Además, esta concesión podría facilitarle a T&T; el acceso
al liderazgo que Venezuela ha
ejercido en el Caribe en materia energética.
- Las licencias de la
OFAC supuestamente destinadas a “flexibilizar” las sanciones encubren un
mecanismo perverso de largo aliento que va más allá del gobierno de turno,
cuyo propósito es dejar en manos de Washington las decisiones sobre el
futuro de la economía y específicamente, el control de nuestra industria
de hidrocarburos, propiciando la instalación de un modelo colonial
ortodoxo de acumulación por desposesión de nuestros recursos naturales, profundizando
el extractivismo y el capitalismo dependiente venezolano.
- La Nueva Apertura Petrolera se inició al margen de
la constitución y la ley, basada en la licencia que el gobierno de EEUU le
dio a la corporación petrolera
estadounidense Chevron para operar en el país. Esta iniciativa hace parte
de la política neoliberal que viene adelantando el gobierno autoritario de
Maduro hacia la desnacionalización, privatización y despojo de la
soberanía de la Nación de su patrimonio natural y bienes comunes, dándose
la mano con el imperio en un acuerdo en el que quien gana es EEUU y el
gran capital petrolero transnacional y quién pierde es Venezuela, al
renunciar a su soberanía sobre el petróleo y profundizarse el modelo
extractivista de dominación neocolonial primario exportador.
[i] https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela_gl41.pdf
[ii] OFAC: Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de
Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU
[iii] https://www.aporrea.org/tiburon/a316156.html
[iv] Nueva Apertura Petrolera
[v] https://sumarium.info/2023/02/14/trinidad-y-tobago-invita-a-sus-vecinos-a-procesar-petroleo-y-gas-en-sus-instalaciones/
[vii] Comunidad del Caribe
