PDVSA "Ad Hoc"

PDVSA “Ad Hoc”: Volviendo a las viejas mañas

Carlos Mendoza Pottellá

20 de Junio, 2020

Cuando está por terminar el primer semestre del año en curso la situación venezolana no puede ser peor: semiparalizada por la pandemia y acentuado el cerco que desde 2017 mantiene sobre nuestra Nación el Estado más poderoso del planeta, su industria petrolera ha llegado a niveles críticos impensables, con una capacidad operativa que viene colapsando desde hace más de siete años y que hoy, a duras penas, sólo puede sostener su producción en volúmenes inferiores a los alcanzados  siete décadas atrás.

El desconcierto generalizado ante ese trágico presente, y el aún más oscuro futuro que augura la falta de perspectivas claras de superación de estas circunstancias, ha permitido el florecimiento de recetas simplemente reactivas, incoherentes, desesperadas e improvisadas, muchas de ellas cargadas de las buenas intenciones que pavimentan el camino del infierno y otras - contradictorias con el discurso político que pregonan-  con  por las malas de aprovechar el sálvese quien pueda.

Frente a ese incierto panorama se levantan otras propuestas que sí son coherentes y que provienen de sectores socioeconómicos con intereses particulares y específicos muy claros, que están fundamentadas en estudios realizados desde hace décadas en los think tanks del pensamiento neoliberal nacional e internacional.

En particular, y en artículos anteriores, me he referido a las novedosas propuestas de Ley de Hidrocarburos que cursan en la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, destacando en ellos los planes privatizadores que las mismas incorporan en sus cláusulas.

En esos trabajos  denuncio los intentos de imponer el desconocimiento absoluto de toda nuestra tradición legal y constitucional, al punto de transferir figuras características de la legislación anglosajona, la denominada “common law”, la cual se fundamenta en la casuística de la jurisprudencia y es absolutamente ajena a la tradición legal de la mayoría de los países del mundo.

Sobre el primero de estos proyectos, escribí, el 17 de julio del año pasado, lo siguiente:

Los términos de este anteproyecto desconocen todos los aportes de Gumersindo Torres, en tiempos de Gómez, de Néstor Luis Pérez Luzardo en tiempos de López Contreras, de Manuel Egaña en tiempos de Medina Angarita, para no hablar de Juan Pablo Pérez Alfonzo, demoníaco estatista que hasta se atrevió a proponer y constituir una compañía petrolera auténticamente nacional, la CVP, de cortos 15 años de mal ejemplo, porque fue desmantelada en 1976 para fundirla con las “culturas corporativas” herederas de las concesionarias Mobil y Gulf, en Corpoven, munida de sus respectivos convenios de asistencia técnica y comercialización,  y así borrar, de paso, todo vestigio de la anterior administración petrolera, autóctona y alineada con los intereses de esa “Nación que somos todos”.

Ahora, ante el evidente desastre operativo y gerencial que es la actual administración petrolera estatal, cundida de incapacidad, corrupción y abierta delincuencia; enfrentada a la inviabilidad de megaplanes fantasiosos y de resultados ruinosos, cercada, además, por las agresivas sanciones políticamente motivadas y aplicadas por el Estado más poderoso del planeta, llegó la hora de cobrar para los privatizadores ancestrales, de restituir todos los negocios que garantizan el aprovechamiento privado de un bien colectivo.

Ley Orgánica para la regulación del comercio de esclavos en Venezuela” https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/07/ley-organica-para-la-regulacion-del.html#.Xu1KkGhKjM4

El título  en cuestión, intencionalmente provocativo,  refleja también mi opinión sobre la magnitud del retroceso institucional que representan este y los subsiguientes proyectos introducidos en esa Comisión legislativa hasta el día de hoy.

Según la opinión que he sustentado, se trata de desmontar la soberanía nacional sobre sus recursos. Con la excusa de “desestatizar”, se promueve una desnacionalización. Se minimizan para Venezuela las atribuciones que caracterizan a todos los Estados-Nación en el mundo de hoy, cuando los más poderosos de ellos pretenden imponer sus condiciones a todos los demás, convirtiendo a nuestro país en tierra de nadie, una “no man’s land” en el lenguaje bélico que aplicarían.

Sólo con un retroceso de esas magnitudes es posible fundamentar la creación de un “ente regulador”, -concepto bastante plástico y maleable, como lo muestran los proyectos en cuestión- autónomo e independiente de los poderes públicos nacionales, que asumiría potestades omnímodas, por encima de esos poderes, a los cuales  corresponde, histórica, legal y constitucionalmente la administración, gestión y control, de todos los recursos, naturales y de cualquier clase, de la República.

En el empeño de difundir mis argumentos he citado permanentemente las referencias a los sitios en los cuales he publicado esos alegatos.

Y no será distinto en esta oportunidad, porque es la única manera que encuentro, no por vanidad sino por compromiso de conciencia, de no dejar morir esos argumentos, expresados en notas periodísticas que, por su propia naturaleza efímera, tienen una limitada exposición ante los posibles  lectores de esos portales electrónicos.

Considero que se trata de un debate en  el que debemos participar todos, sin distingos,  para poder decidir conscientemente, con el más amplio e los consensos posibles, nuestro destino como Nación soberana

“Ley Orgánica  para la regulación del comercio de esclavos en Venezuela” (Loc. Cit.)

“El Cartero siempre llama dos veces”  https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/07/el-cartero-siempre-llama-dos-veces.html#.Xu1T02hKjM4

“Agencia Venezolana de Hidrocarburos Marca A.C.M.E.” https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/11/agencia-venezolana-de-hidrocarburos.html#.Xu1Vf2hKjM4

“Vuelan los Rebullones” https://petroleovenezolano.blogspot.com/2020/02/vuelan-los-rebullones.html

“Petróleo Venezolano en la Tercera Década, Cerco y Aniquilación” https://petroleovenezolano.blogspot.com/2020/02/petroleo-venezolano-en-la-tercera-decada.html#.Xu1a5mhKjM4

“Cambalache Petrolero” https://petroleovenezolano.blogspot.com/2020/03/cambalache-petrolero-la-nueva-apertura.html#.Xu1XAGhKjM4

“AVH: Agencia para el  despojo del patrimonio público” https://petroleovenezolano.blogspot.com/2020/05/avh.html

Es pertinente mencionar que debo agradecer al portal  aporrea.org., que ha publicado y  reunido mis trabajos en un perfil: https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella

Igual mención debo hacer sobre el portal de la emisora güireña Costa del Sol FM,  https://www.costadelsolfm.org/.

También con la misma intención de difusión argumental, desde entrega anterior inicié la utilización del recurso directo a los textos de años pasados, para tratar de demostrar que las posiciones que estoy criticando ahora han tenido sus orígenes en prácticas ancestrales.

En esta oportunidad lo voy a repetir con un texto sobre la interpretación laxa que hacía la gerencia petrolera aperturista de los años 90 sobre los costos en la industria. 

