De la participación estatal en el negocio petrolero
Carlos Mendoza Pottellá
Nov. 1995
La consideración fundamental que hay que hacer sobre el tema es que se trata de un problema político, de un problema de relaciones de poder, en el cual una peculiar agrupación, integrada por factores privados nacionales y extranjeros vinculados al negocio petrolero y cúpulas gerenciales de la empresa pública, ha logrado imponer como verdades indiscutidas un conjunto de postulados que mezclan realidades objetivas con una carga considerable de falacia.
Dichas afirmaciones forman parte de un programa definido, que tiene como nortes la expansión constante del negocio petrolero -independientemente de la pertinencia macroeconómica y rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente privatización de las actividades en esa industria en particular.
Ese conjunto de verdades establecidas, que parte de concepciones hoy de moda, en cuanto a la incapacidad del Estado para gerenciar actividades productivas, tiene un expresión particular:
La carga fiscal sobre PDVSA es excesiva. PDVSA es la empresa petrolera que paga más impuestos en el mundo. Mantener esa carga fiscal equivale a perpetuar el ya fracasado modelo de rentismo parasitario y continuar alimentando a un Estado paternalista e ineficiente.
El control "político" sobre la industria obastaculiza el desarrollo eficiente de sus programas. Las trabas burocráticas que imponen los distintos organismos contralores, ejecutivos y legislativos, deben ser eliminadas en beneficio de la autonomía gerencial para ejecutar eficientemente sus planes y programas. Este es camino hacia la Venezuela productiva.
El mejor destino del ingreso petrolero es su reinversión el mismo sector. No existe otra actividad económica en Venezuela que le permita obtener ventajas comparativas y competitivas similares. Cada dólar adicional invertido en la industria petrolera genera, directa e indirectamente, efectos multiplicadores en el Producto Interno Bruto superiores de los de cualquier otra aplicación.
Venezuela debe ir hacia una más estrecha asociación con sus clientes desarrollados y abandonar asociaciones tercermundistas, de subdesarrollados y de perdedores, como la OPEP. La OPEP no ha beneficiado mucho a Venezuela y le impone trabas a un desarrollo que la llevaría a convertirse en una de las primeras potencias petroleras del mundo.
Para desarrollar la inmensa base de recursos petroleros de Venezuela, hay que desmontar todo el aparato de regulación y fiscalización que pesa sobre esa actividad industrial, porque ese desarrollo no es posible hacerlo con los recursos internos y es necesario atraer al capital petrolero internacional con proposiciones de una rentabilidad mayor a la de otros destinos. El escenario óptimo sería la completa privatización de las actividades petroleras, para permitir la convergencia competitiva en todas ellas de los capitales nacionales y extranjeros que quieran hacerlo. Las participación nacional no se centraría en una exagerada presión fiscal, pues ello reeditaría el modelo rentista, sino en la multiplicación de actividades productivas que se generarían.
Considerando todo lo anterior, matriz de opinión plenamente establecida y alimentada continuamente por todos los medios de comunicación y asumida por destacados dirigentes de casi todos los partidos políticos, cualquier reivindicación del Fisco frente a PDVSA, como detener el proceso de desgravación establecido con la eliminación de los Valores Fiscales de Exportación, o hacer reparos a sus declaraciones impositivas, será repelida como intentos de volver a los tiempos del rentismo y el dirigismo populista.
La tarea por tanto, debe centrarse en desmontar, con hechos y cifras, las falacias establecidas como verdades. Toda reivindicación fiscal debe hacerse con una fundamentación exhaustiva, legal, macroeconómica y sobre todo, política.
La realidad fundamental que se soslaya en la referida matriz de opinión es el de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos y los derechos que como propietario, independientemente de su condición de Estado, le corresponden.
Pese a la anómala condición de compañía anónima que se le confirió a PDVSA, sus ejecutivos no son otra cosa que funcionarios públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la política de los propietarios, en la gestión de esa industria. PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en FEDECAMARAS o en Ven Am Cham, es una empresa estatal. Parecería una verdad de perogrullo, pero éste es uno de los principales problemas políticos que se plantean en el país en materia de política petrolera.. Las fidelidades de PDVSA se orientan hoy hacia sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tiene secretos. Por otro lado, recela de los poderes públicos, esconde información a sus legítimos contralores y reniega de su condición estatal. En su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. El más importante foco generador de tendencias privatistas de la industria petrolera nacional se encuentra en sus cúpulas gerenciales.
La política petrolera venezolana debe definirse claramente a nivel Estatal, es decir, debe se establecida con la participación de todos los poderes públicos. La motivación es doble: La primera se refiere a que, en cualquier circunstancia de propiedad sobre los recursos del subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación, claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo, pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.
Esa política petrolera, en tanto que política de los propietarios colectivos, debe ser tambien el producto de una amplia consulta en todos los estamentos de la sociedad. Para ello, debe dársele participación cierta a todas las organizaciones representativas que no lo hacen directamente en los poderes públicos centrales, como la CTV, FEDECAMARAS, gremios profesionales, universidades, corporaciones de desarrollo regional, estados y municipios, sin olvidar, desde luego, a ese poder público no deliberante que son las Fuerzas Armadas. Este también es el camino para hacer cualquier propuesta reivindicadora de los derechos de los propietarios sobre su patrimonio.
En el plano técnico - operativo de esa reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las cuales se fundamenta la "verdad petrolera". se hace necesario, por tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad. de manera de establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.
Pero aun manejando las muy manipuladas cifras actuales, en ellas se pueden encontrar los indicios de una grave situación en cuanto al deterioro de la participción fiscal petrolera.
Ese deterioro tiene tres fuentes fundamentales: La primera de esas fuentes está en el conjunto de disposiciones tendientes a la desgravación impositiva que han sido establecidas, tanto por el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, en los cuatro períodos constitucionales transcurridos desde el momento en que esas actividades fueron reservadas al Estado.
La más grave de esas medidas ha sido, hasta ahora, la eliminación de los Valores de Exportación, mecanismo con el cual el Estado contrrarrestaba las manipulaciones en los costos que disminuían la base impositiva. En las "asociaciones estratégicas", partiendo del Cristóbal Colón, se redujo la tasa aplicable del ISLR del 67,7 al 30%, con garantía de que no habrá vuelta atrás. Hoy en día ya se plantean, en documentos oficiales, propuestas concretas para reducir el pago del impuesto de explotación o regalía en las areas nuevas, aplicando factores de hasta 0,7 al precio de liquidación, para el cálculo del 16 2/3 por ciento, con la excusa de reconocer costos de transporte.
Dentro de esta misma fuente puede ubicarse una variante: la omisión -voluntaria o nó- en las labores de fiscalización y control, la inercia en el tratamiento de situaciones nuevas, etc. Este es, por ejemplo, el caso del cobro del impuesto de explotación entre 1979 y 1986, lapso en el cual los precios de liquidación se dejaron estancados entre 11 y 12 dólares el barril, mientras que los precios de realización subían de 17 a 29 y se mantuvieron por encima de 25 dólares por barril hasta el final del período. (En los tiempos pre-nacionacionalización los precios de liquidación de la regalía superaron siempre a los precios de realización o de referencia)
La segunda fuente de deterioro de la participación fiscal tiene una raigambre más antigua, y se refiere, precisamente, a las prácticas de manipulación de costos en las que dictaron cátedra las antiguas compañías concesionarias.
Tales prácticas son poco perceptibles en los primeros años de funcionamiento de la industria petrolera en manos del Estado, aún cuando se produjeron denuncias puntuales como el exagerado costo de los contratos de asistencia tecnológica, los descuentos de precios establecidos en los contratos de comercialización, los "obscenos" -Gonzalo Barrios dixit- sueldos de los ejecutivos petroleros o los costos imputados a unas supuestas "actividades de producción en la Faja del Orinoco".
A partir de 1991, por el contrario, puede observarse una aceleración en el tendencial crecimiento de los costos. Sería pertinente analizar en detalle este período para determinar la naturaleza de ese extraordinario crecimiento. De manera particular, cabría revisar los resultados de negocios tales como las asociaciones estratégicas en la Faja del Orinoco, la explotación de "campos marginales"que ahora no lo son tanto, la orimulsión y la internacionalización. Los aportes o cargas que generan Carbozulia, Pequiven y Palmaven. ¿Qué ha pasado y que pasará con Sucre Gas y el proyecto Cristóbal Colón?
En la internacionacionalización por ejemplo, se materializa una forma clara y evidente de sacrificio o elusión fiscal, al entregar a las filiales de PDVSA en el estados Unidos cargamentos de petróleo con descuentos de hasta 3 dólares por barril sobre su precio de realización. Más grave aún es el net-back de Ruhr Oel, en el cual se reflejan, en algunos años, descuentos superiores a los 5 dólares por barril.
La tercera fuente de la caída fiscal tiene que ver con el crecimiento real de los costos operativos. Ese crecimiento se genera, fundamentalmente, en la necesidad de revertir la tendencia física de los yacimientos tradicionales a disminuir su capacidad productiva, calculada en 600 mil barriles diarios cada año. Esta tendencia era estimada en 200 mil barriles diarios cada año en la década de los setenta y se ha venido incrementado debido a las políticas de expansión constante de la producción. Precisamente para que esa tendencia no se materialice y peor aún, para generar nueva capacidad potencial, se debe incurrir en costos crecientes de reparación y reacondicionamiento, de generación e inyección de vapor, de perforación de avanzada y desarrollo dentro del area probada, sin mencionar aquí la perforación exploratoria para encontrar nuevas localizaciones.
Como puede observarse, no se trata solamente de la tendencia física. originada por el saqueo que hicieron las concesionarias entre los años 60 y 70, sino también de la voluntad de revertirla. Aquí cabría preguntarse, ¿Hasta cuándo será económicamente factible mantener ese esfuerzo? ¿No serían inferiores esos costos si se trazaran metas de producción cónsonas con el grado de agotamiento de los yacimientos?
En resumen, podría afirmarse que para cada una de estas tres fuentes de deterioro fiscal hay alternativas, pero ellas no son sencillas, ni fáciles de aplicar. Repitiéndonos, la situación conforma un serio problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de consenso en torno a las decisiones que se propondrían.
CMP/Nov. 1995.
miércoles, 30 de diciembre de 2009
Planificación y Apertura Petrolera
Carlos Mendoza Pottellá
Agosto, 1995
Debería ser obvio, en Venezuela, que la planificación económica y financiera nacional incluyera como variable fundamental a su principal industria. Y que, viceversa, la planificación petrolera se insertara dentro del marco de las políticas macroeconómicas establecidas por los poderes públicos.
Sin embargo, en esta materia la desconexión es total. La situación es ampliamente conocida, el rey esta desnudo, pero nadie se atreve siquiera a mencionarlo.
La industria petrolera, atrincherada tras su condición de compañía anónima que maneja asuntos de alta complejidad técnica, ha convertido en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometen el principal patrimonio colectivo de los venezolanos.
Su “planificación corporativa” responde a criterios empresariales de expansión constante del negocio, sin consideración de las prioridades de orden económico y social que puedan establecer las instancias del poder nacional. Aun mas, el ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a la cúpula gerencial y a sus asesores, debido al premeditado desmantelamiento del Ministerio de Energía y Minas, órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.
Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacen a partir de datos sobre cuya génesis no tienen ninguna posibilidad de modificación. Es decir, “planifican” a partir de parámetros que son fijados de manera independiente por los petroleros.
Así, el Gabinete Económico, Hacienda, CORDIPLAN, OCEPRE, las Comisiones de Finanzas y otros órganos ejecutivos y legislativos, planifican a la manera como lo haría un joven con la mesada asignada por su padre: a veces protestando su insuficiencia, pero sin el poder para ir mas allá, a estudiar los factores determinantes de tal nivel de asignación.
La crisis nacional exige a los poderes públicos una asunción plena de sus responsabilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una decisión política de amplias repercusiones, que afectaría a otros poderes constituidos y que seria duramente combatida. Pero el caso lamentable es que en la actualidad el país no cuenta con un liderazgo político capaz de emprender esa tarea.
La ocasión en que se discutieron en el Congreso los términos de la llamada “apertura petrolera” fue propicia para comprender, tanto la urgencia de esa decisión reivindicadora del poder nacional, como el referido vacío dirigente.
En efecto, la campaña ablandadora del lobby petrolero colocó al Congreso Nacional en la situación de tener que aprobar, sin mayores modificaciones, el esquema elaborado por PDVSA y sus asesores externos. Fue permanente el bombardeo informativo sobre la inminencia y urgencia de tal aprobación, mientras que se tendió un manto de silencio sobre las flagrantes debilidades que han sido detectadas en dicho instrumento por calificados estudiosos.
Se acorraló al Congreso, como ya se ha hecho tantas veces y tal como sucedió en la oportunidad en la que se le vendió el ahora fallido Proyecto Cristóbal Colón. Hoy es publico y notorio, reconocido por legisladores que entonces dieron su voto afirmativo, que en aquél instrumento aprobado a la ligera se materializaron una serie de cláusulas lesivas al interés nacional. Entre otras, se destacan aquéllas que consagraron la renuncia a la soberanía impositiva de la Nación.
Ahora bien, si los dirigentes petroleros estatales asumen el papel de albaceas de nuestros potenciales socios y exigen para ellos el otorgamiento de sus máximas aspiraciones. ¿En que posición negociadora quedará el país? ¿Hasta donde llegará el sacrificio fiscal? Por lo pronto, estamos liquidando como pellejo lo que en verdad es lomito. A saber:
Los lotes que se han programado para negociar en la “apertura” constituyen las zonas de mayor prospectividad de crudos livianos en el país. Las mismas cifras de reservas que se dan como factibles de ubicar en cada lote reflejan el trabajo exploratorio previo que se ha realizado en ellos. La estimación mínima inicialmente presentada fue de 7.000 millones de barriles y ahora, en la euforia desatada por la aprobación del esquema aperturista, el Presidente de PDVSA anunció que se podría llegar hasta 45.000 millones , cifra esta última que triplica a las actuales reservas totales de crudos livianos y medianos del país.
Considerando que tales reservas se encontrarán en sólo 18.000 kilómetros cuadrados, es evidente que los lotes que se licitarán no son, como se pretende, áreas de “alto riesgo” y que, por el contrario, el país debe exigir ventajas especiales a los licitantes por poner a su disposición esos mangos bajitos.
El Congreso Nacional debió asumir su condición de depositario de la voluntad popular y hacerla valer frente a las presiones del lobby petrolero, poniendo por delante los intereses permanentes de la Nación venezolana, que son los de sus grandes mayorías y no la de los poderosos aliados internos del capital petrolero internacional, quienes monopolizan los espacios de los medios de comunicación, y fabrican una “opinión publica” favorable a sus emprendimientos.
