Realidad Nacional Versus Mitología Neoliberal

Carlos Mendoza Pottellá   1994

Los seres humanos hemos desarrollado diversas maneras de enfrentar las realidades avasallantes, aquéllas que escapan a nuestras posibilidades de modificación o manipulación: O las aceptamos y aprendemos a vivir con ellas, o las rechazamos y pretendemos su inexistencia, imaginando mundos maravillosos donde tales ingratitudes no existan.

Así pasa con la Ley de la Gravedad: Conocidas las limitaciones que ella impone, muchos han tratado, desde los tiempos de Icaro, de despegarse del suelo. Pirámides, ascensores, globos, helicópteros, cohetes y trasbordadores espaciales, son algunos de los testimonios de esa milenaria pretensión. Otros, simplemente han preferido imaginar intervenciones divinas y fórmulas mágicas. Angeles alados y brujas en escobas, Peter Pan y Superman. Quienes han pretendido estar dotados de tales fórmulas han terminado estrellados.

Algo parecido sucede en Venezuela respecto a las peculiaridades impuestas a nuestra sociedad por la disposición de una inmensa riqueza natural. Para comprobar esa similitud debo recordar primero algunos lugares comunes:

Circunstancias centenarias -vinculadas a nuestro origen colonial y a las previsiones bolivarianas- determinaron que esa riqueza, el petróleo, quedara reservada a la propiedad estatal. Ello da origen a la percepción generalizada según la cual los hidrocarburos constituyen patrimonio colectivo de todos los venezolanos. La historia, sin embargo, ha sido un tanto distinta.

Desde los inicios de la explotación petrolera en el país, el Estado, perceptor único de la renta derivada de esa actividad, se conviritió en supremo dispensador de riqueza, privatizando de manera inequitativa los resultados de la liquidación del patrimonio público. Los vínculos privilegiados con el Estado, vía contratos, créditos, exoneraciones y estímulos, han sido la fuente de la acumulación originaria de los sectores dominantes en Venezuela. Escárbese a cualquier grupo industrial, financiero o comercial venezolano y, sin profundizar mucho, podrá constatarse este aserto.

Es pertinente aclarar que no se trata de condenar el origen público de las riquezas privadas. En fin de cuentas, así funciona el capitalismo, y no podía ser de otra manera en la Venezuela de los años 20 ó 50... Y mucho menos se puede pretender en los 90, cuando colapsa el "socialismo real" y las consignas solidarias se apagan frente al escepticismo y pragmatismo generalizados..

De tal manera que, apartando los innumerables casos de peculado y corrupción, fue y sigue siendo legítimo contratar lucrativamente con el Estado, obtener créditos blandos, exoneraciones impositivas, estímulos a la producción y exportación de productos no tradicionales, beneficiarse de becas, subsidios y otras formas de transferencia unilateral. Otra cara de la moneda sería la evaluación de la equidad, imparcialidad y universalidad con la cual se ha materializado ese aprovechamiento de la renta petrolera.

Pero de lo que si se trata es de llamar la atención sobre una realidad que los extremistas de la moda neoliberal tratan de eludir: El Estado venezolano juega un papel determinante en la economía nacional, no por el imperio de alguna ideología estatizante o socializante, o por alguna pretensión de "omnipotencia", sino por su soberanía sobre la principal -por muchos años casi única- riqueza del país. (Aparte de las empresas que se integran al Sector Público por la vía de las quiebras declaradas por sus propietarios privados originales, quienes, en la mayoría de los casos, desviaron fondos públicos y de sus clientes hacia sus arcas particulares y con sus fiascos convirtieron al Estado venezolano en banquero comercial, hotelero, industrial azucarero, fabricante de cementos y hasta alfarero)

En el caso venezolano, postular la no intervención del Estado en la economía es, precisamente, ir contra las leyes del mercado, pues se trata de anular la participación del principal agente del mercado nacional, concurrente mayoritario, tanto del lado de la oferta como del de la demanda..

La conciencia de esa circunstancia es evidente en algunos colegas economistas, quienes, para ser coherentes con sus concepciones, proponen resolver la contradicción llevando las cosas hasta sus últimas consecuencias: No basta con la renta petrolera, hay que privatizar también a la industria petrolera.

A mi manera de ver se quedan cortos porque, para anular efectivamente la participación activa del Estado, la privatización tendría que llegar hasta la propiedad de los yacimientos, con lo cual sus propuestas adquirirían un rango constitucional.

Ahora bien, es posible que una reforma constitucional neoliberal logre despojarnos de la vana ilusión de ser dueños colectivos de semejante riqueza, pero, por lo pronto y a mediano plazo, no parece haber ambiente para el advenimiento de esas condiciones ideales para el funcionamiento del modelo de libre mercado.

Y así, poniendo por caso la actual discusión sobre la legitimidad de las medidas de control de cambios adoptadas por el Ejecutivo, quienes se rasgan las vestiduras clamando en contra del retorno del intervencionismo estatal olvidan el contexto descrito y el hecho de que el Sector Público es el generador directo -fundamentalmente a través de la exportación del petróleo y sus derivados- de más del 80 por ciento de los ingresos externos corrientes (Antes lo había sido de porcentajes mayores, pero la caída de los precios del petróleo, más que el crecimiento de las otras fuentes, lo redujo a tal nivel)

En otras palabras, el Estado ha sido y es el oferente mayoritario de dólares en el mercado nacional. Ah, pero en nombre de la libertad del mercado, nuestros sesudos neoliberales le exigen que se comporte como concurrente minoritario, dejando que el precio -tipo de cambio- sea establecido por la oferta marginal y una demanda monopsonista y especulativa creada, no por los requerimientos de la actividad económica normal del país, sino por el desbarajuste fraudulento del sector financiero privado que dio lugar a los billonarios "auxilios" del -ahora sí bienamado- padrecito Estado.

Pero, si además de las transacciones internacionales, recordamos los conocidos indicadores sobre la condición histórica del Estado venezolano como generador directo de un tercio del PIB nacional y de más 60% sus propios ingresos fiscales , podemos comprender la magnitud del despropósito de las propuestas de dejar que sean las actualmente escuálidas fuerzas del mercado ajenas al sector público las que determinen hoy el sistema de precios a través del cual se produciría, supuestamente, una asignación más eficiente de los recursos generados en la economía nacional.

Con el énfasis en la actualidad de las circunstancias descritas quiero reiterar que no descarto un cambio de las mismas por la vía de las privatizaciones, pero a mi entender, hasta entonces, el poder del mercado estará en manos del Estado. Y éste deberá ejercer ese poder tomando decisiones económicas que, indudablemente, determinarán el destino de los demás concurrentes, tal como lo hacen los monopolios y oligolpolios empresariales en cualquier mercado capitalista de competencia monopolística, es decir, en todos los mercados de nuestros tiempos.

CMP 1994