Práctica que ahora reitera la nueva “PDVSA Ad Hoc”, al promocionar sus proyectos de restauración de esa “apertura”, con la oferta a los futuros inversionistas extranjeros, además de condiciones “competitivas” en cuanto a la mínima intervención estatal en los negocios,  crudos de la Faja con costos de producción inferiores a 10 dólares el barril, en un ejercicio de ofertas ilusorias a la manera de Narnia. Y valga la cita:

“Los supuestos de ese `Plan País Petrolero´ son tan auspiciosos, según Szabo, puesto que

Venezuela no logrará nunca sacar del subsuelo todo el petróleo que tiene en reservas. Pero se puede aprovechar una buena parte de ello, tomando en cuenta que el costo de producción de un barril no pasará de los 10 dólares. “Es un costo muy competitivo”, asegura.

“Cambalache Petrolero” (Loc. Cit.).

Al revisar como jugaban con los costos en los años 90 estos mismos gerentes resurrectos, no resistí la tentación de transcribir mi comentario de entonces:

 

Los costos en la industria petrolera venezolana:

Al gusto del consumidor*

Carlos Mendoza Pottellá, 1995.

Cuando se intenta un análisis de los costos en la industria petrolera venezolana con la información disponible en las publicaciones oficiales, lo primero que se constata es que no hay un criterio uniforme para su registro y que se realizan presentaciones al gusto del consumidor.

Hay costos de producción que demuestran que tenemos una industria petrolera muy eficiente y capaz de competir con cualquiera por los bajos niveles relativos de este indicador. Este es el caso de la información registrada en el PODE 1994, según el cual, para este último año tales costos (1.347 mm USD) son inferiores a los 1.382 mm USD de 1984. Si tomamos en cuenta que la producción se ha elevado de manera considerable en esta década, al pasar de 660 millones de barriles en 1984 a 903 millones en 1994, la disminución es mayor aún en términos unitarios, al pasar de 2,09 dólares el barril a 1,50 USD/b en ese mismo lapso. La sola mención de estos ínfimos niveles de costos, equiparables a los vigentes en el Medio Oriente, revela la irrealidad de tales cifras.

En la misma fuente (PODE 1994) los costos operativos totales, que incluyen el resto de las actividades de la industria a nivel nacional, mantienen una impresionante horizontalidad al pasar, en diez años, de 2.540 millones de dólares en 1984 a 2.685 en 1994.

A la hora de declarar impuestos, sin embargo, los costos operativos muestran un comportamiento diametralmente opuesto y es así como en las declaraciones a la Oficina Nacional de Presupuesto (Ocepre) para fines presupuestarios –e impositivos, desde luego– los costos se duplican con holgura en siete años, al pasar de 3.165 millones de dólares en 1987 a 6.592 millones en 1994. Esta última cifra de la Ocepre supera a la registrada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para el mismo rubro en casi 4.000 millones de dólares. Sería interesante encontrar las razones de esta diferencia. ¿De qué naturaleza son estos costos operativos que pueden registrarse con cifras tan dispares?

Las cosas se complican, o tal vez se aclaran, cuando revisamos las cifras aportadas por el Informe Anual de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), las cuales se refieren al conjunto de las actividades de la casa matriz. Entre 1987 y 1989, podemos observar que, aunque ligeramente superiores, son cifras comparables a las declaradas a Ocepre, dando un salto descomunal a partir de 1990 por la inclusión de los costos incurridos en las actividades de internacionalización.

 Y es así como se llegan a registrar, para 1994, costos operativos de 14.676 millones de dólares, doce mil millones más que lo registrado por el PODE para las actividades petroleras internas y ocho mil millones más que lo declarado a Ocepre para el conjunto de los costos –petroleros y no petroleros– incurridos a nivel nacional.

La última de estas diferencias es, sin embargo, inferior a lo que debería ser, por lo que se sabe sobre los costos operativos incurridos en la internacionalización: entre 12 y 13 mil millones de dólares. ¿O es que en verdad las cifras de costos declaradas a Ocepre están infladas y la diferencia que hay que considerar es la que se produce al comparar las cifras de Pdvsa con las del MEM?

En fin, tomadas tal cual como son presentadas, estas magnitudes solo sirven para realizar inferencias, interpolaciones y suposiciones sobre las cuales no tenemos ninguna seguridad, por cuanto no se informa de los criterios con los cuales la única fuente de tales informaciones, que es Pdvsa, las elabora y suministra.

* Publicado en 1995.  Reproducido en Mendoza P. Carlos, Nacionalismo Petrolero en Cuatro Décadas, Págs. 256-257. BCV. Colección Venezuela y su Petróleo, Caracas 2017

CMP/20/6/2020

Magia, esoterismo y chapucería en la política petrolera venezolana

La OPEP hace 22 años…

Y hoy, tal como ayer

Carlos Mendoza Pottellá

12 de junio 2020

Las desastrosas circunstancias de las que estamos siendo espectadores y víctimas hoy en el mercado petrolero mundial, enfrentado a las consecuencias de la ruptura de los compromisos adquiridos por los países miembros de la OPEP y sus recientes asociados en la OPEP Plus, particularmente Rusia,  acentuadas por la pandemia del COVID-19, nos han colocado, también, frente al el insólito espectáculo de un Donald Trump, que había prometido el combate a las prácticas cartelizadas de esa Organización en el primer documento político de su gestión “An America First Energy Plan”, amén de anunciar su propósito de aislar y combatir a los países forajidos, Irán, Rusia y Venezuela, convertido en supremo intermediario, una especie de Super-Secretario General de la Organización, conminando al Presidente Putin y al Príncipe Mohamed Bin Salman a ponerse de acuerdo, ofreciendo ayuda a México para que cumpliera con los recortes pautados y finalmente, felicitando en mayo a esos líderes por los acuerdos de extensión de ese pacto.

Todo, desde luego, para salvar de la bancarrota a sus productores domésticos, tanto a los independientes de las envejecidas cuencas tradicionales de Texas,  Oklahoma y otros estados, como  a los nuevos emprendimientos del “shale oil” de los campos de lutitas.

Nuevamente, como desde hace 60 años, cuando fue fundada la OPEP, los detractores de los mecanismos de defensa de los precios tienen que tragarse sus palabras. 

Esos detractores, por cierto, no han estado solamente en los principales países consumidores y las corporaciones internacionales, los cuales pretendían seguir disfrutando de las indefensión de los productores, aislados hasta entonces, sino también dentro de cada uno de los países miembros de la Organización, donde los sectores “modernos y competitivos”, siempre la han enfrentado como un mecanismo al cual se le deja un pedazo de la soberanía: la voluntad de producir lo que nos venga en gana al precio que sea.

Son históricas las filípicas competitivas venezolanas contra el “poder de captura de nuestros mercados naturales” que han ejercido nuestros fementidos socios-competidores en la OPEP, como histórico fue el debate al respecto entre Pérez Alfonzo y Uslar Pietri.

Iguales fuerzas centrífugas se manifiestan en cada uno de los otros miembros y en más de una oportunidad se han registrado trampas de cada uno de ellos en el cumplimiento de las cuotas acordadas –que no impuestas como se acostumbra a decir en el lenguaje corporativo y  de sus palangristas criollos.