Pero ello no fue así. La verdad petrolera, aliada en esta oportunidad al realismo político, se impuso nuevamente: En general, hubo consenso parlamentario para aprobar la apertura propuesta. Los mas críticos, quienes al final salvaron su voto, pero que antes contribuyeron a crear la atmósfera consensual, solo alcanzaron a pedir que el instrumento escogido no fuera tan entreguista como el propuesto y ensayaron diversas fórmulas para garantizar “el control” en las asociaciones que se constituirían. Soñaban con una “apertura blindada”, según la imposible síntesis conceptual propuesta por Teodoro Petkoff, quien olvidó que los blindajes fueron inventados para cerrar, no para abrir.
Carlos Mendoza Pottellá
Carlos Mendoza Pottellá
Agosto, 1995
Debería ser obvio, en Venezuela, que la planificación económica y financiera nacional incluyera como variable fundamental a su principal industria. Y que, viceversa, la planificación petrolera se insertara dentro del marco de las políticas macroeconómicas establecidas por los poderes públicos.
Sin embargo, en esta materia la desconexión es total. La situación es ampliamente conocida, el rey esta desnudo, pero nadie se atreve siquiera a mencionarlo.
La industria petrolera, atrincherada tras su condición de compañía anónima que maneja asuntos de alta complejidad técnica, ha convertido en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometen el principal patrimonio colectivo de los venezolanos.
Su “planificación corporativa” responde a criterios empresariales de expansión constante del negocio, sin consideración de las prioridades de orden económico y social que puedan establecer las instancias del poder nacional. Aun mas, el ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a la cúpula gerencial y a sus asesores, debido al premeditado desmantelamiento del Ministerio de Energía y Minas, órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.
Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacen a partir de datos sobre cuya génesis no tienen ninguna posibilidad de modificación. Es decir, “planifican” a partir de parámetros que son fijados de manera independiente por los petroleros.
Así, el Gabinete Económico, Hacienda, CORDIPLAN, OCEPRE, las Comisiones de Finanzas y otros órganos ejecutivos y legislativos, planifican a la manera como lo haría un joven con la mesada asignada por su padre: a veces protestando su insuficiencia, pero sin el poder para ir mas allá, a estudiar los factores determinantes de tal nivel de asignación.
La crisis nacional exige a los poderes públicos una asunción plena de sus responsabilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una decisión política de amplias repercusiones, que afectaría a otros poderes constituidos y que seria duramente combatida. Pero el caso lamentable es que en la actualidad el país no cuenta con un liderazgo político capaz de emprender esa tarea.
La ocasión en que se discutieron en el Congreso los términos de la llamada “apertura petrolera” fue propicia para comprender, tanto la urgencia de esa decisión reivindicadora del poder nacional, como el referido vacío dirigente.
En efecto, la campaña ablandadora del lobby petrolero colocó al Congreso Nacional en la situación de tener que aprobar, sin mayores modificaciones, el esquema elaborado por PDVSA y sus asesores externos. Fue permanente el bombardeo informativo sobre la inminencia y urgencia de tal aprobación, mientras que se tendió un manto de silencio sobre las flagrantes debilidades que han sido detectadas en dicho instrumento por calificados estudiosos.
Se acorraló al Congreso, como ya se ha hecho tantas veces y tal como sucedió en la oportunidad en la que se le vendió el ahora fallido Proyecto Cristóbal Colón. Hoy es publico y notorio, reconocido por legisladores que entonces dieron su voto afirmativo, que en aquél instrumento aprobado a la ligera se materializaron una serie de cláusulas lesivas al interés nacional. Entre otras, se destacan aquéllas que consagraron la renuncia a la soberanía impositiva de la Nación.
Ahora bien, si los dirigentes petroleros estatales asumen el papel de albaceas de nuestros potenciales socios y exigen para ellos el otorgamiento de sus máximas aspiraciones. ¿En que posición negociadora quedará el país? ¿Hasta donde llegará el sacrificio fiscal? Por lo pronto, estamos liquidando como pellejo lo que en verdad es lomito. A saber:
Los lotes que se han programado para negociar en la “apertura” constituyen las zonas de mayor prospectividad de crudos livianos en el país. Las mismas cifras de reservas que se dan como factibles de ubicar en cada lote reflejan el trabajo exploratorio previo que se ha realizado en ellos. La estimación mínima inicialmente presentada fue de 7.000 millones de barriles y ahora, en la euforia desatada por la aprobación del esquema aperturista, el Presidente de PDVSA anunció que se podría llegar hasta 45.000 millones , cifra esta última que triplica a las actuales reservas totales de crudos livianos y medianos del país.
Considerando que tales reservas se encontrarán en sólo 18.000 kilómetros cuadrados, es evidente que los lotes que se licitarán no son, como se pretende, áreas de “alto riesgo” y que, por el contrario, el país debe exigir ventajas especiales a los licitantes por poner a su disposición esos mangos bajitos.
El Congreso Nacional debió asumir su condición de depositario de la voluntad popular y hacerla valer frente a las presiones del lobby petrolero, poniendo por delante los intereses permanentes de la Nación venezolana, que son los de sus grandes mayorías y no la de los poderosos aliados internos del capital petrolero internacional, quienes monopolizan los espacios de los medios de comunicación, y fabrican una “opinión publica” favorable a sus emprendimientos.
Pero ello no fue así. La verdad petrolera, aliada en esta oportunidad al realismo político, se impuso nuevamente: En general, hubo consenso parlamentario para aprobar la apertura propuesta. Los mas críticos, quienes al final salvaron su voto, pero que antes contribuyeron a crear la atmósfera consensual, solo alcanzaron a pedir que el instrumento escogido no fuera tan entreguista como el propuesto y ensayaron diversas fórmulas para garantizar “el control” en las asociaciones que se constituirían. Soñaban con una “apertura blindada”, según la imposible síntesis conceptual propuesta por Teodoro Petkoff, quien olvidó que los blindajes fueron inventados para cerrar, no para abrir.
Carlos Mendoza Pottellá
Petróleo, Actualidad y Desconcierto
Carlos Mendoza Pottellá - Octubre 1994
"Es indispensable aguzar todos los sentidos para escudriñar la verdad entre la madeja de predicciones y escenarios paraísos e infiernos, que elaboran los distintos grupos de interés que pululan en torno al petróleo". Hace dos año hice esta afirmación en un trabajo presentado para fines académicos.
Recientemente, revisando la información petrolera nacional que se estaba produciendo en ese mismo momento, me fue posible construir con ella un panorama en el cual encajaba completamente el planteamiento de entonces.
Pruebas al canto:
"Bitúmenes del Orinoco ha identificado en Latinoamérica un mercado potencial para colocar dos millones de toneladas métricas anuales de Orimulsión para finales de siglo."
Omar Guaregua, "El Globo", 24 de julio de 1994, pág. 13.
"El año pasado, Citgo vendió cinco mil millones de galones de gasolina. Ahora cuenta con su propia marca en 12.500 estaciones de gasolina en Estados Unidos, o sea, más que cualquiera otra compañía, incluido el gigante Exxon."
The Wall Street Journal Americas, "El Nacional", 30 de agosto de 1994, pág. 6/Economía.
"¿Por qué no será ya tan indispensable el petróleo del Golfo en la eventualidad futura que analizamos? La respuesta es: porque ahora existe Venezuela"
Rubens de Moraes, "El Globo", 30 de agosto de 1994, pág. 25.
"...los trabajadores de PDVSA no son los responsables de no haber administrado adecuadamente la riqueza petrolera sino quienes han estado al frente del Estado en la época del desenfreno..."
Rafael Caldera, El Nacional, 3 de septiembre de 1994, pág. D-2.
"Nunca se pudo constatar que el Proyecto Cristóbal Colón era rentable con los actuales precios en los EE. UU."
Alvaro Silva Calderón, "El Globo", 3 de septiembre de 1994, pág. 18.
"La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados propondrá al Ejecutivo Nacional reducir la regalía petrolera de 16 2/3 por ciento a diez por ciento, como una alternativa para evitar el aumento directo de los precios de la gasolina en el mercado interno"
Omar Guaregua, "El Globo", 3 de septiembre de 1994, pág. 16.
"Petróleos de Venezuela debe adaptar sus planes de apertura al capital privado al ritmo actual de la economía venezolana, ya que de lo contrario se generaría un "recalentamiento" del sistema, lo cual es inconveniente desde todo punto de vista".
Gustavo Roosen, "El Globo", 6 de septiembre de 1994.
"Como método de análisis nos referimos al caso propuesto de repartir el 50% de las acciones de PDVSA entre los 10 millones de venezolanos mayores de 16 años."
Francisco Monaldi, ¿Quiénes son los dueños de PDVSA? El Diario de Caracas, 17 de septiembre de 1994, pág. 3.
"Más beneficioso sería para el presupuesto nacional suprimir la mayor parte de la burocracia estéril de PDVSA. Facilmente se podrían conseguir más de cien mil millones de bolívares en el primer año por este concepto."
Leopoldo Díaz Bruzual, "El Globo", 17 de septiembre de 1994, pág. 11.
"PDVSA se ha convertido en un Estado dentro del Estado. ...PDVSA está ampliando sus programas de exploración cuando el resto del mundo petrolero ha estado recortando gastos... En PDVSA, igual que en el Estado, ya hay una burocracia inútil e ineficaz que se dá el postín de tratar al público como súbditos. ...PDVSA es intocable. Ella es juez y parte en sus propios asuntos y no admite fiscalización externa. Nadie la puede fiscalizar ni criticar, nadie puede con su fuerza social y política
Carlos Ramírez Faría, "El Globo", 23 de septiembre de 1994, pág. 5.
"A lo que nos queremos referir es a la necesidad de negociar mucho mayor cantidad de hidrocarburos y otros recursos naturales a futuro para arbitrarnos mayores recursos destinados a cancelar la deuda externa, pues las cuotas de amortización de la misma, de alrededor de $ 4.000 millones anuales impedirían dicho objetivo, aunque signifique abandonar el cartel, por cuanto no puede aceptarse que nada ni nadie se anteponga al interés nacional."
Juan Miguel Senior, La Deuda Externa, la Opep y el Plan Corrales,
"El Globo", 24 de septiembre de 1994, pág. 20.
En algunas de estas afirmaciones encontramos, con destellos de una realidad desapacible, las voces críticas que se desgarran ante un auditorio de sordos. Tales los casos de Alvaro Silva Calderón, Leopoldo Díaz Bruzual, Carlos Ramírez Faría y ¿quién lo diría?... Gustavo Roosen.
Aparte de valorar lo expresado por estas personalidades como aportes a la discusión más importante que tiene planteada el país en materia económica -dada la magnitud de los recursos envueltos y la complejidad de las decisiones que hay que tomar- no voy entrar a discutir sus respectivas posiciones.
Por considerar que tal empresa merece un espacio mayor que el de una crónica volandera, me limito a llamar la atención de la opinión pública sobre la existencia de esos temas, sobre la necesidad de una consideración abierta y profunda de los mismos.
Sin embargo, y como suele suceder, son aquéllas afirmaciones que más nos chocan las que llaman la atención. En mi caso particular y en esta oportunidad, con el debido respeto hacia quienes las emiten, quiero cazar pelea con algunas de ellas. Al grano:
Como si no fuera suficiente el sacrifico fiscal continuo que se ha materializado en cada uno de los últimos 18 años, el Presidente de la Comisión de Energía y Minas de Diputados propone reducir la Regalía petrolera. La exagerada presión fiscal sobre la industria petrolera es el más persistente de los mitos petroleros en Venezuela. No hay hueco fiscal ni presupuestario que haga voltear la mirada hacia las cuentas de costos abultados e inversiones inviables de la industria petrolera. Y las propuestas con más "punch" y entrada en los medios de comunicación son aquellas que tienden hacia sucesivos recortes de la participación fiscal, el verdadero ingreso neto de la Nación en materia petrolera.
¿50% de las acciones de PDVSA entre los 10 millones de venezolanos mayores de 16 años? Sería la abusiva apropiación privada -por una generación que ya ha malgastado la mayoría de esos recursos- del patrimonio colectivo de todos los venezolanos, incluídos aquéllos que todavía no han nacido. Repartido ese 50% entre esos 10 millones y en las condiciones de capitalismo salvaje predominantes en este país, en pocos meses serían sólo algunas grandes corporaciones industriales y financieras las que comenzarían a tener voz cantante en el negocio y a imponer sus particulares condiciones.
¿Salirnos de la OPEP y vender mayores cantidades de petróleo a futuro? Otro mito petrolero convertido en verdad a fuerza de palangre. De los famosos 63 mil millones de barriles de reservas "probadas", 32 mil millones son bitúmenes que a las tasas de producción actuales nos durarán unos 2.700 años. Venezuela no puede hoy producir ni una gota más de los petróleos livianos y medianos que exige el mercado. A los niveles de producción registrados en los últimos años nos quedan menos de 20 años de esas reservas. Los costos de mejoramiento de bitúmenes todavía no son lo suficientemente bajos como para hacer muy atractiva la operación.
La Orimulsión es un negocio de limitadas proporciones, altos costos y bajos precios, que hasta ahora sólo ha generado a la Nación el desembolso de casi 1000 millones de dólares en inversión y una pérdida de más de 80 millones en los últimos cuatro años. Estos resultados "preoperacionales", según el eufemismo de PDVSA, nos mantendrán esperando, por más de una década, los rendimientos positivos extraordinarios que harían posible recuperar los montos comprometidos en la aventura: más de 4.000 millones de dólares en gastos e inversiones hasta 1997... La posibilidad de colocar millones de toneladas métricas hacia finales de siglo a que hace referencia BITOR , en la nota citada de Omar Guaregua, se calcula, precisamente, sobre el presupuesto de ofrecer precios inferiores a los del carbón y con márgenes teóricos de rendimiento que no se han materializado hasta ahora.
Los cinco mil millones de galones de gasolina vendidos por Citgo en sus 12.500 estaciones deben compararse con el resultado neto para la Nación de esas actividades: 162 millones de dólares, el 1,78% de las ventas netas (El Globo, 3 de agosto de 1994, pág. 18) Otra razón para pedir cuentas petroleras claras. Hasta ahora, y desde 1989 cuando se comenzó a plantear la desproporción de esas cifras, no se han recibido explicaciones sobre las mismas. ¿Cuándo la "opinión pública" de este país considerará de su interés una inversión estatal de 4.000 millones de dólares y con un rendimiento promedio de 4% sobre tales activos?