Para algunos venezolanos productivistas a ultranza, “la OPEP es una merienda de árabes donde los venezolanos estamos de pepa asomada” y para algunos de los países miembros  del Medio Oriente, sería “el invento de un venezolano loco”.

Sobre este conflicto del “cartel that it’s not”, como refiriera un autor iraní, muchas veces citado por mí, Abbas Al Nasrawi, he escrito desde hace décadas varios trabajos. Revisándolos y comparando aquellas circunstancias con las actuales, se puede percibir que la resiliencia de los argumentos anti-OPEP es eterna.

Valga el ejemplo contemporáneo:

En un foro de discusiones en el que participo, se planteó  recientemente el análisis de las sanciones norteamericanas contra Venezuela y quiénes estarían, dentro y fuera de los Estados Unidos a favor de esas medidas agresivas… Pues bien, si no hubiera estado presente, el consenso habría sido el de que los demás miembros de la OPEP estaban en primera fila de los interesados en el mantenimiento de las sanciones para “cogerse” la cuota venezolana.

Volviendo al pasado, para ubicarnos en el contexto de la discusión de hace 22 años y explicar el tono satírico del trabajo que inserto después de estos párrafos, debo aclarar que en ese momento el debate era álgido y los términos del mismo eran bastante agresivos, hasta el punto de que la Gerencia de PDVSA llegara a considerar que “una dictadura modernizante garantizaría el cumplimento pleno de los objetivos de la corporación”. Una muestra previa, de mi propia cosecha:

Es así como Luis Giusti se atreve, desde la Presidencia de la empresa petrolera pública, a plantear la conveniencia de “privatizar” a esa empresa; una privatización que, por su magnitud,  no puede ser asumida sino por los grandes capitales transnacionales; es decir, que se trataría de una simple desnacionalización.

Es así como el 21 de junio de 1997 se inserta un millonario aviso en la Revista “Time” ponderando la tarea fundamental en la que están inmersos estos gerentes-cónsules: ablandar a una opinión pública todavía “demasiado nacionalista para aceptar lo inevitable: la completa privatización de PDVSA” 

 “Una dictadura modernizante garantizaría el cumplimento pleno de los objetivos de la corporación”, textualmente: “Se elimina el VFE. Se modifica el esquema tributario para promover la inversión. Apertura amplia a capitales privados  nacionales y extranjeros en todas las actividades petroleras. Promoción efectiva de la industrialización de los hidrocarburos. Precios del mercado interno competitivos... Venezuela se sale de la OPEP” (PDVSA, Coordinación de Planificación Estratégica, “Escenarios Nacionales a Mediano y Largo Plazo”, Caracas junio de 1993. Luis Giusti, Coordinador).

“Venezuela ha venido sobreproduciendo desde hace unos diez años”.  Luis Giusti, El Nacional, 21 de Febrero de 1998. Pág. E-1. (Traducción: PDVSA viene violando las cuotas de la OPEP desde hace 10 años)

“Compensaremos la caída de los precios con más producción”. Giusti, Graff y Arrieta. Etc.,  etc., etc. [1]

 

 

Magia, esoterismo y chapucería

En la política petrolera venezolana

 Lunes 23 de marzo de 1998, Fundapatria y Reporte de la Economía

Reproducido en

 “Política Petrolera Contemporánea: Crónicas disidentes sobre la apertura y el poder petrolero 1996-1999”  /Carlos Mendoza Pottellá / FACES-UCV, págs. 117-120, Caracas, 2000.

 

Venezuela fue colocada, en materia de política petrolera, al borde del abismo. Pero como los abismos producen vértigo, los dirigentes políticos y económicos del país tratan de no ver hacia abajo y siguen aferrados a la cornisa de su voluntaria ignorancia en la materia. Cierran los ojos y rezan.

Rezan porque sea verdad que PDVSA compensará la caída de los precios con más producción. Que los costos de producción de Venezuela sean, en verdad, de los más bajos del mundo (a pesar de producir por 14.000 pozos a una tasa promedio de 250 barriles diarios, 20 veces menor que el promedio en el Medio Oriente) Que un milagro nos permita competir de tú a tú con Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y los Emiratos Arabes Unidos, -países donde no hay una gota de crudos extra-pesados- para  mantener e incrementar nuestra participación en el mercado mundial al precio que sea. Que Irak nunca se incorpore al mercado. Que se produzcan retardos en la construcción de los oleoductos de Kazajastán. Que la guerrilla vuele los pozos petroleros colombianos. Que no sean reparadas las obsoletas instalaciones del campo petrolero gigante de Romashkino en Rusia. Que... en fin, son tantas las cosas por la que habría que rezar, que para algunos se hizo ineludible tomar el atajo de pactar con el diablo.

Y es así como esa dirigencia nacional ha vendido su alma a los  expertos y gerentes  de vocación transnacional, quienes  continúan produciendo “análisis” que buscan la paja en el ojo ajeno,  “demuestran” el carácter coyuntural de la crisis, dejan de lado todos los factores negativos y sólo ven las tendencias positivas para así producir unos bonitos escenarios donde Venezuela gana, la OPEP pierde y nuestros rubios clientes nos compensan con el primer premio al “suministrador seguro y barato” estampado en un bello certificado con derecho a un viaje al mundo de las fantasías de Disney.

Debo pedir perdón a los lectores por insistir con las comparaciones esotéricas, pero  es que sólo en estos términos es posible responder a un discurso ayuno de seriedad y argumentos como el del Ministro Arrieta el pasado domingo 22 de marzo, en el diario El Universal, presentado bajo el curioso título de “La OPEP está anacrónica” (sic)

Allí, el Ministro hace gala de un arte que cada día se populariza más entre nuestros dirigentes petroleros: el de hacer afirmaciones sin demostrarlas, amparados en la irrebatible autoridad que les da su experticia técnica: Lo digo yo, que soy ingeniero petrolero y sé de eso más que ustedes que nunca han visto un barril de petróleo. Y punto. ¿Cómo es posible que estos legos se atrevan a discutirle a los miles de técnicos de PDVSA?

Eluden con ello el hecho de que se trata de un problema político-económico. Y que son las decisiones políticas de los gerentes de PDVSA y de su cómplice Ministro las que violentan los criterios de los técnicos anónimos y muy capaces que están al frente de las operaciones diarias, y que no tienen nada que ver con esas decisiones.

El Ministro insiste en que la anacrónica OPEP se reúne para discutir siempre las mismas cosas, ahora que los tiempos han cambiado. Repite –como siempre- lo dicho con extrema ligereza por Luis Giusti al afirmar que la OPEP tiene una “agendita” pasada de moda.

Esta invocación de la modernidad, representada por ellos, los partidarios de la expansión petrolera a como dé lugar, frente al anacronismo atávico de quienes sostienen posiciones diferentes –como la defensa de los precios y la participación fiscal- es la clásica posición de quienes quieren convencer sin tener reales argumentos para ello. ¡Ah! ¿Es que tú no sabes que después que Einstein formuló la teoría de la relatividad se acabó con el mecanicismo atávico ese de que dos más dos son cuatro?