Con todo el respeto a su alta investidura, debemos decir al Ciudadano Presidente de la República que cuando una explicación no es solicitada, resulta siempre comprometedor el intento de darla. Concordamos con el Presidente en cuanto a que "los trabajadores de PDVSA" no son responsables de la mala administración de la riqueza petrolera. Ello no era necesario decirlo. En las filas técnicas de nuestra industria está una digna representación de los venezolanos más capaces.
Pero otro es el caso de los ejecutivos en función política, aquéllos que, en tanto que planificadores y estrategas, han tomado las decisiones trascendentales en cuanto a embarcar a la industria en megaproyectos inviables con tal de acrecentar su poder. Esos sí son responsables de la sangría fiscal, producto de una explosión no justificada de costos y proyectos. Son responsables del mantenimiento de una estructura burocrática de altísimo costo y ninguna necesidad. Son responsables de la proliferación de campañas para anteponer la "visión corporativa" a la de los poderes públicos en materia de política petrolera y económica en general. Son responsables de diseñar escenarios políticos en los cuales la alternativa Caldera era denominada "Democracia Ineficiente" y la alternativa Muñoz León "Dictadura Ilustrada", ofreciendo ésta última el mejor de los mundos posibles para el desarrollo de la industria y el posterior surgimiento de una "nueva democracia".
Por ello, insistimos, una cosa son los técnicos de la industria y otra sus políticos, la cúpula gerencial con pretensiones antiestatales y visión privatizante orientada más hacia el "negocio" que a las conveniencias nacionales.
Todo lo anterior me hace volver al primer párrafo para insistir en que, en cuanto a la industria petrolera y su destino, la imagen que conforman el conjunto de las opiniones que muestran los medios de comunicación es aquélla de un universo de desconcierto, desinformación, e indefiniciones en la materia. Tal es el escenario perfecto para los grandes pescadores en río revuelto.
Y en verdad, no hay razón para ello. Si nos disponemos, en Venezuela podremos tener una gran claridad en cuanto a las verdaderas conveniencias nacionales. Sólo hace falta la voluntad política que decida abrir el velo del secreto petrolero y exponer la realidad descarnada de nuestra industria, sin creativos adornando la "imagen corporativa".
Carlos Mendoza Pottellá - Octubre 1994
"Es indispensable aguzar todos los sentidos para escudriñar la verdad entre la madeja de predicciones y escenarios paraísos e infiernos, que elaboran los distintos grupos de interés que pululan en torno al petróleo". Hace dos año hice esta afirmación en un trabajo presentado para fines académicos.
Recientemente, revisando la información petrolera nacional que se estaba produciendo en ese mismo momento, me fue posible construir con ella un panorama en el cual encajaba completamente el planteamiento de entonces.
Pruebas al canto:
"Bitúmenes del Orinoco ha identificado en Latinoamérica un mercado potencial para colocar dos millones de toneladas métricas anuales de Orimulsión para finales de siglo."
Omar Guaregua, "El Globo", 24 de julio de 1994, pág. 13.
"El año pasado, Citgo vendió cinco mil millones de galones de gasolina. Ahora cuenta con su propia marca en 12.500 estaciones de gasolina en Estados Unidos, o sea, más que cualquiera otra compañía, incluido el gigante Exxon."
The Wall Street Journal Americas, "El Nacional", 30 de agosto de 1994, pág. 6/Economía.
"¿Por qué no será ya tan indispensable el petróleo del Golfo en la eventualidad futura que analizamos? La respuesta es: porque ahora existe Venezuela"
Rubens de Moraes, "El Globo", 30 de agosto de 1994, pág. 25.
"...los trabajadores de PDVSA no son los responsables de no haber administrado adecuadamente la riqueza petrolera sino quienes han estado al frente del Estado en la época del desenfreno..."
Rafael Caldera, El Nacional, 3 de septiembre de 1994, pág. D-2.
"Nunca se pudo constatar que el Proyecto Cristóbal Colón era rentable con los actuales precios en los EE. UU."
Alvaro Silva Calderón, "El Globo", 3 de septiembre de 1994, pág. 18.
"La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados propondrá al Ejecutivo Nacional reducir la regalía petrolera de 16 2/3 por ciento a diez por ciento, como una alternativa para evitar el aumento directo de los precios de la gasolina en el mercado interno"
Omar Guaregua, "El Globo", 3 de septiembre de 1994, pág. 16.
"Petróleos de Venezuela debe adaptar sus planes de apertura al capital privado al ritmo actual de la economía venezolana, ya que de lo contrario se generaría un "recalentamiento" del sistema, lo cual es inconveniente desde todo punto de vista".
Gustavo Roosen, "El Globo", 6 de septiembre de 1994.
"Como método de análisis nos referimos al caso propuesto de repartir el 50% de las acciones de PDVSA entre los 10 millones de venezolanos mayores de 16 años."
Francisco Monaldi, ¿Quiénes son los dueños de PDVSA? El Diario de Caracas, 17 de septiembre de 1994, pág. 3.
"Más beneficioso sería para el presupuesto nacional suprimir la mayor parte de la burocracia estéril de PDVSA. Facilmente se podrían conseguir más de cien mil millones de bolívares en el primer año por este concepto."
Leopoldo Díaz Bruzual, "El Globo", 17 de septiembre de 1994, pág. 11.
"PDVSA se ha convertido en un Estado dentro del Estado. ...PDVSA está ampliando sus programas de exploración cuando el resto del mundo petrolero ha estado recortando gastos... En PDVSA, igual que en el Estado, ya hay una burocracia inútil e ineficaz que se dá el postín de tratar al público como súbditos. ...PDVSA es intocable. Ella es juez y parte en sus propios asuntos y no admite fiscalización externa. Nadie la puede fiscalizar ni criticar, nadie puede con su fuerza social y política
Carlos Ramírez Faría, "El Globo", 23 de septiembre de 1994, pág. 5.
"A lo que nos queremos referir es a la necesidad de negociar mucho mayor cantidad de hidrocarburos y otros recursos naturales a futuro para arbitrarnos mayores recursos destinados a cancelar la deuda externa, pues las cuotas de amortización de la misma, de alrededor de $ 4.000 millones anuales impedirían dicho objetivo, aunque signifique abandonar el cartel, por cuanto no puede aceptarse que nada ni nadie se anteponga al interés nacional."
Juan Miguel Senior, La Deuda Externa, la Opep y el Plan Corrales,
"El Globo", 24 de septiembre de 1994, pág. 20.
En algunas de estas afirmaciones encontramos, con destellos de una realidad desapacible, las voces críticas que se desgarran ante un auditorio de sordos. Tales los casos de Alvaro Silva Calderón, Leopoldo Díaz Bruzual, Carlos Ramírez Faría y ¿quién lo diría?... Gustavo Roosen.
Aparte de valorar lo expresado por estas personalidades como aportes a la discusión más importante que tiene planteada el país en materia económica -dada la magnitud de los recursos envueltos y la complejidad de las decisiones que hay que tomar- no voy entrar a discutir sus respectivas posiciones.
Por considerar que tal empresa merece un espacio mayor que el de una crónica volandera, me limito a llamar la atención de la opinión pública sobre la existencia de esos temas, sobre la necesidad de una consideración abierta y profunda de los mismos.
Sin embargo, y como suele suceder, son aquéllas afirmaciones que más nos chocan las que llaman la atención. En mi caso particular y en esta oportunidad, con el debido respeto hacia quienes las emiten, quiero cazar pelea con algunas de ellas. Al grano:
Como si no fuera suficiente el sacrifico fiscal continuo que se ha materializado en cada uno de los últimos 18 años, el Presidente de la Comisión de Energía y Minas de Diputados propone reducir la Regalía petrolera. La exagerada presión fiscal sobre la industria petrolera es el más persistente de los mitos petroleros en Venezuela. No hay hueco fiscal ni presupuestario que haga voltear la mirada hacia las cuentas de costos abultados e inversiones inviables de la industria petrolera. Y las propuestas con más "punch" y entrada en los medios de comunicación son aquellas que tienden hacia sucesivos recortes de la participación fiscal, el verdadero ingreso neto de la Nación en materia petrolera.
¿50% de las acciones de PDVSA entre los 10 millones de venezolanos mayores de 16 años? Sería la abusiva apropiación privada -por una generación que ya ha malgastado la mayoría de esos recursos- del patrimonio colectivo de todos los venezolanos, incluídos aquéllos que todavía no han nacido. Repartido ese 50% entre esos 10 millones y en las condiciones de capitalismo salvaje predominantes en este país, en pocos meses serían sólo algunas grandes corporaciones industriales y financieras las que comenzarían a tener voz cantante en el negocio y a imponer sus particulares condiciones.
¿Salirnos de la OPEP y vender mayores cantidades de petróleo a futuro? Otro mito petrolero convertido en verdad a fuerza de palangre. De los famosos 63 mil millones de barriles de reservas "probadas", 32 mil millones son bitúmenes que a las tasas de producción actuales nos durarán unos 2.700 años. Venezuela no puede hoy producir ni una gota más de los petróleos livianos y medianos que exige el mercado. A los niveles de producción registrados en los últimos años nos quedan menos de 20 años de esas reservas. Los costos de mejoramiento de bitúmenes todavía no son lo suficientemente bajos como para hacer muy atractiva la operación.
La Orimulsión es un negocio de limitadas proporciones, altos costos y bajos precios, que hasta ahora sólo ha generado a la Nación el desembolso de casi 1000 millones de dólares en inversión y una pérdida de más de 80 millones en los últimos cuatro años. Estos resultados "preoperacionales", según el eufemismo de PDVSA, nos mantendrán esperando, por más de una década, los rendimientos positivos extraordinarios que harían posible recuperar los montos comprometidos en la aventura: más de 4.000 millones de dólares en gastos e inversiones hasta 1997... La posibilidad de colocar millones de toneladas métricas hacia finales de siglo a que hace referencia BITOR , en la nota citada de Omar Guaregua, se calcula, precisamente, sobre el presupuesto de ofrecer precios inferiores a los del carbón y con márgenes teóricos de rendimiento que no se han materializado hasta ahora.
Los cinco mil millones de galones de gasolina vendidos por Citgo en sus 12.500 estaciones deben compararse con el resultado neto para la Nación de esas actividades: 162 millones de dólares, el 1,78% de las ventas netas (El Globo, 3 de agosto de 1994, pág. 18) Otra razón para pedir cuentas petroleras claras. Hasta ahora, y desde 1989 cuando se comenzó a plantear la desproporción de esas cifras, no se han recibido explicaciones sobre las mismas. ¿Cuándo la "opinión pública" de este país considerará de su interés una inversión estatal de 4.000 millones de dólares y con un rendimiento promedio de 4% sobre tales activos?
Con todo el respeto a su alta investidura, debemos decir al Ciudadano Presidente de la República que cuando una explicación no es solicitada, resulta siempre comprometedor el intento de darla. Concordamos con el Presidente en cuanto a que "los trabajadores de PDVSA" no son responsables de la mala administración de la riqueza petrolera. Ello no era necesario decirlo. En las filas técnicas de nuestra industria está una digna representación de los venezolanos más capaces.
Pero otro es el caso de los ejecutivos en función política, aquéllos que, en tanto que planificadores y estrategas, han tomado las decisiones trascendentales en cuanto a embarcar a la industria en megaproyectos inviables con tal de acrecentar su poder. Esos sí son responsables de la sangría fiscal, producto de una explosión no justificada de costos y proyectos. Son responsables del mantenimiento de una estructura burocrática de altísimo costo y ninguna necesidad. Son responsables de la proliferación de campañas para anteponer la "visión corporativa" a la de los poderes públicos en materia de política petrolera y económica en general. Son responsables de diseñar escenarios políticos en los cuales la alternativa Caldera era denominada "Democracia Ineficiente" y la alternativa Muñoz León "Dictadura Ilustrada", ofreciendo ésta última el mejor de los mundos posibles para el desarrollo de la industria y el posterior surgimiento de una "nueva democracia".
Por ello, insistimos, una cosa son los técnicos de la industria y otra sus políticos, la cúpula gerencial con pretensiones antiestatales y visión privatizante orientada más hacia el "negocio" que a las conveniencias nacionales.
Todo lo anterior me hace volver al primer párrafo para insistir en que, en cuanto a la industria petrolera y su destino, la imagen que conforman el conjunto de las opiniones que muestran los medios de comunicación es aquélla de un universo de desconcierto, desinformación, e indefiniciones en la materia. Tal es el escenario perfecto para los grandes pescadores en río revuelto.
Y en verdad, no hay razón para ello. Si nos disponemos, en Venezuela podremos tener una gran claridad en cuanto a las verdaderas conveniencias nacionales. Sólo hace falta la voluntad política que decida abrir el velo del secreto petrolero y exponer la realidad descarnada de nuestra industria, sin creativos adornando la "imagen corporativa".
Realidad Nacional Versus Mitología Neoliberal
Carlos Mendoza Pottellá 1994
Los seres humanos hemos desarrollado diversas maneras de enfrentar las realidades avasallantes, aquéllas que escapan a nuestras posibilidades de modificación o manipulación: O las aceptamos y aprendemos a vivir con ellas, o las rechazamos y pretendemos su inexistencia, imaginando mundos maravillosos donde tales ingratitudes no existan.
Así pasa con la Ley de la Gravedad: Conocidas las limitaciones que ella impone, muchos han tratado, desde los tiempos de Icaro, de despegarse del suelo. Pirámides, ascensores, globos, helicópteros, cohetes y trasbordadores espaciales, son algunos de los testimonios de esa milenaria pretensión. Otros, simplemente han preferido imaginar intervenciones divinas y fórmulas mágicas. Angeles alados y brujas en escobas, Peter Pan y Superman. Quienes han pretendido estar dotados de tales fórmulas han terminado estrellados.
Algo parecido sucede en Venezuela respecto a las peculiaridades impuestas a nuestra sociedad por la disposición de una inmensa riqueza natural. Para comprobar esa similitud debo recordar primero algunos lugares comunes:
Circunstancias centenarias -vinculadas a nuestro origen colonial y a las previsiones bolivarianas- determinaron que esa riqueza, el petróleo, quedara reservada a la propiedad estatal. Ello da origen a la percepción generalizada según la cual los hidrocarburos constituyen patrimonio colectivo de todos los venezolanos. La historia, sin embargo, ha sido un tanto distinta.
Desde los inicios de la explotación petrolera en el país, el Estado, perceptor único de la renta derivada de esa actividad, se conviritió en supremo dispensador de riqueza, privatizando de manera inequitativa los resultados de la liquidación del patrimonio público. Los vínculos privilegiados con el Estado, vía contratos, créditos, exoneraciones y estímulos, han sido la fuente de la acumulación originaria de los sectores dominantes en Venezuela. Escárbese a cualquier grupo industrial, financiero o comercial venezolano y, sin profundizar mucho, podrá constatarse este aserto.