Una Organización de Exportadores Netos de Petróleo es una antigualla. El propio atavismo. Rezago de tiempos de confrontación, cuando “creíamos” que nuestros clientes desarrollados nos querían esquilmar. Lo moderno es vender más y más barato. Total, tenemos petróleo para 400 años. Y si no es así, que el que venga atrás que arree. La OPEP debe modernizarse, abandonar eso de estar “monitoreando” precios y producciones y dedicarse ahora a combatir a los ecologistas que pretenden culpar al petróleo por las emisiones de gases carbónicos, responsables del acentuamiento del efecto invernadero. Debemos hacer campañas contra los autos eléctricos e inscribirnos –en este caso sí- en los movimientos ecologistas antinucleares. Retomemos las viejas consignas de nuestros maestros transnacionales: Muera el ferrocarril, vivan las gandolas y las autopistas.

Tenemos que hacer “lobby” en el Congreso de los Estados Unidos para lograr la derogación de leyes anti-petroleras como la del “Aire Limpio”. Y... en cuanto al valor del petróleo, bueno... lo moderno, lo chic, en estos tiempos de globalización y apertura, es dejar esas cosas complicadas al “mercado”, es decir, a los cultos y desarrollados compradores, quienes fijarán los precios con sus sistemas cibernéticos, de acuerdo a sus mejores conveniencias. Y nosotros, los salvajes y subdesarrollados poseedores de “apenas” un poco más del 80% de las reservas mundiales (porcentaje que no nos dá ningún derecho a tener voz en un “mercado” donde sólo tienen voz los compradores), nos contentaremos con vender todo lo que podamos al precio que ellos quieran. (Cumpliremos así con la beatífica admonición presidencial, hecha desde Miraflores el pasado 11 de febrero, de contribuir al “equilibrio universal”, dándole al “mercado” lo que el “mercado” quiere). Vamos a competir, que es lo moderno y dejemos atrás a los carteles decimonónicos que restringían la oferta. (Por cierto que este argumento increíble es también usado para promover la desnacionalización total de PDVSA; hay que acabar con los monopolios –estatales- para que vuelvan los monopolios transnacionales).

Repito algo dicho en oportunidades anteriores: podríamos reirnos de los malabarismos argumentales de los gerentes petroleros y su Ministro, pero debemos contener las carcajadas, porque se trata de algo demasiado serio y de graves consecuencias para el país y, sobre todo, para sus sectores de más bajos recursos, sobre cuyas espaldas recaerá todo el peso de los huecos fiscales y de los recortes presupuestarios.

Concluidos los párrafos anteriores, nos enteramos que finalmente, contra la voluntad del Ministro y sus jefes de PDVSA, -quienes en cualquier país serio ya habrían sido destituídos- Venezuela fue llevada a una mesa de negociaciones en Arabia Saudita, donde se impuso la  realidad de la conveniencia de los productores en lo tocante a la restricción de la oferta, decidiéndose un recorte de los suministros de crudo.

Después de desbordarse, hasta el último día y tal como lo reseña la prensa del domingo 22 de marzo que venimos comentando, en argumentos demostrativos de que la OPEP y las políticas restrictivas  de la oferta son algo  pasado de moda... los genios de PDVSA y su Ministro títere han doblado la cerviz ante la evidencia del desastre que estaban provocando.

Pero, como quienes  no hubieran roto un plato, los departamentos de asuntos públicos comenzaron a funcionar inmediatamente, para remendar el capote, distorsionando la realidad. Según el diario El Nacional de este lunes 23 de marzo, voceros de PDVSA informan que “triunfó una vez más la diplomacia petrolera  de Venezuela”. ¡Válgame Dios! Ahora nos van a decir que todo lo dicho en contra de la OPEP y su incapacidad para influir en los precios era “una estrategia” ¡Hay que ser bien descarados!

Nos íbamos a preguntar hasta qué punto puede llegar el cinismo de nuestros dirigentes petroleros, pero la respuesta nos llegó en el mismo pensamiento: es evidente que no tendrá límites, como tampoco los tiene la voluntad de aferrarse al poder y a los innumerables negocios particulares que se pueden generar desde esas posiciones.  Pero la paciencia nacional sí debería tener límites y, hoy más que nunca, sigue vigente la necesidad de apartar a estos chapuceros de los puestos de comando de la industria petrolera, cuyas incompetentes ejecutorias, movidas por los intereses privados nacionales y extranjeros que los controlan, han producido tantos daños patrimoniales y de soberanía al país y a la inmensa mayoría de sus habitantes. 

CMP /  lunes 23 de marzo de 1998

 

NOTA BENE

Como suele suceder, la historia se repite. En aquélla oportunidad, como ahora, 22 años después,  un acicate de ese acuerdo, suscrito inicialmente por Arabia Saudita, Noruega, México y Venezuela… a regañadientes, y ratificado posteriormente por toda la OPEP,  fueron los intereses de los productores domésticos norteamericanos, los cuales ya no soportaban un precio de 10 dólares el barril.

La Texas Rairoad Commission  y el Secretario de Energía norteamericano de entonces, Bill Richardson, fueron los agentes impulsores trascorrales de este acuerdo entre productores netos internacionales. 

De lo cual se colige que Trump no fue el primer dirigente norteamericano en apelar a la OPEP ante los panoramas de desastre que se ciernen de vez en cuando  sobre su industria petrolera doméstica.

En este sentido, no se puede dejar de mencionar la participación activa y subterránea de Henry Kissinger en el proceso de “lobby”, ante el Shah de Irán y el Jeque Yamani,  que condujo a la multiplicación los precios de referencia del petróleo pactada por la OPEP en diciembre de 1973.

C

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[1] C. Mendoza P., Crítica Petrolera Contemporánea, FACES-UCV, Caracas 2000. Págs.. 113-117.

AVH

Agencia para el despojo 
del patrimonio público

Carlos Mendoza Pottellá

La situación de carraplana e impotencia que vive el país, y los llamados de atención, incluidos los propios, que plantean la búsqueda de alternativas de desarrollo nacional en las cuales se asuma la realidad de que la renta petrolera ya no existirá en sus proporciones históricas y que esa industria dejó hace tiempo de ser “palanca”,
(“La Venezuela petrolera que conocimos en los últimos cien años se acabó”

http://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/04/16/entrevista-con-carlos-mendoza-pottella-la-venezuela-petrolera-que-conocimos-en-los-ultimos-100-anos-se-acabo/)

han conducido, entre otras reflexiones, a que prolifere la noción, deducción automática, según la cual, si el petróleo ya no va a producir una renta extraordinaria y, por tanto, no seguirá siendo el ente generador fundamental de la sangre financiera que necesita nuestra economía, y teniendo en cuenta, además, las menguantes expectativas de uso del petróleo como fuente energética, bien vale la pena monetizar, por cualquier medio, los recursos de los cuales aún disponemos, así sea desprendiéndonos de un patrimonio que, de todas maneras no nos va a servir de mucho en el largo plazo.