Es pertinente aclarar que no se trata de condenar el origen público de las riquezas privadas. En fin de cuentas, así funciona el capitalismo, y no podía ser de otra manera en la Venezuela de los años 20 ó 50... Y mucho menos se puede pretender en los 90, cuando colapsa el "socialismo real" y las consignas solidarias se apagan frente al escepticismo y pragmatismo generalizados..
De tal manera que, apartando los innumerables casos de peculado y corrupción, fue y sigue siendo legítimo contratar lucrativamente con el Estado, obtener créditos blandos, exoneraciones impositivas, estímulos a la producción y exportación de productos no tradicionales, beneficiarse de becas, subsidios y otras formas de transferencia unilateral. Otra cara de la moneda sería la evaluación de la equidad, imparcialidad y universalidad con la cual se ha materializado ese aprovechamiento de la renta petrolera.
Pero de lo que si se trata es de llamar la atención sobre una realidad que los extremistas de la moda neoliberal tratan de eludir: El Estado venezolano juega un papel determinante en la economía nacional, no por el imperio de alguna ideología estatizante o socializante, o por alguna pretensión de "omnipotencia", sino por su soberanía sobre la principal -por muchos años casi única- riqueza del país. (Aparte de las empresas que se integran al Sector Público por la vía de las quiebras declaradas por sus propietarios privados originales, quienes, en la mayoría de los casos, desviaron fondos públicos y de sus clientes hacia sus arcas particulares y con sus fiascos convirtieron al Estado venezolano en banquero comercial, hotelero, industrial azucarero, fabricante de cementos y hasta alfarero)
En el caso venezolano, postular la no intervención del Estado en la economía es, precisamente, ir contra las leyes del mercado, pues se trata de anular la participación del principal agente del mercado nacional, concurrente mayoritario, tanto del lado de la oferta como del de la demanda..
La conciencia de esa circunstancia es evidente en algunos colegas economistas, quienes, para ser coherentes con sus concepciones, proponen resolver la contradicción llevando las cosas hasta sus últimas consecuencias: No basta con la renta petrolera, hay que privatizar también a la industria petrolera.
A mi manera de ver se quedan cortos porque, para anular efectivamente la participación activa del Estado, la privatización tendría que llegar hasta la propiedad de los yacimientos, con lo cual sus propuestas adquirirían un rango constitucional.
Ahora bien, es posible que una reforma constitucional neoliberal logre despojarnos de la vana ilusión de ser dueños colectivos de semejante riqueza, pero, por lo pronto y a mediano plazo, no parece haber ambiente para el advenimiento de esas condiciones ideales para el funcionamiento del modelo de libre mercado.
Y así, poniendo por caso la actual discusión sobre la legitimidad de las medidas de control de cambios adoptadas por el Ejecutivo, quienes se rasgan las vestiduras clamando en contra del retorno del intervencionismo estatal olvidan el contexto descrito y el hecho de que el Sector Público es el generador directo -fundamentalmente a través de la exportación del petróleo y sus derivados- de más del 80 por ciento de los ingresos externos corrientes (Antes lo había sido de porcentajes mayores, pero la caída de los precios del petróleo, más que el crecimiento de las otras fuentes, lo redujo a tal nivel)
En otras palabras, el Estado ha sido y es el oferente mayoritario de dólares en el mercado nacional. Ah, pero en nombre de la libertad del mercado, nuestros sesudos neoliberales le exigen que se comporte como concurrente minoritario, dejando que el precio -tipo de cambio- sea establecido por la oferta marginal y una demanda monopsonista y especulativa creada, no por los requerimientos de la actividad económica normal del país, sino por el desbarajuste fraudulento del sector financiero privado que dio lugar a los billonarios "auxilios" del -ahora sí bienamado- padrecito Estado.
Pero, si además de las transacciones internacionales, recordamos los conocidos indicadores sobre la condición histórica del Estado venezolano como generador directo de un tercio del PIB nacional y de más 60% sus propios ingresos fiscales , podemos comprender la magnitud del despropósito de las propuestas de dejar que sean las actualmente escuálidas fuerzas del mercado ajenas al sector público las que determinen hoy el sistema de precios a través del cual se produciría, supuestamente, una asignación más eficiente de los recursos generados en la economía nacional.
Con el énfasis en la actualidad de las circunstancias descritas quiero reiterar que no descarto un cambio de las mismas por la vía de las privatizaciones, pero a mi entender, hasta entonces, el poder del mercado estará en manos del Estado. Y éste deberá ejercer ese poder tomando decisiones económicas que, indudablemente, determinarán el destino de los demás concurrentes, tal como lo hacen los monopolios y oligolpolios empresariales en cualquier mercado capitalista de competencia monopolística, es decir, en todos los mercados de nuestros tiempos.
CMP 1994
Carlos Mendoza Pottellá 1994
Los seres humanos hemos desarrollado diversas maneras de enfrentar las realidades avasallantes, aquéllas que escapan a nuestras posibilidades de modificación o manipulación: O las aceptamos y aprendemos a vivir con ellas, o las rechazamos y pretendemos su inexistencia, imaginando mundos maravillosos donde tales ingratitudes no existan.
Así pasa con la Ley de la Gravedad: Conocidas las limitaciones que ella impone, muchos han tratado, desde los tiempos de Icaro, de despegarse del suelo. Pirámides, ascensores, globos, helicópteros, cohetes y trasbordadores espaciales, son algunos de los testimonios de esa milenaria pretensión. Otros, simplemente han preferido imaginar intervenciones divinas y fórmulas mágicas. Angeles alados y brujas en escobas, Peter Pan y Superman. Quienes han pretendido estar dotados de tales fórmulas han terminado estrellados.
Algo parecido sucede en Venezuela respecto a las peculiaridades impuestas a nuestra sociedad por la disposición de una inmensa riqueza natural. Para comprobar esa similitud debo recordar primero algunos lugares comunes:
Circunstancias centenarias -vinculadas a nuestro origen colonial y a las previsiones bolivarianas- determinaron que esa riqueza, el petróleo, quedara reservada a la propiedad estatal. Ello da origen a la percepción generalizada según la cual los hidrocarburos constituyen patrimonio colectivo de todos los venezolanos. La historia, sin embargo, ha sido un tanto distinta.
Desde los inicios de la explotación petrolera en el país, el Estado, perceptor único de la renta derivada de esa actividad, se conviritió en supremo dispensador de riqueza, privatizando de manera inequitativa los resultados de la liquidación del patrimonio público. Los vínculos privilegiados con el Estado, vía contratos, créditos, exoneraciones y estímulos, han sido la fuente de la acumulación originaria de los sectores dominantes en Venezuela. Escárbese a cualquier grupo industrial, financiero o comercial venezolano y, sin profundizar mucho, podrá constatarse este aserto.
Es pertinente aclarar que no se trata de condenar el origen público de las riquezas privadas. En fin de cuentas, así funciona el capitalismo, y no podía ser de otra manera en la Venezuela de los años 20 ó 50... Y mucho menos se puede pretender en los 90, cuando colapsa el "socialismo real" y las consignas solidarias se apagan frente al escepticismo y pragmatismo generalizados..
De tal manera que, apartando los innumerables casos de peculado y corrupción, fue y sigue siendo legítimo contratar lucrativamente con el Estado, obtener créditos blandos, exoneraciones impositivas, estímulos a la producción y exportación de productos no tradicionales, beneficiarse de becas, subsidios y otras formas de transferencia unilateral. Otra cara de la moneda sería la evaluación de la equidad, imparcialidad y universalidad con la cual se ha materializado ese aprovechamiento de la renta petrolera.
Pero de lo que si se trata es de llamar la atención sobre una realidad que los extremistas de la moda neoliberal tratan de eludir: El Estado venezolano juega un papel determinante en la economía nacional, no por el imperio de alguna ideología estatizante o socializante, o por alguna pretensión de "omnipotencia", sino por su soberanía sobre la principal -por muchos años casi única- riqueza del país. (Aparte de las empresas que se integran al Sector Público por la vía de las quiebras declaradas por sus propietarios privados originales, quienes, en la mayoría de los casos, desviaron fondos públicos y de sus clientes hacia sus arcas particulares y con sus fiascos convirtieron al Estado venezolano en banquero comercial, hotelero, industrial azucarero, fabricante de cementos y hasta alfarero)
En el caso venezolano, postular la no intervención del Estado en la economía es, precisamente, ir contra las leyes del mercado, pues se trata de anular la participación del principal agente del mercado nacional, concurrente mayoritario, tanto del lado de la oferta como del de la demanda..
La conciencia de esa circunstancia es evidente en algunos colegas economistas, quienes, para ser coherentes con sus concepciones, proponen resolver la contradicción llevando las cosas hasta sus últimas consecuencias: No basta con la renta petrolera, hay que privatizar también a la industria petrolera.
A mi manera de ver se quedan cortos porque, para anular efectivamente la participación activa del Estado, la privatización tendría que llegar hasta la propiedad de los yacimientos, con lo cual sus propuestas adquirirían un rango constitucional.
Ahora bien, es posible que una reforma constitucional neoliberal logre despojarnos de la vana ilusión de ser dueños colectivos de semejante riqueza, pero, por lo pronto y a mediano plazo, no parece haber ambiente para el advenimiento de esas condiciones ideales para el funcionamiento del modelo de libre mercado.
Y así, poniendo por caso la actual discusión sobre la legitimidad de las medidas de control de cambios adoptadas por el Ejecutivo, quienes se rasgan las vestiduras clamando en contra del retorno del intervencionismo estatal olvidan el contexto descrito y el hecho de que el Sector Público es el generador directo -fundamentalmente a través de la exportación del petróleo y sus derivados- de más del 80 por ciento de los ingresos externos corrientes (Antes lo había sido de porcentajes mayores, pero la caída de los precios del petróleo, más que el crecimiento de las otras fuentes, lo redujo a tal nivel)
En otras palabras, el Estado ha sido y es el oferente mayoritario de dólares en el mercado nacional. Ah, pero en nombre de la libertad del mercado, nuestros sesudos neoliberales le exigen que se comporte como concurrente minoritario, dejando que el precio -tipo de cambio- sea establecido por la oferta marginal y una demanda monopsonista y especulativa creada, no por los requerimientos de la actividad económica normal del país, sino por el desbarajuste fraudulento del sector financiero privado que dio lugar a los billonarios "auxilios" del -ahora sí bienamado- padrecito Estado.
Pero, si además de las transacciones internacionales, recordamos los conocidos indicadores sobre la condición histórica del Estado venezolano como generador directo de un tercio del PIB nacional y de más 60% sus propios ingresos fiscales , podemos comprender la magnitud del despropósito de las propuestas de dejar que sean las actualmente escuálidas fuerzas del mercado ajenas al sector público las que determinen hoy el sistema de precios a través del cual se produciría, supuestamente, una asignación más eficiente de los recursos generados en la economía nacional.
Con el énfasis en la actualidad de las circunstancias descritas quiero reiterar que no descarto un cambio de las mismas por la vía de las privatizaciones, pero a mi entender, hasta entonces, el poder del mercado estará en manos del Estado. Y éste deberá ejercer ese poder tomando decisiones económicas que, indudablemente, determinarán el destino de los demás concurrentes, tal como lo hacen los monopolios y oligolpolios empresariales en cualquier mercado capitalista de competencia monopolística, es decir, en todos los mercados de nuestros tiempos.
CMP 1994
martes, 29 de diciembre de 2009
DOCUMENTOS DEL BLOG - REMITIDO 1977
Con los Convenios Tecnológicos
las Transnacionales siguen controlando
la Industria Petrolera
"El Nacional" , Caracas, Domingo 22 de mayo de 1977
Señores:
Dr. Gonzalo Barrios y Sr. Luis Piñerúa Ordaz
Presidente y Secretario General de A. D.
Dres. Godofredo González y Pedro Pablo Aguilar
Presidente y Secretario General de COPEI.
Sr. Pompeyo Márquez
Secretario General del Movimiento al Socialismo (MAS)
Dres. Luis B. Prieto Figueroa y Jesús Angel Paz Galarraga
Presidente y Secretario General del MEP
Sr. Moisés Moleiro
Secretario General del MIR
Dr. Gustavo Machado y Sr. Jesús Faría
Presidente y Secretario General del P. C. V.
Dr. Simón Antoni Paván
Secretario General de URD.
las Transnacionales siguen controlando
la Industria Petrolera
"El Nacional" , Caracas, Domingo 22 de mayo de 1977
REMITIDO
Señores:
Dr. Gonzalo Barrios y Sr. Luis Piñerúa Ordaz
Presidente y Secretario General de A. D.
Dres. Godofredo González y Pedro Pablo Aguilar
Presidente y Secretario General de COPEI.
Sr. Pompeyo Márquez
Secretario General del Movimiento al Socialismo (MAS)
Dres. Luis B. Prieto Figueroa y Jesús Angel Paz Galarraga
Presidente y Secretario General del MEP
Sr. Moisés Moleiro
Secretario General del MIR
Dr. Gustavo Machado y Sr. Jesús Faría
Presidente y Secretario General del P. C. V.
Dr. Simón Antoni Paván
Secretario General de URD.
Nos dirigirnos a Uds., y por su intermedio a las direcciones de los partidos políticos que dirigen y representan, a fin de solicitarles de manera urgente su intervención en lo que no vacilamos en calificar como una negociación que compromete seriamente los intereses del pueblo venezolano. En efecto, el gobierno nacional con fecha del 1° de Enero de 1976 suscribió por intermedio de la Directiva de Petróleos de Venezuela una serie de Convenios de Asistencia Técnica que, por su articulado, por el abusivo costo que significan para el país, por el secreto culpable del cual han estado rodeados y porque lejos de significar independencia refuerzan lo nexos de dependencia con el imperialismo internacional, significan una escandalosa operación realizada sigilosamente a espaldas de la opinión nacional e, incluso, de la mayoría de las organizaciones políticas, sindicales y gremiales.
Los Convenios de Asistencia Técnica suscritos por el gobierno nacional no sólo tienen visos de inconstitucionalidad, sino que refuerzan el encadenamiento de la industria petrolera al capital transnacional, precisan de una fuerte erogación presupuestaria, violan compromisos internacionales -como la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena-, sustraen a las empresas subsidiarias de las grandes compañías de las leyes nacionales, y en la práctica, convierten en una falsedad la tan voceada nacionalización.
A estos hechos, que seguidamente detallaremos, se suma el precedente que significa que, contratos de evidente interés público, se discutan y firmen dentro del más riguroso secreto y no sean sometidos a la consideración del Congreso de la República, en el cual sus partidos están representados, lo cual constituye un modo más de ir consagrando, por la vía de los hechos, formas concretas de un Estado autoritario. Esta situación crea un precedente muy grave porque en secreto se mantienen no sólo estos convenios, cuyo carácter hoy denunciamos, sino los Contratos de Comercialización también desconocidos para la opinión pública. Por si fuera poco, debemos señalar que la misma empresa, Petróleos de Venezuela, que ha cometido este vergonzoso atentado a los intereses de Venezuela, es la empresa a la que se ha confiado la gestión en torno a la Faja Petrolífera del Orinoco que, como se sabe, es uno de los objetivos más afanosamente solicitados por el capital transnacional. Gestión que, con los antecedentes que denunciamos, es valedero temer que también se pretenda realizar secretamente, a espaldas del país y con los mismos criterios depredadores que los Convenios de Asistencia Técnica reflejan.
Para su conocimiento, pasamos a detallar algunos de los aspectos más graves que estos convenios contienen:
CON LOS CONVENIOS TECNOLOGICOS LAS
TRANSNACIONALES SIGUEN CONTROLANDO
LA INDUSTRIA PETROLERA
1.- ASI CONSERVAN LAS TRANSNACIONALES SU CONTROL
Los Convenios de Asistencia Técnica están diseñados de mantera tal que dejan intacto el control de los centros fundamentales de decisión de la industria petrolera venezolana en manos de las mismas compañías petroleras transnacionales. Esto es posible a través de:
- La “asesoría”
Los convenios garantizan la orientación de la industria nacional, por parte de las empresas ex –concesionarias, a través de su asesoría en todos las áreas posibles de gestión de la industria petrolera desde las operaciones de producción y refinación, hasta la gestión gerencial, pasando por las recomendaciones para la compra de materiales y equipos, selección y entrenamiento de personal y asesoramiento para la administración de contratos de trabajo. Sería ingenuo esperar que, ahora, las mismas ex concesionarias, generosamente aconsejen una política de desarrollo de la industria petrolera que favorezca los intereses del país por encima de sus propios intereses que favorezca, por ejemplo, la gradual eliminación de los lazos de dependencia tecnológica.
- El espionaje
Los convenios garantizan a las empresas transnacionales el acceso a los libros, registros y a toda la información de las operadoras nacionales, con lo cual las empresas petroleras extranjeras pueden tener, en todo momento, una información completa y detallada de la industria petrolera Venezolana.
- La continuidad administrativa, gerencial y política
El acceso de las transnacionales a la información y a las decisiones de la industria petrolera nacional se ve favorecido, además, por la continuidad administrativa de la que tanto se enorgullece el gobierno nacional. En la práctica, esta continuidad administrativa significa:
-que el personal venezolano de confianza de las transnacionales, que ocupaba cargas gerenciales en las concesionarias, permanezca con esos cargos una vez nacionalizadas las empresas. Este personal no tiene reservas ni secretos para sus antiguos patrones en las concesionarias quienes ahora son sus “asesores” desde las empresas de servicio constituidas en el país por las transnacionales para prestar “asistencia técnica” a la industria petrolera después de la nacionalización.
-que, a nombre de una supuesta racionalidad técnica, la gestión de la industria petrolera se organice para que continué en manos de las mismas empresas, orientada por los mismos criterios a intereses prevalecientes antes de la nacionalización.
-que se mantiene una relación entre la operadora y la antigua empresa matriz que impide la integración nacional de la industria.
- El derecho a veto
Los convenios establecen que, en lo referente al entrenamiento técnico, las empresas transnacionales tendrán derecho a veto en la selección del personal venezolano. Esto constituye una inadmisible intervención de esas empresas en la política de formación y desarrollo de los cuadros técnicos de la industria petrolera nacional. En la práctica, significa que las empresas transnacionales podrán impedir elevar su nivel técnico y ocupar cargos de responsabilidad en la industria petrolera nacional, a aquellos técnicos venezolanos que no sean de su agrado y confianza, que muestren, por ejemplo preocupación por la orientación de la industria petrolera de acuerdo al interés nacional.
- La investigación sometida a las exigencias del capital transnacional
Los convenios garantizan que la investigación petrolera de la industria nacionalizada se desarrollo, desde su inicio, vinculada a las necesidades y estrategias de investigación de las empresas petroleras transnacionales, particularmente de la EXXON, la corporación industrial más poderosa del mundo.
En la práctica estos convenios impiden el desarrollo de la investigación en el país y financian la que realizan las transnacionales quienes luego la venderán a la industria nacionalizada, como lo garantizan los convenios.
- ESTOS CONVENIOS NO SON NECESARIOS
El gobierno ha venido sostenido reiteradamente la necesidad de los “contratos de tecnología” para garantizar un proceso de transferencia tecnológica que permite al país conquistar progresivamente un grado razonable de autonomía tecnológica. Pero los convenios de Asistencia Técnica firmados por Petroleros de Venezuela no satisfacen esa necesidad, porque no incluyen ningún aporte real al desarrollo de la industria petrolera nacionalizada.
- Se paga por el derecho a utilizar un conocimiento que ya se tiene
Los convenios se refieren a la utilización de técnicas, métodos y procesos ya incorporados a las operaciones corrientes de las empresas nacionalizadas y por tanto, ampliamente conocidos por el personal venezolano. Los conocimientos técnicos, manuales de procedimientos, programas de computación por los cuales se está pagando ya estaban desarrollados y constituían parte de los activos por los cuales se pagó la indemnización.
- Los Convenios excluyen la tecnología necesaria
Los convenios determinan expresamente que la utilización de innovaciones tecnológicas, así como la tecnología necesaria para la exploración, producción y refinación de crudos pesados –que constituyen las reservas más importantes del país –debe ser pagada aparte mediante la firma de otros convenios. De igual manera, la utilización de la asistencia técnica para posibles ampliaciones a nuevas operaciones será motivo de otros convenios que originarán nuevos pagos. Esto significa que la tecnología realmente necesaria como apoyo tecnológico a la industria nacionalizada –que sería lo que daría justificación a la firma de contratos de tecnología –no está garantizada por estos convenios.
- Las empresas transnacionales no se hacen responsables de sus propias recomendaciones
Los convenios de Asistencia Técnica vienen provistos de una cláusula que libera a las empresas de servicio de cualquier responsabilidad por las consecuencias de la aplicación de sus recomendaciones técnicas. Esta ventajista condición está expresada en la cláusula 19.02 del contrato suscrito por Petróleo de Venezuela a nombre de LAGOVEN, en los siguientes términos:
“La asistencia técnica y los servicios que EXXON SERVICE COMPANY se obliga a prestar a LAGOVEN conforme a este Convenio tendrán carácter de asesoramiento solamente y por ello toda responsabilidad por la utilización de recomendaciones técnicas suministradas por EXXON SERVICE COMPANY, sus empleados, sus afiliados o los empleados de éstas, de acuerdo con este Convenio, corresponde exclusivamente a LAGOVEN. Ni la EXXON SERVICE COMPANY, ni sus empleados, ni ninguna compañía afiliada a ella ni sus empleados serán responsables por perdidas o daños que sufra LAGOVEN o cualquiera tercera persona por razón de cualquier acción u omisión por LAGOVEN, sus empleados o cualesquiera tercera persona, aunque dicha acción u omisión estuviera basada en informaciones o consejos técnicos suministrados por EXXON SERVICE COMPANY, sus empleados, cualquier compañía afiliada a ella o sus empleados. LAGOVEN protegerá, indemnizará y mantendrá a EXXON SERVICE COMPANY y sus afiliados completamente libres de los resultados de cualquier reclamo o demanda basada en o relacionada con la asistencia técnica o los servicios por EXXON SERVICE COMPANY, sus empleados, cualesquiera de sus afiliados o sus empleados y asumirá los costos de defender tales demandas o reclamos”.
3. - SE SIGUE INDENIZANDO A LAS PETROLERAS
Los Convenios de Asistencia Técnica significan una onerosa erogación para el país que, - tomando en cuenta la vaguedad y nulidad de los compromisos que adquieren las empresas transnacionales-, sólo pueden encontrar su explicación en la búsqueda de otras formas de pago adicionales a los de la indemnización. Esta resultaba de por si escandalosamente elevada, tomado en cuanta que las empresas petroleras transnacionales habían recuperado, en los últimos diez años antes de la nacionalización, ocho veces y media el monto total de su inversión en el país. Pero las compañías petroleras reclamaban descaradamente el pago del lucro cesante es decir, el pago de los beneficios que hubieran recibido de haber continuado hasta 1983 operando directamente el negocio petrolero bajo el régimen de concesiones. Para atender a este insólito reclamo fueron propuestos los Convenios de Asistencia Técnica que a cambio de ningún aporte tecnológico, garantizan el pago del lucro cesante a las empresas petroleras transnacionales.
- Pago básico
Los convenios de Asistencia Técnica obligan, sólo por el hecho de haberse firmado, aun pago fijo por barril producido y por barril refinado que, en promedio es de 0.20 dólares por barril. En el primer año de la nacionalización el pago neto – solo por este concepto –alcanzo a un total de 700 millones de bolívares. En los cuatro años que duran los conveníos el pago neto a las transnacionales por una asistencia técnica innecesaria será equivalente a dos terceras partes del monto global de lo que se pagó por la indemnización. De prorrogarse los conveníos por otros cuatro años, como está previsto, en 1983 se habrá cancelado el monto que las empresas petroleras reclaman como lucro cesante. Y con ese pago, el estado y la industria petrolera nacional no adquieren nada.
- Pagos adicionales
Además de pago básico que se efectúa por un asesoramiento innecesario e irresponsable, los convenios obligan a otros pagos cuyo monto el gobierno no ha dado a conocer. Por una parte están los pagos que originan los convenios que deben pagarse para adquirir el derecho a utilizar la tecnología que realmente se necesita, y a los cuales ya nos hemos referido. Pero eso no es todo. El Estado venezolano debe sufragar los gastos de personal y gastos operacionales de las empresas contratistas. Esta escandalosa condición que imponen los contratos se pone en evidencia en la cláusula 10.02 del convenio suscrito por Petróleo de Venezuela a nombre de LAGOVEN:
“El personal suministrado y puesto a disposición de LAGOVEN de acuerdo con el parágrafo 10.01 de este Convenio, estará integrado por empleados de EXXON SERVICE COMPANY o de sus afiliados y LAGOVEN reembolsará a EXXON SERVICE COMPANY todos los sueldos, planes y beneficios laborales procedentes de acuerdo con las normas y política de personal de EXXON SERVICE COMPANY aplicables a tal personal en Venezuela. Además de los gastos arriba señalados, LAGOVEN también reembolsará a EXXON SERVICE COMPANY los gastos y costos operacionales incurridos en Venezuela por Exxon Servicie Venezuela Inc., a objeto de cumplir con el presente Convenio incluyendo los sueldos planes y beneficios laborales correspondientes al personal de Exxon Service Venezuela Inc., no suministrado a LAGOVEN, pero requerido a juicio de Exxon Service Venezuela. Inc para cumplir con este Convenio.
Las operadoras nacionales deben pagar además, los gastos que originan los cursos de entrenamiento, los gastos de viajes del personal de la empresa de servicios, la actualización de los manuales, técnicas y adaptación de programas de computación, utilización de la asistencia técnica más allá de cierto número de horas hombre por año. etc., etc., etc. Esto significa que los pagos básicos que hace el Estado Venezolano a las empresas de servicios que establecieron las empresas transnacionales en el país, no sólo no representan ningún aporte a la industria petrolera, sino que además, no representan ningún gasto, no implican ningún costo para dichas empresas. En todas aquellas actividades que efectivamente pueden representar gastos para las empresas de servicio, estos gastos son pagados por el Estado venezolano. Así lo establecen los Convenios de Asistencia Técnica.
4. ¿PARA QUE SIRVEN ENTONCES ESTOS CONVENIOS?
Estos Convenios de Asistencia Técnica fueron firmados con el aparente propósito de proporcionar a la industria petrolera el apoyo tecnológico que requiere después de la nacionalización. Pero estos convenios no garantizan el aporte de ninguna tecnología. Fueron negociados entonces para servir a otros fines:
1. Sirven para justificar ante el país el pago de una indemnización mucho mayor a la reconocida oficialmente, bajo la forma de pagos por asistencia técnica.
2. Sirven para proporcionar a las empresas petroleras transnacionales un mecanismo que les garantice, después de la nacionalización, el control y la dirección de la industria petrolera venezolana, de acuerdo a sus intereses y estrategias.
5. LOS CONVENIOS SON LEONINOS E ILEGALES
Todo el articulado de los Convenios de Asistencia Técnica le confieren a estos un carácter leonino e ilegal: resultaría demasiado largo detallar aquí cada una de las cláusulas que demuestran ese carácter. Aparte de lo que ya hemos destacado, señalaremos dos cláusulas que resultan particularmente graves para el interés nacional.
- Se sustrae la jurisdicción a los tribunales Venezolanos
Se desconoce la disposición jurídica ya tradicional en Venezuela –convertida en precepto constitucional- mediante la cual se mantienen bajo la jurisdicción de los tribunales venezolanos las controversias que puedan originar los contratos de interés público. Esta trasgresión aparece expresada en el Convenio suscrito por petróleos de Venezuela a nombre de LLANOVEN, con la empresa Mobil de Desarrollo C. A. (MODECA), en su artículo 18:
“Cualquier diputa o diferencia que surja de este Convenio y que no pueda resolverse amigablemente por LLANOVEN y MODECA será dirimida a voluntad de una de las partes, participada por escrito dirigida a la otra parte, mediante arbitraje en la ciudad de Paris, Francia, de conformidad con las reglas de conciliación y arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, por tres (3) árbitros nombrados conforme a dichas reglas. Se podrá ejecutar el laudo en cualquier tribunal que tenga jurisdicción (cláusula 18.1).
Esta cláusula viola el artículo 127 de la Constitución, el cual da expresamente competencia en estos casos a los Tribunales de la República.
- Se impide la circulación de los Conocimientos tecnológicos entre las operadoras.