Asumiendo mi parte de responsabilidad en la génesis de esa interpretación torcida, me corresponde aclarar que, en mi opinión, independientemente de la merma de su significación como único soporte de la economía nacional, los hidrocarburos todavía en el subsuelo y la industria levantada y pagada con creces que se erige sobre ellos, continuarán siendo un activo muy valioso para la Nación eterna y no puede esta generación cargar con la culpa de haber propiciado su liquidación acelerada, espoleada por la codicia privada en tiempos de catástrofe y ruina, cuando los principios y valores solidarios, de responsabilidad social, se quieren presentar como un lujo suicida.


Volviendo al tema, mucho de desesperadas pancadas de ahogado hay en los planes, tanto oficiosos supuestamente "filtrados", como en los novedosos proyectos de hidrocarburos que cursan en la Asamblea Nacional, aunque éstos esten adobados, además con la euforia y salivación pavloviana que desatan las perspectivas de un negocio en baratillo. Los mismo me brindan la oportunidad de continuar desmontando las bases antinacionales de las reiteradas búsquedas del Santo Grial neoliberal Harvard-Rice-CEDICE.


En efecto, en trabajos anteriores me he referido a las brillantes oportunidades que las trágicas circunstancias que viven nuestra economía y su industria petrolera ofrecen a los más avispados aprovechadores de los males generales.


En los mismos intenté hacer evidentes los propósitos de privatizar el patrimonio público, los cuales se esconden tras las modernísimas propuestas generadas desde los centros de pensamiento neoliberal norteamericano, voceadas desde hace décadas por sus sucursales nativas, y materializada en programas de gobiernos y proyectos de Ley que prometen resolver el desastre actual de nuestra industria por la vía de la amputación.


“Agencia Venezolana de Hidrocarburos marca A.C.M.E.” y “La oportunidad la pintan calva”, “Venezuela en la tercera década: Cerco y aniquilación”, fueron algunos de esos títulos, a los cuales me permito referir al lector, porque mi actual argumentación se fundamenta en los hechos analizados en ellos. 

https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/05/la-oportunidad-la-pintan-calva-para-la.html#.XrhavqhKjIA

https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/07/el-cartero-siempre-llama-dos-veces.html#.XrhcLKhKjIA

https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/11/agencia-venezolana-de-hidrocarburos.html#.XrhezKhKjIA (En este trabajo se encuentran, en avance, argumentos que ahora vuelvo a esgrimir, con nuevos elementos, contra esta arremetida privatizadora)

https://petroleovenezolano.blogspot.com/2020/02/petroleo-venezolano-en-la-tercera-decada.html#.Xr2AKmhKjIAhttps://www.aporrea.org/energia/a286838.html

Todos estos, y otros trabajos sobre el mismo tema, se encuentran también en:

https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella

Ahora, en momentos en los cuales la tragedia se agudiza, cuando incluso se “filtran” del propio sector oficial versiones contemporizadoras con la desestatización y el abandono de capacidades de control y fiscalización, cursa en la Comisión Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, una versión recién afeitada, bien vestida y adornada de proclamas de reconocimiento del orden constitucional vigente, del adefesio jurídico introducido el año pasado por el Partido Voluntad Popular.


Ese proyecto inicial, pleno de desconocimiento jurídico y técnico hubo de ser rechazado por la propia Comisión, pese a la evidente simpatía que sus propósitos generaban entre sus miembros.


Sin embargo, y según recientes declaraciones de su proponente inicial, el Diputado Luis Stefanelli, el mismo ha sido reintroducido con mejoras y ahora serán dos los proyectos de Ley de desnacionalización en curso en dicha Comisión.

“El texto presentado por Luis Stefanelli a la comisión de energía de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, se produce después de que la estatal Petróleos de Venezuela propusiera su propia reestructuración y de que otro legislador opositor sometiera a consideración parlamentaria otra propuesta de reforma más modesta:

La propuesta de Stefanelli es similar a un proyecto presentado por los aliados de Guaidó a los ejecutivos petroleros durante una conferencia de la industria en Houston el año pasado y plantea reducir las regalías, permitiendo a las empresas privadas operar sus propios campos, en lugar de solo hacerlo en empresas conjuntas con PDVSA.”


Al antiguo proyecto Stefanelli, que ahora reintroduce, dediqué el año pasado el artículo “Ley Orgánica para la regulación del comercio de esclavos en Venezuela”.


https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/07/ley-organica-para-la-regulacion-del.html#.XrhbfqhKjIA

Tal era para mí el nivel de retroceso institucional que se promovía y se sigue promoviendo.

Ahora, en la “versión diferente”, el proyecto de otro sector político de la Asamblea Nacional proclama, en un intento de lavarse las manos, su reconocimiento al carácter inalienable de los yacimientos de hidrocarburos:

“Artículo 3. Los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, cualquiera sea su naturaleza, incluidos aquellos que se encuentran bajo el lecho del mar territorial, en la plataforma continental, en la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales, pertenecen a la República y son bienes del dominio público, por lo tanto inalienables e imprescriptibles.”

Pero simultáneamente, y en todo su articulado, omite mencionar la reserva al Estado que establece la Constitución Nacional vigente, tal como lo recoge la actual Ley de Hidrocarburos:

“Artículo 9Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, se denominan actividades primarias a los efectos de esta Ley. De conformidad con lo previsto en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades primarias indicadas, así como las relativas a las obras que su manejo requiera, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en esta Ley.”

Ya esta omisión hace inconstitucional y por ello absolutamente nulo el proyecto en cuestión.

Pero si revisamos el cuerpo de esta propuesta de Ley, podremos percibir que ella está encaminada a la pulverización minuciosa de todo el ordenamiento jurídico nacional en materia de hidrocarburos, construido arduamente durante más de 100 años, al punto se hacernos retroceder a tiempos anteriores a la Ley de Minas promulgada por Cipriano Casto en 1904. Sin mencionar los retrocesos respecto a todas las leyes de Hidrocarburos desde 1920 hasta el presente.


Como ejemplo de abreboca, tenemos una vuelta al régimen concesionario que concluyó en 1976, con una nueva figura de contratos que duran 35 años prorrogables 10, vale decir 5 años más que la duración establecida para las concesiones en 1943.
Claro, todo se hace en nombre de la modernización, en nombre de la adaptación a los nuevos tiempos de una legislación añeja, caduca. Con esa percepción de la historia como estampitas viejas del pasado, se lleva en los cachos a todos los instrumentos legales y constitucionales laboriosa y arduamente conquistados durante todo el Siglo XX para sostener la soberanía nacional sobre los recursos mineros. Soberanía que también le huele muy vieja a estos modernos proyectistas, porque está fundada en la legislación absolutista española del Siglo XV, transferida por Simón Bolívar en 1829 a aquélla República de Colombia que para entonces integrábamos.


A este proyecto no dudamos en calificarlo de desnacionalizador, porque se escuda en una simple “desestatización”, pero con efectos liquidadores del patrimonio nacional inalienable al que se refiere en su tercer artículo.