Los convenios establecen una cláusula llamada de “confidencialidad” o “confianza” que expresamente impide el intercambio de experiencias de información y de conocimientos tecnológicos entre las empresas operadoras nacionales y entre la casa matriz Petrolera de Venezuela, y cada una de las operadoras que constituyen el “holding” petrolero venezolano. La cláusula 14.01 del convenio de LAGOVEN expresa esa prohibición en los siguientes términos:
“LAGOVEN podrá revelar a Petróleos de Venezuela, S.A. la existencia de cualquier información obtenida conforme a este Convenio. PETROLEOS DE VENEZUELA Y LAGOVEN, CREOLE Y EXXON SERVICE COMPANY tomarán las precauciones razonables para evitar el descubrimiento, total o parcial, a terceros (a los fines y efectos de este Convenio, las empresas filiales, afiliadas y subsidiadas de PETROLEOS DE VENEZUELA Y LAGOVEN serán consideradas “terceros”) de cualquier información confidencial, calificada como tal por la fuente originaria, incluyendo programa de computación, manuales técnicos, guías y panfletos, puesta por cualquiera de las partes a disposición de la otra de acuerdo con los términos de este Convenio. La obligación aquí asumida continuará en vigencia aun después de cualesquiera cesión o terminación de este Convenio”.
Esta cláusula ventajista y sometedora tiene graves consecuencias para el desarrollo autónomo de la industria petrolera nacional. Aquí destacaremos sólo algunas de ellas:
1. Introduce una separación artificial entre las empresas que constituyen el holding petrolero nacional y con ello impide la planificación centralizada y el desarrollo integrado de la industria con todo lo que podría significar en términos de conquista de autonomía y reducción de costos de esa industria.
2. La prohibición de intercambiar experiencias, información y conocimientos tecnológicos entre las operadoras a lo que conduce es atar aún más la actividad de cada operadora a la necesidad de “asistencia técnica” de su correspondiente empresa de servicios, en detrimento de su integración con las otras operaciones nacionales.
3. Esta cláusula viola la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena y el Decreto 746 del 11 de febrero de 1975.
6. - LA VERDAD SOBRE LA DURACIÓN DE LOS CONVENIOS
Por ultimo y como una demostración de desprecio a la opinión pública, cuando el Presidente y otros voceros gubernamentales han declaro que los convenios sólo serían transitorios y con duración de dos (2) años, algunos, como el de la CREOLE, fueron suscritos por Petróleos de Venezuela por un término de cuatro (4) años inclusive –en el Convenio de la CREOLE ya mencionado- se habla de que en 1978 se discutirá sobre su prorroga, disposición esta ultima escondida en el texto de la cláusula que se refiere a PERSONAL. Lo cual en nuestro concepto es una prueba de la mala fe con que fueron redactados.
La situación creada por estos convenios responsabilidad, en primer lugar, de la Directiva de Petróleos de Venezuela y, en la particular, del grupo que comanda el General Rafael Alfonzo Ravard. Este grupo no sólo ha desconocido la capacidad de los técnicos de Petróleos de Venezuela que tienen una posición critica frente a las transnacionales del petróleo, sino que ha ignorado también los criterios serios y racionales de muchos funcionarios de alta calificación del Ministerio de Energía y Minas que se oponen al manejo descarado de la industria nacionalizada por parte de le empresa petrolera internacionales. Asimismo, con la firma de estos convenios, se ha desconocido el papel que diversos organismos ligados a la ciencia y la tecnología podían haber cumplido en la discusión y manejo del problema tecnológico: la forma en que se ha ignorado a CONICIT es una muestra del “nacionalismo” de la Directiva de Petróleos de Venezuela.
Esta colección de hechos escandalosos en los cuales el gobierno nacional ha comprometido el interés público, nos obliga a solicitar de los partidos representados en el Parlamento una exhaustiva investigación sobre los contratos de comercialización –aún más secretos- y sobre las formas concretas en que el gobierno nacional, particularmente la Directiva de Petróleos de Venezuela, conduce la gestión de la industria petrolera. A la luz de la denuncia aquí consignada, sólo cabe señalar que el dominio del capital transnacional, no sólo no se ha debilitado sino que se ha profundizado peligrosamente proporcionando ventajas abusivas a las casas matrices de las antiguas concesionarias; todo esto en medio de un despliegue de propaganda nacionalista que ha servido para producir un intolerable ocultamiento de la verdad altamente conveniente para el capital transnacional.
Luis Lander Orlado Araujo
Gastón Parra Luzardo D. F. Maza Zavala
Héctor Malavé Mata Francisco Mieres
Simón Sáez Mérida Armando Córdova
Pedro Duno Estanislao González
J. R. Nuñez Tenorio Irene Rodríguez
Ramón Losada Aldana Manuel Rodríguez Mena
Freddy Balzán Carlos Mendoza Pottellá
Rafael Haddad L.A. Lizardi Mc Callum
Denzil Romero Tulio Colmenares
Carlos Blanco José Manuel Hermoso
Edgardo Lander José León Judith Valencia
El Petróleo y la Problemática Estructural Venezolana
Francisco Mieres
Para quien esto escribe, después de una relación profesional y personal de casi cuatro décadas, presentar al autor de este volumen de la colección “Venezuela y Su Petróleo” constituye un grave compromiso personal y político. En cumplimiento de ese cometido, comenzaremos utilizando el texto “Humanismo Integral” que, con motivo del fallecimiento de este ilustre venezolano en julio de 2008, redactáramos, el Dr. Gastón Parra Luzardo y el suscrito, para su inserción en la sección “Francisco Mieres. In memoriam”, de la Revista BCV 2-2008.
Francisco Mieres pudo haber dicho, a la manera Goethe, “nada humano me es ajeno”.
El curso vital de Francisco Mieres fue el ejercicio de una vigilia perenne por la humanidad y su entorno, por la naturaleza toda como conjunto de sistemas interdependientes, pero sobre todo, por los más débiles, por los humillados y marginados. Se mantuvo en la lucha permanente contra el subdesarrollo y la dependencia; por la soberanía de los pueblos del sur sobre sus recursos naturales; contra el colonialismo y el neocolonialismo; contra el imperialismo, el fascismo y el racismo; por el socialismo, contra el stalinismo, el pensamiento uniformado y la estupidez burocrática; por la integración latinoamericana y sur-sur, por la causa del pueblo palestino, por los sin-tierra del Brasil y los piqueteros de Argentina; por los Yanomami, los Warao, los Yukpas, los Barí, los Wayú, los Paraujanos y todas las etnias americanas en proceso de exterminio, contra la “paz blanca” de terratenientes y desarrollistas petroleros y carboníferos. Cualquier lista que se haga será incompleta para registrar el mundo de preocupaciones de este incansable combatiente.
Todas las manifestaciones auténticas del espíritu humano le merecieron atención y dedicación: desde la música coral de sus días de estudiante universitario hasta las más genuinas expresiones del arte popular venezolano, desde Benito Quiroz y Un Solo Pueblo, pasando por las cumbres de la música universal. Así mismo, y de la mano de Aquiles Nazoa, con Neruda, Cantinflas y Charles Chaplin.
Político militante y comprometido, fue siempre un iconoclasta, que vivió el desgarramiento íntimo de descubrir y combatir las perversiones del “socialismo real” y la frustrante búsqueda de un “socialismo con rostro humano”. Estimuló el desarrollo de todas las formas de organización popular alternativa, desde asociaciones de vecinos y juntas ambientales hasta el Foro Social Mundial.
Economista integral, desde sus tiempos como asistente de investigación en el Banco Central de Venezuela hasta su incorporación a la entonces recién fundada Academia Nacional de Ciencias Económicas, se inspiró en el pensamiento y la obra nacionalista de Juan Pablo Pérez Alfonzo para fundar y desarrollar el Postgrado en Economía y Administración de Hidrocarburos, centro de investigación y formación transdisciplinaria, desde donde se libraron intensas batallas por una auténtica nacionalización de la industria petrolera y en oposición a la estafa histórica de la gerencia transnacional enquistada a partir de 1976 en los puestos de comando de la empresa petrolera estatal.
De su labor como investigador y periodista queda el testimonio de varios libros, trabajos académicos inéditos, los editoriales de su última aventura periodística, la revista “Sudaca”, y centenares de artículos, publicados en cinco décadas, en diarios y revistas nacionales e internacionales.
La obra primigenia de Francisco Mieres, “El Petróleo y la Problemática Estructural Venezolana” constituye, por su acuciosidad y profundidad analítica un hito fundamental en la literatura político-económica nacional. Sin embargo, y tal como sucede con las obras de todos los autores que el BCV ha querido rescatar en esta Colección “Venezuela y su Petróleo”, sus enseñanzas han sido eludidas y combatidas con el silencio impuesto por los gestores y beneficiarios privilegiados de las políticas que permitieron la liquidación, sin justa compensación para Venezuela, del patrimonio de recursos petroleros nacionales durante todo el siglo XX.
Publicada originalmente en 1969 por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, en esta obra Francisco Mieres se propuso, según sus propias palabras, “poner de relieve los rasgos fundamentales de la estructura de la propiedad, de la producción y del mercado petrolero internacional en el mundo capitalista”.
Adentrarse en sus páginas, cuarenta años después, es un ejercicio de verificación de la certeza histórica de sus planteamientos. En ellas se pueden encontrar hallazgos originales, primarios, preliminares, pero esbozados con una visión de futuro que se verá dolorosamente confirmada en los años subsiguientes, sobre todo, en el período de vigencia de la “apertura” indiscriminada de la industria petrolera venezolana a la rapacidad del gran capital petrolero internacional, período que se inicia en 1976 bajo el manto encubridor de una sedicente “nacionalización” y la rectoría, ya mencionada, de una elite gerencial nativa, de mentalidad y cultura transnacional, implantada en los puestos de comando de la empresa estatal por las mismas concesionarias, meses antes de su estatización.
Uno de sus primeros señalamientos consiste, justamente, en destacar el encubrimiento, la distorsión de los rasgos fundamentales, monopolistas, del capital petrolero internacional que abunda en la literatura económica más difundida entre el público. Como ejemplo cita las tesis fundamentales de FEDECAMARAS de 1962 en las cuales se habla de la “fuerte competencia” por la que atraviesa la industria petrolera venezolana.
Somos testigos, aún en la contemporaneidad, de que esto que Mieres denominada “cantinela insoportable” sigue siendo un recurso para doblegar la voluntad de los países propietarios de los recursos petroleros para que renuncien a sus posiciones de control y disminuyan su participación soberana en los beneficios de esa industria. De hecho, estos fueron los propósitos fundamentales de las políticas inspiradas en el Consenso de Washington, con la furia de neoliberalismo e inevitabilidad de una globalización impuesta por el gran capital mundial, que nos vendieron en “paquetes” repletos de supuesta “modernidad” nuestros yuppies entrenados en las Universidades del norte desarrollado durante los años 80 y 90. Este sigue siendo el discurso de CEDICE, del IESA y de los antiguos adalides de la “apertura” de PDVSA, cuando vocean alarmando por la posición de Venezuela en los últimos lugares del ranking mundial de la “competitividad”.
Meres describe con elocuencia esta visión distorsionada, que más que eso es interesada, desde la primera nota al pie de su obra, que reproducimos a continuación:
Así, por ejemplo, en un documento que debiera reputarse como serio, puesto que se presenta como la “Tesis fundamental de los sectores empresariales sobre el desarrollo econóimico —más conocida como Carta Económica de Mérida, por haber sido aprobada en esa ciudad por la Asamblea de la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción en 1962—, se leen afirmaciones como estas: “La industria petrolera atraviesa por una etapa de fuerte competencia” (p. 35); “la posición del petróleo venezolano frente a la competencia ha empeorado”; “tenemos que estimular a la industria petrolera para que compita agresivamente en el mercado”, “asegurando que podemos seguir compitiendo favorablemente” (p. 36); y así prosigue interminable la cantinela de la “competencia”, sugiriendo una burda y falsa imagen de la estructura de la industria petrolera en el mundo capitalista. No se hace mención ni una sola vez del concepto de monopolio, oligopolio o similares, ni del control internacional de la oferta por empresas o coaliciones de empresas, ni de las restricciones oficiales en el mercado norteamericano, ni de fijación manipulada de precios o de evasión de impuestos, fenómenos típicos de la industria petrolera capitalista que la alejan no poco de la fementida “libre competencia”.
De seguidas, el autor da cumplida respuesta a esta falacia, describiendo el funcionamiento del capitalismo monopolista, “la estructura empresarial dominante” y a la industria petrolera como una rama plenamente representativa de esa estructura.
Con profusión de referencias científicas, en donde incluye a los autores clásicos y a modernos defensores del sistema, analiza el funcionamiento del capitalismo monopolista de Estado, “en que el capital monopolista se entrelaza inextricablemente con la propiedad estatal… que se ha desarrollado en ciertos países capitalistas avanzados, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial”. Es así como abunda en la constatación que hacen múltiples analistas del propio centro capitalista sobre la evidente contradicción entre la realidad de la concertación entre monopolios y Estados de sus metrópolis y los discursos de promoción del libre mercado y la “competitividad”.
Para muestra, tomaremos unas de sus citas más esclarecedoras, valiosa además por la fecha de su emisión, 1944:
El concepto básico de la libertad de empresa es la antítesis de la cartelización del mercado. Sin embargo, con demasiada frecuencia nuestros industriales han tenido el descaro de intentar el fomento de una política favorable al cartel mediante un plausible llamado en pro de la libertad de empresa. Pretenden que la libertad de competir en el mercado abarque la posibilidad de suprimir esa competencia. Wendell Berge, Cartels, challenge to a Free World, Washington, 1944,
Partiendo de estas constataciones, nuestro autor desarrolla el centro de su exposición: la descripción del mecanismo cartelizado de funcionamiento del mercado petrolero internacional. Allí desmonta todos los mecanismos inter e intra monopolistas de segmentación del mercado y sistemas de precios que permiten drenar hacia las alforjas de las “siete hermanas”, sus filiales y asociadas la masa fundamental de los beneficios producidos por la industria petrolera a nivel global: paraísos fiscales, doble paridad de las cotizaciones, precios de realización ficticios, manipulación de fletes, imputación arbitraria de costos, etc.
A muchos podrá parecerle historia antigua, ya superada, pero si se observa con detenimiento, allí podremos encontrar la génesis de los actuales mecanismos electrónicos que brindan nueva opacidad al mercado petrolero, escondido ahora tras la multiplicación de transacciones de papel, o peor aún, de impulsos electrónicos, pero con los mismos resultados en la multiplicación y concentración de los beneficios en las principales corporaciones energéticas y sus órganos financieros asociados.
Entonces, como ahora, las argumentaciones en defensa de la competitividad y el libre mercado sirven en nuestro país para promover los intereses extranjeros y combatir las políticas nacionales reivindicadoras de la soberanía nacional. Un centro focal de tales manipulaciones lo constituyeron entonces las políticas promovidas por Juan Pablo Pérez Alfonzo. La enumeración hecha por Mieres de esos argumentos no tiene desperdicio:
“… la política intervencionista venezolana no les habría permitido reducir los precios en la medida necesaria para luchar por los mercados tradicionales del petróleo venezolano y conquistar otros, lo cual se ha añadido a los nuevos impuestos de 1958 y 1961 para reducir las utilidades netas de las empresas, y aumentar su incertidumbre respecto a las expectativas de desarrollo en el país. En tal situación, los empresarios se han visto prácticamente obligados a cerrar pozos y cancelar planes de expansión de sus actividades petroleras en Venezuela. Como factores que deterioran el clima de inversión en petróleo se citan el no otorgamiento de nuevas concesiones, los cambios diferenciales existentes hasta comienzos de 1964, la creación de la Corporación Venezolana de Petróleo y la promoción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, así como los esfuerzos de controlar los precios a través de la Comisión Coordinadora de la Producción y el Comercio de Hidrocarburos. Como consecuencia, se sostiene que con la aplicación de una serie de medidas internas que alimenten los beneficios de las empresas, les permitan bajar los precios sin limitaciones y competir “agresivamente” en el mercado mundial, les aseguren la exclusiva de la explotación del sector de hidrocarburos en el país, tanto en producción como en comercio, les prometan la obtención de nuevos terrenos petrolíferos, les garanticen la obtención de moneda nacional más barata, les proporcionen desgravámenes fiscales por las nuevas inversiones, les permitan “reajustar” sin presiones el personal y su remuneración, retornará la prosperidad a “nuestra principal industria” y, por tanto, a toda la economía venezolana.”
Otro aspecto resaltante de la exposición de Mieres lo constituye la denuncia del papel de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, en la promoción del interés de las corporaciones norteamericanas e inglesas, las cuales para ese entonces no eran todavía tildadas de transnacionales. Las recomendaciones de la misión de ese Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en Venezuela constituyen la reproducción al calco de esos intereses, pero en un tono de chantaje y amenaza característicos de aquella época de confrontación y guerra fría. Argumentos que en nuestros tiempos, siendo los mismos, se endulzan con la racionalidad macroeconómica, la modernidad y las exigencias de la globalización.
“En vista de estas dificultades, la misión considera necesario que el gobierno revise su política petrolera de modo que Venezuela pueda fortalecer su posición en el mercado petrolero mundial a través de una reducción de costos y de un aumento de la confianza en las perspectivas de la industria, tanto a corto como a largo plazo. Si los recursos petroleros venezolanos han de contribuir más efectivamente al deseable desarrollo y diversificación de la economía, tanto durante el período del plan como a largo término, entonces algún arreglo entre el gobierno y las compañías petroleras podría ser mutuamente ventajoso. Por ejemplo, la industria quizá encuentre que puede ayudar al gobierno a conseguir su objetivo inmediato de un modesto incremento en la producción, utilizando algo de la gran capacidad instalada, actualmente cerrada en Venezuela, a costos marginales que no sean sustancialmente mayores que aquellos en que se incurre en otras áreas productoras. Además, para ayudar al gobierno, puede muy bien ser que existan consideraciones de orden estratégico que podrían llevar a la industria a decidir que sus fuentes venezolanas participaran en la satisfacción de la creciente demanda mundial, particularmente en los mercados tradicionales de Venezuela. Por otro lado, en ausencia de alguna acción gubernamental para contribuir a reforzar la posición competitiva del petróleo venezolano, el uso de la capacidad actualmente cerrada colocaría a la industria posteriormente en una posición más desfavorable de lo que de otro modo sería el caso. En consecuencia, parecería razonable esperar que el gobierno estimulara una tal acción por parte de las compañías productoras, con medidas destinadas a reforzar la posición competitiva de la industria, incentivando una expansión de las actividades y, por ende, elevando el nivel de confianza.”
La falacia de esta argumentación es desmontada por Mieres con una extensa y documentada investigación, cuyos resultados podemos resumir arbitrariamente en una sola de sus frases: “...pese a la modificación impositiva de 1961, las empresas declararon en 1963 beneficios equivalentes al diecinueve por ciento del capital invertido, sin contar la traslación subrepticia al exterior”. Remata la faena al señalar que ese porcentaje equivale al doble del rendimiento obtenido en ese mismo año por el cartel petrolero internacional en su conjunto. Varios años después el propio Mieres y otros investigadores universitarios denunciaban que esa tasa de la ganancia equivalía casi a 37% del capital invertido. Es decir, que las concesionarias recuperaban toda su inversión en menos de tres años.
En un escenario petrolero lleno de meandros de ocultamiento, con el control total de la información que le prodigaban las agencias internacionales de noticias y la prensa nacional complaciente, la capacidad de penetración en los intersticios de lo que el autor denomina “mecanismos de pensamiento de la burguesía monopolista” era una cualidad indispensable para acertar en el diagnóstico de aquella realidad. De ello hace gala Mieres al exponer su suspicacia sobre los verdaderos motivos de las empresas internacionales de hidrocarburos, cuando después de quejarse en ácidos tonos sobre el exceso de capacidad instalada, “se empeñen tan afanosamente en obtener... más exceso de capacidad a través de nuevas concesiones petrolíferas en Venezuela, así como en el mar del Norte o en las costas de Alaska.”
La respuesta la encuentra el autor en el propio informe del BIRF que ha citado generosamente:
“Tal política confiere seguridad a la industria de conjunto; también la capacita para un regateo más efectivo con los gobiernos locales y otorga buen grado de independencia en la eventualidad de acontecimientos desfavorables en una cualquiera de las áreas productivas.”
En otras palabras, un nuevo otorgamiento de concesiones era, evidentemente, amolar un cuchillo para el propio pescuezo nacional, tal como lo preveía Pérez Alfonzo.
Más adelante en el texto, se reproducen las argumentaciones del Banco Mundial respecto a la OPEP, en donde de recomienda a los países miembros de esa organización que negocien con las corporaciones petroleras concesionarias para que los precios vuelvan a los niveles anteriores a 1960. ¡La misma cantinela!, que diría Mieres.
Pero lo que hace trascendentes a estos documentos e informes de sectores empresariales y organismos multilaterales es, tal como Mieres denuncia con lujo de detalles, la forma como ellos incidieron decisivamente en las inconsecuencias de la política petrolera del gobierno de Rómulo Betancourt.
En efecto, después de haber asumido inicialmente como centro de esa política al “pentágono de acción” de su Ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Betancourt desmonta luego, con sus “Medidas Económicas de Urgencia”, cada uno de esos principios, a tenor de las exigencias del BIRF y FEDECAMARAS y, sobre todo, cediendo a las presiones chantajistas de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, que ya para entonces promovía la “Alianza para el Progreso” para contener la insurgencia popular en América Latina. Por cierto, y tal como refiere Mieres, estas presiones fueron denunciadas y documentadas, no precisamente por casualidad, por Ernesto “Ché” Guevara en la famosa Conferencia Interamericana de Punta del Este donde fue constituida esa “Alianza” preservadora del status quo, de la “pax americana”, de la dependencia y el atraso social y material de nuestros países.
Es así, entonces, como ese Presidente venezolano garantiza el enanismo permanente de la CVP y la convierte en vehículo para el otorgamiento de concesiones disfrazadas, congela el crecimiento de la participación fiscal, desestimula el funcionamiento de la OPEP y anula a la Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos, garante de la “justa participación”, muerta al nacer..
Es necesario señalar que el corazón de la obra de Mieres, lo que da razón de ser a su título, es precisamente, el análisis de la incidencia de los ingresos petroleros en los problemas estructurales de la economía y la sociedad venezolana. La exposición de esas circunstancias aparece a través de todas sus páginas, pero sobre todo en los diez últimos capítulos.
En ellos hay una descripción detallada de la industria petrolera concesionaria, de las magnitudes de sus operaciones y los ingresos que deriva de ellas y, consecuentemente, de la relación contradictoria de esas corporaciones con el Estado venezolano.
Nuevamente encontramos allí aportes de pionero, básicos para la comprensión de la incidencia del petróleo en la vida venezolana. Esos hallazgos iniciales van a ser luego desarrollados por él mismo en el transcurso de si incansable curso vital. Sus observaciones no se quedaron entonces en el simple análisis de la variables cuantitativas referidas, del ingreso petrolero, los costos, la participación fiscal, las remuneraciones de los factores de la producción, el consumo y la inversión, la evolución de la formación bruta de capital, de las importaciones o la significación presupuestaria de ese ingreso, sino que, partiendo de esa variables, ahondará luego en la deformación estructural de la economía venezolana, la crisis de los sectores económicos tradicionales y el surgimiento de una economía parasitaria de la renta petrolera, intrínsecamente incapaz de generar fuerzas autónomas para un desarrollo sostenido.
“…la recuperación económica actual no ha traído consigo ninguna modificación fundamental ni en el monto ni en la composición de las inversiones nacionales. Al contrario, ha de señalarse con inquietud el nivel persistentemente bajo de las mismas, la falta de ímpetu propio de la inversión privada nacional y la recurrencia de la pauta “carreteras y viviendas” —o sea, bajísima productividad y economías externas tendientes a cero en nuestro país hace ya ocho años— en la inversión pública. Parece evidente, en fin, que a menos que se verificara en este aspecto una transformación radical, es difícil concebir cómo habrían de lograrse por esta vía las metas que la economía nacional tiene planteadas.”
En definitiva, esta obra, que el Banco Central de Venezuela está rescatando del olvido injustificado, constituye una parte del legado invalorable de un hombre que luchó toda su vida por el rescate de la soberanía nacional sobre sus recursos naturales y, con acendrada pasión, por la reivindicación los derechos de las mayorías nacionales excluidas del disfrute de ese patrimonio colectivo y de la gestión de su propio destino.
CMP Agosto 2009
Francisco Mieres
Presentación
Carlos Mendoza Potellá
Para quien esto escribe, después de una relación profesional y personal de casi cuatro décadas, presentar al autor de este volumen de la colección “Venezuela y Su Petróleo” constituye un grave compromiso personal y político. En cumplimiento de ese cometido, comenzaremos utilizando el texto “Humanismo Integral” que, con motivo del fallecimiento de este ilustre venezolano en julio de 2008, redactáramos, el Dr. Gastón Parra Luzardo y el suscrito, para su inserción en la sección “Francisco Mieres. In memoriam”, de la Revista BCV 2-2008.
Francisco Mieres pudo haber dicho, a la manera Goethe, “nada humano me es ajeno”.
El curso vital de Francisco Mieres fue el ejercicio de una vigilia perenne por la humanidad y su entorno, por la naturaleza toda como conjunto de sistemas interdependientes, pero sobre todo, por los más débiles, por los humillados y marginados. Se mantuvo en la lucha permanente contra el subdesarrollo y la dependencia; por la soberanía de los pueblos del sur sobre sus recursos naturales; contra el colonialismo y el neocolonialismo; contra el imperialismo, el fascismo y el racismo; por el socialismo, contra el stalinismo, el pensamiento uniformado y la estupidez burocrática; por la integración latinoamericana y sur-sur, por la causa del pueblo palestino, por los sin-tierra del Brasil y los piqueteros de Argentina; por los Yanomami, los Warao, los Yukpas, los Barí, los Wayú, los Paraujanos y todas las etnias americanas en proceso de exterminio, contra la “paz blanca” de terratenientes y desarrollistas petroleros y carboníferos. Cualquier lista que se haga será incompleta para registrar el mundo de preocupaciones de este incansable combatiente.
Todas las manifestaciones auténticas del espíritu humano le merecieron atención y dedicación: desde la música coral de sus días de estudiante universitario hasta las más genuinas expresiones del arte popular venezolano, desde Benito Quiroz y Un Solo Pueblo, pasando por las cumbres de la música universal. Así mismo, y de la mano de Aquiles Nazoa, con Neruda, Cantinflas y Charles Chaplin.
Político militante y comprometido, fue siempre un iconoclasta, que vivió el desgarramiento íntimo de descubrir y combatir las perversiones del “socialismo real” y la frustrante búsqueda de un “socialismo con rostro humano”. Estimuló el desarrollo de todas las formas de organización popular alternativa, desde asociaciones de vecinos y juntas ambientales hasta el Foro Social Mundial.
Economista integral, desde sus tiempos como asistente de investigación en el Banco Central de Venezuela hasta su incorporación a la entonces recién fundada Academia Nacional de Ciencias Económicas, se inspiró en el pensamiento y la obra nacionalista de Juan Pablo Pérez Alfonzo para fundar y desarrollar el Postgrado en Economía y Administración de Hidrocarburos, centro de investigación y formación transdisciplinaria, desde donde se libraron intensas batallas por una auténtica nacionalización de la industria petrolera y en oposición a la estafa histórica de la gerencia transnacional enquistada a partir de 1976 en los puestos de comando de la empresa petrolera estatal.
De su labor como investigador y periodista queda el testimonio de varios libros, trabajos académicos inéditos, los editoriales de su última aventura periodística, la revista “Sudaca”, y centenares de artículos, publicados en cinco décadas, en diarios y revistas nacionales e internacionales.
La obra primigenia de Francisco Mieres, “El Petróleo y la Problemática Estructural Venezolana” constituye, por su acuciosidad y profundidad analítica un hito fundamental en la literatura político-económica nacional. Sin embargo, y tal como sucede con las obras de todos los autores que el BCV ha querido rescatar en esta Colección “Venezuela y su Petróleo”, sus enseñanzas han sido eludidas y combatidas con el silencio impuesto por los gestores y beneficiarios privilegiados de las políticas que permitieron la liquidación, sin justa compensación para Venezuela, del patrimonio de recursos petroleros nacionales durante todo el siglo XX.
Publicada originalmente en 1969 por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, en esta obra Francisco Mieres se propuso, según sus propias palabras, “poner de relieve los rasgos fundamentales de la estructura de la propiedad, de la producción y del mercado petrolero internacional en el mundo capitalista”.
Adentrarse en sus páginas, cuarenta años después, es un ejercicio de verificación de la certeza histórica de sus planteamientos. En ellas se pueden encontrar hallazgos originales, primarios, preliminares, pero esbozados con una visión de futuro que se verá dolorosamente confirmada en los años subsiguientes, sobre todo, en el período de vigencia de la “apertura” indiscriminada de la industria petrolera venezolana a la rapacidad del gran capital petrolero internacional, período que se inicia en 1976 bajo el manto encubridor de una sedicente “nacionalización” y la rectoría, ya mencionada, de una elite gerencial nativa, de mentalidad y cultura transnacional, implantada en los puestos de comando de la empresa estatal por las mismas concesionarias, meses antes de su estatización.
Uno de sus primeros señalamientos consiste, justamente, en destacar el encubrimiento, la distorsión de los rasgos fundamentales, monopolistas, del capital petrolero internacional que abunda en la literatura económica más difundida entre el público. Como ejemplo cita las tesis fundamentales de FEDECAMARAS de 1962 en las cuales se habla de la “fuerte competencia” por la que atraviesa la industria petrolera venezolana.