Todos sus otros artículos, apartes, vericuetos y considerandos, conforman un conjunto de medidas para desmontar los instrumentos de la política petrolera nacional, leyes, reglamentos e instituciones, comenzando por el Ministerio “del ramo” convertido en mudo testigo santificador, con funciones protocolares y la propia PDVSA, a la cual se reduce al papel de una operadora más, que tendrá que participar en las licitaciones que disponga el nuevo ente supremo, una esperpéntica Agencia Venezolana de Hidrocarburos autónoma, descentralizada y con poderes inusitados para negociar con los inversionistas extranjeros niveles de regalías, impuestos y condiciones contractuales, con mínima injerencia de los poderes públicos nacionales.


Las innovaciones antinacionales de este nuevo proyecto son incontables, “una visión competitiva, moderna, audaz y sobre todo desprejuiciada”. ¡Sobre todo desprejuiciada! Considerando que la soberanía y la defensa del patrimonio nacional son meros prejuicios.

Su sola enumeración, adornada, como ya referí, de infinitos cantos de sirena, es suficiente para darnos una idea de sus propósitos:

“Una innovación importante... es la remoción de cualquier limitante legal para ejercer las actividades de Exploración y Producción de hidrocarburos, mediante la eliminación de la participación obligatoria del Estado en dichas actividades. De igual forma, las actividades aguas abajo, incluyendo el transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos, puede ser realizadas indistintamente tanto por empresas estatales como privadas”.

Una ratificación, por si hacía falta de la eliminación de la reserva al Estado de las actividades primarias en materia de hidrocarburos y, por tanto, de su inconstitucionalidad.
Desde luego, para poder hacer esto hay que derogar, además de la actual Constitución, la Ley de Hidrocarburos vigente y todos los demás instrumentos legales y reglamentarios que obstaculicen tales propósitos,
Veamos pues, en detalle, algunos de los términos fundamentales de este moderno Frankestein:
El instrumento central de este proyecto, el bulldozer que recogerá todos los escombros de la institucionalidad venezolana en materia de hidrocarburos, previamente derogada y desmantelada, es la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, institución similar a la que ye se ha logrado establecer en Colombia, México y Brasil y sobre cuyo dudoso desempeño en el vecino país me referí en un trabajo anterior, al comentar la ruinosa inversión hecha por Ecopetrol, bajo el paraguas de su “Agencia” y completamente perdida hoy, por 1.500 millones de dólares del patrimonio nacional colombiano en Oxy, la Occidental Petroleum Corp., con el propósito de “experimentar” en la Cuenca Pérmica norteamericana el proceso de fracturación hidráulica (fracking), expresamente prohibido en ese país por su máxima instancia judicial:


https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/09/ecopetrol-fracking-y-mitocracia.html#.XrjI3ahKjIA

Concebida como un ente autónomo, adscrito formalmente al Ministerio “del ramo”, nuestra AVH contará con un directorio propio de cinco miembros, dentro de los cuales estarán el Ministro “del ramo” y el de Planificación, cuyo Presidente será uno de los tres “miembros independientes” (¿independientes de quién?, comenta un jurista amigo), que serán designados por el Presidente de la República, tal como reza el artículo 56 del Proyecto:

“Los Directores independientes serán designados por un plazo de cinco años. Los Directores Independientes podrán ser designados por un período adicional de igual duración. Su reelección depende sólo del Ejecutivo Nacional.”

El su Artículo 58, que establece las restricciones encaminadas a “…eliminar cualquier conflicto de interés… de forma que promueva la libre y justa competencia en el sector de hidrocarburos”, incluye entre esas disposiciones, que…

“El Ministro(a) con competencia del ramo hidrocarburos o su delegado (a) y el Ministro(a) con competencia en materia de Planificación o su delegado(a) no podrán ocupar el cargo de Presidente de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos ni el de Presidente o miembro del Directorio de Petróleos de Venezula S.A. (PDVSA), sus filiales o cualquier otra empresa del Estado.

¡En nombre de la libre y justa competencia! Válgame Dios. 

En el más monopólico de los mercados del mundo, y en momentos en los cuales contemplamos a Donald Trump convirtiéndose de repente en una especie Secretario General Extraordinario de la OPEP para obligar a otros países a recortar su producción petrolera en resguardo del libre mercado texano y amenazando a Arabia Saudita con despojarla de su escudo misilístico si no cumple con sus exigencias, cuando todos los grandes Estados pugnan por imponer sus intereses particulares, la Asamblea Nacional promueve la minimización del papel del Estado-Nación venezolano en la administración de sus recursos de hidrocarburos.
Como en otras incidencias de este “Contrato”, aquí se bloquea expresamente cualquier intervención o fisgoneo de otras instancias públicas, en los negocios de la AVH con sus “asignatarios”.

Se trata de forjar una aristocracia petrolera para-estatal, lo más autónoma posible de los poderes públicos, privilegiando la estabilidad, la competitividad y el estrechamiento de los vínculos subalternos con los socios privados, principalmente extranjeros.

Como se puede observar en sus disposiciones, el “Ministro del Ramo” será un miembro raso y prescindible del Directorio, con un voto entre 5, de ese ente autónomo adscrito a su Ministerio, pero que toma decisiones por mayoría de 3 con la única presencia obligatoria de su Presidente-independiente, sobre temas que hasta ahora han sido materia de interés público y competencia ministerial, razones por las cuales deben ser objeto de supervisión por los poderes públicos y sus órganos de control y fiscalización política y administrativa.
Una joya post-moderna propia de estos nuevos legisladores expertos en la Common Law, pero desconocedores de la estructura ancestral de nuestra juridicidad. (Como ya se sabe, lo ancestral es una naftalínica rémora)
Esta Agencia, tendrá las atribuciones de “regular, supervisar y administrar todas las operaciones de hidrocarburos que se realicen en el país, independientemente que estas sean ejecutadas por empresas del Estado o privadas…”
Y se le dotará de “poderes para agilizar los procesos de selección y adjudicación de Contratos de Exploración y Producción de hidrocarburos”
En 21 apartados del Articulo 53 del Proyecto de marras están esparcidas todas las atribuciones de las cuales será dotada ésta, Súper Agencia Autónoma:

Comienza ritualmente con “apoyar” al Ministerio competente en la formulación de la política gubernamental en materia de hidrocarburos y continúa con las disposiciones que fundamentan su poder omnímodo.


Veámoslo en una enumeración propia no exhaustiva:

- Elaborar términos y condiciones para adjudicar el derecho a realizar las actividades que rige esta Ley.- Celebrar Contratos de Exploración y Producción, a través de adjudicaciones directas y procesos competitivos, incluyendo el de oferta permanente- Consolidar y divulgar la información sobre reservas de hidrocarburos- Otorgar autorizaciones para la realización de actividades de refinación, comercialización, transporte y distribución.- Otorgar –redundando, por si se olvida algo- autorizaciones para realizar actividades regidas por esta Ley, analizar propuestas de los solicitantes y evaluar capacidades técnicas y financieras.- Inspeccionar y supervisar las actividades reguladas- Fiscalizar calcular y recaudar las regalías y ventajas especiales- Promover y supervisar el desarrollo de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos.- Establecer criterios para los cálculos de las tarifas de transporte de los oleoductos y poliductos y establecer los valores en caso de haber acuerdo entre las partes- Sustanciar y decidir procedimientos sancionatorios.- Dictar normas técnicas- Dictar su reglamento interno.- Crear y administrar la taquilla única que permita la gestión centralizada de todos los trámites administrativos- Realizar los estudios y análisis de los mercados- Proponer al Ejecutivo exoneraciones fiscales temporales para, la atracción de las inversiones.- Crear, coordinar, mantener y administrar el Banco Nacional de Información de Hidrocarburos.