Somos testigos, aún en la contemporaneidad, de que esto que Mieres denominada “cantinela insoportable” sigue siendo un recurso para doblegar la voluntad de los países propietarios de los recursos petroleros para que renuncien a sus posiciones de control y disminuyan su participación soberana en los beneficios de esa industria. De hecho, estos fueron los propósitos fundamentales de las políticas inspiradas en el Consenso de Washington, con la furia de neoliberalismo e inevitabilidad de una globalización impuesta por el gran capital mundial, que nos vendieron en “paquetes” repletos de supuesta “modernidad” nuestros yuppies entrenados en las Universidades del norte desarrollado durante los años 80 y 90. Este sigue siendo el discurso de CEDICE, del IESA y de los antiguos adalides de la “apertura” de PDVSA, cuando vocean alarmando por la posición de Venezuela en los últimos lugares del ranking mundial de la “competitividad”.
Meres describe con elocuencia esta visión distorsionada, que más que eso es interesada, desde la primera nota al pie de su obra, que reproducimos a continuación:
Así, por ejemplo, en un documento que debiera reputarse como serio, puesto que se presenta como la “Tesis fundamental de los sectores empresariales sobre el desarrollo econóimico —más conocida como Carta Económica de Mérida, por haber sido aprobada en esa ciudad por la Asamblea de la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción en 1962—, se leen afirmaciones como estas: “La industria petrolera atraviesa por una etapa de fuerte competencia” (p. 35); “la posición del petróleo venezolano frente a la competencia ha empeorado”; “tenemos que estimular a la industria petrolera para que compita agresivamente en el mercado”, “asegurando que podemos seguir compitiendo favorablemente” (p. 36); y así prosigue interminable la cantinela de la “competencia”, sugiriendo una burda y falsa imagen de la estructura de la industria petrolera en el mundo capitalista. No se hace mención ni una sola vez del concepto de monopolio, oligopolio o similares, ni del control internacional de la oferta por empresas o coaliciones de empresas, ni de las restricciones oficiales en el mercado norteamericano, ni de fijación manipulada de precios o de evasión de impuestos, fenómenos típicos de la industria petrolera capitalista que la alejan no poco de la fementida “libre competencia”.
De seguidas, el autor da cumplida respuesta a esta falacia, describiendo el funcionamiento del capitalismo monopolista, “la estructura empresarial dominante” y a la industria petrolera como una rama plenamente representativa de esa estructura.
Con profusión de referencias científicas, en donde incluye a los autores clásicos y a modernos defensores del sistema, analiza el funcionamiento del capitalismo monopolista de Estado, “en que el capital monopolista se entrelaza inextricablemente con la propiedad estatal… que se ha desarrollado en ciertos países capitalistas avanzados, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial”. Es así como abunda en la constatación que hacen múltiples analistas del propio centro capitalista sobre la evidente contradicción entre la realidad de la concertación entre monopolios y Estados de sus metrópolis y los discursos de promoción del libre mercado y la “competitividad”.
Para muestra, tomaremos unas de sus citas más esclarecedoras, valiosa además por la fecha de su emisión, 1944:
El concepto básico de la libertad de empresa es la antítesis de la cartelización del mercado. Sin embargo, con demasiada frecuencia nuestros industriales han tenido el descaro de intentar el fomento de una política favorable al cartel mediante un plausible llamado en pro de la libertad de empresa. Pretenden que la libertad de competir en el mercado abarque la posibilidad de suprimir esa competencia. Wendell Berge, Cartels, challenge to a Free World, Washington, 1944,
Partiendo de estas constataciones, nuestro autor desarrolla el centro de su exposición: la descripción del mecanismo cartelizado de funcionamiento del mercado petrolero internacional. Allí desmonta todos los mecanismos inter e intra monopolistas de segmentación del mercado y sistemas de precios que permiten drenar hacia las alforjas de las “siete hermanas”, sus filiales y asociadas la masa fundamental de los beneficios producidos por la industria petrolera a nivel global: paraísos fiscales, doble paridad de las cotizaciones, precios de realización ficticios, manipulación de fletes, imputación arbitraria de costos, etc.
A muchos podrá parecerle historia antigua, ya superada, pero si se observa con detenimiento, allí podremos encontrar la génesis de los actuales mecanismos electrónicos que brindan nueva opacidad al mercado petrolero, escondido ahora tras la multiplicación de transacciones de papel, o peor aún, de impulsos electrónicos, pero con los mismos resultados en la multiplicación y concentración de los beneficios en las principales corporaciones energéticas y sus órganos financieros asociados.
Entonces, como ahora, las argumentaciones en defensa de la competitividad y el libre mercado sirven en nuestro país para promover los intereses extranjeros y combatir las políticas nacionales reivindicadoras de la soberanía nacional. Un centro focal de tales manipulaciones lo constituyeron entonces las políticas promovidas por Juan Pablo Pérez Alfonzo. La enumeración hecha por Mieres de esos argumentos no tiene desperdicio:
“… la política intervencionista venezolana no les habría permitido reducir los precios en la medida necesaria para luchar por los mercados tradicionales del petróleo venezolano y conquistar otros, lo cual se ha añadido a los nuevos impuestos de 1958 y 1961 para reducir las utilidades netas de las empresas, y aumentar su incertidumbre respecto a las expectativas de desarrollo en el país. En tal situación, los empresarios se han visto prácticamente obligados a cerrar pozos y cancelar planes de expansión de sus actividades petroleras en Venezuela. Como factores que deterioran el clima de inversión en petróleo se citan el no otorgamiento de nuevas concesiones, los cambios diferenciales existentes hasta comienzos de 1964, la creación de la Corporación Venezolana de Petróleo y la promoción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, así como los esfuerzos de controlar los precios a través de la Comisión Coordinadora de la Producción y el Comercio de Hidrocarburos. Como consecuencia, se sostiene que con la aplicación de una serie de medidas internas que alimenten los beneficios de las empresas, les permitan bajar los precios sin limitaciones y competir “agresivamente” en el mercado mundial, les aseguren la exclusiva de la explotación del sector de hidrocarburos en el país, tanto en producción como en comercio, les prometan la obtención de nuevos terrenos petrolíferos, les garanticen la obtención de moneda nacional más barata, les proporcionen desgravámenes fiscales por las nuevas inversiones, les permitan “reajustar” sin presiones el personal y su remuneración, retornará la prosperidad a “nuestra principal industria” y, por tanto, a toda la economía venezolana.”
Otro aspecto resaltante de la exposición de Mieres lo constituye la denuncia del papel de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, en la promoción del interés de las corporaciones norteamericanas e inglesas, las cuales para ese entonces no eran todavía tildadas de transnacionales. Las recomendaciones de la misión de ese Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en Venezuela constituyen la reproducción al calco de esos intereses, pero en un tono de chantaje y amenaza característicos de aquella época de confrontación y guerra fría. Argumentos que en nuestros tiempos, siendo los mismos, se endulzan con la racionalidad macroeconómica, la modernidad y las exigencias de la globalización.
“En vista de estas dificultades, la misión considera necesario que el gobierno revise su política petrolera de modo que Venezuela pueda fortalecer su posición en el mercado petrolero mundial a través de una reducción de costos y de un aumento de la confianza en las perspectivas de la industria, tanto a corto como a largo plazo. Si los recursos petroleros venezolanos han de contribuir más efectivamente al deseable desarrollo y diversificación de la economía, tanto durante el período del plan como a largo término, entonces algún arreglo entre el gobierno y las compañías petroleras podría ser mutuamente ventajoso. Por ejemplo, la industria quizá encuentre que puede ayudar al gobierno a conseguir su objetivo inmediato de un modesto incremento en la producción, utilizando algo de la gran capacidad instalada, actualmente cerrada en Venezuela, a costos marginales que no sean sustancialmente mayores que aquellos en que se incurre en otras áreas productoras. Además, para ayudar al gobierno, puede muy bien ser que existan consideraciones de orden estratégico que podrían llevar a la industria a decidir que sus fuentes venezolanas participaran en la satisfacción de la creciente demanda mundial, particularmente en los mercados tradicionales de Venezuela. Por otro lado, en ausencia de alguna acción gubernamental para contribuir a reforzar la posición competitiva del petróleo venezolano, el uso de la capacidad actualmente cerrada colocaría a la industria posteriormente en una posición más desfavorable de lo que de otro modo sería el caso. En consecuencia, parecería razonable esperar que el gobierno estimulara una tal acción por parte de las compañías productoras, con medidas destinadas a reforzar la posición competitiva de la industria, incentivando una expansión de las actividades y, por ende, elevando el nivel de confianza.”
La falacia de esta argumentación es desmontada por Mieres con una extensa y documentada investigación, cuyos resultados podemos resumir arbitrariamente en una sola de sus frases: “...pese a la modificación impositiva de 1961, las empresas declararon en 1963 beneficios equivalentes al diecinueve por ciento del capital invertido, sin contar la traslación subrepticia al exterior”. Remata la faena al señalar que ese porcentaje equivale al doble del rendimiento obtenido en ese mismo año por el cartel petrolero internacional en su conjunto. Varios años después el propio Mieres y otros investigadores universitarios denunciaban que esa tasa de la ganancia equivalía casi a 37% del capital invertido. Es decir, que las concesionarias recuperaban toda su inversión en menos de tres años.
En un escenario petrolero lleno de meandros de ocultamiento, con el control total de la información que le prodigaban las agencias internacionales de noticias y la prensa nacional complaciente, la capacidad de penetración en los intersticios de lo que el autor denomina “mecanismos de pensamiento de la burguesía monopolista” era una cualidad indispensable para acertar en el diagnóstico de aquella realidad. De ello hace gala Mieres al exponer su suspicacia sobre los verdaderos motivos de las empresas internacionales de hidrocarburos, cuando después de quejarse en ácidos tonos sobre el exceso de capacidad instalada, “se empeñen tan afanosamente en obtener... más exceso de capacidad a través de nuevas concesiones petrolíferas en Venezuela, así como en el mar del Norte o en las costas de Alaska.”
La respuesta la encuentra el autor en el propio informe del BIRF que ha citado generosamente:
“Tal política confiere seguridad a la industria de conjunto; también la capacita para un regateo más efectivo con los gobiernos locales y otorga buen grado de independencia en la eventualidad de acontecimientos desfavorables en una cualquiera de las áreas productivas.”
En otras palabras, un nuevo otorgamiento de concesiones era, evidentemente, amolar un cuchillo para el propio pescuezo nacional, tal como lo preveía Pérez Alfonzo.
Más adelante en el texto, se reproducen las argumentaciones del Banco Mundial respecto a la OPEP, en donde de recomienda a los países miembros de esa organización que negocien con las corporaciones petroleras concesionarias para que los precios vuelvan a los niveles anteriores a 1960. ¡La misma cantinela!, que diría Mieres.
Pero lo que hace trascendentes a estos documentos e informes de sectores empresariales y organismos multilaterales es, tal como Mieres denuncia con lujo de detalles, la forma como ellos incidieron decisivamente en las inconsecuencias de la política petrolera del gobierno de Rómulo Betancourt.
En efecto, después de haber asumido inicialmente como centro de esa política al “pentágono de acción” de su Ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Betancourt desmonta luego, con sus “Medidas Económicas de Urgencia”, cada uno de esos principios, a tenor de las exigencias del BIRF y FEDECAMARAS y, sobre todo, cediendo a las presiones chantajistas de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, que ya para entonces promovía la “Alianza para el Progreso” para contener la insurgencia popular en América Latina. Por cierto, y tal como refiere Mieres, estas presiones fueron denunciadas y documentadas, no precisamente por casualidad, por Ernesto “Ché” Guevara en la famosa Conferencia Interamericana de Punta del Este donde fue constituida esa “Alianza” preservadora del status quo, de la “pax americana”, de la dependencia y el atraso social y material de nuestros países.
Es así, entonces, como ese Presidente venezolano garantiza el enanismo permanente de la CVP y la convierte en vehículo para el otorgamiento de concesiones disfrazadas, congela el crecimiento de la participación fiscal, desestimula el funcionamiento de la OPEP y anula a la Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos, garante de la “justa participación”, muerta al nacer..
Es necesario señalar que el corazón de la obra de Mieres, lo que da razón de ser a su título, es precisamente, el análisis de la incidencia de los ingresos petroleros en los problemas estructurales de la economía y la sociedad venezolana. La exposición de esas circunstancias aparece a través de todas sus páginas, pero sobre todo en los diez últimos capítulos.
En ellos hay una descripción detallada de la industria petrolera concesionaria, de las magnitudes de sus operaciones y los ingresos que deriva de ellas y, consecuentemente, de la relación contradictoria de esas corporaciones con el Estado venezolano.
Nuevamente encontramos allí aportes de pionero, básicos para la comprensión de la incidencia del petróleo en la vida venezolana. Esos hallazgos iniciales van a ser luego desarrollados por él mismo en el transcurso de si incansable curso vital. Sus observaciones no se quedaron entonces en el simple análisis de la variables cuantitativas referidas, del ingreso petrolero, los costos, la participación fiscal, las remuneraciones de los factores de la producción, el consumo y la inversión, la evolución de la formación bruta de capital, de las importaciones o la significación presupuestaria de ese ingreso, sino que, partiendo de esa variables, ahondará luego en la deformación estructural de la economía venezolana, la crisis de los sectores económicos tradicionales y el surgimiento de una economía parasitaria de la renta petrolera, intrínsecamente incapaz de generar fuerzas autónomas para un desarrollo sostenido.
“…la recuperación económica actual no ha traído consigo ninguna modificación fundamental ni en el monto ni en la composición de las inversiones nacionales. Al contrario, ha de señalarse con inquietud el nivel persistentemente bajo de las mismas, la falta de ímpetu propio de la inversión privada nacional y la recurrencia de la pauta “carreteras y viviendas” —o sea, bajísima productividad y economías externas tendientes a cero en nuestro país hace ya ocho años— en la inversión pública. Parece evidente, en fin, que a menos que se verificara en este aspecto una transformación radical, es difícil concebir cómo habrían de lograrse por esta vía las metas que la economía nacional tiene planteadas.”
En definitiva, esta obra, que el Banco Central de Venezuela está rescatando del olvido injustificado, constituye una parte del legado invalorable de un hombre que luchó toda su vida por el rescate de la soberanía nacional sobre sus recursos naturales y, con acendrada pasión, por la reivindicación los derechos de las mayorías nacionales excluidas del disfrute de ese patrimonio colectivo y de la gestión de su propio destino.
CMP Agosto 2009
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