Es decir, todas las atribuciones ejecutivas del actual Ministerio de Petróleo más otras que le delega, dispendiosamente, la propia Asamblea Nacional.

Para que la AVH pueda asumir estos poderes se programa una escabechina original, la “Ronda Cero”, donde el Ministerio de Petróleo o Hidrocarburos es despojado de todas sus atribuciones ejecutivas, de fiscalización y control, amén del control de toda la información geológica y de cualquier otro orden técnico que acumule sobre los yacimientos venezolanos y, por su parte, PDVSA renuncia a la mayoría de los campos bajo su control y es convertida en una operadora más.

“Bajo el nuevo arreglo institucional se llevará a cabo la ‘Ronda Cero’ por parte de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. La ‘Ronda Cero’ busca reordenar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos al traspasar los activos hidrocarburíferos, incluyendo áreas, campos, bienes y facilidades relacionadas con las mencionadas actividades, entre otros, del Ministerio del ramo de los hidrocarburos y aquellos que Petróleos de Venezuela S.A. y sus Filiales no se reserven para sí misma, a la Agencia Venezolana de Hidrocarburos para su control, supervisión y administración.”

Textualmente, a partir de esa “Ronda” de caída y mesa limpia, el Ministerio “del ramo” será convertido en un ente vacío con meras atribuciones protocolares, de representación diplomática y un premio de consolación, el control de mercado interno de los hidrocarburos:

“… el Ministerio con competencia en el ramo de los hidrocarburos ejercerá:
a) La representación de la República ante los organismos internacionales.b) La titularidad en representación del estado (sic) como accionista Petróleos de Venezuela S.A. o el ente que ejerza sus funciones.c) La formulación de las políticas petroleras del estado (sic)d) La función de planificación a que se refiere este artículo con el apoyo técnico de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.e) Regulación, fiscalización y administración del mercado interno de productos derivados de los hidrocarburos.

PDVSA, por su parte, se convertirá en una operadora más, sujeta a las disposiciones de la AVH, como se desprende del texto citado y del proceso de asignación y contratación de actividades de exploración y producción.
En cuanto al proceso de desarrollo de la industria de los hidrocarburos en Venezuela, este proyecto establece en su artículo 13 lo siguiente:

“Las actividades de Exploración y Producción serán realizadas mediante Contratos de Exploración de Hidrocarburos líquidos y gaseosos, asociados y no asociados. A tales fines, se podrán celebrar contratos de licencia, de producción o utilidad compartida, de servicios, de asociación y cualquier otra modalidad contractual que permita el mejor aprovechamiento de los hidrocarburos y el máximo beneficio al Estado…

Las modalidades inherentes a dichos Contratos son facultativas de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos…”

Esos contratos, elaborados por la AVH de consuno con los futuros “asignatarios”, deberán será aprobados por la Asamblea Nacional, quien tendrá 30 días para emitir su veredicto y, de no hacerlo en ese lapso, el contrato será aprobado por el Ejecutivo en Consejo de Ministros.

Desde luego, esta es la agilidad requerida para cerrar el paso a los redomados estatistas que opongan objeciones. Juzgue usted mismo:

“Artículo 20. La Asamblea Nacional, deberá aprobar mediante Acuerdo los Términos y Condiciones del proceso de selección respectivo así propuestos por la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. El Modelo de Contrato del proceso de selección respectivo… también deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional.…El Acuerdo… deberá contener la aprobación expresa de la Asamblea Nacional a la Agencia Venezolana de Hidrocarburos para celebrar los contratos…"

Y entonces aparece el Parágrafo único que pone cerco a las deliberaciones de la Asamblea Nacional. Muy sintomático, por cierto, que sea ese mismo organismo el que proponga semejante emasculación de sus facultades:
Se establece un plazo máximo de treinta (30) días hábiles a partir del momento de ser recibido oficialmente por la Asamblea Nacional los recaudos correspondientes para que emita su decisión, a partir del cual en caso de no haber respuesta queda facultado el ejecutivo Nacional para proceder a tramitar su aprobación en Consejo de Ministros.
En los usos legales, una “no respuesta” en el lapso establecido se denomina “silencio administrativo” y es interpretado generalmente como una negativa de la solicitud. Ello debería ser así, sobre todo teniendo en cuenta la condición de Poder Público deliberante y soberano de la Asamblea Nacional.
Por el contrario, en este proyecto se asume que, en el caso de estos sacrosantos contratos, el silencio administrativo no puede ser negativo, porque ofende la majestad de la AVH. Esta es una de tantas evidencias de la inversión de valores que se materializa en este proyecto.
Para rematar la faena, el Artículo 21 establece la posibilidad de modificar los contratos sin aprobación de otra instancia ejecutiva o legislativa:

“Cualquier modificación al Contrato de Exploración y Producción acordada entre la Asignataria y la Agencia Venezolana de Hidrocarburos se regirá por los términos establecidos en el contrato.”

La Agencia, “desprejuiciada” autora de los términos del contrato, conoce los vericluetos para su soberana modificación “competitiva” a posteriori.
Pero estas figuras contractuales, que puede ser modificada a voluntad por la AVH en acuerdo con los asignatarios y sin intervención de los poderes públicos nacionales configuran un retroceso en los derechos soberanos de la Nación, incuso respecto al antiguo régimen concesionario.
Las concesiones eran, precisamente, otorgadas por el Estado, con unas condiciones definidas por él y no negociadas con cada concesionario.
Sus condiciones podían, y de hecho lo fueron, modificadas por decisiones soberanas del Estado. Tal como sucedió en varias oportunidades al proclamar modificaciones parciales, por ejemplo, del régimen tributario aplicable, incrementando los niveles del Impuesto sobre la Renta y las Regalías, al percibir, en cada oportunidad en que ello sucedió, la desproporción real en favor de las concesionarias que producían las constantes manipulaciones de costos y precios que ellas generaban con su control absoluto del mercado petrolero. Esas modificaciones no pudieron ser nunca apeladas ante ningún tribunal internacional. Sólo les quedaba una opción, promover golpes de Estado, tal como hicieron en 1948 e intentaron en otras.
En las siguientes 18 cláusulas del artículo 24 se establecen otras condiciones de los contratos de exploración y producción dignas de comentar. La primera de ellas es la innovación a que hacíamos referencia antes:

“La duración del contrato no podrá exceder treinta y cinco (35) años, prorrogable por un lapso no mayor de diez (10) años.

Aunque apelar a la tradición legal es un sinónimo de decrepitud argumental, debo señalar que en ninguna época de nuestra historia petrolera se había asignado una concesión o contrato por más de 40 años.
Cuarenta años éstos que fueron el resultado de una criticada extensión otorgada por el Gobierno de Isaías Medina Angarita en medio de una ardua negociación con las grandes corporaciones concesionarias y la mediación del Departamento de Estado norteamericano, en plena Segunda Guerra Mundial, donde aquéllas reconocieron la soberanía impositiva del Estado venezolano y se avinieron al pago de Impuesto Sobre la Renta, que no existía, a cambio de esta graciosa extensión de sus concesiones al borde de la caducidad.
Pero estos nuevos 45 años son la expresión más clara de la voluntad entreguista, de las garantías de “estabilidad” que se ofrecen al “asignatario”, amén de la rentabilidad y competitividad aseguradas por las otras cláusulas.
Aquí cabe señalar una grave omisión: La referida al destino de los activos utilizados para ejercer el contrato en cuestión, al cabo de esos graciosos 45 años.
En la Ley de Hidrocarburos de 1943 y siguientes, antes de la reversión, anticipada existió una cláusula que disponía que al cabo de los 40 años, la concesión revertiría.
En 1973, la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión estableció lo que revertiría: todos los activos adquiridos por la concesionaria para el ejercicio de esa condición.
En la Ley de Hidrocarburos vigente, en su Artículo 34, numeral 3, literal a) queda establecido que

Las tierras y obras permanentes, incluyendo las instalaciones, accesorios y equipos que formen parte integrante de ellas, cualesquiera otros bienes adquiridos con destino a la realización de dichas actividades, sea cual fuere su naturaleza o título de adquisición, deberán ser conservados en buen estado para ser entregados en propiedad a la República, libre de gravámenes y sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa los derechos otorgados, de manera que se garantice la posibilidad de continuar las actividades, si fuere el caso, o su cesación con el menor daño económico y ambiental.

En este proyecto no hay nada, ni siquiera sugerido, sobre la materia. ¿Qué pasará dentro de 45 años? ¿El contrato termina y cada quien recoge sus bártulos?

La respuesta de los proyectistas parece ser la de J.M. Keynes: “En el largo plazo todos estaremos muertos”. Es decir, la irresponsabilidad sobre la consecuencia de sus actos, tan criticada por Pérez Alfonzo: “El que venga atrás que arree”.
La cuarta condición que debe contener el contrato es una muestra extrema de la dejación de soberanía y atribuciones constitucionales en las que incurriría la Asamblea Nacional al aprobar este proyecto:

“La participación del Estado en la producción o utilidad del contrato (cuando aplique), la fórmula para la determinación de la regalía, según la modalidad del contrato, y cualquier otra ventaja especial a ser recibida por el Estado conforme a lo determinado en los términos y condiciones del procedimiento competitivo o adjudicación directa, según sea el caso.”

En otras palabras: La participación del Estado en la explotación de los hidrocarburos no será establecida legalmente, será algo pactado contractualmente por la AVH con el “asignatario”, la fórmula para la determinación de la regalía será establecida en cada contrato y es considerada aquí como una más dentro de las “ventajas especiales” recibidas por el Estado. Más voluntad competitiva imposible.
El décimo artículo es una joya de inconstitucionalidad y mala redacción:

“Cláusula de arbitraje si así fuere convenida en el contrato a suscribir en el entendido que cualquier controversia que surja de los contratos o en relación a los mismos será resuelta definitivamente mediante arbitraje –incluyendo el arbitraje internacional- conforme a lo acordado por las partes en el respectivo contrato, todo ello dejando a salvo los Tratados aplicables.

Los “asignatarios” extranjeros tienen la potestad de acudir al arbitraje internacional por “cualquier controversia” violando el Artículo 151 de la Constitución Nacional vigente que reza:

“En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras”

Esta explícita disposición, denominada Cláusula Calvo en honor al jurista argentino Carlos Calvo, a quien se atribuye la formulación original, está contenida en todas las constituciones nacionales venezolanas desde 1893, en tiempos de Joaquín Crespo, y con modificaciones, hasta la actual de 1999, que transcribimos.
La cláusula Calvo fue incorporada en las cartas magnas de los países de América Latina, justamente en tiempo en los que las acechanzas anglo-norteamericanas amenazaban su soberanía. En particular ella fue elemento central durante al bloqueo aplicado a México en 1938, a raíz de la nacionalización del petróleo proclamada por Lázaro Cárdenas.
En la Ley de Hidrocarburos vigente, en el ya citado artículo 34, numeral 3, pero esta vez en el literal b) y con el matiz de admitir el arbitraje en los casos permitidos por la ley, se expresa de la siguiente manera:

"Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la realización de actividades y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, incluido el arbitraje en los casos permitidos por la ley que rige la materia, serán decididas por los Tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras."

Nuevamente, conocemos los argumentos contrarios: una antigualla de los tiempos de la pre-globalización. Quienes la sostienen no se han enterado que el Muro de Berlín ya no existe. Pero lo cierto del caso, reiteramos, es que esta disposición hace nulo, por si faltara otra causal de inconstitucionalidad, al proyecto in comento.
Con lo anterior sería suficiente para cesar la argumentación, pero veamos otros detalles gruesos:
En su artículo 29, el proyecto establece el derecho del Estado a percibir una regalía disminuida respecto al porcentaje dispuesto en la vigente Ley, y la coloca en un 16,67%, pudiendo ser reducida hasta un 5%, respondiendo a “la maximización del beneficio para la nación l(SIC), así como para mantener la competitividad necesaria para atraer inversiones”.

La ley vigente establece la regalía en un 30%, con la posibilidad de rebajarla hasta un 20%.

Entendiendo que rebajar la regalía sirva para atraer inversiones privadas y que puede ser materia de consideración, dadas las pésimas condiciones actuales de la industria, es justo preguntar cómo una rebaja puede maximizar el beneficio para la Nación, (con N mayúscula, por cierto)
En su segundo apartado, este Artículo otorga a la AVH la potestad de ejercer los ajustes variables en los contratos que ya comentamos, cuando así lo considere conveniente y basados en cualquier fórmula que ella determine. Plena soberanía AVH.

Habiendo presentado mis consideraciones sobre los aspectos más resaltantes, a mi manera de ver, de este proyecto de Ley, sin considerar aspectos tales como la apertura total de las actividades de refinación, distribución comercialización, y el establecimiento regalías de 1% para la explotación de los hidrocarburos gasíferas, debo concluir afirmando que, el nivel de daños estructurales y permanentes a la Nación que su aprobación comportaría, amén de su abierta inconstitucionalidad, ameritan el rechazo más contundente.
Debo aclarar, finalmente, que la relación de consideraciones negativas sobre el proyecto en cuestión han sido expuestas con la conciencia de que las hago desde una posición de no especialista en materia legal, dejando a salvo mejores y más circunstanciados enfoques del problema, que sinceramente espero que aparezcan
Independientemente de ideologías y parcialidades políticas, por la sola condición de venezolanos, la responsabilidad es de todos.
En nombre de la presente y futuras generaciones, tenemos la obligación de preservar la integridad de una herencia ancestral, inalienable patrimonio nacional, cuyo valor futuro no puede ser tasado arbitrariamente por la ambición desmedida de grupos de guapos y apoyados que promueven el reparto ya, de esa propiedad pública, entre los ciudadanos “vivos” del presente.

CMP/15/5/20204